Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00340-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00340-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2014-00340-03
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2014-00340-03 (3555-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Sofía Cristina Jaramillo Cardona
Tema: pensión gracia. Subtema 1. Lesividad. Subtema 2. Docente nacional.
Subtema 3. Devolución de dineros.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la
sentencia proferida el 27 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP) solicita la nulidad de la resolución que le
reconoció la pensión gracia a Sofía Cristina Jaramillo Cardona, en cumplimiento de un
fallo de tutela proferido por el juez segundo Civil de Magangué, pese a que se trataba
de una docente nacional.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. La UGPP, por conducto de apoderado, presentó demanda1 en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la señora Sofía
Cristina Jaramillo Cardona, de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
de derecho que a continuación se señalan.
1 3 de junio de 2014.
Radicación: 15001-23-33-000-2014-00340-03 (3555-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Sofía Cristina Jaramillo Cardona
2.1.1. Pretensiones
2. La entidad demandante solicitó la nulidad de la Resolución RDP 039413 del 27
de agosto de 2013 que reconoció una pensión gracia a la accionada en cumplimiento
de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil de Magangué (Bolívar).
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la señora
Sofía Cristina Jaramillo Cardona a devolver todas las sumas de dinero pagadas por
concepto de las mesadas pensionales, desde el 29 de septiembre de 19992.
4. Igualmente, pidió que las sumas cuyo pago se ordene sean indexadas y que se
condene en costas a la parte demandada.
2.1.2. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. La señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona solicitó a CAJANAL el reconocimiento
de la pensión gracia, con fundamento en que laboró como docente con vinculación
nacional en la Secretaría de Educación de Boyacá desde el 17 de agosto de 1979
hasta el 29 de abril de 2002. Mediante la Resolución 18208 del 31 de agosto de 2000,
CAJANAL negó lo pedido porque la maestra no cumplió con el requisito de 20 años de
tiempos laborados en el orden departamental, municipal o distrital. Decisión que fue
confirmada por la Resolución 494 del 8 de febrero de 2001.
7. Inconforme con esta decisión, la docente interpuso una acción de tutela contra
CAJANAL, que fue decidida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué
(Bolívar). Este juzgado en sentencia del 6 de octubre de 2006 ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora Sofía Cristina Jaramillo
Cardona.
8. A través de la Resolución RDP 039413 del 27 de agosto de 2013, la UGPP
cumplió el fallo de tutela y procedió a reconocer la pensión gracia a la accionada, pese
a que no acreditó los requisitos legales.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
9. En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes:
De la Constitución Política, el artículo 128.
La Ley 114 de 1913.
La Ley 116 de 1928.
La Ley 37 de 1937.
La Ley 91 de 1989.
El Decreto 2277 de 1979.
10. Al explicar el concepto de violación la entidad accionante expuso los siguientes
argumentos:
2 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno principal, páginas
5 a 14.
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11. La señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona no cumplió con los requisitos de la
Ley 114 de 1913 para el reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que el tiempo
laborado a la Secretaría de Educación de Boyacá, entre el 17 de agosto de 1979 y el
29 de abril de 2002, fue de carácter nacional. Por consiguiente, el fallo de tutela dictado
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar), del 6 de octubre de
2006, que ordenó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandada como
docente nacional, desconoció el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el reconocimiento
pensional ordenado a través del acto demandado no es ajustado a la normativa
aplicable.
12. Reiteró que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia no es posible
completar o computar tiempos prestados a la Nación cuyo nombramiento provenga del
Ministerio de Educación Nacional, debido a la incompatibilidad con el tiempo laborado
a nivel territorial.
2.1.4. Contestación de la demanda
13. La señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona, a través de apoderado, se opuso a
las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:
14. Señaló que en el presente caso no hay lugar a reabrir el debate probatorio, toda
vez que el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué quedó en firme. Agregó que se configuró la figura de la cosa juzgada, toda
vez que la Resolución RDP 039413 del 27 de agosto de 2013 constituye un acto de
ejecución de una orden judicial, en consecuencia, no es objeto de control ante la
jurisdicción. Además, dicha decisión no fue impugnada.
