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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00239-02

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00239-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Siete (7) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sala de Decisión No. 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, salvo el ordinal segundo de la providencia apelada, que se revoca, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 38 Número Interno: 3164-2023 Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP (antes Cajanal) Demandada: Edilberto Vargas

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2014-00239-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Tres (03) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 15001-23-33-000-2014-00239-02 (3164-2023)1
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP (antes Caja
Nacional de Previsión Social – Cajanal)
Demandado: Edilberto Vargas
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Lesividad – Pensión gracia
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia del Siete (7) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la
Sala de Decisión No. 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual, se
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES2

1. La demanda3.

1.1. Pretensiones

2. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, actuando a través de apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de

1 https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1500123330002014002390211

00103.
2 Expediente digitalizado del tribunal de origen y electrónico en esta instancia.
3 Folios 1 a 11- Archivo “15001233300020140023900-C1”- Índice 00075 – Tribunal de Origen – SAMAI.

2

Número Interno: 3164-2023
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP (antes Cajanal)
Demandada: Edilberto Vargas

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
solicitar que, se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la
Resolución No. RDP 37721 del Quince (15) de agosto de Dos Mil Trece (2013),
proferido por la Caja de Previsión Social 4, por medio de la cual, le reconoció la
pensión gracia al señor Edilberto Vargas, en cumplimiento de un fallo de tutela.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que, se ordene a la parte demandada devolver las sumas de
dinero previamente indexadas, desde el reconocimiento de la prestación y hasta
la fecha de su pago.

4. Finalmente, solicitó condenar en costas procesales a la parte demandada.

1.1.1. Los hechos.

5. La entidad precisó que, el señor Edilberto Vargas nació el Diecisiete (17) de
enero de Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro (1954).

6. En cuanto a la vinculación del demandado, sostuvo que, prestó sus servicios
como docente nacional en la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de
Tunja, desde el Veintiocho (28) de diciembre de Mil Novecientos Setenta y Ocho
(1978) hasta el Treinta (30) de enero de Dos Mil Cuatro (2004).

7. Narró que, mediante Resolución No. 13960 de Veintisiete de marzo de Dos Mil
Seis (2006), la Caja Nacional de Previsión Social – en adelante CAJANAL- negó
el reconocimiento de una pensión gracia que solicitó el señor Vargas, ante el
incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913.

4 La resolución en cita fue expedida por la extinta Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE.

3

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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP (antes Cajanal)
Demandada: Edilberto Vargas

8. Indicó que, mediante la Resolución No. 44484 del Veinticinco (25) de septiembre
de Dos Mil Siete (2007), nuevamente negó el reconocimiento de una pensión
gracia que solicitó el demandado, comoquiera que, el carácter de su vinculación
docente era nacional.

9. Afirmó que, en sentencia del Seis (6) de octubre de Dos Mil Seis (2006),
proferida en el asunto con radicado No. 2006-194, el Juzgado Segundo Civil de
Circuito de Magangué, Bolívar, amparó los derechos fundamentales al “debido
proceso, igualdad y derecho a la pensión de jubilación” del demandado y, en
consecuencia, ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, que,
reconociera una pensión gracia en favor del señor Edilberto Vargas, incluyendo
todos los factores salariales causados en el año inmediatamente anterior al de
adquisición del estatus pensional, junto con el retroactivo, reajustes anuales e
indexación respectiva.

10. Precisó que, en cumplimiento del fallo de tutela, la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, a través de la Resolución No. RDP 037721 del Quince (15) de agosto de
Dos Mil Trece (2013), reconoció una pensión gracia en favor del señor Edilberto
Vargas, en cuantía de Un Millón Cuatrocientos Doce Mil Seiscientos Setenta y
Dos Pesos M/Cte. ($ 1.412.672), con efectividad desde el Diecisiete (17) de
enero de Dos Mil Cuatro (2004).

1.1.2. Concepto de la violación.

4

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11. La entidad demandante alegó que, el acto administrativo enjuiciado viola el
artículo 128 de la Constitución Política; la Ley 114 de 1913; la Ley 116 de 1928;
la Ley 37 de 1933; la Ley 91 de 1989, y el Decreto 2277 de 1979.

12. Manifestó que, el acto acusado infringió las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario en que debió fundarse. Al respecto, indicó
que, el acto enjuiciado se expidió inobservando la normativa que regula la
pensión gracia, concretamente en la Ley 114 de 1913, en la medida en que, el
señor Edilberto Vargas laboró como docente nacional, entre el Veintiocho (28)
de diciembre de Mil Novecientos Setenta y Ocho (1978) y el Treinta (30) de enero
de Dos Mil Cuatro (2004), debiendo desestimarse dicho periodo, a efectos del
cumplimiento de los requisitos que exige la prestación, pues, se tiene derecho a
la misma, cuandoquiera que, se hayan prestado servicios docentes en plazas
nacionalizadas o territoriales; sin que el demandado tenga derecho a la pensión
que le fue reconocida.

13. Además, argumentó que, el señor Edilberto Vargas accedió “ilegalmente” al
reconocimiento de la pensión gracia, pues, se reconoció a partir de una orden
emitida por un juez de tutela, más no, se derivó de la orden que se hubiese
proferido por un juez ordinario, quien era el competente para el reconocimiento.

1.1.3. Solicitud de suspensión provisional del acto administrativo
demandado5.

14. Con el escrito de la demanda, se solicitó la suspensión provisional de la
Resolución No. RDP 037721 del Quince (15) de agosto de Dos Mil Trece (2013),

5 Folios 1 a 11- Archivo “15001233300020140023900-C1”- Índice 00075 – Tribunal de Origen – SAMAI.

5

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Demandada: Edilberto Vargas

proferida por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, petición que la entidad
demandante, apoyó en los argumentos expuestos en el concepto de violación.

1.1.4. La contestación de la demanda6.

15. El señor Edilberto Vargas, por conducto de apoderada judicial, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, al sostener que, lo pretendido
por la entidad demandante, se opone al principio de cosa juzgada constitucional,
establecida en el artículo 243 de la Constitución Política, porque, el objeto del
litigio fue decidido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, en
sentencia del Seis (6) de octubre de Dos Mil Seis (2006); providencia que, se
encuentra en firme, sin que sea procedente reabrir el debate sobre lo decidido y
en gracia de discusión, el acto solo podría ser controvertido mediante el recurso
extraordinario de revisión, cuya competencia recae en el Consejo de Estado.

16. Por otra parte, señaló que, el acto enjuiciado no es susceptible de control judicial,
comoquiera que, el mismo es de trámite, pues se profirió en cumplimiento de
una orden contenida en una sentencia.

17. Frente al derecho que tiene al reconocimiento de la pensión gracia, con apoyo
en sendos precedentes jurisprudenciales, sostuvo que, la vinculación del
demandado data del Veintiocho (28) de diciembre de Mil Novecientos Setenta y
Ocho (1978), y su carácter es nacionalizado, pues, de acuerdo con las leyes 43
de 1975 y 91 de 1989, los docentes vinculados antes de dicha fecha, no
reportaban vinculación nacional.

