Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2013-00494-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Recurso de apelación en acción popular: modifica decisión que accede parcialmente a las pretensiones de la demanda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2013-00494-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-33-000-2013-00494-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
26 de marzo de 2019
RECURSO DE APELACIÓN EN ACCIÓN POPULAR - Modifica decisión que accede parcialmente a las pretensiones de la demanda / OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR MUROS - En predios urbanos sin construir contiguos a vías públicas / FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS URBANOS SIN CONSTRUIR - No impide que sean cerrados por la administración para efectos de garantizar la protección efectiva de los derechos colectivos / OBLIGACIONES DEL JUEZ - Ordenar el cerramiento de predios urbanos sin construir / VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA
[L]a Sala considera que no le asiste razón al Tribunal a quo, toda vez que la falta de identificación de los propietarios de los lotes sin construir, no impide que sean cerrados por la administración para efectos de garantizar la protección efectiva del derecho a la seguridad y salubridad pública. La imposibilidad de determinar el titular de esos bienes no puede obstaculizar el cumplimiento de las normas que exigen su cerramiento (…) Esta Corporación ha considerado que los lotes sin construir, libres o sin desarrollar que carecen de cerramiento afectan los derechos a la seguridad y salubridad pública, en tanto se pueden convertir en depósitos de escombros y basuras, de manera que si en el proceso se prueba la existencia de lotes en esas condiciones el juez tiene la obligación de ordenar su cerramiento de conformidad con las disposiciones que rigen la materia (…) En el sub examine, de acuerdo con las pruebas documentales, en el Barrio Los Cristales existen lotes sin edificar que no han sido cerrados, lo cual exige la adopción de medidas dirigidas a prevenir la afectación de los referidos derechos colectivos -la seguridad y salubridad pública- (…) Así las cosas, la Sala revocará la sentencia proferida, en primera instancia, en relación con este asunto.
FUENTE FORMAL: ACUERDO 049 DE 2002 EXPEDIDO POR LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ - ARTÍCULO 46
CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA EN ACCIÓN POPULAR - Por identidad de partes, objeto y causa / ADOPCIÓN DE MEDIDAS DIRIGIDAS A FORTALECER LA SEGURIDAD EN EL BARRIO LOS CRISTALES DE TUNJA - Objeto de las acciones populares / INCIDENTE DE DESACATO EN LA ACCIÓN POPULAR - Mecanismo idóneo para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de acción popular
La Sala considera que, en efecto, el derecho colectivo a la seguridad pública de la comunidad del Barrio Los Cristales del Municipio de Tunja fue amparado mediante sentencia proferida, en primera instancia, por el Juzgado Once Administrativo Oral de Tunja, en tanto allí se ordenó la adopción de medidas dirigidas a aumentar el pie de fuerza a través de un plan que permita la atención inmediata de los incidentes o hechos que requieran la intervención de la Policía Nacional. Lo anterior, implica la ubicación estratégica en el perímetro urbano, localidades y barrios de una unidad policial que permita fortalecer el servicio de vigilancia, así como proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Así las cosas, tal como lo consideró el Tribunal A quo, no hay lugar a realizar un pronunciamiento de fondo en relación con la pretensión (…) de la demanda por cuanto se configuró la excepción de cosa juzgada (…) Así las cosas, el juez de la acción popular (…) tiene la competencia específica para verificar si se cumplieron las órdenes impartidas en la sentencia proferida el 6 de octubre de 2011 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y si la Policía Nacional ha llevado a cabo las acciones tendientes a proteger el derecho a la seguridad pública de los habitantes del Barrio Los Cristales o, por el contrario, si es necesaria la adopción de medidas tendientes a la ejecución de la sentencia. En consecuencia, el ordinal primero de la sentencia apelada será confirmado.
CARGA DE LA PRUEBA - Corresponde al actor popular / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL - Puede traer consecuencias desfavorables al actor popular / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL - No se acreditó la necesidad / CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y VISUAL - No se acreditó
En la sentencia proferida, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que no se vulneran los derechos colectivos invocados en la demanda, en relación con la construcción de puentes peatonales, comoquiera que existe un paso demarcado para peatones y un puente cerca del sector (…) Ahora bien, la parte actora no aportó medios de prueba que permitan inferir la necesidad de la construcción de un puente peatonal sobre la avenida sexta con calle 46. La Sala recuerda que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 472, en las acciones populares la carga de la prueba le corresponde a la parte actora (…) Así las cosas, corresponde al actor popular la carga de acreditar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda. La omisión en el cumplimiento de la carga procesal trae consigo posibles consecuencias desfavorables, como una sentencia que niegue las pretensiones de la demanda (…) La carga de la prueba no se invierte de forma caprichosa sino cuando se presentan especiales condiciones que impiden que el interesado la pueda cumplir, como sucede en los eventos en que la parte contraria se encuentra en una posición más favorable para aportar la prueba o, la carga no se puede satisfacer por razones económicas o técnicas (…) En consecuencia, en relación con el aspecto estudiado, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia (…) La parte actora, sostuvo en la demanda que en el Barrio Los Cristales existe por una parte, contaminación auditiva por el ruido que genera el tránsito de vehículos en el sector así como las alarmas de las viviendas y, por el otro, contaminación visual por grafitis (…) [N]o fue posible acreditar la contaminación auditiva en el Barrio Los Cristales del Municipio de Tunja por una conducta imputable a la parte actora al no colaborar con la práctica de las pruebas lo cual, además de desconocer los deberes de las partes , constituye un incumplimiento de una carga procesal, cuya omisión trae consigo la consecuencia desfavorable de la falta de prueba del hecho que sustenta la pretensión (…) Comoquiera que en el caso sub examine la parte interesada, esto es la actora, incumplió con la carga de la prueba no es posible acceder a las pretensiones de la demanda en relación con la contaminación auditiva; en consecuencia, la sentencia proferida, en primera instancia, no será revocada. Respecto a la contaminación visual, la Sala considera que las imágenes que obran en el Disco Compacto (…) no son suficientes para concluir que los grafitis afectan, de forma nociva, las condiciones normales de los elementos arquitectónicos existentes en el Barrio Los Cristales del Municipio de Tunja.
FUENTE FORMAL: LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 30
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00494-01(AP)
Actor: LUIS GUILLERMO LÓPEZ MARTÍNEZ Y OTROS
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL Y MUNICIPIO DE TUNJA
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 13 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación:
ANTECEDENTES
La demanda
Luis Guillermo López Martínez y otros, en el marco del artículo 88 de la Constitución Política, de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 y de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y el Municipio de Tunja por la presunta vulneración de los derechos colectivos previstos en los literales d),e), g), h), j), k), l), y m) del artículo 4.º de la Ley 472.
Pretensiones
Las pretensiones invocadas en el escrito de la demanda son las siguientes:
“[…] PRIMERO:
Que se declare que la administración municipal de Tunja por omisión del cumplimiento de su deber ser y labor misional básica, vulneró abierta y flagrantemente principios constitucionales y legales; por ende se proceda amparar los derechos e intereses colectivos (sic) ciudadanos de los habitantes del barrio “Los Cristales” de la ciudad de Tunja, a:
El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
La defensa del patrimonio público;
La seguridad y salubridad públicas;
El acceso a una infraestructura de servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
La realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Razón por la cual se debe Declarar (Sic) la urgente e imperiosa necesidad de protección de los mismos, dentro de plazos perentorios, metodologías y ejecuciones a continuación señaladas.
SEGUNDO:
Con fundamento en los hechos relacionados, solicitamos al señor Juez impartir orden perentoria tanto al Concejo Municipal de la Ciudad de Tunja de asignación de los recursos públicos necesarios, como al seños Alcalde y por su conducto a todos cuantos conformen directa e indirectamente la Administración Pública Municipal de la ciudad, la ejecución de gestiones de toda índole, implementación de estrategias, ejecución de tareas y obras, dentro de los plazos perentorios o condiciones señaladas por éste juzgado, hasta lograr conjurar el peligro emergente y eventual daño contingente, ejecutando la construcción y dotación en el barrio “Los Cristales”, de las infraestructuras públicas adecuadas, condiciones especiales de seguridad peatonal, de vigilancia policial, de servicios públicos óptimos, de amueblamiento urbano excepcional e implementado de manera DEFINITIVA con vigilancia de ejecución PERMANENTE por parte del juzgado, de las siguientes obras civiles y labores públicas tendientes a lograr la protección a nuestros derechos e intereses colectivos ciudadanos:
La construcción, adecuación, dotación y funcionamiento permanente de un CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA, “CAI” realmente operativo y EFICAZ, en inmediaciones del barrio “Los Cristales”, con real autonomía operativa.
A efecto de lograr finalmente que nuestra comunidad sea beneficiada de la óptima prestación del servicio público de vigilancia policial a que el Estado Colombiano se halla obligado a prestar y con la finalidad de lograr un contacto continuo con la comunidad, en aras de prevenir el delito y la contravención, atender los requerimientos ciudadanos en materia de seguridad y convivencia, mediante el empleo eficiente y oportuno de los elementos disponibles y medios tecnológicos aplicables; (sic)
Se ordenará por parte de éste Juzgado, al señor Alcalde municipal de Tunja, a quien la policía deberá cumplir con diligencia y prontitud sus órdenes; proceder a dictar los reglamentos, impartir órdenes, adoptar las medidas y utilizar los medios presupuestales, logísticos y de policía necesarios, hasta lograr garantizar plenamente la seguridad ciudadana en forma permanente, adecuada, eficiente, eficaz y oportuna, hasta asegurar las condiciones necesarias para la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo y la protección de los derechos, libertades públicas y tranquilidad ciudadana de los habitantes del barrio ”Los Cristales” y sectores aledaños; ejecutando lo necesario y pertinente para dotar al servicio del área comprendida entre los barrios “Los Cristales” – “J.J. Camacho” – “Las Quintas” – “Pozo de Donato” – “Canapro” – “Los Héroes” – “Rosales” – “Santa Inés” – el recientemente construido complejo habitacional “María Fernanda” y el amplio sector comercial/bancario con epicentro “Centro Norte/Olímpica”, de un Centro de Atención Inmediata –CAI- para el que deberá ser asignado como mínimo de (Sic):
Un (1) comandante con rango de oficial, que asuma el mando y la responsabilidad de la operatividad.
Como mínimo, SEIS (6) unidades policiales profesionales permanentes las 24 horas; dotados de los recursos necesarios para la prestación de un servicio público de Policía adecuado.
Un (1) carro patrulla con su respectivo conductor
Dos (2) motocicletas con sus respectivos pilotos
Equipo de comunicación
Implementación de un plan operativo, concertado con nuestra comunidad y específicamente pre diseñado para el sector; medible y evaluable, que verdaderamente ejerza presencia y actividad real en la zona; plan en el que se deberá incluir dentro de un sistema rotativo, el “tráiler” referido en el numeral 3.1.1. anterior, para ser movilizado cíclicamente, dentro del concepto del CAI móviles (sic) regidos por las Tablas de Organización Policial “TOP”, en aquellos lugares neurálgicos que requieran atención especial y permanente, de los barrios “Los Cristales” – “Las Quintas” – “Pozo de Donato” – “Canapro” – “J.J. Camacho” – “Los Héroes” – unidad residencial “María Fernanda”- sector comercial y bancario con eje el “Centro Norte/Olímpica” y/o aquellos lugares de éste sector que presenten problemáticas merecedoras de una atención específica, bajo un enfoque de integralidad, que permite la cobertura y desarrollo de procesos en materia de prevención, disuasión y control de los delitos y contravenciones, que coadyuven a satisfacer las necesidades de seguridad ciudadana y favorecen las condiciones de gobernabilidad de las autoridades.
LUGAR INICIALMENTE SUGERIDO
Sobre la avenida Sexta, al costado occidente del Río “Chulo” frente a la Iglesia del barrio “Santa Inés”, zona verde y de parqueadero aledaño al edificio administrativo de “Salud Coop”, u otro técnicamente viable, acordado con nuestra comunidad del barrio “Los Cristales” que sea considerado como apto para el efecto.
Ordenar a la administración municipal, realizar las gestiones pertinentes hasta lograr ejecución de las obras civiles de rigor, en aras a la prevención de desastres de alto riesgo, mediante la ejecución de acciones urbanísticas eficientes de construcción de DOS (2) puentes peatonales que deberán ser colocados al servicio de la comunidad, en las siguientes ubicaciones:
Avenida sexta con calle 46, entregando al frente, sobre la cede hoy de “Claro” antes “Telmex”.
Avenida sexta, lugar posterior a las oficinas de la “Nueva EPS” de la Av. Norte Cra. 6 entre el Nº 44-84 Y 45-10.
En el contexto y apoyo del Art. 87 Constitucional solicitamos del juzgado ordenar perentoriamente a la Alcaldía de Tunja:
El inmediato cumplimiento a la normatividad legal vigente relacionada con el control y cerramiento de los LOTES SIN CERCAR referido en el DECRETO 1355/70 y Código de Policía de Boyacá adoptado mediante Ordenanza Departamental Nº 049 de 2002 en cuyo artículo 46 impone la “OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR MUROS”, bien sea por cuenta de sus propietario o de la propia administración pública municipal, con cargo a éstos, mediante el cobro acumulativo de las sanciones pecuniarias señaladas, más los intereses financieros de rigor.
La ejecución de acciones urbanísticas eficientes inmediatas, relacionadas con la construcción y dotación de andenes en la totalidad de los lugares en los que hoy se carezca de tan vital elemento de seguridad peatonal, dentro del territorio del barrio “Los Cristales”.
Adicionalmente en ejercicio de rescate del espacio público, sean retiradas de los andenes hoy existentes, aquellas canastillas de la basura indebidamente colocadas que obstaculizan su uso adecuado.
Ordenar a la Alcaldía de Tunja, la concreción y ejecución real, pronta y efectiva de los trabajos indispensables que logren la total reparación de las vías públicas pertenecientes al barrio “Los Cristales” entre las carreras 6 y 8 A – desde la calle 43 a la 46, hasta propiciar óptima ejecución de acciones urbanísticas eficientes y SEGURAS.
Ordenar al señor Alcalde Municipal de Tunja:
La inmediata ejecución y toma de aquellas medidas preventivas útiles en el control y recuperación de la salubridad pública, generadas por las problemáticas arriba señaladas. Entre otras:
Que la empresa responsable del aseo de la ciudad, revise e implemente los correctivos indispensables que logren evitar el horroroso aspecto fidedignamente en el material fotográfico aquí allegado; e incremente la atención en el barrido de calles, pasando de una a dos veces por semana y limpieza y poda de áreas públicas, incluidos los senderos peatonales, mínimos de manera bimensual.
Que por analogía del Art. 2355 de Código Civil, se les conmine caucionando, para que en lo sucesivo los residentes, llámese propietarios o arrendatarios del edificio “Sugamuxi” ubicado en la calle 46 Nº 8-03 “Los Cristales”, se abstengan de arrojar elementos o basuras desde la parte alta; opten por implementar y hacer cumplir un reglamento interno de convivencia y para que se abstenga de realizar ruidosas reuniones moderando sus comportamientos que molestan, afectan y afean al vecindario.
Que por imposición del fallo, se le conmine al Sr. Alcalde de Tunja, hacer respetar el espacio público perteneciente al barrio “Los Cristales”, mediante el retiro y reubicación a lugares apropiados, de aquellas canastillas de recolección de basuras ancladas inconvenientemente sobre los andenes u obstruyendo los senderos peatonales.
Entre otras:
Edificios “Sugamuxi” Calle 46 Nº 8-03 “Los Cristales”
Edificios “Altos de Cristal” de la Calle 46 Nº 8B 11
Casa de la Cra. 8 Nº 45 87 y demás notorias a la vista pública.
Ordenar a la Alcaldía de Tunja, para que:
Mediante ejercicios de concertación, involucrando tanto a directivos de los establecimientos educativos Escuela Normal Femenina “Leonor Álvarez Pinzón”, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC-, sala maternal “Mamá Canguro”, jardín público “María Cristina Perico C.”, representantes legales de las empresas prestatarias del servicio público de transporte automotor tanto Especial/Escolar como urbano y los conductores de los vehículos particulares que igualmente atienden este servicio; se diseñe, suscriba e implemente y ejecute un esquema operativo de tránsito vehicular específico para el área de influencia a los precitados planteles educativos, dando prioridad al aspecto peatonal y de seguridad de los educandos dada la particularidad de ser sector eminentemente residencial el barrio “Los Cristales”, dentro del que deberá ser incluidas medidas que erradiquen definitivamente el uso indebido de nuestras vías urbanas y espacio público, tanto por los transportadores de vehículos pesados de carga, intermunicipal de pasajeros, o por ilegal estaciones de taxis que debe ser retirada o en el peor de los casos, reubicada a lugares adecuados para el servicio, al que el municipio deberá dotar de batería de baños, zona de estacionamiento separadas a las vías públicas, reglamento interno de funcionamiento, contenedores para las basuras de los vehículos, control policial permanente etc, etc.
