Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2013-00181-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-2014)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 16 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Teresa Orduz Chanaga, por conducto
de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las
siguientes Resoluciones: i) UGM020730 del 19 de diciembre de 2011, que le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; y ii) UGM55921 del 14 de septiembre de 2012,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó. Los mencionados actos fueron proferidos por la extinta Caja Nacional de
Previsión Social, en adelante Cajanal.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP
a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia de jubilación a partir del día que cumplió
el estatus, es decir, 50 años de edad y 20 años de servicio, en cuantía del 75% del
salario y con la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año
de labor; ii) pagar el valor de las mesadas pensionales y «adicionales» desde la
fecha de adquisición del estatus de pensionada; iii) actualizar el monto de la
condena conforme lo autoriza el artículo 187 del CPACA; iv) cancelar el reajuste por
concepto de la Ley 71 de 1988; v) dar cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 192 del CPACA; y vi) pagar las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Teresa Orduz Chanaga nació el 10 de abril de 1946, por lo que
cumplió 50 años de edad el 10 de abril de 1996.
ii) Entre el 19 de julio de 1978 y el 21 de febrero de 1983, laboró para el
magisterio del departamento del Cesar como docente territorial.
iii) Desde el 7 de abril de 1991 al 29 de septiembre de 2010, prestó sus servicios
al departamento de Boyacá como docente con vinculación nacionalizada.
iv) El 26 de julio de 2011, solicitó ante Cajanal el reconocimiento de la pensión
gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos
enjuiciados.
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 25 y 58 de la Constitución Política; 1, 3 y 4
de la Ley 114 de 1913; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso que el acto
administrativo atacado desconoció sus derechos y vulneró expresamente las
normas señaladas, pues la UGPP estaba en la obligación de reconocer la prestación
gracia al haberse demostrado que la señora Orduz Chanaga sumó más de 20 años
de servicio a la docencia a través de vinculaciones de orden departamentales y/o
nacionalizadas, y 50 años de edad.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso1 que
los actos administrativos que incumben a este proceso fueron debidamente
motivados, pues se fundamentaron en la aplicación correcta de las normas que
regulan la pensión gracia y a su vez tuvieron en cuenta los elementos fácticos de la
parte demandante para concluir que no existe razón para reconocer la prestación
deprecada.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido,
inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales y la genérica o
innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en el trámite de la audiencia de juzgamiento
llevada a cabo el 16 de octubre de 2013, negó las pretensiones de la demanda, con
1 Folios 63 al 66.
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
sustento en las siguientes consideraciones:2
i) Del examen del Decreto 011 del 7 de abril de 1991, por medio del cual se
vinculó a la accionante a la docencia oficial nuevamente con posterioridad al 31 de
diciembre de 1989, se advierte que esa designación no es de carácter territorial
«aunque tampoco tiene carácter nacional, por cuanto su nombramiento pese a
encontrarse suscrito por el alcalde especial del municipio de La Uvita (lo que en
principio le permitiría acudir a una vinculación territorial o nacionalizada), no es ni lo
uno ni lo otro».
ii) Si hubiera sido anterior al 31 de diciembre de 1989, se podría pensar que fue
nacionalizada, en cuyo caso tendría derecho a que se le computara ese tiempo para
el reconocimiento de la pensión gracia, pero siendo posterior a esa fecha, a partir
de la cual se unificó el régimen prestacional de los docentes nacionales y
nacionalizados, resulta imposible computar tal tiempo de servicio como
nacionalizado.
iii) Tal como se mencionó en el inciso segundo de la parte considerativa del
referido decreto de nombramiento, el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional ante el FER de Boyacá certificó que existía disponibilidad
presupuestal, luego se debe concluir forzosamente que se trata de un
nombramiento de aquellos que antes del 31 de diciembre de 1989 se denominaban
nacionalizados. Para que fuera del nivel territorial tenía que haberse realizado con
cargo a recursos propios de la entidad nominadora y eso no aconteció en este caso.
iv) Así pues, los tiempos de servicio prestados, aunque hayan sido adelantados
en establecimientos educativos nacionalizados, resultan precarios para acceder al
beneficio prestacional por virtud del ente de donde en realidad provenía su pago,
que sin duda alguna le otorga el carácter nacional a la labor desempeñada a partir
del 7 de abril de 1991.
