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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00741-01

Cargos transitorios de descongestión: contribuir con la pronta administración de justicia

Fecha
14 de febrero de 2019
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00741-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 20 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que denegó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora Julia del Pilar Tovar González contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Segundo: Sin condena en costas en la segunda instancia. Tercero: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa Justicia Siglo XXI y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2013-00741-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

14 de febrero de 2019

CARGOS TRANSITORIOS DE DESCONGESTIÓN - contribuir con la pronta administración de justicia / CARGOS TRANSITORIOS DE DESCONGESTIÓN - Se asimila a una vacancia temporal / CARGOS TRANSITORIOS DE DESCONGESTIÓN - Al vencimiento de este, quien se encuentre en su ejercicio queda automáticamente desvinculado

[E]l Consejo Superior de la Judicatura, tiene la facultad de crear cargos transitorios de descongestión, lo cual está justificado en el mandato superior, y, en el caso concreto, la vinculación de profesionales como el desempeñado por la aquí demandante con el fin de contribuir con la pronta administración de justicia. […] [S]e entiende que la política de descongestión optó por crear cargos de carácter temporal, a fin de cumplir con su cometido, empleo que se asimila a una vacancia temporal que debe ser provista directamente por el nominador. […] [L]os servidores públicos vinculados a la Rama Judicial en cargos de descongestión no son de carrera administrativa y en ese sentido, su vinculación no es respecto de una plaza que haga parte de la estructura de la entidad y mucho menos que se haya proveído o se vaya a proveer mediante concurso de méritos y dicha vinculación en todo caso es temporal porque está supeditada al tiempo para el cual se creó la medida de descongestión. […] El nombramiento de cargos temporales entonces se hace por un tiempo determinado y al vencimiento de este, quien se encuentre en su ejercicio, queda automáticamente desvinculado, sin necesidad de que el nominador profiera un acto administrativo que lo retire del servicio, pues como lo prevé la norma el solo cumplimiento del plazo es razón para retirarlo del servicio.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00741-01(0678-16)

Actor: JULIA DEL PILAR TOVAR GONZÁLEZ

Demandado: RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 20 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Julia del Pilar Tovar González en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Fundamentos fácticos relevantes

1. La señora Julia del Pilar Tovar González, fue vinculada de forma temporal y en provisionalidad por medidas de descongestión a través de Resolución 891 de 2011, en el cargo de contadora liquidadora grado 17, para la liquidación y actualización de las sentencias de los Juzgados Civiles de Tunja, desde el 10 de agosto hasta el 16 de diciembre de 2011.

2. En virtud del artículo 2º del citado acto administrativo de nombramiento, la demandante debía desempeñar sus funciones de conformidad con el Acuerdo PSAA11-8322 del 29 de julio de 2011, emanado del Consejo Superior de la Judicatura.

3. El día 16 de diciembre de 2011, de manera verbal, el director ejecutivo de Administración Judicial de Tunja, le comunicó a la demandante su desvinculación de la entidad en el cargo para el cual había sido nombrada.

4. Dicho retiro se produjo en momentos en que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA11-9081 del 16 de diciembre de 2011, aprobó dar continuidad a las medidas de descongestión adoptadas inicialmente por medio del Acuerdo PSAA11-8322 y por tanto, dispuso su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2011 y la reanudación a partir del 1.º de enero al 31 de marzo de 2012.

5. El acuerdo que prorrogó las medidas de descongestión, dispuso en su artículo 4 que el régimen salarial y prestacional de los cargos creados sería el previsto en la Rama Judicial, por ende, los servidores judiciales en descongestión harían efectivo el derecho a disfrutar de vacaciones en los términos previstos en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996.

6. El 28 de diciembre de 2011, la demandante impetró derecho de petición ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, con el fin de que se le informara la situación laboral en la que se encontraba y de igual manera, solicitó el reintegro a un cargo de igual o superior categoría al que ocupaba al momento de la desvinculación, ello en virtud de la prórroga de las medidas de descongestión.

7. A través de Oficio DEST12-56 del 16 de enero de 2012 la entidad demandada dio respuesta a la petición incoada y negó el reintegro de la demandante, bajo el argumento de que la señora Tovar González no se encontraba dentro de situación administrativa alguna de las consagradas en el artículo 135 de la Ley 270 de 1996.

8. Ante lo anterior, la aquí demandante dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra del anterior acto administrativo.

9. El recurso de reposición fue resuelto de manera negativa a través de Resolución 1826 del 9 de marzo de 2012.

10 Posteriormente, por medio de Resolución 2860 del 15 de marzo de 2015, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, rechazó por improcedente el recurso de alzada.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes.

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.

En el presente caso de folio 171 vuelto y cd visible a folio 178 del cuaderno principal, en la etapa de excepciones previas se indicó lo siguiente:

«[…] El Despacho advierte que la entidad demandada no propuso excepción previa alguna. […]».

La decisión quedó notificada en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.

En el sub lite de folios 172 anverso y reverso y cd visible a folio 178 del cuaderno principal, en la audiencia inicial se fijó el litigio respecto de la tesis de cada una de las partes y el problema jurídico, así:

Tesis de la parte demandante según la fijación del litigio:

«[…] Se declare la nulidad del Oficio DESTJ12-56 del 16 de enero de 2012 y de las Resoluciones 1826 del 9 de marzo de 2012 y 2860 del 15 de marzo de 2013, que negaron el reintegro de la señora Julia del Pilar Tovar González al cargo que venía desempeñando en descongestión como “Contadora liquidadora Grado 17” de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.

