República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2013-00891-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00891-02 (3788-2022)
Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: salarios y prestaciones sociales causados por desvinculación sustentada en
la causal de retiro por reunir requisitos para pensión —exequibilidad condicionada—.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Tercera de
Decisión, el 15 de julio de 2021, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
Luis Humberto Otálora Mesa solicitó la nulidad de los actos administrativos que
negaron el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales causados
durante el tiempo en que fue retirado del cargo de magistrado de tribunal por
cumplimiento de los requisitos pensionales. El Tribunal Administrativo de Boyacá
accedió a las pretensiones al considerar que la sentencia SU-938 de 2010 dejó sin
efectos el acto que dispuso su retiro, circunstancia que restableció la situación jurídica
previa a la desvinculación. Asimismo, declaró prescritas las acreencias causadas
antes del 12 de enero de 2009, dado que la reclamación administrativa fue presentada
el 12 de enero de 2012. La Subsección confirmará la sentencia, porque el acto que
negó la solicitud de pago de salarios constituye un acto autónomo susceptible de
control de legalidad, dado que la sentencia de tutela no decidió sobre estos derechos,
solo restituyó la situación laboral del actor ante la inaplicación de la causal de retiro.
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00891-02 (3788-2022)
Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Luis Humberto Otálora Mesa, mediante apoderado, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad
con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan1.
2.1.1. Pretensiones
2. Luis Humberto Otálora Mesa solicitó la nulidad del Oficio DESTJ12-1529 del 11
de julio de 2012, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de salarios y
prestaciones sociales correspondientes al tiempo en que permaneció desvinculado
del cargo de magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y hasta su
reintegro al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, así como de la
Resolución 3633 del 11 de junio de 2013, que confirmó dicha decisión.
3. A título de restablecimiento del derecho, el señor Luis Humberto Otálora Mesa
solicitó el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales y vacaciones
correspondientes al tiempo en que permaneció desvinculado del cargo de magistrado
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y hasta su reintegro al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, esto es, del 1.° de abril de 2008 al 28 de
agosto de 2011, junto con los intereses moratorios y la indexación.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
5. El señor Luis Humberto Otálora Mesa ejerció como magistrado del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja y Medellín.
6. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante las
Resoluciones PSAR 07-619 del 19 de diciembre de 2007 y PSAR 08-49 del 25 de
marzo de 2008, retiró al señor Luis Humberto Otálora Mesa del cargo de magistrado
de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, a partir del
1.° de abril de 2008.
7. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-938 del 23 de noviembre de
2010, dejó sin efectos las Resoluciones PSAR 07-619 del 19 de diciembre de 2007 y
PSAR 08-49 del 25 de marzo de 2008 y ordenó su reintegro, por considerar que
vulneraron derechos fundamentales del señor Luis Humberto Otálora Mesa.
1 Samai, índice 55, 2_ED_procoeso 2013-00891.pdf(.PDF) pp. 1 a 102
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Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
8. En cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia designó, el 4 de marzo de 2011, al señor Luis Humberto Otálora Mesa en el
cargo de magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
9. El demandante tomó posesión del cargo el 29 de agosto de 2011.
10. El señor Luis Humberto Otálora Mesa presentó solicitud el 12 de enero de 2012
para el reconocimiento y pago de todos los salarios y prestaciones sociales causados
durante el periodo en que permaneció desvinculado del cargo de magistrado, esto es,
del 1.° de abril de 2008 al 28 de agosto de 2011.
11. La Dirección Ejecutiva de Administrativa Judicial Seccional Tunja, mediante el
Oficio DSRJ12-1529 del 11 de julio de 2012, negó la solicitud. Por tal razón, el
demandante presentó recurso de apelación el 26 de julio de 2012, y la entidad,
mediante la Resolución 3633 del 11 de junio de 2013, confirmó la decisión.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
12. En la demanda se citaron como normas vulneradas los artículos 2, 4, 6, 13, 25,
29, 53, 55, 58, 150, numeral 19, literal e), 228 y 277, numerales 1 y 7, de la
Constitución Política; 1, 2, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 4 de 1992; 2, parágrafo, de la Ley
244 de 1995; 5, parágrafo, de la Ley 1071 de 2006; 152, numeral 7, de la Ley 270 de
1996; 12 del Decreto 717 de 1978; 26 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; la Ley 22 de 1967; la Ley 10 de 1987 y la Ley 63 de 1988.
13. Al explicar el concepto de violación, el señor Luis Humberto Otálora Mesa indicó
que los actos administrativos demandados, esto es, el Oficio DESTJ12-1529 del 11
de julio de 2012 y la Resolución 3633 del 11 de junio de 2013, desconocieron y
vulneraron su situación jurídica laboral, dado que la Sala Plena de la Corte
Constitucional, mediante la Sentencia SU-938 de 2010, revivió, sin solución de
continuidad, su vinculación legal y reglamentaria en su condición de magistrado de
tribunal.
14. Señaló que la entidad no dio cumplimiento a la Sentencia SU-938 de 2010,
pues únicamente lo reintegró al servicio, sin reconocerle salarios, prestaciones
sociales y sanciones. Sostuvo que no resultó de recibo que se le negaran tales
reconocimientos, cuando la Corte Constitucional despojó de cualquier responsabilidad
a los funcionarios que participaron en la expedición de los actos administrativos que
fueron objeto de pronunciamiento.
15. Afirmó que la Corte Constitucional, al tutelar sus derechos, no lo hizo de manera
parcial sino integral, razón por la cual surgió para la Rama Judicial la obligación de
reintegrarlo al cargo y reconocerle el pago de salarios, prestaciones sociales,
indexación e intereses moratorios correspondientes al tiempo en que permaneció
separado del servicio.
