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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00095-01

Fecha
30 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00095-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 10 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora María Luisa García Fonseca contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Segundo. Reconocer personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte, como apoderado de la UGPP, en los términos y para los efectos del poder conferido.46 Tercero. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2014-00095-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de pensión gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 10 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), la señora María Luisa García Fonseca, por
conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las Resoluciones UGM 014667 del 24 de octubre de 2011, expedida por CAJANAL
EICE EN LIQUIDACIÓN, y RDP 008234 del 22 de febrero de 2013, expedida por la

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales

1 Folios 2 al 9.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

de la Protección Social (UGPP), por las cuales se negó el reconocimiento de la
pensión gracia y se confirmó la decisión, en sede de reposición, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
demandante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia
de jubilación, desde la fecha de adquisición del estatus; ii) cumplir la condena en los
términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA; y iii) pagar las costas
procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora María Luisa García Fonseca nació el 19 de septiembre de 1951 y prestó
sus servicios como docente en el año 1973 en el Colegio Boyacá del Municipio de
Duitama; posteriormente, entre 1975 y 1977, en la Escuela Rural Departamental
Reyes Patria de Corrales; y desde el 17 de enero de 2000 hasta la fecha de
presentación de la demanda en el Colegio Simón Bolívar del Municipio de Duitama.

ii) En virtud del cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, el 10 de junio de 2011 elevó la petición respectiva ante CAJANAL, pero la
solicitud le fue negada a través de los actos acusados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 4, 25, 48 y 58 de la Constitución Política y las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1993.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso lo
siguiente:

i) Con los actos administrativos acusados se quebrantó la protección especial que

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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

la Constitución brinda a la seguridad social como derecho de carácter público y
obligatorio, por cuanto la actora cuenta con más de 20 años de servicio en escuelas
oficiales y con la edad requerida para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia.

ii) El Consejo de Estado ha sostenido que para tener derecho a la prestación
pretendida no es obligatorio haber laborado en primaria, pues la ley otorga este
privilegio a quienes laboren en normales y a los inspectores de instrucción pública.

1.2. Contestación de la demanda

La apoderada de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:2

i) La demandante no se encontraba vinculada al servicio oficial en calidad de
docente del orden distrital, departamental, municipal o nacionalizado antes del 31
de diciembre de 1980 y, además, su vinculación en el año 2000 era del orden
nacional.

ii) Con la petición radicada en la entidad no se allegaron en original o copia auténtica
los decretos de nombramiento por medio de los cuales se posesionó la actora antes
del 31 de diciembre de 1980 y esa formalidad era un requisito sine qua non para
demostrar la relación legal y reglamentaria. Además, el certificado de servicios no
es la prueba idónea para acreditar la vinculación, por lo que la entidad accionada
carecía de certeza sobre los tiempos laborados, los salarios y el origen de los
recursos.

iii) Los tiempos laborados entre el 2000 y el 2013 deben desestimarse, en razón a
que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 establece que las vinculaciones posteriores
al 1 de enero de 1990 son del orden nacional, de modo que la demandante

2 Folios 94 al 103.

3

Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

acumulaba 15 años, 8 meses y 16 días, que eran insuficientes para efectos del
reconocimiento de la prestación. Además, al parecer, fueron cofinanciados con
recursos de la Nación, a través del situado fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones, es decir, con recursos de transferencias de la Nación.

Finalmente, propuso como excepciones las que denominó «incumplimiento del
requisito de procedibilidad frente a la UGPP - falta de pronunciamiento previo en vía
administrativa»; «inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido»;
«inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales»; «prescripción
de mesadas»; y «solicitud de reconocimiento oficioso».