15. En cuanto al fondo del asunto, indicó que la demandada debe ser considerada
como una docente nacionalizada comoquiera que se posesionó el 9 de febrero de
1972, para prestar sus servicios en el municipio de Fómeque, es decir, antes del 29 de
diciembre de 1989, fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989. En
consecuencia, la accionada sí tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia.
16. En todo caso, afirmó que según las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, la pensión
gracia se extendió a los docentes con tiempos nacionales, toda vez que si la instrucción
normalista y la inspectoría eran servicios nacionales, debe concluirse que el legislador
de 1928, quiso hacer partícipe de la pensión gracia a educadores que dependían de
la Nación.
17. Propuso las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda, cosa juzgada,
falta de jurisdicción y competencia, cobro de lo no debido y buena fe3.
2.2. Medida cautelar
18. El Tribunal Administrativo de Boyacá, en auto del 16 de mayo de 2016, decretó
la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 039413
del 27 de agosto de 2013, por la cual se reconoció la pensión gracia. Como fundamento
3 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno principal, páginas
59 a 169.
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de la decisión consideró que la demandada fue docente nombrada por el Ministerio de
Educación Nacional, mediante la Resolución 18489 del 15 de octubre de 1979, y la
pensión gracia no podía ser reconocida a favor de una maestra nacional, como lo
dispone el artículo 3 de la Ley 114 de 19134. Esta decisión fue confirmada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en auto del 12 de septiembre de
2019, con fundamento en que la demandada no cumple con el requisito de haber
prestado sus servicios durante 20 años en instituciones educativas territoriales 5.
2.3. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de sentencia de 27 de abril de
2021, declaró la nulidad de la Resolución 039413 del 27 de agosto de 2013, negó las
demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Como fundamento de la
decisión, expuso los siguientes razonamientos6.
20. La demandada prestó sus servicios como docente en el municipio de Fómeque,
entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 1972, y posteriormente, del 17 de agosto
de 1979 al 28 de abril de 2002, en el cargo de maestra de la Normal Nacional de
Señoritas de Tunja.
21. Por consiguiente, la accionada solo fue docente territorial en el año 1972, y dado
que en el año 1979 se vinculó al servicio oficial como docente nacional, en esta calidad
no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia. En consecuencia, el acto
demandado desconoció el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913.
22. Se negó el restablecimiento del derecho, relativo a ordenar la devolución de los
dineros percibidos, pues la parte actora no acreditó que la demandada incurrió en
actuaciones fraudulentas para obtener el reconocimiento de la pensión gracia.
23. No se condenó en costas a la parte vencida, teniendo en cuenta que las
pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente, en aplicación del artículo 365
del Código General del Proceso.
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. Parte demandante
24. La UGPP interpuso recurso de apelación parcial adhesivo al indicar que se debe
acceder al restablecimiento del derecho, toda vez que la demandada conocía que era
maestra nacional y acudió a la acción de tutela para obtener el reconocimiento
pensional, en lugar de demandar ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
lo cual evidencia que la docente actuó de mala fe. En consecuencia, la entidad indica
que se debe ordenar a la demandada devolver los dineros pagados por concepto de
las mesadas pensionales.
4 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de medidas
cautelares, páginas 248 a 262.
5 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de medidas
cautelares, páginas 397 a 402.
6 Samai, proceso en el Tribunal 15001233300020140034000, índice 89.
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25. Por otra parte, la entidad reprocha que el tribunal debió condenar en costas a la
parte vencida, en tanto, incurrió en gastos procesales para ejercer su derecho de
defensa7.
2.4.2. Parte demandada
26. La señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona, a través de apoderado, solicitó que
se revoque la sentencia de primera instancia, a partir de los siguientes razonamientos:
27. Los certificados laborales, expedidos por la Secretaría de Educación del
departamento de Boyacá, que presuntamente acreditan la vinculación nacional
contienen información falsa, en tanto, el Decreto 954 de 1996 del gobernador
departamental incorporó el personal docente del municipio de Tunja a la planta del
departamento. Además, agregó que dichos certificados no son pruebas claras que
demuestren la relación laboral nacional.
28. La demandante no hizo parte de la planta de personal del nivel central del
Ministerio de Educación Nacional. Así, reprochó que no existen pruebas suficientes
que demuestren que la señora Jaramillo Cardona prestó servicios como docente en
instituciones cuya administración haya sido asumida por la Nación, conforme a lo
establecido en la Ley 114 de 1913.
