Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2015-00041-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2015-00041-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-33-000-2015-00041-02
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
11 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y otros
Proceso: Reparación directa
SUBSUELO Y RECURSOS NO RENOVABLES-Regulación y control de la actividad minera. CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL-Autoridad ambiental encargada de la administración del medio ambiente, recursos
naturales y el desarrollo sostenible. LICENCIA AMBIENTAL-Autorización de la autoridad ambiental
competente para la ejecución de una obra o actividad. PERMISOS AMBIENTALES-Autorización temporal de
la autoridad ambiental para ejecución de obra o actividad de impacto ambiental. CARGA DE LA PRUEBA-
Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
persiguen (artículo 167 del CGP). COSTAS-Se condena a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación y la Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia, art. 188 del CPACA, 365 y 366
del CGP.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 22 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
Desde el año 2009, en zona rural del Municipio de Tasco, Boyacá, la sociedad
Hunza Coal S.A.S. desarrollaba un proyecto de exploración, extracción y
comercialización de carbón metalúrgico. Para la ejecución de su actividad contaba
con los siguientes permisos y licencias: (i) título minero HDH-151 con licencia
ambiental del 30 de diciembre de 2009 (Resolución 1865); (ii) título minero H16-
08001 con licencia ambiental del 30 de diciembre de 2009 (Resolución 1864), y
(iii) título minero 050-93 con licencia ambiental del 30 de diciembre de 2009
(Resolución 1863).
En noviembre del 2011, la demandante pidió a la Corporación Autónoma de
Boyacá-Corpoboyacá modificar las licencias contenidas en las resoluciones 1865
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-Corpoboyacá y otros
Proceso: Reparación directa
y 1864 y emitir permisos para emisión de gases y uso de aguas superficiales. En
enero de 2012, Corpoboyacá modificó las licencias y concedió los permisos, pero
los condicionó al cumplimiento de unos estudios y obras de impacto. Desde finales
de 2012 y durante todo el año 2013, la sociedad no pudo continuar ejerciendo su
actividad minera. La suspensión tuvo lugar, entre otros factores, por bloqueos y
protestas de la comunidad.
Alega falla del servicio de Corpoboyacá, el Departamento de Boyacá, el Municipio
de Tasco, la Defensoría del Pueblo, la Nación-Ministerio de Minas y Energía, la
Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional por acciones de
protección ambiental en contra de la empresa demandante, omisiones en el
control del orden público y ausencia de acompañamiento para adelantar labores
de minería legal.
ANTECEDENTES
La demanda
El 13 de enero de 2015, la sociedad Hunza Coal S.A.S. presentó demanda de
reparación directa contra el Departamento de Boyacá, el Municipio de Tasco, la
Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá-Corpoboyacá, la Agencia Nacional de Minería, la Nación-
Ministerio de Minas y Energía y la Defensoría del Pueblo, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas:
“PRIMERA. Que se declare que los demandados son administrativa,
extracontractual y patrimonialmente responsables de los perjuicios causados a mi
poderdante, como consecuencia de las actuaciones y específicamente de las
omisiones administrativas que han dado lugar a que mi mandante no pueda
realizar las actividades de explotación carbonífera de acuerdo a las licencias y
autorizaciones otorgadas (contratos de concesión minera y Licencia Ambiental
para los mismos), según lo indicado en el capítulo de hechos.
SEGUNDA. Que se condene a los demandados a reconocer y pagar los perjuicios
causados a mi poderdante, así:
MATERIALES
Lucro cesante y daño emergente causados, como consecuencia de la
imposibilidad de realizar explotación carbonífera, según lo narrado en el capítulo
de hechos; los cuales serán calculados por peritos dentro del proceso contencioso
administrativo.
MORALES
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Demandante: Hunza Coal S.A.S.
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Proceso: Reparación directa
El equivalente a 4.000 SMMLMV, por la afectación del buen nombre de la persona
que represento.
TERCERA. Que las sumas reconocidas a favor de mi mandante sean actualizadas
teniendo en cuenta la variación del I.P.C. en el país entre la fecha que se hicieron
exigibles y el pago de la obligación.
CUARTA. Que se ordene dar cumplimiento al fallo en los términos y condiciones
de los Artículos 192 y siguientes de la ley 1437 de 2011.
QUINTA. Que se condene en costas a la parte demandada”1.
Hechos
Hunza Coal S.A.S. afirmó que, en el sector el Mortiño de la vereda Santa Bárbara
(municipio de Tasco, Boyacá), la empresa promovía un proyecto de minería para
la explotación de carbón metalúrgico. El proyecto contaba con tres títulos mineros,
identificados así: (i) título minero HDH-151, con licencia ambiental OOLA-0092/09,
contenido en la Resolución 1865 del 30 de diciembre de 2009, para un área de
255 hectáreas; (ii) título minero H16-08001, con licencia ambiental OOLA-0091/09,
contenido en la Resolución 1864 del 30 de diciembre de 2009, modificada por la
Resolución 98 del 12 de enero de 2012, para un área de 268 hectáreas, y (iii) título
minero 050-93, con licencia ambiental PERM 0009/06, contenido en la Resolución
1863 del 30 de diciembre de 2009, para un área de 63 hectáreas.