Como consecuencia de la (sic) anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro de la demandante a un cargo de idéntica o superior categoría que venía desempeñando hasta el 16 de diciembre de 2011; que se condene a la demandada al pago de los salarios, primas, vacaciones, bonificaciones, prestaciones sociales, reajustes y demás emolumentos que dejo (sic) de percibir desde su desvinculación ocurrida el 16 de diciembre de 2011 y hasta que se produzca su reintegro; que se declare que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio por parte de la demandante; que se condene al pago de la indexación; que se paguen intereses moratorios sobre las sumas motivo de la condena a partir de la ejecutoria de la sentencia; que se de (sic) cumplimiento a la sentencia y que se condene en costas. […]».

Tesis de la parte demandada según la fijación del litigio:

«[…] Los actos administrativos atacados gozan de la presunción de legalidad, en tanto que la facultad discrecional del Director Seccional de Administración Judicial es un acto de nombramiento, es un privilegio inherente a su función administrativa y en dicha potestad el nominador goza de cierta libertad para escoger, en beneficio del servicio, a quien a su juicio reúne las condiciones de idoneidad y profesionalismo para desempeñar el empleo determinado.

Por ello, los cargos de descongestión son por su naturaleza transitorios y/o temporales, pues su fin es coadyuvar por un lapso determinado de tiempo en la pronta y eficiente prestación del servicio de administrar justicia y de administración de la Rama Judicial, para que dichas funciones se adecuen a los términos perentorios señalados en la ley. En consecuencia la vinculación provisional y temporal en los cargos de descongestión no otorgan (sic) fuero alguno de estabilidad, toda vez que desde el momento de la nominación la persona designada se le indica expresamente, que su relación laboral será provisional, transitoria y delimitada en el tiempo. […]».

Problema jurídico según la fijación del litigio

«[…] Debe este Tribunal establecer si la señora Julia del Pilar Tovar González gozaba de algún fuero de estabilidad que le permitía permanecer en el cargo durante la vigencia de las medidas de descongestión o sus prorrogas (sic).

Y de esta manera establecer si procede la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que le negaron reintegro al cargo que venía desempeñando en descongestión como “Contadora liquidadora Grado 17” de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja. […]».

La decisión quedó notificada en estrados y las partes no interpusieron recursos.

SENTENCIA APELADA

El a quo profirió sentencia de forma escrita, en la que denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, realizó un estudio normativo de la naturaleza jurídica de los cargos de descongestión, para señalar que dado su carácter temporal no pertenecen a la carrera judicial y por ende, para la provisión de estos, no es necesario atender el registro nacional de elegibles, por lo que resulta válido dar aplicación a la regla prevista en numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, según el cual en caso de vacancia temporal la designación opera directamente por el nominador.

Seguidamente, sostuvo que conforme a lo previsto en la Ley 1285 de 2009 la facultad de crear cargos en la Rama Judicial se encuentra asignada a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, normativa que ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional que ha reiterado en múltiples oportunidades, la vocación de temporalidad de los cargos creados bajo la óptica de descongestión, tesis que era adoptada en el sub lite.

En este sentido, señaló que quedaba proscrita toda medida de descongestión con vocación de permanencia indefinida, porque la facultad así empleada sería ilegítima y contraria a la Constitución y a la ley, por tal motivo, los servidores que ocupan dichos empleos no ostentan fuero de estabilidad alguno y la vinculación está determinada por la duración de la medida de descongestión.

Posteriormente, realizó el análisis de las pruebas obrantes el plenario y, concluyó que, el cargo de contadora liquidadora grado 17 adscrito a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Tunja que desempeñó la señora Julia del Pilar Tovar entre el 10 de agosto y el 16 de diciembre de 2011, era transitorio, de ahí que la desvinculación obedeció a que simplemente se extinguió el plazo ordenado en el acto de nombramiento, pues este fue claro en cuanto a que el vínculo iba hasta el 16 de diciembre de la citada anualidad.

Expuso que además la aquí demandante tenía conocimiento desde el acto de posesión de la temporalidad de su labor, por tanto no fue ninguna sorpresa para ella que el empleo concluyera el día que se había señalado en el acto de nombramiento. Aunado a ello, el hecho de que el Acuerdo PSAA11-9081 del 16 de diciembre de 2011 haya prorrogado el cargo hasta el 31 de diciembre de dicho año y reanudado a partir del 1°. de enero al 31 de marzo de 2012, no es garantía de permanencia para quien lo ocupaba, pues no pertenecía a carrera administrativa y por ende no le otorgaba fuero de estabilidad.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar, se acceda a lo pretendido en la demanda, conforme los argumentos que a continuación se exponen:

Sustentó que contrario a lo advertido en la sentencia de primera instancia, la Corte Constitucional ha reconocido en reiteradas oportunidades la existencia de una estabilidad a la que tienen derecho los trabajadores vinculados en provisionalidad y ello se refleja, en la necesidad de motivar los actos de desvinculación y en que el retiro del servidor en el caso que nos ocupa debe equipararse con el de un trabajador temporal, sea realizado con fundamento en las causales consagradas en la ley.

En este sentido, afirmó que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que no motivar el acto administrativo de desvinculación viola el debido proceso del servidor retirado, ya que vulnera la publicidad del acto, por lo que se coarta el derecho del destinatario a controvertir las razones de la decisión. Agregó que en varias sentencias, la Corte Constitucional sostuvo que en los cargos en provisionalidad al nominador le está vedado actuar discrecionalmente, salvo justa causa, por motivos disciplinarios o por provisión definitiva de la plaza, previo concurso de méritos, toda vez que el el cargo en provisionalidad no se puede asimilar a uno de libre nombramiento y remoción.