6 Folios 75 a 237- Archivo “15001233300020140023900-C1”- Índice 00075 – Tribunal de Origen – SAMAI.

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18. A su vez, se opuso a la devolución de las sumas indexadas, pues manifestó que,
la prestación que en su favor se reconoció a partir de la sentencia de tutela, fue
adquirida de buena fe, constituyéndose a su vez como una obligación expresa y
exigible, sobre la cual, operó la figura de la cosa juzgada constitucional.

19. Por último, propuso las siguientes excepciones previas y de mérito: (i) cobro de
lo no debido; (ii) desconocimiento del precedente judicial; (iii) falta de jurisdicción
y competencia; (iv) violación de la Constitución y de los derechos fundamentales
al demandado por parte de la demandante […]; (v) imposibilidad de control
judicial del acto; (vi) inepta demanda y (iv) buena fe del demandado.

1.2. Trámite procesal relevante

20. Mediante auto de Diecinueve (19) de marzo de Dos Mil Quince (2015) 7 , el
tribunal negó la solicitud de suspensión de los efectos del acto demandado,
providencia contra la cual, la entidad demandante interpuso recurso de
reposición8, el cual, fue resuelto mediante auto de Dieciséis (16) de octubre de
Dos Mil Quince (2015)9, que resolvió no reponer para revocar el auto enjuiciado.

21. En audiencia inicial celebrada el Treinta (30) de agosto de Dos Mil Dieciséis
(2016)10, el magistrado sustanciador declaró no probada las excepciones previas

7 Folios 57 a 64- Archivo “15001233300020140023900-MEDIDA CAUTELAR”- Índice 00075- Tribunal de origen

– SAMAI.
8 Folios 71 a 74- Archivo “15001233300020140023900-MEDIDA CAUTELAR”- Índice 00075- Tribunal de origen

– SAMAI.
9 Folios 83 a 88- Archivo “15001233300020140023900-MEDIDA CAUTELAR”- Índice 00075- Tribunal de origen

– SAMAI.
10 Folios 70 a 87- Archivo “15001233300020140023900-C2”- Índice 00075- Tribunal de origen- SAMAI.

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propuestas por el demandado 11 y difirió la decisión de la excepción de cosa
juzgada para la sentencia. Contra esta decisión, el apoderado de la parte
demandante interpuso recurso de apelación, el cual, fue resuelto por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en auto de
Veinticinco (25) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019) 12 , en el sentido de
confirmar la providencia recurrida.

22. El Veintitrés (23) de enero de Dos Mil Veinte (2020)13, el magistrado sustanciador
reanudó la audiencia inicial, decretó pruebas y determinó que, una vez
recaudadas, se correría traslado a las partes para alegar de conclusión.

1.3. La sentencia de primera instancia14.

23. La Sala de Decisión No. 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la
Sentencia del Siete (7) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, disponiendo lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. RDP 37721 de 15 de
agosto de 2013, por medio de la cual la extinta CAJANAL reconoció y ordenó el
pago de una pensión gracia a favor del señor Edilberto Vargas, conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto anterior,
CONDENAR al señor Edilberto Vargas, reintegrar a favor de la demandante
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - U.G.P.P., la totalidad de las sumas que
hubiese percibido por concepto de la pensión gracia reconocida a través de la
Resolución No. RDP 37721 de 15 de agosto de 2013 en cumplimiento de un fallo de
tutela, con los ajustes de valor, mes por mes, conforme lo dispone el artículo 187 del

11 Las excepciones que despachó negativamente radicaron en la falta de jurisdicción y competencia e inepta

demanda.
12 Folios 112 a 117- Archivo “15001233300020140023900-C2”- Índice 00075- Tribunal de origen- SAMAI.
13 Folios 135 a 141- Archivo “15001233300020140023900-C2”- Índice 00075- Tribunal de origen- SAMAI.
14 Índice 00109- Tribunal de origen- SAMAI.

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CPACA, previa certificación que para tal efecto emita la entidad, de acuerdo con los
parámetros señalados en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: COMPULSAR copias a la Procuraduría General de la Nación, al
Consejo de disciplina judicial, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía
General de la Nación, de las distintas actuaciones desplegadas en este asunto,
especialmente de la sentencia de la acción de tutela tramitada bajo el radicado 2006-
00194 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué – Bolívar, del acto
acusado y de esta providencia, a fin de que si estos entes de control lo consideran
procedentes, investiguen cualquier conducta delictuosa, disciplinaria o fiscal en que
hayan podido incurrir los servidores públicos, apoderados y particulares que hayan
estado involucrados en el trámite de la acción de tutela.

CUARTO: Sin condena en costas […]”

24. En la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo de Boyacá encontró
acreditado, sobre la base de los medios de prueba allegados al plenario, que: (i)
el señor Edilberto Vargas nació el Diecisiete (17) de enero de Mil Novecientos
Cuarenta y Cuatro (1954), por lo que cumplió cincuenta (50) años de edad el
Diecisiete (17) enero abril del Dos Mil Cuatro (2004); y (ii) que, prestó sus
servicios como docente nacional al servicio del Departamento de Boyacá y al
Municipio de Tunja, conforme su vinculación provino del Ministerio de Educación
Nacional, según la Resolución No. 17423 del Veinte (20) de septiembre de Mil
Novecientos Setenta y Ocho (1978) y posteriormente fue trasladado, dentro del
Departamento de Boyacá, por la misma autoridad nominadora.

25. Señaló que, en el acto de nombramiento no fue expedido por una autoridad de
una entidad territorial, y de su contenido tampoco emanaba, que, su expedición
por parte de una autoridad territorial estuviese sujeta a la autorización del
Ministerio de Educación Nacional, por lo cual su vínculo no había lugar a concluir
que tuviese la calidad de docente nacionalizado.

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26. Sostuvo que, los medios de prueba, como certificaciones de tiempo de servicios
expedidos por las entidades territoriales, referían de forma unánime, que el tipo
de vinculación del demandado era de carácter nacional. En suma, agregó que
no existían en el expediente, medios de prueba que permitieran inferir que la
vinculación del señor Edilberto Vargas, fue de carácter nacionalizado o territorial.

27. Con base en lo anterior, concluyó que los tiempos laborados por el demandante
no podían computarse para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, por
lo cual, contrario a lo consignado en el acto administrativo demandado, el señor
Edilberto Vargas no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia, por lo
cual declaró la nulidad de la Resolución No. RDP 37721 del Quince (15) de
agosto de Dos Mil Trece (2013).

28. Frente al restablecimiento del derecho, en cita de la sentencia del Primero (1) de
septiembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en el asunto con radicado No. 5863-
2018 y la sentencia T-218 de 2012 de la Corte Constitucional, sostuvo que,
cuando se configuraban actuaciones dudosas, provenientes de un “fraude
global” en reconocimientos pensionales, a partir de órdenes derivadas de
sentencias de tutela, se desvirtuaba la buena fe del beneficiario, pues, el
reconocimiento no tuvo por origen un error de la administración.