En aras a la debida protección que se debe surtir en favor de la población estudiantil y del peatón en general; se disponga la colocación de resaltados en la vía pública, sobre el trayecto que parte desde la boca calle que conecta al barrio “Los Cristales” con la carretera a Arcabuco/Bucaramanga, entrada principal de la Escuela Normal Femenina “Leonor Álvarez Pinzón”, bajando por la calle 45 hasta encontrar la Avenida sexta.
Ordenar a la Administración Pública Municipal de Tunja, tomar medidas y correctivos necesarios en procura a lograr la protección ambiental, ejecutando aquellas medidas señaladas por norma, en el control y erradicación de la grave contaminación de que a diario somos víctimas:
Auditiva:
Ejerciendo las labores propias de la autoridad, combinadas bien sea de tipo informativo, educativo, coercitivo y sancionatorio indispensables, hasta lograr la erradicación del cúmulo de causas arriba descrita, generadora de la contaminación auditiva.
Previo al censo que deberá realizar por orden del Sr. Alcalde, la POLICÍA NACIONAL, que logre identificar plenamente aquellos sistemas de alarmas domiciliarias sin control, para conminarlos y de ser renuentes o reincidentes, sancionarlos hasta lograr que estos sistemas cumplan de manera óptima la función para la que fueron creados.
Una de tantas y quizá la más contaminante; aquella instalada dentro de la vivienda de propiedad de la Sra. CARMENZA de PERTUZ, de la Cra. 8 Nº 45 87.
Visual:
La Alcaldía, deberá con el apoyo de la Policía Judicial, realizar las investigaciones y establecer identidades de aquellos grafiteros responsables de la destrucción de nuestras fachadas; en virtud a las señales particulares de cada grafiti, es claro y fácil determinar que se trata de unos pocos sujetos objetivamente identificables a quienes, una vez reconocidos, se les debe conminar a volver a pintar las partes dañadas y/o denunciarlos ante la Fiscalía por el delito de Daño en Bien Ajeno. […]”
Presupuestos fácticos
En síntesis de la Sala, los hechos que fundamentan la demanda son los siguientes:
La parte actora señaló que en el Barrio Los Cristales se requiere la adopción de medidas especiales para garantizar la seguridad peatonal, los servicios públicos, la vigilancia policial y el amueblamiento urbano excepcional. Lo anterior, porque por este lugar transita la población estudiantil, los usuarios de la sala maternal denominada Mamá Canguro y, en general, habitantes de otros barrios.
Sostuvo que la comunidad ha presentado varias peticiones para la atención de estas necesidades sin tener respuesta positiva por parte de las autoridades públicas.
Precisó que las causas que afectan los derechos colectivos de la comunidad del Barrio Los Cristales, son las siguientes:
La seguridad, por la tardía atención de los hurtos por parte de la Policía Nacional porque su centro de operación se encuentra ubicado en un lugar apartado, esto es, en el Centro de Atención Inmediata – CAI Los Muiscas o la Estación Central.
Agregó que “[…] Si bien es cierto, tal cual lo muestran las fotografías adjuntas, hoy existe un inerme e inmóvil “tráiler”, con los distintivos policiales, recientemente trasladado de un costado a otro del puente peatonal “Santa Inés”; resulta ser elemento tan inoperante e ineficiente, como su propio sistema de locomoción, pues es absurdo e ilusorio y contrario a las normas que rigen la operación policial, pretender brindar un servicio público de vigilancia y control policial adecuado, a un sector conformado por más de siete (7) nutridos barrios e importante sector comercial y bancario, con UN (1) indefenso patrullero, que a duras penas logra custodiar el puente peatonal y su propio albergue, el cuestionado “tráiler” […]” (Resaltado del texto original)
La salubridad pública, porque en el sector se encuentran unos lotes baldíos sin cercar que se utilizan para arrojar basuras y “[…] para llevar canes domésticos a hacer sus necesidades fisiológicas, aunadas a las que comúnmente se observan realizar por parte de los señores conductores de taxi”. Lo anterior, según la parte actora, genera la presencia de ratas.
Además, la parte actora afirmó que el pésimo estado de la capa asfáltica genera barro y suciedad; no hay lugares para depositar basuras y el servicio de aseo se presta un día a la semana; y los arrendatarios de los edificios Sugamuxi y Altos del Cristal ubicaron canastillas para la recolección de basuras, las cuales son lanzadas desde pisos altos.
La carencia de puentes peatonales que garanticen la seguridad de los habitantes del sector.
La invasión del espacio público por parte de los taxistas que se ubican en la carrera 8.º entre calles 45 y 46, así como la aparición de “jaurías” de perros.
La contaminación visual, generada por los grafitis. Así como la contaminación auditiva producto de la actividad de los taxistas, las rutas escolares, los vendedores de leche, entre otros.
La parte actora, agregó que en los lotes baldíos sin cerrar y en el cruce e intersección de la carrera 8 con calle 47 no hay andenes, lo cual, en su criterio, genera un riesgo para los peatones.
Por último, destacó que en el sector transitan vehículos a velocidades altas y de carga pesada.
Solicitud de medida cautelar
En la demanda la parte actora solicitó, como medidas cautelares, las siguientes:
“[…] 8.1. Ordenar sean implementar (sic) de inmediato medidas efectivas de vigilancia policial en todo el sector del barrio “Los Cristales”, en especial en los lotes baldíos/escondite y aquel lugar aledaño identificado como Avenida Norte, Cra. 6 entre el Nº 44-84 Y 45-10 donde se halla un sendero peatonal, que por ausencia TOTAL policial atracan de día y de noche.
8.2. Ordenar ejercer un efectivo control del tráfico vehicular, especialmente en las horas pico de ingreso y salida de estudiantes de los centros educativos aledaños al sector y respecto al impedimento y sanción del paso del tráfico tipo pesado y del servicio intermunicipal por el sector.
8.3. Mientras se ejecutan los trabajos de las obras civiles solicitadas, ordenar la colocación de señales o barreras provisionales, a lo largo y ancho del territorio del barrio “Los Cristales” a donde actualmente se carece por completo de los andenes y su área de influencia, a efecto de evitar lamentables e irreversibles accidentes que puedan comprometer la integridad de seres vivos.
8.4. La toma de las medidas preventivas tendientes a neutralizar y minimizar los riesgos más urgentes que hoy son latentes contra nuestra integridad, principalmente en aquellos lugares de alta vulnerabilidad.
8.5. Aquellas que su despacho considere viables y prioritarias, en aras a la protección de la integridad (sic) y de la integridad física y la propia vida de los indefensos peatones. […]” (Destacado del texto original).
Actuaciones en primera instancia
Inicialmente la demanda fue radicada ante el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Tunja; no obstante, mediante providencia proferida el 11 de junio de 2013, ese despacho judicial, ordenó remitir el expediente por competencia al Tribunal Administrativo de Boyacá.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto proferido el 18 de julio de 2013, admitió la acción popular, vinculó como parte demandada a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y ordenó notificarla personalmente, así como al Municipio de Tunja y al Procurador Delegado ante esa corporación para que procedieran a su contestación, propusieran excepciones, solicitaran pruebas y allegaran los documentos que pretendieran hacer valer como pruebas.
El A quo, mediante auto proferido el 12 de septiembre de 2013, negó la medida cautelar solicitada en la demanda por considerar que no cumplía los requisitos legales para su decreto.
El 6 de febrero de 2018, el Municipio de Tunja, por conducto de apoderada especial, solicitó la nulidad de la actuaciones procesales surtidas desde el auto admisorio de la demanda, porque, en su criterio, se incurrió en la causal prevista en el numeral 8.º del artículo 133 del Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Civil, CPC. Lo anterior, en atención a que no se envió la notificación del auto admisorio de la demanda al correo electrónico de la entidad destinado, de forma exclusiva, a recibir notificaciones judiciales.
El Tribunal A quo, mediante auto proferido el 13 de marzo de 2014, negó la solicitud de nulidad toda vez que “[…] para dar cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio, la secretaría de la corporación, según copia obrante a folio 130, envió correo el día 13 de agosto de 2013 a: HYPERLINK "mailto:deboy.notificacion@policia.gov.co" deboy.notificacion@policia.gov.co; alcaldia@tunja.gov.co; HYPERLINK "mailto:juridica@tunja.gov.co" juridica@tunja.gov.co; procjudam45procuraduria.gov.co; HYPERLINK "mailto:juridica@defensoria.org.co" juridica@defensoria.org.co; siendo el asunto: “NOTIFICACIÓN PERSONAL DEMANDA-PROCESO ACCIÓN POPULAR-RADICACIÓN 2012-00494-00”. En el que se informa que “ME PERMITO NOTIFICARLO DE LA DEMANDA” […]”.
El Municipio de Tunja, interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión con fundamento en los mismos argumentos de la solicitud de nulidad.
El A quo, mediante providencia proferida el 8 de mayo de 2014, resolvió reponer el auto y “[…] Decretar la nulidad de la providencia de 12 de septiembre de 2013, mediante la cual se resolvió la solicitud de medida […]”, toda vez que la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá envió la notificación al correo HYPERLINK "mailto:juridica@tunja.gov.co" juridica@tunja.gov.co, a pesar que el Municipio de Tunja solicitó que ésta se enviara al correo HYPERLINK "mailto:juridica@tunja-boyaca.gov.co" juridica@tunja-boyaca.gov.co.
Asimismo, en esa providencia, el Tribunal Administrativo de Boyacá precisó que “[…] la actuación procesal que se ha omitido en el presente proceso es la notificación del auto admisorio de la demanda y del traslado de la medida cautelar al Municipio de Tunja, pero en ningún caso el contenido de esas providencias se encuentran provistas de nulidad. Situación diferente que sucede con el auto mediante el cual se resuelve la medida cautelar pedida por el demandante, del que sí es procedente declararla, puesto que se le negó la posibilidad al municipio de pronunciarse, al no haberse corrido el respectivo traslado y efectuado la notificación correspondiente […]”.
El A quo, mediante auto proferido el 16 de junio de 2014, resolvió negar la medida cautelar con fundamento en que no se demostró la inminencia de un daño o afectación a los derechos colectivos invocados en la demanda.
La audiencia especial de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el día 29 de julio de 2017 y se declaró fallida por falta de voluntad conciliatoria de las partes. A continuación, el A quo decretó pruebas mediante auto proferido el 26 de agosto de 2014.
Una vez vencido el periodo probatorio, mediante auto proferido el 19 de marzo de 2015, se corrió traslado común a las partes por el término de cinco (5) días para que presentaran sus alegatos de conclusión, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 472.
Las intervenciones de la parte demandada
La Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por conducto de apoderada especial, se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que la entidad no ha vulnerado los derechos colectivos que se invocan en la demanda.
Luego de referirse a las funciones de la Policía Nacional, precisó que, para la vigencia del año 2012, en el Barrio Los Cristales funcionaba el cuadrante Rosales. Posteriormente, el 25 de mayo de 2013, ese cuadrante se dividió en dos (2), teniendo en cuenta la problemática social, el cual abarca dieciocho (18) barrios.
Manifiesta que “[…] el personal a cargo del cuadrante se encuentra dividido en 3 turnos de vigilancia de 8 horas cada uno, por lo que durante el servicio se adelantan actividades del plan metodológico del Plan Nacional de Vigilancia comunitaria por cuadrantes PNVCC […]”, las cuales consisten en campañas educativas y de gestión comunitaria, reunión con líderes, recolección de información dirigida a inteligencia, control de pesas y medidas, registro a personas así como a vehículos, contacto con cooperantes y ciudadanos, control de establecimientos públicos y contravenciones.
Indica que en el Barrio Los Cristales no funcionan establecimientos públicos dedicados a la venta de bebidas embriagantes o que generen aglomeración, excepto la discoteca Joaquina que es sometida a control permanente.
Destacó que el cuadrante cuenta con un CAI móvil ubicado en el puente peatonal del Barrio Santa Inés, a menos de quinientos (500) metros del Barrio Los Cristales.
La entidad adujo que en caso de alteración del orden público en el sector, se solicita apoyo de los cuadrantes cercanos conformados por cinco (5) motocicletas, diez (10) profesionales, patrullas de SIJIN, SIPOL e Infancia y Adolescencia.
Sostiene que la problemática del Barrio Los Cristales es de carácter contravencional, porque algunos residentes no cumplen los horarios para disponer la basura en el espacio público, las mascotas realizan sus necesidades fisiológicas en los andenes y algunos vehículos son parqueados al frente de los garajes.
Afirma que, en el mes de septiembre de 2013, se instaló una cámara para la vigilancia del sector.
Propuso la excepción previa de cosa juzgada con fundamento en que el derecho colectivo a la seguridad pública de los habitantes del Barrio Los Cristales de Tunja fue objeto de protección mediante sentencia proferida, en primera instancia, el 6 de octubre de 2011 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja en la que se ordenó a la Policía Nacional “[…] tomar las medidas necesarias para que se abarcara con seguridad a todos los sectores de la Ciudad de Tunja con la adecuación de Centros de Atención Inmediata Móviles y con la presencia del personal calificado a través de un plan de trabajo detallado, dicha decisión fue confirmada en Segunda Instancia por el H. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Dual de Decisión de Descongestión Nº 10 DEL Once (11) de Mayo de Dos mil Doce (2012) […]”.
El Municipio de Tunja, mediante apoderada especial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.
Aseveró que la Policía Metropolitana de Tunja tiene por objeto atender las necesidades del servicio policial. Asimismo, se refirió a los procesos de contratación adelantados por el Municipio para fortalecer la seguridad en el área de su jurisdicción.
Por una parte, respecto a la vulneración del derecho a la salubridad pública, consideró que la demanda carece de sustento fáctico y probatorio; y, por la otra, en relación con los argumentos de falta de puentes en el Barrio Los Cristales, citó el contenido del oficio núm. SI-839/2007 de 27 de mayo de 2007 de la Secretaría de Infraestructura, según el cual se celebró el Contrato de Consultoría núm. 333 de 2013 con el objeto de elaborar estudios y diseños para rehabilitar los puentes peatonales del Municipio de manera que permitan el ingreso de personas en condición de discapacidad.
Sobre el particular, concluyó que la prioridad del Municipio es el arreglo, reforzamiento y rehabilitación de los puentes peatonales existentes previo a la construcción de un nuevo paso peatonal. Agregó que “[…] se encuentran actualmente habilitados dos pasos peatonales para el cruce seguro de la población del sector. Hacia el norte del sitio en mención se localiza un puente peatonal, frente al acceso del barrio Santa Inés a una distancia no superior a 300 metros lineales. Hacia el sur del sitio de la petición, se encuentra un paso peatonal a nivel debidamente sanforizado (sic) a una distancia no superior a los 150 metros lineales […]”.
Asimismo, indicó que en el sector hay pasos peatonales habilitados y que no es posible construir un puente peatonal sobre la avenida norte con calle 46, por falta de espacio para la obra.
También sostuvo que no es posible la construcción de un puente peatonal sobre el Río Jordán comoquiera que constituye una zona de protección y allí se encuentra una vía férrea; agregó que, según la Ley 769 de 6 de julio de 2002, el corredor férreo es un bien de uso público de carácter Nacional que se destina, de forma exclusiva, a la prestación del servicio de transporte férreo.
Destacó la instalación de varias señales reglamentarias SR-18 de Circulación Prohibida de Vehículos de Carga, la realización de controles esporádicos, la ubicación de unidades operativas de la Secretaría de Tránsito y Transporte en las horas de entrada y salida de los estudiantes en la Escuela Norma Superior Leonor Álvarez Pinzón.
Asimismo, adujo que en los años 2012 y 2013, el ente territorial celebró contratos para el mantenimiento, recuperación y/o mejoramiento de la malla vial.
Aclaró que “[…] el mismo accionante solicitó al Municipio de Tunja el mantenimiento de la calle entre carrera 8 y Avenida Norte; situación que en forma eficiente y eficaz fue atendida por la Administración Municipal y celebró el contrato de obra anteriormente señalado, no solo para el mantenimiento vial sino para la reconstrucción total desde estructura de vía hasta acabado en mezcla densa caliente […]”.
Propuso como excepciones las siguientes: i) improcedencia de la acción popular por inexistencia de acciones u omisiones del ente territorial que conlleven a su responsabilidad; ii) cosa juzgada respecto de algunas pretensiones, porque el derecho colectivo a la seguridad pública de los residentes del Barrio Los Cristales fue protegido mediante sentencia proferida, en primera instancia, el 6 de octubre de 2011 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 11 de mayo de 2012; y iii) hecho superado respecto de la recuperación de las vías.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia proferida, en primera instancia, el 13 de junio de 2016, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- SE DECLARA probada la excepción de cosa juzgada frente a la vulneración del derecho a la seguridad pública por parte de la Policía Nacional y el Municipio de Tunja, en lo relacionado con la pretensión de instalar un Centro de Atención Inmediata CAI de la Policía Nacional en el barrio “Los Cristales” de la ciudad de Tunja y aumentar el pie de fuerza policial en dicho barrio, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- SE DECLARA que el Municipio de Tunja vulneró los derechos colectivos relacionados con al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, al goce del espacio público, utilización y defensa de los bienes de uso público, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes de los que son titulares los habitantes del barrio “Los Cristales” del Municipio de Tunja, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO.- SE DECLARA HECHO SUPERADO en relación con la pavimentación de la Cl. 43 (sic) que conduce a la Cll. (sic) 46 del barrio “Los Cristales”, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
CUARTO.- SE ORDENA al Municipio de Tunja, en cabeza de su representante legal que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, adelante el proceso pre-contractual y contractual tendiente a seleccionar el contratista, para que previa determinación de los andenes a construir según su competencia sobre los bienes baldíos o de su propiedad, lleve a cabo la construcción de los andenes en el barrio los “cristales”. Se otorga el mismo tiempo para que el Municipio en virtud de sus facultades legales, requiera a los propietarios de los inmuebles construidos para que realicen la cesión del área que corresponda y en consecuencia construyan el andén, imponiendo las sanciones a que haya lugar. Asimismo y vencido el término anterior, se otorgará un plazo máximo de tres (3) meses, para ejecutar las obras tendientes a amparar el derecho acá protegido.
