Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00395-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00395-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2014-00395-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
3 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO -ADMI NISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2 022)
Radicado: 15001 2333 000 2014 00395 01 (2352-2018)
Accionante : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSI ONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP
Demandado: GLORIA ISABEL ÁLVAREZ AYALA
Tema: Incompatibilidad pensional
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA. LEY 1437 DE 2011.
ASUNTO
Conoce la Sala de Subsección del recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 24 de enero de
2018 proferida por el Tribunal Administra tivo de Boyacá que negó
las pretensiones de la demanda .
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA
La Unidad Administrativa Especia l de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
actuando por conducto de apoderado judicial, en eje rcicio del medio
de control de nulid ad y restablecimie nto del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA, (en la modalidad de lesividad) demandó a
la señora GLORIA ISABEL ÁLVAREZ AYALA , en procura de obtener
el reconocimiento y pago de las siguientes declaraciones y
condenas:
Radicado: 15001 2333 000 2014 00395 01 (2352- 2018)
Demandante: UGPP
1.1. Pretensiones 1
La nulidad de la Resolución No. 12417 del 1 de diciembre de 1994
proferida por la Caja Nacional de Previsión Nacional - CAJANAL a
través de la cual se le reconoció una pensión de jubilación a la
señora GLORIA ISABEL ÁLVAREZ AYALA , a partir del 18 de enero
de 1994.
A título de restablecimiento del derecho solicitó declarar que a la
antes nombrada no le asiste derecho al reconocimiento de la
pensión y, por ende, debe reintegrar la totalidad de las sumas
canceladas en virtud de l acto administrativo demandado.
Por último, pidió que se condene en costas a la parte demandada .
1.2. Fundamentos fácticos 2
La UGPP fundamentó sus preten siones en los siguientes hechos :
(i). La señora G loria Isabel Álvarez A yala nació el 31 de agosto de
1935 y prestó los siguientes tiempos de servicio:
Desde el 27 de noviembre de 1963 hasta el 20 de febrero de 1995
en la Secretaría de Salud de Boyacá; de l 20 de agosto de 1964 a l
18 de agosto de 1993 como Representante en la Cámara de
Representantes; desde el 1 de abril de 1976 hasta el 31 de
diciembre de 1993 en la Caja Nacional de Previsión Social y del 12
de abril de 197 3 al 30 de enero de 1994 en el Instituto de Seguros
Sociales, fecha de retiro del servicio. El último cargo desempeñado
fue como odontóloga de atención básica de l CAN de Tunja.
(ii) Mediante Resolución No. 12417 del 1 de diciembre de 1994 la
extinta CAJANAL le reconoció una pensión de jubilación a la
demandante, en cuantía de $171.935 efectiva a partir del 1 8 de
1 Folio 93 del expediente.
2 Folios 3 a 11
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Demandante: UGPP
enero de 1994. Y a través de la Resolución No 0453 del 7 de marzo
de 1995 el ISS le reconoció una pensión mens ual de jubilación a
favor de aquella en cuantía del $461.145 efectiva desde el 30 de
enero de 1994.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
La UGPP invocó como disposiciones vulneradas las sig uientes:
De orden consti tucional: el artículo 128.
De orden legal: artículo s 19 de la Ley 4 de 1992, 49 del Decreto
758 de 1990 y la Ley 100 de 1993.
Al desarrollar el concepto de violación adujo que el acto
administrativo demandado es ilegal por infracción de las normas en
que debería fundarse , pues si bien es cierto que la demandante
acreditó los requisitos legales en las dos entidades , como el
Instituto de Seguros Soc iales y la Caja de Previsión Nacional -
CAJANAL para ser beneficiaria de la prestación económica, también
lo es que no podía percibir dos erogaciones del erario.
2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA
La señora GLORIA ISABEL ÁLV AREZ AYALA 3 a través de
apoderado se opuso a las pretensio nes del medio de control pues
manifestó que la Resolución No. RDP 12417 del 1 de diciembre de
1994, se expidió conforme a derecho.
De acuerdo con lo anterior resaltó que laboró por más de 20 años
en el ISS desempeñándose como odontóloga con dedicación parcial
de 4 horas diarias desde el 12 de septiembre de 1973 al 29 de enero
de 1994, y como quiera q ue la ley permite al personal asistencial
que presta servicio s de salud desempeñarse en más de un empleo
en entidades de derecho público, es por ello, que los tiempos
3 Folios 139 a 149 del expediente.
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cotizados a CAJANAL y al ISS, son diferentes y no acumulativos.
En esa medida, los tiempos cotizados al ISS no formaron parte de
los que tuvo en consideración CAJA NAL al momento de expedir la
resolución en mención.