29. Además, precisó que en la citada sentencia de la Corte Constitucional, se
estudió en sede de revisión, la acción de tutela promovida por docentes a
quienes se les reconoció la pensión gracia, producto de la sentencia de tutela de
Once (11) de diciembre de Dos Mil Seis (2006), proferida por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Magangué, oportunidad, en que se dejó sin efectos
la decisión emitida por el juez de tutela y se determinó que concurrían

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irregularidades procesales y probatorias que constitutivos de fraude, que,
denotaban, una actuación de mala fe por parte de los docentes, que en su
momento promovieron la solicitud de amparo.

30. En línea de dicho razonamiento, precisó que, el demandado interpuso una
acción de tutela tendiente a que se reconociera la pensión gracia, la cual ejerció
en un municipio distinto al de su residencia y lugar de trabajo, ante un juez que
no era competente para resolver la controversia, producto de lo cual le fue
reconocido el derecho, en torno a cuya concreción tuvieron lugar irregularidades
y fraudes, como se advirtió en la sentencia T-218 de 2012. De lo anterior,
concluyó que, el demandado se apartó del postulado de buena fe y, por tanto,
procedía la devolución de las sumas de dinero percibidas por concepto de
pensión gracia, previa indexación frente a cada periodo sufragado.

31. Finalmente, ordenó la compulsa de copias ante la Procuraduría General de la
Nación, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Fiscalía General de la Nación
y Contraloría General de la República, a efectos de que las autoridades
investiguen las actuaciones desplegadas por los servidores públicos,
apoderados y particulares que hubiesen intervenido en el trámite de la acción de
tutela bajo la cual se reconoció el derecho prestacional al demandado.

1.4. El recurso de apelación15.

32. El apoderado de la parte demandada, interpuso recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, para lo cual, insistió, en que la sentencia del Seis (6)

15 Archivo “99_MemorialWeb_Recurso(.pdf)”- Índice 00115- Tribunal de origen- SAMAI.

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de octubre de Dos Mil Seis (2006), proferida por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué - Bolívar, que reconoció la pensión gracia en favor del
demandado, hizo tránsito a cosa juzgada.

33. Por otra parte, sostuvo que, el señor Edilberto Vargas fue vinculado al
departamento de Boyacá y al municipio de Tunja, figurando en la planta de
personal de estas entidades territoriales, las cuales, pagaron los salarios y
prestaciones sociales que percibía, aceptaron su retiro del servicio y en que
prestó sus servicios. Así, en aplicación del principio de primacía de realidad
sobre las formalidades, su vínculo fue de carácter territorial, más no nacional.

34. Señaló que, en el expediente no obra certificado de tiempo de servicios que,
hubiere expedido el Ministerio de Educación Nacional, en el sentido de
determinar que, la vinculación del docente era nacional, por lo cual, la
certificación expedida por las secretarías de educación del departamento de
Boyacá y del municipio de Tunja, desconocen las competencias que en la
materia recaen frente a la administración del personal docente.

35. Indicó que, el gobernador del departamento de Boyacá, expidió los decretos No.
000807, No. 000808 y No. 000954 del Trece (13) de junio de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996), a través de los cuales- respectivamente- suprimió unos
cargos de la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental,
creó cargos en la mencionada planta de personal e incorporó al señor Edilberto
Vargas, como docente, con financiación bajo el situado fiscal. Actos
administrativos que expidió en uso de las facultades conferidas por la Ordenanza
No. 004 de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), por medio de las cuales, la
Asamblea de Boyacá, revistió al gobernador de facultades extraordinarias. Por
lo cual, la vinculación del señor Edilberto Vargas provenía de una autoridad

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territorial, siendo incorporado a la planta de personal de esta, sin que interviniera
el Ministerio de Educación Nacional, aspecto que, permitiría identificar que, la
vinculación del docente fue de carácter territorial.

36. Sostuvo que, la sentencia de primera instancia desconoció el precedente de
unificación de Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), proferido por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como, la sentencia de tutela de
Dieciséis (16) de junio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sección Quinta
del alto tribunal16, pues, los certificados de tiempo de servicios en que el tribunal
sustentó su decisión, carecen de los requisitos mínimos establecidos por la
jurisprudencia, para acreditar el carácter de la plaza que ocupaba el docente.

37. Finalmente, solicitó el decreto de pruebas, a efectos de oficiar al Ministerio de
Educación Nacional, Secretaría de Educación del departamento de Boyacá y
Secretaría de Educación del municipio de Tunja, a fin que, certifiquen frente al
señor Edilberto Vargas, aspectos como, la integración a su planta de personal,
el carácter de los recursos con los cuales sufragaron su nómina, entre otros.

1.5. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.

38. Mediante el auto del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Veinticuatro (2024)17,
el despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del
CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primera
instancia.

16 Radicado No 11001-03-15-000-2020-00802-01.
17 Índice 00004- SAMAI.

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39. A través de auto de Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026) 18, el
despacho sustanciador negó la solicitud probatoria presentada por la parte
demandada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

40. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley
1437 de 2011. De igual forma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso (CGP) 19 , el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2. Problema jurídico.

41. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

41.1. ¿Se configuró la cosa juzgada constitucional, respecto del fallo de tutela
expedido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué -

18 Índice 00015- SAMAI
19 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en
razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.”

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Número Interno: 3164-2023
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Demandada: Edilberto Vargas

Bolívar, por medio del cual, se reconoció una pensión gracia, en favor del
demandado?

41.2. En caso de respuesta negativa al interrogante anterior ¿se debe declarar
la nulidad de la Resolución No. RDP 37721 del Quince (15) de agosto de
Dos Mil Trece (2013), proferida por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP, comoquiera que, reconoció una pensión gracia en favor del
demandado, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley?

41.3. De resultar afirmativa la respuesta al planteamiento que antecede ¿hay
lugar a ordenar la devolución de los dineros pagados con ocasión de la
pensión gracia que le fue reconocida al demandado?

42. Con el propósito de desatar los problemas jurídicos planteados, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.3) cosa juzgada constitucional; 2.4) el marco
normativo y jurisprudencial de la pensión gracia; 2.5) devolución de recursos
percibidos de mala fe; 2.5) los hechos probados; 2.6) el caso concreto; y 2.7) la
condena en costas.

2.3. Cosa juzgada constitucional.

43. La Corte Constitucional ha enmarcado la configuración de la cosa juzgada
constitucional, en el escenario en que se plantean solicitudes de amparo y estas
comparten “(i) identidad de partes; (ii) identidad de objeto; e (iii) identidad de causa ” 20 .

20 Criterio reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia T-001 de 2026 y planteado en las sentencias C-

774 de 2001; SU-713 de 2006; T-053 de 2012; T-661 de 2013; T-137, SU-377, T-435, T-644 y T-891 de 2014;
SU-055, T-057, T-119 y T-537 de 2015; T-249 de 2016; SU-439 de 2017; T-534 de 2020; T-393 de 2021; SU-
157 y T-023 de 2022, entre otras.