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 10 de octubre de
2017, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandada. Sustentó la decisión en las siguientes consideraciones:3

i) La Sala considera desacertado el razonamiento esgrimido por la UGPP acerca de
la falta de valor probatorio de las certificaciones y documentos diferentes a los actos
administrativos de nombramiento originales o en copia auténtica, para efectos de
verificar los servicios prestados por la actora, debido a que ese argumento se basa
en un formalismo que, además de ser excesivo e injustificado, no cuenta
actualmente con soporte legal.

ii) De lo probado en el proceso se extrae que las primeras vinculaciones de la
accionante al servicio educativo oficial se produjeron entre los años 1973 y 1977 en
las Escuelas El Carmen de Duitama, Aguatendida de Duitama y Reyes Patria de
Corrales, las dos primeras de carácter municipal y la tercera de carácter
departamental. Así, se encuentra cumplido el requisito contemplado en el artículo
15 numeral 2° literal A de la Ley 91 de 1989 atinente a la vinculación de la educadora

3 Folios 226 al 236.

4

Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

antes del 31 de diciembre de 1980 y, además, el tiempo servido resulta útil para el
reconocimiento de la pensión. Posteriormente, en los años 1991 y 1993 la docente
se vinculó a las Concentraciones Rurales Nacionalizadas Santa Ana y Tocogua de
Duitama.

iii) Aunque en los Decretos 163 (bis) del 26 de julio de 1991 y 096 del 8 de marzo
de 1993, mediante los cuales se nombró a la actora en esos periodos, se indica que
se cuenta con disponibilidad presupuestal de acuerdo con certificación expedida por
el FER, lo cierto es que los actos no están firmados por el delegado del Ministerio
de Educación, lo que desdibuja que el origen de los recursos sea nacional, y los
nombramientos fueron efectuados por el alcalde municipal, bajo las facultades
contempladas en el artículo 9 de la Ley 29 de 19897, en una plaza de carácter
municipal. Por ende, el tiempo laborado en virtud de estas vinculaciones también es
válido para el reconocimiento de la prestación pretendida.

iv) Los periodos laborados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios al municipio de Duitama deben ser tenidos en cuenta para efectos
pensionales, dada la existencia de un contrato realidad, los cuales van del 1 de
febrero de 1994 al 11 de octubre de 1999.

v) La entidad accionada manifestó que no podía tenerse en cuenta el tiempo servido
desde el 17 de enero de 2000 porque a partir del 1 de enero de 1990, en virtud del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los nuevos nombramientos eran de carácter
nacional; no obstante, ese argumento no es de recibo en razón a que el acto de
nombramiento dejó claro que la vinculación se haría con cargo a los recursos
propios del ente territorial.

vi) De acuerdo con la última certificación de tiempo de servicios allegada al proceso,
la demandante acumulaba 24 años, 1 mes y 15 días de servicios computables para
el reconocimiento de la pensión gracia, lo que significa que el estatus pensional fue
adquirido el 25 de abril de 2012, cuando alcanzó 20 años de servicio y había
sobrepasado los 50 de edad.

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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

vii) Si bien para la fecha en que la demandante presentó la solicitud pensional (10
de junio de 2011) no cumplía 20 años en el ejercicio de la docencia, lo cierto es que
cuando se resolvió el recurso de reposición, el 22 de febrero de 2013, ya se había
sobrepasado el tiempo requerido, así que en ese momento era viable atender
favorablemente la petición en aplicación de los principios de eficacia, economía y
primacía de lo sustancial, además de la finalidad de los procedimientos
administrativos, que no es otra que proteger y garantizar los derechos y libertades
de las personas.

Por lo tanto, la prestación deberá ser reconocida en un 75% del promedio de lo
devengado durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, a partir
del 25 de abril de 2012, por no haberse configurado el fenómeno prescriptivo.