29. La apelante también sostiene que no se acreditó que los pagos de salarios y
prestaciones sociales, ni los descuentos por salud y pensión, provinieran del Ministerio
de Educación Nacional. Por el contrario, recalcó que las labores de la demandada eran
iguales a las de los docentes de la planta territorial, de modo que se configuraron los
elementos de la relación laboral con la entidad territorial.
30. En último lugar, solicitó que se tramite el incidente de tacha de falsedad
regulado en los artículos 269, 270 y 271 del Código General del Proceso, puesto que
se encuentra demostrado que «Sofía Cristina Jaramillo Cardona, no presenta vínculo
laboral con la Nación – Ministerio de Educación Nacional»8.
2.5. Trámite procesal
31. Mediante auto del 8 de junio de 2023, se admitió el recurso de apelación
presentado por el apoderado de la parte demandada. Por consiguiente, se prescindió
del traslado para alegar de conclusión, en aplicación del numeral 5° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 20219. En auto del 13 de marzo de 2025, se admitió el recurso de
apelación adhesiva interpuesto por la UGPP, se negó la solicitud de pruebas realizada
por la parte demandada y se dispuso que el proceso ingresara al despacho para dictar
sentencia10.
7 Samai, índice 93, idem.
8 Idem, índice 93.
9 Samai, índice 21.
10 Samai, índice 31.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
32. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
33. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y
teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con
el artículo 32811 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:
¿La prestación de servicios de la docente en la planta de personal municipal o
departamental, le otorga la calidad de territorial, y por ello, tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, puesto que se configuran los elementos de la
relación laboral con el departamento?
¿La incorporación de la docente a la planta de personal del municipio de Tunja, y a la
planta del departamento de Boyacá, le otorga a la docente la calidad de territorial?
¿La demandada debe ser condenada a devolver las sumas que le fueron pagadas por
concepto de la pensión gracia?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
La pensión gracia
34. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114
de 191312, para compensar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que
hubieran servido en el magisterio por al menos 20 años.
35. La Ley 116 de 192813 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción
Pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la
inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
11 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
12 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
13 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
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36. Posteriormente, la Ley 37 de 193314 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
37. Por su parte, la Ley 91 de 198915, artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
38. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199716,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
39. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21
de junio de 201817, señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es
de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la
pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
14 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
15 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,
Magistrado ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
40. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
41. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
• Edad
42. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere
haber cumplido 50 años de edad. En el caso concreto, la señora Sofía Cristina
Jaramillo Cardona nació el 30 de abril de 1937, como consta en la cédula de
ciudadanía18. En consecuencia, acreditó la edad de 50 años el 30 de abril de 1987.
• Tiempo de servicios
43. La Secretaría de Educación de Cundinamarca, mediante certificado del 9 de
abril de 2002, informó que la señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona fue docente
nombrada en propiedad en el Colegio La Presentación del municipio de Fómeque, a
través del Decreto 0368 del 9 de febrero de 1972 con fecha de retiro del 30 de
noviembre de 1972, para un total de 9 meses y 29 días19. Esta información se
corrobora con el Formato Único para Expedición de Certificado Historial Laboral de la
referida Secretaría de Educación del 29 de enero de 200920.
44. Consta en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 27 de abril de 2016, expedido por la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá, que la señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona prestó sus
servicios en la Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, nombrada mediante
la Resolución 18489 del 15 de octubre de 1979, con vinculación nacional, desde el 17
de agosto de 1979 hasta el 28 de abril de 2002, y demostró un tiempo de servicios de
22 años, 7 meses y 4 días21.
45. También obran en el proceso, la Resolución 18489 del 15 de octubre de 1979,
dictada por el Ministerio de Educación Nacional, por la cual nombró a la demandada
en el cargo de profesora de secundaria en la Normal Nacional, y el acta de posesión
en el empleo de profesora en la Normal Nacional de Señoritas del municipio de Tunja22.
18 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno del expediente
administrativo, página 9.
19 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno principal, página
170.
20 Idem, pág. 171.
21 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de pruebas,
páginas 14 a 15.