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Además, de dichos presupuestos, el alto tribunal, sostiene que, es necesario que
el fallo de tutela ejecutoriado “haya sido (i) excluido por esta Corte para su eventual
revisión; o (ii) seleccionado y revisado por [ese] Tribunal ”21.

44. Con base en los anteriores presupuestos de configuración, se destaca que, la
cosa juzgada constitucional solo opera como prohibición ante la interposición de
una nueva acción de tutela 22 , que hubiese sido definitivamente decidida o
excluida de la revisión, pues, como lo indicó la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-1219 de 200123, admitir lo contrario, derivaría en “instituir un recurso
adicional ante la Corte […] para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya concluido ”.

Sobre este aspecto, la Corte indicó:

“5.2. A este respecto, es importante distinguir entre el fenómeno de la cosa juzgada en
materia ordinaria y el mismo fenómeno en materia constitucional. Mientras que en el primer
caso es generalmente admitida la procedencia de la acción de tutela por vías de hecho, en
el segundo caso, tratándose de un proceso judicial constitucional, donde se persigue en
forma explícita y específica la protección de los derechos fundamentales y la observancia
plena del orden constitucional, la oportunidad para alegar la existencia de vías de hecho en
los fallos de tutela es hasta la finalización del término de insistencia de los magistrados y del
Defensor del Pueblo respecto de las sentencias no seleccionadas. Una vez terminados
definitivamente los procedimientos de selección y revisión, la sentencia hace tránsito a cosa
juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.), y se torna, entonces, inmutable y
definitivamente vinculante.”

45. Con base en lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, refiriéndose
a los actos administrativos que reconocen o reliquiden prestaciones periódicas
y, que se profieran como consecuencia de una orden de tutela, ha determinado
que la cosa juzgada constitucional, no es oponible al control que ejerce el juez

21 La tesis en mención a su vez fue expuesta en la sentencia T-001 de 2026, en que recogió los
pronunciamientos expuestos sobre la materia, en las sentencias T-649 de 2011, T-661 de 2013, T-137 de 2014,
SU-439 de 2017, T-217 de 2018, T-534 de 2020, T-393 de 2021, T-023 de 2022, entre otras.
22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de
23 MP Manuel José Cepeda Espinosa.

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administrativo, pues, resulta consustancial a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, bajo las competencias constitucionales y legales que le asisten,
decidir sobre la legalidad de las determinaciones que expida la administración.
En tal sentido, la presente sección, ha determinado sobre el control de legalidad
de los actos administrativos proferidos en cumplimiento de lo ordenado en fallos
de tutela:

“Por ende, esta Sala difiere de la interpretación restrictiva efectuada por el accionado en la
alzada, que defiende la inmutabilidad de la decisión de tutela de 30 de septiembre de 2003
proferida por el entonces Juzgado Primero (1º) de Menores de Manizales (hoy 2º Penal del
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de la misma ciudad), que amparó
los derechos constitucionales fundamentales de petición y seguridad social 24 , y la
consecuente imposibilidad de reabrir el debate, mediante un proceso judicial ordinario, frente
a su derecho pensional.

En este asunto, la cosa juzgada constitucional o inmutabilidad de la referida providencia de
tutela se predica respecto de las garantías superiores amparadas por la autoridad judicial
que ordenó a la extinguida Cajanal el reajuste de su mesada conforme a los Decretos 546
de 1971 y 1835 de 1994 y la Ley 100 de 1993 (artículo 34), en su condición de beneficiario
del régimen de transición establecido en el artículo 36 ibidem.

En ese orden de ideas, en el sub lite la cosa juzgada constitucional no cobija las
Resoluciones objeto de reproche en este asunto porque existe un ordenamiento especial
que otorga a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo la facultad de juzgar, a petición
de cualquier persona, la legalidad de las determinaciones que expida la Administración25.

Lo contrario sería como desconocer la competencia otorgada tanto por el legislador como
por la Carta Política (artículos 236 a 238) a los jueces de lo contencioso-administrativo, para
que a través de los medios de control de los artículos 135 y siguientes del CPACA decidan
acerca de la legalidad de los diferentes actos que expide la Administración, incluidos, por
supuesto, los que se profieran en cumplimiento de una orden constitucional de tutela.”26

24 Folios 375 a 383 del expediente digital contenido en la plataforma Samai.
25 En los mismos términos se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, subsección B, auto de 1.º de septiembre de 2017, expediente 73001-23-33-000-2012-00231-
01 (2087-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
26 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de

Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Veintitrés (2023), expediente 17001-23-33-000-2016-00264-01 (3657-2021).
C.P. Carmelo Perdomo Cueter.

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46. En similar sentido, la jurisprudencia de la presente sección27 ha precisado que,
sustraer al juez administrativo del control de los actos administrativos proferidos
en virtud de órdenes derivadas de sentencias de tutela, representa un argumento
cuyo sustento es equívoco, pues, «tal postura, además de sustraer una decisión de la
administración del control de su juez natural, por vía de interpretación, establece un criterio
inconstitucional, es decir, una restricción no prevista por el constituyente a las competencias de
la justicia de lo contencioso administrativo, lo cual acarrea evidente lesión al orden jurídico, y
supone desde luego, un error conceptual inaceptable dentro del marco de la teoría general del
acto administrativo»28.

47. En consonancia con lo anterior, bajo la distinción de las competencias entre el
juez de tutela y el juez administrativo, la Corte Constitucional 29 ha expuesto que
el primero, “no puede limitar la facultad que tiene la Administración de demandar en cualquier
tiempo sus propios actos, mediante los cuales reconoció prestaciones periódicas a un particular,
y la ley lo habilita para presentar la respectiva acción de lesividad en defensa del patrimonio
común, con el fin de que sea la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que resuelva si
los actos administrativos se encuentran ajustados a la legalidad ”.

48. Así las cosas, los actos administrativos que reconozcan prestaciones
pensionales y que se profieran como consecuencia de una orden contenida en
un fallo de tutela, no resultan ajenos al control de legalidad que en virtud de las
competencias constitucionales y legales le atañe a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, comoquiera que, la órbita de competencia del juez
de tutela estriba en el amparo de derechos fundamentales, no obstante, el

27 Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil

Veintiséis (2026), expediente 41001-23-33-000-2014-00270-02 (3749-2018).
28 Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, auto de 17 de abril de 2013, expediente 25000-23-25-

000-2010-01143-01 (1006-2012).
29 Corte Constitucional. Sentencia T-121 de 2016. MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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debate que surge producto del acto expedido en cumplimiento de su orden, se
enmarca en la discusión sobre la validez del acto administrativo 30.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia.

49. En principio, debe señalarse que, la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su
esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad
educativa cumplida durante un lapso no inferior a veinte (20) años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos.

