RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2013-00533-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2013-00533-01

Fecha
10 de junio de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2013-00533-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1º) Revócase la sentencia del 23 de noviembre de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión que negó las pretensiones de la demanda. 2) Declárase de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción y, en consecuencia, inhíbese de pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones de la parte demandante. 3º) Condénase en costas a la parte demandante, por Secretaría liquídense. Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma de en (1) SMLMV lo cual se dividirá en partes iguales entre los demandados. 4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen con las correspondientes constancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-33-000-2013-00533-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

10 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 15001-23-33-000-2013-00533-01 (AG)
Demandante: LUIS ALFONDO ORDUZ PONGUTÁ Y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y OTROS
Medio de control: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE PERJUICIOS
CAUSADOS A UN GRUPO
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA

Síntesis del caso: un grupo de productores artesanales de cal, ladrillo y teja del municipio de
Sogamoso (Boyacá) demandan la reparación de perjuicios por los efectos de la aplicación de
la Resolución no. 0618 de 2013 proferida por Corpoboyacá “por medio de la cual se adoptan
medidas de control ambiental para el sector de producción de cal, ladrillo y teja en la
jurisdicción de Corpoboyacá” porque, a su juicio, este acto administrativo les causó un daño
común por cerrar abruptamente sus fuentes de trabajo.

Temas: medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – ineptitud
sustantiva de la demanda por indebida escogencia del medio de control / Artículo 145 del
CPACA – permite interponer la acción de grupo para controvertir la legalidad de actos
administrativos pero única y exclusivamente de contenido particular y concreto / Medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo – no es el instrumento idóneo para
solicitar la reparación de los daños derivados de la ilegalidad de actos de contenido general y
abstracto.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 1148
a 1153 cdno. ppal.) contra la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2016 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá (fls. 1114 a 1145 cdno. ppal.) mediante la cual se
dispuso:

“RESUELVE

PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda incoada por los
señores Luis Alfonso Orduz Pongutá, Teresa Orduz Pena, Carlos Julio
Figueredo Avella, Benjamín Abel Orduz Orduz, Luís Eduardo Orduz
Pongutá, Jorge Orlando Puentes González, María Lucresia Orduz de Sierra,
Bárbara Rosa Camargo de Gutiérrez Camargo, Emilia Orduz de Gómez,
Gutiérrez, Bertha Cecilia Camargo Orduz, María Lilia Orduz de Orduz,
Carmen A. Rodríguez de Medina, Gloria Herminda Galindo Sierra, Gustavo

2

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

Diaz Rodríguez, Hernán Orduz Barrera, Flor Elba Orduz Ordúz, Teresa
Prieto de Naranjo, Maria Agustina Sanabria Naranjo, María del Rosario
Medina, Jorge Prieto Peña, Maribel Molano Figueredo, Ana Rocío Barrera
Orduz, Marco Abel Gómez Rodríguez, María Felipa Orduz de Barrera, Cesar
Alexánder Gómez Vargas, Adela Naranjo Tabaco, Alba Lucía Barrera Orduz,
Guillermo Gutiérrez Camargo, Fernando Gómez Vargas, Pedro Nel Naranjo
Prieto, Luz Nayibe Fernández Patiño, Carlos Alonso Chaparro Sanabria,
Aura Alicia Orduz de Gutiérrez, Omar Chaparro López, Fabián Hair Naranjo
Tabaco, José de la Cruz Figueredo Fonseca, Pedro Arturo Gutiérrez
Quijano, Paulino Moreno, Olga Marina Fonseca Peralta, Octavio Orduz
Pefia, Ligia Inés Gutiérrez Camargo, Felipe Antonio Gutiérrez Camargo,
Martha Zulay Piñeros, Luis Alfonso Medina Medina, Ana Cecilia Cusba
Sativa, Ana Silvia Chaparro de Vega, Geovanny Camilo Olguín Vargas,
Sergio Javier Camargo Castillo, Jorge García Rodríguez, Clelia Medina
Medina, Mercedes Molano Fonseca, Rubén Acevedo Fonseca, Bárbara
Rosa Prieto de Naranjo, Maria Ana Rosa Gutiérrez Ojeda, Teresa Julia
Barrera Gil, Salomón Vargas Castillo, Felipe Jiménez Zambrano, Albina
Rodríguez Flórez, Érly Prada, Gabriel Molina, Epimenio Sanabria Barrera,
María Ligia Sanabria Chaparro, Yuban Weyden Caro Villamarín, Juan Díaz,
Blanca Lilia Ramírez Flórez, Isaac Ramírez, Rosalbina Ramírez Flórez,
Nelson Andrés Vargas Chaparro, José Fermín Vargas Rincón, José Javier
Vargas Chaparro, Myriam Diaz Emma Gutiérrez Molina, Rosana Acevedo
Gómez, Fredy Molina Rodríguez Rosa Delia Nitola Marroquín, María Cristina
Vargas Nitola, Olga Patri Orozco Puentes, María Magdalena Chaparro de
Vargas, Jenny Alexandra Sanabria Chaparro, Lina Marcela Sanabria
Chaparro y Marina Chaparro Patiño, por las razones expuestas en la parte
motiva

SEGUNDO: Por Secretaría, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la
Ley 472 de 1998, remítase copia de esta sentencia a la Defensoría del
Pueblo Registro Público de Acciones Populares y de Grupo.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Se reconoce personería para actuar a la abogada Claudia Patricia
Silva Campos, como apoderada del departamento de Boyacá, conforme al
poder de sustitución obrante a folio 1095.

QUINTO: Se reconoce personería para actuar el abogado Gustavo Adolfo
Lanziano Molano como como apoderado del municipio de Sogamoso
conforme al poder obrante a folio 1101.

SEXTO: En firme esta providencia, archívese el expediente dejando las
constancias que fueren menester.” (fls.1144 y 1145 cdno. ppal. - negrillas y
mayúsculas sostenidas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 27 de junio de 2013, el señor Luis Alfonso Orduz
Pongutá y otros presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
de los perjuicios causados a un grupo de personas regulada en los artículos 48 de la
Ley 472 de 1998 y 145 del CPACA (fls. 1 a 10 cdno. 1.) con las siguientes pretensiones:

3

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

“1.Teniendo presente que la valoración de los daños irrogados a las
personas o a las cosas atenderá el criterio de reparación integral y equidad,
con observancia de criterios actuariales, estimamos el valor de las
pretensiones de esta acción en la suma que deba apropiar el Gobierno
Nacional, Departamental y Municipal en la implementación de técnicas para
el desarrollo de actividad de la alfarería y de la minería tradicional, bajo
procesos de desarrollos limpios, programas de capacitación, para lo cual
sugerimos respetuosamente la conformación de una mesa interinstitucional
de solución del problema de la que hagan parte las entidades convocadas,
representantes de los alfareros y mineros tradicionales o de hecho. No
obstante hacer claridad que no es interés de mis representados propiamente
obtener una suma de dinero sino ante todo la defensa de sus derechos
constitucionales fundamentales entre ellos el derecho a su trabajo y a la
vinculación a la actividad social y económica de su desempeño con la cual
puedan sacar adelante y atender sus familias, ya que se trata de un grupo
altamente vulnerable que debe gozar de la especial protección del Estado.

2. En razón a que la actividad se desarrolla familiarmente que es otro de los
aspectos objetivos a tener en cuenta, en el evento que la Resolución se
hiciera efectiva, la afectación sería así: Teniendo en cuenta que el desarrollo
de la actividad de la alfarería y de la minería de hecho presentamos el
siguiente estimativo por persona de acuerdo a su producción mensual de
ladrillo, producto de la explotación de la arcilla es de aproximadamente tres
millones de pesos libres, cuya distribución se hace entre cuatro personas,
que son los que trabajan la hornada, lo cual les produce setecientos
cincuenta mil pesos ($750.000) de utilidad mensual percapita (sic) libres, es
decir nueve millones de pesos ($9.000.000.oo) anuales para cada uno, que
multiplicados por la vida laboral de los accionantes quienes en promedio
tienen 40 años, serían 36 años productivos, según la tabla de morbilidad de
los Colombianos y que el grupo lo conforman hombres y mujeres la utilidad
esperada y no recibida para el grupo que represento de cincuenta y ocho
(58) personas, será de dieciocho mil setecientos noventa y dos millones de
pesos ($18.792.000.000.oo), esto sin tener en cuenta el número de mineros
alfareros tradicionales que en realidad se ven afectados con la
determinación.

3. Requerimos se decidan las solicitudes de minería de hecho o tradicional
mediante la expedición de las correspondientes licencias solicitadas.

4. Solicitamos la definición del Plan de Ordenamiento Minero y del Plan de
Ordenamiento Territorial, para refacción, implementación de tecnologías
limpias en términos flexibles y con plazos acordados en concertación con
las entidades accionadas según la orden que para tal efecto imparta la
autoridad jurisdiccional.” (fls. 5 y 6 cdno. ppal. no. 1).