1.4. El recurso de apelación

La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia con base en los
siguientes argumentos:4

i) Según la documentación obrante en el expediente, la demandante laboró en el
municipio de Duitama desde el año de 1974 hasta el 9 de junio de 2016 lo cual, en
principio, permitiría pensar que cumple con uno de los requisitos para ser
beneficiaria de la pensión gracia, es decir, la vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980. No obstante, solo deberán tenerse en cuenta aquellos tiempos
laborados hasta 31 de diciembre de 1989, por cuanto con la unificación del régimen
pensional de los docentes oficiales, con ocasión de la expedición de la Ley 91 de
1989, las vinculaciones posteriores al 1 de enero de 1990, cuentan con el mismo
régimen prestacional de los servidores públicos, teniendo en consecuencia derecho
a una sola pensión como sería la de jubilación y no la pensión gracia, como lo
concluyó el Tribunal Administrativo de Boyacá.5

4 Folios 242 al 250.
5 Citó la sentencia del 27 de abril de 2017, dictada dentro del proceso 15001233300020160063900.

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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

ii) A la demandante no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
por cuanto los tiempos laborados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 fueron
servidos en calidad de docente del orden nacional, comoquiera que sus salarios
fueron pagados con recursos provenientes del situado fiscal, hoy Sistema General
de Participaciones. Además, no debe perderse de vista que para efectos del
reconocimiento pensional solo podrán tenerse en cuenta los tiempos prestados
antes del 31 de diciembre de 1989, fecha para la cual la actora solo acumulaba 4
años, 5 meses y 53 días.

iii) Comoquiera que no se advierte temeridad o mala conducta por parte de la
entidad accionada, en los términos previstos del artículo 79 del C.G.P., no hay lugar
a imponer condena en costas.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La demandada reiteró los argumentos expuestos en el transcurso del proceso.6 Por
su parte, la demandante guardó silencio.7

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

6 Folios 303 al 305.
7 Según constancia secretarial obrante en el folio 306.
8 Ibidem

7

Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19289 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 11

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».12

9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública

tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter

legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio

de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.

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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».13

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,

radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.

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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de

14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».15

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:16

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».17

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-

2019-02219-01 (AC).

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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,18 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:19

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los
gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia

transcrita.

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Demandante: María Luisa García Fonseca

generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».20

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme al registro civil de nacimiento, la señora María Luisa García Fonseca
nació el 19 de septiembre de 1951.21 Por lo tanto, cumplió 50 años el 19 de
septiembre de 2001.

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
21 Documento 5 del cd obrante a folio 93.

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• El 14 de marzo de 1973, mediante Decreto 020, el alcalde del municipio de
Duitama la nombró directora de escuela municipal, «para llenar la vacante que se
produjo en la Escuela de El Carmen».22

• El 30 de enero de 1974, por Decreto 012, el alcalde de Duitama dispuso su traslado
a la Escuela Aguatendida del mismo municipio.23

• El 30 de septiembre de 1975, por Decreto 076, el alcalde municipal de Duitama
aceptó la renuncia de la demandante al cargo de directora de escuela municipal,
que ocupó durante la licencia por maternidad concedida a la titular.24

• El 23 de octubre de 1975, por Decreto 739, el gobernador de Boyacá nombró
maestros del departamento, entre ellos a la señora María Luisa García Fonseca en
el cargo de directora de la Escuela Reyes Patria, municipio de Corrales, en
reemplazo de otro docente, quien pasó a otra escuela. Tomó posesión del cargo el
20 de noviembre con efectos retroactivos al 15 de septiembre de dicha anualidad. 25

• El 12 de agosto de 1977, mediante Decreto 805, el gobernador del citado ente
departamental declaró insubsistente el nombramiento de la señora García Fonseca
en el cargo profesora de tiempo completo en el Instituto Integrado Carlos Arturo
Torres Peña, del municipio de Santa Rosa de Viterbo, a partir del 27 de julio de
1977, «por ser aspirante».26

• El 26 de julio de 1991, por medio del Decreto 163 bis, el alcalde de Duitama nombró
provisionalmente a la señora García Fonseca en el cargo de profesora en la
Concentración Rural Nacionalizada Santa Ana, en reemplazo de su titular, a quien
se le concedió licencia de maternidad.27 Asumió el cargo el 1 de agosto de 1991.28

22 Folio 144.
23 Folio 145.
24 Folio 146.
25 Folios 151 y 152 y documentos adjuntados a SAMAI, índice 30, en respuesta al requerimiento efectuado por

esta Sala a través del auto del 28 de septiembre de 2023 (folio 307).
26 Folio 153.
27 Folio 200 vuelto.
28 Acta de presentación (folios 148 y 201).