50. El artículo 1º de la Ley 114 de 191331 consagró, por primera vez, la pensión gracia
a favor de los maestros de escuelas primarias oficiales, que hubieran servido en el
magisterio por un término no menor de veinte (20) años. El numeral 3° del artículo
4° de la norma en cita determinó que, para gozar de la gracia de la pensión, es
preciso que el interesado compruebe «que no ha recibido ni recibe actualmente
otra pensión o recompensa de carácter nacional (…)».

51. Posteriormente, la Ley 116 de 192832 amplió el beneficio de la pensión gracia a los
maestros de las escuelas normales e inspectores de instrucción, así: «artículo 6º.
Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de
Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la
Ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años
de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la

30 Al respecto se destacan: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda,
subsección B, sentencia de Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Veintitrés (2023), expediente 17001-23-33-000-
2016-00264-01 (3657-2021). C.P. Carmelo Perdomo Cueter.
31 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
32 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

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enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la
que implica la inspección.»

52. Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia
de no recibir otra pensión de carácter nacional para acceder a la pensión gracia de
jubilación.

53. La Corte Constitucional, en la sentencia C-479 del 9 de septiembre de 199833, con
ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y
4°(numeral 3°) de la Ley 114 de 1913, expresó que el aparte acusado del numeral
3º del artículo 4º de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar
de la pensión de gracia el no haber recibido -ni recibir- actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional, no vulnera la Constitución Política, por las
facultades que la misma Carta le confirió al legislador para regularla. Dijo, además,
que los recursos del Estado para el pago de las prestaciones sociales son
limitados, por ello, es legítimo establecer condiciones para acceder a esta pensión.

54. A raíz del proceso de nacionalización de la educación, ordenado por la Ley 43
de 197534, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, porque, como lo dispuso esta normativa, «la educación primaria y
secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como
consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales
entre los distintos docentes del sector educativo oficial.

55. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15° (ordinal 2º), respecto

33 M. P. Carlos Gaviria Díaz.
34 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

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de las pensiones, dispuso que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980 que, por disposición de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933, y demás normas que las hubiesen desarrollado o modificado, tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos.

56. Asimismo, precisó que, para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de
1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del
1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo
una pensión de jubilación, equivalente al 75% del salario mensual promedio del
último año.

57. Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia, seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se
acata el criterio expuesto por la Sala Plena de esta Corporación, en el fallo del
26 de agosto de 199735, en el sentido que, el artículo 15 (numeral 2°) de la Ley
91 de 1989, es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos
adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes
nacionalizados.

58. La Sección Segunda de esta Colegiatura, se ocupó de dilucidar la interpretación
aplicable del literal a) del numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989,

35 En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo: i) esta disposición se refiere de manera exclusiva a

aquellos docentes departamentales o regionales, y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de
nacionalización; ii) la norma reguló una situación transitoria porque su propósito fue colmar las expectativas de
los docentes vínculos hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados en el proceso de nacionalización de la
educación primaria y secundaria; iii) para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la
fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión. Expediente
S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro
Peñaranda.

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mediante la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de
2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), en la que
precisó que, se puede acceder a la pensión gracia antes y después del
Veintinueve (29) de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989),
siempre que se acredite una vinculación anterior al 31 de diciembre de 198036.

59. De acuerdo con la normativa expuesta y la jurisprudencia antes relacionada,
nótese que, en criterio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
resulta dable conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos
con posterioridad al Veintinueve (29) de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta
y Nueve (1989) [entrada en vigor de la Ley 91 de ese año], sirvió al sector
educativo oficial antes del Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil Novecientos
Ochenta (1980), umbral que precisamente previó el legislador como plazo
máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

60. De manera que, para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por un término no menor de veinte (20) años; haber estado
vinculado antes del Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta
(1980); cumplir cincuenta (50) años de edad; y desempeñarse con honradez,
consagración y buena conducta.

36 Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 , esa disposición

«(…) «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual,
los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre
de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás
requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

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2.5. Devolución de recursos devengados de mala fe

61. Para esta Sala es preciso considerar que, la buena fe es uno de los principios
generales del derecho y gobierna las relaciones entre la administración pública
y los ciudadanos, así lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-131 de
20048. En esta sentencia, la Corte agregó que, este principio no sólo implica
esperar un actuar honesto, recto, decoroso y creíble de los administrados para
con la administración, sino que, tiene una doble dimensión que lo ubica como
criterio orientador de las actuaciones discrecionales del Estado y como regla de
carga de la prueba9.

62. De igual modo, es del caso recordar que, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el literal c) del numeral 1
del artículo 164 señala lo siguiente: «[...] no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

63. En ese sentido, Corte Constitucional en la sentencia C-1049 de 200410, al
declarar la exequibilidad del numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo -norma que tenía el mismo sentido que, el literal c) numeral 1 del
artículo 164 del CPACA- consideró que, es constitucionalmente admisible,
presumir la buena fe de la conducta del particular que ha percibido una
prestación pensional y, puede ser sujeto demandado frente al Estado en
cualquier tiempo, tal presunción impone la carga al Estado, de probar que el
beneficiario de la prestación periódica la obtuvo de mala fe11.

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64. Esta Sección ha establecido que, la norma referida en el párrafo anterior implica
una garantía de seguridad jurídica y estabilidad para el particular beneficiario de
la prestación económica, al tiempo que, crea una regla de carga de la prueba
para la administración, respecto de la actuación fraudulenta o deshonesta en
que incurrió el respectivo ciudadano o ciudadana para obtener el beneficio
prestacional en discusión12.

65. Como corolario de lo expuesto, se precisa entonces que, en el derecho
contencioso administrativo, si bien, el Estado tiene la facultad de pedir la nulidad
de los actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas, el
legislador impone un límite, consistente en que no puede recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe. Por consiguiente, corresponde
al Estado, probar que quien percibe la pensión, actuó de mala fe, al solicitar el
reconocimiento o la reliquidación pensional.

2.6. Hechos probados.

66. Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio
allegado al proceso, el cual le permite tener por acreditados los siguientes
hechos:

66.1. De acuerdo con la copia del Registro Civil de Nacimiento37, se tiene que,
el señor Edilberto Vargas nació el Diecisiete (17) de enero de Mil
Novecientos Cincuenta y Cuatro (1954), por lo que, para el Diecisiete (17)
de enero de Dos Mil Cuatro (2004), contaba con cincuenta (50) años.

37 Folio 75- Archivo “Expediente adtivo”- Tribunal de origen- SAMAI.

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66.2. Por medio de la Resolución No. 17423 de Veinte (20) de noviembre de
Mil Novecientos Setenta y Ocho (1978) 38 , expedida por el ministro de
Educación Nacional, el señor Edilberto Vargas, fue nombrado como
profesor de tiempo completo en el Colegio Cooperativo “El Sol” de
Ráquira, Boyacá.