2. Hechos

Como fundamento de las pretensiones la parte demandante expuso, en síntesis, lo
siguiente:

4

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

1) Los demandantes tienen condiciones uniformes ya que se dedican a las actividades
de minería y alfarería tradicional, ancestral o de hecho en los sectores de Malvinas,
Bellavista y Pantanitos en el municipio de Sogamoso (Boyacá).

2) El municipio de Sogamoso (Boyacá) aún no ha definido los usos del suelo respecto
de los sectores que desarrollan la actividad ancestral de la alfarería en el Plan de
Ordenamiento Territorial (en adelante POT), sin embargo, la administración municipal
del referido ente territorial lo socializó pese a que el artículo 37 de la Ley 685 de 2001
prescribe que ninguna autoridad, regional, seccional o local1 podrá establecer zonas
del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería.

3) El Departamento de Boyacá -en ejercicio de delegación de funciones- desarrolló
atribuciones propias del Ministerio de Minas y Energía, como legalización de
solicitudes mineras y el otorgamiento de títulos mineros2, no obstante, estas
atribuciones regresaron a la Agencia Nacional de Minería razón por la cual la referida
entidad territorial perdió competencia.

4) Con la declaratoria de inexequibilidad del Código de Minas quedó vigente la Ley
685 de 2001 y aún no se han concedido las licencias de explotación de los recursos
mineros, pese a que desde el año de 2000 se efectuaron las solicitudes de legalización
del ejercicio de la minería tradicional.

5) Los demandantes desarrollaban la actividad minera tradicional en ejercicio del
principio de confianza legítima, no obstante, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá emitió la Resolución no. 0618 de 2013 en la cual resolvió el cierre definitivo y
la demolición de los hornos artesanos de cocción de arcilla que se encontraran
ubicados en zonas cuyo uso de suelo no lo permitía y, estableció que los propietarios
o arrendatarios de hornos de cocción de ladrillo tendrían tres meses para la
implementación de ductos y/o chimeneas, cuya altura y ubicación permita la dispersión

1 Afirma el demandante que según la sentencia C-891 de 2002 de la Corte Constitucional la decisión de

establecer zonas excluidas de la minería compete exclusivamente a las autoridades ambiental y minera,
razón por la cual, en la presente acción figuran como demandados la Agencia Nacional de Minería, el
Ministerio del Medio Ambiente y Corpoboyacá. Por lo tanto, es necesario en desarrollo de los principios
de concurrencia y subsidiaridad armonizar las competencias para el ordenamiento minero con las del
ordenamiento del territorio, por lo cual en ejercicio de esta acción se cita para que comparezca el
municipio de Sogamoso a través de su representante legal.
2 Según las facultades previstas en la Ley 685 de 2001, el Decreto 2655 de 1988, la Resolución

no.181192 de 2001, modificada por la Resolución 180927 del 25 de julio de 2005, prorrogada mediante
Resolución no.182366 del 18 de diciembre de 2008 del Ministerio de Minas y Energía, otro sí no.3 al
convenio administrativo no. 25 de 2007 celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y el
Departamento de Boyacá y el Decreto 000858 del 23 de mayo de 2008 de la Gobernación de Boyacá.

5

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

adecuada de las emisiones atmosféricas producidas en el proceso de cocción, lo cual
resulta abiertamente ilegal.

6) El cierre de los hornos no ha sido planificado ni soportado en planes de programas
de mejoramiento de condiciones ambientales a pesar de la gran inversión que ha
realizado el Gobierno Nacional y con ello ha excluido de la vida económica y social a
muchas familias que hoy forman parte de cinturones de miseria producto de
desempleo, sin embargo, el artículo 7 de la Ley 1450 de 2011 dispuso que es deber
del Gobierno implementar una estrategia para diferenciar la media informal de la
minería ilegal.

3. Fundamentos y cargos de la demanda

La parte demandante invocó los artículos 88 de la Constitución Política; 46 a 69 de la
Ley 472 de 1998; la Ley 685 de 2001, el Decreto 2655 de 1988, Decreto 000858 del
23 de mayo de 2008 proferido por la Gobernación de Boyacá y las Resoluciones
números 181192 de 2001, 180927 del 25 de julio de 2005, 182366 del 18 de diciembre
de 2008 del Ministerio de Minas y Energía.

El fundamento de esta acción es el principio constitucional de solidaridad que involucra
a un grupo de personas que sufren un daño proveniente de una causa común, esto
es, la aplicación de la Resolución no. 0618 del 30 de abril de 2013 emanada por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

De los hechos y las pretensiones de la demanda se infieren razonablemente los
siguientes fundamentos:

1) La Resolución no. 0618 del 30 de abril de 2013 violó el principio de confianza
legitima ya que cambió de manera intempestiva las condiciones de los demandantes
que venían desarrollando la actividad minera tradicional y de alfarería.

2) El cierre definitivo y la demolición de los hornos artesanales ordenado en la
Resolución no. 0618 del 30 de abril de 2013 que se encuentran en zonas cuyo uso del
suelo no lo permita “resulta abiertamente ilegal” si se tiene en cuenta que, según las
competencias que fija la Ley 685 de 2001, ninguna autoridad regional, seccional o local
podrán establecer zonas excluidas de minería.

6

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

3) El hecho generador de los perjuicios es la Resolución no. 0618 del 30 de abril de
2013 por razón de que los demandantes no pueden realizar inversiones ante la
indefinición de los usos del suelo del POT de Sogamoso y el Plan de Ordenamiento
Minero.

4. Contestación de la demanda

El medio de control de la referencia fue admitido el 30 de septiembre de 2013 (fls. 225
a 227 cdno. 1), providencia en la que se ordenó la notificación personal de los
demandados quienes contestaron las demandas así:

4.1 Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá

A través de escrito presentado el 21 de octubre de 2013 señaló que los hechos no le
constan y deben probarse; describió las actuaciones que ha realizado la entidad con
relación al caso concreto y se opuso a las pretensiones (fls. 285 a 300 cdno. 2) con
base en los siguientes argumentos:

a) Las pretensiones de la demanda son improcedentes debido a que Corpoboyacá no
ha causado ningún daño a los demandantes ni ha omitido su deber de control y
vigilancia a las actividades de impacto ambiental.

b) Un número de 36 de los 58 actores están inmersos en la Resolución no. 1779 de
2013 por medio de la cual Corpoboyacá aprobó los proyectos presentados en el marco
de la Resolución no. 0618 del 30/04/2013 para la adecuación técnica de los hornos de
producción de ladrillo ubicados en la jurisdicción del municipio de Sogamoso; aunado
a lo anterior, aprobó la propuesta de pico y placa ambiental para que con determinados
lineamientos técnicos operen 152 hornos de lunes a domingo, luego, estas personas
están usando sus hornos con el seguimiento de la entidad.

Propuso las excepciones de i) “ausencia de elementos que estructuran
responsabilidad a Corpoboyacá” ya que los hechos y las pretensiones de la demanda
carecen del apropiado sustento fáctico y jurídico, pues, no contienen un señalamiento
claro y preciso que indique una acción u omisión imputable a la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá; ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva” porque se

7

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

encuentran probadas las acciones adelantadas por la entidad para velar por la
protección y el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente.

4.2 Municipio de Sogamoso (Boyacá)

El 21 de octubre del 2013 contestó la demanda cuya actuación se refirió a los hechos
y adujo que deben probarse, y se pronunció en relación con las cuatro pretensiones
de la demanda así: i) el municipio como garante de los derechos de los alfareros está
dispuesto a participar en la mesa propuesta para tomar decisiones incluyentes para el
desarrollo sostenible; ii) los perjuicios económicos deberán ser objeto de debate
procesal; iii) la tercera súplica es de competencia de la Agencia Nacional Minera y, iv)
se debe adelantar el proceso del plan de ordenamiento de manera conjunta, en
primera instancia, entre las autoridades ambientales y, luego, deben ser ajustados los
POT en aplicación del principio de “armonía territorial” (fls. 387 a 390 cdno. 1).

4.3 La Agencia Nacional Minera

Se opuso a las pretensiones de la demanda por su imprecisión y subjetividad, pues,
en su parecer, los argumentos carecen de sustento jurídico – fáctico, y solicitó que las
peticiones sean rechazadas toda vez que no se encuentra acreditada la existencia de
un daño imputable a la entidad (fls. 416 a 456 cdno. 2), adicionalmente, esgrimió lo
siguientes razonamientos:

a) El objeto de la acción gira en torno a la expedición de la Resolución no. 618 del 30
de abril de 2013 proferida por Corpoboyacá, por lo tanto, la Agencia Nacional Minera
no podría proceder al pago de indemnización de perjuicios en los términos de los
artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998 por el hecho de no hacer parte de sus
competencias y funciones.

b) La entidad, como autoridad en este campo, tiene como propósito esencial fomentar
la exploración técnica y explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y
privada con el fin de estimular dichas actividades y, satisfacer la demanda interna y
externa y que su aprovechamiento se realice con base en los principios y normas que
rigen la explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente.