QUINTO.- ORDENAR al Municipio de Tunja en cabeza de su representante legal que a partir del término de ejecutoria de esta sentencia identifique, verifique y ubique las canastillas para la basura que se encuentran en el barrio “Los Cristales”, para que en un término no superior a veinte (20) días de la identificación, se proceda a la reubicación de aquellas que obstaculicen verdaderamente el paso peatonal en los andenes.
SEXTO.- ORDENAR al Municipio de Tunja a través de su representante legal si aún no lo ha hecho que en el término de tres meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, adelante el proceso pre-contractual y contractual tendiente a seleccionar el contratista, a fin de llevar a cabo las obras de rehabilitación o reconstrucción de la malla vial ubicada frente a la Escuela Normal Femenina “Leonor Álvarez Pinzón” y a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia del Barrio “Los Cristales”. Vencido el plazo anterior se otorga un término máximo de tres (3) meses para ejecutar la obra.
En caso de que ya se hayan efectuado las obras, se deberá allegar al expediente informe que dé cuenta de ello, acompañado del correspondiente registro fotográfico y probatorio que así lo demuestre.
SÉPTIMO.- ORDENAR al Municipio de Tunja a través de su representante legal que en concertación con la Policía Nacional, a partir del término de ejecutoria de esta sentencia y en un plazo no superior a cuarenta (40) días, y solo durante el calendario escolar, diseñen, implementen y ejecuten, un plan y/o esquema operativo de tránsito vehicular específico para el área del barrio “Los Cristales”, dando prioridad al aspecto peatonal y de seguridad vial.
Dentro de dicho plan y/o esquema debe preverse, implementarse y ejecutarse, la demarcación de la zona escolar, con disposición de reductores de velocidad que garanticen que efectivamente los vehículos deben reducir la velocidad en un amplio sector de la entrada – salida de la Escuela Normal Femenina “Leonor Álvarez Pinzón”, para lo cual deben disponerse entre otros los recursos humanos, tanto de la Secretaría de Tránsito del Municipio como de la Policía Nacional, para que a la hora de entrada y/o salida del plantel, exista personal capacitado y autorizado, para garantizar el acatamiento de las normas de tránsito tanto de los peatones como de los vehículos y salvaguardar prioritariamente la integridad de los menores que allí estudian, del cual deben remitir copia a este Despacho para su verificación.
OCTAVO.-ORDENAR al Municipio de Tunja a través de su representante legal en colaboración con la Policía Nacional, para que en un término no superior a cuarenta (40) días, contados a partir del término de ejecutoria de esta sentencia, diseñe, estructure y cree un plan de seguridad y vigilancia vial relacionado con el uso indebido de las vías del barrio por parte de los vehículos de carga pesada y de transporte público intermunicipal e interdepartamental, del cual deberán remitir copia de este Despacho para su verificación.
NOVENO.- ORDENAR al Municipio de Tunja a través de su representante legal, que en un término no superior a diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, adopte las medidas del caso, tendientes a la efectiva des-habilitación y demolición del puente peatonal de madera ubicado sobre el Río Jordán parte posterior a las oficinas de la “Nueva EPS” de la AV. Norte Carrera 6 Nº 44-84, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Del cumplimiento de la orden impartida se deberá informar a esta Corporación allegando los soportes del caso.
DÉCIMO.- SE NIEGAN las demás pretensiones.
DÉCIMO PRIMERO.- En virtud de lo previsto en el art. 34 de la Ley 472 de 1998 se conforma el COMITÉ DE VERIFICACIÓN por el accionante, el personero del Municipio de Tunja, el Representante del Ministerio Público que ha actuado en este proceso, un representante de la Alcaldía de Tunja y una de la Policía Nacional, quienes deberán presentar un informe mensual del cumplimiento de lo ordenado en el presente fallo.
DÉCIMO SEGUNDO.- Por Secretaría COMUNÍQUESE el nombramiento a los integrantes del Comité de vigilancia.
DÉCIMO TERCERO.- Adviértase a los demandados que su incumplimiento a las órdenes aquí impartidas, darán lugar a la sanción de que trata el art. 41 de la Ley 472 de 1998.
DÉCIMO TERCERO.- (Sic) Remítase copia de esta providencia al señor Defensor del Pueblo para los fines del art. 80 de la Ley 472 de 1998.
DÉCIMO CUARTO.- SIN CONDENA EN COSTAS, en virtud de lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
DÉCIMO QUINTO.- Cumplido lo anterior y de no ser impugnado, archívese el expediente dejando las constancias y anotaciones de rigor en el Sistema Único de la Rama Judicial “Justica Siglo XXI” […]”
El A quo, en primer término, se refirió a las excepciones propuestas por la parte demandada. Sobre la improcedencia de la acción popular por inexistencia de acciones u omisiones del ente territorial que conlleven responsabilidad y el hecho superado, consideró que se trata de argumentos de defensa.
Por el contrario, estudió la excepción de cosa juzgada. Afirmó que la vulneración al derecho colectivo a la seguridad pública, por escasa presencia de la Policía Nacional en el Barrio Los Cristales, fue protegido en la sentencia proferida en el proceso radicado bajo el núm. 15001 33 31 0011 2009 0133. Por lo tanto, consideró que se configuró la excepción de cosa juzgada frente a ese derecho colectivo.
A continuación, el A quo se refirió a las características generales de las acciones populares, a los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y la seguridad y la salubridad pública.
Afirmó que las fotografías aportadas al proceso deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica y, en conjunto, con los demás de medios de prueba, toda vez que no fueron tachadas por la parte demandada.
Aseveró que en la avenida sexta con calle 46 no es posible construir un puente peatonal comoquiera que se cuenta con un paso peatonal “semaforizado” y un puente peatonal a la entrada del Barrio San Inés, es decir a menos de trescientos (300) metros hacia el sur. Agregó que “[…] no se puede pretender la instalación de cruces o pasos peatonales en cada lugar que los ciudadanos consideren necesarios, pues de ser así, tendrían que obrar en el expediente las justificaciones para ello, con base en estudios serios de flujo vehicular y peatonal que demuestren la insuficiencia de los pasos o cruces peatonales ya existentes, avalados de ser el caso por la autoridad de Tránsito y Transporte, asunto que en el sub examine no se encuentra acreditado y por tanto, no hay prueba de la cual se infiera una justificación para tomar alguna medida nueva al respecto […]”.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, consideró que es improcedente la construcción del puente en la avenida sexta, posterior a las oficinas de la “Nueva EPS” de la Av. Norte Carrera 6 entre el Nº 44- 84 y 45 – 10, porque existe otra vía de acceso aproximadamente a ciento ochenta (180) metros del sector. Además, sostuvo que “[…] en atención a lo previsto por el art. 58 de la Ley 769 de 2002 no puede ordenarse la construcción de un puente peatonal en esta zona, toda vez que el puente necesariamente empalmaría casi que de forma directa con la vía férrea, convirtiéndose en un paso no autorizado y ello traería consigo que los transeúntes ocuparan la zona de seguridad y protección de la misma, la cual se establece a una distancia no menor de doce (12) metros a lado y lado del eje de la vía […]”.
Sostuvo que se probó que hay varios lotes sin cerramiento, lo cual incumple lo establecido en el artículo 46 de la Ordenanza núm. 049 de 2002 expedida por la Asamblea del Departamento de Boyacá, que establece que los predios urbanos sin construir, contiguos a vías públicas, deben mantenerse cerrados con muros a una altura mínima de 1.50 metros.
Consideró que no es posible desconocer “[…] las actuaciones desplegadas por el Municipio de Tunja para hacer frente a la situación que da origen a la vulneración de los derechos colectivos invocados frene al tema de los lotes sin construir que están sin cercar; sin embargo, no se encuentra razón que justifique el amparo del derecho en los términos solicitados, toda vez que la parte actora no allega los elementos probatorios suficientes, conforme a los cuales se demuestre que los demás terrenos no identificados son baldíos como lo anuncian en la demanda y frente a los cuales no se ha podido identificar el propietario, carga que estaba en cabeza de los actores populares por lo que en relación con este derecho (sic) y por lo tanto, se negará la pretensión […] ”.
En relación con la construcción de andenes manifestó que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, ésta actividad es obligación del Municipio. En su criterio, está probado la ausencia de algunos andenes en el sector que ponen en riesgo la vida de los transeúntes del Barrio Los Cristales.
Sobre la ubicación de canecas que obstaculizan el espacio público, concluyó que el Municipio debe reubicarlas.
Frente a la pretensión dirigida a que se reparen la totalidad de las vías públicas del Barrio Los Cristales, consideró que esto ya fue realizado por el Municipio de Tunja. Sin embargo, en la Escuela Normal Femenina Leonor Álvarez Pinzón y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC el pavimento tiene hendiduras que pueden causar accidentes de tránsito. Por lo tanto, ordenó la realización de obras de rehabilitación de la malla vial.
Además, encontró probada la congestión vehicular. En efecto, adoptó la medida descrita en el ordinal séptimo de la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia.
También consideró que se probó el tránsito de vehículos de carga y de transporte intermunicipal por las vías urbanas circunscritas al Barrio Los Cristales.
En relación con la contaminación auditiva, advirtió que según el oficio S/J 559 de 28 de mayo de 2014 suscrito por el Secretario de Protección Social del Municipio de Tunja se realizó una visita al Barrio Los Cristales, pero que “[…] los accionantes no solo se negaron a la realización de las pruebas tendientes a comprobar la afectación sonora, sino que además no colaboraron con la realización de las mismas pidiendo al delegado para la visita que la Alcaldía buscara otros medios para hacer la comprobación […]”. Con fundamento en lo anterior, negó el amparo relacionado con la contaminación auditiva.
Frente a la contaminación visual, afirmó que no hay prueba sobre el particular.
Recurso de apelación
La Sala procede a realizar un resumen de los argumentos expuestos en la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 13 de junio de 2016.
La parte actora insistió en la necesidad de una vigilancia policial en el Barrio Santa Bárbara, en los siguientes términos:
“[…] Si bien, los tecnicismos procedimentales en que se apoyó la sentencia, direccionan la decisión en el sentido arrojado por el “RESUELVE”, sigue siendo cierto que la operatividad y efectividad policial en nuestro sector, de un considerado servicio público de rango Constitucional deja mucho que desear, insistiendo que el actual esquema de vigilancia policial es insuficiente e ineficiente , prestado tan SOLO de manera REACTIVA, siendo totalmente notoria la ausencia de agentes de policía en lo persuasivo y el CAI del que dependemos, ubicado en la entrada del barrio Sana Inés, su presencia no es constante y cuando allí parece, tan solo actúa un (1) uniformado que básicamente cumple función de cuidar el propio vehículo, pero su poder de reacción es total y absolutamente nulo. […]” (Resaltado fuera de texto original).
Sostuvo que la sentencia debe ordenar a la Policía Nacional la implementación de esquemas de seguridad con un comandante con rango oficial que asuma el mando y la responsabilidad de la operatividad; seis (6) unidades policiales profesionales permanentes; una patrulla con conductor; dos (2) motocicletas con sus respectivos pilotos; y un equipo de comunicación.
La parte actora adujo que el A quo omitió pronunciarse sobre los lotes sin cercar.
Asimismo, indicó que “[…] la sentencia hace total OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO […]” respecto a: i) la construcción de un puente peatonal sobre la avenida sexta con calle 46 para conjurar el alto nivel de riesgo de los transeúntes; ii) la construcción de una nueva infraestructura peatonal sobre el Río Jordán; y iii) la contaminación visual y auditiva.
Actuación en segunda instancia
El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 2017, admitió el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 13 de Junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
Posteriormente, el Despacho sustanciador, por auto proferido el 28 de noviembre de 2017, ordenó correr traslado a las partes para que presentaran alegaciones y al Procurador Delegado ante esta Corporación con el fin que rindiera concepto.
Alegatos de conclusión
La Sala observa que en esta instancia procesal, presentó alegaciones la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
Esa entidad, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá “[…] echó de menos que en la ciudad de Tunja en el año 2012 se implementaron inicialmente siete (07) cuadrantes, donde el cuadrante Rosales del que hacía parte el Barrio Los Cristales, limitaba por el sur con parque recreacional, norte empresa de cementos HOLCIN, oriente avenida norte y occidente barrio San Rafael y estancia el roble, cuadrante que en su totalidad tenía 7 barrios […]”.
Agregó que el 25 de mayo de 2012, se implementaron veintiún (21) cuadrantes, de manera que el cuadrante del Barrio Los Cristales se dividió en dos (2) teniendo en cuenta la problemática, así como la complejidad del sector.
Destaca que un CAI móvil está ubicado en el puente peatonal del Barrio Santa Inés a menos de quinientos (500) metros del Barrio Los Cristales. De la misma forma, indicó que “[…] en caso de alguna alteración de orden público en el cuadrante o requerimiento de apoyo policial, se cuenta con los cuadrantes que lo rodean como también las motorizadas tránsito policial, motorizadas bancarias sector norte, patrullas de SIJIN, SIPOL y patrulla de infancia y adolescencia, luego, es dable concluir que las medidas implementadas por la Policía Metropolitana en la ciudad de Tunja desde el año 2012 a la fecha hacen que en el Barrio Rosales, Cristales y Santa Inés cuenten con todos los medios de los que dispone la Policía Nacional para el ejercicio de los fines que le asisten, tales como personal, medios de transporte y medios tecnológicos aunado a la realización de campañas de prevención como se demostró en su debido momento procesal dentro de la presente acción constitucional, sumado a que como se dijo en la contestación de la demanda, de acuerdo a la Base de Datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol del Departamento de Policía de Boyacá la problemática del barrio los cristales es en mayor medida de orden contravencional sin que se destaque la denuncia de Delito alguno […]”.
Igualmente, consideró que la Policía Nacional no ha omitido el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, por lo tanto, en su criterio, no hay lugar a que prosperen las pretensiones de la demanda.
Por último, la entidad recordó que en el presente asunto se configuró la excepción de cosa juzgada, en tanto el derecho a la seguridad pública de los habitantes del Barrio Los Cristales ya fue protegido mediante sentencia proferida, en primera instancia, el 6 de octubre de 2011 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 150 de la Ley 1437, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012 de julio de 2012, por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso, CGP, esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia, por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
Agotados los trámites inherentes a la acción popular sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a emitir el fallo correspondiente.
Para ello, la Sala procederá en el siguiente orden: i) marco normativo y jurisprudencial de la acción popular; ii) planteamiento de los problemas jurídicos; iii) marco normativo sobre los bienes de uso público; iv) marco normativo y jurisprudencial del deber de las autoridades de velar por la integridad del espacio público, por la defensa de los bienes de uso público y de hacer efectivo el carácter prevalente de su destinación al uso común, a la luz de la constitución política, las normas urbanísticas y el derecho de policía; v) procedencia de la acción popular para reclamar el amparo del derecho e interés colectivo relativo al patrimonio público; vi) la salubridad pública como derecho colectivo; vii) el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; viii) procedencia de la acción popular para reclamar el amparo del derecho e interés colectivo relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles; ix) procedencia de la acción popular para reclamar el amparo del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes; x) análisis y valoración probatoria; xi) análisis y solución del caso concreto; y xii) conclusión.
Marco normativo y jurisprudencial de la acción popular
El artículo 88 de la Constitución Política dispone que las acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
En desarrollo de la norma constitucional, el legislador expidió la Ley 472 que en su artículo 2.º define las acciones populares como “[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la procedencia del amparo.
Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses.
Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 28 de marzo de 2014, explicó lo siguiente:
“[…]
Acorde con el inciso 2 del artículo 3 de la Ley 472 de 1998, el objeto de la acción popular radica en evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando ello fuere posible.