3. AUDIENCIA INI CI AL
El 8 de octubre d e 2016 , el Tribun al Administrativo de Boyacá
celebró audiencia inicial 4 en la que (i) declaró saneado el proceso ,
(ii) evidenció que no hay excepciones previas pendientes por
decidir y (iii) fijó el litigio en los siguientes términos:
«[ …] se encuent r a af ect ado de nulid ad el act o adm inis t r at ivo
cont enido en l a Res oluci ón No 1241 7 del 11 ( sic) de dic ie m br e de
1994 m ediant e el c ual la Caj a Nacio n al de Pr evis ión C A JANAL
r econoció y or den ó e l pago d e una pe nsió n de j ubil ación a la s eñor a
G lor ia I sabel Álv ar ez Ayala , en la m edid a en que el I SS a t r avés de
las Resoluc iones N i 453 de 1994 y 7717 de 1996 le r econoció
pensión de vej ez, in cur r iéndose en la pr ohib ición cont en ida en el
ar t í culo 128 Const i t ucional de no per cibir dos er ogaci on es del
t esor o público?
Son com pat ibles la s pensiones r econocidas por el I nst it ut o de
Segur os Socia les y la Caj a nacional de Pr evisión Soci al a la
dem andada G lor ia Isabel Álvar ez Ayala , a la luz de la Ley 4 de
1992, Ley 262 de 1996 o alguna ot r a .
La pr ohib ición co nt enida en e l ar t í culo 1 28 de la Car t a Sup e r ior es
absolut a o per m it e la aplicac ión de exce pciones . »
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 24 de enero de 2018 , el Tribunal Administrativo de Boyacá 5 negó
las pretensiones del medio de control y condenó en costas a la
entidad demandante.
Como suste nto de la decisión, realizó una distinción entre los
4 Folios 174 a 180 del expediente.
5 Folios 232 a 242 del expediente
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cargos ejercidos p or la señora Gloria Isabel Álvarez de manera
simultánea , y llamó la atención sobre la incompatibilidad que existía
para que esta percibiera d oble asignación del tesoro público en la
época en que fungió como Representante a la Cámara, teniendo en
cuenta lo consagrado en la Ley 11 de 1973 y posteriormente en la
Constitución Política en 1991 .
En este sentido, evidenció que la señora Gloria Isabel Álvarez Ayala
no tenía autorización legal y constitucional para el desempeño
simultáne o de los cargos de Re presentante a la Cámara y
odontólogo del Instituto de Seguros Sociales.
Por otra parte , re specto del cargo de odontóloga ejercido en el
Instituto de Seguros Sociales y en la Caja Nacional d e Previsión
Social – Seccional B oyacá, hizo referencia a la excepción traída
por el literal B del artículo 1 del Decreto 1713 del 18 de julio 1960 6
el cual se refiere a que serán compatibles las asignaciones que
provengan de servicios prestados por profesionales con título
universitario , hasta por dos cargos públicos siempre que el horario
normal permit a el ejercicio regular de tales cargos . Posteriormente
fue expedida la Ley 269 de 1967 7 en la cual se mantuvo dicha
excepción , al permitir que el personal asistencial q ue presta
directamente servicio de salud tuviera la posibilidad desempeñar
más de un empleo público.
Destacó que la demandada t enía la autorización legal para el
desempeño de dos cargos públicos y la percepción de dos
asignaciones provenientes del tesoro público , como quiera que
ejercía la profesión de odontóloga, lo que le permitía la posibilidad
de disfrutar de los beneficios que se generan como consecuencia
de dicha potestad .
6 Regula las excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo 64 de
la Constitución de 1886.
7 Por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política, en
relación con quienes prestan servicios de salus en las entidades de derecho
público.
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Finalmente, condenó en costas a la entidad demandante.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN
La UGPP 8 pidió que se revocara la sentencia de primera instancia
para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, como
quiera que de las pruebas obrantes en el proceso se colige que el
reconocimiento efectuado a favor de la demandada resulta
violatorio de la Constitución y de la normativa que regula la materia,
ello teniendo en cuenta que la accionada goza de otra pensión de
jubilación reconocida por el ISS, situación que va en contravía del
artículo 128 de la Constitución Política.
6. ALEGATOS DE SEGUNDA I NSTANCIA
6.1. La parte demandante 9 ratificó las razones que fundamentaron
el recurso de apelación.
6.2. La parte demandada guardó silen cio de acuerdo con el informe
secretaria obrante a folio 285
7. CONCEPTO DE L MINISTERIO PÚBLICO : El representante del
Ministerio Público ante esta Corporación se abstuvo de presentar
concepto como consta en e l informe secretarial en folio 288 del
expediente.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto y según lo dispuesto en el artículo 328 del Código
8 Folios 245 a 250 del expediente.
9 Folio 270 a 272del expediente.
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General d el Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.
2. Problema jurídico
De acuerdo con lo expuesto en el numeral anterior , le corresponde
a la Sala determinar (i) ¿sí la señora Gloria Isabel Á lvarez tiene
derecho a percibir la pensión de vejez reconocida por la extinta
Cajanal (hoy UGPP), a pesar de que ya es beneficiaria de una
pensión de jubilación reconocida por el Instituto de Seguros
Sociales? (ii) De ser resuelto negativamente el interrogante
anterior, se responderá si ¿hay lugar a ordenar la devolución de los
dineros pe rcibidos por la demandada?