2 Folios 126 al 131. Con ponencia del magistrado Félix Alberto Rodríguez Riveros.
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la señora Teresa Orduz Chanaga interpuso recurso de apelación
contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:3
i) No es acertada la tesis del Tribunal en cuanto a que los tiempos servidos a
partir del 7 de abril de 1991, son nacionales a la luz del literal b, del numeral 2, del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por cuanto esa norma rige las pensiones de
jubilación de los docentes, únicamente.
ii) El nombramiento de la educadora por parte del gobierno municipal de La
Uvita significa que la plaza es territorial, que está a cargo de ese municipio. Luego
el hecho de que se hubiere contado con el visto bueno del delegado ante el FER no
muta el carácter de la vinculación y lo convierte en nacional, pues la función de ese
ente es meramente de vigilancia, por lo que no se podría interpretar que la Nación
estuviera asumiendo el pago de los salarios y prestaciones de la docente.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en las
oportunidades procesales.4
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5
La Sala decide, previas las siguientes
3 Folios 152 al 159.
4 Folios 189 al 192.
5 Folio 193.
5
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19286 y 37 de 19337 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 8
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».9
6 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
7 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
8 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
9 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
6
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».10
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,11 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
11 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».12
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:13
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».14
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,15 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:16
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
16 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de
la sentencia transcrita.
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».17
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad y tiempo de servicios
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
i) Conforme a la copia de la cédula de ciudadanía, la señora Teresa Orduz
Chanaga nació el 10 de abril de 1946, es decir, cumplió 50 años de edad el 10 de
abril de 1996.18
ii) Mediante el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
la Secretaría de Educación del departamento del Cesar hizo constar que la maestra
se vinculó a través de la Resolución 885 del 12 de junio de 1978, en la Escuela
Urbana Santa Teresita del municipio de Chimichagua y prestó servicios desde el 19
de julio de 1978 hasta el 1° de septiembre de 1981.19 En dicho documento se dejó
constancia de que el tipo de vinculación de la demandante fue nacionalizado.
iii) A través del Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
la Secretaría de Educación del departamento del Cesar indicó que la señora Orduz
Chanaga fue nombrada con la Resolución 1598 del 10 de agosto de 1982, para
prestar labores en la Escuela Urbana Mixta María Inmaculada del municipio de
Chimichagua desde el 10 de agosto de 1982 hasta el 21 de febrero de 1983.20 En
dicho documento se dejó constancia de que el tipo de vinculación de la demandante
fue nacionalizado.
iv) El 7 de abril de 1991, mediante el Decreto 011, «Por el cual se nombra en
propiedad a un docente en primaria en el Colegio Nacionalizado Nuestra Señora de
las Mercedes de este municipio», el alcalde de La Uvita, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y los Decretos 2277
de 1979 y 1706 de 1989, nombró en propiedad a la demandante para desempeñar
el cargo de docente de primaria en el mencionado colegio.21 Tomó posesión del
empleo el 7 de abril de 1991.22
18 Folio 29.
19 Folio 17.
20 Folio 18.
21 Folios 22 y 23.
22 Folio 24.
12
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
v) Con el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral, la
Secretaría de Educación del departamento de Boyacá certificó que la accionante se
vinculó a través del «Decreto 010 del 28 de febrero de 1991», en la Institución
Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de La Uvita, en la que
prestó servicios desde el 7 de abril de 1991 hasta la expedición del certificado,
inclusive, esto es, el 29 de septiembre de 2010.23 En dicho documento se dejó
constancia de que el tipo de vinculación de aquella fue nacional.