Por su parte, el artículo 9 de la misma disposición prevé que tal instrumento procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares
[…] Esta Corporación ha recalcado que además de que se presente a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, sino también c) la existencia de la relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses […] Cabe anotar que las acciones populares tienen carácter restitutorio, es decir, buscan, cuando ello fuere posible, volver las cosas al estado anterior a la violación del derecho, toda vez que su objeto radica en proteger de manera efectiva el interés colectivo, razón por la cual corresponde al juez determinar si es posible dicho restablecimiento, porque de no serlo procede una indemnización, teniendo claro que la acción popular no persigue un beneficio pecuniario […] Dentro de este contexto la acción popular se encuentra vinculada estrechamente con el principio de solidaridad consagrado en la Constitución Política, esto es, que constituye un mecanismo por medio del cual los ciudadanos intervienen en las decisiones que los afectan para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado […] Otra de las características de la acción popular es la relacionada con la autonomía del instrumento judicial.
En efecto, esta Sección ha indicado que esta acción constitucional es autónoma y principal, no es viable que se formulen reparos para su ejercicio, diferentes a los que corresponden a las reglas procesales propias para su admisibilidad (artículo 18 ley 472 de 1998); por consiguiente, no resulta viable, ni legítimo, que se haga pender la admisión de la acción popular de la procedencia o no de otras acciones principales o subsidiarias, por cuanto la acción popular tiene como objetivo específico y puntal el proteger a los derechos o intereses colectivos invocados con la demanda […] Es de resaltar que la acción popular puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica. Empero, ha destacado la Sala que quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] la Sala encuentra el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, el cual permite el decreto de medidas cautelares de oficio o a petición de parte, antes de notificada la demanda o en cualquier estado del proceso, con el propósito de prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiese causado. Aunado a ello, el artículo 26 ibídem, señala que contra el auto que ordena dichas medidas proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deben ser concedidos en el efecto devolutivo… Los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado de personas.
[…]” (Destacado de la Sala).
La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública, esto es, como mecanismo propio de la democracia participativa, puede ser ejercida por “toda persona” y, además, para afianzar pedagógicamente un sistema de control social, se señalan expresamente como titulares de esta acción las organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de acudirse a las acciones pertinentes.
Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispone el artículo 30 de la Ley 472 y que corresponde al actor popular la carga de acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Planteamiento de los problemas jurídicos
De acuerdo con el recurso de apelación, la Sala deberá determinar: i) si procede la protección del derecho a la seguridad pública de los habitantes del Barrio Los Cristales por falta de presencia de la Policía Nacional; ii) si debe ordenarse al Municipio de Tunja cerrar los lotes sin edificar; iii) si es necesaria la construcción de un puente peatonal en la avenida sexta con calle 46 y sobre el Río Jordán; y iii) si se probó la contaminación visual y auditiva en el Barrio Los Cristales; o si, por el contrario, la decisión proferida por el Tribunal a quo se acompasa con los elementos probatorios obrantes en el expediente.
Para ello, la Sala procederá en el siguiente orden: i) el marco normativo de los bienes de uso público y espacio público; ii) el marco normativo y jurisprudencial del deber de las autoridades de velar por la integridad del espacio público, por la defensa de los bienes de uso público y de hacer efectivo el carácter prevalente de su destinación al uso común, tal como lo prevé la Constitución Política, las normas urbanísticas y el derecho de policía; iii) el marco normativo del derecho a la defensa del patrimonio público; iv) el marco normativo del derecho al acceso de una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; v) el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; vi) el derecho a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; vii) análisis y solución del caso concreto; y viii) conclusiones de la Sala.
Marco normativo sobre los bienes de uso público y espacio público
Antes de la Constitución política de 1991 el marco normativo sobre los bienes de uso público se encontraba contenido en el Código Civil. En efecto, el artículo 674 del Código Civil establece que son bienes de uso público aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos; se llaman bienes de la unión de uso público o bienes públicos del territorio […]”.
Por su parte y en relación con el espacio público, el artículo 5.º de la Ley 9 del 11 de enero de 1989, señala:
[…] Artículo 5º. "Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo […]" (Destaca la Sala).
Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar al espacio público una protección expresa de rango constitucional; decisión que en criterio de la Corte Constitucional es compatible con el Estado Social de Derecho. Al respecto, en sentencia C-265 de 2002, la alta Corte consideró que “[…] Sin duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.), el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a disposición de todos los habitantes […]” (Destacado de la Sala).
El artículo 63 de la Constitución Política, señala que “[…] Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.
El artículo 139 de la Ley 1801 de 29 de julio 2016 establece:
“[…] Artículo 139. Definición del espacio público. Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional […]” (Destaca la Sala).
Así, es claro que la calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar está íntimamente ligada con la posibilidad de contar con espacios de encuentro y circulación que hagan posible la construcción de un tejido social en el que cada individuo se reconoce como miembro de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades. De esta manera, la defensa del espacio público contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre.
Marco normativo y jurisprudencial del deber de las autoridades de velar por la integridad del espacio público, por la defensa de los bienes de uso público y de hacer efectivo el carácter prevalente de su destinación al uso común, a la luz de la constitución política, las normas urbanísticas y el derecho de policía
Visto el artículo 82 de la Constitución Política, el derecho al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. […]”.
El derecho constitucional al espacio público, examinado en su dimensión autónoma, es de carácter colectivo y puede ser protegido por medio de las acciones populares.
Como quedó visto, dicho derecho está instituido expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los “Derechos Colectivos y del Ambiente”; además, aparece relacionado en la lista enunciativa que establece el inciso primero del artículo 88 de la Carta como objeto de las citadas acciones populares.
De allí que para los efectos de este fallo, sea pertinente enunciar los rasgos relevantes del espacio público, conforme a los ya citados artículos 82 y 88 de la Constitución Política, así:
Es deber del Estado, por ende, de sus autoridades, velar por la protección de la integridad del espacio público.
Es deber del Estado y de sus autoridades, velar por su destinación al uso común.
Es deber de las autoridades asegurar la efectividad del carácter prevalente del uso común del espacio público sobre el interés particular.
Es deber de las entidades públicas ejercer la facultad reguladora en materia de ordenamiento territorial, en relación con la utilización del suelo y del espacio público para la defensa del interés común, entre otros.
Es un derecho e interés colectivo.
Cabe resaltar que, en sentencia C-265 de 2002, la Corte Constitucional fundamentó constitucionalmente la necesidad de proteger el espacio público en la importancia de hacer realidad el proyecto de Estado consignado en la Constitución Política de 1991, el cual debe procurar por garantizar los derechos sociales y colectivos, como la recreación (art. 52, C.P.), el aprovechamiento del tiempo libre y el goce de un medio ambiente sano (art. 79, C.P.); derechos cuya realización depende de la existencia de un espacio físico a disposición de todos los habitantes.
Conforme a lo anterior, se concluye que el buen uso, el libre acceso y la preservación del espacio público son aspectos que en una sociedad contribuyen a mejorar la calidad de vida y “[…] a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad […]”.
Para dar cumplimiento a dichos mandatos, la Constitución Política asigna a las autoridades administrativas municipales, concejos y alcaldes, la competencia para regular los aspectos esenciales y protección del espacio público.
Por un lado, el artículo 313 Superior establece que los concejos municipales son competentes para reglamentar los usos del suelo (núm. 7) y, por el otro, el artículo 315 Ibidem dispone que los alcaldes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico, integrado por las normas que expida el concejo municipal.
Así, por ejemplo, la Ley 388 de 18 de julio de 1997 y el Decreto Reglamentario 1504 de 4 de agosto de 1998, disponen que las autoridades municipales y distritales deben reglamentar la administración y conservación del espacio público en los Planes de Ordenamiento Territorial. En efecto, cuando un sector social incurre en el abuso del espacio público, le corresponde al alcalde su recuperación. Por ello, en los eventos de una invasión, esa autoridad, profiere la orden de desalojo que se ejecuta con la colaboración de la fuerza pública.
Procedencia de la acción popular para reclamar el amparo al derecho e interés colectivo relativo a la defensa del patrimonio público
El derecho colectivo a la defensa del patrimonio público está consagrado en el literal e) del artículo 4.º de la Ley 472. La jurisprudencia del Consejo ha considerado que este derecho exige a los servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas administren los recursos públicos de forma eficiente, oportuna, de acuerdo con el interés público y las normas presupuestales.
Esta Sección, con ponencia del Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, en sentencia proferida el 1.º de febrero de 2018 en el proceso radicado bajo el núm. 76001-23-33-003-2015-00384-01(AP) recordó que “[…] Frente a este derecho colectivo ha sostenido también la Sección que “[…] comprende “la totalidad de bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario que sirven para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a la legislación positiva”. Su protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y transparente, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico y en especial las normas presupuestales” […]”.
En efecto, el derecho a la defensa del patrimonio público encuentra sustento en el artículo 209 de la Constitución Política, según el cual la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se debe desarrollar acatando los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
En consecuencia, el abuso de la función administrativa en beneficio particular y la indebida destinación del patrimonio público afectan el derecho colectivo estudiado.
La salubridad pública como derecho colectivo
Para efectos del estudio del derecho e interés colectivo a la salubridad pública, la Sala analizará, en primer orden, el marco internacional, en segundo orden, el marco constitucional, en tercer orden, el marco legal y, en cuarto orden, el marco jurisprudencial.
Marco internacional
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, señala que “[…] toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad […]”.
La Organización Mundial de la Salud –en adelante OMS- es la institución de mayor relevancia entre los organismos de las Naciones Unidas, en lo que se refiere a la creación de acuerdos internacionales en materia de salud, precisamente la Constitución de ese organismo señala, entre sus principios, que “[…] El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social […]”.
A su turno, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y que complementa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé "[…] el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental […]". Pacto que, además, señala las obligaciones a cargo de los gobiernos orientadas a reducir la mortalidad infantil, promover el sano desarrollo de los niños, mejorar la higiene del trabajo y del medio ambiente, prevenir y tratar enfermedades y crear condiciones que aseguren a todas las personas la asistencia y los servicios médicos en caso de enfermedad.
Marco constitucional
Al Estado Colombiano le asiste la obligación de asegurar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, al tiempo que a los habitantes les corresponde procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 Constitucional.
El bienestar general contiene responsabilidades compartidas entre el Estado y los ciudadanos, sobre el primero el artículo 366 Constitucional prevé que el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes es uno de los fines del Estado, motivo por el cual señala que la solución de las necesidades insatisfechas en materia de salud es un objetivo prioritario de las autoridades estatales.
En cuanto a los ciudadanos se debe destacar que tienen el deber de obrar conforme al principio de solidaridad, reaccionando con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas en los términos del numeral 2.º del artículo 95 de la Carta Política.
Finalmente, en desarrollo de esa responsabilidad que atañe a los particulares en materia de salubridad pública, el artículo 78 ibídem prevé que los productores de bienes y servicios que atenten contra la salud y la seguridad de los consumidores son responsables por los daños que causen.
Marco legal
A través de la Ley 9.º de 24 de enero de 1979, el Gobierno Nacional adoptó medidas sanitarias alrededor de: i) el control de los usos de aguas; ii) el manejo de residuos líquidos, sólidos, excretas, emisiones atmosféricas; iii) suministro de agua; iv) salud ocupacional; v) saneamiento de edificaciones; vi) alimentos; v) drogas, medicamentos, cosméticos y similares; vi) vigilancia y control epidemiológico; vii) desastres; viii) defunciones, traslado de cadáveres, inhumanación y exhumanación, trasplante y control de especímenes; ix) artículos de uso doméstico; x) vigilancia y control; y xi) derechos y deberes relativos a la salud.
A su turno el artículo 32 de la Ley 1222 de 9 de enero de 2007 define la salud pública como “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.
La salud pública también se encuentra contenida en el numeral 4.º del artículo 6º de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, como una categoría jurídica de convivencia que implica la responsabilidad que le asiste al Estado, así como a la ciudadanía frente a la protección de la salud como un derecho de diferentes connotaciones.
Marco jurisprudencial
En este punto es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo han utilizado las expresiones “salubridad pública” y “salud pública”, a manera de sinónimos, incluso se ha arribado al concepto de salud humana como lo veremos a continuación.
La Corte Constitucional en sentencia T-579 de 2015, para definir la salubridad pública, acude a la providencia proferida por la Sección Primera de esta Corporación el 3 de septiembre de 2009 en el proceso radicado bajo el núm. 8500123310002000402244-01, en los siguientes términos:
“[…]
2.5.4. El Consejo de Estado ha definido la salubridad pública como ‘la garantía de la salud de los ciudadanos’ e implica ‘obligaciones que tiene el Estado de garantizar las condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad (…) Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria’ […]”.
El precitado criterio jurisprudencial fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia C-225 de 2017, oportunidad en la que se analizó la constitucionalidad de la Ley 1801, norma que, como se estudió previamente, contiene el concepto de “salud pública”:
“[…]
39. Frente a este panorama, resulta necesario precisar el concepto de salubridad o salud pública, entendidas como expresiones sinónimas. Así, la salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema. Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.
40. De esta manera, la cobertura, prestación eficiente y de calidad de servicios públicos tales como el agua potable, alcantarillado, de recolección y adecuado tratamiento de basuras, con y sin riesgo biológico, está directamente relacionada con la creación y mantenimiento de condiciones de salud o salubridad públicas. También son instrumentos de salubridad pública, las actividades como el control de medicamentos, de determinación y verificación del cumplimiento de medidas sanitarias en la producción, almacenamiento y comercialización de alimentos y en el depósito o emisión de sustancias contaminantes al aire, al agua y al suelo. Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]” (Destacado de la Sala).
Ahora bien, la relevancia del derecho colectivo a la seguridad y salubridad pública ha sido analizada por la Sección Primera de esta Corporación en los siguientes términos:
“[…] La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública y del derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a sostener que:
“(…) constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria.”
Por ende, dada la amplitud de su radio de acción, como ha sido subrayado por esta Corporación, el derecho colectivo a la salubridad pública “se puede garantizar desde una perspectiva de abstención (negativa o de impedir una conducta) o de promoción (activa o de realización de un comportamiento) en aras de asegurar las condiciones esenciales de salud pública”. En consecuencia, es claro para la Sala que su vulneración también puede desprenderse tanto de una actitud activa (actuaciones, reglamentos, contratos, etc.), como pasiva (omisión administrativa) de parte de las autoridades responsables de su guarda y realización efectiva […]”.
En tal escenario, la Sala resalta que no existe distinción entre los conceptos de “salud pública” y “salubridad pública”; este derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del orden público y la garantía del bienestar de la comunidad que exige la adopción de medidas tendientes a evitar su alteración.
El derecho al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
De acuerdo con lo previsto en los artículos 365 de la Constitución Política y 5.º num. 5.1 de la Ley 142 de 11 de julio 1994, el acceso a una infraestructura de servicios públicos es inherente a la finalidad social del Estado.
La jurisprudencia ha entendido este bien jurídico de carácter colectivo como aquella prerrogativa que le permite a la comunidad acceder a instalaciones que procuren la salud. Este derecho colectivo exige que las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que eviten que las personas contraigan enfermedades o que se generen focos de contaminación y epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria. Sobre el particular, esta Corporación ha considerado:
“[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la “salubridad” como derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo, en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se consagra de manera textual en su literal h.
“Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.
“Sobre el concepto de “salubridad pública” ha sostenido esta Sección de manera coincidente con la Corte Constitucional:
“En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. De esta manera, se puede concluir que la salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto, se deben proteger a través de las acciones populares. Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria. Es decir, que al momento de ponerse en funcionamiento determinados proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados”.
“De manera específica, sobre la relación de la salubridad pública con la infraestructura que debe garantizarse a la comunidad, ha sostenido esta Corporación:
“El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”. Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra “infraestructura” la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado.
“Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede confundirse con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la posibilidad de esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se verifica entonces una relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de servicios determinada; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la infraestructura de estos.
“Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras de servicios.
“Finalmente, vale la pena relievar que algunos servicios públicos domiciliarios pueden encontrar relación con este derecho; baste pensar para ejemplificar esta afirmación en las necesidades que la comunidad tiene de acceder a infraestructuras de agua potable, alcantarillado o aseo, obteniendo de esta manera una respuesta positiva frente a sus requerimientos de salud y evitando enfermedades” […]” (Resaltado del texto original).
Procedencia de la acción popular para reclamar el amparo del derecho e interés colectivo relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles
Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política, que dispone lo siguiente:
“[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas.
En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser controlados de manera eficiente y eficaz.
Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida en la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 como “[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible […]”.
El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación, en cuya jurisprudencia se analizó su en los siguientes términos:
“[…] Proclamado por el literal l) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública. De ahí que esta Sección haya destacado el carácter preventivo de este derecho haciendo énfasis en su vocación de evitar la consumación de los distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la actualidad, ya no solo naturales (v. gr. fuego, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, tormentas, epidemias, etc.), sino también –cada vez más– de origen antropocéntrico (v.gr., contaminación del ambiente, intoxicaciones o afectaciones a la salud, destrucción o afectación de la propiedad privada o pública por accidentes, productos, actividades o instalaciones). Pese al talante preventivo de este derecho colectivo, nada obsta para que su amparo pueda presentarse también ante situaciones que ya no solo constituyen riesgos sino vulneraciones concretas de los derechos e intereses reconocidos por la Constitución y la ley a la comunidad y a las personas que la conforman, y que, por ende, ameritan la intervención del Juez Constitucional. En últimas, tanto la prevención como la protección, corrección y restitución de estos derechos frente a situaciones que los afectan constituyen objetivos propios de las acciones populares; a las que, como se mencionó líneas arriba, es inherente una dimensión preventiva, protectora, reparadora y restitutoria de los derechos que amparan.