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2.2. Contestación de la demanda
16. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja, se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que la
Sentencia SU-938 de 2010 amparó explícitamente los derechos al debido proceso y
al trabajo. Indicó que el derecho al mínimo vital no se vio comprometido, debido a que
el señor Luis Humberto Otálora Mesa recibió pensión durante el tiempo de su
desvinculación, razón por la cual no efectuó ningún pronunciamiento relativo al pago
de salarios y prestaciones sociales.
17. Citó las sentencias C-1006 de 2006, T-345 de 2010, T-778 de 2010, T-209 de
2011 y T-583 de 2011, y sostuvo que la sentencia SU-938 de 2010 debió acatarse en
los términos y condiciones señalados por el juez en el respectivo fallo. Indicó que dicha
sentencia no realizó ningún pronunciamiento sobre el pago retroactivo de salarios y
prestaciones sociales del señor Luis Humberto Otálora Mesa entre el 1.° de abril de
2008 y el 28 de agosto de 2011, razón por la cual no resultó posible acceder a dicha
pretensión2.
2.3. Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sección Tercera de Decisión, mediante
sentencia del 15 de julio de 2021, resolvió3:
PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción, respecto de
los salarios y prestaciones sociales causados con anterioridad al 12 de enero de 2009.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del oficio DESTJ12-1529 de 11 de julio de 2012 y
de la Resolución 3633 de 11 de junio de 2013, proferidas por la Dirección Ejecutiva de
la Administración Judicial.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, ordenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a reconocer y pagar al señor Luis Humberto Otálora Mesa los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde que fue retirado del servicio (1 de abril de 2008)
y hasta la fecha del reintegro al cargo de Magistrado de Tribunal Superior (28 de
agosto de 2011), pero con efectos fiscales a partir del 12 de enero de 2009, por
operancia del fenómeno de prescripción. De las sumas que se adeuden, deberán
efectuarse los descuentos con destino a pensión en el porcentaje legal.
La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial deberá
descontar de la suma a pagar, el valor percibido por el actor por concepto de la pensión
de jubilación reconocida por Cajanal EICE (hoy UGPP), entre el 12 de enero de 2009
y el 28 de agosto de 2011, ordenando su reintegro a la mencionada Entidad de
Previsión.
2 Samai, índice 55, 2_ED_procoeso 2013-00891.pdf(.PDF) pp. 123 a 129
3 Samai, índice 61, 18_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.PDF)
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Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
CUARTO: Condenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a pagar la indexación de las sumas adeudadas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 187 de la ley 1437 de 2011, para lo cual se tendrá en cuenta
la fórmula de matemáticas financieras acogida por el Consejo de Estado:
(…)
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.
[...].
19. Precisó que la Corte Constitucional dejó sin efecto las resoluciones que
retiraron del servicio al señor Luis Humberto Otálora Mesa y concluyó que nunca debió
ser desvinculado por cumplir requisitos pensionales. Precisó que la decisión
constitucional produjo efectos retroactivos, por lo que la situación debía retrotraerse
al estado anterior, como si el acto de retiro jamás hubiera existido. En consecuencia,
consideró que el tiempo comprendido entre el 1 de abril de 2008 y el 28 de agosto de
2011 debía entenderse como servicio activo sin solución de continuidad.
20. Determinó que el señor Luis Humberto Otálora Mesa tenía derecho al
reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante
el periodo de desvinculación, no como indemnización, sino como restablecimiento del
derecho. Señaló que, al haberse invalidado el acto de retiro y efectuado el reintegro,
correspondía restablecer integralmente su situación laboral y reconocer los haberes
laborales inherentes al cargo de magistrado.
21. Explicó que salario y pensión tenían naturaleza distinta, pero advirtió que no
resultaba constitucionalmente admisible recibir simultáneamente ambas asignaciones
provenientes del Estado durante el mismo lapso. Por ello, ordenó reconocer salarios
y prestaciones entre el 1.° de abril de 2008 y el 28 de agosto de 2011, con el descuento
de las sumas pagadas por concepto de pensión de jubilación por Cajanal, para evitar
la doble asignación y proteger los recursos públicos.
22. Respecto de la prescripción, aplicó el término trienal previsto en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969. Indicó que el
señor Luis Humberto Otálora Mesa fue retirado el 31 de marzo de 2008 y solo presentó
reclamación administrativa el 12 de enero de 2012, fecha que interrumpió la
prescripción. Aclaró que la acción de tutela no suspendió ni interrumpió dicho término
porque allí únicamente solicitó el reintegro y no el pago de salarios y prestaciones. Por
tal razón, concluyó que operó la prescripción parcial y ordenó el reconocimiento de
salarios y prestaciones sociales únicamente con efectos fiscales desde el 12 de enero
de 2009.
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. Parte demandante
23. Sostuvo que se declaró probada la prescripción parcial de salarios y
prestaciones causados antes del 12 de enero de 2009, pese a que el término trienal
no debía contarse desde el retiro del servicio ocurrido el 1.° de abril de 2008, sino
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desde la ejecutoria de la sentencia SU-938 de 23 de noviembre de 2010. Explicó que
el derecho solo se hizo exigible cuando la Corte Constitucional dejó sin efecto las
resoluciones que ordenaron el retiro, revivió la vinculación laboral sin solución de
continuidad y reconoció el restablecimiento de los derechos.
24. Afirmó que, antes de la sentencia SU-938, los actos administrativos de retiro
gozaban de presunción de legalidad, por lo que no existía certeza jurídica para
reclamar salarios y prestaciones sociales. Señaló que mientras dichas resoluciones
permanecieron vigentes no era posible exigir judicialmente el pago de acreencias
laborales, pues el demandante estaba separado del cargo y no había sido restablecido
en sus derechos. Por ello, consideró que solo a partir de la ejecutoria del fallo
unificador nació la obligación estatal de reintegrar y pagar salarios y prestaciones,
momento desde el cual comenzó a correr la prescripción.
