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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2012-00277-02

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2012-00277-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 26 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por el municipio de Tunja contra la señora María Fernanda Sandoval Borda. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. Reconocer personería al abogado Fernando Sandoval Rodríguez como apoderado de la demandada, conforme al poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2012-00277-02

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

3 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2012-00277-02 (3491-2020)
Demandante: Municipio de Tunja
Demandado: María Fernanda Sandoval Borda

Temas: Devolución de sumas percibidas durante una vinculación sin
cumplimiento de requisitos para el desempeño del cargo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Tunja contra
la sentencia proferida el 26 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, el
municipio de Tunja, por conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que
se declare la nulidad parcial del Decreto 0414 del 26 de diciembre de 2011, expedido

1
Folios 2 a 15.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 15001-23-33-000-2012-00277-02 (3491-2020)
Demandante: Municipio de Tunja

por el alcalde de dicho ente territorial, en cuanto trasladó a la señora María Fernanda
Sandoval Borda del cargo de secretaria de despacho, código 20, grado 9, de la
Secretaría Jurídica, al de jefe de oficina asesora, código 115, grado 6, de la Oficina
de Control Interno de Gestión, ambos adscritos a la planta de personal de la entidad
demandante.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
municipio de Tunja solicitó condenar a la demandada a devolver los sueldos
devengados desde el momento en que fue designada en la Oficina de Control
Interno de Gestión del referido ente.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los
siguientes:

i) Mediante Decreto 0414 del 26 de diciembre de 2011, el alcalde del municipio de
Tunja trasladó a la señora María Fernanda Sandoval Borda del cargo de secretaria
de despacho, código 20, grado 9, de la Secretaría Jurídica, al empleo de jefe de
oficina asesora, de la Oficina de Control Interno de Gestión, ambos adscritos a la
planta de personal de la entidad demandante.

ii) El 4 de enero de 2012, la alcaldía le solicitó a la demandada aportar los
documentos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos para desempeñar el
empleo al cual fue trasladada.

iii) El 5 de enero de 2012 la señora Sandoval Borda precisó que su hoja de vida
reposaba en la administración municipal y agregó que los actos de contenido
particular no pueden ser revocados sin el consentimiento del interesado.

iv) Luego de adelantar una investigación administrativa, el municipio de Tunja
concluyó que la demandada no cumplía con los requisitos para desempeñarse como

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Radicación: 15001-23-33-000-2012-00277-02 (3491-2020)
Demandante: Municipio de Tunja

jefe asesora de la Oficina de Control Interno, por lo que le pidió su consentimiento
para revocar el acto de nombramiento, pero ella no otorgó tal autorización.

v) Por Resolución 55 del 13 de abril de 2012, el alcalde dispuso adelantar las
actuaciones tendientes a obtener la nulidad del Decreto 0414 del 26 de diciembre
de 2011, a partir de lo cual se realizó audiencia de conciliación extrajudicial, pero se
declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 28, 34, 35, 73 y 74 del CCA;2 5 y 6 de la Ley
190 de 1995; 1, 9, 25 y 35 (numeral 12) de la Ley 734 de 2002; 41 de la Ley 909 de
2004; 8 y 135 de la Ley 1474 de 2011; Circular Externa 100-02 del 5 de agosto de
2012, expedida por el DAFP.3

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada del municipio de Tunja expuso
lo siguiente:

i) Para desempeñarse como jefe asesor de la Oficina de Control Interno se requiere
acreditar 3 años de experiencia en asuntos relacionados con esa área; sin embargo,
la demandada no demostraba tal exigencia.

ii) El servidor público incurre en una conducta dolosa cuando se posesiona de un
empleo para el que no cuenta con los requisitos.

iii) El artículo 9, parágrafo transitorio, de la Ley 1474 de 2011 no permite concluir
que quienes estuvieran ejerciendo el cargo de jefe asesor de control interno al 31
de diciembre de 2011 estén exceptuados de cumplir los requisitos que previó esa
norma para ocuparlo; por el contrario, aquellos debían observase a partir de la
entrada en vigencia de las nuevas disposiciones en la materia, esto es, el 12 de julio

2
Código Contencioso Administrativo.
3
Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Demandante: Municipio de Tunja

de 2011. Además, el legislador pretendió salvaguardar la situación de quienes
venían laborando en virtud de las disposiciones anteriores; sin embargo, la
accionada no fue nombrada con antelación a la expedición de la mencionada Ley,
sino el 26 de diciembre de 2011.

iv) La demandada no otorgó su consentimiento para revocar el acto que la nombró
en un cargo sin cumplimiento de requisitos, por lo que se hizo necesario deprecar
su nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

1.2. Contestación de la demanda

La señora María Fernanda Sandoval Borda se opuso a las pretensiones de la
demanda y esgrimió las siguientes razones de defensa: 4

i) La administración tiene la obligación de verificar que el personal que va a nombrar
en determinado cargo cumpla todos los requisitos para desempeñarlo.