En el año 2012, recibió asesoría de las empresas Norwest Corporation y Minería
Polaca para los planes de manejo ambiental y el diseño de los planos aprobados
por la Corporación Autónoma de Boyacá-Corpoboyacá e Ingeominas. La sociedad
demandante contrató al doctor Cesar Rodríguez de Hidroceron Ltda., geólogo con
más de 40 años y docente universitario, para el estudio hidrogeológico requerido
para las licencias ambientales. Contrató, además, transporte y logística para
elaborar ese estudio.
Expuso que, el 6 de marzo de 2012, la empresa AMC ejerció la opción de compra
del 50% de la empresa Hunza Coal, con lo cual se hicieron altas inversiones y
nuevos estudios mineros. Como el título 050-93 (uno de los tres títulos mineros
que conformaban el proyecto) tenía vigencia hasta octubre de 2013, se solicitó
ante la Agencia Nacional de Minería una prórroga del proyecto por 10 años.
1 F. 5-7 c. 1.
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Agregó que los planes de trabajo de obras y el plan de manejo ambiental de los
tres títulos mineros tenían aprobadas en su conjunto una producción anual de
cerca de 1.6 millones de toneladas y que se iban a hacer inversiones del orden de
los $100.000.000 dólares (USD) para poder alcanzar las metas propuestas.
Señaló que, el 28 de enero y el 29 de febrero de 2013, mientras empleados de la
empresa estaban en labores para hacer el estudio hidrogeológico que les
correspondía por disposición de la autoridad ambiental –de acuerdo con el Plan de
Manejo Ambiental aprobado en el año 2012 y compromisos–, un grupo de
opositores al proyecto entraron sin autorización dentro de la propiedad y “les
pidieron retirar las maquinas del área”. El 24 de febrero siguiente, los miembros de
la comunidad bloquearon ilegalmente la vía pública que conduce de Tasco a la
vereda San Luis, situación ante la cual la Policía Nacional y otras autoridades
“omitieron su deber de restablecer el orden público”.
Refirió que el 21 de febrero de 2013, el alcalde del Municipio de Tasco citó a una
reunión con miembros de la comunidad, Defensoría del Pueblo, Ingeominas,
Procuraduría, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Policía Nacional y
Corpoboyacá, de los cuales solo acudieron representantes de la Defensoría del
Pueblo, Policía y Ministerio de Minas. En ella “los miembros de la comunidad se
opusieron al desarrollo del proyecto y exigieron retirar las máquinas del área
desconociendo los derechos de la empresa”.
El 4 y 20 de febrero de 2013, Hunza Coal solicitó el acompañamiento al
comandante de la Policía de Boyacá, a la Comandancia de la Primera Brigada del
Ejército, con sede en Tunja; al Ministerio de Minas y Energía-Dirección de
Seguridad Pública y de Infraestructura, y a la Defensoría del Pueblo-Regional
Boyacá, porque la empresa venía siendo víctima de “arbitrariedades por parte de
la comunidad y ambientalistas” quienes le impedían realizar su actividad minera
mediante vías de hecho.
La demanda narró, además, que el 6 de febrero de 2013, durante una reunión con
el director de Corpoboyacá y unas 400 personas de la comunidad, “el funcionario
dejó ver una parcialización en contra del proyecto, la cual ratificó con una carta
ante la Agencia Nacional de Minería en donde se opuso a la prórroga de la
licencia”.
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Proceso: Reparación directa
En ese mismo mes, el Gobernador de Boyacá presentó acción popular en contra
de Corpoboyacá, “para que se le revocaran las licencias ambientales de la
empresa Hunza Coal, con un manejo mediático, por afectaciones a derechos
colectivos al medio ambiente con la explotación del carbón”. Sin embargo, el
proceso fue declarado nulo porque ya existía una acción con el mismo objeto,
decisión que fue confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado.
Según la demanda, por ese proceso (en el que se dictaron unas medidas
cautelares de suspensión) y “por las vías de hecho de la comunidad”, la sociedad
demandante no pudo continuar con la realización del proyecto minero en el año
2013. El 9 de marzo de 2013, Hunza Coal S.A.S. retiró los equipos y maquinas del
lugar de los estudios “por las amenazas de los miembros de la comunidad y la
falta de protección de las autoridades policiales y municipales, sin que se hubiera
podido realizar las actividades y trabajos programados.
El 13 de marzo de 2013, en reunión promovida por la Oficina de Asuntos Sociales
y Ambientales del Ministerio de Minas con la comunidad, el director de
Corpoboyacá, el alcalde del municipio de Tasco, concejales del municipio, algunas
ONG, Parques Nacionales, Agencia Nacional de Minería y la Secretaría de Minas
de Boyacá “intentaron resolver la situación pero obtuvieron una negativa por parte
de la comunidad quienes afirmaron que desconocerían los permisos y títulos”.
Seguido de ello, en marzo de 2014, la Defensoría del Pueblo publicó un informe
denominado “La problemática de la minería en el municipio de Tasco- Boyacá” en
el que se hicieron “afirmaciones falsas contra la empresa” Ese mes, miembros de
la comunidad formularon una acción de tutela en contra de Corpoboyacá, para que
se revocaran las licencias ambientales.