De igual forma, arguyó que en el sub lite el término para la labor contratada no había fenecido, pues había sido nombrada hasta el 16 de diciembre de 2011, empero, fue el mismo empleador quien decidió de manera unilateral, postergar ese término, inicialmente, hasta el 31 de marzo de 2012 y así sucesivamente.

Manifestó que el Consejo de Estado en sus providencias ha tenido la concepción de que los cargos en periodo fijo, no implican un derecho adquirido, pero sí existe una evidente expectativa legítima en quienes los ocupan, por tanto, se predica una estabilidad relativa a su favor por el tiempo en que fueron nombrados. Es por ello, que el acto de desvinculación de una persona que desempeña un empleo de provisionalidad exige que sea motivado siempre que se dé por finalizado antes de cumplirse el término del nombramiento.

De otra parte, sostuvo que la señora Julia del Pilar fue separada del cargo so pretexto de haberse finalizado el periodo para el cual fue contratada, no obstante, como el día de su desvinculación se produjo la prórroga de las medidas de descongestión, el acto administrativo que terminó el vínculo debió ser motivado, y como aquello no ocurrió, su terminación de la relación es ilegal.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en desarrollo de esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual forma, se hace necesario precisar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico se resume en la siguiente pregunta:

¿La prórroga de las medidas de descongestión para el cargo de contador liquidador, grado 17, adscrito a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja en el cual fue nombrada la señora Julia del Pilar Tovar González, implicaba que continuara en el citado empleo?

Al respecto la Subsección sostendrá la siguiente tesis: El retiro del cargo como contadora liquidadora, grado 17 que desempeñaba la demandante en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Tunja, se dio porque feneció el plazo de su nombramiento, por tal motivo, la prórroga de las medidas no implicaba per se su continuidad en dicho empleo, como se explica a continuación.

De las medidas de descongestión judicial

En este punto debe poner de presente la subsección que las medidas de descongestión fueron el resultado de una política pública que tenía como finalidad resolver el represamiento de procesos judiciales del sistema y que se creó como una herramienta para dotar a la Rama Judicial de instrumentos idóneos con el fin de efectivizar la justicia. En efecto, el artículo 257 de la Constitución Política preceptuó:

«ARTICULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:

1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales.

5. Las demás que señale la ley.» (Subrayas fuera de texto)

Por su parte la Ley 270 de 1996, en cumplimiento del mandato constitucional citado, otorgó facultades a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para implementar medidas tendientes a descongestionar la Rama Judicial en sus distintas jurisdicciones. Así, el artículo 63 de la precitada normativa previó:

«ARTÍCULO 63. DESCONGESTIÓN, DEPURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CAUSAS, PROCESOS E INVENTARIOS. Modificado por el artículo 10 del Decreto 2637 de 2004. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en los eventos previstos en el artículo 7o de la presente ley, así como en los casos de congestión y/o atraso de los juzgados o tribunales, podrá redistribuir los asuntos que se tengan para fallo entre aquellas corporaciones y despachos cuya carga laboral, a juicio de la misma Sala, lo permita. Asimismo, podrá seleccionar y redistribuir los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones y demás diligencias, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban encargarse de su evacuación ya sea que correspondan o no a la misma sede, especialidad o jurisdicción.

Igualmente podrá crear, con carácter transitorio, cargos de empleados, jueces o magistrados que tramiten, sustancien, fallen y/o asuman íntegramente el conocimiento de procesos, quienes podrán tener un régimen salarial y prestacional especial o ad honorem. […]» (Subraya fuera del texto original)

Posteriormente, y ante la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 2637 de 2004, se profirió la Ley 1285 de 2009, que en su artículo 15, señaló:

«Artículo 15. Modifícase el artículo 63 de la Ley 270 de 1996: Artículo 63. Plan y Medidas de Descongestión. Habrá un plan nacional de descongestión que será concertado con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los objetivos, los indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de evaluación de la aplicación de las medidas.

Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar las medidas pertinentes, entre ellas las siguientes:

a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá redistribuir los asuntos que los Tribunales y Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita;

b) La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción para atender las mayores cargas por congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para tramitar y sustanciar los procesos dentro de los despachos ya establecidos, asumiendo cualquiera de las responsabilidades previstas en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr001.html" \l "37" \t "_blank" 37 del C. P. C.; los procesos y funciones serán las que se señalen expresamente;

c) Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en proceso que estén conociendo otros jueces;

d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley de presupuesto;

e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de realizar funciones que se definan en el plan de descongestión de una jurisdicción, de un distrito judicial, o de despachos judiciales específicos, y

f) Contratar a término fijo profesionales expertos y de personal auxiliar para cumplir las funciones de apoyo que se fijen en el plan de descongestión.». (Subrayas fuera de texto).

Sobre la facultad otorgada a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para crear cargos transitorios de descongestión, la Corte Constitucional, ha sostenido:

«[…] Facultad de creación de cargos transitorios de descongestión en cabeza de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
[…]

La posibilidad de crear cargos transitorios de descongestión dentro de la Rama jurisdiccional se ajusta al propósito constitucional consignado en el artículo 228, el cual, de manera implícita –al consagrar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y al establecer la obligación de observancia de los términos procesales con diligencia- propone como pilar de la administración de justicia la celeridad y eficacia de los procedimientos judiciales.