22 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de pruebas,
páginas 16 y 17.
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Demandante: UGPP
Demandado: Sofía Cristina Jaramillo Cardona
46. Además, fue aportado al proceso el certificado de devengados para liquidación
de prestaciones sociales, expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá, del 21
de marzo de 2002, en el cual se indicó que la demandada tenía una vinculación
nacional23.
• Suspensión del pago de la pensión
47. La UGPP a través de la Resolución RDP 020629 del 26 de mayo de 2016, en
cumplimiento del auto del 16 de mayo de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución RDP 039413 del
27 de agosto de 201324.
• Actuación administrativa y fallo de tutela que ordenó el reconocimiento de la
pensión gracia
48. La Caja Nacional de Previsión Social, a través de la Resolución 18208 de 2000
negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a la señora Sofía Cristina Jaramillo
Cardona con fundamento en que para el reconocimiento de la pensión gracia no es
admisible completar o computar tiempo de servicios prestados en virtud de
nombramientos efectuados por el Ministerio de Educación Nacional25.
49. Posteriormente, mediante la Resolución 00494 del 8 de febrero de 2000,
CAJANAL al resolver el recurso de apelación, negó nuevamente el reconocimiento
pensional, toda vez que las certificaciones de tiempos de servicios indicaban que los
cargos docentes desempeñados correspondieron a una designación del Gobierno
nacional26.
50. El Juzgado Segundo Civil de Magangué (Bolívar), en la sentencia del 6 de
octubre de 2006, tuteló el derecho fundamental al debido proceso y ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia a la demandada. Como sustento de la decisión
consideró que los docentes nacionales sí tienen derecho a dicha prestación, con
ocasión del derecho a la igualdad, y dado que la Ley 91 de 1989, en el literal a) del
artículo 15, prevé que la pensión gracia es compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aun en el evento de estar a cargo de la Nación, así27:
[…] este despacho puede afirmar que la pensión gracia es compatible con otra pensión
nacional y que, contrario a lo sostenido por la accionada, la Ley 114 de 1913 sí sufrió
modificaciones, como sin duda se desprende de la lectura atenta de la Ley 91 de 1989,
artículo 15, literal a), al preceptuar que la pensión gracia «será compatible con la
pensión ordinaria jubilación aún en el evento de estar a cargo total o parcial de la
23 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de medidas
cautelares, página 298.
24 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de medidas
cautelares, páginas 303 a 306.
25 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de la actuación
administrativa, páginas 18 a 24.
26 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de la actuación
administrativa, páginas 32 a 38.
27 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de la actuación
administrativa, páginas 64 a 100.
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nación» […] luego las argumentaciones sobre la incompatibilidad expuestas pierden
así su razón de ser.
[…]
En consecuencia, y en la aplicación del principio de igualdad consagrado en el artículo
13 superior, merecen un tratamiento igualitario los dos grupos de docentes (nacionales
y nacionalizados) y se entiende que ambos grupos deben recibir igual tratamiento si
cumplen con «la totalidad de los requisitos sin determinar ninguna diferenciación por el
tipo de vínculo, (nacional o nacionalizado)»28.
• Reconocimiento pensional
51. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, a través de la Resolución RDP 039413 del 27 de
agosto de 2013, reconoció la pensión gracia en cumplimiento del fallo de tutela
proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué29.
3.5. Caso concreto
52. En el asunto bajo estudio, la UGPP solicita la nulidad de la resolución que le
reconoció la pensión gracia a la señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona, como
fundamento de la demanda afirma que fue docente nacional.
53. El Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones de la demanda,
al considerar que la pensión gracia beneficia solamente a los docentes territoriales, sin
embargo, la demandada prestó sus servicios durante más de 20 años, con vinculación
nacional, de modo que no tiene derecho a la prestación. Negó al restablecimiento del
derecho pedido por la UGPP, en tanto, estimó que la entidad no desvirtuó la presunción
de buena fe de la docente.
54. Inconforme con esta decisión, las dos partes presentaron recurso de apelación.
La parte actora apela parcialmente solo en cuanto considera que se debe acceder al
restablecimiento del derecho para ordenar a la demandada que devuelva las mesadas
pensionales y que se condene en costas.