La demanda alega falla del servicio (i) de la Policía Nacional, el Ejército Nacional,
el Departamento de Boyacá y el Municipio de Tasco, Boyacá, porque omitieron
deberes en control del orden público y omisión de protección; (ii) del
Departamento de Boyacá, por presentación de la acción popular y crear un
ambiente de descontento en la comunidad; (iii) de la Defensoría del Pueblo, por “la
publicación de informes con datos falsos sobre la afectación de medio ambiente”;
(iv) de la Nación-Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería,
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
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por ausencia de acompañamiento y falta de garantías para que la empresa ejerza
labores de minería autorizada, y (v) de Corpoboyacá “por contribuir en un
ambiente hostil de la comunidad y la organizaciones no gubernamentales que se
oponían al proyecto de explotación minera” 2.
Contestaciones de la demanda
Municipio de Tasco
El Municipio se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia del nexo
causal.
En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, señaló que, conforme
al artículo 5 de la ley 685 de 2001, el Ministerio de Minas y Energía tenía las
competencias de fiscalización y vigilancia de las obligaciones del título minero
otorgado a la empresa demandante. Al Ministerio de Defensa o la Policía Nacional
le correspondería, por su parte, el control del ejercicio de la actividad minera
legitima sin coacciones por parte de terceros. Frente al nexo causal, dijo que no
existía relación jurídica entre el actuar del Municipio de Tasco y el presunto daño
causado al demandante, porque fueron los miembros de la comunidad, de
acuerdo con lo narrado los que impidieron el ejercicio de la actividad, motivados
por el descontento por el ejercicio de la actividad.
Finalmente, afirmó que la Alcaldía Municipal había participado de forma activa en
la socialización del proyecto de minería y convocado a la Policía Nacional, que
está en el municipio, para que se hiciera presente en todas las actuaciones donde
la comunidad manifestaba su descontento. Destacó haber procurado en todo
momento los espacios de concertación para la solución de la problemática.
Ministerio de Minas y Energía
El Ministerio de Minas y Energía se opuso a todas las pretensiones de la demanda
y alegó falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad, ausencia de los
requisitos que configuran la responsabilidad extracontractual, inexistencia del nexo
2 F. 5-16 c. 1.
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
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causal, inexistencia del daño antijurídico y de perjuicios, así como la caducidad de
la acción de reparación directa. Sostuvo que es el organismo rector de las políticas
del sector minero energético, por lo que no tiene actividades comerciales, de
exploración, explotación, transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización de materiales y minerales, ni explotación de carbón. Por lo tanto,
de existir algún daño antijurídico, este no era responsabilidad de la entidad.
Argumentó que había una imposibilidad para establecer los daños y el grado de
imposibilidad de ejecución del proyecto minero y no estaba demostrado que la
causa directa del daño reclamado se originó en una actuación del Ministerio de
Minas y Energía o de las acciones u omisiones de autoridades ambientales y
policivas en la zona. Finalmente, afirmó que la acción estaba caducada porque el
daño se produjo en 2012 y la demanda se presentó en 2015.
Ejército Nacional
El Ejército Nacional manifestó que se atenía a lo probado dentro del proceso.
Invocó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y de
ausencia de responsabilidad patrimonial del Estado. Señaló que la parte
demandante no aportó ni solicitó medios de prueba que demostraran la
responsabilidad de los militares frente al daño. Además, los medios probatorios no
demostraron la afectación reclamada, porque la empresa todavía estaba
pendiente de realizar algunos trámites exigidos en las licencias ambientales.
Añadió que las pruebas daban cuenta de que la actividad de Hunza Coal se
ejecutaba en un lugar declarado parque nacional y área protegida. Ello impone
que debía soportar la suspensión y prohibición de su actividad, puesto que estas
medidas estaban ajustadas a derecho.
Agencia Nacional de Minería
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Destacó la comunicación número
20145500144552, del 8 de abril de 2014, mediante la cual el representante legal
de la empresa pidió la suspensión de las obligaciones desde febrero de 2013, o
desde que se decretó la medida cautelar dentro del 21 de marzo de 2013, del
proceso de acción popular (rad. 2013-00149) –hasta por seis meses más–.
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Adicionalmente, la empresa pidió la suspensión por razones de orden público, en
atención a que la comunidad impedía el ejercicio de las tareas pactadas.
Departamento de Boyacá
Formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho de
un tercero y ausencia de pruebas. Dijo que no había nexo de causalidad entre el
daño antijurídico reclamado y las acciones del Departamento, que cumplió con sus
deberes legales y constitucionales.
En relación con la presentación de la acción popular, indicó que no se podía
reclamar responsabilidad por el ejercicio de un derecho constitucional para la
protección de intereses de la comunidad y que no hay soporte probatorio que
demuestre que la acción se hubiera hecho de manera temeraria. Sostuvo,
además, que los hechos de la demanda relataban la imposibilidad de avanzar en
el ejercicio de la actividad minera por causa de la comunidad y que el
Departamento no podía responder por hechos ajenos a su administración.
Policía Nacional
Alegó la falta del nexo causal entre el daño y el hecho generador, porque no había
relación entre la omisión reclamada a la Policía Nacional y el daño reclamado. Así
mismo, planteó su falta de legitimación en la causa por pasiva. Manifestó que se
configuraba el hecho exclusivo y determinante de un tercero, y señaló que el
alcalde de Tasco, primera autoridad de Policía, fue quien fijó las directrices
respecto de la intervención y actividad de la Policía Nacional en relación con la
actividad de la empresa y la oposición de la comunidad.
Resaltó la participación activa de la Policía Nacional desde el primer llamado de
las autoridades, en los diversos escenarios y reuniones entre la comunidad, la
empresa y las autoridades, así como en los acuerdos para evitar problemas de
orden público.