La congestión judicial es un fenómeno de vieja data que ha minado los cimientos sobre los cuales descansa esta importante labor del ente estatal. La gravedad que reviste consiste en que desdibuja la razón de ser del aparato jurisdiccional, en la medida en que la solución tardía de los conflictos desestimula el empleo de los cauces institucionales para su composición. Sobre el particular, en sentencia C-037 de 1996, la Sala Plena de la Corte señaló que esta deficiencia “desafortunadamente aqueja en forma grave y preocupante a la administración de justicia en el país”. En tal sentido, las actuaciones emprendidas por el Estado enderezadas a lograr su corrección avanzan en el propósito de lograr un orden justo (preámbulo) en el cual se ofrezca una verdadera prevalencia a los derechos fundamentales (artículo 5° superior), entre los cuales se encuentra el derecho de acceso a la justicia (artículo 229 superior), garantía que desborda la obligación de ofrecer cauces judiciales por medio de los cuales sea posible la composición de litigios, hasta alcanzar deberes sustanciales como la prontitud de las actuaciones judiciales, a condición que dicho propósito no implique el sacrificio de otras garantías iusfundamentales, como el debido proceso y el derecho de defensa.

De acuerdo a tal consideración, la posibilidad de crear cargos transitorios de descongestión es una facultad que encuentra pleno respaldo en la Constitución Nacional. Dicha facultad, como ya ha sido sugerido, debe ser comprendida dentro del espectro de protección a determinados bienes que surgen de la lectura del texto constitucional. En tal sentido, el desarrollo de esta facultad se encuentra subordinado al cumplimiento de determinadas condiciones que garantizan que tal actuación permita la consecución de los altos fines que la inspiran, entre los cuales se encuentran:

(i) Necesidad. Esta condición exige de la Administración la constatación de una razón objetiva que justifique la creación de tales cargos, lo cual, a su vez, supone que la demanda del servicio no puede ser atendida con el personal encargado.

(ii) Relación sustancial del cargo. De acuerdo a este requisito es preciso que el cargo transitorio esté dirigido a desarrollar materialmente las labores confiadas al Despacho judicial o Corporación en el cual se ha de prestar el servicio, lo cual garantiza que el esfuerzo que implica para el Estado la creación de dicho cargo se encuentra efectivamente orientado al cumplimiento de las labores confiadas a la Rama judicial.

(iii) Disposición presupuestal. Esta condición hace referencia al parámetro presupuestal contenido en el numeral 2° del artículo 257 superior.

(iv) Amparo de la situación del empleado. Este último requerimiento exige que la creación de estos cargos transitorios no sea empleada por la administración en desmedro del derecho a la estabilidad laboral que ofrece el artículo 53 superior. En tal sentido, se proscribe el empleo de esta facultad con el objetivo de encubrir vinculaciones de vocación duradera, pues, de ser así, en estos casos su empleo por parte de la administración resulta ilegítimo en la medida en que, sin un fundamento constitucional válido que justifique la transitoriedad, resultan vulnerados los derechos los empleados de la Rama jurisdiccional.[…]» (Cursiva del texto y subrayas de la sala).

De conformidad con lo anterior, es claro que el Consejo Superior de la Judicatura, tiene la facultad de crear cargos transitorios de descongestión, lo cual está justificado en el mandato superior, y, en el caso concreto, la vinculación de profesionales como el desempeñado por la aquí demandante con el fin de contribuir con la pronta administración de justicia.

Respecto de la provisión de un empleo transitoriamente creado, se resalta que la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido: «[…] la provisión de un cargo transitoriamente vacante es asimilable a la provisión de un cargo transitoriamente creado y, por ende, en este último caso resulta válida la aplicación de la regla del numeral segundo del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, según el cual en caso de vacancia temporal la designación opera directamente por el nominador […]». (Resaltado de la Sala).

De acuerdo con el antecedente transcrito, se entiende que la política de descongestión optó por crear cargos de carácter temporal, a fin de cumplir con su cometido, empleo que se asimila a una vacancia temporal que debe ser provista directamente por el nominador.

De la naturaleza jurídica del cargo de contador liquidador, grado 17

En el anterior hilo argumentativo, es preciso señalar que el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, distinguió entre los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial, los que tienen la calidad de funcionarios, que son los magistrados de las corporaciones judiciales, los jueces de la República y los fiscales por ejercer directamente la función judicial. Además, indicó que los empleados son las demás personas que ocupen cargos en las corporaciones y despachos judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial.

En virtud de lo anterior y de cara al caso concreto, el cargo de Contadora liquidadora grado 17, adscrito a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, se creó de forma transitoria, conforme lo previó el Acuerdo PSAA11-8322 de 2011. En efecto, el artículo 11 de dicha disposición, preceptuó:

«ARTÍCULO 11°.- Crear transitoriamente, a partir del 1° de agosto y hasta el 16 de diciembre de 2011, dos (2) cargos de Contador liquidador grado 17, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja.

PARÁGRAFO.- Los cargos de Contador liquidador grado 17, con perfil en cálculo actuarial, ayudarán en la liquidación y actualización de las sentencias de los juzgados civiles de Tunja.» (Subraya la sala)

Ahora bien, en virtud a que el cargo de contadora liquidadora grado 17 en descongestión fue creado de manera transitoria por el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las políticas y programas de descongestión judicial previstos por el Consejo de Estado, resulta claro que el cargo referido no forma parte de la estructura de la administración de justicia por cuanto no es permanente.