Para resolver el asunto , la Sala de subsección desarrolla rá el
siguiente orden metodológico: (i) marco normativo y jurisprudencial
sobre la prohibición de percibir doble asignación del tesoro público,
y (ii) análisis del caso concreto.
(i) Sobre la prohi bición de percibir doble asignación del tesoro
público y sus excepciones.
Desde la Constitución Nacional de 1886 existe la prohibición de
recibir dos sueldos del tesoro público, salvo las excepciones o
casos especiales regulados por la Ley 10. El cual se reglamentó a
10«Artículo 64.- Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que
para casos especiales determinen las leyes.»
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través del artícu lo 1.° del Decreto 171 3 de 1960 11, el 77 de l Decreto
1848 de 1969 12 o el 32 del Decreto 1042 de 1978 13.
El Decreto 1713 de 1960 en su artículo 3 frente a los m édicos
dispuso:
«[ …] Los m édicos gr aduados que desem peñen car gos públicos
r elacion ados con su pr of esión, y que t engan com o r esidencia
per m anent e un M unicip io, en donde no ej er zan esa m ism a
pr of esión ot r os f acult at ivos, no est ar án suj et os a las lim it ac ion es
est ablecid as por el ar t í culo 64 de la Const it ución Nac iona l. [ …] »
Por su parte el artículo 128 de la Constitución Política dispone lo
siguiente:
11 « A r t í c u l o 1º.- Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público o de empresas o instituciones en que tenga parte p rincipal el Estado, salvo
las excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;
b) Las que provengan de servicios pre stados por profesionales con título
universitario, hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita
el ejercicio regular de tales cargos.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos,
siempre que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que disfruten por el cargo,
no exceda de mil doscientos pesos ($1.200.oo) mensuales.
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las
Fuerzas Armadas.
Parágrafo- Para los efectos p revistos en los ordinales a) y b) del presente Decreto,
se entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas.»
12
«Artículo 77.- El disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con la
percepción de toda asignación proveniente de en tidades de derecho público,
establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta,
cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la contraprestación
del servicio, salvo lo que para casos especiales establecen las ley es y en particular
el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de 1963.»
13 « A r t í c u l o 3 2 . - D e l a p r o h i b i c i ó n d e r e c i b i r m á s d e u n a a s i g n a c i ó n . D e c o n f o r m i d a d
con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir
más de una asignació n que provenga del tesoro, o de empresas o instituciones en
que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de
honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones
que a continuación se determinan:
a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de
tiempo completo.
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal de trabajo permita el
ejercicio regular de tales cargos y que el valor conjunto de lo percibido en uno y otro
no exceda la remuneración total de los ministr os del despacho.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del ejercicio de los cargos de
ministro del despacho, jefe de departamento administrativo, viceministro, subjefe de
departamento administrativo, superintendente, secretario general de ministe rio,
departamento administrativo o superintendencia, director general de establecimiento
público o de empresa industrial o comercial del Estado, secretario general de
establecimiento público, miembro de misiones diplomáticas no comprendidas en la
respectiva carrera y secretario privado de los despachos de los funcionarios de que
trata este ordinal, siempre que el valor conjunto de la pensión y del sueldo percibido
e n e l c a r g o n o e x c e d a l a r e m u n e r a c i ó n f i j a d a p o r l a l e y p a r a l o s m i n i s t r o s d el
despacho.»
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Demandante: UGPP
«Nadi e podr á desem peñar sim ult áneam ent e m ás de un em pleo ni
r ecibir m ás de una a signac ión que pr ove nga del t esor o púb li co, o
de em pr esas o de in st it uciones en las qu e t enga par t e m ayor it ar ia
el Est ado, salvo los casos expr esam ent e det er m inados por la ley.
Ent iéndese por t eso r o públic o el de la N ación, el de l as ent i dades
t er r it or iales y el de l as descent r alizadas. [ …] ».
De conformidad con el anterior precepto normativo, nadie podrá
devengar dos o más asignaciones provenientes del tesoro público
que tengan como origen el ejercicio d e empleos o cargos públicos
de tal manera que son dos las prohibiciones: a) laborar
simultáneamente en dos empleos públicos y b) percibir más de una
asignación del erario.
Frente al término asignación la Corte Constitucional en s entencia
C-133 del 1.° de abril de 1993, definió el alcance de dicha expresión
como:
«[ …] El t ér m ino " asignaci ón" co m pr ende t oda cla se de
r em uner ación que em ane del t esor o públ ico, llám ese s ueldo,
honor ar io, m esada pensiona l , et c. Siendo así , bien podí a el
legis lador or di nar io est ablecer dich a inc om pat ibil idad d ent r o de la
cit ada Ley 4a. de 1992, sin cont r ar iar m andat o const it uciona l
alguno. Aún en el r em ot o caso de que se hubier e conclu id o ( sic)
que el r égim en de inhabi lid ad es e in com pat ibil idad es par a los
f uncionar ios púb lic os debí a ser r egulado por m edio de ley
or dinar ia, el ar t í culo 19, obj et o de acusación, t am poco ser í a
inconst it uc iona l, por cuant o el legisla dor est aba perf ect am ent e
f acult ado par a hacer lo. [ …] » ( Resalt a la Subsecció n) .