Defensoría del Pueblo
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
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Proceso: Reparación directa
Propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de falla del
servicio y ausencia del nexo causal. En cuanto al informe que produjo (y que la
demanda cuestiona), dijo que no tenía la finalidad de calificar la legalidad o
ilegalidad de las actividades de la empresa, sino las implicaciones ambientales
que tienen el ejercicio de la minería, la agricultura y la ganadería. Tal reporte no
tendría intención expresa o tácita de afectar a la empresa demandante.
Resaltó que la Defensoría no cumple funciones de concesión de títulos de
explotación minera o de la ejecución de actos administrativos que los conceden,
razón por la cual carece de legitimación por pasiva y, por tanto, no puede
declararse ninguna responsabilidad en su contra.
Frente a la solicitud de la demandante para su intervención, expuso las
actuaciones de seguimiento adelantadas. En particular, describió haber pedido a
la Gobernación de Boyacá y al alcalde del Municipio de Tasco información
documental sobre acciones, programas y políticas emprendidas para la
conservación, recuperación y mantenimiento de páramos en la jurisdicción del
municipio de Tasco; a la Comandancia de la Policía de Tasco que informara las
acciones policivas para la materialización del manejo ambiental de la empresa
Hunza Coal, y a Corpoboyacá para que aportara información sobre las licencias
ambientales otorgadas, las actas de cumplimiento, los planes de prevención,
mitigación, corrección y compensación de impactos ambientales y el plan de
manejo ambiental de la actividad.
Corporación Autónoma Regional de Boyacá-Corpoboyacá
Se opuso a las pretensiones de la demanda porque no tenía responsabilidad en la
paralización de los trabajos mineros en los títulos mineros materia de la demanda
y, en tal sentido, carecía de legitimación en la causa por pasiva. Señaló haber
otorgado licencia ambiental a la empresa Hunza en los expedientes OOLA-
0091/09, OOLA- 0092/09 y PERM- 0009/06.
Relató las actuaciones administrativas que se adelantaron al respecto, destacó los
cargos relacionados con la intervención del ecosistema y afirmó que su actuación
está ajustada a derecho, porque, conforme al Decreto 2820 de 2010, la autoridad
ambiental podía requerir al licenciatario para que ajustara los estudios cuando
detectaba impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-Corpoboyacá y otros
Proceso: Reparación directa
ambientales. Por lo anterior, no solo era legal que Corpoboyacá pidiera los
estudios, sino que estaba en la obligación de exigirle a la empresa Hunza Coal el
estudio hidrogeológico, sin el cual no podía iniciar las actividades mineras
contenidas en las licencias, como se lo ha exigido a otras empresas.
Además, anotó que la empresa Hunza Coal no había cuestionado los actos
administrativos que le impusieron el estudio hidrogeológico y allegó informes de
cumplimiento anual para los años 2013 y 2014, dentro de los expedientes OOLA-
0091/09 y OOLA-0092/09 para los títulos mineros HI6-08001 y HDH-151,
respectivamente. Expresó la fuerza mayor para realizar estos informes por (i) la
presencia y oposición de la comunidad y (ii) el decreto de una medida cautelar
ordenado por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro de la acción popular
número 2013-0014900 la cual prevaleció hasta inicios de 2014. Adicionalmente,
afirmó que la empresa solicitó la suspensión de las obligaciones ante la Agencia
Nacional de Minería y esta le fue concedida desde el 8 de abril de 2014 hasta el 7
de abril de 2015 3.
Sentencia de primera instancia
El 22 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió sentencia en
la que negó las pretensiones de la demanda por inexistencia del daño antijurídico.
Esta decisión se sustentó en que la licencia ambiental quedó condicionada a la
presentación y aprobación del sistema de captación para usar y garantizar la
obtención del caudal hídrico y, luego, a la construcción, recibo y aprobación de lo
exigido. Por lo anterior, si bien se observó la obstaculización de la comunidad, la
sociedad Hunza Coal tenía restricción por parte de la autoridad ambiental para
ejercer la concesión hasta tanto no cumpliera con los requisitos y no se podía
amparar la actividad que no contaba con la totalidad del respaldo legal para el
ejercicio de la misma.
El Tribunal describió la naturaleza de la licencia ambiental y sus características,
para decir que es una autorización de carácter previo al desarrollo de un proyecto.
Precisó que la licencia no era definitiva hasta que no se completara el trámite
administrativo ante la autoridad ambiental competente.
3 Contestaciones a F 464, 482-515, 558 y ss c. 1.
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Proceso: Reparación directa
Reiteró que, según las pruebas, la Sociedad Hunza Coal pretendió ejercer la
actividad minera sin el lleno de los requisitos legales, circunstancia que impedía
estructurar la responsabilidad. Por otro lado, la actividad minera de la demandante
“era incierta”, porque se encontró demostrado que iba a utilizar maquinaria pesada
–con el ingreso de taladro para perforaciones– para el desarrollo de las obras, “a
sabiendas que se le había proscrito su uso por el impacto ambiental que podía
tener”.
Concluyó que, a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso, la sola
existencia de las licencias ambientales no era demostrativa del daño antijurídico.