25. Argumentó que la sentencia de unificación tuvo carácter constitutivo, porque
definió definitivamente la existencia del derecho y eliminó cualquier controversia sobre
la legalidad del retiro. En consecuencia, sostuvo que el reclamo administrativo
presentado el 12 de enero de 2012 se radicó oportunamente, ya que transcurrió poco
más de un año desde la sentencia SU-938 de 2010.
26. Añadió que contabilizar la prescripción desde 2008 implicaba desconocer el
requisito de exigibilidad previsto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y convertía
la prescripción en una sanción contra el trabajador, quien solo obtuvo certeza jurídica
con el fallo constitucional.
2.4.2. Parte demandada
27. Sostuvo que la sentencia SU-938 de 23 de noviembre de 2010 únicamente
amparó los derechos al debido proceso y al trabajo del señor Luis Humberto Otálora
Mesa, dejó sin valor los actos de retiro y ordenó su reincorporación al cargo en la
primera vacante disponible, pero no dispuso el reconocimiento retroactivo de salarios
y prestaciones sociales entre el 1.° de abril de 2008 y el 28 de agosto de 2011. Destacó
que la propia Corte Constitucional señaló que el mínimo vital del accionante no se
afectó, porque durante el tiempo de desvinculación recibió una mesada pensional
superior a diez millones de pesos.
28. Señaló que la administración judicial no podía reconocer pagos no previstos
expresamente en el fallo de tutela, pues los servidores públicos debían cumplir las
decisiones judiciales en los estrictos términos señalados por el juez. Indicó que otorgar
salarios y prestaciones sin orden expresa de la Corte Constitucional implicaba exceder
el alcance de la sentencia SU-938 y contrariar los principios constitucionales y legales
que regulaban la actuación administrativa y el manejo de recursos públicos.
29. Afirmó que la jurisprudencia constitucional diferenciaba las obligaciones de
hacer y las obligaciones de dar. Explicó que la sentencia SU-938 únicamente impuso
una obligación de hacer, consistente en reincorporar al actor al cargo, mas no una
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obligación económica relacionada con el pago retroactivo de acreencias laborales. Por
ello, señaló que dicho fallo no constituía título jurídico suficiente para exigir salarios y
prestaciones sociales, pues tales reclamaciones debían discutirse ante la jurisdicción
competente.
30. Manifestó que los actos administrativos demandados se ajustaban a derecho,
ya que la Dirección Ejecutiva Seccional carecía de competencia para ordenar
erogaciones no previstas en el presupuesto ni autorizadas judicialmente.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
31. Mediante auto del 22 de junio de 2023, el despacho ponente admitió los
recursos de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20214.
2.6. El Ministerio Público
32. El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado señaló que los derechos
salariales y prestacionales del demandante no surgieron con la sentencia SU-938 de
2010 de la Corte Constitucional, debido a que tales garantías existieron desde el inicio
de la relación laboral y únicamente resultaron afectadas por el retiro temporal del
servicio posteriormente anulado.
33. Manifestó que la providencia de tutela no tuvo carácter constitutivo, puesto que
únicamente restableció la continuidad del vínculo laboral al dejar sin efectos los actos
administrativos de desvinculación. En consecuencia, sostuvo que la interrupción del
término prescriptivo únicamente ocurrió mediante reclamación escrita presentada ante
la administración, conforme a lo dispuesto por la ley.
34. Precisó que la única solicitud de reconocimiento y pago se radicó el 12 de enero
de 2012, razón por la cual concluyó que las acreencias causadas antes del 12 de
enero de 2009 prescribieron. Con fundamento en ello, consideró ajustada al
ordenamiento jurídico la decisión adoptada en primera instancia y solicitó su
confirmación5.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
35. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
4 Samai, índice 6
5 Samai, índice 11.
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3.2. Problemas jurídicos
36. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación contra
el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y en razón
a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3286
del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala resolver los siguientes
problemas jurídicos:
37. ¿El servidor judicial reintegrado en cumplimiento de una sentencia de tutela que
dejó sin efectos los actos administrativos de retiro del servicio tiene derecho al
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir?
38. ¿La prescripción trienal se debe contabilizar a partir de la sentencia que amparó
los derechos laborales del actor, aun cuando existe sentencia de constitucionalidad
previa que moduló la aplicación de la causal de retiro por reunir el servidor los
requisitos para pensión?
39. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
consideraciones sobre el fundamento normativo y jurisprudencial; (ii) hechos probados
y (iii) caso concreto.
3.3. Marco normativo
3.3.1. Desvinculación del cargo por cumplimiento de requisitos de pensión
40. En materia de carrera judicial, la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia, establecen que el ingreso, permanencia
y ascenso en la Rama Judicial deben fundamentarse en el mérito.
41. El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera y dispone que el retiro del servicio
únicamente procede por causales previstas en la Constitución o en la ley.
42. El artículo 149 de la Ley 270 de 1996 establece de manera taxativa las causales
de retiro de los funcionarios y empleados judiciales, entre las cuales se encuentra el
retiro con derecho a pensión de jubilación. Sobre este punto, la Corte Constitucional
precisó en la sentencia C-037 de 1996 que dicha causal solo resulta aplicable cuando
exista manifestación voluntaria e inequívoca del servidor judicial de retirarse del cargo,
interpretación que busca proteger la estabilidad laboral y la independencia judicial
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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como principios esenciales del sistema de carrera.