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• El 8 de marzo de 1993, por Decreto 096, el alcalde de Duitama la nombró
provisionalmente en el cargo de docente en la Concentración Rural Tocogua, en
reemplazo de su titular, a quien se le concedió licencia por enfermedad,29 por el
término de 28 días, entre el 1 y el 28 de febrero de 1993. Ocupó el cargo el 9 de
febrero de dicho año30 y lo volvió a ocupar el 1 de marzo de marzo de 1993, por
haber sido prorrogada la licencia.31

• El 29 de diciembre de 1999, por medio del Decreto 184, el alcalde de Duitama,
previo concurso, nombró en propiedad a la actora en el cargo de docente, en el área
de Ciencias Sociales, en el Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar.32 Se
posesionó el 17 de enero de 2000.33

• El 5 de mayo de 2011, el rector del Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar, del
municipio de Duitama, certificó:

29 Folio 201 vuelto.
30 Folio 202
31 Acta de presentación (folio 147). La prórroga se concedió por medio del Decreto 094 (fecha ilegible) allegado

a SAMAI.
32 Folio 149.
33 Acta 019 (folio 150).

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• El 20 de octubre de 2011, el Juzgado Primero Administrativo en Descongestión
del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo determinó la existencia de los
elementos esenciales de la relación laboral entre la señora García Fonseca y el
municipio de Duitama, desde el 1 de febrero de 1994 hasta el 11 de octubre de
1999, lapso durante el cual laboró por órdenes de prestación de servicios.34

• La Procuraduría General de la Nación certificó que la señora García Fonseca, al
23 de abril de 2011, no registraba antecedentes disciplinarios.35

➢ Actuación administrativa

• El 10 de junio de 2011, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia.36

• El 24 de octubre de 2011, mediante Resolución UGM 014667, Cajanal E. I. C. E.
en Liquidación negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la accionante,
por considerar que los periodos laborados por contratos de prestación de servicios
no resultan válidos y porque los tiempos servidos a partir de enero de 2000 son de
carácter nacional, conforme a lo dispuesto por el artículo 15, numeral 2, de la Ley
91 de 1989.

• El 22 de febrero de 2013, por medio de la Resolución 008234, la UGPP confirmó la
decisión, en sede de reposición, y declaró agotada la vía gubernativa.37

2.4. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia, comoquiera

34 Folios 129 al 140.
35 Expediente administrativo folio 93.
36 Información extractada de la Resolución UGM 014667 del 24 de octubre de 2011.
37 Folios 14 y 15.

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Demandante: María Luisa García Fonseca

que la señora María Luisa García Fonseca demostró que laboró en el magisterio
oficial por más de 20 años como docente, en plazas clasificadas como
nacionalizadas y territoriales y tuvo una experiencia como educadora anterior al 31
de diciembre de 1980, como se analizará a continuación.

i) Primer periodo. Del 14 de marzo de 1973 al 14 de septiembre de 1975

La demandante fue nombrada por Decreto 020 del 14 de marzo de 1973, en el cargo
de directora de escuela municipal, como se aprecia:

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El acto fue expedido por el alcalde de Duitama, en uso de sus facultades legales,
sin intervención de ninguna otra autoridad, al igual que el traslado a otra escuela del
mismo municipio, dispuesto por el Decreto 012 del 30 de enero de 1974, como
puede observarse:

El alcalde de Duitama le aceptó la renuncia por medio del Decreto 076 del 30 de
septiembre de 1975.38

38 A pesar de que en el acto no se especificó la fecha de efectos fiscales de la renuncia, la Sala concluye que

el vínculo finalizó el 14 de septiembre de 1975, comoquiera que a partir del 15 inició labres con el departamento
de Boyacá.

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Demandante: María Luisa García Fonseca

Se trata sin duda de una vinculación de carácter territorial, por cuanto el
nombramiento provino de una autoridad del mismo orden. Nótese que la vinculación
fue para prestar labores como directora en la Escuela El Carmen, para ocupar la
vacante de otra servidora, es decir, que el empleo ya existía en la planta del
municipio.

