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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2014-00530-01

Recurso de apelación: en el medio de control de protección de intereses colectivos

Fecha
1 de agosto de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2014-00530-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2018, por el Tribunal Administrativo de Boyacá. SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriado este proveído. CUARTO: RECONOCER a la doctora Nancy Helena López Carvajal, como apoderada judicial del Municipio de Duitama (Boyacá), en los términos y para los fines consignados en el poder que obra a folios 1268 a 1276 y 1282 a 1291 del cuaderno No. 8 del expediente popular de la referencia. QUINTO: RECONOCER a la doctora Ivonne Maritza Novoa Guzmán, como apoderada especial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en los términos y para las finalidades señaladas en el poder que obra a folios 1312 a 1315 y 1324 a 1327 del cuaderno No. 8 del expediente constitucional.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 15001-23-33-000-2014-00530-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

1 de agosto de 2019

RECURSO DE APELACIÓN - En el medio de control de protección de intereses colectivos / ACCIÓN POPULAR - Vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS A LA SEGURIDAD Y A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE - Falta de señalización y medidas para la disminución y atenuación de la velocidad presentados en la vía nacional doble calzada Briceño Tunja Sogamoso, perímetro urbano del Municipio de Duitama -Boyacá

[L]a Sala considera que los argumentos elevados en sede de apelación, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no se encuentran llamados a prosperar (…) la vía que corresponde a la Carrera No. 42 de la ciudad de Duitama – Zona Urbana (que hace parte de la doble calzada “Briceño-Tunja-Sogamoso”), no continuó a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS); sino de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y de la empresa Solarte Solarte Constructores S.A. (…) Por lo tanto, se puede colegir con claridad que por virtud de la cesión y subrogación del contrato de concesión No. 0377 del 15 de julio de 2002, la competencia de la ANI y del Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A. sobre la doble calzada se circunscribe y circunda en torno a la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de los trayectos. (…) tanto a dicha entidad, como a la empresa Solarte Solarte Constructures S.A. (o a quien asuma la calidad de concesionario), y tal y como lo expresó en su momento el Tribunal de primer grado, les compete proceder a ubicar e instalar los elementos y mecanismos pertinentes que permitan la reducción efectiva de la velocidad en la Carrera No. 42 del Municipio de Duitama (doble calzada corredor vial .B.T.S.), previa realización del estudio técnico respectivo y del caso; con la finalidad concreta de favorecer en el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en la señalización existente en la mentada vía. Todo lo anterior, si se considera que las respectivas problemáticas viales no han sido solucionadas a cabalidad y, de lo cual se vislumbra, efectivamente, la vulneración al derecho colectivo relacionado con la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA RED VIAL NACIONAL PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA - Marco normativo / GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTROL DE ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD DE TRÁNSITO - Competencias y responsabilidades a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, del Municipio de Duitama y del Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A. / PRINCIPIOS DE COORDINACIÓN, CONCURRENCIA Y SUBSIDIARIEDAD - Aplicación

[L]a Sala estima que, en definitiva, los argumentos elevados en sede de apelación por parte del Municipio de Duitama (Boyacá) carecen de vocación de prosperidad; por cuanto dicha estructura administrativa no puede ni debe pregonar que la presente problemática vial no le atañe, ni que tampoco sea de su resorte; (…) la Sala estima que dando aplicación a los principios (y/o mandatos de optimización) de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, plasmados en el artículo 288 de la Carta Política de 1991, las entidades aquí condenadas (y entre ellas el Municipio de Duitama) deben, entre otros aspectos, proceder a ubicar o a instalar los elementos y mecanismos pertinentes con miras a la reducción efectiva de la velocidad, realizar los estudios técnicos respectivos, hacer cumplir los límites de velocidad establecidos en las señalizaciones de la vía, formular planes para controlar el exceso de vivacidad de los vehículos, todo ello con miras a evitar un colapso mayor; que traiga consigo como consecuencia la puesta en riesgo constante del derecho y garantía colectiva aquí estudiada. (…) [C]omo lo aseveró y dispuso el Tribunal de primer grado, resulta pertinente ordenar al Municipio de Duitama que, en su calidad de autoridad policiva y de tránsito de dicho sector, formule un plan mediante el cual se establezcan acciones para controlar la velocidad en la carrera No. 42 del Municipio de Duitama (doble calzada corredor vial B.T.S.); incluyendo allí componentes pedagógicos y sancionatorios, y con la determinación de indicadores de resultado, cuya meta sea la reducción efectiva de la accidentalidad en la vía. Todo ello, en concordancia y en perfecta armonía con lo dispuesto en la Ley 769 de 2002. (…) En síntesis, se observa que sí existió una transgresión del derecho e interés colectivo referente a la seguridad pública y a la prevención de desastres previsibles técnicamente (…).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 288 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 311 / LEY 388 DE 1997 / LEY 769 DE 2002 – ARTÍCULO 7 / LEY 769 DE 2002 - ARTÍCULO 58 / LEY 1551 DE 2012 - ARTÍCULO 6 / DECRETO 80 DE 1987 - ARTÍCULO 10, LITERAL D / DECRETO 646 DE 1990 / DECRETO 265 DE 1991 - ARTÍCULO 58 / DECRETO 023 DE 1998 / DECRETO 364 DE 2019 - ARTÍCULO 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D. C., primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00530-01(AP)

Actor: LUIS GUILLERMO CORREDOR BERNAL, JOSÉ ABELARDO CELY PAVA Y LUIS VICENTE PULIDO ALBA

Demandado: MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE DUITAMA, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) Y CONSORCIO SOLARTE SOLARTE CONSTRUCTORES S.A.

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados judiciales del Municipio de Duitama y de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en contra de la sentencia de 13 de noviembre de 2018, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá.

SOLICITUD

Los señores Luis Guillermo Corredor Bernal, José Abelardo Cely Pava y Luis Vicente Pulido Alba, en su calidad de actores populares, por intermedio de apoderado judicial, y en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998 y 1437 de 2011, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Transporte (Dirección Territorial de Boyacá), del Departamento de Boyacá, del Municipio de Duitama, de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Consorcio Solarte Solarte S.A., con miras a obtener la protección constitucional de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; la moralidad administrativa; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la seguridad y salubridad públicas; la prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. pues, a su juicio, consideran que existieron omisiones y extralimitaciones de las entidades accionadas frente a los altos índices de accidentalidad de tránsito y mortalidad, presentes en el cruce de la doble calzada (por el perímetro urbano del Municipio de Duitama); al hacer coincidir la carrera No. 42 con la vía nacional doble calzada “Briceño – Tunja – Sogamoso B.T.S.”. En su sentir, dicha situación, genera un alto riesgo y/o peligro para las personas y vehículos que por allí transitan a diario.

LOS HECHOS

Los hechos que fundamentaron la demanda de acción popular fueron los siguientes:

II. 1. Los accionantes manifestaron que la Nación – Ministerio de Transporte, inicialmente con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), formalizaron la concesión de la doble calzada “Briceño – Tunja – Sogamoso B.T.S.”, en favor del Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A..

II. 2. Relataron, en su demanda popular, que:

“[…] En cumplimiento del contrato de concesión No. 377 de 2002 a favor de la Sociedad CSS Constructores S.A., integrado por Carlos Alberto Solarte Solarte y Luis Héctor Solarte Solarte (representada legalmente por Carlos Alberto Solarte Solarte o por quien haga sus veces), con sede en chía (Cundinamarca), desde el año 2002 y hasta la fecha, cobra peajes, construye, maneja y opera la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso “B.T.S.” […]” .

II.3. Reseñaron que, en el cruce de la doble calzada por el perímetro urbano del Municipio de Duitama, al hacer coincidir la carrera 42 con la vía nacional doble calzada “Briceño – Tunja – Sogamoso B.T.S.”, se presentan la siguientes extralimitaciones, a saber:

“[…] A) EN EL ASPECTO FÍSICO: Dividió la cuidad en dos, zona norte y sur, quedando en la parte sur todo el equipamiento urbano con total aislamiento físico, de tránsito y de movilidad como lo es plaza de toros, velódromo, estadio municipal, coliseo cubierto recientemente inaugurado, numerosos barrios y la proyección de decenas de urbanizaciones aprobadas pendientes solo de la licencia ambiental del Plan Parcial Sur por parte de Corpoboyacá; pero que de un plumazo fue desconocido por el Gobierno Central con el argumento del Proyecto Nacional de Integración.

B) EN EL ASPECTO LOGÍSTICO: La afectación vial es tan incidente que alteró todo el desarrollo urbanístico de la cuidad, dando un enfoque diferente a lo plasmado en el POT 2002-2010 obligando a la autoridad local al replanteamiento total por la afectación de la comunidad Duitamense, iniciando por la POBLACIÓN lesionada directamente como lo es Ia aferente, residente a lo largo de la misma. El futuro plan de ordenamiento territorial P.O.T deberá ser direccionado de manera distinta al planteado anteriormente con Ia urgente necesidad de vincular los escenarios deportivos; los residentes de la zona sur y esto tiene implicaciones económicas, sociales, ambientales y fiscales por cambio de uso de suelo respecto a la licencia ambiental requerida para el futuro plan sur.

C) EN EL ASPECTO DE FUNCIONALIDAD: Se alteró el desarrollo de la comunidad Duitamense en los tópicos urbanísticos y comerciales, porque se paralizó por la incertidumbre de su futuro desenvolvimiento cercano, con injerencia directa hacia el estancamiento del valor por metro cuadrado en aéreas adyacentes y circundantes, teniendo como epicentro el eje vial de la carrera 42 en toda su longitud circunscrita en el perímetro urbano, con prolongación en la zona suburbana por establecimiento de comercio automotriz, que ante Ia variación intempestiva y momentánea de ser una vía municipal e intermunicipal paso a ser una carretera de doble calzada pero sin Ia tipología adecuada con el agravante de ubicarse dentro de un perímetro urbano.

D) EN EL ASPECTO DE SEGURIDAD: Los accidentes de tránsito se incrementaron de manera alarmante sin que hubiese elementos para disminuir o atenuar este factor, dejando muertos y lesionados con secuelas irreparables.

E) ASPECTO SOBRE LA AFECTACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA PÚBLICA: Por principios o criterios sobre la gestión pública urbana está el de la integrabilidad física del municipio de Duitama, como deber esencial y de carácter obligatorio del alcalde de turno, lo que implica una inversión desorbitada cuyo monto no está al alcance del municipio porque las obras requeridas tienen un valor muy superior a la construcción de la calzada solicitada; con un agravante adicional que en el hipotético caso de permanecer la doble calzada por donde actualmente esta quedaría este tramo como el de mayor índice de accidentalidad no solo en la Nación sino quizás en el Mundo.

F) ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES: la comunidad Duitamense recibió contundentemente y de manera desfavorable la incidencia directa del proyecto, en forma radial teniendo como epicentro el eje vial de la carrera 42, y de manera indirecta la integrabilidad e inclusión del municipio en el aspecto de inversión pública, por cuestiones de prioridad […]”.

II. 4. Advirtieron, de igual forma y en su sentir, que la doble calzada que pasa por la zona urbana de Duitama (Carrera No. 42), presenta las siguientes omisiones:

Se dejó de diseñar y construir, en su momento, la variante de Duitama que no afectara ni interfiriera en el perímetro urbano.

Se cometió un error técnico garrafal, al utilizar la carrera 42 urbana, para convertirla en doble calzada.

II. 5. Pusieron de presente que, a su juicio, las obras requeridas para la protección de los derechos e intereses colectivos vulnerados o amenazados, son:

La construcción de la variante con las obras complementarias que garanticen la integralidad de la comunidad, como solución definitiva.

Como medida de mitigación y disminución de la tasa de accidentalidad y mortalidad, con tendencia a incremento en el futuro por el volumen de tránsito vehicular, construir las glorietas necesarias para el empale en los sitios focalizados o puntuales por su bifurcación a lo largo de la vía que atraviesa la ciudad por la carrera 42.

La construcción de la variante en Duitama, como la variación del trazado de la vía para que no afecte el puente de Boyacá (monumento nacional histórico), que lo parte en dos; al igual que la variante del Municipio de Paipa, lo cual deberá efectuarse en el mediano plazo.

Efectuar el análisis económico y financiero sobre el flujo de caja, aportes públicos, peajes e inversión de los concesionarios.

II. 6. Afirmaron que existe una transgresión clara y contundente contra el desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, y que para efectos de una verdadera protección real de los derechos colectivos de la comunidad Duitamense, en esta oportunidad, acuden a la acción popular, en aras de salvaguardar las garantías de los habitantes del mentado Municipio.

PRETENSIONES

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Para hacer efectivos los precitados DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS, se ORDENE A LA PARTE ACCIONADA:

PRIMERO: Como medida inmediata de MITIGACIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA ALTA ACCIDENTALIDAD Y POR ENDE MORTALIDAD ACTUAL CON TENDENCIA A INCREMENTOS EN EL FUTURO POR EL VOLUMEN DE TRÁNSITO VEHICULAR, hacer o construir “GLORIETAS” necesarias para el empalme en los sitios focalizados o puntuales por su bifurcación a Io largo de la vía que atraviesa la ciudad por la carrera 42, que están constituidos en verdaderos trompas mortales por su peligrosidad, ubicados así:

Sitio denominado HIGUERAS, INTERSECCIÓN DE LA DOBLE CALZADA CON LA AVENIDA CIRCUNVALAR.

Sitio de empale DOBLE CALZADA CON LA AVENIDA DE LAS AMERICAS.

Sitio llamado Ia virgen donde convergen LA DOBLE CALZADA con la avenida CAMILO TORRES.

ACCIONES DE MITIGACIÓN ADYACENTES. La carrera 42 que coincide con LA DOBLE CALZADA B.T.S. está comprendida entre las calles 1 y 20, lo que implica necesariamente, que para una solución vial, debe hacerse tanto en el aspecto directo sobre la vía, como la adecuación de las zonas a cada lado de Ia vía.
SEGUNDO: CONSTRUIR LA VARIANTE. Con las obras complementarias que garanticen Ia integralidad de la comunidad, como solución definitiva a la no utilización de la carrera 42 del área urbana de Duitama hoy HECHO CREADO por donde se utilizó la doble calzada “BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO B.T.S.

TERCERO: Crear y estructurar un plan de seguimiento, manejo, monitoreo y contingencia acorde a los principios de la función social y ecológica, de cuidado, prevención, previsión, precautelacion, preservación, regulación, control y manejo para solucionar el actual altísimo índice de accidentalidad y mortalidad de inocentes ciudadanos usuarios de la doble calzada que utiliza la Cra. 42 en el área urbana de Duitama.

CUARTO: Crear y estructurar una veeduría integrada por los actores populares, representantes legales de los entes accionados, personero municipal de Duitama, representantes de los entes de control como Procuraduría General de la Nación -Procurador Delegado ante lo Contencioso Administrativo, ente fiscal como Contraloría general de la Nación (sic), Defensor del Pueblo, con el objeto de hacer cumplir los principios de la función pública administrativa de cuidado, control, manejo, previsión, prevención, precautelacion, mitigación, compensación, acorde al art. 209 de la C.N. y estableciendo un plan de seguimiento, monitoreo contingencia y abandono según la naturaleza de la doble calzada (...).