8

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

c) Las decisiones y respuestas de la Agencia Nacional Minera en los trámites
administrativos de su competencia son el resultado de trabajos y obras de la industria
minera en sus fases de prospección, exploración, construcción, montaje, explotación,
beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentran
en el suelo o el subsuelo.

Propuso las excepciones de i) “falta en legitimación en la causa por pasiva” debido a
que la decisión cuestionada fue expedida por Corpoboyacá, ii) “inepta demanda por
carencia de objeto ante la insuficiencia, vaguedad de los cargos y ausencia de pruebas
que soporten los mismos” por cuanto las acciones y omisiones que imputa a la entidad
son apreciaciones subjetivas inexistentes y carecen de prueba, la radicación de unas
solicitudes de legalización de minería no aclaran los hechos ni las súplicas de la acción
de grupo; la acción es improcedente por ausencia del objeto del hecho generador.

4.4 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Manifestó oposición a las pretensiones de la demanda porque, a su juicio, carecen de
sustento legal y probatorio y, en consecuencia, solicita ser absuelta por la imposibilidad
de imputarle responsabilidad extrapatrimonial a la entidad (fls. 462 a 475 cdno. 2) en
respaldo de lo cual invocó lo siguiente:

a) No es procedente una condena solidaria a la entidad porque la competencia del
ministerio sobre la materia es para proyectos de gran minería, mientras que los
proyectos de menor producción son de competencia de las Corporaciones Autónomas
Regionales de acuerdo con los artículos 9 de los Decretos 1220 de 2005 y 2820 de
2010.

b) La explotación donde sucedieron los hechos corresponde a una actividad ilegal que
no llegaría a contar con una capacidad de movimiento de tierras mayor o igual a
2.000.000 de toneladas al año, luego, las entidades competentes para efectuar el
control y seguimiento e intervenir en la demanda son las Corporaciones Autónomas
Regionales, las alcaldías municipales y los departamento respectivos.

c) No se configuró perjuicio alguno atribuible al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible porque según sus funciones legales no existe acción u omisión que le sea
imputable respecto de los hechos objeto de examen.

9

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

d) El actor no demostró los perjuicios alegados ya que se limitó a solicitar que se
condene al pago de estos por su supuesta causación, lo cual no es cierto si se tiene
en cuenta que no están acreditados los presupuestos necesarios para la configuración
de responsabilidad de la administración.

En ese contexto esgrimió las excepciones de i) “ausencia de nexo causal” debido a
que el ministerio solo está en el deber de fijar políticas en materia ambiental y no
desarrolla actividad comercial por explotación minera, ii) “falta de legitimación en la
causa por pasiva” por cuanto no puede asumir responsabilidades ajenas a su
competencia y responder por el incumplimiento de obligaciones asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales en cuanto al control y vigilancia de los impactos
ambientales y, iii) “ausencia de daño y responsabilidad causados a la demandante por
parte del Ministerio” en tanto que los supuestos perjuicios de los que dice fue objeto la
demandante provienen de factores ajenos a la actividad legal del ministerio, en
consecuencia, no existe concatenación entre los actos generadores del daño y los
cargos alegados para efecto de establecer responsabilidad.

4.5 Departamento de Boyacá

Expresó rechazo frente a los hechos y las pretensiones de la demanda (fls. 571 a 575
cdno. 2) con apoyo en la siguiente argumentación:

a) La entidad territorial no es autoridad ambiental.

b) No se acreditó el nexo causal entre la falla del servicio y el daño, circunstancia por
lo cual se impone negar las pretensiones.

c) La competencia en el presente caso está radicada en la Agencia Nacional de Minería
por ser esta la encargada de resolver y tramitar los asuntos ambientales.

d) Los perjuicios no están demostrados, la parte actora solo los menciona en su
demanda, sin acreditar su ocurrencia.

Sobre esa base formuló las excepciones de i) “falta de legitimación en la causa por
pasiva” debido a que no es el titular del derecho o de la obligación correlativa alegada;

10

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

ii) “falta de nexo causal” ya que el departamento de Boyacá no es autoridad ambiental,
por lo tanto, no puede existir nexo causal entre dicha entidad y el presunto daño,
máxime cuando este no fue acreditado.

5. Alegatos de conclusión de primera instancia

5.1 Municipio de Sogamoso

Solicitó declarar la ausencia de responsabilidad por falta de legitimación en la causa
por pasiva (fls. 1032 a 1037 cdno. no. 3) por las siguientes razones:

a) Pese a la imprecisión de la acción, se advierte que los perjuicios alegados provienen
de la expedición de la Resolución no 0618 de 2013 por medio de la cual se adopta
medidas de control ambiental para el sector de producción de cal, ladrillo y teja en
hornos artesanales en el municipio de Sogamoso (Boyacá), por lo tanto, no le compete
pronunciarse sobre su legalidad ya que fue expedida por la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá y goza de la presunción de legalidad.

b) No le corresponde al municipio de Sogamoso emitir juicio alguno sobre la presunta
negligencia u omisión de tramitar las solicitudes de legalización de minería tradicional.

c) El municipio de Sogamoso (Boyacá) cumplió el POT porque este prescribe que no
es permitido el funcionamiento de hornos artesanales de cocción de teja, ladrillo y
demás derivados de la arcilla en suelo urbano, en suelo de expansión urbana y en
suelo de protección.

d) No es de recibo admitir las deducciones realizadas por los actores cuando
manifiestan que para la fecha de los hechos no existía POT en el municipio de
Sogamoso, pues, por el contrario, los usos del suelo se encuentraban plenamente
definidos en el POT vigente al momento de los hechos.

e) Los demandantes no tienen razón cuando aseveran que la decisión administrativa
emitida por Corpoboyacá es ilegal porque no tuvo en cuenta la indefinición del uso del
suelo del POT en las zonas donde se desarrolla la actividad ancestral de alfarería en
el municipio de Sogamoso (Boyacá), pues, salta a la vista la existencia de
reglamentación en este sentido.

11

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

f) No ha vulnerado derecho colectivo alguno ni ha faltado al cumplimiento de sus
deberes y responsabilidades relativas al caso particular objeto de juzgamiento.

g) La Resolución no. 0618 de 30 de abril de 2013 expedida por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá responde a una serie de medidas adoptadas de tiempo
atrás con el fin de controlar y mitigar las emisiones atmosféricas en diferentes regiones
de su jurisdicción.

5.2 Corpoboyacá

Reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda (fls.
1039 a 1043 cdno. 3) y agregó que ante la carencia de material probatorio para probar
la pretendida responsabilidad de la autoridad se deben declarar probadas las
excepciones propuestas.

5.3 Parte actora

Afirmó que está probado que el Estado ha sido negligente y moroso en desarrollo de
sus competencias debido a que nunca resolvió los problemas de la legalización de la
minería y uso del suelo que permita desarrollar una inversión en los hornos artesanales
que contribuya al mejoramiento de las condiciones ambientales del Valle de
Sogamoso, porque resulta claro que la autoridad minera a la fecha tiene pendiente por
resolver cerca de 4000 trámites de solicitudes de formalización de minería tradicional
(fls. 1040 a 1051 cdno. 3).

El hecho generador y/o potencial de unos perjuicios es la Resolución 0618 de 30 de
abril de 2013 expedida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, daños que
deben ser indemnizados ya que potencialmente las personas del grupo accionante no
pueden realizar inversiones ante la indefinición del Plan de Ordenamiento Minero y del
POT.

Las entidades demandadas no se opusieron a las pretensiones indemnizatorias de lo
cual se concluye que existe un perjuicio cierto e indiscutible que los demandantes no
están en la obligación jurídica de soportar.

12

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

5.4 Gobernación Departamental de Boyacá

Reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y, adicionó, que carece de
competencia para expedir resoluciones y decretos en materia ambiental, y que por lo
tanto esa entidad territorial no es la llamada a responder (fl. 1051 cdno. 3).

5.5 La Agencia Nacional Minera

Insistió en los argumentos de la contestación de demanda y, al propio tiempo,
manifestó que fue claramente establecido cuáles son las funciones de dicha entidad
que, básicamente, consisten en el manejo adecuado de los recursos mineros frente a
la integridad y disfrute del ambiente y la preservación del equilibrio ecológico.