Ahora, en lo que corresponde a determinar cuándo un docente es de carácter
territorial, distrital o nacionalizado, resulta relevante destacar que la Corte
Constitucional, en sentencia C-084 de 1999, al analizar la constitucionalidad del
artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989, precisó que antes de la
nacionalización de la educación que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los
docentes se dividían sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales.
Específicamente, expuso:

«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la "nacionalización" de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación
Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en
nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos
la denominada "pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente
extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco
se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del
31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio
general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta
que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la
norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el
principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohibe (sic) dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo
cual ocurre en este caso. […]» (Negritas de la Sala).

En este orden, el lapso servido como directora de escuela, durante 2 años y 6
meses, resulta válido para el reconocimiento de la pensión gracia y satisface el
requisito de haber ostentado una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.

ii) Segundo periodo. Entre el 15 de septiembre de 1975 y el 27 de julio de 1977

19

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La señora García Fonseca fue nombrada directora de la Escuela Reyes Patria,
municipio de Corrales (Boyacá) a través del Decreto 739 del 23 de octubre de 1975,
como se observa:

[…]

[…]

20

Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

[…]

Y se posesionó el 20 de noviembre de 1975, con retroactividad al 15 de septiembre
de dicha anualidad, como da cuenta el acta respectiva:

21

Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

[…]

Posteriormente, el 3 de mayo de 1976, por medio del Decreto 327, fue nombrada
en propiedad en el Instituto Integrado Carlos Arturo Torres Peña de Santa Rosa de
Viterbo. Se posesionó el 24 de junio de 1976, con retroactividad al 28 de abril de
1976, como se aprecia en las siguientes imágenes:

[…]

[…]

22

Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

[…]

23

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Demandante: María Luisa García Fonseca

Las anteriores designaciones fueron efectuadas por el gobernador del
departamento de Boyacá, en uso de sus atribuciones legales, y los actos fueron
suscritos, además, por el secretario de educación. No hubo intervención de ninguna
otra autoridad ni participación directa o indirecta del Ministerio de Educación
Nacional. Así mismo, la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento fue
dispuesta por el gobernador del citado ente, por medio del Decreto 805 del 12 de
agosto de 1977, a partir del 27 de julio de dicho año. Es decir, que la vinculación
que ostentó la actora con el ente departamental tiene carácter territorial.

En lo que corresponde a la diferencia entre personal territorial y nacionalizado esta
Corporación en la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018, concluyó:

Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial
antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con
la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).

Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades de
ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere
se cubran con cargo a su propio presupuesto

Adviértase que esas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto con todos elementos de juicio para concluir sin lugar a
equívoco la naturaleza de la vinculación del respectivo docente.

Lo anterior permite concluir que este segundo periodo, correspondiente a 1 año, 10
meses y 12 días, transcurridos entre el 15 de septiembre de 1975 y el 27 de julio de
1977, también resulta útil para el cómputo de la pensión gracia.

iii) Tercer periodo. Lapsos laborados provisionalmente del 27 de julio al 18 de
octubre de 1991 y del 1 de febrero al 23 de marzo de 1993.

24

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En estos lapsos, la actora fue nombrada por el alcalde de Duitama para cubrir las
licencias otorgadas a los docentes titulares, así:

➢ Por medio del Decreto 163 (bis) del 26 de julio de 1991 fue designada por el
término de 84 días, «contados a partir del veintisiete (27) de julio y hasta el
dieciocho (18) de octubre» en el cargo de profesora de la «Concentración
Rural Nacionalizada SANTA ANA», en reemplazo de la titular del cargo, a quien
se le concedió licencia de maternidad.

➢ Por Decreto 096 del 8 de marzo de 1993 fue nombrada por el término de 28
días, «contados a partir del primero (1.°) al veintiocho (28) de febrero,
inclusive», en el cargo de docente de la «Concentración Rural Nacionalizada
TOCOGUA», en reemplazo del titular, a quien se le concedió licencia por
enfermedad. Esta licencia fue prorrogada por el término de 23 días,
«contados a partir del primero (1.°) al 23 de marzo, inclusive de 1993».