ii) La accionada tenía el perfil para fungir como jefe asesora de la Oficina de Control
Interno, pues durante su experiencia laboral ejerció funciones afines a dicha área e
inclusive ocupó esa posición en el municipio de Tunja entre el 31 de agosto y el 1
de diciembre de 2010; por lo tanto, era razonable que no otorgara su consentimiento
para que se revocara el acto de nombramiento en ese empleo, pues la designación
era legal. Además, estaba amparada por la transición prevista por la Ley 1474 de
2011, que le permitía seguir vinculada hasta finalizar el año 2013, cuando debía
designarse a otra persona, tal como ocurrió en el sub lite.

iii) No es procedente la devolución de los salarios percibidos por la señora Sandoval
Borda, pues tal petición conduce a un enriquecimiento sin justa causa para el
municipio de Tunja y vulnera las garantías mínimas laborales, así como el derecho
al trabajo en condiciones dignas y justas. En efecto, la demandada prestó sus

4
Folios 335 a 338 y 340 a 367.

4

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Demandante: Municipio de Tunja

servicios en el empleo en comento, cumplió normalmente el horario, adelantó
actuaciones que conservan su validez y desarrolló todas las funciones inherentes a
la posición ocupada. En consecuencia, tenía derecho a recibir los salarios y
prestaciones sociales establecidos para ese cargo.

iv) La buena fe de la demandada también encuentra respaldo en el hecho de que
en el presente proceso se negó la solicitud de suspensión provisional solicitada por
la parte actora, puesto que no resultaba evidente que el acto acusado quebrantara
el ordenamiento jurídico superior. Esta decisión fue confirmada por el Consejo de
Estado.

v) El alcalde de Tunja, mediante el acto enjuiciado, trasladó a la accionada del cargo
de secretaria de despacho de la Secretaría Jurídica al de jefe asesora de la Oficina
de Control Interno, por ende, debe partirse de la base de que los empleos objeto de
esa figura tenían funciones afines y requisitos similares para su ejercicio, conforme
lo prevé el Decreto 1950 de 1973. De esta manera, se concluye que la demandada
debía atender la designación hecha por su superior.

vi) Se propone la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos
formales e indebida acumulación de pretensiones.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 26 de febrero de 2020,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones: 5

i) No se encuentra probada la excepción de ineptitud de la demanda, pues su
contenido corresponde al previsto por los artículos 137, 138 y 139 del CCA.

5
Folios 394 a 421.

5

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Demandante: Municipio de Tunja

ii) La Ley 1474 de 2011 dispuso que para ejercer el cargo de asesor, coordinador o
auditor interno se debía demostrar formación profesional y experiencia mínima de 3
años en asuntos de control interno.

iii) Mediante Concepto 164791 del 29 de octubre de 2013 el DAFP explicó que los
nombramientos que se efectuaron a partir de la entrada en vigencia de la referida
norma, esto es, 12 de julio de 2011, debían atender a los nuevos requerimientos.

iv) La accionada únicamente acreditó 1 año, 3 meses y 23 días como experiencia
relacionada en asuntos de control interno, por ende, no cumplía con los requisitos
previstos para desempeñar el cargo al que fue trasladada mediante el acto acusado,
razón por la que se decreta su nulidad.

v) No se ordena la devolución de los salarios percibidos por la señora Sandoval
Borda, ya que se presume que fueron recibidos de buena fe, pues actuó bajo la
convicción de acreditar los presupuestos para ejercer el cargo de jefe asesora de la
Oficina de Control interno, por lo que tenía derecho a devengar la respectiva
remuneración. Además, de acuerdo con el artículo 50 del Decreto 1950 de 1973, el
municipio de Tunja debía verificar que la accionada cumpliera con los requisitos
para su designación, por ende, la entidad no puede alegar su propia culpa para
obtener el restablecimiento invocado.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado del municipio de Tunja interpuso recurso de apelación contra la
referida sentencia con base en los siguientes argumentos: 6

i) El 26 de diciembre de 2011, por Decreto 0414, el alcalde de Tunja nombró a la
señora María Fernanda Sandoval Borda como jefe de la Oficina de Control Interno;
sin embargo, 9 días después se le solicitó que remitiera los documentos que

6
Folios 427 a 430.

6

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Demandante: Municipio de Tunja

acreditaban el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1474 de 2011
para desempeñar ese cargo.

ii) La interesada respondió que la hoja de vida reposaba en la administración y que
no era posible revocar un acto de contenido particular sin el consentimiento expreso
del beneficiario.

iii) En consideración a la anterior respuesta, la administración adelantó una
investigación en contra de la accionada en la que tuvo oportunidad de rendir
descargos y solicitar pruebas. Además, se le solicitó su consentimiento para revocar
el nombramiento, pero no fue posible obtenerlo, razón por la que fue necesario
promover la presente demanda.

iv) La referida actuación administrativa culminó con la Resolución 055 del 13 de abril
de 2012 en la cual se concluyó que la señora Sandoval Borda no cumplía con los
requisitos para «aceptar, acceder, posesionarse y desempeñar» el mencionado
empleo.

v) El anterior recuento demuestra que la demandada conoció oportunamente la
irregularidad de su vinculación y a pesar de que la investigación administrativa
culminó con un resultado adverso a sus intereses, se negó a otorgar su
consentimiento para revocar el acto de nombramiento y corregir el yerro en que
incurrió el municipio de Tunja al nombrarla como jefe de la Oficina de Control
Interno.

vi) La persistencia de la señora Sandoval Borda en seguir desempeñando un
empleo para el que no contaba con el perfil requerido por el legislador «constituye
un acto de mala fe», pues en su debida oportunidad pudo separarse del cargo y
acatar las conclusiones que arrojó la referida investigación, la cual se adelantó con
respeto de su derecho al debido proceso. En efecto, si la demandada hubiera
autorizado la revocatoria de su nombramiento «no se habrían causado erogaciones
con destino al pago de sus salarios».