[…]
Supone, entonces, una Administración Pública activa, técnica y comprometida con la asunción permanente de sus responsabilidades y con el monitoreo constante de aquellos ámbitos de la vida diaria que están bajo su cargo, como presupuesto de la actuación anticipada o preventiva (y también reactiva) que instaura como estándar de sus actuaciones. No se puede olvidar que es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los que son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando ellas son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de la realidad y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la efectividad de los derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros. Todo ello, lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues mal puede suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de cumplir por razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales […]” (Destacado de la Sala).
En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno de los fines del Estado (artículo 2 de la Constitución Política), consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles desastres naturales o antrópicos.
Procedencia de la acción popular para reclamar el amparo del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes
De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera de su marco normativo […]”.
De igual forma, esta sección mediante sentencia de 7 de abril de 2011, determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y ecológica de la propiedad; ii) protección del espacio público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los derechos ajenos y no abusar del derecho propio; y iv) Atender los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.
Asimismo, esta Corporación ha establecido que comprende el acatamiento a los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las disposiciones político - administrativas - de organización física- contenidas en los mismos. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo; especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para los servicios públicos domiciliarios, entre otros.
Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una determinada entidad territorial -bien sea en sus zonas urbanas o rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.
En efecto, esa Sección ha manifestado al respecto que:
“[…] el derecho colectivo anteriormente enunciado abarca el respeto del principio de la función social y ecológica de la propiedad de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la calidad de vida de los habitantes, el respeto de los derechos ajenos y el acatamiento a la ley de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y demás disposiciones normativas en materia de uso del suelo, alturas máximas de construcción y demás criterios y límites que determinan las autoridades para construir […]”.
En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo de la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes implica que las autoridades públicas y/o los particulares desconozcan la normativa en materia urbanística y usos del suelo.
Acervo probatorio
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Del material probatorio allegado al proceso, se destacan las siguientes pruebas:
Documentales aportadas, decretadas y practicadas
Disco compacto con fotografías.
Copia de la petición presentada por José Amado López ante el Comandante del Distrito núm. 1 de Tunja de la Policía Nacional para que se adopten medidas correctivas de la contaminación auditiva generada por una alarma instalada en la vivienda de la señora Carmenza de Pertuz.
Copia de una página del periódico Boyacá Siete Días sobre el estado de un vía vehicular del Barrio Los Cristales.
Copia del informe Policial de Accidentes de Tránsito núm. 0746342 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Tunja del 14 de mayo de 2010.
Copia de la petición presentada por habitantes del Barrio Los Cristales, Pozo de Donato, Rosales, J.J. Camacho y Las Quintas al Concejo Municipal de Tunja para que se realice un control político que permita superar la situación de inseguridad en estos barrios, la disposición inadecuada de residuos sólidos, la falta de iluminación de las vías y espacios públicos, entre otros aspectos relativos a la convivencia ciudadana.
Copia del acta de visita de inspección ocular llevada a cabo por la Personería de Tunja en el Bario Los Cristales, el 28 de julio de 2009, con el objeto de verificar irregularidades en el alcantarillado.
Copias de los oficios de fecha 30 de julio de 2009 suscritos por el Personero Municipal de Tunja, mediante los cuales requiere al Gerente General de Proactiva Aguas de Tunja S.A.E.S.P., al Secretario de Desarrollo y a la Secretaria de Infraestructura de Tunja para que informen las acciones llevadas a cabo para la solución de los problemas presentados con el servicio de alcantarillado en el Barrio Los Cristales.
Copia de la petición presentada por habitantes del Barrio Los Cristales al Alcalde de Tunja con el objeto de obtener solución a los problemas que se presentan en el sector relacionados con “lotes de engorde”, tránsito y transporte, inseguridad, entre otros.
Oficio núm. S.G.3053/R-2596 de 3 de septiembre de 2009 suscrito por el Secretario de Gobierno del Municipio de Tunja respecto a los problemas de mal estado de las vías, lotes sin cerrar y problemas de inseguridad que se presentan, entre otros barrios, en Los Cristales.
Oficio núm. SIT 936 de 8 de septiembre de 2009 suscrito por la Secretaria de Infraestructura sobre la iluminación de vías públicas, la pavimentación, así como la recuperación de la malla vial del Barrio Los Cristales, el mejoramiento del Plan Maestro de Alcantarillado, construcción de puentes peatonales, etc..
Oficio núm. SP 567-004027, mediante el cual el Personero Municipal de Tunja le informa a la comunidad del Barrio Los Cristales sobre las actividades llevadas a cabo en relación con los daños en la capa asfáltica y la prestación del servicio público de alcantarillado.
Oficio núm. SI 1686/3555 de 12 de septiembre de 2012, mediante el cual el Secretario de Infraestructura del Municipio de Tunja responde peticiones presentadas por la comunidad del Barrio Los Cristales sobre problemas en el sistema de alcantarillado y en los pasos peatonales del sector.
Oficio núm. SI-1687/3555 de 12 de septiembre de 2012, mediante el cual el Secretario de Infraestructura del Municipio de Tunja le solicitó colaboración al Gerente de Proactiva Aguas de Tunja para que se inspeccione el sistema de alcantarillado.
Petición presentada por la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Cristales al Director Comercial de Servitunja S.A. E.S.P. sobre la prestación del servicio de aseo en ese sector.
Oficio núm. ST 20-0573 de 29 de junio de 2012, mediante el cual el Director Comercial de Servitunja S.A. E.S.P. informó al Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Cristales que el día 23 de junio de 2012 prestó el servicio de poda en las áreas verdes y callejones del Barrio .
Copia de la petición presentada por el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Cristales a Servitunja S.A. E.S.P. con el objeto de obtener el servicio de aseo en varias áreas públicas del sector.
Petición presentada por un habitante del Barrio Los Cristales al Secretario de Tránsito y Transporte, para obtener información sobre los operativos que se han realizado en el sector respecto de la circulación de vehículos de carga pesada.
Petición presentada por el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Cristales al Alcalde del Municipio de Tunja respecto a problemas de inseguridad y de tráfico en ese barrio.
Copia del oficio núm. SG 2874/R-2342 de 24 de agosto de 2009, mediante el cual la Secretaria de Gobierno del Municipio de Tunja le informa al Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Cristales que se comisionó a la Inspección Quinta de Policía Urbana – Tránsito y Espacio Público para que se inicien las acciones legales pertinentes, sin embargo no indicó con qué objeto. Por otra parte, le solicitó al Presidente de la Junta que le indicara el lugar exacto de los lotes sin cerramiento.
Petición presentada el 1.º de julio de 2009 por el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Cristales con el objeto que el Municipio de Tunja: i) controle la disposición final de los escombros, basuras y desechos provenientes de obras de construcción; ii) requiera a los propietarios de la Torre del Parque para que se adopten medidas de seguridad ante su abandono; y iii) lleve a cabo las labores necesarias para lograr el cerramiento de los lotes del Barrio Los Cristales.
Copia del oficio núm. STT S0 0252 de 23 de junio de 2008, mediante el cual el Secretario de Tránsito y Transporte del Tunja le informó al Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Cristales que no es cierta la problemática de tránsito denunciada por residentes del sector.
Oficio núm. SIT 647/Rad. 1609 de 18 de junio de 2009 suscrito por la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Tunja, mediante el cual informa al Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Cristales que fue elaborado un proyecto para el mantenimiento de las vías del Barrio.
Petición presentada el 6 de junio de 2008 por el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Cristales del Municipio de Tunja sobre las condiciones del tránsito de vehículos.
Copia del oficio núm. S-2013-006074 DEBOY-COSEC-38.10 de 3 de marzo de 2013, mediante el cual el Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana le informa al Subcomandante del Departamento de Boyacá el número de cuadrantes que operan en Tunja y el Plan de Vigilancia.
Copia de la descripción de los cuadrantes de la Policía Nacional que operan en Tunja, de las características económicas e índices de criminalidad en el Municipio.
Copia del informe rendido el 26 de julio de 2013 por el líder del cuadrante Rosales sobre una reunión con miembros de la comunidad del Barrio La María.
Copia del informe rendido el 23 de julio de 2013 por el líder del cuadrante de Rosales sobre una reunión con los miembros de la comunidad
Copia del informe rendido el 19 de julio de 2013 por el líder del cuadrante Rosales sobre una reunión con miembros de la comunidad de Los Rosales.
Copia del Acta núm. 017 – ESTPO-Tunja 2 sobre la reunión realizada con el fin de analizar las estadísticas delincuenciales y contravencionales respecto del periodo comprendido entre el 20 al 26 de abril de 2013.
Copia del Acta núm. 016 – ESTPO-Tunja 2 sobre la reunión de vigilancia realizada con el fin de analizar las estadísticas delincuenciales y contravencionales respecto del periodo comprendido entre el 13 al 19 de abril de 2013.
Copia del Formato de Diagnóstico de convivencia y seguridad ciudadana de la Policía Nacional.
Copia del registro y verificación de antecedentes realizado en el cuadrante núm. 18 por la Policía Nacional.
Planillas de control de vehículos registrados, personas y solicitud de antecedentes realizado por la Policía Nacional en el cuadrante núm. 18.
Relación de delitos que afectan la seguridad pública en el Barrio los Cristales relazado por el Intendente de la Policía Nacional, Oscar Danilo Camargo Morales.
Copia del auto proferido el 18 de julio de 2013 por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja en el proceso radicado con el núm. 2009-00133, mediante el cual se declaró que no existe mérito para dar apertura al incidente de desacato contra la Policía Nacional.
Disco compacto con material fotográfico.
Copia del oficio núm. 1051/ DISP01-Tunja-29 del 26 de julio de 2013 suscrito por el Comandante del Primer Distrito de Policía de Tunja, mediante el cual se enuncian las acciones adelantadas para fortalecer la vigilancia policial en el Barrio Los Cristales.
Copia del oficio núm. STT. Of. 7683, mediante el cual el Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Tunja le informó a los residentes del Barrio Los Cristales que, en virtud de una reunión con la comunidad, se comenzaría a realizar gestiones para mitigar los problemas relacionados con el tránsito y transporte del sector.
Oficio núm. S/J 559 de 28 de mayo de 2014 suscrito por el Secretario de Protección Social Municipio de Tunja sobre inconvenientes que se presentaron en la medición de contaminación auditiva en el Barrio Los Cristales.
Oficio núm. SPS SA 212 de 27 de mayo de 2014 suscrito por un Ingeniero Sanitario y Ambiental del Municipio de Tunja sobre visitas a las viviendas del Barrio Los Cristales para medir la contaminación auditiva.
Copia auténtica de la sentencia proferida, en primera instancia, el 6 de octubre de 2011 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja en la acción popular radicada bajo el núm. 1500013331001120090133 00.
Copia auténtica de la sentencia, proferida en segunda instancia, el 11 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Dual de Decisión de Descongestión núm. 10 en la acción popular radicada bajo el núm. 1500013331001120090133 00.
Copia auténtica del Edicto para notificar a las partes de la sentencia proferida, en segunda instancia, en la acción popular radicada bajo el núm. 1500013331001120090133 00.
Análisis y solución al caso concreto
De acuerdo con el recurso de apelación, los antecedentes fácticos, probatorios y normativos analizados, esta Sección procede a determinar si es necesario fortalecer la seguridad policial en el Barrio Los Cristales, cerrar lotes que se encuentran sin edificar, construir puentes peatonales y si se probó la contaminación auditiva, así como visual.
Sobre la seguridad policial en el Barrio Los Cristales
La Sala, al analizar los argumentos del recurso de apelación, encuentra que la parte actora insiste en la necesidad de reforzar la seguridad en el Barrio Los Cristales a través del incremento del pie de fuerza de la Policía Nacional.
En la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró “[…] probada la excepción de cosa juzgada frente a la vulneración del derecho a la seguridad pública por parte de la Policía Nacional y el Municipio de Tunja, en lo relacionado con la pretensión de instalar un Centro de Atención Inmediata CAI de la Policía Nacional en el barrio “Los Cristales” de la ciudad de Tunja y aumentar el pie de fuerza policial en dicho barrio, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”. En consecuencia, el A quo no realizó un análisis del fondo del asunto.
La Sala recuerda que la cosa juzgada es la institución jurídica por medio de la cual, las sentencias ejecutoriadas adquieren el carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas; de manera que no es posible estudiar el fondo de un conflicto sometido al conocimiento de la jurisdicción cuando un juez, de forma previa, ya emitió un pronunciamiento definitivo.
En la sentencia proferida el 2 de marzo de 2016, la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera de Estado, doctora María Elizabeth García González, definió el fenómeno de cosa juzgada y señaló que tiene por objeto evitar que se inicie un nuevo debate con identidad de objeto, causa petendi y parte demandada:
“[…] La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Sus efectos están concebidos para alcanzar un estado de seguridad jurídica e impedir así que por los mismos hechos y causa se adelante un nuevo proceso. De tal manera que, para el operador jurídico aplica como una prohibición de iniciar un nuevo debate dada la identidad en el objeto, en la causa petendi y en la parte demandada.
No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que en el ámbito de las acciones populares, en virtud de que su objeto de protección está constituido por derechos cuya titularidad es difusa, lo decidido en la sentencia afecta por igual a toda la comunidad interesada, dentro de la cual puede o no estar el actor popular […]” (Destacado de la Sala).
En cuanto a las acciones populares, el artículo 35 de la Ley 472 prevé que “[…] La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada respecto de las partes y del público en general. […]”.
La Corte Constitucional en sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007 al estudiar la constitucionalidad de la norma citada, explicó que la sentencias proferidas en las acciones populares tienen efecto erga omnes por el carácter difuso de los derechos colectivos, de manera que cuando el funcionario judicial verifica que se ha configurado la cosa juzgada debe rechazar la demanda o declarar probada la excepción de cosa juzgada. Asimismo, en esta sentencia, la alta Corporación precisó, en relación con el artículo 35 de la Ley 472, lo siguiente:
“[…] Del contenido de la citada disposición se infiere que, por su intermedio, se busca proyectar el alcance de las decisiones que resuelven acciones populares más allá de quienes intervinieron en el respectivo proceso, haciendo oponibles sus efectos a todas las personas, independientemente de que hayan sido o no parte en el juicio o sean o no titulares del mismo derecho litigioso.
El hecho de que a través de las acciones populares se protejan derechos cuya titularidad es difusa, radicados en sectores más o menos amplios de la comunidad, y que los mismos puedan ser representados por cualquier miembro de la colectividad afectada, explica que se haya querido extender los efectos de la sentencia que resuelven acciones populares, tanto a las partes en el proceso, entre las que se cuentan por supuesto al actor popular, como a la comunidad en general, donde ha de incluirse también al colectivo interesado y titular de los derechos en conflicto.
En esos términos, es claro que el propósito del legislador al regular la materia, fue entonces el de reconocerle a todas las sentencias que ponen fin a la acción popular efectos erga omnes, es decir, el alcance de cosa juzgada general o absoluta. […]” (Resaltado fuera de texto original)
Ahora bien, en esta decisión la Corte Constitucional precisó que, a pesar del efecto erga omnes de la sentencia, no se presenta el fenómeno de cosa juzgada cuando la sentencia desestima las pretensiones de la demanda y obran nuevas pruebas que permiten la protección de los derechos colectivos. Así las cosas, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 35 de la Ley 472:
“[…] Declarar EXEQUIBLE el artículo 35 de la Ley 472 de 1998, en el entendido que las sentencias que resuelven los procesos de acción popular hacen tránsito a cosa juzgada respecto de las partes y del público en general, salvo cuando surjan con posterioridad a la sentencia desestimatoria, nuevas pruebas trascendentales que pudieran variar la decisión anterior. […]”
En el caso sub examine, la Sala encuentra que entre la pretensión 2.1. del proceso de la referencia y la acción popular radicada bajo el núm. 1500013331001120090133-00 existe identidad de partes, objeto y causa, tal como se expone a continuación:
Elementos cosa juzgada
Acción Popular núm. 1500013331001120090133
Acción Popular núm. 1500012333000201300494
Objeto
La construcción, adecuación, dotación y funcionamiento permanente de un CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA, “CAI” realmente operativo y EFICAZ, en inmediaciones del barrio “Los Cristales”, con real autonomía operativa. A efecto de lograr finalmente que nuestra comunidad sea beneficiada de la óptima prestación del servicio público de vigilancia policial a que el Estado Colombiano se halla obligado a prestar y con la finalidad de lograr un contacto continuo con la comunidad, en aras de prevenir el delito y la contravención, atender los requerimientos ciudadanos en materia de seguridad y convivencia, mediante el empleo eficiente y oportuno de los elementos disponibles y medios tecnológicos aplicables; (sic)
Se ordenará por parte de éste Juzgado, al señor Alcalde municipal de Tunja, a quien la policía deberá cumplir con diligencia y prontitud sus órdenes; proceder a dictar los reglamentos, impartir órdenes, adoptar las medidas y utilizar los medios presupuestales, logísticos y de policía necesarios, hasta lograr garantizar plenamente la seguridad ciudadana en forma permanente, adecuada, eficiente, eficaz y oportuna, hasta asegurar las condiciones necesarias para la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo y la protección de los derechos, libertades públicas y tranquilidad ciudadana de los habitantes del barrio ”Los Cristales” y sectores aledaños; ejecutando lo necesario y pertinente para dotar al servicio del área comprendida entre los barrio “Los Cristales” – “J.J. Camacho” – “Las Quintas” – “Pozo de Donato” – “Canapro” – “Los Héroes” – “Rosales” – “Santa Inés” – el recientemente construido complejo habitacional “María Fernanda” y el amplio sector comercial/bancario con epicentro “Centro Norte/Olímpica”, de un Centro de Atención Inmediata –CAI- para el que deberá ser asignado como mínimo de (Sic):
Ø Un (1) comandante con rango de oficial, que asuma el mando y la responsabilidad de la operatividad.