Tales designaciones fueron decretadas por el mandatario municipal en uso de sus
facultades legales y, en especial, de las que le confiere el artículo 9 de la Ley 29 de
1989, y para el efecto se tuvo en cuenta la certificación de disponibilidad
presupuestal expedida por el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional ante el FER de Boyacá.

A partir de los referidos actos se puede inferir que la participación del delegado del
Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional de Boyacá tuvo
lugar a efectos de certificar la disponibilidad presupuestal y la vacancia temporal del
cargo a ocupar, lo que permite concluir que la relación legal y reglamentaria fue
nacionalizada al haberse proferido la decisión en virtud del artículo 9 de la Ley 29
de 1989, con el fin de ocupar unas plazas sometidas al proceso de nacionalización
y, por ende, financiadas con recursos administrados por el FER de Boyacá, conforme
a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975. Esta situación se ajusta a la interpretación que
se desarrolló en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
2018, acerca de los docentes nacionalizados, según la cual sus acreencias
laborales serían asumidas a través del FER, es decir, de manera cofinanciada y no
únicamente por la autoridad departamental o municipal.

25

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Ahora bien, en los decretos señalados se advierte que el alcalde municipal de
Duitama invocó las atribuciones conferidas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989,39
que dispone:

Artículo 9. El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial
de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover,
controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios
cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del
Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el
Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas
de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes.

[…]

Sobre el particular, se precisa que el nombramiento en uso de las facultades
otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 no significa, per se, que la
vinculación sea nacional o nacionalizada, puesto que en virtud de esa disposición
se asignaron a los alcaldes municipales las funciones de nombrar, trasladar,
remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y administrativo de
los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados. Sin embargo, lo que
sí se desvirtúa es que la vinculación tenga carácter de territorial.

Por tal razón, en casos como el presente, en los que el alcalde ejerce la función de
nombrar el personal docente con fundamento en las atribuciones legales de la Ley
29 de 1989, deberá analizarse integralmente el contenido del acto de
nombramiento, que en el caso concreto expresamente señala que los planteles
educativos son nacionalizados y que, se reitera, contó con la certificación de la
disponibilidad presupuestal y la vacancia temporal de los cargos a ocupar, por parte
del delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el FER de Boyacá.

Lo anterior quiere decir que el tiempo de servicios prestado por la demandante entre
el 27 de julio y el 18 de octubre de 1991 (84 días) y del 1 de febrero al 23 de marzo

39 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 24 de 1988, y otras disposiciones.

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Demandante: María Luisa García Fonseca

de 1993 (51 días), que suma 135 días, es computable para la pensión gracia, pues
las vinculaciones fueron del orden nacionalizado.

iv) Cuarto periodo. Del 1 de febrero de 1994 al 11 de octubre de 1999

Este periodo fue prestado por la actora, de manera interrumpida, a través de
contratos de prestación de servicios, el cual fue reconocido por el Juzgado Primero
Administrativo en Descongestión del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo,
mediante sentencia del 20 de octubre de 2011, así:

Y, en consecuencia, se resolvió:

[…]

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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

[…]

Esta Sala ha sostenido que el tiempo de servicios prestado por los docentes
mediante órdenes o contratos de prestación de servicios, sí es computable para a
efectos de acreditar los 20 años de ejercicio de la docencia en el nivel territorial o
nacionalizado requeridos para ser beneficiario del derecho pensional reclamado. Al
respecto ha dicho:40

[…] en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando se trata de
maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[...] primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un
principio constitucional [...]», y si el intérprete judicial, «[...] en un caso concreto,
decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter
de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la
CP [...]».

En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
40 Ver entre otras sentencias del: 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-1000-01 (0823-
2017);15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007 91356 01 (1465-09); 10 de marzo de 2016, radicado
52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad: 25000234200020150003201
(2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-33-000-2016-00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018,
radicado 17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14).