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Demandante: Municipio de Tunja

vii) De acuerdo con la Sentencia C-1194 de 2008, los servidores públicos deben
obrar de buena fe, pero en el sub lite las pruebas demuestran que la señora
Sandoval Borda no atendió a los postulados constitucionales y jurisprudenciales que
han desarrollado ese principio.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en las
respectivas etapas del proceso.7

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El artículo 328 del Código General del Proceso dispone que el juez de segunda
instancia debe pronunciarse «solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante».

Teniendo en cuenta que en el presente caso el municipio de Tunja actúa como
apelante único, el problema jurídico se contrae a determinar si la señora María
Fernanda Sandoval Borda debe reintegrarle los salarios y prestaciones que percibió
mientras se desempeñó como jefe de la Oficina de Control Interno de dicho ente
territorial, en virtud de la designación efectuada mediante el Decreto 0414 del 26 de

7
Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

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Demandante: Municipio de Tunja

diciembre de 2011.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Revocatoria del nombramiento

El artículo 122 de la Constitución Política dispone que no habrá empleo público que
no tenga funciones detalladas en la ley o el reglamento.

A su vez, el artículo 19 de la Ley 909 de 2004 precisó que el empleo público es el
núcleo básico de la función pública y se entiende como el «conjunto de funciones,
tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de
los planes de desarrollo y los fines del Estado».

Por su parte, el artículo 41 ibidem estableció como causal de retiro del servicio la
«revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño
del empleo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, y las normas
que lo adicionen o modifiquen». El tenor de la última disposición citada es el
siguiente:

Artículo 5. En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo
o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la
administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la
celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación, según
el caso, inmediatamente se advierta la infracción.

Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentación falsa para
sustentar la información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la
responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugar, el responsable quedará
inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) años.8

8
La Sentencia C-631 de 1996 declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso «bajo el entendido de
que la inhabilidad allí prevista constituye una sanción accesoria que debe ser impuesta a través del
correspondiente proceso penal o disciplinario».

9

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Demandante: Municipio de Tunja

El Consejo de Estado ha explicado que la referida norma se encamina a satisfacer
el interés general y materializar el principio de la moralidad administrativa.9 A su vez,
la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-672 de 2001, declaró la
exequibilidad del inciso primero antes transcrito, con base en los siguientes
razonamientos:

i) Cualquier ciudadano o funcionario que advierta que se ha producido un
nombramiento o posesión en un cargo sin el cumplimiento de los requisitos para su
ejercicio, deberá solicitar inmediatamente su revocatoria.

ii) Una vez recibida la solicitud o advertida por la autoridad competente la referida
irregularidad, se deberá adelantar el procedimiento para revocar el acto de
nominación o de posesión en los términos previstos en los artículos 69 a 74 del CCA,
con el fin de salvaguardar el debido proceso y el principio de buena fe. En esta
actuación se deberá citar al beneficiario de la decisión que se pretende dejar sin
efectos, permitirle allegar o solicitar pruebas y, en general, garantizar su derecho de
audiencia y defensa, conforme lo establecen los artículos 14, 28, 34 y 35 ibidem.

Se observa que para el momento en que se estudió la exequibilidad del artículo 5
de la Ley 190 de 1995, se encontraba rigiendo el CCA, normativa que también debe
aplicarse para el caso concreto, pues durante su vigencia se expidió el acto acusado
y se radicó la presente demanda.

iii) El artículo 73 del CCA determinó que para revocar los actos que hayan creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, la administración está obligada a obtener el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, en aras de preservar los
derechos adquiridos, la seguridad jurídica de los asociados y la presunción de
legalidad de las decisiones administrativas en firme.

9
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección A, sentencia del 28 de septiembre de 2006, radicado:
25000-23-25-000-2003-07699-01(6150-05).

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Demandante: Municipio de Tunja

iv) La administración estaba facultada para revocar unilateralmente el acto particular
y concreto sin el consentimiento del afectado si hubiera ocurrido por medios ilegales,
conforme lo autorizaba el artículo 73, inciso 2, del CCA -en la actualidad el CPACA
contiene una regulación diferente-. En efecto, cuando «en el origen de la situación
jurídica individual que se reclama, existe un vicio conocido por la administración, no
puede permanecer sustentando un derecho, como si se hubiese adquirido al
amparo de la ley».10 De esta manera, el alegado derecho queda desprovisto de
protección por parte del ordenamiento jurídico, «pues nunca lo ilícito genera
derechos».11

v) La anterior potestad es excepcional y, por lo tanto, debe ser entendida y aplicada
con carácter restrictivo.

vi) La revocatoria del acto de nombramiento o de posesión debe indicar las razones
que llevaron a la administración al convencimiento de que hubo una manifiesta
ilegalidad, ya que en tal evento «la aplicación del principio de buena fe deberá
operar es en beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en
este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la
actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la
presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias».12