43. La Ley 797 de 2003 modificó el sistema general de pensiones y estableció, en
el parágrafo 3° del artículo 9°, que el cumplimiento de los requisitos para acceder a la
pensión constituye justa causa para terminar la relación laboral o legal y reglamentaria
de trabajadores y servidores públicos. Esta disposición fue analizada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-1037 de 2003, decisión en la que se declaró la
exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que el retiro únicamente puede
efectuarse cuando el trabajador haya sido incluido en nómina de pensionados y se
garantice la continuidad entre el salario y la mesada pensional. No obstante, la
regulación ordinaria no modifica el régimen especial aplicable a los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial, debido a la reserva de ley estatutaria prevista en el
artículo 152 de la Constitución Política.
44. La Corte Constitucional, en las sentencias T-1092 de 2008 y T-039 de 2009,
reiteró que las causales de retiro de los servidores judiciales continúan reguladas por
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. En consecuencia, el retiro por
reconocimiento de pensión únicamente procede cuando el funcionario judicial expresa
de manera libre y voluntaria su intención de desvincularse del cargo. La Corte
consideró que aplicar automáticamente la causal prevista en la Ley 797 de 2003 a los
integrantes de la Rama Judicial vulneraría la reserva estatutaria, la estabilidad laboral
y los principios de independencia judicial reconocidos constitucionalmente.
45. En ese contexto, resulta necesario abordar el alcance del restablecimiento del
derecho y la procedencia del reconocimiento y pago de salarios y prestaciones
dejados de percibir cuando se declara la nulidad de un acto de desvinculación.
46. La Constitución Política de 1991, en el artículo 1287, establece la prohibición de
desempeñar más de un empleo público o devengar más de una asignación
proveniente del erario y prevé la posibilidad de excepciones de acuerdo con lo
dispuesto en la ley.
47. En ese sentido, el artículo 19 de la Ley 4 de 19928 reprodujo la prohibición del
artículo 128 superior y exceptuó de dicha regla «a) las que reciban los profesores
universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa; b) Las
7 Aprobado con 13 votos según el informe de la Comisión Tercera a la Plenaria de la Asamblea Nacional
Constituyente.
8 Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una
asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su asistencia a las mismas,
siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo
a varias entidades.
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Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la
Fuerza Pública; c) las percibidas por concepto de sustitución pensional; d) los
honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra; e) Los honorarios percibidos por
concepto de servicios profesionales de salud; f) Los honorarios percibidos por los
miembros de las Juntas Directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre
que no se trate de más de dos juntas; y g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la
presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.».
48. En atención a la prohibición constitucional sobre asignaciones concomitantes
del erario y a las excepciones previstas en la ley, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha variado la tesis frente a la compatibilidad de dos asignaciones del erario en
los casos en que tal concurrencia se genera por motivo de una condena judicial que
declara la nulidad del acto de retiro o desvinculación y ordena el reintegro al servicio,
a partir de la precisión conceptual sobre reconocimiento del derecho e indemnización.
49. Así, mediante sentencia del 17 de septiembre de 1993, la Sección Segunda
sostuvo que los emolumentos reconocidos a título de restablecimiento del derecho,
como consecuencia de la nulidad del acto de retiro y el consecuente reintegro y pago
de los salarios dejados de percibir sin solución de continuidad, restablecen el derecho,
pues dicha figura implica revertir «la situación jurídica como si el desvinculado jamás
hubiera estado cesante»9.
50. La Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, mediante sentencia del 28 de
agosto de 199610, replanteó la tesis en el sentido de establecer que las sumas
reconocidas por concepto de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde el
momento del retiro hasta la fecha de reintegro tienen la finalidad de «resarcir el
perjuicio», criterio a partir del cual precisó lo siguiente: i) no hay restricción de percibir
salario e indemnización de los perjuicios reconocidos por causa de la declaración de
nulidad; ii) no existe norma que imponga a la jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo restringir ese tipo de condenas; iii) la ley establece la responsabilidad
del funcionario que realiza el retiro ilegal mediante la repetición de cobro de las sumas
de condena11.
51. La Sección Segunda, en decisión del 16 de mayo de 200212, se apartó del
criterio descrito en precedencia y retomó la tesis según la cual el juez, al ordenar el
reintegro y el pago de salarios dejados de pagar durante el retiro declarado nulo con
motivo de la declaración de nulidad del acto de desvinculación, por virtud de una
ficción legal, regresa «las cosas a su estado anterior, como si el empleado nunca
hubiere sido retirado del servicio, es decir, que restablece el derecho». Por tanto, la
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 5505, M.P. Joaquín Barreto Ruiz. Reiterado en: Consejo de
Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 1993, radicación 5634, M.P., Diego Younes Moreno.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, radicación IJ-638, M.P., Carlos Arturo Orjuela
Góngora.
11 El Decreto 1222 de 1986 establece que «Los departamentos repetirán contra las personas que hubieren
efectuado elecciones, nombramientos o remociones ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizaciones que
hubieren pagado por esta causa.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 19001-23-31-000-1998-0397-01 (1659-01), M.P., Ana
Margarita Olaya Forero.
10
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00891-02 (3788-2022)
Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
reparación del daño no es equiparable el restablecimiento del derecho, aunque,
eventualmente, puede utilizarse como una figura adicional de la primera.
52. La Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, a través de sentencia del 29
de enero de 200813, reiteró la tesis mayoritaria, según la cual el pago ordenado como
consecuencia de la nulidad del acto de retiro tiene carácter resarcitorio, en el
entendido de que «el restablecimiento del derecho se traduce en la indemnización de
los perjuicios irrogados por el acto ilegal». En ese orden, la referencia a los salarios
dejados de percibir se realiza a título de indemnización, porque el servicio no se prestó
de manera efectiva por la extinción ilegal de la relación laboral.