Había que acreditar, además, la habilitación para el funcionamiento, una vez se
hubieren cumplido las condiciones establecidas en la licencia de explotación. En
este sentido, la parte demandante se ocupó de demostrar los perjuicios
económicos sufridos por la empresa, pero no el daño4.
Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia. En el
recurso, y en un memorial de complementación, sostuvo que:
(i) El Tribunal confundió el daño antijurídico con la imputación porque, al referirse
al daño antijurídico en el caso concreto, se ocupó de estudiar las actuaciones de
cada una de las entidades, en vez de determinar “si el demandante estaba o no en
el deber jurídico de soportar el menoscabo económico de la empresa con la
imposibilidad de hacer la explotación minera contenida en la licencia ambiental y
en el titulo minero”.
(ii) La sentencia de primera instancia incurrió un error al decir que no había un
interés o derecho subjetivo en cabeza de la empresa, porque no se ejecutaron
unas obras, cuando el derecho nació en los títulos mineros y las licencias
ambientales otorgadas por Corpoboyacá.
(iii) Era equívoco considerar que las entidades cumplieron sus deberes
constitucionales y legales con la sola asistencia a las reuniones. Esgrimió que ese
razonamiento desconocía las obligaciones de protección que le corresponden al
4 Páginas 26-36 pdf sentencia de primera instancia. Expediente Samai Tribunal Administrativo de Boyacá.
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
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Estado en virtud del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, que
protege la vida, honra y bienes de las personas.
(iv) La decisión del Tribunal no hizo claridad de cuáles eran las obligaciones que
desconoció la empresa para poner en funcionamiento su proyecto y tampoco un
argumento para que la empresa no pudiera desarrollar su objeto social y comercial
con el uso de la licencia ambiental. Además, tanto la licencia como su
modificación refirió a actividades posteriores a la puesta en marcha del proyecto,
no previas.
(v) La intervención de la Policía y el Ejército fue insuficiente para ejercer la
actividad comercial debidamente autorizada y que más bien fueron “actuaciones
complacientes” con las comunidades, que se oponían al ejercicio de la actividad
de la empresa, porque las comunidades se excedieron en decir que permitían el
paso de vehículos como ambulancias, vehículos del Ejército pero que no se
retiraban hasta tanto no retiraran la maquinaria llevada a la zona por la empresa.
(vi) Conforme a las resoluciones Nos. 098 y 099 del 12 de enero de 2012,
Corpoboyacá impuso un plan de manejo y aprobó la modificación de las licencias
para la explotación del yacimiento de carbón –dentro del área del contrato en
virtud del aporte 050-93 y los contratos de concesión No HI6-08001 y HDH151–,
de modo que la actividad minera se ejerció de forma legítima.
(vii) Por último, la licencia ambiental no quedó condicionada a la presentación y
aprobación del sistema de captación, ni a la construcción, recibo y aprobación de
obras, ya que la condición giraba en torno al permiso de concesión de aguas
superficiales. Agregó que, en los artículos tercero y cuarto de la Resolución 0099
del 12 de enero de 2012, que aprobó la modificación del instrumento ambiental,
quedó establecido que esa modificación estaba orientada a la instalación de la
nueva infraestructura y los permisos menores entre ellos la concesión de aguas,
pero que la misma no era imprescindible para el desarrollo de las actividades de
explotación y no afectaba el desarrollo minero autorizado para las bocaminas
Hunza 1,2,3 y 4. Insistió que la empresa recibió la viabilidad ambiental mediante
las resoluciones Nos. 1863, 1864 y 1865 del 30 de diciembre de 2009, para las
cuales la concesión de agua no era necesaria 5.
Trámite de segunda instancia
5 Archivo pdf apelación (páginas 1-15) y archivo pdf complemento del recurso (páginas 1-11). Samai Tribunal
Administrativo de Boyacá.
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-Corpoboyacá y otros
Proceso: Reparación directa
El 4 de mayo de 2023, el Tribunal concedió el recurso de apelación 6 y el
Despacho lo admitió el 7 de julio de 2023 7. Negadas las pruebas solicitadas en el
recurso de apelación, el expediente ingresó para fallo, de conformidad con el
artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 8.
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 13 de enero de 2015, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA 9, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código 10, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando
se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de
una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA 11. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
6 Samai Tribunal Administrativo de Boyacá (páginas 1-2).
7 F. 737 c. principal.
8 Samai Consejo de Estado.
9 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Lo s
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
10 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
11 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
13
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-Corpoboyacá y otros
Proceso: Reparación directa
artículo 150 del CPACA 12, según el cual conoce de los recursos de apelación
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la
cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV
exigidos por el artículo 152.6 del CPACA 13, esto es, $322.175.000.14.
Medio de control procedente
3. La reparación directa es el medio de control procedente es el medio de control
idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado
cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa
o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto
administrativo 15, cuya legalidad no se cuestiona. En este caso, el medio de control
de reparación directa procede para reclamar el daño derivado de las presuntas
actuaciones y omisiones de las entidades demandadas en sus respectivas
calidades de autoridades protectoras del medio ambiente y del control de la
seguridad y orden público en su jurisdicción.
Demanda en tiempo
4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i)
del artículo 164.2 del CPACA es de dos años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.
La demanda se interpuso en tiempo –13 de enero de 2015– porque la
demandante conoció el daño en febrero y marzo de 2013, fecha en que tuvo que
suspender actividades por motivos de orden público y por acciones populares en
12 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]».
13 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
14 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2015, $644.350, por 500.