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Demandante: María Luisa García Fonseca

comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico
régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia.

Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante como docente mediante
contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el ejercido en
propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso particular, acceder
al reconocimiento de la pensión gracia.

Por consiguiente, es claramente computable el lapso en que desarrolló actividades
un docente a través de la figura de la contratación, pues «el tiempo requerido para
el reconocimiento de la pensión gracia no solo es aquel que se deriva de las
relaciones regulares y en titularidad, debido a que se trata de una prestación
cimentada en la prestación efectiva de labores de educador»,41 siempre y cuando
la vinculación sea territorial, circunstancia que fue válidamente demostrada por la
actora, pues en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que tramitó en
el Juzgado Primero Administrativo en Descongestión de Santa Rosa de Viterbo se
acreditó la existencia de las distintas órdenes y contratos de prestación de servicios
suscritos entre el municipio de Duitama y la docente María Luisa García Fonseca
para laborar en el Colegio Técnico Simón Bolívar Municipal. Así las cosas, se puede
inferir razonablemente que se trataba de plazas territoriales por tratarse de
instituciones educativas a cargo del referido ente municipal.

Total tiempo servido por prestación de servicios: Años meses días

01/02/1994 30/11/1994 0 9 0
01/02/1995 30/11/1995 0 9 0
Colegio Técnico
OPS - Fallo 05/02/1996 05/12/1996 0 10 1
Municipal Simón
judicial 21/01/1999 20/04/1999 0 3 0
Bolívar de Duitama
21/04/1999 30/06/1999 0 2 10
12/07/1999 11/10/1999 0 3 0

En conclusión, el periodo así laborado corresponde a 3 años y 11 días y es válido
para el reconocimiento de la pensión gracia.

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-

1000-01 (0823-2017).

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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

v) Quinto periodo. Del 29 de diciembre de 1999 al 9 de junio de 2016 (fecha de
la última certificación allegada al proceso42).

La demandante fue nombrada en propiedad, por medio del Decreto 184 del 29 de
diciembre de 1999 en el cargo de docente del Área de Ciencias Sociales, en el
Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar de Duitama, como se aprecia:

42 Folios 206 al 208

30

Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

Y tomó posesión del empleo el 17 de enero de 2000, como da cuenta el Acta 019
de esta fecha:

31

Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

Como se observa, el acto de designación fue expedido por alcalde municipal de
Duitama, en uso de sus atribuciones legales, sin intervención de ninguna otra
autoridad y sin participación directa o indirecta del Ministerio de Educación
Nacional. Además, el nombramiento de la actora se efectuó como resultado del
concurso de méritos convocado por la alcaldía para proveer 26 plazas docentes en
los colegios técnicos municipales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander y
se estableció que las vinculaciones se harían con cargo a los recursos propios del
municipio.

En efecto, en el numeral 2 de la parte considerativa se lee lo siguiente:

2. Que el parágrafo único del artículo 106 ibidem [Ley 115 de 1994] y el artículo 10
del Decreto 1140 de 1995 estipulan que los alcaldes municipales pueden nombrar
educadores, previo concurso, con cargo a los recursos propios del municipio
cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley.

A su turno, el artículo 106 de la Ley 115 de 1994 dispone:

Artículo 106. Novedades de personal. Los actos administrativos de nombramientos,

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Demandante: María Luisa García Fonseca

traslados, permutas y demás novedades del personal docente y administrativo de
la educación estatal se harán por los gobernadores y por los alcaldes de los distritos
o municipios que estén administrando la educación conforme a lo establecido en la
Ley 60 de 1993. Todo nombramiento deberá ajustarse a los plazos y procedimientos
legales y a la disponibilidad presupuestal.

Parágrafo. Los alcaldes municipales pueden nombrar educadores con carao a los
recursos propios del municipio, cumpliendo los requisitos exigidos por la ley.