53. Bajo dicha consideración, concluyó que las sumas de condena por el reintegro
al servicio no configuran la prohibición descrita en el artículo 128 de la Constitución,
postura que fue reiterada mediante sentencia del 3 de febrero de 2015, proferida por
la Sala Octava Especial de Decisión14.
54. Para continuar con la exposición cronológica de las tesis jurisprudenciales,
viene oportuno señalar que la Corte Constitucional, en sentencia del 21 de septiembre
de 201115, acogió la «línea jurisprudencial señalada por el Consejo de Estado […] en
sentencia del 16 de mayo de 2002», conforme con la cual el restablecimiento del
derecho generado por la nulidad del acto de retiro y el pago de los salarios y
prestaciones, por motivo de una ficción legal que supone devolver la situación al
estado en que se encontraba, no es equiparable a la reparación de un daño.
55. Por tanto, debe entenderse que la condena derivada de la declaración de
nulidad obedece al pago de emolumentos a cargo del erario, los cuales son
incompatibles con otros pagos provenientes del tesoro público. Así, precisó que la
orden de descontar las sumas percibidas por el demandante en otros cargos públicos
durante el tiempo de la desvinculación resulta ajustada a derecho, porque una
interpretación diferente generaría la configuración de la prohibición prevista en el
artículo 128 de la Constitución y materializaría un enriquecimiento sin causa para el
demandante.
56. Bajo la misma línea, la Corte Constitucional, en sentencia del 12 de febrero de
201516, unificó la jurisprudencia en los eventos de desvinculación sin motivación de
los empleados en provisionalidad que ejercen cargos de carrera, al señalar que es
procedente disponer el reintegro sin solución de continuidad y descontar las sumas
devengadas por su trabajo, ya sea que «provenga de fuente pública o privada, como
dependiente o independiente».
57. Por último, la Sala Plena de esta corporación, mediante sentencia de
unificación del 9 de agosto de 2022, estableció que son razonables y ajustados a la
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, radicación 76001-23-31-000-2000-02046-02,
M.P., Jesús María Lemos Bustamante.
14 Consejo de Estado, Octava Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2003-00169-00.
15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-691 de 2011.
16 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-053 de 2015.
11
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00891-02 (3788-2022)
Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Constitución los descuentos efectuados a la orden de pago de salarios y prestaciones
dejados de percibir con ocasión del acto de retiro del servicio, por causa de las sumas
recibidas por la prestación de servicios en el sector público, en atención a la
prohibición prevista en la Constitución Política. Lo anterior, en el marco de una acción
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de desvinculación de un
empleado provisional que ostentaba un cargo de carrera.
58. En punto a la aplicación de dicho precedente, se considera importante destacar
que en la mencionada decisión la Sala Plena precisó la naturaleza del
restablecimiento del derecho generado con motivo de la declaración de nulidad de un
acto de retiro del servicio, distinta a la reparación de un daño, de cara a la prohibición
del artículo 128 de la Constitución y sus excepciones previstas en el artículo 19 de la
Ley 4 de 199217.
3.3.2. Prescripción
59. Frente a la prescripción de derechos, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,
modificado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, establece que las acciones
que emanan de los derechos previstos en esta norma prescriben «en tres años
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible».
60. A su turno, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo establece que el
término de prescripción es de tres años, el cual se contabiliza desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible, pudiendo ser interrumpido con el simple reclamo
del trabajador, por un lapso igual, en cuanto a la interrupción, el artículo 489 del Código
Sustantivo del Trabajo indica que, la interrupción se da por una sola vez, debiendo
contabilizarse de nuevo el término de prescripción a partir del reclamo por un tiempo
igual al señalado legalmente.
61. En armonía con lo anterior, si el servidor público presenta la reclamación
administrativa de salarios y prestaciones sociales después de transcurridos más de
tres años desde que se generaron, opera la prescripción parcial respecto de los
emolumentos causados con anterioridad al trienio precedente a la reclamación. Ello
no desconoce el restablecimiento integral del derecho, sino que constituye la
aplicación de una institución jurídica de orden público, dirigida a garantizar la
seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones jurídicas.
3.4. Estudio del caso concreto
3.4.1. Hechos probados
62. De acuerdo con las certificaciones laborales expedidas por el Área de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, el
17 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y
de la Fuerza Pública {…]».
12
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00891-02 (3788-2022)
Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
21 de octubre de 201918, y por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Medellín, el 28 de octubre de 201919, se estableció que el señor Luis Humberto
Otálora Mesa prestó los siguientes tiempos de servicio:
Cargo Desde Hasta
Magistrado del Tribunal Superior del 1.° de septiembre 31 de diciembre de
Distrito Judicial de Tunja de 1975 2003
Magistrado del Tribunal Superior del 1.° de enero de 31 de marzo de
Distrito Judicial de Tunja 2004 2008
Magistrado del Tribunal Superior del 29 de agosto de 31 de mayo de
Distrito Judicial de Medellín 2011 2013
Tabla 1. Tiempos de servicio
63. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la
Resolución PSAR07-619 de 2007, ordenó retirar del servicio como magistrado del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja al señor Luis Humberto Otálora Mesa
y condicionó la decisión a su inclusión en la nómina de pensionados. El demandante
presentó recurso de reposición y la entidad, al resolverlo, confirmó la decisión
mediante la Resolución PSAR08-49 de 200820.