En ese mismo sentido, se pronunció recientemente esta Sección 14
al señalar: «[…] Como se indicó anteriormente, la Constitución
Política establece la prohibición de recibir más de una asignación
proveniente de varios empleos públicos y de otras remuneraciones
o asignaciones que tengan la misma fuente, situación que configura
la incompatibilidad de salarios y pensiones, reconocida
pacíficamente en el ordenamiento jurídico. […]»
La Sección Segunda de esta Corporación ha determi nado: que esta
prohibición ha de entenderse no sólo la percepción de más de una
14 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de mayo de
2018. Radicación número: 08001-23-33-000-2014-00016-01(0727-16).
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Demandante: UGPP
asignación proveniente de varios empleos públicos, sino la de otras
remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, tales
como las pensiones 15.
(ii) Compati bilida d de asignacione s salariales del personal de
la salud.
El artículo 128 Constitucional fue desarrollado por el art ículo 19 de
la Ley 4ª de 1992 16, así:
«[ …] Art í culo 19. Nadie podr á desem peñar sim ult áneam ent e m ás
de un em pleo púb l ico, ni r ecib ir m ás de una asignac ió n que
pr ovenga del t esor o público, o de em presas o de inst it uciones en
las que t enga par t e m ayor it ar ia el Est ado.
Except úense las si g uient es asign acion e s:
[ …]
e) Los honor ar ios per cibidos por concept o de ser vicios
pr of esionales de sa l ud ;
[ …] » ( Subr ayas f uer a de t ext o).
La Sección Segunda del Consejo de Estado entendió que la norma
Superior de la referencia no incluía la posibilidad de desempeñar
más de un cargo público, sino que solamente se extendía a la
posibilidad de devengar «honorarios» 17, sin embargo, más adelante,
la Ley 269 de 1996 18 reguló parcialmente el artículo 128 de la
Constitución Política, y en lo atinente a quienes prestan servicio s
de salud en las entidades de derecho público, la jurisprudencia 19
15 S e n t e n c i a proferida el 20 de junio de 2019 por la Sección Segunda del Consejo de
Estado. Rad. 2014-00364.
16 « P o r l a c u a l s e s e ñ a l a n l a s n o r m a s , o b j e t i v o s y c r i t e r i o s q u e d e b e o b s e r v a r e l
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se
dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150,
numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. »
17 A s í s e s o s t u v o e n l a s e n t e n c i a d e l 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 5 , r a d i c a c i ó n 7 2 3 9 ,
demandante: José Eduardo Narváez Viteri y Grety Patricia López Alban, dentro del
cual se declaró la nulidad del Decreto 1172 del 13 de julio de 1992, por medio del
cual el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 4 de 1992, al considerar que incurrió en
exceso de la potestad reglamentaria.
18 P a r a t a l f i n , e l a r t í c u l o 2 d e l a c i t a d a n o r m a t i v a s e ñ a l a : « C o r r e s p o n d e a l E s t a d o
garantizar la atención en salud como un servicio público esencial , y en tal carácter
el acceso permanente de todas las personas a dicho servicio, razón por la cual el
personal asistencial que preste directamente servicios de salud podrá desempeñar
más de un empleo en entidades de derecho público. […]»
19 S o b r e l a p o s i b i l i d a d d e e j e r c e r m á s d e u n e m p l e o p ú b l i c o d e l p e r s o n a l d e m é d i c o s
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Radicado: 15001 2333 000 2014 00395 01 (2352- 2018)
Demandante: UGPP
entendió que tienen permitido desempeñar más de un empleo con
tal carácter, por ra zón de la garantía que el Estado ofrece de acceso
permanente a las personas a este servicio (a rtículo 2), siempre que
no exista concurrencia de horarios, con excepción de la labor
docente (artículo 3) 20.
De lo expuesto, debe entenders e la excepción a la regla general
prohibitiva de devengar doble asignación a cargo del Erario en el
caso de los profesionales de la salud.
(iii) Com patibilidad de asignaciones pensionales del personal
de la salud .
El Consejo de Estado solamente ha admitido la compatibilidad de
pensiones cuando una proviene de la labor en el sector privado y
otra del público, pero no de dos que proceden de la labor como
empleado público.
Frente al particular , esta Corporación 21 explicó que «[…] cuando el
pago de la pensión de vejez involucra tiempos públicos, se
consagra la inco mpatibilidad prevista por el a rtículo 128 de la
Constitución y que, por el contrario, e sta no se presenta cuando se
está solicitando una pen sión de vejez por haber lab orado con
empleadores particulares […]». (Subraya la Sala).
La anterior posición, fue reiterada mediante providencia del 17 de
abril de 2013 22, en la cual se sostuvo:
se pueden consultar: de la Subsección B, la sentencia del 10 de octubre de 2018,
radicación: 170012333000201400475 01(4089 -17), y de la Subsección A, sentencia
del 21 de junio de 2018, radica ción 05001233300201200428 01(1122 -2014),
demandante: Hugo de Jesús Gallego Ramírez y la sentencia del 22 de agosto de
2013, proferida por la Subsección A, Sección Segunda de esta Corporación,
Radicación 25000 -23-25-000-2008-01040-01 (1396-10), demandante: Luis Orlando
Rojas.