vi) Según los certificados de salarios emitidos el 4 de marzo de 2011 por la
Secretaría de Educación de Boyacá, la señora Orduz Chanaga devengó entre 2006
y 2008, los factores salariales de asignación básica, prima de vacaciones y prima
de navidad.24 También se indicó que pertenecía al régimen nacionalizado.
v) El 2 de octubre de 2012, la Procuraduría General de la Nación certificó que la
actora no registra sanciones ni inhabilidades vigentes.25
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 19 de diciembre de 2011, Cajanal profirió la Resolución UGM020730 y negó
la solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por la demandante el 26 de julio de 2011,26 al considerar que aquella
fue nombrada entre el 19 de julio de 1978 y el 1° de septiembre de 1981; y entre el
10 de agosto de 1982 y el «9 de junio» de 1983 como docente nacionalizada, es
decir, que tiene un total de 3 años, 7 meses y 25 días de tiempos válidos para el
reconocimiento pensional; sin embargo, a partir del 7 de abril de 1991, fungió con
vinculación de carácter nacional, tiempo que no puede computarse.27
23 Folios 19 al 21.
24 Folios 25 al 27.
25 Folio 28.
26 Folios 12 y 13.
27 Folios 2 al 7.
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
ii) El 14 de septiembre de 2012, Cajanal expidió la Resolución RDP055921, por
la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó.28
2.3.3. De las pruebas de oficio
En cumplimiento a lo dispuesto en los autos del 3 de agosto de 2017 y 12 de octubre
de 2023, mediante los cuales se decretaron pruebas de oficio en segunda instancia,
fueron aportadas al expediente, entre otras, las siguientes documentales:
• Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral del 22 de
septiembre de 2017, en el que la Secretaría de Educación del departamento de
Boyacá certificó que la accionante se vinculó a través del «Decreto 010 del 28
de febrero de 1991», en la Institución Educativa Nuestra Señora de las
Mercedes del municipio de La Uvita, en la que prestó servicios desde el 7 de
abril de 1991 hasta el 9 de abril de 2011, por edad de retiro forzoso y que tuvo
una licencia no remunerada entre el 24 de julio y el 15 de septiembre de 1995.29
En dicho documento se dejó constancia de que el tipo de vinculación de aquella
fue nacional. Formato reiterado el 1° de diciembre de 2023.30
• Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral del 20 de
octubre de 2017 en el que la Secretaría de Educación del departamento del
Cesar hizo constar que la maestra se vinculó a través de la Resolución 885 del
12 de junio de 1978, al servicio de la Escuela Urbana Santa Teresita del
municipio de Chimichagua y prestó servicios desde el 19 de julio de 1978 hasta
el 1° de septiembre de 1981.31 En dicho documento se dejó constancia de que
el tipo de vinculación de la demandante fue nacionalizado.
• Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral del 20 de
octubre de 2017, en el que la Secretaría de Educación del departamento del
Cesar indicó que la señora Orduz Chanaga fue nombrada con la Resolución
1598 del 10 de agosto de 1982, para prestar labores en la Escuela Urbana Mixta
María Inmaculada del municipio de Chimichagua entre el 10 de agosto de 1982
28 Folios 9 y 10.
29 Folios 202 al 204.
30 Índice 52 de la plataforma Samai.
31 Folio 208.
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
hasta el 21 de febrero de 1983.32 En dicho documento se dejó constancia de
que el tipo de vinculación de la demandante fue nacionalizado.