64. La Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-938 de 2010, decidió amparar
los derechos al trabajo y debido proceso del señor Luis Humberto Otálora Mesa, y
ordenó lo siguiente:
[...] Tercero. DECLARAR que el señor Luis Humberto Otálora Mesa no podía haber
sido separado del cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Tunja por reunir los requisitos para obtener la pensión de jubilación, a menos que
hubiera decidido retirarse voluntariamente o hubiese acaecido otra causal de retiro
definitivo del servicio. En consecuencia, DECLARAR SIN VALOR NI EFECTO
ALGUNO la Resolución No. PSAR 07-619 de 19 de diciembre de 2007 “Por medio de
la cual se retira del servicio a un servidor vinculado por el régimen de carrera judicial”,
al igual que la Resolución PSAR 08-49 de 25 de marzo de 2008 “Por medio de la cual
se resuelve un recurso de reposición”, proferidas por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
Cuarto. DECLARAR que el señor Luis Humberto Otálora Mesa tiene derecho a seguir
laborando como Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, no obstante reunir
los requisitos para obtener su pensión de jubilación, hasta que decida retirarse
voluntariamente o acaezca otra causal de retiro definitivo del servicio. En
consecuencia, ORDÉNESE a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura actuar de conformidad con lo
establecido en el numeral 9.3 de esta providencia y, de acuerdo con las funciones
propias de cada una, designen en la primera vacante de iguales o similares
condiciones que se presente en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Distrito
Judicial, sin necesidad de que dicha decisión sea fruto de una elección por parte del
ente nominador.
18 Samai, índice 55, 2_ED_procoeso 2013-00891.pdf(.PDF) p. 244
19 Samai, 16_ED_EXPEDIENTE_15001233300020130089(.PDF), p. 324
20Samai, índice 55, 2_ED_procoeso 2013-00891.pdf(.PDF) pp. 261 a 270
13
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00891-02 (3788-2022)
Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Quinto. DECLARAR que el señor Tolosa Aunta tiene derecho a permanecer en el cargo
de Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Tunja.
Sexto. En apoyo de las posibilidades que la faceta objetiva de los derechos
fundamentales brinda para su protección, se PREVIENE a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura para que en lo sucesivo no desvincule a funcionario
alguno de la rama judicial con base, exclusivamente, en el cumplimiento de los
requisitos para acceder al pago de la pensión de jubilación o vejez.
Séptimo. Por Secretaría LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 199121.
65. El señor Luis Humberto Otálora Mesa solicitó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el 12 de enero de 2012, la liquidación y el pago de las
prestaciones sociales causadas durante el período comprendido entre el 1.° de abril
de 2008 y el 28 de agosto de 2011, correspondientes a su cargo como magistrado de
la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja22.
66. Por medio del Oficio DSTJ12-1529 del 11 de julio de 2012, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, negó la solicitud de pago
dado que dio estricto cumplimiento a la sentencia de tutela que ordenó su reintegro y
no hizo pronunciamiento acerca de la obligación del pago de salarios y prestaciones
dejadas de percibir23.
67. El señor Luis Humberto Otálora Mesa presentó, el 26 de julio de 2012, recurso
de apelación contra el Oficio DSTJ12-1529 del 11 de julio de 201224 y, mediante la
Resolución 3633 del 11 de junio de 2013, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial confirmó la decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja25.
3.4.2. Análisis sustancial de la Sala
68. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, la
competencia de la Sala se circunscribe a establecer si el señor Luis Humberto Otálora
Mesa, reintegrado en cumplimiento de la Sentencia SU-938 de 2010 que dejó sin
efectos los actos administrativos de retiro del servicio, tiene derecho al reconocimiento
y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo
de desvinculación, y si la prescripción trienal de los derechos reclamados debía
contabilizarse a partir de la fecha de dicha providencia.
69. Al respecto, se acreditó que el señor Luis Humberto Otálora Mesa ejerció el
21 Samai, índice 55, 2_ED_procoeso 2013-00891.pdf(.PDF) pp. 36 a 97
22 Samai, índice 55, 2_ED_procoeso 2013-00891.pdf(.PDF) pp. 12 a 14
23 Samai, índice 55, 2_ED_procoeso 2013-00891.pdf(.PDF) p. 15
24 Samai, índice 55, 2_ED_procoeso 2013-00891.pdf(.PDF) pp. 17 a 18
25 Samai, índice 55, 2_ED_procoeso 2013-00891.pdf(.PDF) pp. 20 a 27
14
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00891-02 (3788-2022)
Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
cargo de magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja hasta el 31 de
marzo de 2008. Posteriormente, fue designado como magistrado del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, cargo del cual tomó posesión el 29 de agosto de 2011.
70. Asimismo, se tiene que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, mediante las Resoluciones PSAR07-619 de 2007 y PSAR08-49 de 2008,
dispuso el retiro del servicio del señor Luis Humberto Otálora Mesa con fundamento
en el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.
71. De igual forma, se demostró que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia
SU-938 del 23 de noviembre de 2010, declaró sin valor ni efecto alguno las
Resoluciones PSAR07-619 de 2007 y PSAR08-49 de 2008 y precisó que el señor Luis
Humberto Otálora Mesa no podía ser separado del cargo por el solo hecho de reunir
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, salvo que mediara decisión
voluntaria de retiro o alguna otra causal legal de desvinculación.
72. En esa misma providencia, la Corte ordenó su reincorporación en la primera
vacante de iguales o similares condiciones que se presentara en el cargo de
magistrado de tribunal superior.
73. Igualmente, se probó que el señor Luis Humberto Otálora Mesa presentó el 12
de enero de 2012 solicitud de reconocimiento y pago de salarios y prestaciones
sociales correspondientes al período comprendido entre el 1.º de abril de 2008 y el 28
de agosto de 2011 y que dicha petición fue negada mediante el Oficio DSTJ12-1529
del 11 de julio de 2012. En ese acto administrativo la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja indicó que la Sentencia SU-938 de 2010 únicamente
ordenó el reintegro del actor y no efectuó pronunciamiento alguno relacionado con el
pago de salarios y prestaciones sociales. Esa decisión fue confirmada mediante la
Resolución 3633 del 11 de junio de 2013.