Los trámites paralelos que deben adelantar los interesados relacionados con los
respectivos permisos ambientales se gestionan de manera alterna, autónoma e
independiente, luego, no puede endilgársele responsabilidad alguna a la Agencia
Nacional Minera dentro de la presente acción (fls. 1063 a 1071 cdno. 3).

5.6 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Puso de presente, en su favor, que de las pruebas obrantes en el proceso se concluye
la falta de legitimación por pasiva respecto de las pretensiones incoadas por los
siguientes motivos:

a) De conformidad con la Ley 99 de 1993 y el Decreto 3570 de 2011 el ministerio tiene
asignadas funciones específicas de política y reglamentación ambiental a nivel
nacional, sin funciones de licenciamiento para la explotación de minería tradicional o
de hecho, así como tampoco tiene la función de elaborar o definir el Plan de
Ordenamiento Minero con el POT, atribuciones que corresponden a las Corporaciones
Autónomas Regionales y a los municipios.

b) La autoridad competente para atender los temas objeto de cuestionamiento en
materia de minería tradicional es la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, quien
tiene a su cargo autorizar o negar el trámite de la licencia ambiental de cada proyecto
minero, así como también imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley en los casos de violación de las normas de protección ambiental.

13

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

c) Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes autónomos e independientes
para cumplir con el objetivo de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.

5. La sentencia de primera instancia

El 22 de noviembre de 2016 la Sala de Decisión no. 2 del Tribunal Administrativo de
Boyacá (fls. 255 a 264 cdno. apelación) negó las pretensiones de la demanda,
principalmente, porque no es cierto que el grupo demandante haya sufrido perjuicios
o menoscabos en sus derechos, máxime cuando Corpoboyacá actuó en pro del goce
de un ambiente sano, el equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los
recursos naturales, en respaldo de lo cual adujo lo siguiente:

a) Como cuestión previa señaló que solo Corpoboyacá es la entidad llamada a
responder en este caso concreto porque el problema jurídico se centra en determinar
si la Resolución no. 0618 de 2013 proferida por esa entidad causó un daño común a
los demandantes; por otro lado, las restantes pretensiones resultan improcedentes
porque la acción de grupo tiene carácter indemnizatorio.

b) La imputación según la cual la Resolución 0618 de 2013 ordenó la demolición de
los hornos artesanales en zonas donde el POT del municipio no ha definido los usos
del suelo son falsas porque para ese momento estaba vigente el Acuerdo Municipal
096 de 2000 -POT del municipio de Sogamoso-, en el cual están determinados
claramente los usos del suelo para actividades mineras en los artículos 133, 174 y 344.

c) Lo afirmado por los demandantes en el sentido de que el artículo 37 de la Ley 685
de 2001 prohibió que autoridades regionales seccionales o locales establezcan zonas
del territorio vedadas de minería no tiene asidero jurídico, porque la Corte
Constitucional declaró inexequible esa disposición en la sentencia C-273 de 2016 por
el hecho de desconocer la reserva orgánica por tratarse de una restricción a una
competencia de una entidad territorial, luego, las entidades territoriales sí tienen
autonomía para regular usos del suelo y del territorio.

14

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

d) La Resolución no. 0618 de 2013 expedida por Corpoboyacá goza de presunción de
legalidad por cuanto no ha sido anulada por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

e) No se violó el principio de confianza legitima porque: i) las medidas adoptadas por
Corpoboyacá se establecieron para preservar el interés público y el derecho al
ambiente sano, ii) la Resolución no. 0618 de 2013 expedida por Corpoboyacá se emitió
con el objeto de controlar y mitigar las emisiones generada por los hornos de cocción
de cal y ladrillo (chircales) pues, era uno de los principales problemas ambientales; iii)
no fue un cambio intempestivo, las intervenciones de Corpoboyacá para disminuir el
impacto de las emisiones fueron múltiples y prolongadas en el tiempo, así lo dejan ver
las Resoluciones 0324 del 22 de abril de 1998, 802 del 9 de octubre de 1999, 0001 del
7 de enero del 2003 y 0629 del 19 de octubre del 99; iv) la aplicación de la Resolución
no. 0618 de 2013 no sorprendió a quienes realizaban actividades de minería tradicional
y alfarería porque la administración los requirió previamente para implementar
sistemas de producción limpios; v) los actores no obraron de buena fe porque, pese a
que eran conscientes del daño ambiental, aducen que las medidas de la Resolución
no. 0618 de 2013 fueron inadecuadas.

f) Las actuaciones de Corpoboyacá en el marco de lo ordenado en la Resolución no.
0618 del 30 de abril de 2003 corresponden a la expedición de las Resoluciones
números 1779 del 4 de octubre de 20133 y la 0333 del 3 de marzo de 20144, son
medidas razonables que lograron, por un lado, la disminución los índices de
contaminación y, por otro, el aval de múltiples proyectos de empresarios alfareros que
cumplieron los requerimientos técnicos de emisión de gases, por lo tanto, no es cierto
que el grupo aquí demandante haya sufrido perjuicios, máxime cuando la actuación de
Corpoboyacá buscó la protección del derecho al ambiente sano.

7. El recurso de apelación

El 29 de noviembre de 2016 la parte actora presentó recurso de apelación y solicitó
revocar la sentencia de primera instancia para que en su lugar se acceda a las

3 Por medio de la cual se regula la operación de los hornos producción de ladrillo en la jurisdicción del

municipio de Sogamoso y se aprueba el pico y placa ambiental.
4 Por medio de la cual se aprueban los proyectos que cumplan los requerimientos de la norma técnica

de emisión de gases en el municipio de Sogamoso.

15

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

pretensiones de la demanda (fls. 1148 a 1153 cdno. apelación) sobre la base de aducir
lo siguiente:

a) No es cierto que el municipio de Sogamoso definió el uso del suelo en el POT ni
tampoco que tuvo en cuenta a los trabajadores de alfarería tradicional para permitir su
reubicación lo cual implicó que aquellos, durante 12 años, desarrollaran esta actividad,
por lo cual esta expectativa legítima se vio defraudada con la expedición de la
Resolución 618 de 2003 ya que no cuentan con los recursos para cumplir las medidas
tomadas por la autoridad ambiental.

b) Corpoboyacá impuso medidas y requerimientos desproporcionados que solo
pudieron cumplir los grandes comerciantes que, paradójicamente, tienen mayor
impacto en el medio ambiente que la minería tradicional de los alfareros o chircaleros.

c) El cierre de las alfarerías no fue planificada ni se soportó en planes de mejoramiento
ambiental a pesar de que el artículo 107 de la Ley 1450 de 2011 debe diferenciar la
minería informal de la ilegal.

d) No se tuvo en cuenta que la Agencia Nacional Minera fue negligente al emitir las
decisiones de solicitud de titulación minera y que con la declaratoria de inexequibilidad
del Código de Minas quedó vigente la Ley 685 de 2001 y aún no se han concedido las
licencias de explotación de los recursos mineros.

e) El hecho generador del daño es la Resolución 0618 de 2013 debido a que al grupo
actor no puede realizar inversiones por motivo de la indefinición del POT y el
otorgamiento de licencias desde lo nacional y local.

f) No se hizo una valoración adecuada de las pruebas debido a que la labor de los
alfareros no es la principal causa de la contaminación ambiental y su labor está
amparada por el principio de confianza legítima.

g) Finalmente, solicitó i) acceder a las pretensiones de la demanda; ii) decidir las
solicitudes de minería de hecho a través de las licencias solicitadas; iii) definir los usos
del suelo para refacción e implementación de tecnologías limpias en términos flexibles
y plazos acordados, y iv) practicar las pruebas solicitadas por la parte demandante en
el libelo inicial.

16

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

8. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 13 de julio de 2018 (fls. 1175 cdno. apelación) se admitió el recurso de
apelación y, posteriormente, el 24 de agosto de 2018 (fl. 1181 cdno. apelación) se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por el término común de 10 días
y, por el mismo lapso al Ministerio Público para que emitiera concepto.

A través de auto del 10 de octubre de 2018 el despacho sustanciador negó la práctica
de pruebas solicitadas en el recurso de apelación porque la totalidad de las pruebas
pedidas por la parte demandante (fls. 8 y 9 cdno. no. 1) fueron decretadas y
practicadas en la primera instancia (fls. 793 a 795 cdno. no. 3).

9. Alegatos de conclusión de segunda Instancia

9.1 Corpoboyacá

En escrito radicado el 12 de febrero de 2019 (fls. 1193 a 1198 cdno. de apelación)
reiteró lo expresado en los alegatos de primera instancia y solicitó la exoneración de
responsabilidad de la entidad.