55. A su vez, la parte demandada recurrió la decisión para lo cual sostuvo que i) los
certificados de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá contienen
información falsa; ii) que debido a la incorporación del personal docente al
departamento, tenía la calidad de docente territorial; iii) no está acreditado que la
maestra prestó sus servicios a la Nación; iv) las labores de la demandada eran iguales
a las de los docentes de la planta territorial, de modo que se configuraron los elementos
de la relación laboral con el departamento; y v) insistió en que se tramite el incidente
de tacha de falsedad.
28 Esta Subsección en la providencia del 29 de noviembre de 2024 (radicado 25000-23-42-000-2014-01364-03
(2863-2022) señaló que el fallo de tutela dictado por el Juez Segundo Civil de Magangué fue dejado sin efectos por
el Tribunal Superior de Cartagena, en sentencia del 7 de octubre de 2015, confirmada por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 25 de enero de 2017.
29 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de la actuación
administrativa, páginas 129 a 135.
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56. Ahora bien, con el objeto de resolver los recursos de apelación se destaca que
en el proceso se acreditó que la señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona cumplió 50
años el 30 de abril de 198730; laboró como docente nacional por el tiempo de servicios
de 22 años, 7 meses y 4 días, conforme lo certificó la Secretaría de Educación de
Boyacá31; y la UGPP le reconoció una pensión gracia en cumplimiento del fallo de tutela
dictado por el Juzgado Segundo Civil de Magangué32.
57. Aclarado lo anterior, la Sala precisa que la Secretaría de Educación de Boyacá
certificó que la demandada fue docente con vinculación nacional desde el 17 de agosto
de 1979 hasta el 28 de abril de 2002. Información que se corrobora con el acto
administrativo de nombramiento contenido en la Resolución 18489 del 15 de octubre
de 1979 del Ministerio de Educación Nacional, el acta de posesión en el empleo de
profesora en la Normal Nacional de Señoritas del municipio de Tunja33, y el certificado
de devengados para la liquidación de prestaciones sociales34.
58. Pese a lo anterior, la recurrente manifestó que las certificaciones en cita son
falsas. Sobre el particular, se observa que el apoderado de la demandada, en primera
instancia, propuso el incidente de tacha de falsedad; no obstante, en audiencia de
pruebas del 28 de febrero de 2020, el Tribunal no dio trámite a la petición de tacha de
documentos por extemporánea, así mismo se declaró improcedente el recurso de
apelación frente a la referida decisión35.
59. Posteriormente, la accionada interpuso un incidente de nulidad el 12 de marzo
de 2020, por la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, toda vez que se
rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de rechazar de plano el
incidente de tacha de falsedad36. Sin embargo, en auto del 27 de enero de 2021, el
Tribunal Administrativo de Boyacá rechazó de plano la solicitud de nulidad interpuesta
por la parte demandada, en el cual consideró que37:
«No debe perderse de vista que la parte demandada, ante la decisión adoptada por
este despacho en audiencia el 28 de febrero de 2020, de declarar improcedente el
recurso de apelación interpuesto contra la decisión de rechazar de plano el incidente
de tacha de falsedad, siempre contó con la posibilidad de interponer el recurso de
queja. Es decir, tenía a su mano otros mecanismos para sanear lo que consideraba
una actuación irregular. Así, al no acudir a los mecanismos procesales de impugnación
correspondientes y en la oportunidad prevista, no resulta acertado acudir ahora al
incidente de nulidad para revivir términos y oportunidades que ya precluyeron».
30 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno del expediente
administrativo, página 9.
31 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de pruebas,
páginas 14 a 15.
32 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de la actuación
administrativa, páginas 64 a 100.
33 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de pruebas,
páginas 16 y 17.
34 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de medidas
cautelares, página 298.
35 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno principal, páginas
331 a 337.
36 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno principal, páginas
456 a 458.
37 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno principal, páginas
479 a 484.
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60. El referido auto del 27 de enero de 2021 quedó en firme, y pese a ello, la parte
demandada insiste en que las certificaciones contienen información falsa. Sobre el
particular, cabe destacar que el artículo 269 del Código General del Proceso prevé que
«la parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito
por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a
ésta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como
prueba», supuestos que no concurren en el presente caso. Además, al proceso no se
aportaron otros elementos probatorios que permitan desvirtuar lo certificado por la
Secretaría de Educación y el contenido del acto de nombramiento dictado por el
Ministerio de Educación Nacional.