QUINTO: Acorde con el art 35 de la ley 734 de 2002, compulsar copias para investigación disciplinaria (y penal si fuere el caso) respecto de los funcionarios de los entes convocados que omitieron o extralimitaron sus funciones y que provocan actualmente los daños antijurídicos que afectan a la comunidad por la muerte, lesiones y accidentes ocurridos sobre la doble calzada en el área urbana de Duitama.

SEXTO: Verificar que sea (sic) y por materializarse violación del Derecho Colectivo a la moralidad administrativa, se condene a las entidades accionadas a pagar a los actores populares el incentivo del quince por ciento (15%), del valor que se invertirá y requerirá la solución del problema o conflicto colectivo.

SÉPTIMO: Ordenar que las entidades demandadas sean condenadas al pago de costas, gastos y agencias en derecho […]”. (Subrayas de la Sala)

ACTUACIÓN PROCESAL

IV. 1. La demanda fue presentada el 15 de diciembre de 2011, ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo quien, por medio de auto fechado el 25 de enero de 2012, se declaró impedido para conocer de aquella causa constitucional y, en consecuencia, ordenó su remisión al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo; quien la admitió y ordenó notificar a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

IV. 2. No obstante, esta última oficina judicial, a su vez, la remitió al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama quien, mediante proveído dictado el 10 de septiembre de 2014, despachó la presente causa por falta de competencia funcional y, por ende, dispuso su remesa al Tribunal Administrativo de Boyacá para efectos de que avocara conocimiento.

IV. 3. El mentado Tribunal, mediante auto del 7 de octubre de 2014, al verificar que efectivamente le concernía conocer del presente proceso, asumió su conocimiento y declaró la validez de todo lo actuado hasta esa instancia.

IV. 4. La anterior decisión arriba referida, fue notificada vía correo electrónico y debidamente, tal y como se observa a folio 797 del cuaderno No. 4 del expediente popular de la referencia.

V. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

V. 1. La apoderada judicial del Ministerio de Transporte – Dirección Territorial de Boyacá, mediante escrito visible a folios 94 a 112 del cuaderno No. 1 de la causa constitucional, dio contestación oportuna a la demanda popular en los siguientes términos:

Indicó que, se oponía a la prosperidad de las pretensiones deprecadas, señalando que la Ley 64 del 27 de diciembre de 1967 creó el Fondo Vial Nacional como un establecimiento público del orden nacional; con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, con el objetivo de construir, conservar y mantener las carreteras nacionales.

Puntualizó que el Instituto Nacional de Vías, suscribió contrato de concesión No. 377 de 15 de julio de 2002, como resultado del proceso de licitación pública SCO-002-2001 Briceño – Tunja – Sogamoso, con la Empresa C.S.S. CONSTRUCTORES, razón por la cual, el Ministerio de Transporte no hace parte del contrato de concesión citado; y por ende, no puede endilgársele responsabilidad alguna por las situaciones que se puedan presentar en su ejecución.

Formuló, así, la excepción atinente a la falta de legitimación en la causa por pasiva.

V. 2. La apoderada judicial del Departamento de Boyacá, mediante escrito allegado el 25 de mayo de 2012, expuso que, dicha entidad territorial, no tiene injerencia alguna por acción u omisión en los hechos y supuestos fácticos que motivaron la presente acción, ni ha causado daño o violación en los derechos colectivos invocados por los accionantes; en tanto, en su sentir, no tiene competencia constitucional ni legal para construir carreteras del orden nacional.

Adujo que, dicha competencia y/o función, le fue asignada al Instituto Nacional de Concesiones – INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura), que tiene por objeto, entre otros, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones; y que para el asunto sub examine, la denominada doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso, fue adjudicada el Consorcio Solarte Solarte, el cual es directamente responsable de responder por los daños endilgados en caso de ser probados.

De otra parte, puso de presente que la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993 (título II), en lo que se refiere a las responsabilidades y competencias sobre Ia infraestructura del trasporte, estableció que: “(…) corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la ley (…)”. Así las cosas, y en un caso de vías nacionales como lo es la B.T.S, manifestó que es la Nación y Concesión las que están llamadas a responder, finalmente.

Bajo dicho entendido, propuso como excepción, la falta de legitimación en Ia causa por pasiva en el asunto de marras.

V. 3. El apoderado judicial del Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A., contestó la demanda popular el 15 de junio de 2012, solicitando que, se despacharen desfavorablemente las pretensiones de la demanda incoada.

Adujo que, en los contratos de obra pública, directamente o a través de concesionario, el contratista es agente del Estado en el desarrollo del objeto contractual. En ese sentido, esgrimió que el contrato estatal trasciende el derecho privado; es el instrumento jurídico, mediante el cual, el particular contratista incursiona en el mundo del derecho propio del Estado o en el derecho público.

En tal sentido, anotó que el Estado define las especificaciones del objeto contractual; establece Ias reglas del contrato mediante acto administrativo (pliego de condiciones o términos de referencia), impone las formas de desarrollo de la obra y los términos en que se ha de cumplir con el objeto contratado y define el valor del peaje o tarifa que ha de cobrarse a los usuarios y el monto de valorización que se cobrará a los beneficiarios de las obras.

Consideró que no es el Consorcio Solarte Solarte, y menos aún sus integrantes, Ios llamados a satisfacer los derechos invocados, toda vez que el servicio público de construcción, mejora, rehabilitación y manutención de Ia infraestructura vial (que une a los municipios de Briceño, Tunja y Sogamoso en los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá), y que por colaboración con Ia Nación presta en desarrollo del contrato estatal de concesión No. 0377 del 15 de julio de 2002, debe someterse a Ios estrictos términos en él estipulados.

Refirió que, frente a lo pretendido por el actor (en cuanto a que se construyan glorietas, variantes, entre otras obras), las especificaciones son claras y contundentes al afirmar que no forman parte del alcance de los trabajos solicitados al concesionario para este trayecto; de tal modo, que si lo reclamado por el actor popular no se encuentra puntualmente relacionado en las especificaciones técnicas de construcción del contrato No. 0377, no puede exigirse al concesionario que las modifique; pues en caso de que se decida realizar una eventual modificación o variación por parte del juez, Ia obligación de hacerlo está en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como organismo creado por el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003.

Con todo lo anterior, concluyó que:

“[…] Así las cosas, este Concesionario, así como tampoco los integrantes del Consorcio concesionario, violaron, vulneraron y mucho menos amenazaron los intereses colectivos invocados mas no probados por el actor, ni mucho menos se ha puesto en riesgo a la ciudadanía de Duitama […]”.

V. 4. La apoderada judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), descorrió traslado mediante escrito obrante a folios 212 a 221 del cuaderno No. 2 de la causa constitucional, en los siguientes términos:

Reseño que, la ANI, celebró contrato de concesión No. 0377 de 2002 con el CONSORCIO SOLARTE SOLARTE, para efectos de la construcción de las obras relacionadas con la vía Briceño – Tunja – Sogamoso. Explicó que, en la cláusula segunda de dicho acuerdo de voluntades, se encontraba delimitado el objeto del mentado contrato consistente en “(…) el otorgamiento al CONCESIONARIO de una concesión para que realice por su cuenta y riesgo Ios estudios y diseños definitivos, las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de los trayectos (…)”.

Sostuvo, en su contestación, que:

“[…] El contenido obligacional de la entidad no puede ir más allá de lo que Ia Constitución y Ia Ley exigen. Así las cosas, la Agencia Nacional de Infraestructura todo el tiempo ha acatado los deberes a los que está obligada considerando que no se encuentra dentro de Ia órbita de sus competencias, responder por las actuaciones irregulares o inadecuadas de Ios terceros frente a un contrato de concesión […]”.

Aseveró que, en definitiva, no es atribuible a la entidad ningún tipo de vinculación a la presente acción, en tanto, los hechos narrados se salen de la órbita de sus competencias y alcance contractual y, tampoco, no tienen nada que ver con su objeto misional; pues la agencia Ie entrega a Ios concesionarios los proyectos para que ellos a su cuenta y riesgo realicen diferentes actividades.

Frente al petitum de la demanda, en lo relacionado con la construcción de la variante deprecada, recalcó que dicha solicitud es jurídica y técnicamente inviable; en razón a que este diseño nunca fue contemplado dentro de las obligaciones de las partes en el contrato de concesión pactado y, además, tampoco existen recursos para acceder a esta petición carente, en su sentir, de toda lógica.

En cuanto a Ia creación y estructura de un plan de manejo, monitoreo y contingencia, anotó que el concesionario (dentro de su competencia social), desarrolla planes operativos de gestión social dentro de la estrategia de cultura vial, capacita permanentemente a la comunidad, así como a las empresas de transporte, a los usuarios de las vías y a Ios estudiantes acerca del correcto manejo de la vía. En cuanto al alto grado de accidentalidad alegado por el actor popular, adujo que tal apreciación no es cierta, por lo que debe probar en qué funda tal argumento y/o aseveración.

En lo referente a Ia función social y ecológica de cuidado, prevención y demás invocadas por el accionante, aclaró que el control, prevención y corrección de posibles infracciones cometidas en el área urbana por donde cruza Ia doble calzada, Ie atañen exclusivamente a la autoridad municipal (a través de la Secretaria de Tránsito o a quien haga sus veces), según lo estipula Ia Ley 1228 de 2008.

Sobre la creación de veedurías, manifestó que la Ley 850 de 2003, previó en su artículo 2º, que: “(…) Todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la Iey podrán constituir veedurías ciudadanas (…)”. En ese orden de ideas, aclaró que los demandantes podrían conformarla, con el fin de ejercer vigilancia sobre lo que sea de interés de la comunidad.

Agregó que, no obstante lo anterior, ésta pretensión se encuentra superada toda vez que, mediante certificado de existencia y representación legal (radicada bajo el número 0502050), se conformó la Veeduría Cívica de Boyacá; cuyo objeto social es hacer seguimiento y evaluación integral a todos y cada uno de los componentes de los contratos o convenios para el desarrollo de obras públicas; programas sociales y todo proceso en el que en el futuro se invierten dineros públicos y/o que representan interés general, para la comunidad del Departamento de Boyacá y sus municipios

Para finalizar, propuso como medios exceptivos, los siguientes: falta de legitimación en la causa por pasiva, improcedibilidad de la acción popular intentada contra la ANI, improcedencia de la acción por inexistencia de daño colectivo y daño contingente y, finalmente, imposibilidad de celebrar contratos adicionales por parte de la agencia nacional de infraestructura, con ocasión al contrato de concesión No. 0377 de 2002, en virtud de sus alcances contractuales.

AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

Atendiendo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, se convocó a las partes y al agente del Ministerio Público para efectos de celebrar audiencia especial de pacto de cumplimiento, la cual se llevó a cabo el día 15 de agosto de 2013, y se declaró fallida en esa misma fecha, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes en contienda.

LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia popular de primer grado de 13 de noviembre de 2018, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, en atención al material probatorio obrante en el proceso, negó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas por algunas de las entidades accionadas y, de otra parte, procedió a amparar únicamente el derecho colectivo concerniente a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes del Municipio de Duitama; el cual consideró vulnerado en atención a las omisiones y extralimitaciones de las entidades accionadas frente a los altos índices de accidentalidad de tránsito y mortalidad, presentados en el cruce de la doble calzada (por el perímetro urbano del Municipio de Duitama). Ello, al hacer coincidir la carrera No. 42 con la vía nacional doble calzada “Briceño – Tunja – Sogamoso B.T.S.”. A juicio del Tribunal, se encontraba acreditada la situación que generaba un alto riesgo y/o peligro de accidentalidad, para las personas y vehículos que por allí transitaban y circulaban a diario.

Trajo a colación, en primer lugar, el marco normativo y jurisprudencial atinente a las acciones populares (su naturaleza, propósito y finalidad) y enfatizó en el contenido de los derechos e intereses colectivos que se decían como transgredidos en el sub judice. Acto seguido, esbozó de manera breve, las temáticas atinentes a la legitimación en la causa por pasiva, analizó las excepciones propuestas por las entidades enjuiciadas y, de esta manera, descendió al caso concreto.

Realizó un recuento fáctico, normativo y probatorio y, de forma ulterior, puso de presente que:

“[…] Por lo hasta aquí expuesto, se concluye que el Municipio de Duitama, la ANI y el Consorcio Solarte Solarte han instalado de forma visible a lo largo de la Carrera 42 del Municipio de Duitama (paso doble calzada B.T.S.), las señales de tránsito correspondientes, esto es, reglamentarias y preventivas. No obstante, frente al aumento de la accidentalidad en el sector, la Sala considera que los derechos colectivos de los habitantes de la localidad están en entredicho.

[…]

Independientemente de lo anterior, un resultado común a ambas estadísticas consiste en que no predomina la imprudencia de los peatones sino de los conductores, principalmente por exceso de velocidad, no dejar una distancia prudente entre vehículos y, en general, el irrespeto a las señales de tránsito.

Visto este fenómeno en conjunto con los informes relacionados con la señalización de la vía, especialmente en lo referente a la velocidad máxima permitida, la Sala concluye que en realidad las características de las calzadas favorecen la conducción a alta velocidad, cuestión que no ha sido objeto de medidas físicas y no ha contado con un adecuado control por parte de las autoridades de tránsito. Este hecho revela una amenaza a los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente […]”. (Destaca y subraya la Sala de Decisión)

Así mismo, estimó el a-quo, que por virtud de la cesión y subrogación del contrato No. 0377 de 2012, la competencia de la ANI y del Consorcio Solarte Solarte sobre la doble calzada (tramo ubicado en la zona urbana del Municipio de Duitama, vía nacional), se circunscribía a la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de los trayectos.

Sostuvo que era preciso ordenar a la ANI y al Consorcio Solarte Solarte (o a quien asumiera la calidad de concesionario) que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esa providencia, procedieran a ubicar y a instalar los elementos o mecanismos pertinentes que permitiesen Ia reducción efectiva de Ia velocidad en la carrera No. 42 del Municipio de Duitama (doble calzada corredor vial BTS); previa realización del estudio técnico respectivo, con el fin de favorecer el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en la señalización existente en la mentada vía.

En ese orden de ideas, y con todo lo anterior, concluyó que:

“[…] Así las cosas, el carácter preventivo de la acción popular, permite dictar medidas para conjurar los índices de accidentalidad y su aumento, independientemente de que estos se hayan incrementado marcadamente o no con la construcción de la doble calzada. No puede olvidarse, que este aspecto fue objeto de discusión a lo Iargo de toda la instancia y los partes se pronunciaron al respecto; donde incluso el Alcalde del ente territorial, en varios escritos, manifestó su preocupación por el tema. Por ende, el derecho en mención se amparará y más adelante se dictarán las órdenes correspondientes […]”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto)

Con base en dichas consideraciones, el Tribunal resolvió y emitió las siguientes órdenes, a saber:

“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos a Ia seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes del Municipio de Duitama, por Ias razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la ANI y al CONSORCIO SOLARTE SOLARTE (o quien asuma la calidad de concesionario) que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, procedan a ubicar o instalar los elementos o mecanismos pertinentes que permitan la reducción efectiva de la velocidad en la carrera 42 del Municipio de Duitama (doble calzada corredor vial BTS); previa realización del estudio técnico respectivo, con el fin de favorecer el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en la señalización existente en la vía. 

TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE DUITAMA que, dentro del mes siguiente a Ia ejecutoria de esta sentencia, en su calidad de autoridad policiva y de tránsito, formule un plan mediante el cual se establezcan acciones para controlar la velocidad en la carrera 42 del Municipio de Duitama (doble calzada corredor vial BTS), incluyendo componentes pedagógicos y sancionatorios, y con la determinación de indicadores de resultado cuya meta sea Ia reducción efectiva de Ia accidentalidad en la vía.

CUARTO: En los términos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, DISPONER la conformación de un Comité de Verificación integrado por esta Corporación, un representante de los demandantes (cuya designación deberá ser concertada internamente entre ellos e informada dentro de este proceso), un representante de la ANI, un representante del CONSORCIO SOLARTE SOLARTE (o quien asuma la calidad de concesionario), un representante del Municipio de Duitama y el Agente del Ministerio Público delegado ante este Tribunal, que venga actuando dentro de las diligencias. Se advierte a las entidades obligadas a salvaguardar los derechos colectivos amparados dentro del presente proceso, que todos los documentos e informes que presenten con el fin de dar cumplimiento a esta sentencia, deberán ser remitidos previamente a los demás integrantes del Comité de Verificación, para efectos de su estudio y la coordinación de las acciones correspondientes, así como su posterior evaluación al interior del Tribunal.

QUINTO: NEGAR en los demás, las pretensiones de la demanda, por los motivos indicados en la parte considerativa de este proveído.

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: Por Secretaría, REMÍTANSE las comunicaciones señaladas en el inciso final del artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

OCTAVO: En firme esta providencia y verificado su cumplimiento, ARCHÍVESE el expediente, dejando las constancias de rigor en el sistema de información de la Rama Judicial. Notifíquese y Cúmplase […]”. (Subrayas por fuera de texto original)

La anterior decisión fue debidamente notificada a las partes del presente proceso, tal y como consta a folio 1182 del cuaderno No. 7 del expediente popular de la referencia.

VIII. TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA

VIII.1. Mediante providencia de 18 de febrero de 2019, el despacho sustanciador del proceso de la referencia admitió los recursos de apelación elevados por los apoderados judiciales del Municipio de Duitama y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en contra de la sentencia de primera instancia de 13 de noviembre de 2018, dictada por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá.

La mentada decisión judicial fue notificada, vía correo electrónico, el 25 de febrero de 2019, tal y como se observa a folios 1241 a 1249 del expediente popular.

VIII.2. De manera posterior, y mediante auto calendado el 30 de abril de 2019, se ordenó correr traslado a las partes para que efectuaran sus alegaciones de conclusión y, además, al Agente del Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiese su concepto al interior de la presente causa.

El referido proveído fue debidamente notificado a las partes del proceso, y como en derecho corresponde, como puede verse a folios 1253 a 1262 del expediente constitucional.

FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

IX. 1. El apoderado judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), mediante escrito allegado al Tribunal el 20 de noviembre de 2018, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia, aduciendo los siguientes argumentos:

Manifestó que, dentro de Ias funciones de aquella entidad, no se encuentra de manera expresa e inequívoca la de ejecutar y adelantar obras de mantenimiento, señalización y operación de obras de infraestructura, pues lo cierto es que la ANI se encarga únicamente de Ia administración de los contratos de concesión a su cargo, mediante los cuales el Concesionario obtiene una remuneración por la materialización de unos proyectos de infraestructura, siendo este último, el ejecutor directo de tales proyectos viales.

Argumentó, que no se encuentra prueba de vulneración alguna de derechos colectivos, en virtud de la ejecución del Contrato de Concesión No. 377 de 2002 (Proyecto “Briceño – Tunja – Sogamoso T.B.S.”), por cuanto Ia entidad ha cumplido cabalmente con su rol en la ejecución del contrato de concesión; estando a cargo del Concesionario el mantenimiento, señalización y operación del corredor vial.

Sostuvo que, de la naturaleza del contrato de concesión celebrado con C.S.S. Constructores S.A., se puede establecer que es dicho consorcio quien tiene la obligación de garantizar la señalización y operación de corredor vial; a través de las obras que permitan garantizar seguridad a los peatones de conformidad con las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 377 de 2002.

Por último, afirmó que el supuesto agravio, también, es una obligación del Municipio de Tunja y Duitama, al tenor de lo dispuesto en el artículo 10, literal d), del Decreto 80 de 15 de enero de 1987; norma que establece que los municipios están obligados, entre otros aspectos, a: “(…) adecuar la estructura de las vías nacionales dentro del respectivo perímetro urbano, de conformidad con las necesidades de la vía municipal (…)”.

Con base en lo anterior, solicitó al órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que se sirva revocar la sentencia apelada, toda vez que asegura que la ANI no tiene obligación alguna respecto del precitado corredor vial, conforme a las funciones y competencias que le han sido legalmente asignadas.

IX. 2. La apoderada judicial del Municipio de Duitama, en escrito fechado el 20 de noviembre de 2018, interpuso recurso de alzada en contra de la sentencia de 13 de noviembre de 2018, dictada por el a-quo. En dicha oportunidad, la entidad territorial, indicó lo siguiente:

Reiteró la excepción concerniente a la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto asegura que, los llamados a responder al interior del sub lite son, en definitiva, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructura y la empresa Solarte Solarte S.A., a la postre.

Advirtió que, no obstante lo anterior, y con el ánimo de reducir la accidentalidad presentada en la vía objeto de debate, la administración municipal, de forma oportuna, instaló dispositivos semafóricos entre el PR47+363 al PR47623 y cierre de separador entre el PR47+573 al PR47+573 al PR 47+623 de la ruta nacional 5502 Tunja-Duitama (que corresponde al proyecto vial denominado Briceño-Tunja-Sogamoso). Ello, desarrollado mediante contrato de obra pública COP-20170006 cuyo objeto gravita en torno a: “(…) contratar obra civil, suministro, instalación y puesta en marcha de semáforos para intersección vial en la carrera No. 42 con calle 6º, y salida de terminal de transportes del Municipio de Duitama-Boyacá (…)”; evidenciándose actualmente la debida semaforización en los sectores referidos, prueba que reposa actualmente en el plenario popular.

Así pues, pidió al juez popular de segundo grado que revoque la sentencia recurrida, y en ese entendido, que se exonere de toda responsabilidad a esa entidad municipal, sin más.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

X. 1. El Municipio de Duitama, por intermedio de su apoderada judicial, presentó sus alegatos reiterando, en líneas generales, los argumentos consignados en el recurso de apelación elevado.

Hizo hincapié, nuevamente, en que:

“[…] en aras de disminuir el nivel de accidentalidad y de salvaguardar la vida e integridad de los habitantes, la administración municipal de forma oportuna, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, presentó solicitud de permiso de ocupación temporal del derecho de vía ante la ANI para la instalación de semáforos, de la cual recibe respuesta favorable mediante Resolución Nº 1760 de 26 de diciembre de 2017, concediendo el permiso temporal para el uso e intervención de la infraestructura vial al Municipio de Duitama en el Departamento de Boyacá para la instalación de dispositivos semafóricos entre el PR 47+363 al PR 47623 y cierre de separador entre el PR47+573 al PR 47+623 de la ruta nacional 5502 Tunja-Duitama, que corresponde al proyecto vial denominado Briceño-Tunja-Sogamoso, y desarrollado mediante contrato de obra pública COP20170006 cuyo objeto es: “Contratar obra civil, suministro, instalación y puesta en marcha de semáforos para intercesión vial en la carrera 42 con calle 6º y salida de terminal de Transpones del Municipio de Duitama Boyacá” evidenciando actualmente la debida semaforización en los sectores referidos tal y como se observa en lo aportado a la presente acción.

[…]

A su vez, se han venido realizando campañas de volanteo, en las que da a conocer a la ciudadanía recomendaciones para tránsito debido en los sectores mencionados, con el fin de mejorar la seguridad vial y la accesibilidad, además de evitar la ocurrencia de siniestros viales en el sector de la carrera 42, suministrando a los usuarios de la vía la realización de maniobras más seguras […]”.

Sostuvo, en sus alegaciones, que el asunto de marras no era responsabilidad del ente municipal; por cuanto, dicha entidad territorial, ha sido diligente en las gestiones administrativas a implementar en dicho tramo vial con el objeto de salvaguardar las garantías colectivas que se dicen transgredidas en el sub judice.

Por los motivos expuestos, solicitó a esta Corporación, nuevamente, que se sirva revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, calendada el 13 de noviembre de 2018 y, en consecuencia, se absuelva de toda responsabilidad a esa municipalidad.

X. 2. El apoderado judicial del Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A., alegó de conclusión, recalcando que la totalidad de las pretensiones elevadas debían ser negadas; en consideración a que dicha empresa concesionaria ha actuado de manera diligente y ajustada a lo pactado en el contrato de concesión No. 0377 del 15 de julio de 2002.

Aseguró que el marco contractual referido, le impone a dicha entidad una carga obligacional de desarrollo de obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento sobre el corredor vial en comento; que por cierto debe atender y cumplir las especificaciones técnicas contenidas en el mentado acuerdo de voluntades, suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura (entidad estatal responsable de la estructuración y ejecución de proyectos de concesiones viales y esquemas de asociación público privada – APP).

Anotó, en sus alegaciones, que:

“[…] Para el Tribunal, la existencia del Contrato de Concesión No 377 de 2002, per se, implica la carga judicial de proteger los derechos colectivos objeto del amparo judicial, desconociendo, de una parte, que a lo largo del trámite procesal no existió ni existe prueba de la vulneración de mi representada de los derechos colectivos presuntamente afectados que la hagan acreedora o responsable de su protección y, de otra, desconociendo que su actividad es de carácter contractual y no legal, es decir, omitiendo que el marco de sus actividades están delineadas y definidas por el pacto contractual No 377 de 2002. Se vislumbra claramente en la actuación procesal que mi representada, lejos de ocasionar con su acción u omisión, el quebrantamiento o vulneración de los derechos colectivos cuyo amparo se solicitó a través de acción popular, cumplió con sus actividades contractuales, que instaló la señalización exigida por las normas técnicas y que no existe reproche alguno de su actuar técnico y operativo en el corredor concesionado […]”.

En este estado de cosas, rogó a esta Alta Corte que se sirva revocar integralmente el fallo de primer grado, dictado por el Tribunal.

X. 3. La apoderada judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), descorrió traslado para alegar de conclusión, aseverando que, en definitiva, dicha entidad carece de legitimación en la causa por pasiva por cuanto a su juicio, en el sub examine, no vulneró derecho colectivo alguno. Además, en dicha oportunidad procesal, ratificó que la obligación de mantenimiento, señalización y operación del corredor vial Briceño – Tunja – Sogamoso (de conformidad con lo pactado en el contrato de concesión No. 0377 de 2002) radica en cabeza del Concesionario.

Puso de presente, también, que se encuentra acreditado en el proceso, que el objeto de la presente acción popular no se encuentra dentro de la órbita ni de las funciones de aquel ente de infraestructura; quien ha desplegado su actuación al tenor de lo dispuesto en el marco constitucional, legal y reglamentario pertinente.

Advirtió, por último, que: “[…] la parte accionante no logró probar vulneración de derecho colectivo alguno a cargo de la ANI, ya que los siniestros que sirven de fundamento para la presentación de la acción popular de la referencia, tienen como origen el desacatamiento de las señales de tránsito con las que cuenta el tramo vial, por parte de los conductores de automotores […]”.
Por lo anterior, manifestó que ratificaba plenamente los fundamentos y razones de la defensa ya planteados en la contestación de la demanda, en los alegatos de primer grado y, por último, en el recurso de alzada impetrado.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado, mediante escrito aportado el 7 de junio de 2019 ante esta Corporación, conceptuó en el sentido de que la decisión de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, debía ser confirmada en su totalidad.

Para llegar a tal raciocinio, realizó un cotejo de los supuestos fácticos y jurídicos que dieron origen a la presente causa, analizó las pruebas documentales arribadas y recaudadas y, así mismo, esbozó de manera general el marco jurídico y jurisprudencial que rige las acciones populares en Colombia así como la naturaleza de los derechos colectivos que se dicen transgredidos en el sub judice. Con todo ello, consideró que:

“[…] Este Delegado coincide en su totalidad con las apreciaciones y argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo de Boyacá, y en los términos en que dicho tribunal ordenó el amparo de los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, de los habitantes del Municipio de Duitama – Boyacá, dentro del fallo proferido el 13 de noviembre de 2018, objeto del recurso que se resuelve.

[…]

Frente al informe aportado, con la señalización existente en la vía, y frente a la velocidad máxima permitida, puede inferirse que las características de las calzadas favorecen la conducción a alta velocidad; cuestión que no ha sido objeto de medidas físicas y no ha contado con un adecuado control por parte de las autoridades de tránsito, hecho que sin lugar a dudas representa una amenaza a los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente […] Así las cosas, el carácter preventivo de la acción popular permite dictar medidas para conjurar los índices de accidentalidad y su aumento, independientemente de que estos se hayan incrementado marcadamente o no con la construcción de la doble calzada […]”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto)

De igual forma, puso de presente que:

“[…] Es claro entonces que la vía que corresponde a la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, concretamente el tramo objeto de la presente acción, esto es, la carrera 42 de la zona urbana del Municipio de Duitama, hace parte del inventario de vías a cargo del INVIAS. No obstante, se observa en el expediente que entre esta entidad y el Consorcio Solarte Solarte se suscribió el contrato de concesión No. 0377 de 15 de julio de 2002 respecto del referido trayecto, contrato que fue cedido y subrogado a través de la Resolución No. 03045 de 22 de agosto de 2003, por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) al Instituto Nacional de Concesiones (INCO); hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En las anteriores condiciones, la vía que corresponde a la Carrera 42 de la ciudad de Duitama - Zona Urbana, que hace parte de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, no continuó a cargo del INVIAS, sino de la Agencia Nacional de infraestructura (antes INCO) y del Concesionario Consorcio Solarte Solarte.

Por lo tanto, se concluye con claridad que por virtud de la cesión y subrogación del contrato No. 0377 de 2012, la competencia de Ia ANI y del CONSORCIO SOLARTE SOLARTE sobre Ia doble calzada -tramo ubicado en la zona urbana del Municipio de Duitama (vía nacional)-, se circunscribe a la construcción, rehabilitación, mejoramiento, Ia operación y mantenimiento de los trayectos […]”. (Se destaca)

Por último, y con todo lo anterior, conceptuó que:

“[…] Esta Procuraduría Delegada del M.P. considera acertada la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, de establecer Ia responsabilidad de restablecer los derechos colectivos afectados, esto es, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en cabeza del Municipio de Duitama, Ia Agencia Nacional de Infraestructura y el Consorcio Solarte Solarte, conforme se dispuso en la providencia de 13 de noviembre de 2018 […] este Delegado del Ministerio Público, solicita a la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CONFIRMAR el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

XII. 1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en las acciones populares.

XII. 2. Las acciones populares y su procedencia

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la leyes 472 de 5 de agosto de 1998 y 1437 de 18 de enero de 2011, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o exista peligro, agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones acerca de la naturaleza de la acción popular, y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:

“[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]”.

En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, pues la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.

Según lo ha señalado el Consejo de Estado en forma reiterada, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales, (ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados.