9.2 Agencia Nacional de Minería

Mediante escrito del 15 de febrero de 2019 (fls. 1199 a 1205 cdno. de apelación) pidió
denegar las pretensiones en relación con la Agencia Nacional de Minería con el
siguiente razonamiento:

a) El recurso de apelación no cuestiona la providencia judicial de primera instancia,
sino que, se circunscribe a algunos aspectos fácticos y jurídicos que no están en la
decisión impugnada.

b) Los apelantes no acreditaron los elementos de responsabilidad del Estado respecto
de la Agencia Nacional de Minería, esto es, el daño ni la imputación fáctica o jurídica.

c) La Resolución 0618 de 2013 expedida por Corpoboyacá goza de presunción de
legalidad, por lo tanto, el daño y los perjuicios deben ser desestimados.

17

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

d) La Agencia Nacional de Minería carece de legitimación en la causa por pasiva
porque no participó de la expedición de la Resolución no. 0618 del 2013, causa del
daño común reclamado con la demanda.

e) Finalmente, analizó cada cargo y determinó que no tienen asidero fáctico, jurídico
ni probatorio.

9.3 Parte demandante

En escrito presentado el 18 de febrero de 2019 (fls. 1212 a 1215 cdno. de apelación)
reiteró lo expuesto en el recurso de apelación.

El departamento de Boyacá, el municipio de Sogamoso y el Ministerio Público
guardaron silencio (fl. 1216 cdno. de apelación).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y decisiones
que se adoptarán, 2) análisis de idoneidad y procedencia del medio de control
jurisdiccional, 3) el caso concreto, 4) conclusión, y 5) condena en costas.

1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

El contenido y alcance de la controversia planteada consiste en determinar si el medio
de control de reparación causados a un grupo de personas es el idóneo para reclamar
los perjuicios irrogados a la parte demandante y, solo si se supera ese análisis se
estudiará si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad a las
entidades demandadas por los posibles daños irrogados al grupo demandante para lo
cual se deberán verificar los elementos de responsabilidad del Estado, esto es, el
hecho dañoso, el daño, el nexo causal y la imputación.

El Tribunal Administrativo de Boyacá negó las súplicas de la demanda por estimar que
no es cierto que el grupo demandante haya sufrido perjuicios o menoscabos en sus

18

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

derechos, máxime cuando Corpoboyacá5 actuó en pro del goce de un ambiente sano,
el equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Esta
postura fue controvertida en la apelación por la parte demandante quien considera que
sí se encuentra acreditada la responsabilidad por los daños irrogados a los actores por
la aplicación de la Resolución no. 0618 de 2013 proferida por Corpoboyacá.

La sentencia de primera instancia será revocada porque en el presente caso la Sala
considera que el medio de control jurisdiccional ejercido con la demanda , esto es, el
de reparación de perjuicios causados a un grupo de personas, no es el idóneo por
cuanto el daño común proviene de un acto administrativo general expedido por
Corpoboyacá cuya legalidad se cuestiona de manera directa, por consiguiente, si la
parte actora veía lesionados sus interés debía demandar tal acto administrativo
general que, dada su naturaleza jurídica, goza de presunción de legalidad y que por
tanto debía ser sometido a control de legalidad a través del instrumento procesal
preestablecido legalmente para el efecto; en otros términos, la fuente del daño cuya
reparación se pretende es un acto administrativo censurado de ilegal por los actores
para cuya discusión el medio de control de perjuicios causados a un grupo no es el
idóneo según la regulación normativa aplicable sobre la materia.

2. Análisis de la procedencia e idoneidad del medio de control jurisdiccional

2.2 La acción de grupo antes de la vigencia de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y su
carácter exclusivamente indemnizatorio

1) Según lo dispuesto en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998, reglamentaria del
artículo 88 de la Constitución Política, la acción de grupo es aquella interpuesta por un
número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto
de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas, y se
ejerce “exclusivamente” para obtener el reconocimiento y pago de la
“indemnización” de tales perjuicios, esto es, se ejerce para con ese único y preciso
fin de carácter indemnizatorio, nada más; por consiguiente, a través de ella no se
puede provocar el control de actos administrativos ni de contratos en atención al
adverbio “exclusivamente” contenido en la norma legal que consagra y define la acción
procesal.

5Según el Tribunal de primera instancia Corpoboyacá es la única entidad llamada a responder porque

profirió la Resolución 0618 de 2013 de donde proviene la causa común del daño.

19

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

En efecto, la norma era del siguiente tenor: “Son aquellas acciones interpuestas por
un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.
// La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y
pago de indemnización de los perjuicios”.

Se trata de una acción de carácter netamente reparatorio o indemnizatorio que, por
economía procesal y en aras de la agilidad de la administración de justicia procede en
aquellos eventos en que los afectados reúnen condiciones especiales que los
identifican como un grupo; busca que un conjunto de personas que ha padecido
perjuicios individuales demanden conjuntamente la indemnización correspondiente,
siempre que aquellos reúnan condiciones uniformes respecto de la causa común que
originó dichos perjuicios, y que el número de personas miembros del grupo no sea
inferior a veinte (20)6.

2) Debe advertirse igualmente que la acción está relacionada con la posibilidad de
acudir ante la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa con el propósito de
que mediante sentencia judicial sea reconocido un perjuicio sufrido por un conjunto de
personas que presentan condiciones uniformes en relación con la causa del daño y
que, por lo tanto, es necesario su resarcimiento una vez se encuentren
fehacientemente acreditados los elementos que componen la responsabilidad
patrimonial del Estado.

Así las cosas, es requisito indispensable que se encuentren acreditados no solo los
requisitos mínimos procesales de la acción respectiva sino que, es igualmente
necesario como presupuesto para obtener una sentencia favorable el hecho de que se
hallen debidamente probados dentro del proceso los elementos que configuran la
responsabilidad en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

3) En relación con los requisitos mínimos necesarios para la admisión de la acción de
grupo el Consejo de Estado7 ha precisado lo siguiente:

6 Sobre el particular, es relevante destacar que la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de 1º

de junio de 2000, proferido en el expediente AG-001, partiendo de lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 48 de la ley 472 de 1998, precisó que: “si bien la acción puede ser interpuesta por una sola
persona, ésta no puede actuar en nombre de un grupo inferior de 20 personas, las cuales deberán
individualizarse en la misma demanda, o identificarse con antelación a su admisión, a partir de los
criterios que señale el actor”.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 22 de marzo de 2007, exp. 25000-23-25-000-2005-

02505-01(AG), MP Alier Hernández Enríquez.

20

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

“De conformidad con los artículos 3 y 46 a 49 de la Ley 472 de 1998 y, con
la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado 8 y por la Corte
Constitucional9, los requisitos de procedibilidad de la acción de grupo son
los siguientes:

Que el grupo de afectados esté conformado, al menos, por veinte personas
(art. 46), asunto que ha de estar acreditado en la demanda, o que, por lo
menos, existan criterios claros para su determinación.

Que el demandante demuestre pertenecer al grupo en nombre del cual
ejerce la acción.

Que el grupo reúna condiciones uniformes respecto de la causa del daño; el
perjuicio individual que se reclama (art. 48), puede tener origen en la lesión
de derechos colectivos o individuales (Corte Constitucional, Sentencia C -
215 de 1999).

Que el ejercicio de la acción tenga la exclusiva pretensión de obtener el
reconocimiento y pago de los perjuicios.

Que la acción sea ejercida por conducto de abogado.

Que al momento de la presentación de la demanda, no hayan transcurrido
más de dos años contados a partir de la fecha en que se causó el daño, o
desde cuando cesó la acción vulnerante.

Se trata, como se dijo, de una acción resarcitoria, en la cual el daño
reclamado puede provenir de la lesión de cualquier clase o categoría de
derechos de las personas: derechos colectivos, derechos subjetivos de
naturaleza constitucional o legal, sin que haya lugar a hacer ninguna
distinción, por este aspecto10.

El cumplimiento de los requisitos esbozados con anterioridad, determina la
procedibilidad de la acción de grupo en un caso concreto, lo que evidencia
que su verificación debe efectuarse en el auto admisorio de la demanda, toda
vez que es obligación11 del juez valorar en la procedibilidad de la acción de
grupo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 47 de la Ley 472 de
1998.”

4) Con antelación a la expedición de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, la jurisprudencia
de la Corporación discurrió acerca de si la acción de grupo era o no procedente para
la solicitar la indemnización de perjuicios cuando la fuente o causa del daño irrogado
al grupo demandante era un contrato estatal o un acto administrativo, bien de carácter
particular y concreto o, general y abstracto, cuando aquel o el este fueran nulos o
estuvieron viciados de ilegalidad.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. AG-001de 2000, AG-0401de 2004 y AG-0116 de 2004.
9 Corte Constitucional, sentencia C-215 del 14 de abril de 1999, MP Dra. Martha Victoria Sáchica.
10 Véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. AG-1541 de 2004.
11 El parágrafo del artículo 53 de la ley 472 de 1998, prevé: “El auto admisorio deberá valorar la
procedibilidad de la acción de grupo en los términos de los artículos 3 y 47 de la presente ley”.