En este mismo sentido, se ha pronunciado esta Corporación al señalar:

«[…] Los cargos de descongestión, dada su naturaleza temporal, no pertenecen a la carrera judicial y, por ende, para la provisión de los mismos no es exigible atender el registro nacional de elegibles, quedando en manos del nominador el examen del mérito de los aspirantes. Lo anterior porque, según se explicó en esa misma providencia, la provisión de un cargo transitoriamente vacante es asimilable a la provisión de un cargo transitoriamente creado y, por ende, en este último caso resulta válida la aplicación de la regla del numeral segundo del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, según el cual en caso de vacancia temporal la designación opera directamente por el nominador. La forma de provisión de cargos públicos es competencia exclusiva de la Constitución y la ley (artículos 125 y 150, numeral 23, de la Constitución Política), normativa que respecto de cargos de descongestión de la rama judicial -en tanto empleos que, por su temporalidad, no son de carrera- no condiciona la provisión de los mismos al registro nacional de elegibles, permitiendo que la designación se haga directamente por el nominador mediante nombramiento en provisionalidad (numeral 2° del artículo 132 de la Ley 270 de 1996), figura legalmente prevista para la provisión de cargos temporalmente vacantes que resulta aplicable para la provisión de cargos transitoriamente creados.[…]». (Subrayas de la Sala).

La anterior posición, fue reiterada por esta subsección, así:

«[…]. Esta argumentación resulta plenamente aplicable en tratándose tanto de empleados como de funcionarios judiciales, sin importar el nivel de ubicación en la estructura funcional, que al igual que los cargos de jueces de descongestión, empleados como funcionarios judiciales de descongestión no son cargos permanentes y por tanto no forman parte de la estructura misma de la administración de justicia. Son cargos creados de manera transitoria por el Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la facultad prevista en el artículo 257-2 de la Constitución y 63 de la ley Estatutaria de Administración de Justicia de conformidad con las políticas y programas de descongestión judicial establecidos por dicho organismo, y cuya creación está sujeta dentro del contexto de la descongestión a la vocación de temporalidad de esta medida. […]» (Resaltado fuera de texto).

Corolario, se tiene que el empleo desempeñado por la señora Julia del Pilar Tovar González al ser un cargo de descongestión, tenía vocación de transitoriedad o temporalidad, por tal motivo, no hacía parte de la carrera judicial, empero, conforme a los argumentos expuestos, habrá de definirse si tal situación le generaba vocación de permanencia o fuero de estabilidad, además deberá analizarse si, la desvinculación de la señora Tovar González exigía la expedición de un acto administrativo motivado.

Formas de provisión de cargos de la Rama Judicial

El artículo 125 de la Constitución Política prevé:

«[…] Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley […]».

De la transcripción precedente, es dable colegir que por regla general el ingreso y promoción profesional de los empleos en los órganos y entidades del Estado constitucionalmente están basados en los principios de mérito, capacidad, idoneidad y especialización para el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, en el ámbito de la carrera judicial, conforme lo regulado en el artículo 156 de la Ley 270 de 2006, se advierte que esta se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio.

En este sentido, las formas de provisión de empleos en la Rama Judicial, se encuentran en el artículo 132-2 de la citada Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que al tenor señala:

«[…] ARTÍCULO 132. FORMAS DE PROVISIÓN DE CARGOS DE LA RAMA JUDICIAL. La provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:

En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.

En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes.

Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.

En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva Corporación.

En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas.

PARÁGRAFO. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la vacante por el competente, a quien dará aviso inmediato. […]». (Subrayas fuera de texto).

A su turno, el artículo 149 ibídem, prevé que la cesación definitiva de las funciones se produce en los siguientes casos: i) renuncia aceptada; ii) supresión del Despacho Judicial o del cargo; iii) invalidez absoluta declarada por autoridad competente; iv) retiro forzoso motivado por edad; v) vencimiento del período para el cual fue elegido; vi) retiro con derecho a pensión de jubilación; vii). abandono del cargo; viii) revocatoria del nombramiento; ix) declaración de insubsistencia; x) destitución y; xi) muerte del funcionario o empleado.

Bajo este en entendido, se observa que la forma de provisión de cargos públicos es competencia exclusiva de la Constitución y la ley (artículos 125 y 150, numeral 23, de la Constitución Política), normativa que respecto de cargos de descongestión de la Rama Judicial -en tanto empleos que, por su temporalidad, no son de carrera- no condiciona la provisión de los mismos al registro nacional de elegibles, lo cual permite que la designación se haga directamente por el nominador mediante nombramiento en provisionalidad (numeral 2° del artículo 132 de la Ley 270 de 1996), figura legalmente prevista para la provisión de cargos temporalmente vacantes que como explicó en precedencia, resulta aplicable para la provisión de cargos transitoriamente creados.

No obstante lo anterior, esta subsección observa que específicamente, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no regula lo referente al nombramiento y retiro de los empleados y funcionarios que ostentan los cargos en descongestión, por lo que se advierte un vacío en la ley especial.

En efecto, nótese que los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial en cargos de descongestión no son de carrera administrativa y en ese sentido, su vinculación no es respecto de una plaza que haga parte de la estructura de la entidad y mucho menos que se haya proveído o se vaya a proveer mediante concurso de méritos y dicha vinculación en todo caso es temporal porque está supeditada al tiempo para el cual se creó la medida de descongestión.