XII. 3. Planteamiento del problema

XII.3.1. Los señores Luis Guillermo Corredor Bernal, José Abelardo Cely Pava y Luis Vicente Pulido Alba, en su condición de accionantes dentro de la presente causa constitucional, atribuyen a la Nación – Ministerio de Transporte (Dirección Territorial de Boyacá), al Departamento de Boyacá, al Municipio de Duitama, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A., la vulneración de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; la moralidad administrativa; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la seguridad y salubridad públicas; la prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Ello, como consecuencia de las presuntas omisiones y extralimitaciones de las entidades accionadas frente a los altos índices de accidentalidad de tránsito y mortalidad, presentados en el cruce de la doble calzada (por el perímetro urbano del Municipio de Duitama); al hacer coincidir la carrera No. 42 con la vía nacional doble calzada “Briceño – Tunja – Sogamoso B.T.S.”, situación que viene generando de tiempo atrás, un alto riesgo y/o peligro para las personas y vehículos que por allí transitan a diario.

XII.3.2. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 13 de noviembre de 2018, negó algunas de las excepciones formuladas por las entidades accionadas y, de otra parte, amparó únicamente el derecho colectivo concerniente a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

XII.3.3. Con base en lo anterior, el mencionado Tribunal, impartió las siguientes órdenes, a saber: (i) amparar la garantía colectiva indicada en precedencia; (ii) ordenar a la ANI y al Consorcio Solarte Solarte que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia, procedieran a ubicar e instalar los elementos que permitiesen la reducción efectiva de la velocidad en la carrera No. 42 del Municipio de Duitama (doble calzada corredor vial BTS), previa realización de los estudios técnicos respectivos para tal fin; (iii) ordenar al Municipio de Duitama que, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esa sentencia, formulara un plan mediante el cual se establecieran acciones tendientes a controlar la velocidad en la carrera arriba referida (incluyendo componentes pedagógicos y sancionatorios para la reducción efectiva de la accidentalidad y mortalidad); (iv) integrar el Comité de Verificación de cumplimiento de la sentencia popular de primera instancia, fechada el 13 de noviembre de 2018 y, por último, (v) negar las demás pretensiones elevadas en sede popular.

XII.3.4. Inconformes con la anterior decisión de primera instancia, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Municipio de Duitama, interpusieron recurso de apelación.

XII.3.4.1. La ANI, en su alzada, adujo que: (i) dentro de Ias funciones de aquella entidad, no se encuentra de manera expresa la de ejecutar y adelantar obras de mantenimiento, señalización y operación de obras de infraestructura, pues lo cierto es que la ANI se encarga únicamente de Ia administración de los contratos de concesión a su cargo; (ii) no se encuentra prueba de vulneración alguna de derechos colectivos, en virtud de la ejecución del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002 (Proyecto “Briceño – Tunja – Sogamoso T.B.S.”), por cuanto Ia entidad ha cumplido cabalmente con su rol en la ejecución del contrato de concesión, estando a cargo del Concesionario (Consorcio Solarte Solarte Constructures S.A.) la obligación del mantenimiento, señalización y operación del corredor vial y, por último, (iii) que el supuesto agravio soportado, también, es una obligación que compete y/o atañe a la autoridad municipal del Municipio de Tunja y Duitama, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al sub lite.

XII.3.4.2. El Municipio de Duitama, por su parte, esgrimió que: (i) los llamados a responder en el sub examine son, en definitiva, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructura y la empresa Solarte Solarte Constructores S.A.; (ii) existe una falta de legitimación en la causa por pasiva en favor de esa entidad territorial y, finalmente, (iii) que con el ánimo de reducir la accidentalidad presentada en la vía objeto de debate, la administración municipal, de forma oportuna, instaló dispositivos semafóricos entre el PR47+363 al PR47623 y cierre de separador entre el PR47+573 al PR47+573 al PR 47+623 de la ruta nacional 5502 Tunja-Duitama (que corresponde al proyecto vial denominado “Briceño-Tunja-Sogamoso T.B.S.”).

XII.3.5. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si con ocasión del estado actual del cruce de la doble calzada de la red vial nacional “Briceño – Tunja – Sogamoso B.T.S.” y de la carrera No. 42 del perímetro urbano del Municipio de Duitama (Boyacá) ¿se transgrede el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente como consecuencia?; Y de ser ello cierto ¿a qué entidad demandada le corresponde el restablecimiento del citado derecho?

XII.3.6. De ahí que, a efectos de entrar a resolver el caso concreto, la Sala considera necesario abordar los siguientes temas: (i) revisará el núcleo esencial y el alcance del derecho e interés colectivo alegado como vulnerado; (ii) examinará el marco normativo que reglamenta y rige las competencias y responsabilidades en la administración y gerencia de la red vial nacional primaria, secundaria y terciaria; y, finalmente, (iii) abordará la solución del caso concreto.

XII.4. Núcleo esencial y alcance del derecho e interés colectivo alegado como vulnerado y que, fue amparado, por el Tribunal.

XII.4.1. Respecto del concepto de derecho colectivo, el Consejo de Estado ha establecido lo siguiente:

“[…] El derecho colectivo, ha dicho la Sala, no se deduce en su existencia porque varias personas estén en una misma situación ni porque se acumulen situaciones parecidas de varios sujetos, ni porque se sumen; el derecho colectivo es aquel que recae sobre una comunidad entera a diferencia del derecho individual que es el que recae sobre una persona determinada. Por lo tanto, la prosperidad de las pretensiones en la acción popular está ligada con la existencia real de los siguientes elementos, que para el momento de fallar deben estar establecidos: La acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares y la amenaza o la violación a derechos e intereses colectivos […]”.

En la misma línea conceptual, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:

“[…] Esta Corporación, en reiteradas ocasiones, ha explicado el concepto y alcance de los derechos colectivos y ha señalado que: “Los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va más allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley” […]”.

XII.4.2.1. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Acerca del contenido y alcances de este derecho, la Sección Primera del Consejo de Estado, en un fallo de acción popular consideró lo siguiente:

“[…] Proclamado por el literal l) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida en un territorio”.

Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública. De ahí que esta Sección haya destacado el carácter preventivo de este derecho haciendo énfasis en su vocación de “evitar la consumación de los distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la actualidad”, ya no solo naturales (v. gr. fuego, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, tormentas, epidemias, etc.), sino también –cada vez más– de origen antropocéntrico (v.gr., contaminación del ambiente, intoxicaciones o afectaciones a la salud, destrucción o afectación de la propiedad privada o pública por accidentes, productos, actividades o instalaciones).

Pese al talante preventivo de este derecho colectivo, nada obsta para que su amparo pueda presentarse también ante situaciones que ya no solo constituyen riesgos sino vulneraciones concretas de los derechos e intereses reconocidos por la Constitución y la ley a la comunidad y a las personas que la conforman, y que, por ende, ameritan la intervención del Juez Constitucional. En últimas, tanto la prevención como la protección, corrección y restitución de estos derechos frente a situaciones que los afectan constituyen objetivos propios de las acciones populares; a las que, como se mencionó líneas arriba, es inherente una dimensión preventiva, protectora, reparadora y restitutoria de los derechos que amparan.

De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a la seguridad pública ha sido definido como “parte del concepto de orden público (…) concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad (…) Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas”.

Supone, entonces, una Administración Pública activa, técnica y comprometida con la asunción permanente de sus responsabilidades y con el monitoreo constante de aquellos ámbitos de la vida diaria que están bajo su cargo, como presupuesto de la actuación anticipada o preventiva (y también reactiva) que instaura como estándar de sus actuaciones. No se puede olvidar que es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los que son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando ellas son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de la realidad y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la efectividad de los derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros. Todo ello, lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues mal puede suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de cumplir por razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales […]”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto)

XII.5. Marco normativo que reglamenta y rige las competencias y responsabilidades en la administración y gerencia de la red vial nacional primaria, secundaria y terciaria.

XII.5.1. A efectos de recopilar el marco normativo que reglamenta la administración de la red vial nacional primaria, secundaria y terciaria, la Sala recuerda que esta Sección Primera, en sentencia de 31 de agosto de 2016, analizó las atribuciones del INVÍAS previstas en el Decreto 2618 de 2013, cuyo artículo 1° dispone que el objeto de esa entidad versa sobre: “[…] la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte […]”.

XII.5.2. En ese orden de ideas, el artículo 2º del mencionado Decreto contempla, entre otras, las siguientes funciones de INVÍAS:

“[…] 2.1 Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte.

2.2 Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su competencia.

2.3 Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas de su competencia.

[…]

2.5. Asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en las infraestructuras a su cargo, cuando ellas lo soliciten.

[…]

2.11. Prestar asesoría en materia de valorización, a los entes territoriales y entidades del Estado que lo requieran.

[…]

2.13. Definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la infraestructura de transporte de su competencia, así como las normas que deberán aplicarse para su uso […]”. (Negrillas y subrayas fuera de texto)

XII.5.3. Por su parte, el artículo 16 de la misma normativa, establece en su articulado que:

“[…] Artículo 16. Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. Son funciones de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, las siguientes:

[…]

16.2. Administrar integralmente los procesos de construcción, conservación, rehabilitación, operación, señalización y de seguridad de la infraestructura vial primaria y secundaria no concesionada.

[…]

16.4. Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas directamente o a través de terceros para la contratación de estudios, diseños y obras de la infraestructura a su cargo.

16.5. Liderar la planificación, programación y metodología del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de ejecución de obras de la infraestructura vial de su responsabilidad.

[…]

16.8. Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos bajo su responsabilidad […]”. (Negrillas y subrayas por fuera del texto original)

XII.5.4. Ahora bien, respecto a la definición de la red nacional primaria, secundaria y terciaria, el numeral 1.2. del “Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de 2008”, adoptado como norma técnica para los proyectos de la red vial nacional, mediante la Resolución 744 de 4 de marzo del 2009, establece lo siguiente:

“[…] 1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS

Para los efectos del presente Manual las carreteras se clasifican según su funcionalidad y el tipo de terreno.

1.2.1. Según su funcionalidad.

Determinada según la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nación en sus diferentes niveles: […]

1.2.1.1. Primarias.

Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás países.

Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas según las exigencias particulares del proyecto.

Las carreteras consideradas como Primarias deben funcionar pavimentadas.

1.2.1.2. Secundarias.

Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria. Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado.

1.2.1.3. Terciarias.

Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las vías Secundarias […]” (Destaca y subraya la Sala)

XII.5.5. De manera que la red vial primaria, comprende aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del país, y de éste con los demás países, debiendo siempre funcionar pavimentadas. Sumado a ello, es claro que la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, en primer orden, se encuentran a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, en el evento en que estas no hayan sido concesionadas.

XII.5.6. De otra parte, se evidencia en el Decreto No. 1735 del 28 de agosto de 2001, y en cuanto al INVIAS, que:

“[…] de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 12 de la Ley 105 de 1993, la Red Nacional de Carreteras, con sus zonas, facilidades y su señalización, hacen parte de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación y cumplen con la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo;

Que la Red Nacional de Carreteras se define de acuerdo con los siguientes criterios:

Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la Red Vial de Carreteras.

Las carreteras con dirección predominante norte-sur, denominadas troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales.

Las carreteras que unen las troncales, anteriores entre sí, denominadas transversales, cuyo volumen de tránsito esté justificado, y que comuniquen con los países limítrofes o con los puertos de comercio internacional.

Las carreteras que unen las capitales de departamento con la red conformada con los anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica. Esta conexión puede ser de carácter intermodal.

Las vías para cuya construcción se ha comprometido el Gobierno Nacional con gobiernos extranjeros, mediante convenios o pactos internacionales.

Que para el cumplimiento de la función señalada se hace necesario realizar la transferencia de las vías que se encuentran bajo la responsabilidad de entes territoriales a la Red Nacional de Carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y cuya nacionalización no se ha perfeccionado;

Que la Red Nacional de Carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) debe constituir una unidad armónica con la red a cargo de otros entes, razón por la cual se hace necesario señalar la que se encuentra construida, mediante este acto […]”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto)

XII.5.7. El artículo 4º, de este mismo decreto, dicta y contempla lo que a continuación se expone:

“[…]

Artículo 4º. Fijar la Red Nacional de Carreteras construida a cargo del Instituto Nacional de Vías, de conformidad con el Documento Compes número 3085 del 14 de julio de 2000, la cual está constituida por 16.575,1 km. de los cuales 11.650,4 km. corresponden a carreteras pavimentadas y 4.924,70 km. a carreteras en afirmado, de acuerdo con la evaluación realizada en diciembre de 1999, así:

[…]

7. Troncal Central del Norte.

5501 Bogotá –La Caro-Tunja, sector (calle 236) – Tunja 119.20

55 BY A - Variante de Tunja 4.00

5502 - Tunja-Duitama 48.00

5503 - Duitama-La Palmera 134.50

5504 - La Palmera-Presidente 104.81

5505 - Presidente-Pamplona-Cúcuta 139.10

5507 - Cúcuta-Puerto Santander-Puente Internacional Pedro de Hevía (La Unión)

[…]”

XII.5.8. Aun así, anota la Sala, que además de las normativas anteriormente citadas el artículo 76.4.1 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 establece como obligación del ente territorial, lo siguiente:

“[…] 76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente […]”. (Destaca la Sala)

XII.5.9. Además, en la Ley 1551 de 6 de julio de 2012, y precisamente en su artículo 6º, se instituye que:

“[…] Artículo 6º. El artículo 3º de la ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 3º. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. Corresponde al municipio:

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal.

4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes.

[…]

23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean departamentales […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala)

XII.5.10. En adición, la Sala observa que en la Resolución No. 003045 del 22 de agosto de 2003, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) cedió y subrogó a título gratuito el contrato de concesión No. 0377 del 15 de julio de 2002 celebrado con el Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A., al Instituto Nacional de Concesiones (INCO) hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). En dicho acto administrativo, en su artículo 2º, el INVIAS y la ANI suscribieron la respectiva acta de entrega. De igual manera, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3º de la referida resolución, la ANI y el Concesionario suscribieron, el 15 de junio de 2004, la modificación al contrato de concesión arriba indicado; en el sentido de que la ANI sustituyó al INVIAS en el citado contrato y/o acuerdo de voluntades, a la postre.

XII.5.11. Con base en lo anterior, la Sala encuentra que, es claro entonces que la vía que corresponde a la doble calzada “Briceño-Tunja-Sogamoso” (y concretamente el tramo objeto de la presente acción, esto es, la carrera 42 de la zona urbana del Municipio de Duitama), hace parte del inventario de vías a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). No obstante, se observa en el expediente, que entre esta entidad y el Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A. se suscribió el contrato de concesión No. 0377 del 15 de julio de 2002 respecto del referido trayecto; contrato que fue cedido y subrogado a través de la Resolución No. 03045 de 22 de agosto de 2003, por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) al Instituto Nacional de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

XII.5.12. Así las cosas, y en el sub lite, es posible observar que la vía que corresponde a la Carrera No. 42 de la ciudad de Duitama – Zona Urbana (que hace parte de la doble calzada “Briceño-Tunja-Sogamoso”), no continuó a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS); sino de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y de la empresa Solarte Solarte Constructores S.A.. Es decir, que por virtud de la cesión y subrogación del contrato de concesión No. 0377 de 2002, se tiene que la competencia de la ANI y del Consorcio Solarte Solarte sobre la doble calzada se circunscribe y circunda en torno a la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de los trayectos.

SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO

En el caso sub examine, se advierte que la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, en el fallo proferido el 13 de noviembre de 2018, encontró probado que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Municipio de Duitama y el Consorcio Solarte Solarte Constructures S.A., incurrieron en la vulneración del derecho e interés colectivo relacionado con la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en desmedro de los habitantes del Municipio de Duitama. Lo anterior, por cuanto halló acreditadas las omisiones y negligencias en las cuales incurrieron dichas entidades, frente a los altos índices de accidentalidad de tránsito y mortalidad, presentados en la vía nacional doble calzada “Briceño – Tunja – Sogamoso B.T.S.”; al hacerla coincidir con el cruce que une la carrera No. 42 del perímetro urbano del Municipio de Duitama. A juicio del a-quo, se pudo comprobar la situación que generaba un alto grado de riesgo, amenaza y/o peligro de accidentalidad, para las personas y vehículos que por allí circulaban a diario, lo que ameritaba la toma de medidas pertinentes por parte del juez popular, para efectos de conjurarle en su totalidad.

En efecto, dentro del expediente, se encuentra plenamente acreditada la vulneración de la garantía colectiva arriba referida, con ocasión de la omisión de las entidades demandadas en lo que a la gestión del riesgo, control de índices de accidentalidad, falta de señalización y medidas para la disminución de la velocidad en la vía objeto de litigio se refiere.

Así lo encontró acreditado el Tribunal, cuando aseveró que:

“[…] frente al aumento de la accidentalidad en el sector, la Sala considera que los derechos colectivos de los habitantes de la localidad están en entredicho.

[…]

Independientemente de lo anterior, un resultado común a ambas estadísticas consiste en que no predomina la imprudencia de los peatones sino de los conductores, principalmente por exceso de velocidad, no dejar una distancia prudente entre vehículos y, en general, el irrespeto a las señales de tránsito.

Visto este fenómeno en conjunto con los informes relacionados con la señalización de la vía, especialmente en lo referente a la velocidad máxima permitida, la Sala concluye que en realidad las características de las calzadas favorecen la conducción a alta velocidad, cuestión que no ha sido objeto de medidas físicas y no ha contado con un adecuado control por parte de las autoridades de tránsito. Este hecho revela una amenaza a los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente.

[…]

Así las cosas, el carácter preventivo de la acción popular, permite dictar medidas para conjurar los índices de accidentalidad y su aumento, independientemente de que estos se hayan incrementado marcadamente o no con la construcción de la doble calzada. No puede olvidarse, que este aspecto fue objeto de discusión a lo Iargo de toda la instancia, y las partes se pronunciaron al respecto; donde incluso el Alcalde del ente territorial, en varios escritos, manifestó su preocupación por el tema. Por ende, el derecho en mención se amparará y más adelante se dictarán las órdenes correspondientes […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala de Decisión)

En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión hace suyas las consideraciones efectuadas por el Tribunal, por cuanto la vulneración del derecho colectivo, en el sub examine, se encuentra verificada y comprobada en el caso objeto de estudio.

Ahora bien, y de cara a resolver los recursos de apelación oportunamente instaurados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Municipio de Duitama, el acervo probatorio, la normativa y jurisprudencia aplicables al sub lite, así como los argumentos expuestos y consignados en las alegaciones de conclusión, cumplirán una importancia capital, para efectos de resolver la controversia objeto de debate.

XIII.1. Resolución de los recursos de apelación en el sub judice, de cara al material probatorio.

XIII.1.2. Apelación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI):

XIII.1.2.1. Argumentos según los cuales, la ANI, (i) no ostenta las funciones de ejecutar y adelantar obras de mantenimiento, señalización y operación de obras de infraestructura, ya que sólo se encarga de la administración de los contratos de concesión a su cargo; (ii) ha cumplido a cabalidad con su rol en la ejecución del contrato de concesión No. 0377 de 2002 (proyecto “Briceño – Tunja – Sogamoso T.B.S.”) y las obligaciones de mantenimiento, señalización y operación del corredor vial se hallan en cabeza del Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A.; y, por último, (iii) que el supuesto agravio soportado, también, es una obligación en cabeza de la autoridad municipal de Tunja y Duitama, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al sub lite.

Pues bien, y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente popular, y de su análisis en conjunto, la Sala estima que dichos argumentos formulados en sede de apelación, en definitiva, no se encuentran llamados a prosperar, como probatoriamente se respalda a continuación.

En la vía nacional doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso (ubicada en el departamento de Boyacá), se viene generando de tiempo atrás, y concretamente en el tramo que atraviesa la zona urbana del Municipio de Duitama, una afectación a la seguridad vial; en tanto se incrementaron los accidentes de tránsito debido al alto flujo vehicular que fluye o transita por el eje vial de la carrera No. 42 del municipio. Dicha situación, a todas luces, ha puesto en riesgo y constante peligro a las personas y vehículos que por allí circulan a diario.

Así se desprende del resumen ejecutivo de la señalización del paso urbano por el Municipio de Duitama, remitido al plenario por el Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI (de fecha 17 de octubre de 2013), en el que, además de evidenciarse algunos registros fotográficos, de su contenido se destaca lo siguiente:

“[…]

En el corredor vial del paso urbano por este municipio, se tienen dispuestos diferentes señales reglamentarias que advierten al usuario de la vía, la necesidad y obligación de reducir la velocidad, así como lo precaución en cruces peligrosos, teniendo en cuento lo establecido en el CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 DE 2002 en el CAPITULO XI. Límites de velocidad, Artículo 106. Límites de velocidad en zonas urbanas público.

[…]

En el paso urbano por el municipio de Duitama se encuentran construidos dos (2) puentes peatonales, para el cruce seguro de los usuarios de la vía así como los pasos de a (sic) nivel permitidos y debidamente demarcados en los cruces sanforizados. Teniendo en cuento lo establecido en el CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 DE 2002 en el CAPITULO II. Artículo 58.

[…]

Por otra parte existen tres aberturas del separador (broches) como se muestra en las siguientes fotografías, los cuales evidentemente generan un riesgo o los usuarios de la vía, ya que no son cruces permitidos y por ende no tienen señalización adecuado vertical y horizontal, sin embargo, y una vez realizada la visita del Concesionario con el funcionario de la secretaría de tránsito municipal de Duitama, esta solicitó la instalación de señales de prohibido girar en U en las aberturas del separador existente, a lo cual se ve viable dicho solicitud y se programa su instalación en el menor tiempo posible con el Concesionario. Respecto de las aberturas, inicialmente existían 10 aberturas en el separador en el paso urbano de Duitama y en el diseño original solamente quedaría la abertura de la avenida de las Américas, pero por solicitud del municipio ante el INCO hoy ANI se revisó y se dejaron abiertos la de Higueras y Camilo Torres los cuales fueron semaforizadas, de las otras aberturas se dejaron tres (3) de acuerdo a que por solicitud del municipio a través de la Secretaría de Tránsito era necesario dejarlo para no afectar Ias rutas de trasporte público.

En cuento o la observación “…dada la precaria señalización y deficiencia en los dispositivos de control vial...” cabe aclarar que el Concesionario dentro de las actividades de mantenimiento que adelanta a los dispositivos de señalización así como la demarcación vertical y horizontal, ha atendido oportunamente Ios observaciones hechas por la interventoría y la ANI, es claro que la situación en cuanto a la demarcación horizontal actualmente se encuentra deficiente en algunos sectores, a pesar de que la última reposición fue hecha en la segunda semana del mes de agosto de 2013, estas deficiencias se deben al arrastre de material particulado y lodo sobre Ias bermas y los carriles del corredor concesionado debido a los vehículos que entran y salen de los parqueaderos no pavimentados, vehículos de carga, talleres, estaciones de servicio, entre otras, contaminando las líneas de demarcación horizontal deteriorándolas y disminuyendo así su visibilidad.

[…]

Otra situación que se evidencia y que a su vez contribuye con el incremento de los índices de accidentalidad en el sector, como hace referencia en el Documento el Organismo de Tránsito de Duitama es el estacionamiento de todo tipo de vehículos sobre lo vía, generando problemas de seguridad vial como: reducción de los carriles, riego de accidentalidad, a los usuarios que pasan por este sector, afectación del flujo normal de los vehículos, dificultad y conflictos vehiculares con los vehículos que ingresan y desvían en las bocacalles con la vía concesionada, riesgo de atropello de peatones, entre otras, esta circunstancia estaría en contravía con lo consagrado en el artículo 76 del CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 DE 2002).

[…]

Con respecto a la entidad responsable de velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia de tránsito y transporte, aplicación de las sanciones a que hay lugar por violación al Código Nacional de Tránsito e implementar medidas para el mejor ordenamiento del tránsito en dicho tramo del corredor concesionado será Ia Secretaría de Tránsito del Municipio […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala)

Hay que referir que, de manera posterior, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en documentación allegada al expediente bajo el radicado No. 2013-701-020468-1 (del 13 de diciembre de 2013), enseñó que instaló señalización vial que indicaba el tope de velocidad máxima y la prohibición de realizar el giro y/o maniobra en “U”).

De manera que, de lo hasta aquí visto, la Sala evidencia que la ANI así como el Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A. han instalado de forma visible a lo largo de la Carrera No. 42 del Municipio de Duitama (paso doble calzada B.T.S.), algunas señalizaciones de tránsito, de carácter reglamentario y preventivas; con miras a reducir, de alguna manera, la situación de peligro y/o riesgo que se vive en dicho tramo vial. No obstante, frente al aumento de los índices de accidentalidad en el sector, se estima que aún pervive, en la actualidad, la transgresión de la garantía colectiva que fue amparada por el a-quo en su sentencia de primer grado.

Es imperativo poner de presente, que en el trámite del presente proceso, el Tribunal Administrativo de Boyacá procuró obtener las estadísticas de accidentalidad de la vía, antes y después de la construcción de la doble calzada; empero, se tenía que la única información disponible en las bases de datos de las entidades accionadas databa del año 2009. Sintetizando las cifras en mención, los resultados son los siguientes, de conformidad con el informe allegado por el Consorcio interventor de la concesión, para los periodos comprendidos entre el mes de agosto de 2009 y hasta el mes de junio de 2017:

“[…]

INFORME CONSORCIO INTERVENTORÍA B.T.S.:

AÑO

MUERTOS

LESIONADOS

PEATONES INVOLUCRADOS

TOTAL ACCIDENTES

2009

1

1

1

10

2010

0

12

0

25

2011

2

16

1

25

2012

2

16

1

25

2013

0

2

1

20

2014

0

13

2

27

2015

1

5

0

29

2016

0

10

2

26

2017

0

1

2

8

TOTALES

6

76

10

195

[…]”.

Del análisis de los datos arriba expuestos, se puede inferir que, según dicha estadística, en promedio se venían produciendo 25.28% accidentes anualmente (tomando las cifras de años completos), los cuales en su mayoría no implican peatones ni lesiones a personas, o muertes, sino daños a bienes (en general, automóviles, motocicletas y bicicletas).

Empero, la Sala observa que, una segunda estadística fue aportada por la Secretaría de Tránsito de Duitama, mediante Oficio No. STT-1060.41-251-2017 del 7 de abril de 2017, la cual cuenta con información diametralmente diferente, y que, a continuación se expone. Veamos:

“[…]

INFORME SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE DUITAMA:

AÑO

MUERTOS

LESIONADOS

PEATONES INVOLUCRADOS

TOTAL ACCIDENTES

2012

3

9

2

53

2013

1

9

1

40

2014

0

15

1

45

2015

1

16

5

56

2016

2

23

6

71

2017

0

2

1

13

TOTALES

7

74

16

278

[…]”.

De acuerdo con esta dependencia de la entidad territorial, y de lo arriba expuesto, se encuentra que en promedio ocurren 53 accidentes al año en la mentada vía (prácticamente 1 semanal), los cuales, aun cuando no producen un número elevado de muertes (en promedio 1,4 al año), sí comprenden un alto índice de personas lesionadas, que desde el año 2014 viene en aumento; así como también daños materiales derivados de dichos sucesos.

No cabe duda para la Sala que, en este punto, la segunda estadística enseñada aporta y ostenta una mayor confiabilidad y/o veridicidad porque las reglas de la experiencia muestran y denotan que, habitualmente, al presentarse un accidente en una vía urbana acude la Policía de Tránsito a atender y registrar la situación; mientras que un Concesionario solo se entera de la ocurrencia de estos incidentes si le son reportados, de manera oportuna. Además, la información que reposa en la tabla allegada por parte de la Secretaría de Tránsito de Duitama, precisa datos claros de los incidentes, como lo son, por ejemplo, la fecha y el lugar exacto donde acaecieron dichos accidentes, así como las placas de los vehículos involucrados.

Así pues, y tal y como lo esbozó el a-quo en su momento, la Sala de Decisión concuerda en que un resultado común a ambas estadísticas consiste en que no predomina la imprudencia de los peatones sino de los conductores; principalmente por exceso de velocidad, no dejar una distancia prudente entre vehículos, falta de señalización suficiente y, en general, el irrespeto a las señales de tránsito establecidas de manera previa.

En efecto, y a juicio de este juez constitucional, visto este fenómeno en conjunto con los informes relacionados con la señalización de la vía (en especial con lo referente a la velocidad máxima allí permitida), y demás documentos probatorios allegados al plenario popular, es posible denotar e inferir el estado actual de riesgo y peligro que se vive y se soporta en dicho tramo vial, para los transeúntes y vehículos que por allí circulan; y pese a que se ha pregonado por una intervención eficiente y eficaz para conjurar dichas anomalías, hasta la fecha, no se ha dado una solución palpable a la problemática que aquí se suscita, y en ese orden de ideas, es posible colegir que dicho problema aún pervive y se mantiene latente en la actualidad.

Es decir, el apoyo técnico hasta ahora efectuado, resulta insuficiente porque sólo genera un diagnóstico y/o mapeo de la problemática que en ese sector se padece, mas sin embargo, no se ofrece solución alguna para superarla a cabalidad; pues resulta palmario que las características de las calzadas favorecen y/o permiten la conducción a altas velocidades, asunto que no ha sido objeto de medidas eficientes y un adecuado control por parte de las autoridades de tránsito pertinentes. En ese entendido, es posible evidenciar a todas luces una vulneración y/o amenaza al derecho colectivo relacionado con la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el cual fue amparado por el Tribunal.

Lo anterior tiene pleno respaldo jurisprudencial, pues el Consejo de Estado ha señalado, en su amplia jurisprudencia y sobre la materia que aquí se estudia, que:

“[…] En anteriores oportunidades, la Sala ha puesto de presente que tratándose de una acción de naturaleza preventiva, procede amparar los derechos colectivos cuando se demuestra la situación causante de amenaza. En sentencia de 27 de septiembre de 2007, precisó:

[…]

Es evidente el riesgo que corren los usuarios de la vía La Donjuana – Durania debido a la falta de señalización y demarcación; por tanto, acertó el Tribunal al conceder el amparo a los derechos colectivos a Ia seguridad y a la prevención de destares previsibles técnicamente y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, y al afirmar que para darles protección no es necesario acreditar la ocurrencia de accidentes.

Así, pues, no acertó el Tribunal al negar las pretensiones por considerar que el índice de accidentalidad es mínimo en la zona y que no se probó la existencia de un “perjuicio concreto”.