• Oficio del 27 de septiembre de 2017, mediante el cual el coordinador del
grupo de certificaciones de la subdirección de talento humano del Ministerio de
Educación Nacional hizo constar que «verificada la información existente y los
inventarios de la serie historias laborales del archivo central de este ministerio de la
planta de personal el grupo de gestión documental pudo establecer que no se encontró
información alguna a nombre de la señora Teresa Orduz Chanaga».33
• Certificado del 4 de diciembre de 2023, del técnico operativo de hojas de vida
de la Secretaría de Educación Departamental del Cesar en el que se indicó que
la señora Teresa Orduz Chanaga prestó sus servicios al departamento en el
sector educativo según el siguiente detalle: «Que por Resolución 0885 de junio 12
de 1978 fue nombrada maestra de enseñanza primaria para la Escuela Urbana Santa
Teresita de municipio de Chimichagua, posesionada el 19 de julio de 1978. Que por
Resolución 02242 de septiembre 2 de 1981 le fue aceptada su renuncia a partir del 1
de septiembre de 1981. Que por Resolución 1598 de agosto 10/1982 fue nombrada
maestra de enseñanza básica primaria de la Escuela Urbana Mixta María Inmaculada
del municipio de Chimichagua, posesionada el 8 de septiembre de 1982, con
retroactividad al 10 de agosto del mismo año, con tipo de vinculación nacionalizado
según Ley 43 de 1975 (docentes nacionalizados: Son los docentes vinculados por
nombramiento de la entidad territorial antes del 1° de enero de 1976 y hasta el 31 de
diciembre de 1989). Que por Resolución 1414 de junio 9/1983 le fue aceptada la
renuncia a partir del 21 de febrero/1983. Que el total de tiempo de servicio prestado al
departamento del Cesar fue de: TRES (3) AÑOS SIETE (7) MESES Y VEINTITRES
(23) DÍAS».34
• Certificado del 28 de agosto de 2023, de la directora administrativa y
financiera de la gobernación de Boyacá, en la que hizo constar lo siguiente:
«Sobre el particular, los recursos con los que se pagaron sus acreencias laborales
tuvieron como fuente la NACIÓN- SITUADO FISCAL, hasta el 31 de diciembre de 2002,
y luego en virtud de la Ley 715 de 2011, la fuente de los recursos con los cuales se
cancelaron sus acreencias lo constituyó la NACIÓN- SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES».35
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
32 Folio 209.
33 Folio 202.
34 Índices 57 y 58 de la plataforma Samai.
35 Índice 52 de la plataforma Samai.
15
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará la
decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.
2.4.1. Primer período. Del 19 de julio de 1978 al 1° de septiembre de 1981
Y del 10 de agosto de 1982 al 21 de febrero de 1983
En primer término, entre el 19 de julio de 1978 al 1° de septiembre de 1981, la
señora Teresa Orduz Chanaga laboró como maestra en la Escuela Urbana Santa
Teresita del municipio de Chimichagua, en virtud de la designación efectuada con
la Resolución 885 del 12 de junio de 1978.
16
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
De acuerdo con el acta de nombramiento y con el contenido de las certificaciones
que se detallaron en el acápite de hechos probados de esta providencia se
encuentra acreditado que la actora fue designada como docente nacionalizada,
pues no se evidencia la intervención directa o por autorización del Ministerio de
Educación Nacional para adoptar dicha decisión, así como tampoco mención alguna
sobre la existencia de una plaza nacional o institución con tal carácter que permita
inferir que el nombramiento tenía por objeto ocupar un empleo del referido nivel.
Aunado a ello, la afirmación de que dicha designación tiene el carácter
nacionalizado también encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 1° de la ley
91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43
de 1975».
De manera que, teniendo en cuenta que en el asunto bajo análisis la docente fue
nombrada por una entidad territorial con posterioridad al 1.º de enero de 1976, junto
con el análisis del acto de posesión, es dable concluir que la naturaleza jurídica de
la vinculación de la demandante fue nacionalizada.
En segundo término, la demandante tuvo una nueva vinculación de carácter
nacionalizado en el departamento del Cesar, a través de la Resolución 1598 del 10
de agosto de 1982. La relación laboral corrió entre el 10 de agosto de 1982 y el 21
de febrero de 1983.36
36 De conformidad con la certificación obrante en los folios 18 y 209.
17
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
Debe advertir la Sala que el tiempo de servicio prestado en el período que se analiza
no ha sido objeto de controversia por parte de la demandada, ni en la actuación
administrativa ni dentro del proceso judicial y, por el contrario, esta ha reconocido
dicho tiempo como nacionalizado, al paso que el Tribunal también le otorgó tal
carácter.
Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho a
la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 3 años, 7 meses y 21 días, y
además acredita el requisito de haber ostentado una vinculación nacionalizada con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
2.4.2. Segundo período. Del 7 de abril de 1991 al 9 de abril de 201137
37 Fecha de retiro del servicio educativo por edad de retiro forzoso.
18
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
Este segundo período está determinado por el Decreto 011 del 7 de abril de 1991,
proferido por el alcalde especial del municipio de La Uvita, mediante el cual efectuó
«el nombramiento de una docente en primaria», con el fin de que se desempeñara
en el Colegio Nacionalizado Nuestra Señora del Pilar.
19
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
De acuerdo con la anterior documental se encuentra acreditado que el
nombramiento fue suscrito por una autoridad del orden territorial, el alcalde del
municipio de La Uvita, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9 de
la Ley 29 de 1989 y de conformidad con los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989.
Artículo 9º.- El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito
Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados,
plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en
cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que
expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos
vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las
disponibilidades presupuestales correspondientes.
[…]
Parágrafo 1º.- Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a
cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon.
Parágrafo 2º.- La Nación no asume responsabilidad alguna por los nombramientos
que excedan las plantas de personal aprobadas por el Gobierno Nacional para la
respectiva jurisdicción municipal y para la jurisdicción de la Isla de San Andrés, ni
nacionalizará el personal así designado.
Los nombramientos y demás novedades de personal que se llegasen a producir por
fuera de las respectivas plantas de personal o contraviniendo las normas del Estatuto
Docente y de la Carrera Administrativa y las disponibilidades presupuestales
correspondientes, serán de exclusiva responsabilidad del municipio o entidad
territorial que los hiciere, y suyas las cargas civiles, administrativas y laborales que de
tales actuaciones se desprendan. El funcionario que produjere el nombramiento o la
novedad de personal, incurrirá en causal de mala conducta, y responderá
solidariamente con la entidad que dicho funcionario represente.
Teniendo en cuenta la anterior transcripción, el hecho de que en el acto de
nombramiento la autoridad territorial se hubiera referido a las facultades otorgadas
en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, no significa, per se, que la vinculación de la
educadora tenga carácter nacional, toda vez que en virtud de esa disposición
normativa se asignaron a los alcaldes municipales las funciones de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos educativos tanto nacionales como
nacionalizados.
20
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
Así las cosas, en cada caso particular debe analizarse la forma en que los docentes
fueron vinculados al servicio educativo en punto a determinar si fueron designados
por los alcaldes, atendiendo a la función asignada por la norma ibidem, para ocupar
plazas que se encontraban a cargo del Ministerio de Educación Nacional o que se
pagaran con recursos provenientes de la Nación, o por el contrario, fueron
nombrados en plazas nacionalizadas, adscritas a los entes territoriales.
Asimismo, a partir del aludido decreto de nombramiento también se concluye que la
vinculación de la reclamante tuvo lugar con el fin de dar cumplimiento a los Decretos
2277 de 1979 que reguló las condiciones de ingreso, egreso y otras situaciones
administrativas en el ejercicio de la profesión docente y, el 1706 de 1989 «Por el
cual se reglamentan los artículos 7º, 10 y 18 de la Ley 29 de 1989, y se dictan otras
disposiciones».
De suerte que en este caso es dable afirmar que la vinculación de la demandante
desde 1991 lo fue como docente nacionalizada y no nacional, como pasa a
explicarse.
Se advierte que en el decreto de nombramiento se indica expresamente que la
institución educativa en la que prestó servicios (Colegio Nacionalizado Nuestra
Señora del Pilar), tiene carácter nacionalizado. Además, de la lectura de este no
se evidencia intervención directa o indirecta del Ministerio de Educación para
realizar la designación, así como tampoco mención alguna a una plaza o institución
nacional que permita inferir que el nombramiento era para ocupar un empleo del
mismo nivel.
Aunado a ello, la afirmación de que dicha nominación tiene carácter nacionalizado
también encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 91 de 1989,
en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43 de 1975».