61. Ahora bien, la Sala considera que el hecho de la incorporación de la planta
docente al departamento de Boyacá no varió la vinculación nacional de la maestra. En
este punto, es importante precisar que la vinculación con carácter nacional no se
modificó como resultado de la incorporación de los maestros nacionales a las plantas
territoriales. Además, el proceso de descentralización de la educación oficial, ordenado
por la Ley 60 de 1993 no mutó la naturaleza de los nombramientos que se habían
efectuado con anterioridad a dicha ley.
62. Sobre este último particular, esta Subsección de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en sentencia de 6 de marzo de 2024, dentro del proceso identificado con el
radicado 15001-23-33-000-2018-00698-01 (1133-2021), precisó que:
Ahora bien, el recurrente alegó que con la descentralización de la educación dejó de
ser un maestro nacional y con ello pasó a conformar parte de la planta de personal del
departamento de Boyacá y el municipio de Duitama; al respecto, debe decirse que la
descentralización de la educación no conllevó a que las distintas clases de maestros
hubiesen desaparecido y que, en consecuencia, todos hayan adquirido el carácter de
territoriales.
En ese sentido, esta Subsección ha reiterado en sendas oportunidades que los
docentes con nombramiento nacional que hayan sido incorporados a las plantas
territoriales en virtud del proceso de descentralización de la educación continúan con
el carácter de nacionales, en la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de 1989
estableció que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional son
personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación38.
63. De acuerdo con lo expuesto, está decantado por esta corporación que el proceso
de descentralización de la educación oficial no trajo consigo la desaparición de las
distintas categorías de docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y mucho
menos que los nombramientos efectuados por el Gobierno nacional se vieran afectados
por tal proceso, dado que el acto de nominación es uno solo y no varía en razón de las
particularidades de un proceso que tuvo por finalidad reorganizar la administración del
servicio de educación oficial.
38 Sobre este mismo particular, pueden verse también las Sentencias del 25 de agosto en el expediente 76001-23-
33-000-2015-01378-01 (2785-2018); y del 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01
(2401-2022), citadas en la sentencia del 23 de febrero de 2023 con radicado 41001-23-33-000-2019-00236-01
(1249-2022).
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64. Por otra parte, en criterio de la parte demandada se configuraron los elementos
de la relación laboral con el departamento, de modo que no habría sido una docente
nacional, sino territorial, lo que incidiría en el derecho pensional objeto del litigio. Sobre
el particular, debe señalarse que la Secretaría de Educación certificó que la vinculación
de la docente fue nacional, y este hecho no fue debidamente desvirtuado por la parte
demandada.
65. Adicionalmente, la dependencia del cargo docente a la Secretaría de Educación
tiene su razón de ser en la descentralización de la educación ordenada por la Ley 60 de
199339. En efecto, los artículos 2° y 3° de la Ley 60 de 1993 indican que corresponde a
los municipios y departamentos administrar los recursos cedidos por la nación y planificar
las competencias para el sector educación.
66. En este orden de ideas, la prestación personal del servicio al departamento no le
dio a la demandada la calidad de docente territorial, aunque alegue que existen los
elementos de la relación laboral, toda vez que la naturaleza especial de la pensión gracia
exige que el docente tenga unas calidades definidas por la Ley 91 de 1989, que en el
artículo primero indica que para sus efectos es personal territorial «los docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial». En consecuencia, para adquirir el
derecho a la pensión gracia se requiere que el maestro haya sido designado por una
autoridad territorial en una plaza de la misma naturaleza, lo cual no fue acreditado en
este proceso.
67. Ahora bien, la recurrente alega que los docentes nacionales desarrollan la misma
labor de los maestros territoriales. Para la Sala, la vulneración del derecho a la igualdad
no se configura, toda vez que justamente el propósito del legislador al regular la pensión
gracia fue compensar la desigualdad salarial de los docentes vinculados a los municipios
y departamentos, respecto de aquellos que sí dependían de la Nación, cuyos sueldos
eran más altos.