Se reitera que al tenor del artículo 2º de Ia Ley 472 de 1998, la acción popular tiene fin preventivo, por lo cual, es procedente tomar medidas de protección, cuando se demuestran los hechos causantes de “daño contingente, peligro o amenaza”, para los derechos colectivos […]”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto original)

Bajo dicho entendido, y al tenor del raciocinio efectuado por el Tribunal en su providencia de primer grado, en el sub judice es evidente que el carácter preventivo de la acción popular permite dictar medidas para conjurar los índices de accidentalidad y su aumento, independientemente de que estos se hayan incrementado marcadamente o no con la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso (ubicada en el departamento de Boyacá).

Cabe destacar, que la Sección Primera de esta Corporación, en proveído dictado el 9 de mayo de 2019 (con ponencia del doctor Roberto Augusto Serrato Valdés), indicó lo siguiente:

“[…] IV.4.1. La Constitución Política consagra, entre otros derechos colectivos, el de circular libremente por el territorio nacional; al uso y goce de los bienes de uso público (como las carreteras), así como la correlativa obligación del Estado de garantizar la integridad del espacio público y su destinación al uso común; y a la especial protección del Estado en materia de producción de alimentos. Por consiguiente, es deber de las autoridades impulsar el desarrollo económico y el progreso social, para lo cual ejecutarán las obras públicas correspondientes, entre ellas, las relacionadas con el servicio público de transporte y la reconstrucción de la infraestructura vial del país.

IV.4.2. De otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido a la naturaleza colectiva de los derechos relacionados con el libre tránsito y la utilización en condiciones adecuadas de las vías públicas, como puede observarse en las siguientes providencias.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5 de junio de 2003 (M.P: Reinaldo Chavarro Buritica), precisó la conexidad entre los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, y el libre tránsito de la comunidad por las vías públicas, de la siguiente forma:

[…]

De acuerdo con las normas, forman parte del espacio público y constituyen bienes de uso público, las vías públicas, las cuales no podrán ser afectadas de manera que priven a la ciudadanía de su uso, goce y libre tránsito; bajo estos preceptos es claro que el hecho de interrumpir una vía destinada a uso y goce de la ciudadanía, e impedir su libre tránsito vulnera los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización de los bienes de uso público, por lo tanto, forzoso es concluir que con la interrupción del camino público en el año de 1979, por el paso de la tubería de la hidroeléctrica Pagua, hoy denominado carrera primera 1ª de la nomenclatura urbana del municipio de El Colegio, se vulneraron los derechos colectivos invocados y debe ordenarse su protección […]”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto)

Además, en providencia de la Sección Primera de esta Corporación judicial, de fecha 18 de marzo de 2010 (rad. Núm. 2004-001364-01), en otro caso similar al que aquí se debate, se adujo que:

“[…] Para la Sala, la negligencia del recurrente frente al cumplimiento de su deber legal de mantenimiento y señalización de las vías a su cargo, constituye, sin lugar a duda alguna, una seria amenaza al derecho colectivo a la seguridad pública, pues no es necesario demostrar el grado de accidentalidad para inferir que la falta de señalización vial en carreteras comporta un riesgo para los usuarios de la misma, por lo tanto, en el caso examinado, basta con demostrar la negligencia de la autoridad obligada al mantenimiento de la vía, para concluir que tal conducta omisiva amenaza el citado derecho colectivo.

En tales circunstancias, el numeral 1° de la sentencia recurrida será modificado en el sentido de indicar que el derecho colectivo que se protege es el de la seguridad pública, no el de la prestación eficiente del servicio público de transporte. En lo demás la sentencia impugnada se confirmará […]”. (Destaca la Sala)

En el mismo sentido, en proveído calendado el 4 de mayo de 2011 (C.P. María Elizabeth García Gonzales), esta Sección Primera recalcó:

“[…] En el sub-lite se reclama, específicamente, el derecho a acceder en forma segura a determinadas vías de orden nacional, que tienen como finalidad conectar algunos Municipios del Departamento del Huila con el resto del país. En este orden de ideas, se solicita, que a efectos de acudir a dichas carreteras, se les garantice “seguridad” a sus usuarios, pues debido a la carencia de señalización y el deterioro y mala condición de las mismas, las personas se han visto expuestas a sufrir toda clase de accidentes, lo que presuntamente evidencia amenaza y/o vulneración a sus derechos colectivos.

Frente a la normatividad aplicable, el artículo 82 de la Constitución Política consagró el derecho al goce del espacio público, su utilización y defensa, en los siguientes términos: “Artículo 82.- Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.” A su vez el artículo 24 ibídem, señaló que todo colombiano tiene derecho de circular libremente por el territorio nacional, con las limitaciones que establece la ley.

[…]

Por su parte, el artículo 1º de La Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones" prevé que el derecho a la libre circulación en el territorio nacional, está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes. De conformidad con lo anterior, el Estado tiene como obligación primordial, garantizar a la comunidad el acceso a los bienes de uso público, tales como las vías que aquí se cuestionan inseguras.

[…]

Así mismo, quedó en evidencia la escasa señalización de las vías, cuya instalación es imperiosa, toda vez que a través de éstas, se le advierte al usuario acerca de las falencias del terreno, evitándose de esta manera la ocurrencia de cualquier tipo de accidentes […]”. (Negrillas y subrayas de Sala)

Pues bien, y una vez efectuado el análisis de las pruebas obrantes en el plenario popular, en conjunto con la normativa pertinente así como la jurisprudencia aplicable al sub examine, la Sala considera que los argumentos elevados en sede de apelación, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no se encuentran llamados a prosperar por los siguientes motivos que a continuación se explican.

Tal y como se explicó de manera precedente, la Sala observa que, la vía que corresponde a la doble calzada “Briceño-Tunja-Sogamoso” (y concretamente el tramo objeto de la presente acción, esto es, la carrera 42 de la zona urbana del Municipio de Duitama), hace parte del inventario de vías a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). No obstante, se observa en el expediente, que entre esta entidad y el Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A. se suscribió el contrato de concesión No. 0377 del 15 de julio de 2002 respecto del referido trayecto; contrato que posteriormente fue cedido y subrogado a través de la Resolución No. 03045 de 22 de agosto de 2003, por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) al Instituto Nacional de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En este último acto administrativo, en su artículo 2º, el INVIAS y la ANI suscribieron la respectiva acta de entrega. De igual manera, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3º de la referida resolución, la ANI y el Concesionario suscribieron, el 15 de junio de 2004, la modificación al contrato de concesión arriba indicado; en el sentido de que la ANI sustituyó al INVIAS en el citado acuerdo de voluntades suscrito.

En las anteriores condiciones, la vía que corresponde a la Carrera No. 42 de la ciudad de Duitama – Zona Urbana (que hace parte de la doble calzada “Briceño-Tunja-Sogamoso”), no continuó a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS); sino de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y de la empresa Solarte Solarte Constructores S.A.

Ahora bien, según se observa en la cláusula 2º del referido contrato de concesión (fls.540 a 620 del cuaderno No. 3 del expediente), se tiene que, el objeto para el cual fue suscrito, fue: “(…) el otorgamiento al CONCESIONARIO de una concesión para que realice, por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, las obras de construcción, rehabilitación, y mejoramiento, la operación y mantenimiento de los trayectos, la prestación de los servicios y el uso de los bienes de propiedad del INVIAS dados en concesión (…)”.

Por lo tanto, se puede colegir con claridad que por virtud de la cesión y subrogación del contrato de concesión No. 0377 del 15 de julio de 2002, la competencia de la ANI y del Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A. sobre la doble calzada se circunscribe y circunda en torno a la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de los trayectos.

En este estado de cosas, y en atención a lo visto en precedencia, no le es dable a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pregonar que, en el sub judice, sólo se encarga de la administración de los contratos de concesión a su cargo y, además, que: “(…) ha cumplido a cabalidad con su rol en la ejecución del contrato de concesión No. 0377 de 2002 (…)”, cuando ello, al tenor del acervo probatorio que reposa en el expediente constitucional, no corresponde a la realidad.

Antes bien, tanto a dicha entidad, como a la empresa Solarte Solarte Constructures S.A. (o a quien asuma la calidad de concesionario), y tal y como lo expresó en su momento el Tribunal de primer grado, les compete proceder a ubicar e instalar los elementos y mecanismos pertinentes que permitan la reducción efectiva de la velocidad en la Carrera No. 42 del Municipio de Duitama (doble calzada corredor vial .B.T.S.), previa realización del estudio técnico respectivo y del caso; con la finalidad concreta de favorecer en el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en la señalización existente en la mentada vía.

Todo lo anterior, si se considera que las respectivas problemáticas viales no han sido solucionadas a cabalidad y, de lo cual se vislumbra, efectivamente, la vulneración al derecho colectivo relacionado con la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; cuyo amparo fue deprecado en el petitum de la demanda y amparado en la sentencia de 13 de noviembre de 2018 por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá.

Por último, y si bien la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) alegó en su alzada que, en virtud del Decreto 80 del 15 de enero de 1987 (artículo 10, literal “D”), el supuesto agravio soportado, también, es una obligación que compete y/o atañe a la autoridad municipal de Tunja y Duitama, la Sala de Decisión observa que dicho argumento no ostenta vocación de prosperidad, por cuanto, de manera posterior, fue dictado el Decreto 023 del 19 de enero de 1998, el cual estableció que:

“[…] Que el Decreto  HYPERLINK "https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=12245" \l "0" 80 de Enero 15 de 1987, dictado por el Gobierno Nacional asignó unas funciones al Distrito Especial de Bogotá, en relación con el Transporte Urbano.

Que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes, dentro de la organización administrativa del ente Territorial, es el organismo encargado del manejo de la problemática del Tránsito y el Transporte.

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Asignase al Director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes de Bogotá D.E., el ejercicio de las funciones asignadas al Distrito Especial, en el Decreto  HYPERLINK "https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=12245" \l "0" 80 del 15 de enero de 1987.

ARTÍCULO 2. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición […]”. (Subrayas de la Sala)

De forma ulterior, se tiene que el Decreto 646 del 27 de noviembre de 1990, derogó tácitamente el Decreto arriba referido y, posteriormente, este también fue derogado por el artículo 58 del Decreto distrital 265 del 9 de mayo de 1991, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 58. Derógase en su integridad el Decreto  HYPERLINK "https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=2875" \l "0" 646 del 27 de noviembre de 1990 […]”.

Posteriormente, la Sala evidencia que, el referido Decreto No. 265 del 9 de mayo de 1991, fue a su vez derogado por el artículo 4º del Decreto Distrital No. 364 del 20 de junio de 2019, de la siguiente manera:

“[…] Artículo 4º.- El presente Decreto rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, y deroga el Decreto Distrital  HYPERLINK "https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=3100" 136 de 1976, el Decreto Distrital  HYPERLINK "https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=3151" 454 de 1985, el Decreto Distrital  HYPERLINK "https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=2129" 265de 1991, el artículo  HYPERLINK "https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=4643" \l "8" 8º del Decreto Distrital 660 de 2001, el Decreto Distrital  HYPERLINK "https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=9462" 292 de 2003, el Decreto Distrital  HYPERLINK "https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=12184" 46 de 2004, el Decreto Distrital  HYPERLINK "https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=18325" 424 de 2005, y demás normas que le sean contrarias […]”.

En ese entendido, y en sentir de éste Juez constitucional, los argumentos consignados en el recurso de alzada elevado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no se encuentran llamados a tener vocación de prosperidad, finalmente.

XIII.1.3. Apelación del Municipio de Duitama (Boyacá):

XIII.1.3.1. Argumentos según los cuales, y a juicio del Municipio, (i) los llamados a responder en el sub examine son, en definitiva, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructura y la empresa Solarte Solarte Constructores S.A. (por cuanto existe una falta de legitimación en la causa por pasiva en favor de esa entidad territorial); y, finalmente, (ii) que con el ánimo de reducir la accidentalidad presentada en la vía objeto de debate, la administración municipal, de forma oportuna, instaló dispositivos semafóricos entre el PR47+363 al PR47623 y cierre de separador entre el PR47+573 al PR47+573 al PR 47+623 de la ruta nacional 5502 Tunja-Duitama (que corresponde al proyecto vial denominado “Briceño-Tunja-Sogamoso T.B.S.”).

Ahora bien, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente constitucional, así como la normativa y jurisprudencia aplicables al sub lite, la Sala considera que los referidos argumentos esgrimidos por la entidad territorial, en esta oportunidad, no se encuentran llamados a prosperar, como pasa a explicarse a continuación.

Verificada y ratificada la problemática de riesgo y peligro latente, en el pluricitado tramo vial objeto de litigio (ubicado en el departamento de Boyacá), se observa que obra en el expediente el oficio No. APL-1001-491-17 del 4 de abril de 2017, a través del cual la Oficina Asesora de Planeación dio respuesta a la solicitud efectuada por el Municipio de Duitama, acerca del proceso de urbanización y de construcción de la zona sur del referido municipio, en los siguientes términos:

“[…] 1. LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN EN LA ZONA SUR, NO ESTÁN CONGELADOS POR CAUSA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA (CARRERA 42).

2. Su restricción obedece a lo establecido en el Acuerdo 039 de 2009 - Modificaciones Excepcionales Plan de Ordenamiento Territorial Artículo 94, que indica:

“Artículo 94. PLANES PARCIALES. De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, se entiende por planes parciales “los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento para las áreas determinados del suelo urbano y para las áreas incluidos dentro del suelo de expansión urbano, además de los que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanístico, macro proyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con los autorizaciones emanados de las normas urbanísticas generales”.

Los planes parciales que se describen a continuación. Su desarrollo y puesta en marcha será tarea prioritaria de la administración, una vez sea aprobada el presente acuerdo municipal.

1. PLAN PARCIAL ZONA SUR.

Delimitado entre la Autopista Central del Norte, canal de Vargas y Camellón de Narváez, incluyendo los terrenos de lo Villa Olímpica y la Urbanización Juan Grande. El plan parcial de lo zona sur, se debe realizar en el mediano y largo plazo, mientras tanto se congelan todo tipo de licencias de construcción y urbanización.

[…]

3. Que atendiendo al Decreto Nacional No. 4065 de 2008, la Ley 1450 de 2011 y el Acuerdo 039 de 2009 - MODIFICACIONES EXCEPCIONALES PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, mientras el municipio de Duitama no adopte el PLAN PARCIAL DE LA ZONA SUR, que es el que define Ia norma aplicable a este sector, no es posible desarrollar procesos de urbanización ni procesos constructivos razón por lo cual tampoco se expiden parámetros a los predios definidos dentro del estudio de la zona sur, y por ende, las Curadurías Urbanas NO PUEDEN EXPEDIR LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE PARQUEADEROS PARA VEHÍCULOS PESADOS.

[…]

JUSTIFICACIÓN.

La Avenida de las Américas ha generado un gran desarrollo de la ciudad hacia este costado, principalmente en actividades de tipo residencial. Es una extensa zona, casi libre de ocupación, menor al 20%, presentando usos rurales. Ya ha comenzado un proceso de urbanización con conjuntos residenciales aislados, sin prever condiciones de mínima seguridad como las paralelas a la autopista, ni la solución de a los niveles de alcantarillado con relación a los desagües.