Con fundamento en los anteriores argumentos, la Corte Constitucional estableció
dos consecuencias diferentes dependiendo de las situaciones que rodearon la
expedición del acto de nombramiento o la posesión, a saber:

1. «Si la persona que asumió el cargo sin el cumplimiento de los requisitos
obró de buena fe, circunstancia que ha de presumirse 13, la revocatoria del acto

10
Sentencia T-336 de 1997.
11
Sentencia T-336 de 1997.
12
Sentencia C-672 de 2001.
13
No solo la aplicación del artículo 83 constitucional resulta pertinente, sino que debe tenerse en cuenta el
procedimiento que señalan los artículos 1 a 4 de la Ley 190 de 1995, cuyas previsiones muestran que la
administración y el particular han tenido la oportunidad de verificar el cumplimiento de los requisitos

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Demandante: Municipio de Tunja

respectivo solo podrá efectuarse previa manifestación de su consentimiento y
en cumplimiento del procedimiento señalado en el artículo 74 C.C.A.».14

2. «En el caso de que resulte manifiesta la utilización de medios ilegales no
solamente procederá la revocatoria sin necesidad del consentimiento del
implicado, respetando en todo caso el procedimiento señalado en el artículo
74 C.C.A., sino que serán aplicables las sanciones a que haya lugar dentro del
proceso penal o disciplinario respectivo, incluida la inhabilidad que establece
el inciso segundo del artículo 5° atacado».15

2.2.2. Aplicación de la buena fe ante nombramientos sin requisitos legales

El artículo 83 de la Constitución Política dispone que «las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la
buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
éstas».

Así las cosas, la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de las
autoridades, pero, por tratarse de una presunción legal, admite prueba en contrario,
de manera que quien lo alegue debe probar que se actuó de mala fe.16

Esta corporación ha analizado la buena fe cuando una persona ha sido nombrada
sin el cumplimiento de requisitos legales bajo dos ópticas distintas, esto es,
dependiendo de si el servidor se condujo con lealtad o si se valió de maniobras
fraudulentas para obtener su designación en el cargo. En ambos casos se ha
negado la devolución de los emolumentos percibidos durante la vinculación irregular
con fundamento en los siguientes argumentos:

respectivos y ello tanto en el caso de la designación como en el de la suscripción del contrato (Sentencia C-
236/97M.P. Fabio Morón Díaz)
14
Sentencia C-672 de 2001.
15
Sentencia C-672 de 2001.
16
Corte Constitucional, Sentencia C-071 de 2004.

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Demandante: Municipio de Tunja

1. Primer escenario – buena fe. En esta hipótesis se destaca el siguiente
lineamiento jurisprudencial: 17

Así las cosas, por encontrarse configurado el vicio de infracción a la Ley se declara la
nulidad del acto de nombramiento expedido dentro del periodo de la restricción legal.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, considera la Sala que en este caso
no hay lugar a exigir la devolución de los salarios y prestaciones percibidos por el señor
Luis Fernando Ulloa Vergara, en virtud de la presunción legal contenida en el
artículo 136 numeral 2 del C.C.A, de haberlos recibido de buena fé, y por cuanto
la ilegalidad de su nombramiento es imputable a la entidad. En caso de que el
tercero permanezca en el desempeño del cargo, su vinculación laboral terminará como
consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de su nombramiento. (Resalta la Sala).

De acuerdo con el anterior criterio, se ha concluido que el servidor que fue nombrado
sin requisitos, pero se condujo con rectitud ante la administración, no está obligado
a devolver los salarios que percibió mientras estuvo desempeñando el cargo, en
aras de salvaguardar la presunción de buena fe y los consecuentes efectos ante
situaciones que no son deseables, pero que terminan ocurriendo sin que medie una
intervención dolosa por parte del beneficiado.

Bajo este contexto, se evidencia que el error en la designación es imputable a la
administración y, por tal motivo, no es viable que alegue su propia culpa para
recuperar unas sumas que había sufragado a una persona que estuvo vinculada
mediante una relación legal y reglamentaria.

2. Segundo escenario – mala fe. En esta hipótesis se resalta la siguiente
interpretación jurisprudencial:18

De esta forma, la buena fe que se presume respecto del particular, en este caso la
señora Patiño Gutiérrez se encuentra claramente desvirtuada, en razón a que la
intención de la demandada al presentar un documento falso era engañar a la
administración y la hizo incurrir en la expedición de actos administrativos por medios
ilegales.
[…]

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2012, radicado: 25000-23-
25-000-2006-04197-01(0461-09).
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de junio de 2020, radicado: 05001-
23-33-000-2013-00577-01 (3887-2016). Esta tesis fue reiterada por la Subsección B en sentencia del 15 de
julio de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2013-00960-01 (0785-2016).

13

Radicación: 15001-23-33-000-2012-00277-02 (3491-2020)
Demandante: Municipio de Tunja

Ahora bien, se advierte que las partes tenían el deber de obrar de forma correcta y
con apego a la ley, conducta que como se probó, no atendió la demandada, pero
también, puede observarse la desidia de la administración, dado que no cumplió con
todos sus deberes y solo los ejerció hasta el año 2012, por tal motivo, la erogación
injustificada se causó por su negligencia.