Bajo dicho entendido, se observa que los cargos de descongestión, se asimilan a los cargos temporales previstos en la Ley 909 de 2004, en tanto como se indica, la Ley 270 de 1996, no determinó cómo sería la vinculación del personal que fuese nombrado en dichos empleos, tampoco de qué forma sería su retiro y durante qué termino, dada la duración temporal del empleo que se crea a través de estas medidas. Así al tenor de lo previsto en el inciso primero del numeral segundo del artículo 3 de la citada normativa, que para tal efecto preceptúa:

«ARTÍCULO 21. Empleos de carácter temporal.

1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las siguientes condiciones:

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la administración;

b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;

c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos excepcionales;

d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución.

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos.

HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81855" \l "6" (Numeral 4, Adicionado por Art. 6, Decreto 894 de 2017.) » Nota: (El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59496" \l "0" C-288 de 2014.)
4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> <Numeral adicionado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0894_2017.html" \l "6" 6 del Decreto Ley 894 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:>

El nombramiento en los empleos temporales se efectuará mediante acto administrativo en el que se indicará el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. Sin embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de los mismos, de acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto administrativo motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su financiación.

De igual manera, el retiro del servicio de los empleados temporales se podrá efectuar por las causales consagradas en los literales d), h), i), j), k), m) y n) del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0909_2004_pr001.html" \l "41" 41 de la Ley 909 de 2004.» (Negrillas y tachado del texto original)

Acorde con lo trasuntado, se observa que el legislador previó la creación de empleos temporales dentro de la función pública como herramienta organizacional que pueden utilizar las entidades del Estado para atender necesidades funcionariales excepcionales que no pueden ser solventadas con su personal de planta, circunstancia que claramente se identifica con la implementación de medidas tendientes a descongestionar la Rama Judicial frente a una estructura judicial estancada en cuanto a oferta de la misma se refiere.

En igual sentido, el Decreto 1227 de 2005 reglamentó parcialmente la citada Ley 909 de 2004, y, en dicha regulación definió en su artículo 1.° lo que debía entenderse por empleos temporales: «aquellos creados en las plantas de cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, por el tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de nombramiento […]».

El nombramiento de cargos temporales entonces se hace por un tiempo determinado y al vencimiento de este, quien se encuentre en su ejercicio, queda automáticamente desvinculado, sin necesidad de que el nominador profiera un acto administrativo que lo retire del servicio, pues como lo prevé la norma el solo cumplimiento del plazo es razón para retirarlo del servicio.

Dilucidado el anterior marco normativo y jurisprudencial, con el objeto de resolver el problema jurídico planteado la sala encuentran probados los siguientes hechos:

A través de Acuerdo PSAA11-8322 de 2011, se creó el cargo de contadora liquidadora grado 17, adscrito a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja. El literal d) del artículo 13 de dicha disposición, previó que los cargos de contador liquidador, serían nombrados por el respectivo Director Seccional de Administración Judicial, así:

«ARTÍCULO 11°.- Crear transitoriamente, a partir del 1° de agosto y hasta el 16 de diciembre de 2011, dos (2) cargos de Contador liquidador grado 17, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja.

PARÁGRAFO.- Los cargos de Contador liquidador grado 17, con perfil en cálculo actuarial, ayudarán en la liquidación y actualización de las sentencias de los juzgados civiles de Tunja.» (Subraya fuera del texto original)

En virtud a lo anterior, mediante Resolución 891 de 2011, el director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Tunja, nombró a la señora Julia del Pilar Tovar González en el cargo de «contadora liquidadora grado 17, en provisionalidad y temporalmente», para la liquidación y actualización de las sentencias de los Juzgados Civiles de Tunja, dependiente de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, a partir del 10 de agosto y hasta el 16 de diciembre de 2011 (folio 13 anverso y reverso).

En efecto, el 10 de agosto de 2011, la señora Tovar González tomó posesión del empleo así: «[…] se presentó en el Despacho del Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Tunja, la Doctora JULIA DEL PILAR TOVAR GONZALEZ (sic), identificada con cédula de ciudadanía número 40.043.612, con el fin de tomar posesión en el cargo de Contadora liquidadora Grado 17 de esta Dirección Ejecutiva Seccional, para prestar apoyo a los juzgados Civiles de Tunja, para el cual fue nombrada en provisionalidad y temporalmente, mediante Resolución número 891 de fecha 10 de agosto de 2011, con efectos fiscales a partir del 10 de agosto de la presente vigencia, por el término comprendido (sic) entre el 10 de agosto de 2011 y hasta el 16 de diciembre de 2011». (Subrayas fuera de texto). (folio 14).

Mediante Acuerdo PSAA11-9081 de 2011 se aprobó dar continuidad a las medidas de descongestión adoptadas inicialmente por medio del Acuerdo PSAA11-8322 y por tanto, dispuso su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2011 y la reanudación a partir del 1.º de enero al 31 de marzo de 2012, dentro de las cuales se encontraba el cargo de contador liquidador grado 17 que ocupó la aquí demandante.

El 28 de diciembre de 2011, la aquí demandante elevó petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Tunja, con el fin de que se informara cuál era su situación administrativa frente al cargo de contadora liquidadora grado 17 y solicitó fuera reintegrada a dicho empleo de forma inmediata, por cuanto consideró que al haber sido postergadas las medidas de descongestión, no había lugar a su desvinculación y menos aún de forma verbal.