Se ha adelantado en los dos últimos años una dinámica de división predial, sin ningún ordenamiento y se ha disparado el nivel de venta de predios para los proyectos de vivienda en su mayoría de interés social. La mayoría de proyectos que se están planteando, aparecen como islas sin ningún tipo de articulación, generando amplios espacios privados de mala calidad y vacíos urbanos más grandes que los existentes en Aguatendida […]”. (Negrillas por fuera de texto)

A su vez, obra en el expediente constitucional informe del 31 de octubre de 2013, por medio del cual la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Duitama puso de presente, entre otros aspectos, que:

“[…] 1. En cumplimiento de las normas constitucionales y estatutarias, es potestad de Ia autoridad de tránsito Ia colocación de la respectiva señalización en los perímetros urbanos, en concordancia con el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) y los dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, adoptado por el Ministerio de transporte como reglamento oficial de acuerdo a la Resolución No. 1050 del 5 de Mayo de 2004, el Municipio de Duitama, por iniciativa de esta secretaría, velando por la seguridad vehicular y peatonal, en su oportunidad se instalaron las respectivas señales verticales de peso máximo total permitido, en todas las entradas a la parte urbana de Duitama, con el fin de restringir el parqueo de Ios vehículos con y de más peso a lo largo de la carrera 42 y así dar más fluidez a la movilidad.

2. La Secretaría de tránsito y Transporte del Municipio e Duitama, ha venido adelantando operativos de descongestión, en conjunto con los agentes de tránsito y profesionales de esta Secretaría. Estos operativos de descongestión se realizan de forma regular, con el ánimo de corregir el problema por la existencia de empresas de carga, talleres, parqueaderos, almacenes de repuestos para vehículos pesados, presencia de parqueos de vehículos al lado y lado de la vía generando desorden, como también, para garantizar el flujo vehicular especialmente al cruce por el municipio de Duitama por Ia carrera 42.

3. El Municipio de Duitama, a través de la Secretaria de Tránsito y Transporte, ha venido realizando los respectivos mantenimientos a los tres (3) cruces semaforizados que el Consorcio Solarte y Solarte S.A. instaló sobre Ia carrera 42. Estos semáforos instalados provisionalmente, mientras se construyen las dos glorietas: Una en el sector de Higueras y la otra en el sector La Virgen. Igualmente, la construcción del puente vehicular y peatonal como proyección de la avenida de las Américas.

4. Se han sancionado eficazmente a los contraventores de las normas de tránsito, como se aprecia al final de este informe en registro fotográfico tomado en el lugar y sus vías conducentes […]”. (Se Destaca)

De los documentos transcritos y demás elementos de prueba obrantes en el expediente, es posible afirmar que el concesionario Consorcio Solarte Solarte Constructores S.A., dentro de las actividades de mantenimiento que realiza a los elementos de señalización, ha adoptado algunas medidas correspondientes en el paso de Ia BTS por la zona urbana de Duitama, advirtiendo a los usuarios, a través de diferentes señales de tránsito, Ia obligación de reducir la velocidad, así como los cruces peligrosos, pasos peatonales, semáforos y puentes peatonales; teniendo los peatones la obligación de atenderlas, especialmente en lo que respecta a los cruces, los cuales, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), solamente se pueden realizar por Ias zonas autorizadas tales como, puentes, zonas peatonales, etc., zonas que se encuentran visibles y señalizadas adecuadamente en la vía motivo de inconformidad.

Sin embargo, dichas acciones y medidas dirigidas a conjurar los altos índices de accidentalidad resultan exiguas e insuficientes en atención a la realidad existente en la precitada vía; y en ese entendido, la problemática aquí presentada no puede escapar de la órbita de éste juez constitucional, motivo por el cual se deben tomar las medidas pertinentes encaminadas a corregir dicha situación.

En este sentido, la Sala estima preciso indicar que el artículo 311 de la Constitución Política de 1991, indica que al ente municipal: “(…) le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.

De igual forma, al Alcalde, como director de la función administrativa y primera autoridad de policía, le corresponde “cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo” y “(…) asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo (…)”.

Además, en la Ley 1551 de 6 de julio de 2012, y precisamente en su artículo 6º, se instituye que:

“[…] Artículo 6º. El artículo 3º de la ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 3º. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. Corresponde al municipio:

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal.

4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes.

[…]

7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección constitucional.

[…]

23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean departamentales […]”. (Negrillas y subrayas de la Sala)

Se recuerda también que, en cuanto al ordenamiento del territorio, la Ley 388 de 18 de julio de 1997 señala lo siguiente, a saber:

“[…] ARTICULO 3º. FUNCIÓN PÚBLICA DEL URBANISMO. El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines:

1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios.

2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.

3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural.

4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.

[…]

ARTICULO 5o. CONCEPTO.  El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.

ARTICULO 6o. OBJETO. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante:

1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales.

[…]

ARTICULO 8o. ACCIÓN URBANISTICA. <Artículo corregido mediante FE DE ERRATAS contenida en el Diario Oficial No. 43.127 del 12 de septiembre de 1997, el texto corregido es el siguiente:

La función pública del ordenamiento del territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras:

1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.

[…]

3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.

[…]

5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.

[…]

13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.

[…]

PARAGRAFO. Las acciones urbanísticas aquí previstas deberán estar contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen o complementen, en los términos previstos en la presente ley.

[…]”. [Subrayas de la Sala].

Por último, en el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 769 del 6 de julio de 2002, indica lo que a continuación se expone:

“[…] Artículo 7º. CUMPLIMIENTO RÉGIMEN NORMATIVO. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías […]”.

Lo anterior tiene pleno y pacífico respaldo jurisprudencial, por cuanto en sentencia de 22 de julio de 2009 (exp. Núm. 16.333), la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó que:

“[…] Bajo esta perspectiva, se observa que la norma (Decreto 80 de 1987) otorga a los municipios Ia obligación y/o potestad de adecuar o acomodar las vías nacionales de acuerdo con sus necesidades, a efectos de garantizar la prestación de los servicios públicos, situación que exige la construcción de diferentes redes físicas (alcantarillado, acueducto, etc. ); de regular la circulación vehicular o peatonal en la zona, integrando o facilitando Ia convexidad de esa vía con los demás del orden municipal (construyendo cruces viales y puentes peatonales); facilitar Ia urbanización y edificación en determinada área; entre otras actividades con similar finalidad y que no están relacionadas con Ia construcción, el mantenimiento o Io señalización de una vía nacional. Sin embargo, no puede entenderse que dicha obligación de adecuar o acomodar signifique el mantenimiento, sostenimiento o la señalización de Ia respectivo vía nacional […]”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto original)

En otra oportunidad, la Sección Primera de esta Alta Corte, en destacable providencia del 18 de febrero de 2010 (con ponencia del doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), al respecto indicó:

“[…] 8.- Señalización y semaforización. Al respecto, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, y garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en dicho Estatuto. En ese orden de ideas, el citado precepto dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

En ese sentido, la Ley 769 de 2002 por la cual se expidió el “Código Nacional de Tránsito Terrestre” en su artículo 7º, prevé que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y privadas abiertas al público. Entre tales autoridades según el artículo 6 de la ley mencionada, se encuentran las Secretarías de Tránsito y Transporte de los Distritos Especiales, en su calidad de organismos de tránsito.

De otra parte, el Código Nacional de Tránsito Terrestre dispone que los peatones y los conductores de vehículos automotores deben de tener ciertos comportamientos, pues los artículos 57 y 63 de dicha disposición legal prevén lo siguiente:

“Artículo 57. Circulación peatonal. El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo.

Artículo 63. Respeto a los derechos de los peatones. Los conductores de vehículos deberán respetar los derechos e integridad de los peatones.”

[…]

En efecto, para que las pruebas de accidentes en la zona objeto de discusión se consideren como fundamento que acredite la vulneración del derecho colectivo a la seguridad pública, debe probarse que los accidentes fueron consecuencia de la ausencia de señalización, semaforización y/o medidas necesarias para mitigar el riesgo. Pues, bien los accidentes también pueden ser por la imprudencia de los peatones y/o conductores […]”. (Negrillas de la Sala de Decisión)

Además, en proveído fechado el 31 de enero de 2008, ésta misma Sección Primera explicó:

“[…] En el caso concreto el Tribunal consideró probada la vulneración efectiva a los derechos cuya seguridad y garantía reclama el actor, con base en el dictamen pericial rendido con ocasión de la práctica de la diligencia de inspección realizada en el sector objeto de la demanda y las pruebas allegadas al proceso. Adujo que con posterioridad a la práctica de la diligencia señalada quedó en evidencia la carencia de las condiciones necesarias que garanticen la segura movilidad de los peatones a lo largo del sector, y, como agravante, resultó demostrada además la ausencia de señalización vertical y horizontal, circunstancia que maximiza el riesgo que corren los peatones al transitar por el sector. Fundamentó la responsabilidad que le asiste al Municipio de Popayán, como autoridad de tránsito, sobre el sector objeto de demanda con base en la normativa que sobre red vial se ha expedido, especialmente en el Art. 3º de la Ley 769 de 2.002, el cual reza: «ARTICULO 3º. Autoridades de Tránsito. Son autoridades de tránsito en su orden, las siguientes: […]. El Ministerio de Transporte. Los Gobernadores y los Alcaldes. Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal y distrital.

Vistas las conclusiones obtenidas en los conceptos rendidos por expertos en la materia, por una parte el concepto rendido por el perito designado de oficio por el Tribunal, y, por otro, el rendido a solicitud del actor y por decreto oficioso del Tribunal por parte de Ingenieros docentes de la Universidad del Cauca, es a todas luces inaceptable la evidente inseguridad y el riesgo en el que ponen sus vidas los peatones que cotidianamente transitan el sector sobre el cual se realizaron los correspondientes estudios, tanto por la falta del mobiliario urbano que garantice la segura movilización de los transeúntes a cada lado de la vía, como por la carencia de la señalización horizontal y vertical que maximiza el riesgo de quienes además, transitan por el sector en vehículos automotores. Anota la Sala el acierto del Tribunal al señalar el riesgo inminente para los peatones que circulan y se desplazan por la Calle 5ª entre las Carreras 41 y 43, por no estar plenamente acondicionado el espacio para la movilidad de los transeúntes, teniendo en cuenta además que quienes a diario circulan por el sector, en su mayoría son niños y jóvenes estudiantes […]”. (Se destaca)

Por último, en sentencia popular del 17 de julio de 2008 (y con ponencia del doctor Camilo Arciniegas Andrade), el Consejo de Estado esgrimió:

“[…] Autoridades de Tránsito – Obligación de velar por la seguridad humana – Reductores de Velocidad – Reglamentación.

[…]

Se reitera que las autoridades de tránsito, en todo caso, deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y encaminar sus acciones a la prevención y asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías (artículo 7º de la Ley 769 de 2002) […]”. (Negrillas por fuera del texto)

Pues bien, y al tenor de la normativa arriba referida y, en conjunto con la valiosa jurisprudencia de esta Corporación en la materia, la Sala estima que, en definitiva, los argumentos elevados en sede de apelación por parte del Municipio de Duitama (Boyacá) carecen de vocación de prosperidad; por cuanto dicha estructura administrativa no puede ni debe pregonar que la presente problemática vial no le atañe, ni que tampoco sea de su resorte; lo cual por cierto podría generar un alto impacto materializable en diferentes frentes, a través del riesgo y/o peligro que allí se soporta.

Y si bien dicha municipalidad indicó, en su alzada, que: “(…) con el ánimo de reducir la accidentalidad presentada en la vía objeto de debate, la administración municipal, de forma oportuna, instaló dispositivos semafóricos entre el PR47+363 al PR47623 y cierre de separador entre el PR47+573 al PR47+573 al PR 47+623 de la ruta nacional 5502 Tunja-Duitama -que corresponde al proyecto vial denominado “Briceño-Tunja-Sogamoso T.B.S.- (…)”, la Sala observa que aun resultan apremiantes las necesidades de establecer medidas efectivas, en aras de controlar el exceso de velocidad y así conjurar los altos índices de accidentalidad, en la carrera No. 42 del Municipio de Duitama (doble calzada corredor vial B.T.S.).

En efecto, no cabe duda que se necesita la participación activa y prospectiva de esa estructura administrativa, para forjar que la situación de riesgo y peligro soportado en el tramo vial antes referido (en el departamento de Boyacá) pueda ser superada en su totalidad; ofreciendo a los transeúntes y propietarios de vehículos de la zona las seguridades del caso.

De esta manera, la Sala estima que dando aplicación a los principios (y/o mandatos de optimización) de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, plasmados en el artículo 288 de la Carta Política de 1991, las entidades aquí condenadas (y entre ellas el Municipio de Duitama) deben, entre otros aspectos, proceder a ubicar o a instalar los elementos y mecanismos pertinentes con miras a la reducción efectiva de la velocidad, realizar los estudios técnicos respectivos, hacer cumplir los límites de velocidad establecidos en las señalizaciones de la vía, formular planes para controlar el exceso de vivacidad de los vehículos, todo ello con miras a evitar un colapso mayor; que traiga consigo como consecuencia la puesta en riesgo constante del derecho y garantía colectiva aquí estudiada. El artículo 288 Superior, de capital importancia en el caso sub judice, dispone lo que a continuación se enseña:

“[…] ARTÍCULO 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley […]” (Negrillas y subrayas por fuera del texto original)

En efecto, y tal como lo esbozó el a-quo, es clara la división de competencias que desde el punto de vista legal, reglamentario y jurisprudencial se ha fijado para responder por el asunto que hoy es objeto de litigio ante esta Alta Corporación; y en aras de preservar el derecho colectivo que se encuentra en vilo, deben entrar a tomar medidas las entidades enjuiciadas, con la finalidad concreta de evitar a toda costa que se presente a futuro un desastre de índole mayúscula, en el mencionado departamento.

De no ser así, el mandato contenido en el artículo 288 Constitucional, para este caso, estaría llamado a ser omitido en su totalidad. Además, frente a esta situación, en el sub examine se resquebrajaría totalmente la noción del Estado Unitario, social, constitucional y democrático de derecho, en el cual nos encontramos en la actualidad (art. 1º de la Carta Superior).

En adición, y en cuanto a la importancia de los artículos 287 y 288 de la Constitución Política de 1991, la Sección Primera de esta Alta Corte (con ponencia del doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), en sentencia fechada el 5 de marzo de 2009, adujo:

“[…] Toda orden o decisión que obligue a los municipios realizar gasto u obras públicas debe hacer parte del presupuesto municipal y, por ende, debe emanar o pasar por la voluntad del respectivo concejo municipal, que justamente es el órgano administrativo que toma esa decisión, respaldado además por el artículo 287 de la Constitución Política en cuanto consagra entre otros como derechos constitucional de las entidades territoriales, los de gobernarse por autoridades propias, y administrar sus recursos, y en ese orden sólo él puede decretar gastos en el municipio, aunque obviamente habrá de hacerlo en atención a los planes de inversión a mediano y corto plazo y a las normas superiores que regula esa materia.