15 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
14
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Boyacá-Corpoboyacá y otros
Proceso: Reparación directa
curso. El 4 de agosto de 2014 se presentó la solicitud de conciliación prejudicial,
diligencia que suspendió el término de caducidad hasta el 29 de septiembre
siguiente, fecha en la que se declaró fallida la audiencia 16. A partir de ese
momento se reanudó el término por los 6 meses faltantes, que vencían en marzo
de 201517.
Legitimación en la causa
5. La sociedad Hunza Coal S.A.S. es la persona sobre la cual recae el interés
jurídico que se debate en este proceso, ya que es la titular de los proyectos
mineros de explotación de carbón metalúrgico contenidos en: (i) el título minero
HDH-151 con licencia ambiental del 30 de diciembre de 2009 (Resolución 1865);
(ii) el título minero H16-08001 con licencia ambiental del 30 de diciembre de 2009
(Resolución 1864); (iii) el título minero 050-93 con la licencia ambiental del 30 de
diciembre de 2009 (Resolución 1863). Estos proyectos fueron suspendidos por las
acciones y omisiones alegadas en la demanda.
El Departamento de Boyacá, el Municipio de Tasco, la Nación-Ministerio de
Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional están legitimadas en la causa
porque tienen a su cargo el control del orden público y, los dos primeros, son,
además, autoridades ambientales dentro de su respectiva jurisdicción.
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá tiene legitimación, puesto que
tiene a su cargo administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible
(artículo 23 de la Ley 99 de 1993 18). Le atañe, además, la función de otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente (artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993 19).
16 SAMAI, índice 2, en el archivo “EXPEDIENTEDIGI20210609094855.pdf”, Cuaderno 1, páginas 119-124.
17 Páginas 263-264 C. 1 Expediente digital.
18 «Artículo 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente […]».
19 «Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: […]
9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso,
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La Agencia Nacional de Minería y la Nación-Ministerio de Minas y Energía están
legitimadas en la causa por pasiva porque son autoridades que habilitan y hacen
seguimiento a la actividad minera. Por su parte, la Defensoría del Pueblo está
legitimada porque se le atribuye omisión de acompañamiento legal a la empresa
minera en sus distintas solicitudes de intervención, así como la elaboración de un
informe con datos supuestamente falsos.
Problema jurídico
6. Corresponde a la Sala determinar si se configuró un daño por ausencia de
explotación de proyectos mineros de exploración y explotación de carbón
metalúrgico en el año 2013.
Análisis de la Sala
El Estado, propietario del subsuelo y de los recursos no renovables
7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 332 de la C.N., el Estado es propietario
del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los
derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Los
minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en
cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin
consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes
terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o
grupos (artículo 5 del Código de Minas).
La propiedad estatal de los recursos naturales no renovables es inalienable e
imprescriptible. El derecho a explorarlos y explotarlos sólo se adquiere mediante el
otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo 14 del Código de Minas. En
ese orden, ninguna actividad de prospección, exploración o explotación o de
posesión material de dichos recursos, sea cual fuere su antigüedad, duración o
características, conferirá derecho o prelación alguna para adquirir el título minero o
para oponerse a propuestas de terceros (artículo 6 del Código de Minas).
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y
pesca deportiva […]».
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Proceso: Reparación directa
El artículo 334 de la C.N. prevé que el Estado, intervendrá, por mandato de la ley,
en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano
nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y
los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
En cuanto al derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, el Código
de Minas prevé que únicamente se podrá constituir, declarar y probar ese derecho
mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el
Registro Minero Nacional, salvo los derechos provenientes de las licencias de
exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y
contratos celebrados sobre áreas de aporte, vigentes a cuando entró a regir el
Código de Minas. Igualmente quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales,
subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas
perfeccionadas antes de la vigencia de ese estatuto (artículo 14).
Así, quien pretenda ejercer la minería –actividad que puede incluir la
exploración, explotación minerales y las correspondientes servidumbres–,
deberá cumplir con los requisitos, formalidades; aportar documentos y pruebas
señaladas en la Ley 685 de 2001 –Código de Minas–, los que serán, en
principio los únicos exigibles a los interesados para la procedencia de las
propuestas o para la expedición, perfeccionamiento y ejercicio del título
minero, sin perjuicio de la competencia de la autoridad ambiental. (artículos 84
de la C.N. y 4 de la Ley 678).
El Estado, agente protector del medio ambiente y autoridad ambiental
8. El artículo 79 de la C.N.20 dispone que todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines. A su turno, el artículo 78 21
20 «Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines».
21 «Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la
comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán
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prevé que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, con el fin de garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
Antes de la Constitución de 1991, en virtud de la descentralización técnica por
servicios, se asignaron competencias a entidades autónomas especializadas, con
personería jurídica y patrimonio propio, para la concreción de los deberes
ambientales del Estado (artículo 6 Decreto 2811 de 1974), como ocurrió con el
Inderena (Decreto 2420 de 1968) y la Corporación Autónoma Regional de la
Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá (Ley 3 de 1961). Luego
de la Constitución, con la creación del Sistema Nacional Ambiental, se creó el
Ministerio del Medio Ambiente y otras entidades ambientales autónomas,
adicionales a las corporaciones ya existentes, con jurisdicción en territorios
determinados para la planificación, administración, control y protección del medio
ambiente (artículo 150, numeral 7 y 331 de la CN, y artículos 2, 4 y 5 de la Ley 99
de 1993).