38 Folio 175- Archivo “15001233300020140023900-C2”- Índice 00075- Tribunal de origen- SAMAI.

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66.3. De acuerdo con la Resolución No. 13399 de Trece (13) de septiembre de
Mil Novecientos Ochenta y Ocho (1988) 39, proferida por el ministro de
Educación Nacional en ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 61 del Decreto 2277 de 1979, literal b) del artículo 8 del Decreto
180 de 1982 y el Decreto 4468 de 1987, el demandado fue trasladado, en
igual cargo, al Centro Juvenil “Emiliani” de Tunja, jornada adicional; cargo
en que se posesionó el Diez (10) de octubre de Mil Novecientos Ochenta
y Ocho (1988)40.

66.4. Según Decreto No. 000954 del Dieciocho (18) de junio de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996)41, proferido por el gobernador del departamento de
Boyacá y su secretario de educación, se incorporó el personal docente
del municipio de Tunja, a la planta de personal de la Secretaría de
Educación del departamento de Boyacá, con cargo al situado fiscal;
incorporación de la cual, fue objeto el Centro Juvenil “Emiliani”, en el cual
se desempeñaba como docente el señor Edilberto Vargas, como docente.

66.5. El Ministerio de Educación Nacional, por medio de Resolución No. 2755
de Tres (3) de diciembre de Dos Mil Dos (2002) 42, certificó al municipio
de Tunja, para la prestación del servicio público educativo.

66.6. Obra Acta del Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Dos (2002) 43, suscrita
por el gobernador del departamento de Boyacá y el alcalde mayor de
Tunja, por medio de la cual, se formalizó la entrega de la administración

39 Folios 176 a 177- Archivo “15001233300020140023900-C2”- Índice 00075- Tribunal de origen- SAMAI.
40 Folio 178- Archivo “15001233300020140023900-C2”- Índice 00075- Tribunal de origen- SAMAI.
41 Folios 195 a 225- Archivo “15001233300020140023900-C2”- Índice 00075- Tribunal de origen- SAMAI.
42 Folios 10 a 11- Archivo “26_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_ANEXOS2PLANTABO(.PDF)”- Índice No.

00079- Tribunal de origen- SAMAI.
43 Folios 226 a 228- Archivo “15001233300020140023900-C2”- Índice 00075- Tribunal de origen- SAMAI.

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del servicio educativo en el municipio de Tunja. Al respecto, se estableció
que el ente territorial, cumplía con los requisitos legales para asumir la
administración de la educación, habiendo lugar a legalizar y formalizar el
proceso de certificación del municipio de Tunja, entregando, entre otros,
la planta de personal docente, directivo docente y administrativo.

66.7. A través de la Resolución [con identificación ilegible] del Dos Mil Tres
(2003), el secretario de Educación, Cultura y Turismo de Tunja 44 trasladó
al señor Edilberto Vargas, al Instituto Técnico Educativo de Tunja
“Gonzalo Suárez Rendón”, lo cual realizó, bajo las facultades conferidas
por la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001 y la Resolución No. 017 de 2003.

66.8. Según la copia del certificado de servicios No. 0217 de Veinticuatro (24)
de febrero de Dos Mil Cuatro (2004) 45 , expedido por la Sección de
Recurso Humano y Físico de la Secretaría de Educación, Cultura y
Turismo de la Alcaldía Mayor de Tunja, el señor Vargas, se desempeñó,
ininterrumpidamente, como docente nacional, desde el Veintiocho (28) de
diciembre de Mil Novecientos Setenta y Ocho (1978) hasta la fecha de
expedición del documento; cargo que ocupó en propiedad,
desempeñándose como docente de primaria.

66.9. Mediante la Resolución No. 13960 de Veintisiete (27) de marzo de Dos
Mil Seis (2006)46, CAJANAL negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia solicitada por el señor Edilberto Vargas Silva en escrito de Trece
(13) de julio de Dos Mil Cuatro (2004), identificado con radicado No.

44 Folios 179 a 181- Archivo “15001233300020140023900-C2”- Índice 00075- Tribunal de origen- SAMAI.
45 Ibídem. P. 9.
46 Folios 17 a 22- Archivo “Expediente adtivo”- Tribunal de origen- SAMAI.

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27742/2004, pues el demandante no demostró que hubiese prestado sus
servicios durante más de veinte (20) años, como docente nacionalizado
o territorial.

66.10. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, Bolívar, a través de
sentencia del Seis (6) de octubre de Dos Mil Seis (2006) 47, proferida en
el asunto con radicado No. 2006-194, dispuso:

“Primero: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, Y DERECHO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN, reclamados por cada
uno de los accionantes, señores: […] EDILBERTO VARGAS […] derechos
vulnerados por parte de la entidad accionada CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
“CAJANAL” E.I.C.E., atendiendo las razones de hecho y de derecho consignadas en
la presente decisión.

Segundo: En consecuencia, SE ORDENA a CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
SOCIAL “CAJANAL” E.I.C.E. que en el término improrrogable de setenta y dos (72)
horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a dictar los
Actos Administrativos mediante los cuales se les reconozca la PENSIÓN GRACIA a
los accionantes relacionados en el ordinal primero de la parte resolutiva del presente
fallo, en los términos contemplados por la Ley 4ª de 1966; esto es incluyendo todos
los Factores Salariales causados en el año inmediatamente anterior a aquél en que
los accionantes adquirieron el status [sic] jurídico de Pensionados, junto con su
respectiva retroactividad, reajustes e indexación a que pueda haber lugar y que
efectivamente tiene derecho; enviado a éste Despacho copia de los Actos
Administrativos mediante los cuales se dio cumplimiento cabal a esta decisión, so
pena de incursionar en DESACATO. […]”

66.11. Mediante petición de Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Siete (2007)48,
el apoderado del señor Edilberto Vargas, solicitó a CAJANAL el
cumplimiento del fallo de tutela del Seis (6) de octubre de Dos Mil Seis
(2006), proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué,
Bolívar. La solicitud, fue resuelta mediante la Resolución No. 44484 de

47 Folios 17 a 22- Archivo “Expediente adtivo”- Tribunal de origen- SAMAI.
48 Folios 74 a 76- Archivo “Expediente adtivo”- Tribunal de origen- SAMAI.

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Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Siete (2007) 49 , en la cual,
CAJANAL negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia en favor
del demandado, pues se indicó que este no demostró que hubiese
prestado servicios como en “la docencia oficial del orden departamental,
municipal o distrital”, durante más de Veinte (20) años.

66.12. Por medio de peticiones de Diecinueve (19) de noviembre de Dos Mil Diez
(2010)50 y Ocho (8) de mayo de Dos Mil Trece (2013) 51, el demandado
solicitó a CAJANAL- actualmente UGPP-, el cumplimiento de la sentencia
de tutela de Seis (6) de octubre de Dos Mil Seis (2006), proferido por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué.

66.13. En virtud de la Resolución No. RDP 037721 del Quince (15) de agosto de
Dos Mil Trece (2013)52, en cumplimiento del fallo de tutela de Seis (6) de
octubre de Dos Mil Seis (2006), proferido por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Magangué, la UGPP, reconoció y ordenó el pago, a favor
del demandado, de una pensión gracia en cuantía de Un Millón
Cuatrocientos Doce Mil Seiscientos Setenta y Dos pesos M/CTE ($
1.412.672), efectiva a partir del Diecisiete (17) de enero de Dos Mil Cuatro
(2004).