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
De manera que, teniendo en cuenta que en el asunto bajo análisis la docente fue
nombrada por una entidad territorial con posterioridad al 1.º de enero de 1976, con
ocasión de la nacionalización, junto con el análisis del acto de nombramiento, es
dable concluir que la naturaleza jurídica de la vinculación de la demandante fue
nacionalizada.
En el mismo orden, contrario a lo expuesto por el Tribunal en la sentencia de primera
instancia, el hecho de que en el nombramiento efectuado en propiedad con el
Decreto 011 del 7 de abril de 1991, se hubiera indicado que el delegado permanente
del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional - FER
certificó la disponibilidad presupuestal y la vacancia definitiva del cargo, no es óbice
para que la vinculación no resulte válida para obtener la pensión gracia objeto de
controversia.
La anterior afirmación se soporta en que para la época en que se produjo en
nombramiento, esta Corporación ha sostenido que los FER «eran financiados con
bienes o recursos aportados tanto por la Nación como por las entidades territoriales,
de cuya administración se responsabilizó a las “autoridades” de los referidos entes,
bajo la supervisión de un delegado del Ministerio de Educación Nacional».38
Así pues, se ha concluido que los docentes no adquieren la condición de nacionales
por la intervención de un delegado del Ministerio de Educación ante los fondos
educativos regionales o porque sus salarios se pagaran con recursos del situado
fiscal o por el hecho de que las autoridades territoriales actuaran en calidad de
presidentes de las Juntas Administradoras de los FER.39
Por el contrario, conforme se expuso en acápites anteriores, esta Sección unificó su
criterio en el sentido de indicar que tales razonamientos no podían oponerse para
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
39 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23
de marzo de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de
2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605–2019).
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
reconocer la pensión gracia, toda vez que los dineros provenientes del entonces
situado fiscal -ahora sistema general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma
exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad
de rentas endógenas y exógenas».40
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación» y ello tampoco ocurre «cuando en el acto
de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya
certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo».
Adicionalmente, la Sala advierte que aunque en algunas certificaciones emitidas por
la Secretaría de Educación de Boyacá se catalogó la vinculación de la accionante
como nacional, lo cierto es que el origen de la plaza ocupada por la señora Orduz
Chanaga es de carácter nacionalizado, como quedó ampliamente demostrado a
través del acto de nombramiento y las disposiciones legales analizadas.
Lo anterior por cuanto, se reitera, en el acto de nombramiento no intervino directa o
indirectamente el Ministerio de Educación Nacional ni la actora ocupó una plaza
nacional.
Nótese que, en efecto, como respuesta a la prueba de oficio dictada con las
providencias del 3 de agosto de 2017 y 12 de octubre de 2023, la Secretaría de
Educación de Boyacá insistió en que el origen de la vinculación de la accionante es
«nacional», bajo el argumento de que era una docente financiada con recursos de
la Nación provenientes del Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones,
respectivamente, no porque el nombramiento fuere efectuado directamente por el
Ministerio de Educación Nacional, o por el alcalde, pero en representación del
Gobierno Nacional, en una plaza con igual carácter.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
23
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
Por lo tanto, como lo ha sostenido esta Sala recientemente: «mal podría en este
escenario considerarse que la relación legal y reglamentaria fue nacional como lo
estimó el tribunal de origen, y mucho menos asegurando que a tal conclusión se
arriba debido a la naturaleza de los recursos del FER, pues ello está totalmente
decantado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 proferida por esta
Corporación, en el sentido de sostener que la esencia del vínculo laboral no se
determina por el origen de la financiación, sino por el tipo de nombramiento y plaza
ocupada por el reclamante, el cual en esta oportunidad se acredita como
nacionalizado, no solo porque así lo sostuvo sin discusión la propia entidad
accionada, sino porque tal supuesto se extrae del material probatorio obrante en el
expediente».41
Además, no se puede perder de vista que la Ley 91 de 1989 únicamente definió
como docentes nacionales a los nombrados por la mencionada cartera ministerial y
que el artículo 15 ibidem amparó la expectativa de quienes se habían vinculado
antes del 31 de diciembre de 1980 como educadores territoriales o nacionalizados
para acceder a la pensión gracia.