Bajo dicho entendido, el tiempo tan extenso entre un evento (vinculación de la
demandada en el año 1993) y otro (averiguación administrativa por los documentos
aportados en el año 2012), tuvo ocurrencia porque la administración no desplegó
el deber de diligencia para verificar los requisitos legales y, si bien, la señora
Martha Lucía tenía la obligación de cumplir con sus compromisos, no puede
olvidarse que fue la demora del municipio de Medellín lo que ocasionó el pago
de los emolumentos que ahora reclama, esto es, el perjuicio, por esa razón la
Sala considera aplicable el criterio de la compensación de culpas para no
ordenar la devolución del dinero a pesar de que está demostrada la mala fe de
la demandada.

En todo caso es preciso señalar que la administración le tenía que cancelar a
un empleado los respectivos salarios y prestaciones para que ejecutara la
función que desempeñó la señora Patiño Gutiérrez, por lo que a pesar de que
aquella no era la persona idónea para desempeñar el empleo, la entidad no dilapidó
el dinero público. Aunado a ello, se insiste que dicha circunstancia se hubiera podido
evitar si el municipio de Medellín hubiera validado los documentos e información
aportados por la demandada antes de proceder a posesionarla, como era su
obligación. (Resalta la Sala).

En el anterior antecedente jurisprudencial se negó la devolución de los
emolumentos percibidos por una servidora que fue nombrada sin el cumplimiento
de los requisitos legales debido a una conducta ilegal que le era imputable. Esta
decisión se fundó en la figura de la compensación de culpas, ya que la
administración fue negligente en el ejercicio del derecho de acción contra dicho
nombramiento y se demostró la prestación efectiva del servicio, por ende, resultaba
congruente la percepción del salario y tampoco se advertía una afectación
injustificada al patrimonio público.

2.3. Hechos probados

• El 30 de agosto de 2010, por Decreto 0301, el alcalde de Tunja nombró a la señora
María Fernanda Sandoval Borda como jefe oficina asesora, código 115, grado 6 de

14

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la Oficina de Control Interno de Gestión. 19 La servidora desempeñó dicho cargo
entre el 31 de agosto de 201020 y el 1 de diciembre de ese año.21

• El 2 de diciembre de 2010, mediante Decreto 0388, el alcalde de Tunja nombró a
la accionada como secretaria de despacho, código 20, grado 9, de la Secretaría
Jurídica.22 La funcionaria ejerció ese empleo entre el 2 de diciembre de 201023 y el
25 de diciembre de 2011.24

• El 26 de diciembre de 2011, mediante el Decreto 0414, el alcalde de Tunja trasladó
a la señora María Fernanda Sandoval Borda «del cargo de SECRETARIA DE
DESPACHO, Código 20 grado 09 de la Secretaría Jurídica, al cargo de JEFE OFICINA

ASESORA, Código 115 Grado 06 de la Oficina de Control Interno de Gestión».

Igualmente, se ordenó el traslado de la señora Diana Carolina Mora López, que
estaba ocupando el último de los citados empleos, a la plaza de la que provenía la
demandada, bajo la consideración de que «por necesidad del servicio se requiere
realizar unos traslados de cargos de libre nombramiento y remoción».25 La señora
Sandoval Borda laboró como jefe de control interno entre el 26 de diciembre de 2011
y el 31 de diciembre de 2013.26

• El 2 de enero de 2012, la señora Diana Carolina Mora López solicitó al alcalde de
Tunja revocar directamente el anterior acto, en tanto se expidió en contravía del
ordenamiento jurídico, por las siguientes razones: i) se desconoció que la
peticionaria estaba incapacitada para el momento en que se hizo el traslado del

19
Folio 24.
20
Según acta de posesión que obra en el folio 54 y certificaciones laborales que reposan en los folios 78 a 79
y 368 a 369.
21
Mediante Decreto 0386 del 2 de diciembre de 2010, se aceptó la renuncia al cargo (folio 60).
22
Folio 61.
23
Según acta de posesión que obra en el folio 62 y certificaciones laborales que reposan en los folios 78 a 79
y 368 a 369.
24
Información extraída de las certificaciones laborales que reposan en los folios 78 a 79 y 368 a 369.
Adicionalmente, durante el referido lapso, por Decreto 0124 del 8 de abril de 2011, el alcalde del ente
territorial demandante encargó a la señora Sandoval Borda de las funciones de gerente general de la Empresa
Matadero de Tunja (folio 65). Dicho encargo se verificó entre el 8 de abril de 2011 (folios 66, 78 a 79 y 368 a
369) y el 28 de junio de ese año (folios 67, 78 a 79 y 368 a 369).
25
Folio 24.
26
Información extraída de las certificaciones laborales que reposan en los folios 78 a 79 y 368 a 369.