20 S e n t e n c i a d e l 2 0 d e j u n i o d e 2 0 1 9 , p r o f e r i d a p o r l a S e c c i ó n S e g u n d a d e l C o n s e j o
de Estado. Rad. 2623 -2016.
21 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n S e g u n d a ,
Subsección B. Sentencia del 1.° de marzo de 2012. Expediente 0375-11.
22 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n A . R a d i c a c i ó n : 2 5 0 0 0 - 2 3 - 2 5 - 0 0 0 -
2009-00274-01 (2297-11).
11
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Radicado: 15001 2333 000 2014 00395 01 (2352- 2018)
Demandante: UGPP
«[ …] Si bien es cier t o, que es viable per cibir una pensi ón de
j ubilac ión por ser vi cios pr est ados en e l sect or público y a la vez
r ecibir una pensi ón de vej ez por par t e del I SS s iem pr e que ést a se
r econozca por ser vi cios pr est ados a em pleador es p ar t icular es, no
ocur r e lo m ism o cuando la pensión qu e r econoce el I nst itut o de
Segur os Socia les i n cluye t iem pos labor ados en el sect or públic o
por que en ese caso se involucr an d iner o s que pr ovienen de l t esor o
públ ico, y en t al sent ido ser í a incom pat ible con la pen sión de
j ubilac ión post m or t em que f uer a r econocida por ser vicios pr est ados
en el sect or público. [ …] »
En tal sentido, se observa que no existe una norma expedida por el
legislador que admita percibir simultáneamente para el personal
médico más de una pensión proveniente de su labor en el servicio
público, pues la Ley 269 de 1996, tiene como finalidad la eventual
falta de profesionales m édicos para cubrir las nece sidades del
servicio esencial de salud, pero no se puede inferir de dicha
normativa que ello le permita recibir dos pensiones por servicios
profesionales prestados por dos cargos públicos.
Es oportuno precisar que el artículo 77 del precitado Decreto 1848,
específicamente, preceptuó que «[e] l disfrute de la pensión de
jubilación es inco mpatible con la percepción de toda asignación
proveniente de entidades de derecho público, establecimientos
públicos, empresas oficiale s y sociedades de economía mixta,
cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la
contraprestación del servicio, salvo lo que para casos especiales
establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la
Ley 1a. de 1963 ».
De la misma manera, la Ley 4ª de 1992, en su artículo 19, señala
la prohibición de recibir más de una asignación que provenga del
erario, así : Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un
empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del
Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga
parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:
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Demandante: UGPP
a) Las que recib an los profesores universitarios qu e se
desempeñen como asesores de la Rama Legislativa ,
b) Las percib idas por el personal co n asignación de retiro o
pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas p or concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora -cátedra;
e) Los honorario s percibidos por concepto de se rvicios
profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas
Direct ivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre
que no se trate de más de dos juntas;
3. Análisis del caso concreto.
(i) La señora Gloria Isabel Álvarez Ayala nació el 31 de agosto de
1935. (fl 38)
(ii) Pensión de jubilación reconocida por el Instituto de Seguros
Sociales: Mediante Resolución No 0453 del 7 de marzo de 1994,
el extinto I SS reconoció pensión de jubilación a la señora Gloria
Isabel Álvarez Aya la, en cuantía de $461.145 efectiva a partir del
30 de enero de 1994. (fl 56 y 57) .
(iii) Tiempo de servicios:
▪ Desde el 21 de noviembre de 1963 hasta el 21 de febrero de
1965, el Jefe de personal de la Secretaría de Salud de Boyacá,
nombró a la señora Gloria Isabel Álvarez como odontóloga
General grado 36 del Puesto de Salud de Tenza . (fl 41).
▪ Del 20 de agosto de 1964 al 1 de marzo de 1974,
desempeñándose como Representante en la Cámara de
Representantes. (fl 43 a 45).
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▪ Laboró en la Caja Nacional de Previsión – Seccional Boyacá
en los siguientes tiempos: de sde el 1 de abril de 1976 hasta el
10 de mayo de 1979, en duración de 2 horas diarias, y del 11
de mayo de 1979 al 31 de diciembre de 1993, medio tiempo , en
el cargo de odontóloga, lo anterior, de acuerdo a la
certificación expedida por la Jefe de División Administrativa y
Financiera de la Caja de Previsión Seccional de Boyacá . (fl 47).
▪ Laboró medio tiempo al servicio del ISS – Seccional Boyacá
desde el 12 de septiembre de 1973 hasta el 29 de enero de
1994, en el cargo de odontóloga (fl 54), según se observa en
la liquidación realizada por el Instituto de Seguros Sociales –
Seccional Boyacá.