Por consiguiente, este segundo período, que suma un total de 20 años, y 2 días,
también puede acumularse al primero con el fin de establecer si la actora tiene
derecho a la pensión gracia solicitada al tener carácter nacionalizado.
Así las cosas, el tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia
corresponde al siguiente:
Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
42
Nacionalizado 19-07-1978 21-02-1983 21 7 3
Nacionalizado 07-04-1991 09-04-2011 2 0 20
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de septiembre de 2023,
radicado 63001-23-33-000-2014-00092-01 (1980-2016), M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
42 Salvo la interrupción detallada en el numeral 2.4.1 de esta providencia.
24
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
TOTAL 25 7 23
De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente en plazas del orden territorial y nacionalizado por más de 20 años y cumplió
con la exigencia de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; por lo
tanto, la interesada cumplió el requisito del tiempo de servicio previsto por el
legislador para acceder a la prestación pretendida.
La señora Orduz Chanaga cuenta con más de 50 años de edad y durante su
ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias,43 es decir, que
cumple con los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral con
honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento
del beneficio pensional reclamado.
Ahora bien, la accionante cumplió 50 años de edad el 10 de abril de 1996, y los 20
años de servicio el 16 de agosto de 2007, es decir, que en ese momento adquirió
el derecho pensional.
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados por
la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 16 de agosto de 2006 y 16 de agosto de 2007, con inclusión
de los factores salariales devengados en ese período.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
43 Aspecto que no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia. No
obstante, a través del certificado de antecedentes disciplinarios que expidió la Procuraduría General
de la Nación se pudo constatar que no se registran sanciones ni inhabilidades vigentes.
25
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».44
Ahora bien, la señora Orduz Chanaga consolidó el estatus pensional el 16 de agosto
de 2007, de modo que tenía hasta el 16 de agosto de 2010 para reclamar ante la
administración el reconocimiento y pago de la prestación para que sus mesadas
pensionales no fueran objeto de prescripción, lo cual efectivamente se materializó
a través de la reclamación del 26 de julio de 2011,45 razón por la que operó el
fenómeno de la prescripción trienal de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 26 de julio de 2008.46
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
2.5. De la condena en costas
44 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado: i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22
de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de
2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
45 Folios 12 y 13.
46 La demanda fue presentada el 27 de febrero de 2013.
26
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,37 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, en concordancia con el numeral 4 del artículo 365 del CGP,
pese a que se revocará la decisión apelada, se observa que los fundamentos
planteados tanto en la contestación de la demanda como en el trámite de primera
instancia no presentan carencia de fundamentación legal. Contrario a ello, la parte
demandada propuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses y
fue luego del debate jurídico y probatorio que se determinó, en segunda instancia,
la procedencia del derecho, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena
en costas.
3. Conclusión
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00181-01 (0057-14)
Demandante: Teresa Orduz Chanaga
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada por
cuanto la demandante acreditó en el proceso los requisitos para ser beneficiaria de
la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 16 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda de la
referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su
lugar, se dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones UGM020730 del 19 de diciembre
de 2011 y UGM55921 del 14 de septiembre de 2012, mediante las cuales la extinta
Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, negó el reconocimiento de la pensión
gracia de la actora.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Teresa Orduz Chanaga,
identificada con cédula de ciudadanía 41.530.208, en cuantía del 75% del promedio
de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 16 de agosto de 2006 y 16 de agosto de 2007.
Cuarto. Declarar probada la excepción de prescripción de las mesadas
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Demandante: Teresa Orduz Chanaga
pensionales adeudadas a favor de la demandante con anterioridad al 26 de julio de
2008.
Quinto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Sexto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo
señalado en el artículo 192 del CPACA.
Séptimo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES(E)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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