Corporaciones Autónomas Regionales
9. Las Corporaciones Autónomas Regionales-CAR, que forman parte del Sistema
Nacional Ambiental, son entes corporativos especiales del orden nacional, con
autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotadas de personería
jurídica y sujetas a un régimen especial (artículo 40 de la Ley 489 de 1998 y
artículos 113 inciso 2° y 150 numeral 7 y 331 de la C.N.22). Las CAR son entes
públicos con jurisdicción en entidades territoriales que, por sus características,
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Conforme al artículo 23 de la Ley 99
de 1993, están encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el
medio ambiente, los recursos naturales y propender por el desarrollo sostenible.
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios,
atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado
garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las
disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y
observar procedimientos democráticos internos».
22 Aunque no fueron concebidos por la Constitución como entes autónomos y originalmente se les dio el
tratamiento de establecimiento público (Corte Constitucional, sentencia C-423 de 1994), la jurisprudencia
terminó por tratarlas como tales (Corte Constitucional, sentencia C-578 de 1999).
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En ese marco, y según lo dispuesto en los numerales 2, 9, 12, 19 y 23 del artículo
31 de la Ley 199 de 1993, estas corporaciones están facultadas para: (i) ejercer
como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción; (ii) otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; (iii)
otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales y para el uso
de aguas superficiales y subterráneas; (iv) ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos a las aguas en cualquiera de sus formas,
al aire o a los suelos; (v) análisis, seguimiento, prevención y control de desastres;
(vi) promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las
cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los
organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes, y (vii) planeación con las administraciones municipales de
programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo.
Dentro del sistema ambiental, los municipios, a su turno, tienen la función de
colaborar con las CAR en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución
de programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables (art. 65 de la Ley 99 de 1993).
10. Conforme al artículo 50 de la Ley 99 de 1993, se entiende por licencia
ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la
ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la
licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la
obra o actividad autorizada. Este permiso solo abarca, entonces, las posibilidades
de impacto ambiental y ecológico en un área de terminada por la ejecución de la
obra o la actividad y su concesión no garantiza el estado del terreno a construir ni
los efectos que este genere en la futura construcción.
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La licencia ambiental, entonces, es obligatoria y presupuesto de todo proyecto
que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje.
En cuanto a las concesiones, permisos, autorizaciones y licencias exigidas por ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables,
no renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente, es importante precisar la diferencia entre un permiso ambiental y
una licencia ambiental. Los primeros, enmarcados dentro de los llamados
procesos permisivos menores, comprenden la ejecución de una obra de carácter
temporal con posible impacto en el ambiente, y se conceden por un tiempo
determinado, hasta que finaliza la obra o actividad temporal sin que pueda
excederse de 10 años (artículos 54 y 55 del Decreto 2811 de 1974). Las licencias
ambientales, por su parte, abarcan un proyecto completo, se otorga por un tiempo
indeterminado, sólo puede terminar por un acto de revocatoria (artículo 62 de la
Ley 99 de 1993), y sólo se exige para algunas actividades o proyectos definidos
en la ley (artículos 7, 8 y 9 del Decreto 1220 de 2005).
Los permisos ambientales, antes de la expedición del Decreto Único
Reglamentario de Medio Ambiente (Decreto 1076 de 2015), estaban
reglamentados en distintas normas. El Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto
1541 de 1978 regularon los permisos de ocupación de cauce, obras hidráulicas
(que comprende la de contención de inundaciones) y las obras de vertimientos
(también reguladas en el Decreto 3100 de 2003 y Resolución 1433 de 2004, del
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).
En lo que respecta a la licencia (circunstancia que puede comprender permisos
menores) una vez concedida, sólo puede ser modificada por la autoridad
ambiental en los siguientes eventos:
(i). Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra
o actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya
identificados en la licencia ambiental. (ii). Cuando al otorgarse la licencia ambiental
no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales
renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del
proyecto, obra o actividad. (iii). Cuando se pretendan variar las condiciones de
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uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de forma que
se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la
licencia ambiental. (iv). Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite
efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas
lindantes al proyecto. (v). Cuando como resultado de las labores de seguimiento,
la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los identificados en los
estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. (vi).
Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y
estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. (vii)
Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
Caso concreto
11. Según el recurso de apelación, el Tribunal confundió el daño con la
imputación. Reprochó que, al analizar este presupuesto, se ocupó de estudiar las
actuaciones de cada una de las entidades, en vez de responder si el demandante
estaba en el deber jurídico de soportar la imposibilidad de explotación minera.
Agregó que la sociedad Hunza Coal S.A.S. tenía un interés legítimo protegido,
porque contaba con tres títulos mineros con sus respectivas licencias ambientales,
incluidas sus modificaciones, y tanto las acciones como omisiones de las
demandadas le impidieron ejercer su actividad protegida por el ordenamiento.
12. Los medios probatorios allegados oportunamente al proceso demuestran los
siguientes hechos:
12.1. Desde el año 2009, en zona rural del Municipio de Tasco, Boyacá, la
sociedad Hunza Coal S.A.S. desarrollaba un proyecto de exploración, extracción y
comercialización de carbón metalúrgico. Para la ejecución de su actividad,
contaba con los siguientes permisos y licencias: (i) título minero HDH-151, con
licencia ambiental del 30 de diciembre de 2009 (Resolución 1865); (ii) título minero
H16-08001 con licencia ambiental del 30 de diciembre de 2009 (Resolución 1864),
y (iii) título minero 050-93 con la licencia ambiental del 30 de diciembre de 2009
(Resolución 1863) 23.