15

Radicación: 15001-23-33-000-2012-00277-02 (3491-2020)
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cargo, por lo que no era posible realizar ese movimiento de personal y mucho menos
permitir la posesión de otra persona, pues la titular se encontraba en licencia por
enfermedad; ii) no se atendió a la necesidad del servicio; iii) los empleos objeto del
traslado no tenían afinidad funcional y pertenecían a niveles diferentes; iv) la señora
María Fernanda Sandoval Borda no acreditaba los requisitos mínimos previstos por
la Ley 1474 de 2011 para desempeñarse como jefe de control interno; v) la referida
norma «me concede el pleno derecho de seguir desempeñando el cargo que venía
ocupando al 31 de diciembre pasado, otorgándome así una estabilidad laboral por
el período fijo que la citada ley dispone».27

• El 4 de enero de 2012, la secretaria administrativa del municipio de Tunja le solicitó
a la demandada remitir los documentos que acreditaran los requisitos previstos por
la Ley 1474 de 2011 para desempeñarse como jefe de control interno, «[c]on el
propósito de atender la petición de revocatoria directa del Decreto 414 de 2011,
formulada por la doctora DIANA CAROLINA MORA LÓPEZ».28

• El 5 de enero de 2012, la accionada informó que su «historia laboral» reposaba en
la administración municipal desde el 31 de agosto de 2010, cuando ingresó al cargo
de asesora de control interno de gestión; además, dicha documentación demostraba
que cumplía «con lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 9° de la Ley
1474 de 2011». Agregó que el trámite de la revocatoria directa estaba regulado en
el artículo 73 del CCA, cuyo tenor dispone que «[c]uando un acto administrativo haya
creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular».29

• El 7 de febrero de 2012, por Resolución 0021, el alcalde de Tunja dio apertura a la
actuación administrativa tendiente a establecer si la señora María Fernanda
Sandoval Borda cumplía los requisitos del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 para

27
Folios 93 a 96.
28
Folio 97.
29
Folio 98.

16

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posesionarse y desempeñar el cargo de «asesor, coordinador o de auditor interno»
del referido ente territorial. También se le concedió la oportunidad de ejercer el
derecho de defensa y solicitar pruebas. Finalmente, se citó a la investigada para
que manifestara su consentimiento con el fin de revocar el Decreto 0414 del 26 de
diciembre de 2011.30

• El 10 de febrero de 2012, la secretaria administrativa del municipio de Tunja
requirió a la señora Sandoval Borda para que se acercara a dicha dependencia con
el fin de que autorizara la revocatoria del mencionado decreto.31

• El 10 de febrero de 2012, la demandada expresó que no autorizaba la revocatoria
del Decreto 0414 de 2011 y argumentó lo siguiente:32

i) Se ha vulnerado el debido proceso, ya que desconoce el contenido de la
solicitud de revocatoria directa que presentó la señora Diana Carolina Mora
López; se le concedieron 2 días para ejercer su defensa, término que resulta
insuficiente; y está en desacuerdo con haber sido citada con una antelación de
20 minutos para expresar su voluntad frente a una actuación de la que no está
suficientemente enterada.

ii) La Ley 1474 de 2011 no es clara en cuanto a la fecha en que empezaban a
regir los nuevos requisitos para desempeñarse como jefe de la Oficina de Control
Interno, ya que el artículo 9 ibidem previó que «[p]ara ajustar el periodo de que
trata el presente artículo, los responsables del Control Interno que estuvieren
ocupando el cargo al 31 de diciembre del 2011, permanecerán en el mismo hasta
que el Gobernador o Alcalde haga la designación del nuevo funcionario, conforme
a la fecha prevista en el presente artículo».

30
Folios 102 a 107.
31
Folio 100.
32
Folios 109 a 115.

17

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iii) La citada disposición es confusa en cuanto a los requisitos que debían cumplir
quienes venían desempeñándose como jefes de control interno al 31 de
diciembre de 2011, pues no es posible identificar si son los del artículo 8 de la
Ley 1474 de 2011 o si se mantienen los de la Ley 87 de 1993, ya que la norma
es de carácter transitorio y ajustó el período para el ejercicio de dicho cargo. Esta
indeterminación debe resolverse a favor del trabajador, en aplicación del principio
indubio pro operario.

iv) La señora Sandoval Borda contaba con más de 3 años de experiencia
profesional en asuntos de control interno, en los sectores público y privado, que
resultaban suficientes para desempeñarse como jefe de esa dependencia.

v) El Decreto 0414 del 26 de diciembre de 2011 se presume legal y expedido al
amparo del principio de la buena fe, pues la administración actuó con el
convencimiento de que la servidora acreditaba los requisitos legales para ser
designada en el mencionado empleo.

• El 14 de febrero de 2012, la secretaria administrativa de Tunja suscribió el acta de
verificación de documentos de la accionada y concluyó que no contaba con los 3
años de experiencia en asuntos de control interno, exigidos por la Ley 1474 de 2011,
pues las certificaciones de las funciones que desempeñó en los sectores público y
privado no estaban relacionadas con esa área.33

• El 13 de abril de 2012, por Resolución 0055, el alcalde de Tunja precisó que la Ley
1474 de 2011 modificó la Ley 87 de 1993 y comenzó a regir el 12 de julio de 2011;
por lo tanto, como el 26 de diciembre siguiente la accionada fue designada jefe de
control interno, este nuevo nombramiento debía sujetarse a las reglas vigentes; sin
embargo, la servidora no acreditó la experiencia requerida por el legislador para
ocupar dicha posición.