Ø Como mínimo, SEIS (6) unidades policiales profesionales permanentes las 24 horas; dotados de los recursos necesarios para la prestación de un servicio público de Policía adecuado.
Ø Un (1) carro patrulla con su respectivo conductor
Ø Dos (2) motocicletas con sus respectivos pilotos
Ø Equipo de comunicación
Ø Implementación de un plan operativo, concertado con nuestra comunidad y específicamente pre diseñado para el sector; medible y evaluable, que verdaderamente ejerza presencia y actividad real en la zona; plan en el que se deberá incluir dentro de un sistema rotativo, el “tráiler” referido en el numeral 3.1.1. anterior, para ser movilizado cíclicamente, dentro del concepto del CAI móviles (sic) regidos por las Tablas de Organización Policial “TOP”, en aquellos lugares neurálgicos que requieran atención especial y permanente, de los barrios “Los Cristales” – “Las Quintas” – “Pozo de Donato” – “Canapro” – “J.J. Camacho” – “Los Héroes” – unidad residencial “María Fernanda”- sector comercial y bancario con eje el “Centro Norte/Olímpica” y/o aquellos lugares de éste sector que presenten problemáticas merecedoras de una atención específica, bajo un enfoque de integralidad, que permite la cobertura y desarrollo de procesos en materia de prevención, disuasión y control de los delitos y contravenciones, que coadyuven a satisfacer las necesidades de seguridad ciudadana y favorecen las condiciones de gobernabilidad de las autoridades. Mediante sentencia de mérito y con otorgamiento de la garantía a que hace alusión el Art.
42 de la Ley 472 de 1998 y con inclusión previa e implementación de planes estratégicos de seguimiento, control y términos perentorios, que garanticen y haga efectivo el accionar de la autoridad pública; conminar a la Dirección general de la Policía Nacional, en Cabeza de su señor director general (sic) OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO o quien haga sus veces, para que dentro de los términos señalados por el juzgado, coloque un pie de fuerza no inferior a las 500 (quinientas) unidades policiales al servicio de la ciudad de Tunja; paralelamente, se acometan y ejerzan las labores y ejecutorias indispensables, hasta entregar al juzgado y la ciudad, resultados tangibles, cualitativos y cuantitativos, dentro preceptos del ordenamiento constitucional, jurídico legal y estatutario vigente, junto a la organización interna, de seguimiento y control de calidad de gestión individualizada del personal policial, que garanticen una labor de seguridad ciudadana fructífera, eficaz y efectiva a favor de la ciudad de Tunja, con permanencia en el tiempo. Con el restablecimiento y control de la seguridad en la ciudad de Tunja y hacer imperar el orden, hasta declarar la protección de los intereses y derechos colectivos de sus habitantes, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida, preceptuado por la ley 472 de 1998, específicamente en lo atinente a la SEGURIDAD. Causa Petendi
Inseguridad Municipio de Tunja - aumento hechos delictivos
Inseguridad Municipio de Tunja - aumento hechos delictivos
Identidad de partes
La parte demandada fue la Policía Nacional y el Municipio de Tunja
La parte demandada fue la Policía Nacional y el Municipio de Tunja
Si bien, en la acción popular radicada bajo el núm. 1500013331001120090133 no se pretendió, de forma expresa, la construcción de un Comando de Atención Inmediata – CAI en el Barrio Los Cristales del Municipio de Tunja, lo cierto es que los planes estratégicos y el incremento del pie de fuerza de las unidades policiales llevan inmerso este aspecto. En efecto, en las consideraciones de la sentencia proferida, en primera instancia, en ese proceso se precisó lo siguiente:
“[…] En atención al informe citado, cada uno de los cuadrantes cuenta con recursos físicos y personal para cubrir la seguridad de los barrios que integran cada uno de los cuadrantes, sin embargo puede advertir el Despacho que cada uno de los cuadrantes está conformado por un número importante de barrios que oscilan entre 15 y 50, para un promedio de 30, por lo que el personal asignado puede resultar insuficiente, por ejemplo el cuadrante Rosales, está integrado por 49 barrios tiene asignadas dos motocicletas, un CAI móvil, un líder de cuadrante y once integrantes de patrulla, así mismo el cuadrante Muiscas, está integrado por 43 barrios, tiene asignadas cuatro motocicletas, un líder de cuadrante y once integrantes de patrulla, situación fáctica que permite inferir que la población a cargo de cada uno de los agentes es demasiado alta.
[…]
Lo anterior sin dejar de anotar que en la actualidad Tunja solamente cuenta con seis (6) Comandos de Atención Inmediata, lo que ha generado que los habitantes de diferentes sectores de la ciudad ante la desprotección de las que son víctimas, hayan solicitado la instalación de los mismos (fls. 25 y 76), así mismo observa el Despacho que si bien es cierto la seguridad por cuadrantes da mayor garantía de cubrimiento a toda la ciudadanía Tunjana, los cuadrantes diseñados incluyen demasiados barrios, hecho que impide que el personal de policía tenga cubrimiento positivo sobre todo el sector, materializando una falta de protección efectiva frente a carencias y peligros externos que afectan negativamente la calidad de vida de la ciudadanía.
Añádase a este tema que de conformidad con el plan de vigilancia por cuadrantes implementado a nivel nacional por la Policía Nacional, sus fines específicos se concretan en:
Fortalecer el modelo de vigilancia comunitaria
Contar con un policía más cercano a la comunidad y comprometido con su servicio
La obtención de respuestas más oportunas a las necesidades de seguridad de los ciudadanos
Trabajo en equipo de las diversas entidades y entes del orden local, departamental y nacional.
Facilitar los esfuerzos públicos y privados, evitando la dispersión de los mismos.
Respuesta integral del Estado y no solamente policial a los factores generadores de la inseguridad.
Prevalecer la prevención, sin renunciar al control con equilibrio social.
Entonces atendiendo a lo anterior es notorio que si la división territorial por cuadrantes no es proporcional al personal policial asignado, no se logran los objetivos trazados, pues resulta difícil pretender el acercamiento con todos los habitantes sin contar con un pie de fuerza que respalde las operaciones para el sector asignado.
[…]
De conformidad con lo anterior, el Despacho observa que en el caso que nos ocupa existe una vulneración al derecho colectivo a la seguridad pública, pues se puede establecer que pese a la estrategia de seguridad por cuadrantes implementada, el número de agentes y suboficiales asignados a cada uno de ellas no garantiza la cercanía de la Policía con la comunidad, así mismo determina la falta de acciones más contundentes por parte de la Policía Nacional, hecho que genera lesión a la seguridad pública en la capital del Departamento como quiera que los delitos contra la seguridad ciudadana se incrementaron en casi un 100% para el año 2011 (fls. 214-223, 497-500).
[…]”
Con fundamento en lo anterior, el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja falló lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- Declarar que la Policía Nacional vulneró el derecho colectivo a la seguridad pública previsto en el literal g) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 en el Municipio de Tunja, por las razones expuestas en las motivaciones de este fallo.
SEGUNDO.- Para la protección del derecho colectivo, se ordena a la Policía Nacional, que a través de su representante legal tome las medidas señaladas en la parte motiva de esta providencia, consistentes en:
Realizar un estudio tendiente a determinar el pie de Fuerza que se requiere en la ciudad de Tunja, determinado en consideración al incremento delincuencial y al número de habitantes, precisando en el estudio una división por cuadrantes que incluya territorios más pequeños que faciliten el cumplimiento de los objetivos que persigue el Plan de vigilancia por cuadrantes dentro del término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.
Gestionar ante quien corresponda el incremento adecuado que resulte del estudio, en el pie de fuerza disponible para controlar y preservar la seguridad en la ciudad de Tunja, en un término de seis (6) meses, siguientes a la elaboración del estudio.
Implementar medidas efectivas, que den cubrimiento de seguridad a todos los sectores de la ciudad de Tunja, en un término de seis (6) meses siguientes a la elaboración de estudio.
Implementar medidas efectivas, que den cubrimiento de seguridad a todos los sectores de la ciudad, no solamente adecuando Comandos de Atención Inmediata móviles, sino garantizando en ellos la presencia de agentes calificados, mediante un plan de trabajo detallado que deberá contener la ubicación, el personal, el horario las funciones y demás información que permita ejercer un control de seguimiento. […]”
La anterior sentencia fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 11 de mayo de 2012.
La Sala considera que, en efecto, el derecho colectivo a la seguridad pública de la comunidad del Barrio Los Cristales del Municipio de Tunja fue amparado mediante sentencia proferida, en primera instancia, por el Juzgado Once Administrativo Oral de Tunja, en tanto allí se ordenó la adopción de medidas dirigidas a aumentar el pie de fuerza a través de un plan que permita la atención inmediata de los incidentes o hechos que requieran la intervención de la Policía Nacional.
Lo anterior, implica la ubicación estratégica en el perímetro urbano, localidades y barrios de una unidad policial que permita fortalecer el servicio de vigilancia, así como proteger los derechos y libertades de los ciudadanos.
Así las cosas, tal como lo consideró el Tribunal A quo, no hay lugar a realizar un pronunciamiento de fondo en relación con la pretensión 2.1 de la demanda por cuanto se configuró la excepción de cosa juzgada.
Por último, la Sala precisa que si la parte actora considera que la Policía Nacional no ha cumplido la orden contenida en la sentencia proferida, en primera instancia, por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, citada en el numeral 104 de esta sentencia, el trámite incidental de desacato es el mecanismo procesal adecuado para lograr la protección del derecho a la seguridad pública de la comunidad del Barrio Los Cristales. En efecto, el artículo 41 de la Ley 472 establece:
“[…] ARTICULO 41. DESACATO. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en efecto devolutivo. […]”.
Así las cosas, el juez de la acción popular radicada bajo el núm. 1500013331001120090133 - 00, tiene la competencia específica para verificar si se cumplieron las órdenes impartidas en la sentencia proferida el 6 de octubre de 2011 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y si la Policía Nacional ha llevado a cabo las acciones tendientes a proteger el derecho a la seguridad pública de los habitantes del Barrio Los Cristales o, por el contrario, si es necesaria la adopción de medidas tendientes a la ejecución de la sentencia.
En consecuencia, el ordinal primero de la sentencia apelada será confirmado.
El cierre de lotes sin edificar
En el recurso de apelación, la parte actora aseveró que “[…] Si bien, la sentencia atendió el tema de los andenes, desafortunadamente omitió hacer pronunciamiento alguno, respecto de la grave problemática de los LOTES SIN CERCAR referidos en el Decreto 1355/70 y Código de Policía de Boyacá, adoptado mediante Ordenanza Departamental Nº 049 de 2.002 en cuyo artículo 46 impone la “OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR MUROS” […]”.
El A quo en la sentencia proferida, en primera instancia, se refirió a este aspecto en los siguientes términos:
“[…] Observa esta Corporación que en efecto en el barrio “Los Cristales” del Municipio de Tunja se encuentran algunos lotes sin edificar que incumplen con la Ordenanza de la Asamblea Departamental de Boyacá Nº 049 de 2002 en la cual se prescribe:
“ARTÍCULO 46. OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR MUROS. Los dueños de predios urbanos sin construir, contiguos a las vías públicas, los mantendrán cerrados con muros en altura mínima de 1.50 metros. Su incumplimiento dará lugar a la imposición de multa hasta de diez (10) salarios mínimos diarios vigentes (…)”.
Como sustento de lo anterior, y de las fotografías aportadas por los accionantes, se observa la existencia de varios lotes sin cerramiento alguno, entre ellos se destacan los ubicados al lado de las siguientes direcciones carrera 6ª # 45 – 98 (IMG_0346, CD 1 fl. 34), carrera 8ª # 45ª – 97 (IMG_0444, IMG_0446, CD 2 fl. 34), carrera 8ª # 45 A-81 (IMG_0451, IMG_0456 CD 2 fl. 24), calle 46 # 6 – 64 (IMG_0331, IMG_0341, IMG_0343, CD 1 fl. 34). A lo anterior se suma que según lo informado por el Municipio de Tunja en sus alegatos de conclusión, con respaldo en el Oficio anexo S.G.I.V.M.P.U/105 del 16 de febrero de 2015 (fls. 550-551), la Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Impuestos Municipal suministraron la información respecto de los propietarios de los lotes sin cerrar, concluyendo que en algunos ha sido imposible individualizar a sus propietarios, además que el plano para realizar la inspección de cerramiento de los lotes esta desactualizado.
También se hace relación, de las direcciones de cuatro lotes con el nombre de sus propietarios y código predial, de los que se anexan tres (3) actas de inspección ocular (fls. 557 a 564) suscritas por la inspectora MARTHA EDILSA MONTOYA MOJICA y la Arquitecta Delegada de la Secretaría de Infraestructura ZULMA CORREA RODRÍGUEZ, en las que se dejó constancia que solo uno de los lotes cumple con las condiciones del cerramiento.
En este escenario, la Sala no desconocerá las actuaciones desplegadas por el Municipio de Tunja para hacer frente a la situación que da origen a la vulneración de los derechos colectivos invocados frente al tema de los lotes sin construir que están sin cercar; sin embargo, no se encuentra razón que justifique el amparo del derecho en los términos solicitados, toda vez que la parte actora no allega los elementos probatorios suficientes, conforme a los cuales se demuestre que los demás terrenos no identificados son baldíos como lo anuncian en la demanda y frente a los cuales no se ha podido identificar el propietario, carga que estaba en cabeza de los actores populares por lo que en relación con este derecho (Sic) y por lo tanto, se negará la pretensión […]”.
Sin embargo, la Sala considera que no le asiste razón al Tribunal a quo, toda vez que la falta de identificación de los propietarios de los lotes sin construir, no impide que sean cerrados por la administración para efectos de garantizar la protección efectiva del derecho a la seguridad y salubridad pública.
La imposibilidad de determinar el titular de esos bienes no puede obstaculizar el cumplimiento de las normas que exigen su cerramiento. El artículo 46 del Acuerdo 049 de 12 de diciembre de 2002 expedido por la Asamblea Departamental de Boyacá, establece:
“[…] Artículo 46. OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR MUROS. Los dueños de predios urbanos sin construir, contiguos a las vías públicas, los mantendrán cerrados con muros en altura mínima de 1.50 metros. Su incumplimiento dará lugar a la imposición de multa hasta de diez (10) salarios mínimos diarios legales vigentes […]”
Esta Corporación ha considerado que los lotes sin construir, libres o sin desarrollar que carecen de cerramiento afectan los derechos a la seguridad y salubridad pública, en tanto se pueden convertir en depósitos de escombros y basuras, de manera que si en el proceso se prueba la existencia de lotes en esas condiciones el juez tiene la obligación de ordenar su cerramiento de conformidad con las disposiciones que rigen la materia.
Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 22 de noviembre de 2007, con ponencia del Consejero de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade, en el proceso radicado bajo el núm. 680012315000200201643-01(AP), explicó:
“[…] Es, pues, claro que según lo dispuesto en el Acuerdo 029 de 2005 si el propietario incumple la obligación de efectuar el cerramiento del lote, el Municipio está obligado a efectuarlo, y a repetir en su contra para obtener el reembolso de los gastos en que hubiese incurrido.
La inspección judicial constató que el lote sin construir entre las diagonales 31 y 32 y entre las carreras 29 y 28 del barrio Cañaveral carece de cerramiento y se ha convertido en depósito de escombros y basuras, que generan vectores e insectos que, sin duda producen riesgo para la salubridad.
No se remite a duda que los lotes sin cerramiento se convierten en refugio de indigentes o delincuentes, lo que ciertamente representa amenaza para la seguridad de los residentes y transeúntes del sector.