21

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

El criterio mayoritario concluyó que la acción de grupo se ejercía, exclusivamente, vale
decir, únicamente y sin ninguna otra posibilidad, para obtener el reconocimiento y pago
de perjuicios, tal como expresa y puntualmente lo preceptúan el inciso final del artículo
3 y el inciso penúltimo del artículo 46 de la Ley 472 de 1998; por manera que no era
jurídicamente posible ventilar, a través de ella, ninguna otra clase de pretensiones
distintas a las de declaración de responsabilidad patrimonial y su eventual condena al
sujeto pasivo de la acción, como por ejemplo, entre otras, la discusión y declaración
de ilegalidad de un acto administrativo o de un contrato, o la discusión y declaración
de nulidad o incumplimiento de un contrato, etc.

El Consejo de Estado12 aceptó que la acción de grupo procedía, excepcionalmente,
para solicitar la indemnización de perjuicios causados por manifestaciones unilaterales
de la administración, en tres precisos eventos, a saber:

a) Cuando se trata de actos preparatorios o de trámite, por cuanto estos no son
susceptibles de control jurisdiccional vía nulidad y restablecimiento del derecho.

b) En los casos en los que previamente se ha declarado la nulidad del acto
administrativo en otro proceso judicial, vale decir, cuando el acto ya fue objeto de
control jurisdiccional y se cuenta entonces con una decisión ejecutoriada acerca de la
validez del acto en cuestión.

c) En aquellos eventos en los que no se ataca la legalidad del acto administrativo, es
decir, cuando el daño es atribuible a título de daño especial, pues, en este supuesto
los perjuicios reclamados no devienen de la ilegalidad de la actuación de la
administración pública sino, de sus efectos y del rompimiento del principio de igualdad
frente a las cargas públicas; este criterio ha sido fijado en los siguientes términos:

“Por lo tanto, los daños antijurídicos derivados de un acto administrativo son
resarcibles a través de la acción de grupo, en los mismos eventos en los
cuales la jurisprudencia ha admitido que lo son a través de la acción de
reparación, esto es:
(a) Cuando el daño se deriva de la aplicación de un acto administrativo de
carácter general que ha sido declarado nulo a través de las acciones
ordinarias y lo que se pretende es la reparación de los daños causados con
el mismo, porque en tal evento al desvirtuarse la presunción de legalidad que

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 30 de enero de 2008, exp. A.G. 2004-01319,

MP Ruth Stella Correa Palacio.

22

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

amparaba el acto, los efectos negativos que el mismo haya producido
durante su vigencia se tornan antijurídicos13.
“(b) Cuando el acto es legal, pero rompe el equilibrio que debe existir entre
todas las personas frente a las cargas públicas, porque en tales eventos no
se cuestiona la legalidad del acto administrativo sino los efectos que esa
decisión legítima les causó a los demandantes14.

(c) Cuando se causa un perjuicio con un acto preparatorio o de trámite, que,
por lo mismo, no es susceptible de demandarse en acción de nulidad y
restablecimiento del derecho15.”

Por consiguiente, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) no
era viable esgrimir como fundamento de las súplicas de reparación la calificación
jurídica de la legalidad de un acto administrativo o de un contrato estatal en orden a
determinar su armonía o discordancia con el ordenamiento jurídico y,
consecuencialmente, tener por causa del daño la ilegalidad o nulidad de un acto
administrativo o de un contrato, por no ser viable tal actuación debido a que la acción
de grupo solo se podía ejercer, única y exclusivamente, para obtener la indemnización
de perjuicios, sin margen alguno para discutir a través de ella la legalidad de actos de
la administración, sean ellos unilaterales o contractuales.

13 Así, en providencia de 15 de mayo de 2003, exp: 23.205, dijo la Sala: “El perjuicio aducido por el

actor, tal como se deriva de su planteamiento, se causó con la aplicación de la Ordenanza 044 de 1998,
y su antijuridicidad se derivó de su declaración de nulidad proferida por el Consejo de Estado. En
consecuencia, habiendo decisión judicial sobre la ilegalidad del acto en virtud del cual el actor sufrió –
según dice- el detrimento patrimonial que pretende se le repare, en otros términos, habiendo operado
la institución de la cosa juzgada respecto de la ilegalidad del acto, él ha dejado de existir como objeto
de cualquier acción que pretenda su nulidad, de manera que los daños causados por tal acto,
“debidamente acreditados en cuanto a su ocurrencia y cuantía, habilitan al perjudicado para
demandarlos por la cuerda propia de la acción de reparación directa”. En el mismo sentido, auto de auto
de agosto 24 de1998, exp. 13.685.
14 Por ejemplo, en providencia de 15 de mayo de 2003 consideró la Sala que era procedente la acción

de reparación directa intentada para obtener la reparación de los perjuicios que les causó a los
demandantes el acuerdo 007 del 28 de junio de 2000 –Plan de Ordenamiento Territorial-, expedido por
el concejo municipal de Pasto, que declaró a la zona donde se ubica el terreno de su propiedad como
de amenaza volcánica media y por lo tanto, los privaba de la utilización de la mayor parte del terreno.
15 Sentencia de 27 de septiembre de 2000, exp. 11.601, dijo la Sala: “Al respecto, es necesario precisar,

por una parte, que el pliego de cargos constituye un acto administrativo preparatorio o de trámite, que
no es susceptible de recursos y no puede dar lugar a la formulación de la acción de nulidad o de nulidad
y restablecimiento del derecho. A partir de su notificación, simplemente surge para la persona contra la
cual se profiere, la oportunidad para ejercer su derecho de defensa, negando la imputación efectuada y
solicitando la práctica de pruebas. Ahora bien, culminado el período probatorio, se adopta dentro del
proceso disciplinario la decisión correspondiente, absolviendo o declarando la responsabilidad del
servidor público investigado. Esta decisión, en cambio, sí constituye un acto administrativo de carácter
definitivo, susceptible de los recursos y las acciones previstas en la ley, en ejercicio de las cuales la
persona afectada puede solicitar la indemnización de los perjuicios causados...No puede descartarse,
sin embargo, que como consecuencia de la expedición de un acto administrativo de carácter
preparatorio o de trámite se cause un perjuicio a las personas afectadas con su contenido, caso en el
cual la acción procedente será la de reparación directa, y la prosperidad de las pretensiones dependerá
de que se demuestre, en el caso concreto, que los demandantes han sufrido un daño antijurídico
imputable a la actuación de la administración”.

23

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

2.2 La acción de grupo en vigencia de la Ley 1437 de 2011 – CPACA

1) La Ley 1437 de 2011 (CPACA) modificó en algunos aspectos el medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo de personas tales como los requisitos
de procedibilidad, el contenido y alcance de este y, el término de caducidad, entre
otros.

En relación con la procedencia y el objeto del medio de control el artículo 145 ibidem
prevé:

“Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de
personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa
que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento
y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos
preceptuados por la norma especial que regula la materia.

Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20)
o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su
nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que
algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo
obligatorio.” (se destaca).

Como se advierte, en el inciso segundo de la disposición el legislador habilitó la
posibilidad de ejercer el medio de control contra actos administrativos pero, única y
exclusivamente de contenido particular y concreto, pues, así lo establece
expresamente la norma y, además, porque es necesario haber agotado la etapa
administrativa de recursos si era procedente el obligatorio, esto es, la apelación en los
términos previstos por los artículos 74 a 76 del CPACA16.

2) En otras palabras, el legislador excluyó la posibilidad de solicitar la reparación de
perjuicios causados a un grupo de personas si la causa del daño deviene de la
ilegalidad de un acto administrativo de contenido general y abstracto, más aún si el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 preceptúa que “no habrá recurso [en sede

16 “Otro de los temas debatidos por la doctrina ha sido el de la posibilidad de que el daño al grupo sea

causado por un acto jurídico, bien unilateral o contractual, discusión que llevó a cabo la comisión de la
reforma [se refiere a la comisión integrada para la discusión del proyecto de ley que se convertiría
finalmente en el CPACA], siendo que por lo general se ha entendido que la causa del daño debe ser un
hecho y no un acto administrativo o contractual. El segundo párrafo [del artículo 145] permite demandar
como grupo, cuando el daño se origine en un acto administrativo de contenido particular, pidiendo la
anulación de este, siempre y cuando el recurso obligatorio contra el acto haya sido ejercido al menos
por uno de los damnificados” ARBOLEDA Perdomo, Enrique José “Comentarios al Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011”, Ed. Legis,
Bogotá, 3ª edición, 2021, pág. 281.

24

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

administrativa] contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite,
preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa”.