▪ Mediante Resolución No 4947 del 30 de diciembre de 1993, la
señora Gloria Isabel Álvarez renunció al cargo de odontóloga
en el ISS - Seccion al Boyacá a partir del 30 de enero de 1994.
(fl 48).
(iv ) Pensión de jubilación reconoci da por la Caja Na cional de
Previsión Social CAJANAL: Median te Resolución No. 12417 del
1 de diciembre de 1994 la Caja Nacional de Previsión Social
reconoció pensión de jubilación a la señora Gloria Isa bel Álvarez
Ayala en cuantía de $171.935, efectiva a partir del 18 de enero de
1994. (fl 86)
4. Análisis sustancial.
De acuerdo con el marco normativo y jurisprud encial expuesto y del
análisis del ace rvo probatorio, la Sala de Subsección evidencia que:
➢ La señora Gloria Isabel Álvarez Ayala prestó sus servicios al
ISS Seccional - Boyacá durante un tiempo superior a 20 años.
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Demandante: UGPP
➢ La antes nombrada laboró de forma simultánea en el ISS
entre el 12 de septiembre de 1973 y el 29 de enero 1994 y en
la Caja Nacional d e Previsión Social desde el 1 de abril de
1976 hasta el 10 de mayo de 1979, en duración de 2 horas
diarias, y del 11 d e mayo de 1979 al 29 de enero de 1994 ,
medio tiempo , fecha en que se retiró del servicio de manera
voluntaria.
Entidad empleadora: ISS Entidad Empleadora: Caja
Nacional de Previsión
Pensión de jubilación reconocida Pensión de jubilación reconocida
por el Instituto de Seguros por la Caja Nacional de Previsión
Sociales: Mediante Resolución No Social: Mediante Resolución No.
0453 del 7 de marzo de 1994. 12417 del 1 de diciembre de 1994.
Tiempo laborado: desde el 12 de Tiempo laborado: desde el 11 de
septiembre de 1973 al 29 de enero mayo de 1979 al 31 de diciembre de
de 1994, en el Instituto de Seguros 1993 como odontóloga de medio
Sociales – Seccional Boyacá. tiempo en la Caja Nacional de
Previsión Social.
Cargo: Odontóloga General Grado Cargo: Odontóloga.
36.
De conformidad con el artículo 3 del Tiempo reconocido : 20 años, 10
Decreto 1651 de 1977 en meses y 15 días.
concordancia con el artículo 4 del
Decreto reglamentario 413 de 1980, Norma aplicable: Ley 33 y 62 de
el cargo de Odontóloga General 1985.
Grado 36, equipo de cuidado
Odontológico – funcionario de la Cuantía: $171.934.
Seguridad S o c i a l . 23
Efectiva a partir: 18 de enero de
Tiempo reconocido: 20 años y 11 1994.
días.
Norma aplicable: Decreto 1653 de
1977 y Ley 33 de 1985.
Cuantía: $461.145.
Efectiva a partir: 30 de enero de
1994.
23Extraído de lo expuesto en la Resolución 0453 de 1994 que reconoció la pensión
de jubilación.
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La Resolución No 12417 de 1994, tuvo en cuenta los 10 años
como Representante a la Cámara.
➢ Para efectos de los reconocimientos pensionales tanto del
ISS como de Cajanal se tuvieron en cuenta , a la vez, tiempos
de servicios desempeñados de forma simultánea en dos
cargos públicos , pues se evidencia que el cargo de
odontóloga fue desempeñado en entidades del Estado , en ese
sentido el artículo 99 de la Constitución Política, dispone que
se entiende por cargo público, el co njunto de funciones que,
por su naturaleza, deben ser atendidas por una persona
natural investid a de calidades exigidas para su desempeño .
Conforme a lo probado en el proceso, a la señora Gloria Isabel
Álvarez Ayala le f ueron reconocidas dos pensiones de jubilación ,
una por parte del ISS y la otra por CAJANAL, respectivamente , en
el que se precisa que la antes nombrada hizo sus aportes con
recursos obtenidos del desempeño de dos cargos públicos, por
cuanto laboró para el ISS, y en la Caja Nacional de P revisión Social
en el cargo de odontóloga, por lo que se involucra ron dineros que
provienen del Tesoro Público.
Ahora bien, en cuanto a la compatibilidad de las pensiones, se
precisa que siendo la regla general la prohibitiva es necesario que
la excepción a la misma esté consagrada por la ley, lo cual no
sucede en el presente asunto, pues para el momento en que la
señora Gloria Isabel Álvarez Ayala cumplió con los requisitos de
que trata la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación,
en el año de 199 3, ya había entrado en vigencia la Constitución
Política de 1991 .
Así las cosas, no es viable que la señora Gloria Isabel Álvarez Ayala
perciba la pensión de vejez reconocid a por la extinta Ca janal, toda
vez que el Instituto de Seguros Sociales ya le reco noció una
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prestación que está concebida para amparar el riesgo de la vejez,
lo que genera la nulidad de la Resolución 12417 del 1 de
noviembre de 19 94 por haberse expedido con infracción de la
Constitución y la Ley.