Y el artículo 10 del Decreto 1140 de 1995 determina:

Artículo 10. Convocatoria de concursos por parte de alcaldes municipales. Los
alcaldes municipales convocarán y realizarán los concursos para la provisión de
vacantes de las plantas de personal docente y administrativo con cargo a los
recursos propios, de acuerdo con los procedimientos legales y reglamentados
vigentes en el momento de la convocatoria, entre otros los del artículo 105 de la Ley
115 de 1994. Su incumplimiento generará sanciones de acuerdo con el artículo 107
de la misma Ley. (Negritas de la Sala).

En ese orden, comoquiera que la designación en propiedad de la actora fue
dispuesta por el alcalde municipal, previo concurso de méritos convocado por la
alcaldía, con cargo a los recursos propios del ente territorial, no queda duda de que
se trata de una vinculación territorial (municipal).

En todo caso, vale la pena resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en la
sentencia de unificación SUJ2-11/18, los tiempos laborados con vinculación
territorial, pero con cargo a recursos girados por la Nación son válidos para efectos
del reconocimiento pensional, pues tal circunstancia no determina el tipo de
vinculación. En efecto, en la citada providencia de unificación se concluyó que lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la
acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema

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Demandante: María Luisa García Fonseca

General de Participaciones.43

De acuerdo con lo expuesto, la designación efectuada a través del Decreto 184 del
29 de diciembre de 1999 por el alcalde de Duitama, y que corrió
ininterrumpidamente hasta el 9 de junio de 2016,44 resulta válida para completar los
20 años de servicio exigidos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.

En ese orden, la Sala observa que la demandante acreditó con suficiencia el
ejercicio de la profesión docente en plazas del orden territorial y nacionalizadas por
más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980; por lo tanto, la interesada cumplió el requisito del tiempo de
servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.

Además, durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones
disciplinarias, es decir, que cumple con los requisitos previstos por la Ley 114 de
1913 para el reconocimiento del beneficio pensional reclamado.

Ahora bien, tal como lo determinó el Tribunal, la actora consolidó el estatus
pensional el 25 de abril de 2012, cuando completó 20 años de servicio, momento
para el cual tenía más de 50 de edad (nació el 19 de septiembre de 1951). Ello
quiere decir que, en efecto, cuando radicó la petición, el 10 de junio de 2011, no
cumplía el tiempo de servicio exigido para acceder a la prestación reclamada. Sin
embargo, como lo advirtió el a quo, para la fecha en que se resolvió el recurso de
reposición, por medio de la Resolución RDP 008234 del 22 de febrero de 2013, ya
tenía reunidas las exigencias para su otorgamiento, por lo que para ese momento
era viable resolver favorablemente la petición. Así las cosas, la sentencia apelada
será confirmada.

2.5. Sobre la condena en costas de primera instancia

43 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
44 Fecha de la última certificación allegada al proceso.

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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

En lo que respecta a este punto de la apelación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se había sostenido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, comoquiera que la decisión de primera instancia fue proferida
previamente a la referida circunstancia.

Es decir, resultaba acertado al momento de la expedición de la sentencia apelada,
el 10 de octubre de 2017, asumir que en virtud del criterio objetivo valorativo, para
la imposición de las costas, debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la
temeridad de las partes y que, en consecuencia, procedía la referida condena contra
la parte demandada por haber resultado vencida en juicio y haberse demostrado la
causación de las agencias en derecho en el monto que el tribunal estimó conforme
a las previsiones del artículo 188 del CPACA y 365 del CGP, así como la demás
normativa que regula la materia.

En tal sentido, se confirmará en su totalidad el fallo apelado, incluida la decisión de
condena en costas de primera instancia a cargo de la accionada.

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,45 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00095 01 (1204-2018)
Demandante: María Luisa García Fonseca

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio y
en el acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las
directrices interpretativas que regían la situación particular de la demandante, razón
por la cual será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: María Luisa García Fonseca

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 10 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que accedió a las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por la señora María Luisa García Fonseca contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.

Segundo. Reconocer personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte, como
apoderado de la UGPP, en los términos y para los efectos del poder conferido.46

Tercero. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

46 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

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