74. Sobre este punto, el artículo 125 de la Constitución prevé que el retiro del
servicio procede, entre otros, por las causales establecidas en la ley y la jurisprudencia
constitucional ha precisado que, tratándose de funcionarios judiciales, el retiro por
reconocimiento de pensión solo resulta válido cuando exista manifestación libre y
voluntaria del servidor de separarse del cargo.
75. Bajo ese entendimiento, el Consejo de Estado26 ha sostenido que cuando
desaparece del ordenamiento jurídico el acto administrativo de retiro, la consecuencia
consiste en restablecer íntegramente la situación jurídica afectada y retrotraer las
cosas al estado en que se encontraban antes de la desvinculación. En consecuencia,
el tiempo durante el cual el señor Luis Humberto Otálora Mesa permaneció separado
del servicio debe entenderse laborado sin solución de continuidad y genera el
reconocimiento de los salarios y prestaciones inherentes al empleo.
26Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 19001-23-31-000-1998-0397-01 (1659-01), M.P., Ana
Margarita Olaya Forero.
15
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00891-02 (3788-2022)
Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
76. Ahora bien, el Oficio DSTJ12-1529 del 11 de julio de 2012 y la Resolución 3633
del 11 de junio de 2013 resolvieron la reclamación formulada por el señor Luis
Humberto Otálora Mesa relacionada con el reconocimiento y pago de salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo de desvinculación. Tales
decisiones no constituyen actos de ejecución de la Sentencia SU-938 de 2010, pues
la Corte Constitucional se circunscribió a dejar sin efectos las resoluciones de retiro y
ordenar la reincorporación del demandante al servicio, sin ordenar pagos o imponer
condenas económicas.
77. La Sentencia SU-938 de 2010 dispuso dejar sin efectos las resoluciones que
dispusieron el retiro del señor Luis Humberto Otálora Mesa y estableció que no debió
ser separado del cargo por reunir requisitos pensionales. Esa decisión produjo el
restablecimiento de la relación laboral sin solución de continuidad y devolvió la
situación jurídica del demandante al estado anterior al retiro, como si la desvinculación
no hubiera existido. A partir de ello, el vínculo legal y reglamentario del actor
permaneció incólume durante todo el período comprendido entre el 1.º de abril de
2008 y el 28 de agosto de 2011.
78. En esas condiciones, el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales
surge como consecuencia jurídica del restablecimiento integral de la relación laboral.
La desaparición de los actos de retiro del ordenamiento jurídico eliminó el fundamento
que justificaba la separación del servicio y restableció la continuidad del vínculo
funcional del actor con la Rama Judicial. Por ello, el período de desvinculación debía
entenderse como tiempo efectivamente servido para todos los efectos legales y
prestacionales.
79. El demandante no permaneció separado del servicio por decisión propia ni por
una causa atribuible a su conducta funcional. Su desvinculación obedeció
exclusivamente a la aplicación de las Resoluciones PSAR07-619 de 2007 y PSAR08-
49 de 2008 que posteriormente fueron inaplicadas por contrariar el régimen
constitucional y legal aplicable a los funcionarios judiciales27. En esa medida, la
27 Corte Constitucional, sentencia SU-938 de 2010. «La Corte avaló la naturaleza estatutaria de la regulación de
las causales de retiro de los empleados y funcionaros de la rama judicial.
i. Al considerar ajustado a derecho que dichas causales se incluyeran en la ley estatutaria de la
administración de justicia por ser un elemento esencial a la administración de justicia, interpretó que ésta era, de
acuerdo con el artículo 152 de la Constitución, la fuente indicada para desarrollar el tema, excluyendo que
disposiciones de distinta naturaleza pudieran modificar lo establecido por el artículo 149 de la ley 270 de 1996 -
LEAJ-.
ii. La sentencia C-1037 de 2003 debe leerse en armonía con la sentencia C-037 de 1996, por lo que deberá
entenderse que la regulación de las causales de retiro de los servidores de la rama judicial deben acatar lo
establecido en el artículo 149 de la LEAJ, de la forma en que la Corte lo interpretó en la sentencia C-037 de 1996.
Esto en el caso concreto significa que los empleados y funcionarios de la rama judicial, en caso de reunir los
requisitos para obtener la pensión de jubilación o de vejez, deberán manifestar su voluntad de retirarse para que
pueda procederse válidamente a su retiro de la administración de justicia.
iii. No resulta inconstitucional que una ley ordinaria reitere lo establecido en una disposición de naturaleza
estatutaria, sin embargo, en ningún caso implicará que se anule la reserva normativa prevista por la Constitución
para un determinado tema, es decir, que la regulación eficaz seguirá siendo la de naturaleza estatutaria, pues la
naturaleza de la norma, al ser una exigencia de origen constitucional, no puede mutar.
iv. Para el caso concreto, esto significará que la causal de retiro para los empleados y funcionarios de la rama
judicial debe ser de creación estatutaria y que la misma deberá entenderse en el sentido que determinó la Corte
en la sentencia C-037 de 1996. Una interpretación distinta atacaría la reserva normativa prevista en el artículo 152
16
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00891-02 (3788-2022)
Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
ausencia de prestación efectiva del servicio durante el lapso reclamado no desvirtúa
el derecho al reconocimiento de salarios y prestaciones sociales, dado que la
imposibilidad de ejercer el cargo provino de una actuación administrativa que
desapareció del ordenamiento jurídico con ocasión de la Sentencia SU-938 de 2010.
80. De igual forma, el reintegro dispuesto por la Corte Constitucional no constituyó
un nuevo nombramiento desligado de la relación laboral anterior, sino la continuación
del vínculo que había sido interrumpido por un retiro contrario al ordenamiento jurídico.