66.14. Obra Oficio No. TUN2020EE000348 de Veintiocho (28) de enero de Dos
Mil Veinte (2020) 53 , expedido por la Secretaría de Educación de la
Alcaldía Mayor de Tunja, en el cual la autoridad indicó a la fecha, el

49 Folios 78 a 83- Archivo “Expediente adtivo”- Tribunal de origen- SAMAI.
50 Folios 86 a 88- Archivo “Expediente adtivo”- Tribunal de origen- SAMAI.
51 Folios 102 a 112- Archivo “Expediente adtivo”- Tribunal de origen- SAMAI.
52 Folios 36 a 40- Archivo “15001233300020140023900-C1”- Índice 00075 – Tribunal de Origen – SAMAI.
53 Folios 172 a 174- Archivo “15001233300020140023900-C2”- Índice 00075 – Tribunal de Origen – SAMAI.

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docente se encontraba activo y prestaba sus servicios en el Instituto
Técnico Educativo “Gonzalo Suárez Rendón”, con vinculación nacional.
Además, precisó lo siguiente:

a) Que la vinculación del docente Edilberto Vargas, la cual tiene por
base la Resolución No. 17423 de Veinte (20) de noviembre de Mil
Novecientos Setenta y Ocho (1978), es de carácter nacional, pues
mediante la Resolución No. 2755 de Dos (2) de diciembre de Dos
Mil Dos (2002), emitida por el Ministerio de Educación, la
Secretaría de Educación del Municipio de Tunja, fue certificada en
educación, conforme al proceso de descentralización de la
educación y sólo a partir del Primero (1) de enero de Dos Mil Tres
(2003), la entidad está a cargo de la administración del personal
docente.

b) Que el traslado realizado mediante la Resolución No. 13399 de
Trece (13) de septiembre de Mil Novecientos Ochenta y Ocho
(1988), al Centro Juvenil “Emiliani” de Tunja, no varió el tipo de
vinculación del docente, la cual seguía siendo nacional.

c) Que mediante Resolución No. 00211 de Tres (3) de febrero de Dos
Mil Tres (2003), el docente fue trasladado al Instituto Técnico
Educativo de Tunja “Gonzalo Suárez Rendón”.

66.15. La alcaldía mayor de Tunja, a través de oficio No. TUN2021EE002397 de
Once (11) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021) 54, señaló que, el señor

54 Archivo “14RECEPCIONCORREOVENTANILLA_RESPUESTASECRETAIRAEDUCACIONDETUNJA.PDF”-

Índice 00074- Tribunal de origen- SAMAI.

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Edilberto Vargas presta sus servicios desde el año Dos Mil Tres (2003)
en el Instituto Técnico Educativo Gonzalo Suárez Rendón, plantel oficial,
adscrito a la Secretaría de Educación de Tunja, cuyas acreencias se han
sufragado con recursos del Sistema General de Participaciones;
información que puede dispensar a partir de tal año, pues desde el mismo
la entidad territorial se encuentra certificada en educación.

66.16. La Gobernación de Boyacá, mediante oficio de Veintiséis (26) de abril de
Dos Mil Veintiuno (2021)55, informó al Tribunal de primera instancia, que,
al revisar los archivos de la institución, encontró copia de nóminas
anteriores al Treintaiuno (31) de diciembre de Dos Mil Dos (2002),
conforme a las cuales, evidenció que, las acreencias laborales que se
sufragaron al señor Vargas, provenían de la Nación.

2.6. Caso concreto.

2.6.1. Configuración de la cosa juzgada constitucional.

67. En el recurso de apelación, el demandado señaló que, en la sentencia del Seis
(6) de octubre de Dos Mil Seis (2006), proferida por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Magangué, se decidió el objeto de la litis, por lo cual, habría
operado el fenómeno de la cosa juzgada, en relación con lo pretendido por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP, a través del presente medio de
control.

55 Archivo “21_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_EDILBERTOVARGASRES(.PDF)”- Índice 00076- Tribunal

de origen- SAMAI.

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68. De acuerdo con el marco jurídico expuesto, en el presente asunto, la Sala no se
encuentra en el escenario de la cosa juzgada constitucional, pues, como se
indicó, dicha institución opera como prohibición ante la interposición de una
nueva acción de tutela, sobre la cual, concurrieran la identidad de partes, objeto
y causa, como la exclusión en sede de revisión o la decisión definitiva por parte
de la Corte Constitucional, circunstancias que, no se configuran en el presente
caso, comoquiera que, la entidad demandante pretende la declaratoria de
nulidad del acto en virtud del cual, se cumplió con lo ordenado por el juez de
tutela y en consecuencia, se disponga el reintegro en su favor, de los recursos
sufragados por concepto de la pensión gracia reconocida.

69. En dicho sentido, a partir de la sentencia del Seis (6) de octubre de Dos Mil Seis
(2006), proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué,
Bolívar, en el asunto con radicado No. 2006-194, mediante la cual, se ampararon
los derechos fundamentales del demandado y se ordenó el reconocimiento de
una pensión gracia, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, profirió la
Resolución No. RDP 037721 del Quince (15) de agosto de Dos Mil Trece (2013),
a efectos del reconocimiento de la prestación.

70. Así, el control de legalidad en el presente asunto, tiene por objeto determinar la
validez de la Resolución No. RDP 037721 del Quince (15) de agosto de Dos Mil
Trece (2013), conforme a lo pretendido por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP,
a lo cual, no le resulta oponible la institución de la cosa juzgada constitucional,
bajo lo dispuesto por el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Magangué, al
resolver la acción de tutela instaurada por el señor Edilberto Vargas, pues, las
competencias constitucionales y legales de la jurisdicción de lo contencioso

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administrativo, habilitan al juez, para analizar, como juez natural, un aspecto
diferente de aquel que estudió el juez de tutela, frente a la solicitud de amparo.

71. Con base en lo expuesto, carece de vocación de prosperidad el reparo del
apelante, en relación con la configuración de la cosa juzgada constitucional,
pues, lo pretendido en el presente medio de control, radica en el control de
legalidad de la Resolución No. RDP 037721 del Quince (15) de agosto de Dos
Mil Trece (2013), proferido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, a partir
de las atribuciones que revisten a la jurisdicción contencioso, en sede de la
competencia para juzgar la legalidad del acto administrativo en referencia.

2.6.2. Requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión gracia

72. Con el propósito de resolver el segundo problema planteado, le corresponde a
la Sala determinar, en primer lugar, si el señor Edilberto Vargas cumple los
requisitos establecidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91
de 1989, para el reconocimiento de la pensión gracia, esto es: (i) vinculación
territorial o nacionalizada anterior al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980); (ii) cincuenta (50) años de edad; (iii) veinte (20)
años de servicio docente territorial o nacionalizado; y (iv) buena conducta.