33
Folios 117 a 121

18

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En consecuencia, se declaró que la señora María Fernanda Sandoval Borda «no
cumple ni cumplía requisitos para aceptar, acceder, posesionarse y desempeñar el
cargo de jefe oficina asesora código 115 grado 06 de la Oficina de Control Interno,
de la Alcaldía Mayor de Tunja, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1474 de
2011». Además, se ordenó iniciar las acciones legales contra el Decreto 0414 de
2011, en razón a que la interesada no otorgó su consentimiento para revocarlo.
También se remitieron copias a la Procuraduría General de la Nación para lo de su
competencia.34

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

La entidad apelante solicitó revocar la decisión de primera instancia en cuanto se
negó la devolución de los salarios que la demandada percibió cuando ocupó el
cargo de jefe de la Oficina de Control Interno sin cumplir con los requisitos previstos
para ello.

Es preciso aclarar que en esta instancia no se verificarán nuevamente tales
presupuestos, ya que ese aspecto no fue objeto de apelación y el municipio de Tunja
actúa como apelante único.

Con el fin desatar la alzada, es oportuno acudir al artículo 136 del CCA, norma
vigente para la época de los hechos antes narrados, en tanto dispuso que «los actos
que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo
por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

En el sub lite debe partirse de la base de que los salarios y prestaciones sociales
reclamados por la administración tenían el carácter de periódicos al momento de

34
Folios 133 a 152.

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radicarse la demanda, pues la accionada se encontraba vinculada laboralmente. En
tal sentido, esta corporación ha sostenido lo siguiente: 35

En lo que respecta al argumento de que se trata de una reclamación de prestaciones
periódicas, la Sala debe precisar que, en efecto, la jurisprudencia de esta Corporación
ha sido enfática en señalar que no opera el fenómeno de la caducidad para demandar
los actos que reconozcan o nieguen las mismas; sin embargo, al producirse la
desvinculación del servicio, se hace un reconocimiento de prestaciones definitivas
y, en tal medida, las prestaciones o reconocimientos salariales que periódicamente
se reconocían y pagaban, bien sea mensual, trimestral, semestral, anual o
quinquenalmente, dejan de tener el carácter de periódicos, pues ya se ha
expedido un acto de reconocimiento definitivo, al momento de finiquitar la
relación laboral. (Resaltado dentro del texto).

Así las cosas, mientras el vínculo laboral del servidor público se encuentre vigente
se considera que las prestaciones que se pagan con regularidad tienen la
connotación de periódicas y la pierden una vez ocurre el retiro.36

Ahora bien, la entidad apelante afirmó que la buena fe de la accionada quedó
desvirtuada por cuanto en su contra se surtió una actuación administrativa en la que
se concluyó que no cumplía los requisitos establecidos en la Ley 1474 de 2011 para
desempeñarse como jefe de la Oficina de Control Interno de Tunja; sin embargo, la
servidora no otorgó su consentimiento para revocar el acto que la designó en esa
posición.

Esta Sala se aparta del anterior entendimiento, pues una lectura armónica del
artículo 5 de la Ley 190 de 1995, en consonancia con la Sentencia C-672 de 2001
y las pruebas aportadas al plenario, permite evidenciar que el procedimiento
adelantado por la administración y la conclusión a la que arribó en torno al
incumplimiento de los requisitos para ocupar el empleo en comento no son razón
suficiente para inferir que la señora María Fernanda Sandoval Borda actuó de mala
fe; por el contrario, el municipio de Tunja estaba llamado a surtir dicho trámite y, en

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 13 de febrero de
2014, Expediente: 1174-2012, consejero ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de marzo de 2019, radicado: 13001-23-
31-000-2010-00335-01(5019-14).

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la medida en que no se demostró la utilización de medios ilegales, debía seguir
operando la presunción de buena fe, es decir, que la revocatoria del acto de
nombramiento solo procedería ante la autorización de la funcionaria, la cual es una
potestad establecida en su favor, por lo que la negativa a conceder tal
consentimiento no es un indicio de deslealtad.

Aunado a lo anterior, la defensa que ejerció la accionada en el trámite de la
investigación administrativa en comento demuestra que estaba convencida de
acreditar los requisitos para desempeñarse como jefe de control interno, para lo cual
esgrimió las siguientes razones:

i) La Ley 1474 de 2011 no fue clara en cuanto a la fecha en que empezaban a
regir los nuevos requisitos de experiencia que fijó este ordenamiento y tal
indeterminación debía resolverse a favor del trabajador, en aplicación del
principio indubio pro operario.

ii) Para el momento en que fue designada como jefe de control interno, la
funcionaria contaba con más de 3 años de experiencia profesional en asuntos
afines a esa área, en los sectores público y privado, es decir, que aún en el
escenario del cambio normativo, tenía las condiciones profesionales requeridas
para ocupar la mencionada plaza.

Es preciso recordar que, al tenor del artículo 83 de la Constitución Política, las
actuaciones de los particulares y de las entidades públicas, deben ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante estas, por ende, la administración está en la obligación de
desvirtuarla cuando alegue que un ciudadano se apartó de este principio.