Desde esa perspectiva, la ley habilitó la posibilidad de ejercer el medio de control de
reparación de daños causados a un grupo cuando la causa del daño irrogado a 20 o
más personas proviene de un acto particular y concreto de naturaleza colectiva, esto
es, cuando la decisión de la administración pública no es unipersonal sino, que está
dirigida a un número plural de destinatarios claramente individualizados, por lo que las
situaciones jurídicas que se crean, modifican o extinguen son claramente particulares
y específicas.

3) El acto colectivo puede ser particular y concreto o, general y abstracto, en relación
con sus efectos; además, puede ser activo o pasivo según si la pluralidad de sujetos
se predica de los órganos que intervienen en la producción del acto o de los
destinatarios del mismo. El acto administrativo colectivo activo es aquel en el que
participan diversos órganos pero las voluntades se unen en una sola declaración o
documento permaneciendo jurídicamente autónomas17 (v.gr. una circular externa
conjunta de entidades del orden nacional con efectos vinculantes); contrario sensu, el
acto administrativo colectivo pasivo se predica solo de actos particulares y concretos,
ya que es aquel que está dirigido a un grupo de personas individualizadas
debidamente determinadas como destinatarias de la respectiva decisión
administrativa, huelga decir, que los destinatarios están debidamente especificados y

17 Cf. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de junio de 2012, exp. 15001‐

23‐31‐ 000‐2002‐01595‐02(1717‐09), MP Víctor Hernando Alvarado Ardila. Ver igualmente: Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 11001-23-28-000-2013-00017-01,
MP Alberto Yepes Barreiro.
En este punto la Sala recuerda que, según el número de autoridades, sujetos u órganos que participan
en su elaboración y expedición, “los actos administrativos se clasifican simples, complejos y
colectivos. Los primeros son dictados por un solo órgano, sea individual o colegiado, que funge como
unidad estructural. A su turno, los actos complejos, que se configuran por los siguientes elementos: i)
concurrencia de dos o más órganos o autoridades en la formación del acto; ii) pluralidad de voluntades
manifestadas en distintos momentos y de manera sucesiva; iii) unidad o igualdad de finalidad y
contenido en cada acto administrativo y iv) interdependencia entre las distintas manifestaciones de
voluntad para poder existir. En el acto colectivo también intervienen distintos órganos, pero las
voluntades se unen solamente en una única declaración permaneciendo jurídicamente autónomas.”
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de junio de 2012, exp. 15001‐23‐
31‐ 000‐2002‐01595‐02(1717‐09), MP Víctor Hernando Alvarado Ardila. A modo simplemente ilustrativo,
el acto simple es una resolución que expide un ministro del Gobierno Nacional (v.gr. la declaratoria de
emergencia sanitaria); un acto complejo es el que resulta de la elección, nombramiento y posesión de
los magistrados de las altas cortes, porque la lista la elabora la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura y la envía al Consejo de Estado o a la Corte Suprema de Justicia para que se surta el
proceso de elección por lo que se presenta una interdependencia entre los actos. Finalmente, el acto
complejo es aquel en el que participan distintos órganos pero las voluntades son autónomas sin existir
interdependencia (v.gr. una circular externa conjunta de varias entidades del orden nacional).

25

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

por tanto las situaciones jurídicas creadas, modificadas o extinguidas con dicho acto
tienen unos titulares claramente identificados.

4) De otra parte, en relación con la caducidad del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo, el literal h) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 – CPACA preceptúa: “Cuando se pretenda la declaratoria de
responsabilidad y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios
causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2) años
siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si el daño causado al
grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la
demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo.” (negrillas de la Sala).

Al respecto, debe advertirse que la Corte Constitucional declaró exequible el artículo
145 y el literal h), numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 mediante sentencia
C-407 de 202118; los fundamentos de la decisión fueron los siguientes:

“(…) la posibilidad de que se estudie la nulidad de un acto administrativo
dentro de la acción de grupo persigue un fin que no solo no está prohibido
en la Constitución, sino que, por el contrario, obedece a los mandatos que
esta señala expresamente al legislador para orientar el diseño de este tipo
de procedimientos. Tal como se reseñó en precedencia, esta regulación
pretende garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia
mediante la simplificación del recurso judicial procedente para la
indemnización de los perjuicios sufridos por un grupo como consecuencia de
una causa común que bien puede ser un acto administrativo de carácter
general o de carácter particular y concreto.

En particular, la Sala observa que la medida es adecuada para alcanzar
el fin identificado, al permitir la declaratoria de nulidad de un acto
administrativo de carácter particular como parte de las pretensiones
que puede estudiar el juez contencioso en una acción de grupo, con lo
cual el legislador simplificó el procedimiento, de forma que relevó a los
accionantes de la obligación de acudir uno por uno al medio de control
de nulidad, para luego, como grupo, buscar el resarcimiento del daño
causado por el acto administrativo inválido que los afectó. Esto
contribuye con la celeridad en la solución de sus pretensiones, y evita la
congestión de la jurisdicción contenciosa por este tipo de asuntos. Sumado
a lo anterior, el hecho de que cualquiera de los afectados pueda
promover la acción de grupo, siempre que haya agotado el recurso,
maximiza el principio de solidaridad que, como se señaló en
precedencia, inspira la acción de grupo, pues permite la protección de
otros afectados que, aun cuando hayan sufrido un detrimento, no
cuenten con los recursos necesarios para promover motu proprio la
referida acción y esperar por años la solución del conflicto.

18 MP Jorge Enrique Ibáñez Najar.

26

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

Así, la posibilidad de que en una única acción se pueda ventilar la nulidad
del acto administrativo acusado de causar el daño a un grupo de personas,
así como la indemnización de perjuicios derivados de éste a cada uno de los
miembros del grupo, reduce el riesgo de que al término de un largo proceso
los afectados reciban una sentencia inhibitoria por un error puramente formal,
como el relacionado con la incorrecta elección del medio de control. Así
mismo, permite que el mismo juez concentre y decida con prontitud y en un
solo proceso, las pretensiones de un grupo que, de ser obligado a acudir uno
por uno a la nulidad, deberían emprender multitud de procesos, y sucesivos
medios de control.

Además, limitar el tiempo a cuatro (4) meses para iniciar la acción es
coherente con lo establecido en el ordenamiento para la caducidad de acción
de nulidad y restablecimiento del derecho y, por tanto, también se trata de
una medida que no es contraria a la Constitución. Esta se entiende como
una medida adecuada pues efectivamente mantiene un orden, pues es claro
que para atacar la nulidad de un acto administrativo de carácter
particular y concreto que por lo mismo afecta un derecho de carácter
subjetivo y que pudo haber causar un daño, en cualquier escenario el
accionante cuenta con cuatro (4) meses para solicitarlo.

En suma, la Corte encuentra que las normas demandadas resultan
razonables y proporcionales para el logro de fines permitidos, y, de hecho,
valorados por la Constitución Política en relación con el diseño de
procedimientos judiciales como son, el acceso efectivo a la administración
de justicia, la celeridad de los procesos, y la prevalencia de lo sustancial
sobre lo formal en el ejercicio de la función pública de administración de
justicia. Cumpliendo así también el segundo requisito establecido en la
jurisprudencia para estudiar la inconstitucionalidad cuando se cuestiona la
libertad de configuración del legislador (…)

La Sala encuentra que con ello la naturaleza indemnizatoria de la acción de
grupo no se desconoce. Todo lo contrario; permitir que se pretenda la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos que ocasionan un daño
antijurídico para determinar la responsabilidad, facilita el acceso a la
reparación. Con las modificaciones introducidas por la Ley 1437 de
2011, contrario a lo expresado por el demandante, se fortalece la
oportunidad que tiene cualquier persona de acceder a una reparación
pues se elimina la necesidad de acudir a una acción judicial previa para
que se declare la nulidad del acto y se ordene el restablecimiento del
derecho y la reparación del daño. Esto de manera alguna implica que se
desplace la controversia sobre el reconocimiento de la indemnización o no,
a la validez o nulidad de los actos administrativos. En cambio, le da la
posibilidad al juez de tomar una decisión con celeridad y que beneficie a
varias personas interesadas de manera paralela.” (negrillas adicionales).

Como se observa, la Corte Constitucional encontró ajustado al principio de libertad de
configuración legislativa la regulación contenida en la Ley 1437 de 2011 y el término
de caducidad establecido cuando la causa del daño irrogado al grupo demandante es
un acto administrativo de contenido particular y concreto.

Así las cosas, en vigencia del CPACA el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo de personas sigue siendo indemnizatorio, solo que para obtener

27

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

la reparación de los daños se permite atacar la legalidad de un acto administrativo de
contenido particular y concreto que afecta a un número determinado de personas (acto
colectivo), siempre y cuando cualquiera de estas haya interpuesto el recurso
administrativo obligatorio en caso de ser procedente.