Se revocará la sentencia impugnada y se protegerán los derechos reclamados, para lo cual se ordenará al Municipio de Floridablanca adelantar las obras de cerramiento al lote de terreno ubicado entre las diagonales 31 y 32 y entre las carreras 29 y 28 del barrio Cañaveral según las especificaciones señaladas en el artículo 66 del Acuerdo 008 de 2005. Así mismo, el Municipio deberá construir andenes destinados al tráfico peatonal, pues estos forman parte del derecho colectivo al espacio público, cuyo uso y goce debe asegurar. […]”
En el sub examine, de acuerdo con las pruebas documentales, en el Barrio Los Cristales existen lotes sin edificar que no han sido cerrados, lo cual exige la adopción de medidas dirigidas a prevenir la afectación de los referidos derechos colectivos -la seguridad y salubridad pública-.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia proferida, en primera instancia, en relación con este asunto; en su lugar, ordenará al Municipio de Tunja, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, lo siguiente:
a. Llevar a cabo un procedimiento administrativo para determinar quiénes son los titulares del derecho real de dominio de los bienes inmuebles que se encuentran sin cercar o, en su defecto, los poseedores. Lo anterior, en el término máximo de un mes.
b. Cumplido lo anterior, requerir a los propietarios o poseedores para que construyan los muros tendientes a cerrar los bienes de su propiedad, de conformidad con el artículo 46 del Acuerdo 049 de 12 de diciembre de 2002 expedido por la Asamblea Departamental de Boyacá. Lo anterior, en el término máximo de tres (3) meses.
En caso de renuencia de los propietarios o poseedores en el cumplimiento de esta obligación, el Municipio de Tunja deberá: i) iniciar el proceso administrativo para la imposición de multas, según lo establece el artículo 46 del Acuerdo 049 de 12 de diciembre de 2002 expedido por la Asamblea Departamental de Boyacá; ii) llevar a cabo las obras para cerrar los lotes; y iii) adelantar las acciones necesarias para obtener el reembolso de los dineros invertidos en las obras de cerramiento. Lo anterior, en el término máximo de un año contado a partir del vencimiento del término otorgado por la administración a los propietarios o poseedores para el cerramiento de los lotes.
c. En el evento en que el Municipio no pueda ubicar a los propietarios de los lotes sin construir, el ente territorial deberá llevar a cabo las obras para cerrarlos, en el término máximo de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término otorgado en el literal a).
Sobre la construcción de los puentes peatonales
En la sentencia proferida, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que no se vulneran los derechos colectivos invocados en la demanda, en relación con la construcción de puentes peatonales, comoquiera que existe un paso demarcado para peatones y un puente cerca del sector.
En efecto, en el oficio S.I. 839/2007 de 27 de mayo de 2014, el Secretario de Infraestructura del Municipio de Tunja aportó varias fotografías que permiten inferir que en la entrada del Barrio Santa Inés, cerca del Barrio Los Cristales, existe un puente peatonal y senderos peatonales “[…] desde la calle 46 hasta el paso a desnivel, en una longitud no superior a los 300 metros lineales […]”.
Las referidas fotografías son las siguientes:
Estas pruebas no fueron desconocidas ni tachadas de falsas, de manera que gozan de valor probatorio.
Ahora bien, la parte actora no aportó medios de prueba que permitan inferir la necesidad de la construcción de un puente peatonal sobre la avenida sexta con calle 46.
La Sala recuerda que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 472, en las acciones populares la carga de la prueba le corresponde a la parte actora. Su tenor literal es el siguiente:
“[…] ARTICULO 30. CARGA DE LA PRUEBA. La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella.
[…]”.
Así las cosas, corresponde al actor popular la carga de acreditar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda. La omisión en el cumplimiento de la carga procesal trae consigo posibles consecuencias desfavorables, como una sentencia que niegue las pretensiones de la demanda.
En este sentido, esta Sección, con ponencia del Consejero de Estado doctor Guillermo Vargas Ayala, en sentencia proferida el 13 de noviembre de 2014, expresó lo siguiente:
“[…] Esta consecuencia del obrar omisivo de la parte demandante ya ha sido señalada por la jurisprudencia de esta Sala, como se expresó en Sentencia del 22 de agosto de 2013, en la cual se afirma lo siguiente:
“Se entiende que le corresponde al actor probar los hechos, acciones u omisiones que a su juicio constituyen la causa de la amenaza o la vulneración de los derechos e intereses colectivos cuya protección se pretende con la acción.
Es evidente que no basta con indicar que determinados hechos violan los derechos e intereses colectivos para que se tenga por cierta su afectación o vulneración; el demandante tiene la carga procesal de demostrar los supuestos fácticos de sus alegaciones.
Sobre la carga de la prueba en acciones populares, la jurisprudencia de esta Sección ha indicado:
“...la Sala considera importante anotar, que la acción popular no está diseñada para acudir a ella ante cualquier violación de la ley, irregularidad o disfunción que se presente ya sea en el ámbito público o privado. Por el contrario, como se indicó al inicio de estas consideraciones, la acción popular tiene un papel preventivo y/o remedial de protección de derechos e intereses colectivos, cuando quiera que éstos se ven amenazados o están siendo vulnerados, pero en uno y otro evento, tanto la amenaza como la vulneración, según el caso, deben ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes, concretas y actuales, de manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben ser debidamente demostrados por la parte actora popular, quien conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, tiene la carga de la prueba. “Dado que los actores no demostraron de ninguna manera el supuesto hecho que generaba la violación de los derechos colectivos (...) confirmará la Sala la sentencia proferida, en primera instancia, por el tribunal de instancia.”
Con fundamento en lo anterior la procedencia de la acción popular se sujeta a que, de los hechos de la demanda se pueda deducir siquiera sumariamente una amenaza a los derechos colectivos, entendidos estos como intereses de representación difusa, en la medida en que su titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas, la obligación de que la acción se dirija contra persona natural o jurídica o autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza o viola el interés colectivo, requisito este último que requiere que la acción u omisión sea probada por la parte actora, o que del acervo probatorio obrante en el expediente el juez pueda deducir la vulneración del o de los derechos colectivos pues de lo contrario no puede ni podrá dar orden alguna tendiente proteger y normalizar una situación con la expedición de la sentencia producto de la acción popular.” (Negrillas por fuera del texto) […]”
La carga de la prueba no se invierte de forma caprichosa sino cuando se presentan especiales condiciones que impiden que el interesado la pueda cumplir, como sucede en los eventos en que la parte contraria se encuentra en una posición más favorable para aportar la prueba o, la carga no se puede satisfacer por razones económicas o técnicas.
En el caso sub examine, la Sala no encuentra motivos que permitan inferir que se invirtió la carga de la prueba de la necesidad de construcción de un puente peatonal en la avenida sexta con calle 46.
En consecuencia, en relación con el aspecto estudiado, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia.
Ahora bien, la parte actora sostiene que en la sentencia apelada, además de la demolición del puente de madera ubicado sobre el Río Jordán en la parte posterior a las oficinas de la Nueva EPS de la Avenida Norte con carrea 6 núm. 44 – 84, se debió ordenar la construcción de “una nueva infraestructura” según lo pretendido en la demanda.
De conformidad con el literal A, del artículo 7.º del Decreto 1538 de 17 de mayo de 2005 las vías de circulación peatonal deben garantizar la continuidad del paso, de manera que los cruces puedan superarse de forma segura.
De acuerdo con las fotografías aportadas por la parte actora que obran a folio 34, el paso peatonal sobre el Río Jordán en la parte posterior a las oficinas de la Nueva EPS de la Avenida Norte con carrea 6 núm. 44 – 84 quedaría contiguo a la vía férrea:
En efecto, ordenar la ubicación de un paso peatonal en esta zona amenazaría la seguridad de los peatones, comoquiera que quedarían expuestos a los riesgos propios de tránsito en una vía férrea.
Además, tampoco se aportaron pruebas que permitan concluir que el puente es la única forma de comunicación entre los sectores que son divididos por el Río Jordán.
Por lo anterior, en este aspecto, no es posible revocar la sentencia proferida en primera instancia.
Contaminación auditiva y visual
La parte actora, sostuvo en la demanda que en el Barrio Los Cristales existe por una parte, contaminación auditiva por el ruido que genera el tránsito de vehículos en el sector así como las alarmas de las viviendas y, por el otro, contaminación visual por grafitis.
Sin embargo, la parte actora no probó ninguno de estos hechos por las razones que se expondrán a continuación.
Respecto a las pruebas sobre la contaminación auditiva, el Secretario de Protección Social del Municipio de Tunja, el 28 de mayo de 2014, informó lo siguiente:
“[…] la Secretaría de Protección Social, realizó informe detallado sobre las visitas a los actores populares en donde en algunos de ellos no se encontró a los propietarios y el señor LUIS GUILLERMO LÓPEZ MARTÍNEZ, se negó a dejar ingresar al inmueble de su propiedad al ingeniero que iba a efectuar las mediciones, argumentando que la Administración debía ingeniarse la forma de solucionar los problemas de la comunidad del barrio los cristales. De igual forma expresó el señor LOPEZ MARTÍNEZ, que el ruido por el cual esta inconforme se desprende de las alarmas que instalan las viviendas vecinas para su propia seguridad.
Así las cosas y al tenor del artículo 19 de la Resolución Nº 8321 de 1983 la medición se debe realizar dentro de las viviendas de los afectados, y para el caso en concreto los accionantes no permitieron el ingreso a sus viviendas, lo que imposibilita establecer si hay violación o no a la norma.
[…] ”.
El Ingeniero Sanitario y Ambiental del Municipio de Tunja, Héctor Alonso Gómez Sandoval, mediante oficio SPS S.A 212 de 27 de mayo de 2014 indicó lo siguiente:
“[…] Para su conocimiento y las acciones a que haya lugar, me permito informarle que el día 26 de mayo de 2014, se realizaron visitas a diferentes viviendas del Barrio los Cristales:
Cra 7 # 45-36 (Hora de la visita 8:14 a.m.)
Cra 7 # 45-43 (Hora de la visita 8:18 a.m.)
Cra 7 # 6-54 (Hora de la visita 8:30 a.m.)
Calle 46 # 6-72 (Hora de la visita 8:25 a.m.) Local 1
Calle 46 # 6-72 (Hora de la visita 8:25 a.m.) Apto. 401
Calle 46 # 7-07 (Hora de la visita 9:10 a.m.)
Cra 7 A # 45-86 (Hora de la visita 9:20 a.m.)
Calle 48 # 8-21 (Hora de la visita 10:15 a.m.) Apto 504
[…]
En la mayor parte de las viviendas no fue atendido, solo dos viviendas en la vivienda de los señores Eduar reyes pero fui atendido (sic), Eduviges Parra Otálora y el señor Luis Guillermo López Martínez. Calle 46 # 6 – 72 los cuales manifestaron que firmaron el documento porque tenían que agilizar una obra que se estaba llevando a cabo en este sector (pavimentación), por este motivo me dirigí a hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Cristales el Señor JOSÉ AMADO LÓPEZ MALAVER al cual le comenté que necesitaba realizar uno monitores por la afectación por ruido que manifestaban en la acción popular.
[…]
Igualmente el señor López no presta ninguna colaboración y dice que como hace para que las alarmas se activen para poder realizar las mediciones de ruido.
Por todo lo mencionado anteriormente me fue imposible realizar los monitoreos en las viviendas de los habitantes del Barrio los Cristales y así poder establecer la afectación por contaminación de ruido que manifiestan los residentes y firmantes.
En conclusión no se realizaron las mediciones de ruido por falta de colaboración de la comunidad y del Líder comunal […]”
En efecto, no fue posible acreditar la contaminación auditiva en el Barrio Los Cristales del Municipio de Tunja por una conducta imputable a la parte actora al no colaborar con la práctica de las pruebas lo cual, además de desconocer los deberes de las partes, constituye un incumplimiento de una carga procesal, cuya omisión trae consigo la consecuencia desfavorable de la falta de prueba del hecho que sustenta la pretensión.
Sobre las cargas procesales, la Corte Constitucional en sentencia C-086 de 24 de febrero de 2016 proferida con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, expuso:
“[…] Una característica de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo (a diferencia de la obligación procesal), de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la omisión de su realización “puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material”. En palabras ya clásicas, “la carga funciona, diríamos, ὰ double face; por un lado el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar; en ese sentido es una conducta de realización facultativa; pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo consiste en que, si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Así configurada, la carga es un imperativo del propio interés”. […]” (Resaltado fuera de texto original).
En este estado del estudio, la Sala recuerda que, según el artículo 30 de la Ley 472, la carga de la prueba, en las acciones populares, corresponde a la parte actora.
Comoquiera que en el caso sub examine la parte interesada, esto es la actora, incumplió con la carga de la prueba no es posible acceder a las pretensiones de la demanda en relación con la contaminación auditiva; en consecuencia, la sentencia proferida, en primera instancia, no será revocada.
Respecto a la contaminación visual, la Sala considera que las imágenes que obran en el Disco Compacto a folio 34 no son suficientes para concluir que los grafitis afectan, de forma nociva, las condiciones normales de los elementos arquitectónicos existentes en el Barrio Los Cristales del Municipio de Tunja.
Por lo tanto, tampoco es posible revocar la sentencia de primera instancia en relación con este aspecto.
Conclusión
En suma, la Sala concluye que, en el caso sub examine, no es posible revocar la sentencia de primera instancia en relación con la cosa juzgada frente al derecho de seguridad de los habitantes del Barrio Los Cristales, la construcción de los puentes y pasos peatonales, así como la contaminación auditiva y visual.
Sin embargo, esta Sección revocará la sentencia apelada en relación con el cerramiento de los lotes sin edificar, por constituir una amenaza al derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas.
Por último, en relación con las costas, el artículo 38 de la Ley 472, establece:
“[…] El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar […]” (Destacado fuera de texto original)
En el caso sub examine, la Sala considera que, en segunda instancia, no hay lugar a imponer una condena en costas a la impugnante, es decir a la parte actora, comoquiera que no se encuentra verificado que haya interpuesto el recurso de apelación de mala fe o de forma temeraria.
Reconocimiento de personería
El Coronel Pablo Antonio Criollo Rey, en calidad de Secretario General de la Policía Nacional, mediante memorial visible a folio 631, otorgó poder especial al abogado Eduar Rivas Perea identificado con la cédula de ciudadanía núm. 82.363.504 de Tado y la tarjeta profesional de abogado núm. 253.933 del Consejo Superior de la Judicatura, para que representara a la entidad pública en el proceso de la referencia. Por lo tanto, se le reconocerá personería.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el ordinal décimo de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 13 de junio de 2016, respecto a la vulneración del derecho a la seguridad y salubridad públicas por la falta de cerramiento de los lotes sin edificar en el Barrio Los Cristales del Municipio de Tunja.
SEGUNDO: En consecuencia, DECLARAR que el Municipio de Tunja vulneró el derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas de los habitantes del Barrio Los Cristales del Municipio de Tunja por la falta de cerramiento de los lotes sin edificar.
TERCERO: Para la protección del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas de los habitantes del Barrio Los Cristales del Municipio de Tunja por la falta de cerramiento de los lotes sin edificar, ORDENAR al Municipio de Tunja, en el marco de sus competencias constitucionales y legales lo siguiente:
a. Llevar a cabo un procedimiento administrativo para determinar quiénes son los titulares del derecho real de dominio de los bienes inmuebles que se encuentran sin cercar o, en su defecto, los poseedores. Lo anterior, en el término máximo de un mes.
b. Cumplido lo anterior, requerir a los propietarios o poseedores para que construyan los muros tendientes a cerrar los bienes de su propiedad, de conformidad con el artículo 46 del Acuerdo 049 de 12 de diciembre de 2002 expedido por la Asamblea Departamental de Boyacá. Lo anterior, en el término máximo de tres (3) meses.
En caso de renuencia de los propietarios o poseedores en el cumplimiento de esta obligación, el Municipio de Tunja deberá: i) iniciar el proceso administrativo para la imposición de multas, según lo establece el artículo 46 del Acuerdo 049 de 12 de diciembre de 2002 expedido por la Asamblea Departamental de Boyacá; ii) llevar a cabo las obras para cerrar los lotes; y iii) adelantar las acciones necesarias para obtener el reembolso de los dineros invertidos en las obras de cerramiento. Lo anterior, en el término máximo de un año contado a partir del vencimiento del término otorgado por la administración a los propietarios o poseedores para el cerramiento de los lotes.
c. En el evento en que el Municipio no pueda ubicar a los propietarios de los lotes sin construir, el ente territorial deberá llevar a cabo las obras para cerrarlos, en el término máximo de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término otorgado en el literal a).
CUARTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia proferida en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 13 de junio de 2016 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: SIN CONDENA en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO. RECONOCER personería al abogado Eduar Rivas Perea identificado con la cédula de ciudadanía núm. 82.363.504 de Tado y la tarjeta profesional de abogado núm. 253.933 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderado especial de la Policía Nacional.