En este orden de ideas, la buena fe atañe a una exigencia de honestidad, rectitud,
decoro y credibilidad en el proceder; además, incorpora el valor ético de la
confianza, por lo que «cada una de las normas que componen el ordenamiento
jurídico debe ser interpretada a la luz del principio de la buena fe, de tal suerte que

21

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las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento
de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente
con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en
la misma».37

En el presente caso, la administración no demostró que la demandada se haya
valido de maniobras fraudulentas para ser nombrada en un empleo para el cual no
acreditaba los requisitos legales y tampoco aportó documentación falsa tendiente a
lograr ese cometido.

Por el contrario, el acta de posesión del 26 de diciembre de 2011, en virtud del cual
la señora Sandoval Borda tomó juramento para desempeñar el empleo para el que
fue designada mediante el decreto enjuiciado, da cuenta de que «[n]o se exigieron
más documentos por tratarse de un traslado de cargo y por encontrarse vinculada
en la administración municipal».

Lo anterior significa que el ente territorial demandante se fundó en las certificaciones
de estudio y experiencia aportadas por la interesada en anterior oportunidad y que
conformaban su historia laboral, por ende, la indebida valoración de esa información
era atribuible al municipio de Tunja, toda vez que los artículos 49 y 50 del Decreto
1950 de 1973 impusieron a los jefes de personal de las entidades públicas el deber
de verificar, entre otros, los documentos que «acreditan las calidades para el
desempeño del cargo» para que un servidor pueda tomar posesión de este.
Inclusive, el desacato a esta obligación constituye causal de mala conducta.

Esta corporación ha indicado que cuando por un error atribuible a una entidad se
concede un derecho a quien no cumplía los requisitos legales, no es posible que se
valga de su incuria para recuperar las sumas percibidas de buena fe. Al respecto,
se ha argumentado lo siguiente: 38

37
Sentencia T-437 de 2012.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2021, radicado: 05001-23-
33-000-2017-00374-01 (5584-2018).

22

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Por ello, en tratándose de un error de la administración al concederse el derecho a
quien no reunía los requisitos legales, no puede permitir a la entidad alegar a su favor
su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona
de buena fe39.

Distinta es la situación cuando el reconocimiento del derecho no deviene directamente
del error de la administración, en cuyo caso, habrá que analizar situaciones
particulares respecto de las conductas de los involucrados en la actuación, y la utilidad
e incidencia en la producción de las decisiones definitivas que resolvieron la cuestión.
[…]

De esta forma, se tiene que como claramente lo admite Colpensiones en los actos
administrativos enjuiciados, el doble pago ocurrió como consecuencia de un error
suyo, por lo que al respecto se debe dar aplicación al principio general del derecho
denominado «nemo auditur propriam turpitudinem allegans», a través del cual se
sostiene que el particular o la autoridad pública no puede aprovecharse de su propio
error, dolo o culpa, para beneficiarse de un derecho. Se destaca que, si bien este
principio no tiene una formulación explícita en el ordenamiento jurídico, la Corte
Constitucional40 ha hecho alusión a su naturaleza de regla general del derecho, al
derivarse de la aplicación de la analogía iuris.

Teniendo en cuenta el anterior criterio interpretativo, y en la media en que en esta
instancia no se discute la decisión del a quo en cuanto a que la demandada no
cumplía con los requisitos para desempeñarse como jefe de control interno, se
concluye que la Alcaldía de Tunja incurrió en un error al designarla sin haber
acreditado las exigencias legales. A su vez, como no se demostró que la beneficiara
hubiera actuado de manera desleal o engañosa para obtener ese nombramiento,
debe concluirse que no hay lugar a devolver suma alguna por concepto de los
salarios y prestaciones que percibió mientras ejerció el empleo.41

Aunado a ello, se encuentra demostrado que entre el 26 de diciembre de 2011 y el
31 de diciembre de 2013, la señora Sandoval Borda prestó personalmente el
servicio, bajo una relación legal y reglamentaria, por lo que la consecuencia lógica
era la percepción de los emolumentos asignados al cargo desempeñado. En efecto,
la secretaria administrativa de Tunja certificó que la demandada cumplió con las

39
En este sentido, se pronunció recientemente la Sección Segunda del Consejo de Estado en las sentencias
del 17 de noviembre de 2016, expediente: 2677-15 y del 29 de junio de 2017, expediente: 4321-2016.
40
Sentencia T-122 de 2017. Referencia: Expediente: T-5.485.856.
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2012, radicado: 25000-23-
25-000-2006-04197-01 (0461-09).

23

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tareas establecidas en el manual específico de funciones y competencias laborales
para el empleo de jefe de la Oficina de Control Interno, en un horario de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 12 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 42

En consecuencia, no sería posible ordenar la devolución de la contraprestación que
el ordenamiento nacional e internacional ha salvaguardado en aras de proteger el
derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, lo cual incluye la percepción de
una remuneración mínima vital y móvil.43

2.5. De la condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a decretar condena
en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y en el
presente caso no se encuentra demostrada tal conducta, por lo cual no hay lugar a
imponerlas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandada, razón por la que
deberá confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

42
Folios 368 a 374.
43
Artículo 53 de la Constitución Política y Convenio 95 del Organización Internacional del Trabajo.

24

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F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 26 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda incoada por el municipio de Tunja contra la señora María Fernanda
Sandoval Borda.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Reconocer personería al abogado Fernando Sandoval Rodríguez como
apoderado de la demandada, conforme al poder que obra en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg

25

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