3. El caso concreto

1) En el marco normativo y jurisprudencial antes trazado, en cuanto tiene que ver con
la procedencia del medio de control de jurisdiccional de reparación de perjuicios
causados a un grupo de personas resulta imprescindible determinar, en cada caso
que se trate, la causa o fuente del daño alegado con el fin de establecer si dicho medio
de control es el legalmente procedente, por consiguiente así debe procederse en el
presente asunto.

2) Según se anuncia en la demanda, la fuente del daño es la Resolución no. 0618 del
30 de abril de 2013 proferida por Corpoboyacá, pues, los demandantes consideran
que su aplicación es la que genera el daño común y los consecuentes perjuicios que
reclaman; en ese orden de ideas, estiman que la ejecución de este acto administrativo
generó importantes afectaciones de orden económico y laboral que no están en la
obligación jurídica de soportar, además, en los hechos y pretensiones de la demanda
cuestionan inequívoca y directamente su legalidad.

Ahora bien, pese a que a la demanda no es clara, de los hechos relatados y las
pretensiones formuladas la Sala infiere razonablemente los siguientes cargos de
nulidad: i) Ia Resolución no. 0618 del 30 de abril de 2013 violó el principio de confianza
legitima porque cambió de manera intempestiva las condiciones de los demandantes
que venían desarrollando la actividad minera tradicional y de alfarería en el municipio
de Sogamoso; ii) el cierre definitivo y la demolición de los hornos artesanales ordenado
en la Resolución no. 0618 del 30 de abril de 2013 que se encuentran en zonas cuyo
uso del suelo no lo permita “resulta abiertamente ilegal”, si se tiene en cuenta que,
según las competencias que fija la Ley 685 de 2001, ninguna autoridad regional,
seccional o local puede establecer zonas excluidas de minería y, iii) el hecho
generador de los perjuicios es la Resolución no. 0618 del 30 de abril de 2013 por razón
de que los demandantes no pueden realizar inversiones ante la indefinición de los usos
del suelo del POT de Sogamoso y el Plan de Ordenamiento Minero.

28

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

Al respecto, nótese que estas imputaciones o ataques directos a la ilegalidad de
Resolución no. 0618 del 30 de abril de 2013 fueron los temas que abordó el a quo en
la sentencia de primera instancia, quien mediante fallo de fondo negó las pretensiones
de la demanda y dio respuesta a cada uno de estos reproches que, de manera
evidente, cuestionaban la validez jurídica del acto administrativo general expedido por
Corpoboyacá.

3) Por lo anterior, la Sala se apartará del fallo de primera instancia porque el medio de
control de perjuicios reclamados por un grupo no es idóneo para el presente asunto,
debido a que, como se analizó en el acápite anterior de esta providencia, no es posible
discutir o cuestionar a través de este la legalidad de un acto administrativo general,
situación que no se presentó ni se acreditó en el sub examine.

4) La jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica en señalar que “(…) la fuente
del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la
controversia y esta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de
las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por
la vía jurisdiccional”19; así las cosas, las normas que regulan las condiciones para el
ejercicio de cada medio de control no están al arbitrio de la escogencia del interesado,
pues, se trata de normas de orden público y, por ende, de imperativo cumplimiento.

De esta manera, como los daños que se reclaman provienen de un acto administrativo
general cuya legalidad discuten los actores tanto en la demanda como en el recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, debido a que cuestionan la
validez jurídica de la Resolución no. 0618 del 30 de abril de 2013 proferida por
Corpoboyacá porque, en su criterio: i) no cumple el principio de confianza legitima, ii)
ordena ilegalmente cerrar los hornos artesanales en zonas que no están definidas por
el POT de Sogamoso, y iii) no permite realizar inversiones ante la indefinición de los
usos del suelo del POT de Sogamoso y el Plan de Ordenamiento Minero, es claro que
la parte actora ataca o cuestiona la legalidad de la referida decisión administrativa que,
valga señalar, está revestida de presunción de legalidad la cual no puede cuestionarse
por este medio de control jurisdiccional.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011. exp. 26.758. Asimismo, ver

entre otras las sentencias de 7 de junio de 2007, exp. 16.474; del 19 de julio de 2007. exp. 30.905; del
31 de agosto de 2005. exp. 29.511.

29

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

5) La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del
CPACA, está instituida para procurar la nulidad de un acto administrativo cuando se
considera que este ha lesionado un derecho contenido en una norma jurídica, su
consecuente restablecimiento del derecho, así como también la indemnización de los
perjuicios causados con el acto; además, el segundo inciso preceptúa lo siguiente:

“Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo
general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado
por este al particular demandante o la reparación del daño causado a
dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del
acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de
aquel” (negrillas de la Sala).

Al respecto, es importante anotar que es perfectamente posible que un acto
administrativo general cause directamente un daño antijurídico pues, para tal efecto
no necesita que medie un acto de ejecución, por cuanto se trata de una decisión
imperativa y unilateral de la administración que crea situaciones jurídicas abstractas e
impersonales y que por sí sola puede causar perjuicios, frente a los cuales los
administrados, como en el presente caso, pueden demandar su reparación en
ejercicio del medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho
en los términos del referido artículo 138 inciso 220.

En consecuencia, debido a que los demandantes identificaron la causa eficiente del
daño en el acto administrativo general contenido en la Resolución no. 0618 del 30 de
abril de 2013 proferida por Copoboyacá cuya legalidad discuten de manera directa en
el medio de control jurisdiccional de perjuicios causados a un grupo de personas
previsto en los artículos 3, 46 y siguientes de la Ley 472 de 1998 y 145 de la Ley 1437
de 2011, resulta improcedente.

20 “Si bien el inciso segundo del artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 dispone que puede pretenderse la

nulidad de un acto administrativo general y solicitarse el correspondiente restablecimiento del derecho,
esto solamente puede hacerse dentro de los cuatro meses previstos en la ley. En este sentido, puede
concluirse i)que el medio de control de nulidad procede, por regla general, contra actos administrativos
generales y, excepcionalmente, contra actos administrativos de contenido particular, en los estrictos
casos previstos en la ley; y ii) que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
es el adecuado para controvertir actos administrativos de carácter general cuando con su
nulidad se pretenda el resarcimiento de un daño causado” Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 3 de agosto de 2020, rad. 60706 MP Ramiro Pazos Guerrero. En igual sentido, en posterior
pronunciamiento se estableció que: “Así las cosas, si un acto administrativo además de ser general
regula situaciones particulares y concretas, para cuestionar su legalidad existen dos
posibilidades: i) atacarlo por la vía de la nulidad y restablecimiento del derecho o ii) cuestionarlo
en sede de nulidad simple, siempre y cuando con la demanda no se persiga el restablecimiento
automático del derecho del demandante o de un tercero ” sentencia del 16 de diciembre de 2020, rad.
52958 MP Marta Nubia Velásquez Rico (negrillas de la Sala).

30

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

4. Conclusión

No prospera el recurso de apelación por cuanto se encuentra demostrado que el medio
de control de perjuicios causados a un grupo de personas no es el idóneo para
reclamar los perjuicios aquí demandados, por cuanto, el daño proviene de un acto
administrativo de contenido general y abstracto proferido por Corpoboyacá.

De esta forma, la Sala revocará la sentencia del 22 de noviembre de 2016 proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, para en su lugar declarar de oficio la ineptitud sustantiva de la
demanda por indebida escogencia de la acción y, por consiguiente, se inhibirá de
pronunciarse sobre el fondo de la litis.

5. Condena en costas

Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 salvo que se ventile un interés público
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En ese orden, el artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se
condenará en costas “a la parte vencida” y que “cuando fueren dos (2) o más los
litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés
en el proceso…”.

Para el presente caso la parte vencida es la parte demandante, en consecuencia, la
liquidación será realizada por la secretaría.

Para la fijación de las agencias en derecho se tiene en cuenta que en virtud del artículo
6 numeral 3.2 del Acuerdo 1887 de 2003 expedido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura la tarifa máxima de agencias en derecho tratándose
de procesos de acciones de grupo en segunda instancia corresponde “hasta 1 salario
mínimo legal vigente”.

31

Expediente 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG)
Actor: Luis Alfonso Orduz Pongutá y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

Luego, en este caso la Sala fija las agencias en derecho en (1) SMLMV lo cual se
dividirá en partes iguales entre los demandados.

En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1º) Revócase la sentencia del 23 de noviembre de 2012 del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión que negó las
pretensiones de la demanda.

2) Declárase de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia
de la acción y, en consecuencia, inhíbese de pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones de la parte demandante.

3º) Condénase en costas a la parte demandante, por Secretaría liquídense. Fíjanse
por concepto de agencias en derecho la suma de en (1) SMLMV lo cual se dividirá en
partes iguales entre los demandados.

4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal
de origen con las correspondientes constancias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Salva voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.