En ese sentido, resulta claro que la demandada laboró de manera
simultánea para las dos entidades públicas citadas durante 20
años, comprendidos entre 1973 a 1994 ; razón por la que no tiene
derecho al reconocimiento de una segunda pensión de jubilación .
Efectivamente, los cargos públicos desempeñados por la
demandada se ejercieron en forma simultánea, no sucesiva, por lo
que no habría lugar al reconocimiento pensional .
Segundo problema jurídico
¿Es procedente la orden de reintegro de las mesadas recibidas por
la demandad a, a título de pensión de vejez reconocida por la
extinta Cajanal (hoy UGPP)?
Principio de la buena fe
Conforme al artículo 83 Superior, el principio de buena fe implica
que: (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deben esta r gobernadas por el principio de buena fe y; (ii)
ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten
ante las autoridades públicas, es de cir en las relacion es jurídico
administrativas . El principio de buena fe no constituye un postulado
absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual
categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la
vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función
administrat iva con base en la igualdad, moralidad, eficacia y
economía, entre otros aspectos 24.
24 V e r
sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de mayo de
2008, dentro del proceso radicado interno 0949 -2006.
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Frente al particular , la Corte Constitu cional 25 ha sostenido:
«[ …] La j ur ispr udencia const it uciona l ha ent endido el pr inci p io de
buena f e “ com o una exigenc ia de hones t idad, conf ianza, r ec t it ud,
decor o y cr edibi lida d que ot or ga la pala br a dada, a la cual deben
som et er se las diver sas act uaciones de l as aut or idades púb li cas y
de los par t icular es ent r e sí y ant e ést as, la cual se pr esum e, y
const it uye un sopo r t e esencial de l si st em a jur í dico; de igua l
m aner a, cada una de las nor m as que com ponen el or denam ient o
jur í dico debe ser int er pr et ada a la luz de l pr incip io de l a bue na f e,
de t al suer t e que las disposic iones n or m at ivas que r egulen e l
ejer c ic io de der ech os y el cum pl im ie nt o de deber es le gales,
siem pr e deben ser ent endidas en el se nt ido m ás congr uent e con
el com por t am ient o l eal, f iel y honest o que se deben los s ujet os
int er vini ent es en la m ism a. En pocas palabr as, la buena f e
incor por a el val or ét ico de la conf ia nza y signif ica qu e el ho m br e
cr ee y conf í a que una declar aci ón de vo l unt ad sur t ir á, en un caso
concr et o, sus ef ect os usuales, es decir , los m ism os que or di nar ia
y nor m alm ent e ha producido en casos análogos. De igual m aner a,
la buena f e or ient a el ejer cici o de las f acult ades discr ecion al es de
la adm in ist r ación pú blica y ayuda a co lm ar las lag unas de l si st em a
jur í dico. ” 26 ( Cur siva del t ext o or iginal) .
Por su parte, el lit eral c) del numeral 1 del artículo 164 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
señala que no habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado a
particulares de buena fe, y como se sostuvo precedentemente, esta
presunción admite prueba en contrario, por lo que, a quien la echa
de menos le corresponde probar el actuar de mala fe.
Respecto de la recuperación de dineros pagados a particulares de
buena fe, la Sección Segunda de esta Corporación 27 ha
manifestado:
«[ …] Sin em bar go, ella cons ider a que no es viable dispon er el
r eint egr o de l as m esadas pens iona les q ue han s ido pag ada s a la
señor a ( …), com o se solicit a en el escr it o int r oduct orio del
pr oceso, en vir t ud del r econocim ient o de pensión de j ubilació n por
el act o adm inist r at ivo acusado, pues de acuer do con lo pr evist o
en el ar t í culo 136 del C. C. A, no habr á lugar a r ecuper ar las
pr est aciones pagad as a par t icular es de buena f e, sit uación
aplic able e n el caso sub - j udice, ya que l e cor r espondí a a la par t e
25 V e r Sentencia C-131 de 2004.
26 S e n t e n c i a C-131 de 2004, citado en la sentencia C -1094 de 2004.
27 S e n t e n c i a d e l 1 5 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 6 , C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a ,
Subsección B. Radicado 5200123 -33-000-2012-00121-01(4402-13).
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act or a pr obar debid am ent e que la dem andada cuand o sol i cit ó la
pensión act úo de m ala f e y ello no ocur r ió así ” 28.
“ No obst ant e lo ant er ior , la ent idad dem andada no est aba
f acult ada par a pr et ender unilat er a lm ent e r ecuper ar las sum as de
diner o que por equivocación pagó pues f uer on r ecibidas p or la
act or a de buena f e. En esa m edida, l os pagos ef ect uados p or la
ent idad t ienen am par o legal por que f ueron r ecibidos de buena f e
por la dem andant e y en ese or den, no obst ant e la legalida d del
act o que dispuso el r eint egr o, la Sala consider a que la
adm inist r ación no pr obó ni en la ví a guber nat iva ni en la j udicia l
la m ala f e de la dem andant e en la obt ención de los r eaj ust es
pagados” .