68. En este sentido, se resalta que la pensión gracia es especial y la normativa que
la regula, a saber, las leyes 114 de 1913, 37 de 1933 y 91 de 1989 exigen la prestación
del servicio en la calidad de docente nacionalizado o territorial. En efecto, en la
sentencia de unificación del 11 de agosto de 202240, la Sección Segunda de esta
corporación resaltó como características de la pensión gracia que:
i) Constituye un privilegio gratuito porque la Nación hace el pago, pese a que el
docente no le prestó sus servicios.
ii) Su propósito fue compensar los bajos niveles salariales de los profesores de
primaria de los entes territoriales.
iii) Está sujeta a un régimen especial porque no se requiere afiliación del
beneficiario.
39 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 11 de agosto de 2022, proceso con radicado 23001-23-33-
000-2014-00444-01 (1655-2017).
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iv) Regula una situación transitoria en la medida que su propósito fue colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales.
69. En lo que concierne al derecho a la igualdad de los docentes nacionales respecto
de los territoriales y nacionalizados, se debe advertir que el artículo 13 de la Carta Política
proscribe un trato diferente a personas en situaciones semejantes que sea arbitrario e
injustificado. De tal suerte, que para la procedencia del estudio de vulneración del
derecho a la igualdad se debe estar frente a sujetos en condiciones similares. Pero este
presupuesto no se configura si se pretende hacer el paralelo entre los maestros
nacionales y territoriales, en la medida que justamente la vinculación diferente y el tipo
de plaza fue la que originó la desigualdad salarial que el legislador quiso compensar
mediante la pensión gracia.
70. La justificación del trato diferenciado está ampliamente explicada en la sentencia
de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, que en el fallo del 29 de agosto de
199741, explicó que no son beneficiarios de la pensión gracia los docentes nacionales,
pues las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 cobijan a los docentes
departamentales o regionales y municipales.
• De la devolución de los dineros pagados por concepto de las mesadas
pensionales
71. En la decisión recurrida, el Tribunal negó la pretensión sobre la devolución a favor
de la UGPP de todas las sumas pagadas por el reconocimiento de la pensión gracia.
72. Ahora bien, la jurisprudencia ha considerado que la declaratoria de nulidad
conlleva una consecuencia restitutoria, por la cual, las partes tienen derecho «para ser
restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato
nulo», como lo señala el artículo 1746 del Código Civil, por ello, el acto ilegal es retirado
del ordenamiento jurídico y las situaciones particulares deberían retrotraerse42.
73. Sin embargo, debe hacerse una interpretación armónica para el presente caso
junto con el artículo 164 numeral 1º literal c) del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el cual prevé que cuando la
demanda «se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas […] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe».
74. Al respecto, la Corte Constitucional consideró que la facultad de la
administración de demandar en cualquier tiempo los actos administrativos que
reconocen prestaciones periódicas, no vulnera los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,
Magistrado Ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia
del 5 de mayo de 2020, proceso con radicado 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el mismo sentido, ver
fallo del 13 de agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, proceso con radicado 66001-33-33-001-2012-
00141-01 (AG) REV.
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administrados43. En efecto, la Corte explicó que «la administración no recuperará las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe»44.
75. El artículo 83 de la Carta Política prevé la presunción de buena fe, relacionada
con una conducta leal y honesta, caracterizada por la «confianza, rectitud, decoro y
credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas
actuaciones de las autoridades, la cual se presume»45 , así46:
Respecto del principio de buena fe, éste ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquel que “exige a los particulares y a las autoridades públicas
ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las
actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”47. En este
contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la ‘confianza, seguridad y credibilidad que otorga
la palabra dada.’48”49
76. En el caso concreto y a la luz del mandato constitucional se presume la buena
fe de la señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona, presunción que no fue desvirtuada
por la UGPP. Esto bajo el entendido que la entidad tiene la carga de la prueba de
demostrar los hechos con ocasión de los cuales presuntamente se acreditaría que su
conducta ante la administración pública fue contraria a los postulados de la buena fe.