Así lo demuestra el hecho de que la Corte Constitucional ordenara la designación del
señor Luis Humberto Otálora Mesa en la primera vacante de iguales o similares
condiciones.
81. Bajo ese contexto, procede la nulidad de los referidos actos y el reconocimiento
de los salarios y prestaciones sociales causados entre el 1.º de abril de 2008 y el 28
de agosto de 2011, con el descuento de las sumas percibidas por concepto de
pensión, a fin de evitar una doble asignación proveniente del erario. Lo anterior,
conforme a lo ordenado por el tribunal, con el impacto que dicha orden genera en el
descuento de aportes para pensión.
82. En relación con la prescripción, el señor Luis Humberto Otálora Mesa sostuvo
que el término trienal debía contabilizarse desde la expedición de la Sentencia SU-
938 de 2010, porque únicamente a partir de esa decisión surgió certeza jurídica sobre
la continuidad de su vínculo laboral. Sin embargo, la Sala observa que la acción de
tutela promovida por el demandante tuvo como finalidad la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al trabajo, entre otros, y estuvo encaminada
exclusivamente a obtener el reintegro al cargo, sin que en ese trámite se hubiera
formulado reclamación relacionada con el reconocimiento y pago de salarios y
prestaciones sociales.
83. La diferencia entre las solicitudes formuladas en cada actuación se evidencia
así:
Actuación Solicitud
Acción de tutela – Sentencia SU–938 de Solicita la protección de los derechos
2010 fundamentales al debido proceso, a la honra,
al buen nombre y a la igualdad y, en
consecuencia, ser restituido en su cargo sin
solución de continuidad.
Solicitud administrativa presentada el 12 de Ordene liquidar y pagar todos salarios y
enero de 2012 prestaciones sociales causadas durante el
periodo de tiempo entre el primero de abril
de 2008 y el 28 de agosto de 2011, que me
corresponde como magistrado de la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Tunja
de la Constitución y el principio de cosa juzgada de las decisiones constitucionales establecido en el artículo 243
de la Constitución».
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Radicación: 15001-23-33-000-2013-00891-02 (3788-2022)
Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
en consonancia con los hechos expuestos.
Tabla 2. Peticiones
84. Resulta pertinente mencionar que la Corte Constitucional, mediante sentencias
T-1092 de 2008 y T-039 de 2009, reiteró que las causales de retiro de los servidores
judiciales continúan reguladas por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
motivo por el cual, el retiro por reconocimiento de pensión procede, únicamente,
cuando el funcionario judicial expresa de manera libre y voluntaria su intención de
desvincularse del cargo.
85. En consecuencia, la acción de tutela no interrumpió el término de prescripción
respecto de las acreencias salariales y prestacionales, debido a que en ese trámite no
se solicitó el reconocimiento de tales derechos y, en todo caso, el demandante podía
reclamar el reintegro y el pago de salarios por resultar inaplicable la causal de retiro
por pensión, en los términos dispuestos por la Corte Constitucional desde el 2003. La
interrupción del término prescriptivo únicamente ocurrió con la reclamación
administrativa radicada el 12 de enero de 2012.
86. El término prescriptivo corresponde al siguiente:
Actuación Fecha que se Consecuencia jurídica
realizó
Retiro del servicio 31 de marzo de Desde esta fecha se
2008 causaron los salarios y
prestaciones sociales
reclamados hasta el
reintegro del actor,
ocurrido el 29 de agosto
de 2011.
Sentencia SU–938 de 2010 23 de noviembre de Dejó sin efectos los actos
2010 administrativos de retiro y
ordenó el reintegro del
demandante.
Reclamación administrativa de 12 de enero de Interrumpió la prescripción
reconocimiento de salarios y 2012 respecto de las acreencias
prestaciones sociales del tiempo salariales y prestacionales
que se desvinculó reclamadas.
Tabla 3. Prescripción.
87. De esta manera, la reclamación administrativa presentada el 12 de enero de
2012 interrumpió la prescripción únicamente respecto de las acreencias causadas
dentro de los tres años anteriores a dicha solicitud. En consecuencia, las sumas
generadas entre el 1.º de abril de 2008 y el 11 de enero de 2009 se encuentran
prescritas, mientras que las causadas entre el 12 de enero de 2009 y el 28 de agosto
de 2011 conservan exigibilidad jurídica y deben ser reconocidas al señor Luis
Humberto Otálora Mesa.
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Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3.4.3. Conclusiones
88. El señor Luis Humberto Otálora Mesa tiene derecho al reconocimiento y pago
de los salarios y prestaciones sociales causados entre el 1.º de abril de 2008 y el 28
de agosto de 2011, pues la Sentencia SU-938 de 2010 dejó sin efectos su retiro y
restableció la continuidad de la relación laboral, manteniendo incólume su vínculo con
la Rama Judicial durante el período reclamado.
89. Frente a la prescripción, la Sala concluye que esta solo se interrumpió con la
reclamación administrativa presentada el 12 de enero de 2012. Por ello, las acreencias
causadas entre el 1.º de abril de 2008 y el 11 de enero de 2009 están prescritas,
mientras que las generadas desde el 12 de enero de 2009 hasta el 28 de agosto de
2011 deben ser reconocidas y pagadas.
90. Por lo expuesto, la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la
demanda será confirmada.
3.5. Costas
91. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe28.
92. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado
que no se advierte que las partes hayan incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
28La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
19
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00891-02 (3788-2022)
Demandante: Luis Humberto Otálora Mesa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala Tercera de Decisión, el 15 de julio de 2021, que accedió a las pretensiones de la
demanda, de conformidad con la parte motiva.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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