A través de Oficio DESTJ12-56 del 16 de enero de 2012, la entidad demandada dio respuesta a dicha solicitud de forma negativa, acorde con lo siguiente:

«[…] 1. Revisados los archivos que reposan en el Area (sic) de Talento Humano de ésta Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y teniendo en cuenta el Acuerdo N° PSAA11-8322 de 2011, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y conforme a la Resolución N° 891 del 10 de Agosto de 2011, me permito informarle que su nombramiento como Contadora liquidadora Grado 17 fue hasta el día dieciséis (16) de Diciembre de 2011, razón por la cual no se encuentra en ninguna de las situaciones administrativas contempladas en el artículo 135 de la ley (sic) 270 de 1996.

2. Frente a éste punto, comunico a usted, que no es posible acceder a su solicitud, ya que su nombramiento como Contadora liquidadora grado 17, en virtud de lo ordenado en el Acuerdo N° PSAA11-8322 de 2011 y tal como consta en la Resolución N° 891 de 2011 fue “en provisionalidad y temporalmente” por el periodo comprendido entre el 10 de Agosto de 2011 al 16 de Diciembre de 2011.

Así mismo le informo, que el ACUERDO No. PSAA11-9081 de 2011, en su artículo tercero ordenó “Dar continuidad a las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa para los cargos adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja adoptadas mediante los Acuerdos PSAA11-8322 y PSAA11-8583…”, es decir se le da continuidad a los cargos creados en descongestión, sin que ello obligue a la prórroga de los nombramientos de quienes venían desempeñándolos, ya que esta es facultad exclusiva del nominador […]» (folio 19).

Ante la anterior decisión, la señora Tovar González interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, al señalar que los cargos en provisionalidad no eran asimilables con los de libre nombramiento y remoción, por lo que su desvinculación debía ser motivada (folios 21 a 27).

El recurso de reposición fue resuelto de forma negativa, por parte del director ejecutivo Seccional Tunja, mediante Resolución 1826 del 9 de marzo de 2012, la cual se sustentó en los siguientes argumentos:

«[…] Del anterior acto administrativo se deduce, tal y como se estipulo (sic) en el oficio recurrido, que se da continuidad a los cargos creados en descongestión, lo que no implica ni obliga al nominador, en este caso el suscrito, a una prórroga de los nombramientos de quienes venían desempeñándolos, pues la resolución mediante la cual se nombro (sic) a la señora JULIA DEL PILAR TOVAR GONZALEZ (sic), establecía un término fijo de vinculación para el desempeño de sus funciones hasta el día 16 de Diciembre de 2011, por lo que no puede hablarse de una desvinculación como la hace ver la recurrente, sino de una terminación del periodo para el que fue contratada […]» (folios 28 a 30).

Posteriormente, a través de Resolución 2860 del 15 de marzo de 2013, el director ejecutivo de Administración Judicial rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto, al señalar que el Oficio DESTJ-56 del 16 de enero de 2012, fue una simple respuesta a a la información requerida por la señora Julia del Pilar, por tal motivo, no puso fin a una actuación administrativa (folios 32 a 36 vuelto).

De acuerdo con lo antecedente, al efectuar por parte de esta Subsección, la valoración probatoria de forma conjunta, armónica y en aplicación del principio de la sana crítica, se observa que la señora Julia del Pilar Tovar González fue nombrada de forma transitoria, esto es, entre el 10 de agosto y 16 de diciembre de 2011, situación de la cual tenía pleno conocimiento, pues tanto en el nombramiento como en la posesión se indicaron dichos extremos temporales de la vinculación en descongestión.

Conforme a ello, se encuentra que los cargos de descongestión creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se asimilan a lo regulado en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, respecto de empleos temporales, pues se crean por un tiempo determinado con el fin de suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, dado el crecimiento acelerado de la demanda de justicia y con el fin de salvaguardar derechos de los ciudadanos como el acceso a la administración de justicia.

Así entonces, se advierte que la desvinculación de la demandante como contadora liquidadora grado 17, obedeció a que feneció el plazo para el cual había sido nombrada, además, es claro para la Subsección que el hecho de que se prorrogaran las medidas de descongestión, no le otorgaba a la demandante fuero de estabilidad alguno, pues su ingreso al empleo no fue a través de concurso de méritos y el cargo por ella desempeñado era precario, por tanto, al vencimiento del tiempo para el cual fue nombrada (16 de diciembre de 2011), tuvo como consecuencia el retiro automático del servicio, sin que la continuidad de las medidas otorgara per se la prórroga en su nombramiento.

Así las cosas, es claro que no se requería ningún acto administrativo motivado para ejercer su desvinculación, pues se reitera, el solo vencimiento del plazo para el cual fue nombrada se entendía retirada automáticamente del servicio, por tal motivo, el nominador no tenía la obligación de acudir a plasmar los motivos del servicio, dado que el tiempo de servicio ya había fenecido.

Lo anterior implica que la estabilidad deprecada por la demandante en el sub lite dependía de la ocurrencia del plazo, tal y como se señaló en los actos de nombramiento y posesión, hasta el 16 de diciembre de 2011; diferente sería que el nombramiento se hubiese realizado «hasta que duren las medidas de descongestión» o simplemente se hubiese omitido la fecha de terminación de la vinculación, circunstancia que, como se advierte, no ocurrió.

En ese sentido, se requería de un acto administrativo proferido por el nominador que prorrogara el nombramiento de la señora Tovar González, pues al vencerse el plazo, su retiro del cargo de contadora liquidadora grado 17, fue de forma automática.