“ Por ello, la Sa la e st im a que no ex ist en elem ent os pr obat or ios
suf icient es par a det er m inar que el dem andado al r ecibir la
cant idad de $73. 647. 865, 54 act uó de mala f e , pues, conf orm e al
ar t í culo 83 de la Car t a Polí t ica, la buena f e se pr esum e, y par a
desvir t uar su exist encia debe oper ar prueba en cont r ar io por que
—se r epit e — en el despr endibl e de pago no se det allan los
concept os. Dicha sum a, según se af ir m a en el r ecu r so de
apelac ión, cor r esponde a m esadas pensiona les at r asadas, desde
el 31 de m ar zo de 2008, f echa en que el fallo de t ut ela de l Juz gado
Ter cer o de Ej ecución de Penas y M edidas de Segur idad de Past o
or denó la r el iqui daci ón de la pens ión de j ubil ación con e l 100 % de
la bonif ic ación por s er vicios pr est ados ( f . 309) .
[ …]
Por lo vist o, se ha de r evocar el or dinal t er cer o de la sent encia de
pr im er a inst ancia, puest o que el dem andado, al act uar de buena
f e, no t iene que r ei nt egr ar las pr est aciones que le p agar o n , de
conf or m idad con el ar t í culo 164, num er al 1, let r a c), del
CPAC A. [ …] » ( Subr ayas del t ext o) .
En ese sentido , no hay lugar a recuperar las pre staciones
periódicas pagadas a los particula res de buena fe, salvo que se
pruebe por la entidad Estatal que la demandada incurrió en
conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó
de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía
derecho, en esa medida se observa que la señora Gloria Isabel
Álvarez informó y probó cuáles habían si do los entes en los que
había prestado sus servicios, con lo que logra inferir que e stá no
omitió no omitió ni faltó a la verdad, para lograr que se le
concediera la prestación.
28Sentencia de 2 de marzo de 2000, Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A. Expediente No. 12.971.
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Igualmente se pone de presente que la UGPP en ejercicio de la
facultad que l e concede el artículo 19 29 de la Ley 797 de 2003 30, en
concordancia con el artículo 97 31 de la Ley 1437 de 2011, no hizo
referencia alguna a que la beneficiaria de la pensión de vejez
hubiera acudido a maniobras fraudulentas para obtener la
prestación, de manera que de su actuación en sede administrativa
no se encuentra desvirtuada la presunción de buena fe , así mismo,
tampoco se probó que la demandada tuviera co nocimiento del
impedimento legal de percibir las dos pensiones a la vez .
En ese orden de ideas, la Sala revocará la sentencia apelada en
cuanto negó las pretensiones, para en su lugar, acceder a la
pretensión de declarar la nulidad de la Resolución No 124 17 del 11
de diciembre de 1994, por haberse expedido con infracción de la
Constitución y la le y, se niega en todo lo demás.
5.- Condena en costas
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
29
ARTÍCULO 19. REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS
IRREGULARMENTE. <CONDICIONALMENTE exequible sentencia C -838 de 2003> Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan
por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán
verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y
la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el
reconocimiento y pago de la suma o pres tación fija o periódica a cargo del tesoro
público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que
se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de
comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con
base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa
del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a
las autoridades competentes.»
30 « P o r l a c u a l s e r e f o r m a n a l g u n a s d i s p o s i c i o n e s d e l s i s t e m a g e n e r a l d e p e n s i o n e s
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales.»
31 « A R T Í C U L O 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y
CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto
administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación
jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría,
no podrá ser revocado sin el consentimie nto previo, expreso y escrito del respectivo
titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario
a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos
lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez
su suspensión provisional.
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa.»
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Demandante: UGPP
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros
como son los necesarios para t raslad o de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de la justicia
como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior
en caso de apelación.
En ese sentido, la Sala considera que en este caso no hay lugar a
condena en costas en virtud del artí c ulo 188 del CPACA puesto que
se trata de una demanda en las que se persigue el interés general .
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala d e lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 24 de enero de 2018 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá , que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia y en su lugar,
SEGUNDO. DE CLARAR la nulidad d e la Resolución No 12417 del
1 de diciembre de 1994 , proferida por la Caja Nacional d e Previsión
Social. CAJANAL, por medio de la cual, se le reconoció pensión de
jubilación a la señora GLORIA ISABEL ÁLVAREZ AYALA por
haberse expedido con infracción de la Constitución y la Ley .
TERCERO: NEGAR las demás pretensione s del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la UNIDA D
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIB UCIONE S PARAFISCALES DE LA PROTECCI ÓN SOCIAL
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Demandante: UGPP
– UGPP, por los motivos señalados en la parte considerativa de
este fallo.
CUARTO. Sin condena en costas.
QUINTO. En firme esta decisión devuélvase el expediente al
Tribunal de orige n y efectúese las anotaciones en el programa
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.
G A BRI EL VA LBUEN A HERNÁ NDEZ
Fir m ado elect r ónica m ent e
WI LLI AM HERNÁ NDEZ G Ó M EZ RAFA EL FRA NCI SCO SUÁ REZ VA RG A S
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