[…]

Al efecto, lo que le atañe, en sus propias palabras, es adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación; es decir, concurrir con tales entes territoriales en la formulación y desarrollo de los referidos programas, los cuales obviamente comportan obras públicas. De esa forma, la relación que la ley prevé entre las corporaciones autónomas regionales y los aludidos entes es la de concurrencia, a la cual se han de agregar las de coordinación y subsidiaridad, que precisamente corresponden a los principios de igual contenido que establece el artículo 288, inciso segundo, de la Constitución Política para el ejercicio de las competencias del nivel territorial […]”. (Destaca la Sala)

Así pues, y con todo lo anterior, resulta aún más palmario para este Juez constitucional la transgresión y vulneración del interés colectivo invocado por la parte actora; si se tiene en cuenta que las pruebas documentales arribadas a la presente causa popular reflejan, de manera ostensible, la situación de riesgo y peligro soportada por los transeúntes y vehículos al interior de la vía objeto de estudio.

En este estado de cosas, y a juicio de la Sala de Decisión, es posible arribar a la conclusión consistente en que los argumentos esgrimidos en sede de apelación por la entidad accionada, finalmente, no están llamados a salir avante; al tenor del respaldo probatorio, normativo, reglamentario y jurisprudencial que fue desarrollado y señalado en el presente acápite de esta sentencia popular.

Así, es menester ordenar a las respectivas entidades que, de manera coordinada, solidaria, regularizada y sistematizada (y en el marco de sus competencias), adopten y efectúen las medidas pertinentes y necesarias para efectos de lograr, a toda costa y a la mayor brevedad posible, una solución frente al riesgo y/o peligro actual que presenta u ostenta el tramo objeto de litigio. No hay que olvidar que, la amenaza, el riesgo y/o vulneración persistente y palpable de derechos e intereses colectivos obliga y legitima al juez popular para su efectiva protección y amparo.

De esta manera, y tal y como lo aseveró y dispuso el Tribunal de primer grado, resulta pertinente ordenar al Municipio de Duitama que, en su calidad de autoridad policiva y de tránsito de dicho sector, formule un plan mediante el cual se establezcan acciones para controlar la velocidad en la carrera No. 42 del Municipio de Duitama (doble calzada corredor vial B.T.S.); incluyendo allí componentes pedagógicos y sancionatorios, y con la determinación de indicadores de resultado, cuya meta sea la reducción efectiva de la accidentalidad en la vía. Todo ello, en concordancia y en perfecta armonía con lo dispuesto en la Ley 769 de 2002.

Resulta evidente que, las ordenes aquí impartidas, no resultan ser un asunto ajeno a las competencias del juez de la acción popular; antes bien, por el contrario, se han consolidado como una de las formas de materialización del Estado social, constitucional y democrático de derecho y del principio de solidaridad.

En síntesis, se observa que sí existió una transgresión del derecho e interés colectivo referente a la seguridad pública y a la prevención de desastres previsibles técnicamente; el cual fue amparado por el a-quo, en su decisión apelada de 13 de noviembre de 2018. Por ello, y en sentir de éste Juez constitucional, los argumentos elevados por parte de las entidades apelantes serán despachados desfavorablemente, dejando incólume así, y como es natural, el contenido de la parte resolutiva del proveído censurado, sin más.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2018, por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriado este proveído.

CUARTO: RECONOCER a la doctora Nancy Helena López Carvajal, como apoderada judicial del Municipio de Duitama (Boyacá), en los términos y para los fines consignados en el poder que obra a folios 1268 a 1276 y 1282 a 1291 del cuaderno No. 8 del expediente popular de la referencia.

QUINTO: RECONOCER a la doctora Ivonne Maritza Novoa Guzmán, como apoderada especial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en los términos y para las finalidades señaladas en el poder que obra a folios 1312 a 1315 y 1324 a 1327 del cuaderno No. 8 del expediente constitucional.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

Visible a folios 1183 a 1188 del cuaderno Nº 7 del expediente popular de la referencia.
Folios 1198 a 1205 del cuaderno Nº 7 del expediente.
Folios 1162 a 1181 del cuaderno Nº 7 de la causa constitucional.
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Folios 1 a 44 del cuaderno Nº 1 del expediente de la referencia.
Folios 6 a 10 del cuaderno Nº 1 de la demanda popular.
Quien posteriormente transfirió sus funciones al Instituto Nacional de Concesiones “I.N.C.O.”.
Representado legalmente por el señor Luis Héctor Solarte Solarte.
Folio 7 del cuaderno Nº 1 del expediente popular de la referencia.
Folios 7 a 8 del cuaderno Nº 1 del expediente popular.
Folios 8 a 9 del cuaderno Nº 1 del expediente.
Folios 4 a 6 del cuaderno Nº 1 de la causa constitucional.
Folios 45 a 46 del cuaderno Nº 1 del expediente popular.
Folios 47 a 49 del cuaderno Nº 1 del expediente.
Por medio de providencia del 29 de febrero de 2012.
Folio 761 del cuaderno Nº 4 del expediente popular.
Folio 796 del cuaderno Nº 4 del expediente constitucional.
“Por la cual se crea el Fondo Vial Nacional y se destinan sus recursos para los planes viales nacionales”.
Ibíd., folios 113 a 123.
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”

Ibíd., folios 128 a 152. Ibíd., folio 133. Antes Instituto Nacional de Concesiones INCO. Ibíd., folios 212 a 221. Folios 465 a 467 del cuaderno Nº 3 del expediente popular. Folios 1162 a 1181 del cuaderno Nº 7 de la causa popular. Folios 1176 a 1177 del cuaderno Nº 7 de la causa constitucional. Folio 1177 Vto. del cuaderno Nº 7 de la causa popular. Folios 1180 a 1181 del cuaderno Nº 7 del expediente. Folios 1239 a 1240 del cuaderno Nº 8 del expediente popular. Folio 1252 del cuaderno Nº 8 del expediente. Folios 1198 a 1206 del cuaderno Nº 7 del expediente popular.
“Por el cual se asignan unas funciones a los municipios en relación con el transporte urbano”. Ibíd., folios 1183 a 1188. Folios 1263 a 1291 del cuaderno No. 8 de la causa constitucional. Folios 1278 a 1281 del cuaderno Nº 8 del expediente constitucional. Folios 1293 a 1301 del cuaderno Nº 8 del expediente popular. Folio 1297 del cuaderno Nº 8 del expediente. Ibíd., folios 1302 a 1327. Ibíd., folio 1311. Folios 1328 a 1341 del cuaderno Nº 8 del expediente popular. Ibíd., folio 1334 Vto. a 1339. Ibíd., folio 1340 a 1340 Vto. Ibíd., folio 1341.
“Artículo 37º.- Recurso de Apelación. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal competente. (…)”.
“Artículo 150.- Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48425" \l "615" Modificado por el art. 615, Ley 1564 de 2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. (…)”. Visibles a folios 1183 a 1188 y 1198 a 1206 del cuaderno Nº 7 de la causa popular. Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-466 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-254 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación número: N°2002-2693-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2015. Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). Actor: Defensoría del Pueblo - Regional Boyacá. Demandado: Fiscalía General de La Nación - Dirección Seccional de Fiscalías De Tunja – CTI. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01. En aquella ocasión la Sección Primera estableció que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos. Sobre el particular ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número:

50001-23-31-000-2004-00640-01(AP). Folios 1 a 44 del cuaderno N° 1 del expediente de la acción popular. Previsto en el literal l) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998. Folios 1180 a 1181 del cuaderno Nº 7 de la causa constitucional. Folios 1198 a 1206 y 1183 a 1188 del cuaderno Nº 7 del expediente. Lo anterior, desarrollado mediante contrato de obra pública COP-20170006 cuyo objeto gravita en torno a: “(…) contratar obra civil, suministro, instalación y puesta en marcha de semáforos para intersección vial en la carrera No. 42 con calle 6º, y salida de terminal de transportes del Municipio de Duitama-Boyacá (…)”; evidenciándose actualmente la debida semaforización en los sectores referidos, prueba que reposa actualmente en el plenario popular. Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Bogotá D. C., 10 de febrero de 2005. Radicación número: 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP). Referencia: Acción Popular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. Bogotá, D. C., 26 de marzo del dos mil quince (2015). Rad. Núm.: 15001-23-31-000-2011-00031-01. Actor: José Amado López Malaver. Demandado: Ministerio de Vivienda y Desarrollo Rural, Ministerio de Medio Ambiente, CORPOBOYACÁ y Otros. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. Bogotá, D. C., 26 de marzo del dos mil quince (2015). Rad. Núm.: 15001-23-31-000-2011-00031-01. Actor: José Amado López Malaver. Demandado: Ministerio de Vivienda y Desarrollo Rural, Ministerio de Medio Ambiente, CORPOBOYACÁ y Otros. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de mayo de 2013, Rad. No. 15001 23 31 000 2010 01166 01. C.P.: Guillermo Vargas Ayala. Tal como se deriva de lo previsto en el artículo 2º de la Ley 472 de 1998. Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia de 15 de julio de 2004, Expediente AP 1834; y Sección Primera, Sentencia de 28 de octubre de 2010. M.P. María Elizabeth García González. Rad. Núm. 2005-01449-01(AP). H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Proceso No. 52001-23-31-000-2012-00127-01.
“Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y se determinan las funciones de sus dependencias”.
“Por la cual se actualiza el manual de diseño geométrico para carreteras”.
“Por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se dictan otras disposiciones".
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Programa de carreteras por el sistema de concesión – Licitación pública No. ACO-002-2001- Briceño – Tunja – Sogamoso”. Folios 540 a 620 del cuaderno No. 3 del expediente popular.

Cuyo objeto gravitaba en torno a: “El otorgamiento al Concesionario de una concesión para que realice, por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños y diseños definitivos, las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, la operación y el mantenimiento de los trayectos, la prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad de INVIAS dados en concesión, para la cabal ejecución del Proyecto, bajo el control y vigilancia del INVIAS y demás entidades competentes que determine la ley”. Tramo ubicado en la zona urbana del Municipio de Duitama (vía nacional). Ver la cláusula segunda (2º) del contrato de concesión No. 0377 del 15 de julio de 2002. Folios 1162 a 1181 del cuaderno Nº 7 de la causa popular. Folios 1172 a 1181 del cuaderno Nº 7 del expediente. Folios 1198 a 1206 del cuaderno Nº 7 del expediente popular. Folios 533 a 539 del cuaderno No. 3 del expediente de la referencia. Folios 667 a 669 del cuaderno No. 4 del expediente popular. Visible a folios 971 a 976 del cuaderno No. 5 del expediente constitucional. Desde el mes de agosto de 2009. Hasta el mes de junio de 2017. Folios 886 a 894 del cuaderno No. 5 del expediente. Hasta el mes de marzo de 2017. Folios 886 a 894 del cuaderno No. 5 de la causa popular. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de julio de 2008, exp. No. 68001-23-15-000-2002-01460-01(AP), C.P. Camilo Arciniegas Andrade. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 9 de mayo de 2019, exp. No. 85001-23-33-000-2018-00117-01(AP)-A, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
“ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”. Ibíd., “ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. […]. ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. […]. ARTICULO 102. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación”. Ibíd., “ARTICULO 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”. Ibíd., “ARTICULO 300. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo No. 01 de 1996. El nuevo texto es el siguiente: Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: […]. 2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. 3. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de desarrollo económico y social y los de obras públicas, con las determinaciones de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. Los planes y programas de desarrollo de obras públicas, serán coordinados e integrados con los planes y programas municipales, regionales y nacionales. […] ARTICULO 305. Son atribuciones del gobernador: […]. 4.

Presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos. […]. ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. ARTICULO 318. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales. En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local de elección popular, integrada por el número de miembros que determine la ley, que tendrá las siguientes funciones: 1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas. […]. ARTICULO 361. Modificado por el art 2º, Acto Legislativo 005 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población. […]. Parágrafo 1° Transitorio. Suprímase el Fondo Nacional de Regalías a partir de la fecha que determine la ley a la que se refiere el inciso 2° del artículo anterior. El Gobierno Nacional designará al liquidador y definirá el procedimiento y el plazo para la liquidación. Los recursos no comprometidos que posea el Fondo Nacional de Regalías a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, se destinarán prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial del país y a la recuperación ambiental de las zonas afectadas por la emergencia invernal de 2010-2011. […]. Parágrafo 8° Transitorio. Adicionado por el art. 2, Acto Legislativo 04 de 2017. El nuevo texto es el siguiente: Con el propósito de financiar la infraestructura de transporte requerida para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Gobierno nacional trasladará el 60% de los saldos no aprobados en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación a 31 de diciembre de 2016. El 50% de los recursos objeto del traslado será destinado a la Asignación para la Paz, para ser definidos por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de que trata el parágrafo 7° transitorio del presente artículo y el 50% restante al Fondo de Desarrollo Regional. […].”. H. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de junio de 2003, M.P. Reinaldo Chavarro Buritica, Rad. Nº 25000-23-25-000-2002-0034-01(AP). H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. No. 41001-23-31-000-2004-001364-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso (E). H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de 2011, exp. No. 11001-03-15-000-2004-00470-01(AP), C.P. María Elizabeth García Gonzáles. Folios 540 a 620 del cuaderno No. 3 del expediente popular. De conformidad con el artículo 32, numeral 4º, de la Ley 80 de 1993 y de la Ley 105 del mismo año.

Cuyo objeto gravitaba en torno a: “El otorgamiento al Concesionario de una concesión para que realice, por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños y diseños definitivos, las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, la operación y el mantenimiento de los trayectos, la prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad de INVIAS dados en concesión, para la cabal ejecución del Proyecto, bajo el control y vigilancia del INVIAS y demás entidades competentes que determine la ley”. Tramo ubicado en la zona urbana del Municipio de Duitama (vía nacional). Ver la cláusula segunda (2º) del contrato de concesión No. 0377 del 15 de julio de 2002.
“Por el cual se asignan unas funciones a los municipios en relación con el transporte urbano”.
“Por el cual se asignan unas funciones”.
“Por el cual se crea y estructura la autoridad única del sector vías, tránsito y transporte en cabeza de la secretaria de tránsito y transporte del distrito especial de Bogotá”.
“Por el cual se crea y estructura la autoridad Única del Sector Vías, Tránsito y Transporte en cabeza de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito Especial de Bogotá”.
“Por medio del cual se racionalizan las instancias de coordinación del Sector Movilidad”. Folios 1183 a 1188 del cuaderno Nº 7 del expediente popular. Lo anterior, desarrollado mediante contrato de obra pública COP-20170006 cuyo objeto gravita en torno a: “(…) contratar obra civil, suministro, instalación y puesta en marcha de semáforos para intersección vial en la carrera No. 42 con calle 6º, y salida de terminal de transportes del Municipio de Duitama-Boyacá (…)”; evidenciándose actualmente la debida semaforización en los sectores referidos, prueba que reposa actualmente en el plenario popular. Folios 874 a 876 del cuaderno No. 5 del expediente popular.

Folios 634 a 640 del cuaderno No. 4 del expediente constitucional.

Ibíd., artículo 315, numeral 3º.
Ibíd., numeral 2º.
Ibíd., numeral 1º.
Ibíd., numeral 3º.
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2099, exp. No. 76001-23-31-000-1995-01182-01 (16.333), C.P. Enrique Gil Botero.
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. No. 25000-23-24-000-2004-01094-00(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Actor: Bibiana Mercedes Parra Ariza.
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2008, exp. No. 19001-23-31-000-2004-02748(AP), C.P. Camilo Arciniegas Andrade.
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de julio de 2008, exp. No. 68001-23-15-000-2002-01460-01(AP), C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Actor: Luis Guillermo Rosso Bautista y otro.
“Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Rad. Nº 11001-03-24-000-2004-00053-01.

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