Corolario, se debe indicar que el vencimiento del término para el cual había sido nombrada (16 de diciembre de 2011), no obligaba al nominador a prorrogar su nombramiento, dado que el plazo se había cumplido y la señora Tovar González no era beneficiaria de ningún fuero de estabilidad.

Ahora bien, respecto del argumento de la parte demandante en el sentido de que se debe dar aplicación a los múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, cuando sostienen que los provisionales poseen fuero de estabilidad, es preciso señalar que existen estos tipos de empleo: i) elección popular; ii) de periodo; iii) libre nombramiento y remoción; iv) carrera y, v) temporales.

En cuanto a la forma de vinculación específicamente en provisionalidad, se generan varias situaciones así: i) por vacancia definitiva en cargo de carrera; ii) por vacancia temporal en cargo de carrera y iii) vacancia temporal en un cargo temporal (el que fue ocupado por la aquí demandante).

Así las cosas, pese a que es evidente la similitud en cuanto a la expectativa de los empleados que desempeñan cargos de vacancias temporales (ya sea en cargo de carrera o temporal), es claro que sus situaciones fácticas y jurídicas son totalmente diferentes, pues en el caso particular de los empleos temporales su permanencia en el cargo, depende del periodo para el cual fue designado, motivo por el cual no le es aplicable la posición jurisprudencial de empleados provisionales por vacancia temporal en cargos de carrera.

En conclusión: La desvinculación de la señora Julia del Pilar Tovar González obedeció a que feneció el periodo para el cual había sido nombrada en el cargo temporal de descongestión, por tanto, no se requería de acto administrativo motivado para su desvinculación porque en todo caso, la prórroga de las medidas de descongestión, no le otorgaba fuero alguno de estabilidad.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las súplicas de la demanda, toda vez que no prosperan los argumentos del recurso de apelación.

De la condena en costas

Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:

El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

En este hilo argumentativo, no se condenará en costas a la parte demandante, en la medida que conforme el ordinal 3.º del artículo 365 del CPACA, si bien resulta vencida en esta instancia, la parte demandada no intervino en el trámite de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 20 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que denegó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora Julia del Pilar Tovar González contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Segundo: Sin condena en costas en la segunda instancia.

Tercero: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa Justicia Siglo XXI y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Folios 4 a 6 del expediente. Folios 140 a 145 del cuaderno principal. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB. Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB
Folios 205 a 226. Para tal fin se citaron las Sentencias T-633 de 2007, expediente: T-1600722 y C-333 de 2012, expediente: D-8803. Folios 236 a 243. Según constancia secretaria visible a folio 261. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
«Estatutaria de la Administración de Justicia.»
Decreto declarado inexequible, por la Corte Constitucional, Sentencia C-672/05. «en el entendido de que «las modificaciones que el Decreto 2637 de 2004 hizo a los artículos 7º, 11, 15, 16, 19, 22, 54, 58, 61, 63, 82 y 91 de la Ley 270 de 1996 no se orientan, en manera alguna, al desarrollo legal del sistema acusatorio sino que tocan una multiplicidad de situaciones generales de la administración de justicia y de quienes la administran, como pasa a indicarse: […]»
«Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia». Corte Constitucional, Sentencia T-633-07. Referencia: expediente T-1600722. Magistrado ponente. Humberto Antonio Sierra Porto.
«Aunado a lo señalado en esta providencia, el artículo 63 de la Ley estatutaria de la administración de justicia establece lo siguiente: ARTÍCULO 63. DESCONGESTIÓN. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en caso de congestión de los Despachos Judiciales, podrá regular la forma como las Corporaciones pueden redistribuir los asuntos que tengan para fallo entre los Tribunales y Despachos Judiciales que se encuentren al día; seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el Juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en procesos que estén conociendo otros jueces. Igualmente, podrá crear, con carácter transitorio, cargos de jueces o magistrados sustanciadores o de fallo, de acuerdo con la ley de presupuesto.» (Cursiva del texto). Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-633/07. Referencia: expediente T-1600722. Acción de tutela instaurada por Ana Cely Gallo Márquez contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Magistrado Ponente: Dr.

Humberto Antonio Sierra Porto. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 28 de febrero de 2008. Consejero ponente: Mauricio Torres Cuervo. Radicación numero: 11001-03-28-000-2003-00486-00.
«ARTÍCULO 125. DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL SEGÚN LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES. Tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial. La administración de justicia es un servicio público esencial.»
«Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión para algunos Juzgados de Civiles de Circuito del Territorio Nacional». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 28 de febrero de 2008. Consejero ponente: Mauricio Torres Cuervo. Radicación numero: 11001-03-28-000-2003-00486-00. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicación número: 25000-23-25-000-2009-00614-01(0482-12). Con la modificación introducida por el Art 15 de la Ley 1285 de 2009.
«ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA».
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.»
«ARTÍCULO 3. Campo de aplicación de la presente ley.
[…]
2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como:
• Rama Judicial del Poder Público. […]»
«Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión para algunos Juzgados de Civiles de Circuito del Territorio Nacional», artículo 11. Consultado en: http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=~%2FApp_Data%2FUpload%2FPSAA11-8322.pdf.
«Por el cual se aprueba la continuidad de las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa en el marco del Plan Nacional de Descongestión en el Distrito Judicial de Tunja». Artículo 3. Consultado en: https://jurisprudencia.vlex.com.co/vid/-354793386. Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:(…)».

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