SÉPTIMO. REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
OCTAVO. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Angélica Soto Tavera, Alcira Vaca Barrera, Lorena Arrieta Royetta, Francisco Parad, Andersson Blanco Mojica, Miguel Blanco Mojica, Brian Nicolás Cristiano Ojeda, Luis Fernando Rudiaz Raviel, Anny Lorena González Fajardo, Marion (ilegible), Blanca Fiaga de González, Lina Macías Moso, Lisett Ariadna Ulloa Barón, (ilegible) Rodríguez García, Diego Arnulfo Peña Burgos, Oscar Hernán Ibáñez Blanco, Diego Julián Roa Medina, Carolina Jácome, Lida Caballero Borda, (ilegible) Ávila Peña, Giovanny Marino, Miguel Ángel Suárez Fonseca, Dilma Fabiola Bonilla, Fanny Rubiela Ulloa, Sonia Pilar Báez, Andrea Liliana Yunis, Yesid Rodríguez Rodríguez, Eduar Reyes, Eduviges Parra Otálora, José David León Parre, David Leonardo Ojeda Niño, Gloria Elsy Pérez Cárdenas, Henry Cifuentes, José Vidal Arias, Rafael González Herrera, Fanny Patricia Galvis, Edwin Alberto Ortiz, Milton Alexander Colmenares Pérez, Camilo Colmenares Pérez, Andrea Carolina Colmenares, Hugo Hernán Gómez Amaya, Gloria Elcy Pérez, (ilegible) de Rojas, Clara Marcela Torres Páez, Nina Rojas Amézquita, Claudia Niño Gámez, Libia Clemencia Muñoz, María Teresa Lemus, Ana (ilegible) Yanquen Acevedo, Laura Edith Castellanos, Camilo Ernesto Parra López, Lucy Amanda Arias Suárez, Carlos Cifuentes, Karen (ilegible) Niño, William Tolosa, Johana González, José Alejandro Mora Castro, Blanca Leonor Sánchez, Eliana Catherine Yaya Muñoz, Aura Evita Ojeda, Hugo Raúl Torres, Doris Adriana Palacios Jiménez, Yimmy A. Castellanos, Carmen Rosa Cruz Vargas, Luz Marina Cruz Vargas, José Antonio Muñoz, Luis Guillermo López Martínez, Ana Doris Carvajal Correal, Mauricio Simón Rodríguez La Rotta, Martha Rojas, Gloria Naranjo, Efraín Coley Acosta, José Baldomero Ruano, José Ruiz, Clara Eugenia Moreno Ayala, Ernesto Hernández, Blanca E. Mancipe de Hernández, Ricardo Pacanchigua, Ana Patricia Amar Riaño, Ligia Amparo Linzon, Virginia Corta de Ramírez, Aura Ligia Figueredo, Nilson Abelardo Gil La Rotta, Vilma Mesa, Hugo García, Angélica Serreño, Mauricio Fabián Páez, Maybel Serrar, Ligia Aurora Cristancho, Luis Buitrago Gordillo, Teresa de Jesús Salcedo, Natalie Alexandra Sanabria Salcedo, Manuel Ricardo Sanabria Salcedo, Oscar René Sanabria Salcedo, Laura Gil Mejía, Sandra Consuelo Mesa, Orlando Torres, Marco Tulio Romero Mesa, María Esperanza Vargas, Lorena Esperanza Romero, Alfredo Suárez Obando, Néstor (ilegible), Fermín Campos, Luz Mercedes Herrera, Natalia Campos Herrera, Magdalena Cabrejo, Oscar García Campos, Carmen Adriana Fuentes Arismendi, Luz Mery Castelblanco, Blanca Lilia Galindo Barón, Laura Pedroza Montañez, Rafael Armando Leal, Jhon Torres, Andrea del Pilar Sáenz Morales, Adrián Felipe Parra, Luis Carlos Leguizamón, Aura Patricia García Lara, Pablo Ignacio López Guio, José Armando López Luis Alberto Colmenares, Jesús Eduardo Castro López, Yadira Rocío Colmenares Pérez, Angee Katherine Pacheco Pedroza, Gustavo Cifuentes Molano.
Angélica Soto Tavera, Alcira Vaca Barrera, Lorena Arrieta Royetta, Francisco Parad, Andersson Blanco Mojica, Miguel Blanco Mojica, Brian Nicolás Cristiano Ojeda, Luis Fernando Rudiaz Raviel, Anny Lorena González Fajardo, Marion (ilegible), Blanca Fiaga de González, Lina Macías Moso, Lisett Ariadna Ulloa Barón, (ilegible) Rodríguez García, Diego Arnulfo Peña Burgos, Oscar Hernán Ibáñez Blanco, Diego Julián Roa Medina, Carolina Jácome, Lida Caballero Borda, (ilegible) Ávila Peña, Giovanny Marino, Miguel Ángel Suárez Fonseca, Dilma Fabiola Bonilla, Fanny Rubiela Ulloa, Sonia Pilar Báez, Andrea Liliana Yunis, Yesid Rodríguez Rodríguez, Eduar Reyes, Eduviges Parra Otálora, José David León Parre, David Leonardo Ojeda Niño, Gloria Elsy Pérez Cárdenas, Henry Cifuentes, José Vidal Arias, Rafael González Herrera, Fanny Patricia Galvis, Edwin Alberto Ortiz, Milton Alexander Colmenares Pérez, Camilo Colmenares Pérez, Andrea Carolina Colmenares, Hugo Hernán Gómez Amaya, Gloria Elcy Pérez, (ilegible) de Rojas, Clara Marcela Torres Páez, Nina Rojas Amézquita, Claudia Niño Gámez, Libia Clemencia Muñoz, María Teresa Lemus, Ana (ilegible) Yanquen Acevedo, Laura Edith Castellanos, Camilo Ernesto Parra López, Lucy Amanda Arias Suárez, Carlos Cifuentes, Karen (ilegible) Niño, William Tolosa, Johana González, José Alejandro Mora Castro, Blanca Leonor Sánchez, Eliana Catherine Yaya Muñoz, Aura Evita Ojeda, Hugo Raúl Torres, Doris Adriana Palacios Jiménez, Yimmy A. Castellanos, Carmen Rosa Cruz Vargas, Luz Marina Cruz Vargas, José Antonio Muñoz, Luis Guillermo López Martínez, Ana Doris Carvajal Correal, Mauricio Simón Rodríguez La Rotta, Martha Rojas, Gloria Naranjo, Efraín Coley Acosta, José Baldomero Ruano, José Ruiz, Clara Eugenia Moreno Ayala, Ernesto Hernández, Blanca E. Mancipe de Hernández, Ricardo Pacanchigua, Ana Patricia Amar Riaño, Ligia Amparo Linzon, Virginia Corta de Ramírez, Aura Ligia Figueredo, Nilson Abelardo Gil La Rotta, Vilma Mesa, Hugo García, Angélica Serreño, Mauricio Fabián Páez, Maybel Serrar, Ligia Aurora Cristancho, Luis Buitrago Gordillo, Teresa de Jesús Salcedo, Natalie Alexandra Sanabria Salcedo, Manuel Ricardo Sanabria Salcedo, Oscar René Sanabria Salcedo, Laura Gil Mejía, Sandra Consuelo Mesa, Orlando Torres, Marco Tulio Romero Mesa, María Esperanza Vargas, Lorena Esperanza Romero, Alfredo Suárez Obando, Néstor (ilegible), Fermín Campos, Luz Mercedes Herrera, Natalia Campos Herrera, Magdalena Cabrejo, Oscar García Campos, Carmen Adriana Fuentes Arismendi, Luz Mery Castelblanco, Blanca Lilia Galindo Barón, Laura Pedroza Montañez, Rafael Armando Leal, Jhon Torres, Andrea del Pilar Sáenz Morales, Adrián Felipe Parra, Luis Carlos Leguizamón, Aura Patricia García Lara, Pablo Ignacio López Guio, José Armando López Luis Alberto Colmenares, Jesús Eduardo Castro López, Yadira Rocío Colmenares Pérez, Angee Katherine Pacheco Pedroza, Gustavo Cifuentes Molano.
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Folio 7 a 9 cuaderno 1
Folios 1 vto. a 6 Ibidem
Folio 10 ibidem
Folios 123 a 124 del cuaderno 1.
Folios 128 a 129 del Ibidem
Folio 11 C cuaderno de medidas cautelares
Folios 290 a 292 cuaderno 1.
Folio 334 Ibidem
Folio 335 Ibidem
Folios 342 a 343 Ibidem
Folios 437 a 438 Ibidem
Folios 478 a 479 Ibidem
Folio 481 Ibidem
Folio 536 Ibidem
Folios 188 a 199 cuaderno 1
Folios 357 a 382 Ibidem
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.
Folios 568 a 589 Ibidem
Decreto 798 de 2010. “Artículo 3º. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones:
“(…) 6.- Cruces Peatonales a Desnivel. Son construcciones (puentes y túneles) que garantizan la integridad física y continuidad del flujo peatonal para atravesar una vía.”
Definidos por la Corte Constitucional en sentencia C-595 de 1995 así: “Los baldíos son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley”
“[…] SÉPTIMO.- ORDENAR al Municipio de Tunja a través de su representante legal que en concertación con la Policía Nacional, a partir del término de ejecutoria de esta sentencia y en un plazo no superior a cuarenta (40) días, y solo durante el calendario escolar, diseñen, implementen y ejecuten, un plan y/o esquema operativo de tránsito vehicular específico para el área del barrio “Los Cristales”, dando prioridad al aspecto peatonal y de seguridad vial.
Dentro de dicho plan y/o esquema debe preverse, implementarse y ejecutarse, la demarcación de la zona escolar, con disposición de reductores de velocidad que garanticen que efectivamente los vehículo deben reducir la velocidad en un amplio sector de la entrada – salida de la Escuela Normal Femenina “Leonor Álvarez Pinzón”, para lo cual deben disponerse entre otros los recursos humanos, tanto de la Secretaría de Tránsito del Municipio como de la Policía Nacional, para que a la hora de entrada y / o salida del plantel, exista personal capacitado y autorizado, para garantizar el acatamiento de las normas de tránsito tanto de los peatones como de los vehículos y salvaguardar prioritariamente la integridad de los menores que allí estudian, del cual deben remitir copia a este Despacho para su verificación. […]”
Recurso que obra a folios 592 a 601 del cuaderno 1
Auto visible a folios 617 a 618 Ibidem
Auto visible a 623 ibidem
Folios 628 a 630
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. [MP Manuel José Cepeda Espinosa]
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
“[…] ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. […]”
“[…] ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un núm. plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. […]”
Cfr. Sentencia T-508 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz
Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. [MP Manuel José Cepeda Espinosa]
Sobre la relevancia constitucional de la protección del espacio público, la Corte Constitucional ha determinado que: “[l]a calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar está íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios de encuentro y circulación que hagan posible la construcción de un tejido social en el que cada individuo se reconoce como miembro de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades. De esta manera, la defensa del espacio público contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad.” Ver, sentencia C-265 de 2002.
Ibídem.
Ley 388 de 1997, “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, artículos 5 y 6.
Decreto 1504 de 1998, “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”, artículo 7.
Sentencia T-257 de 2017
Providencia de 31 de mayo de 2002. Expediente núm. 1999-9001 (AP 300). Consejera ponente: doctora Ligia López Díaz.
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 6 de noviembre de 2013. Expediente radicación: 25000-23-24-000-2012-00145 01 (AP). M.P. Maria Elizabeth García González.
Actor: Diego Fernando Martínez Echeverry. Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Universidad del Pacífico- Consejo Superior
Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
“Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.
“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones de bienestar y calidad de vida
H. Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo, 20 de abril de 2017. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sentencia de 15 de mayo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación número: 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP), criterio reiterado por esta Sala de Decisión radicación nro: 2013-00013-01(AP), C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 19001-23-31-000-2005-00067-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de noviembre de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación número: 25000-23-24-000-2011-00227-01(AP). Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 54001-23-31-000-2003-00266-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación número AP 1834. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En este fallo se discutía la naturaleza colectiva que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación número: 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril de dos mil once (2011), Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 63001-23-31-000-2004-00688-01(AP)
Inciso segundo artículo 58 C.P. Art. 95 numeral 1 C.P. Art. 3º ley 388 de 1997. Art. 5º ley 388 de 1997
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veintiuno (21) de febrero de dos mil siete (2007), Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. número: 63001-23-31-000-2004-00243-01(AP),
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de 2009, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, Radicación Número:
17001-23-31-000-2004-01492-01(AP)
Folios 34 del cuaderno 1
Folio 36 Ibidem
Folio 37 Ibidem
Folios 38 a 39 Ibidem
Folios 40 a 46 Ibidem
Folios 47 a 49 Ibidem
Folios 50 a 52 ibidem
Folios 83 a 93 Ibidem y 414 a 422 cuaderno 2
Folios 94 a 96 cuaderno 1
Folios 97 a 100 Ibidem
Folio 101 Ibidem
Folios 102 a 103 Ibidem
Folio 104 Ibidem
Folio 107 Ibidem
Folio 108 Ibidem
Folio 109 Ibidem
Folio 110 Ibidem
Folio 111 Ibidem
Folio 112 a 113 Ibidem
Folio 115 Ibidem
Folio 116 Ibidem
Folio 117 Ibidem
Folios 119 a 120 Ibidem
Folios 161 a 163 Ibidem
Folios 164 a 193 Ibidem
Folio 194 Ibidem
Folio 195 a 196 Ibidem
Folio 197 a 198 Ibidem
Folios 199 a 204 Ibidem
Folios 205 a 214 Ibidem
Folios 216 a 245 Ibidem
Folio 246 a 247 Ibidem
Folio 248 Ibidem
Folio 250 Ibidem
Folios 251 a 269 Ibidem
Folio 271 Ibidem
Folio 388 a 390 cuaderno 2
Folio 428 a 429 Ibidem
Folios 432 a 433 Ibidem
Folios 434 a 435 Ibidem
Folios 486 a 500 Ibidem
Folios 503 a 531 Ibidem
Folios 534 Ibidem
Folio 587 vto. Ibidem
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 2 de marzo de 2016, C.P. María Elizabeth García González, Expediente: 2010 – 00750 – 01, Actor: Carlos Ángel Cárdenas Acosta. Magistrado Ponente doctor Rodrigo Escobar Gil
Artículo 35 de la Ley 472. Tomado de http://srvgel.policia.gov.co/blog/?p=273
Folios 495 vto. a 497 cuaderno 2
Folios 503 a 532 cuaderno 2
Definidos por la Corte Constitucional en sentencia C-595 de 1995 así: “Los baldíos son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley”
Por el cual se expide el Reglamento de Convivencia ciudadana para el Departamento de Boyacá. Sobre el particular, El Secretario de Infraestructura del Municipio de Tunja en el oficio núm. 839/2007 de 27 de mayo de 2014, precisó:
“[…] LOTES SIN CERRAR: Como se informó en los hechos y teniendo en cuenta lo contemplado en la ordenanza Nº 0049 de 2002 el cual reza: Artículo 46. OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR MUROS. Los dueños de los predios urbanos sin construir, contiguos a las vías pública, los mantendrán cerrados con muros en altura mínima de 1.50 metros. Su incumplimiento dará lugar a la imposición de multas hasta de diez (10) salarios mínimos diarios legales vigentes, es competencia de la Secretaría de Gobierno (sic); la competencia de la Secretaria de Infraestructura en este caso se limita a suministrar la información requerida junto con la Oficina Asesora de Planeación para que la Inspección de Policía del Sector realice el procedimiento correspondiente, se reitera que mediante SIU 855 de mayo 26 se envió información tal como listado con direcciones y nombre de propietarios de los lotes que se encuentran sin construir, así como un plano así como el plano de localización de cada predio […]”.
Asimismo, la Inspectora de Policía del Municipio de Tunja, informó lo siguiente:
“[…] Me permito informarle que este despacho se encuentra adelantando los procesos administrativos correspondientes en contra de los propietarios de los lotes suministrados por la Secretaría de Infraestructura y la oficina de impuestos municipal, este despacho inicio los procesos administrativos correspondientes, en algunos de ellos ha sido imposible individualizar a sus propietarios a fin de determinar las personas que posiblemente incurrió en la falta, es preciso señalar que al momento de verificar el cerramiento de dichos lotes por parte de sus dueños previo requerimiento de este despacho, junto con la funcionaria de la secretaría de infraestructura, despacho que esta conceptuando si el cerramiento cumple o no con lo señalado en el artículo 46 de la ordenanza 049 de 2002, se indica por la funcionaria que el plano anexo por la secretaría de infraestructura y que posee la inspección no está actualizado […]”.
Folio 395 cuaderno 1
Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala, Radicación Número: 17001-23-31-000-2012-00327-02(Ap). Actor: Javier Elías Arias Idarraga. Demandado: Municipio De Chinchiná - Caldas; Registraduría Nacional Del Estado Civil.
Sentencia del 30 de junio de 2011, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente 50001-23-31-000-2004-0640-01.
Rad. No. 25000-23-24-000-2010-00779-01(AP), Actor: Luis Carlos Domínguez Prada, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997
Folio 432
El numeral 8.º del artículo 78 del Código General del Proceso establece que es deber de las partes prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias
Corte Constitucional, Sentencia C-1512 de 2000.
Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ª edición, Roque Depalma Editor, Buenos Aires, 1958, p. 211 a 213.
Departamento de Chocó
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