Máxime cuanto esta Subsección se ha pronunciado en casos de similares condiciones,
así:
Ahora bien, se advierte que mediante sentencia del 7 de octubre de 2015, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena condenó a Arnedys José Payares Pérez
como autor responsable del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo
sucesivo y heterogéneo sucesivo con prevaricato por omisión, por proferir como juez
segundo civil del circuito de Magangué los fallos de tutela del 6 de octubre y 11 de
diciembre de 2006, con los cuales se ordenó a CAJANAL el reconocimiento y pago de
pensiones gracia a favor de docentes del orden nacional, entre estos a la demandada,
en contravía de la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia. Decisión que fue
confirmada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en sentencia del
25 de enero de 2017.
De lo expuesto, es dable inferir que las decisiones condenatorias en materia penal
están dirigidas al juez que participó en las irregularidades procesales en el fallo de
tutela, y fue en contra de tal servidor que se dirigió el reproche y todas las actuaciones
tendientes a demostrar su actuar doloso. Al respecto, esta Sala no desconoce que
quien finalmente se benefició de la errónea decisión judicial fue, entre otros, la aquí
demandada, quien fue incluida en nómina pese a que la calidad del empleo que la haría
beneficiaria de la prestación era de docente nacional.
No obstante, estas razones no le permiten a la Sala concluir que el actuar de Teresa
de Jesús Dajome de Segura no se rigiera por el principio de la buena fe, situación que
no autoriza la devolución de las sumas que le fueron pagadas por concepto del
reconocimiento pensional, pues le correspondía a la UGPP demostrar tal actuar, sin
43 Corte Constitucional, sentencia C-1049 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
44 Ídem.
45 Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
46 Corte Constitucional, sentencia C-504 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
47 Ver Sentencia T-475 de 1992.
48 Ibídem.
49 Ver sentencia C-1194 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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que ello pueda inferirse de la conducta endilgada a la autoridad judicial que ordenó el
reconocimiento pensional.
[…]
Un entendimiento diferente implicaría desconocer el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, pues su ejercicio no comporta en sí mismo una actuación
deshonesta que deba ser sancionada. Aunado a ello, de lo aportado al proceso y la
conducta desplegada por la demandada en el trámite en sede administrativa y judicial no
se evidencia un actuar fraudulento, pues se insiste en que el proceso penal se adelantó
en contra de la autoridad judicial que ordenó el reconocimiento de la pensión y no se
comprobó que para acceder a ello Teresa de Jesús Dajome de Segura hubiese aportado
documentación falsa que indujera en error al juez de tutela o actuado en complicidad con
este para obtener el beneficio prestacional50.
77. Por último, la entidad alega que el tribunal debió condenar en costas a la parte
demandada en el fallo de primera instancia. Sobre el particular, esta Subsección ha
acogido de forma mayoritaria (con aclaración de voto de la ponente), el criterio subjetivo
que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en costas se debe
verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, de la
revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las actuaciones procesales, la Sala
no advierte que la parte demandada hubiese obrado de mala fe o con temeridad, en tanto
no se observa conducta alguna o circunstancia irregular que afectara el trámite procesal.
78. En este orden de ideas, se confirmará la sentencia recurrida que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la parte
accionada.
3.6. Conclusión de la decisión
79. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, y acorde con la valoración de
los hechos probados en el proceso, según los principios de la sana crítica, se concluye
que la docente demandada tenía una vinculación nacional que la excluye del
reconocimiento de la pensión gracia. Por otra parte, se establece que la UGPP no
desvirtuó la presunción de buena fe de la accionada, por tanto, no hay lugar a ordenar
la devolución de las mesadas pagadas con ocasión del reconocimiento pensional.
4. Costas
80. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 51 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 21 de
septiembre de 2023, proceso con radicado 52001-23-33-000-2014-00179-01 (0108-2021).
51 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
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Demandado: Sofía Cristina Jaramillo Cardona
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que las partes hayan incurrido en las
anteriores conductas.
81. Por consiguiente, no se impondrá condena en costas, como en el mismo sentido
lo ha dispuesto la Sala en casos similares52.
82. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida el 27 de abril de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. – Sin condena en costas en la segunda instancia.
TERCERO. – En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de septiembre de 2023, proceso con
radicado 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del 11 de
agosto de 2023, proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-04835-01 (2884-2020), M.P. César Palomino Cortés.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00340-03 (3555-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Sofía Cristina Jaramillo Cardona
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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