73. Vinculación a la docencia territorial o nacionalizada antes del Treinta y Uno
(31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980). Para determinar si el
demandado, cumple con el requisito consistente en haber acreditado una
vinculación como docente territorial o nacionalizado, con anterioridad al Treinta
y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), conforme a las

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circunstancias probadas, la Sala procede a examinar el material probatorio que
obra en el expediente.

74. Al respecto, de acuerdo con la Resolución No. 17423 de Veinte (20) de
noviembre de Mil Novecientos Setenta y Ocho (1978)56, proferida por el ministro
de Educación Nacional, el señor Edilberto Vargas fue nombrado como profesor
titular de tiempo completo, en el Colegio Cooperativo “El Sol” de Ráquira,
Boyacá.

75. Sobre la calidad de la vinculación a partir de la fecha en mención, se destaca
que, fue de carácter nacional, según consta en el certificado de servicios No.
0217 de Veinticuatro (24) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004), expedido por la
Sección de Recurso Humano y Físico de la Secretaría de Educación, Cultura y
Turismo de la Alcaldía Mayor de Tunja y en el Oficio No. TUN2020EE000348 de
Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Veinte (2020), expedido por la Secretaría
de Educación de la Alcaldía Mayor de Tunja.

76. La Sala encuentra, que, el demandado no cumple con el requisito de vinculación
a la docencia territorial o nacionalizada, antes del Treinta y Uno (31) de
diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), pues, de conformidad con los
medios de prueba expuestos en el párrafo anterior, emerge que, el acto de
vinculación- esto es, la Resolución No. 17423 de Veinte (20) de noviembre de
Mil Novecientos Setenta y Ocho (1978)- provino del Ministerio de Educación
Nacional y, por ello se trata de un docente nacional 57.

56 Folio 175- Archivo “15001233300020140023900-C2”- Índice 00075- Tribunal de origen- SAMAI.
57 Al respecto, se debe precisar, que, según lo dispone el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, se entiende por

personal nacional, aquellos docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

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77. Comoquiera que, los medios de prueba refieren de forma unánime que, la
vinculación del docente Edilberto Vargas fue de carácter nacional, se encuentra
que, el demandado no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia
reconocida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, a través de la
Resolución No. RDP 37721 del Quince (15) de agosto de Dos Mil Trece (2013),
pues, de conformidad con lo establecido en el precedente de unificación vigente,
el reconocimiento y pago de la pensión gracia, exige acreditar, la vinculación
nacionalizada o territorial, con anterioridad al Treinta y Uno (31) de diciembre de
Mil Novecientos Ochenta (1980), sin que resulte necesario el análisis de otros
requisitos, como lo es la prestación servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales, por un término no menor de veinte
(20) años

78. Visto lo anterior, le asiste razón al Tribunal Administrativo de Boyacá, al declarar
la nulidad del acto administrativo por medio del cual, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP, reconoció en favor del demandante una pensión gracia, por lo
cual, se confirmará la sentencia de primera instancia, sobre este aspecto.

2.7. Devolución de recursos percibidos de mala fe

79. En primera instancia, el Tribunal condenó al demandado, a reintegrar los
recursos pagados por la UGPP, bajo la pensión gracia que le reconoció, según
la Resolución No. RDP 37721 del Quince (15) de agosto de Dos Mil Trece
(2013), pues sostuvo que, a partir de lo establecido por la Corte Constitucional
en la sentencia T-218 de 2012, se configuró un fraude a partir de actuaciones de
mala fe, por parte de los docentes, que en su oportunidad promovieron la acción

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de tutela que derivó en el fallo del Once (11) de diciembre de Dos Mil Seis (2006),
proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué; pues, los
accionantes promovieron la solicitud de amparo ante un juez que carecía de
competencia y en un municipio distinto a su lugar de residencia y trabajo.

80. Conforme lo ha sostenido la presente Sala de Decisión, en asuntos de contornos
fácticos semejantes 58, el reembolso de sumas de dinero bajo el ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, exige que, la entidad
centre sus esfuerzos probatorios en acreditar, además de la ilegalidad de la
prestación pensional, la obtención del derecho con desconocimiento del
postulado de buena fe, el cual, se presume.

81. Así, a partir de los medios de prueba que, se allegaron al expediente de forma
oportuna, la Sala no encuentra que, el señor Edilberto Vargas, bajo el ejercicio
legítimo de la acción de tutela, hubiese actuado de mala fe respecto de la
demandada, en orden al reconocimiento de la pensión gracia.

82. Se debe precisar, que, contrario a lo expuesto por el Tribunal Administrativo de
Boyacá en primera instancia, para efectos que resulte desvirtuado el principio de
buena fe, no basta con acudir a referencias jurisprudenciales, como ocurrió con
la providencia proferida en sede de revisión, pues, controvertir dicho postulado,
exige cargas probatorias que permitan advertir con certeza que, el demandado
actuó al margen del ordenamiento jurídico para la obtención del derecho
pensional; circunstancia que se reitera, no está demostrada.

58 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de Veintidós (22) de junio de Dos Mil Veintiséis

(2026), expediente No. 15001-23-33-000-2014-00372-01 (5873-2022); sentencia de Veintitrés (23) de octubre
de Dos Mil Veinticinco (2025), expediente No. 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021).

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83. En tal sentido, contrario a lo establecido en primera instancia, la Sala no
encuentra medios probatorios con base en los cuales, se advierta que, la
prestación reconocida en favor del señor Vargas, se obtuvo a partir de
actuaciones fraudulentas y por ende constitutivas de mala fe, aspecto que, debía
demostrarlo la parte demandante y que no podía suplirse a partir de las
referencias jurisprudenciales citadas por el A quo.

84. Vistas así las cosas, se revocará el numeral segundo del apartado resolutivo de
la sentencia de primera instancia, pues, no se demostró que el reconocimiento
de la pensión gracia, estuviere antecedido del ejercicio de maniobras
fraudulentas por parte del señor Edilberto Vargas.

2.8. Condena en costas.

85. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses,
razón por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.

3. Conclusión.

La Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, pues, se
encuentra que, no se configuró la institución de la cosa juzgada, siendo procedente
el análisis de legalidad del acto administrativo, por medio del cual, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP, cumplió con lo ordenado por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Magangué en sede de tutela; se advierte que, el acto administrativo
demandado no se ajusta al ordenamiento jurídico, pues, el señor Edilberto Vargas

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no cumplió con el requisito de vinculación en plazas nacionalizadas o territoriales,
con anterioridad al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta
(1980) y que, resulta improcedente condenar al demandado a la devolución de los
recursos pagados por concepto de la mesada pensional, comoquiera que, no se
demostró que las mesadas se hubieren percibido de mala fe.

Finalmente, tampoco se evidencia del análisis de la conducta de la parte vencida,
razón alguna para condenarla en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Siete (7) de febrero de Dos Mil Veintitrés
(2023), proferida por la Sala de Decisión No. 4 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, salvo el ordinal segundo de la providencia apelada, que se revoca, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con Aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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