23 Según da cuenta (i) contratos de explotación y exploración (páginas 32-58, 52-61) (ii) Resoluciones de
licencia ambiental (páginas 85-97) y (iii) cesión de derechos de contratos de concesión a Hunza Coal S.A.S.
(página 71 y ss).
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12.2. En noviembre del 2011, la sociedad pidió a la Corporación Autónoma de
Boyacá-Corpoboyacá las modificaciones de las licencias contenidas en las
resoluciones 1865 y 1864) para incluir en ellas permisos para emisión de gases y
uso de aguas superficiales 24.
12.3. En enero de 2012, Corpoboyacá modificó las licencias y concedió los
permisos para emisión de gases y concesión de aguas superficiales, pero los
condicionó al cumplimiento de unos estudios y obras de impacto. Al respecto, se
extrae lo pertinente de la Resolución 099 del 12 de enero de 2012:
(…) Que mediante Resolución No. 2324 del 5 de agosto de 2011, esta Corporación
dispuso modificar la Licencia Ambiental otorgada por medio de la Resolución No.
001865 de 30 de diciembre de 2009 a nombre de la empresa C.l. HUNZA GOAL
LTDA., identificada con NIT. 900052304-1, para la explotación de carbón mineral y
demás concesibles, en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tasco/dentro del
área del contrato de concesión HDH-151, suscrito con el Instituto Colombiano de
Geología y Minería INGEOMINAS, y en consecuencia, otorgó, por el mismo
término de duración del proyecto minero, Permiso de Emisiones Atmosféricas a la
empresa HUNZA COAL LTDA, para el proceso de beneficio de carbón mineral y
funcionamiento del patio de acopio y trituración de carbón "La Victoria" ubicado en
la vereda San Martin del municipio de Cómbita.
Que por medio de Auto del 21 de noviembre de 2011 se admitió la solicitud de
modificación de licencia ambiental en lo que respecta a incluir el permiso de
concesión de aguas superficiales, con destino a la irrigación en pozos exploratorios
para estudio hidrogeológico a derivar de la fuente denominada "Quebrada La
Guasa", ubicada en la vereda Santa Barbará, jurisdicción del citado Tascó, en un
caudal de 0.4 l/s.
(…)
Desde el punto de vista técnico ambiental se considera viable otorgar concesión de
aguas superficiales a nombre de la empresa HUNZA COAL LTDA. (…) con destino
al montaje de la infraestructura minera objeto de la modificación.
(…)
El titular minero interesado en la concesión de aguas, deberá presentar ante
CORPOBOYACA los planos, cálculos y memorias del sistema de captación que
garanticen derivar el caudal asignado a fin de ser aprobados por esta Corporación
y poder hacer efectiva dicha concesión.
El titular minero deberá presentar un programa de uso y ahorro eficiente del agua
conforme a lo establecido en el Decreto 373 de 1997, basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente abastecedora y la demanda de agua, además, debe
contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad usuaria. El tiempo establecido para la presentación del programa es de
seis meses contados a partir de la puesta en marcha del proyecto (…) Ordenar a
Hunza Coal S.A.S. para que en seis meses contados a partir de que el proyecto
entre en funcionamiento, implemente las obras requeridas para la construcción y
puesta en marcha del sistema de tratamiento de agua residual industrial del patio
principal (…)
24 Páginas 100-120 c. 1.
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Proceso: Reparación directa
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ es la
autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación,
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables,
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al
Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la
expedición da la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.
Que el artículo 3° del Decreto 2820 de 2010 señala, concepto y alcance de la
Ucencia Ambiental. La licencia ambiental, es la autorización que otorga la
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta al
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra p actividad autorizada. La
Licencia Ambiental llevará implícitos lodos los permisos. autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.
(…)
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación a la licencia ambiental otorgada
mediante Resolución No. 1865 de 30 de diciembre de 2009 a la empresa Hunza
Coal S.A.S. (…) en el sentido de autorizar la apertura de un nuevo túnel de acceso
a los mantos de carbón referenciado (…) asimismo, para el montaje de
infraestructura minera (…)
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la
empresa (…) en un caudal de 0.5 lt/seg a derivar de la quebrada Guaza, ubicada
en la vereda Santa Bárbara, jurisdicción del municipio de Tasco.
(…) ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, la
interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y
aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de la obra de captación a
utilizar, que garantice derivar el caudal asignado; lo anterior en un plazo máximo
de quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia (…)
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los
planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, la
concesionaria contará con un plazo adicional de cuarenta y cinco días para la
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberán informar por
escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas.
Parágrafo. Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar
maquinaria pesada ni maquinaria que afecte la vegetación del sector (…)
ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar la
concesión otorgada, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente
la reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando la circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla haya
variado. (…)
23
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-Corpoboyacá y otros
Proceso: Reparación directa
ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento Corpoboyacá reglamente de manera general la
distribución de la corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto – Ley 2811 de 1974 (…)
PARÁGRAFO SEGUNDO: Requerir a la Empresa C.l. Hunza Coal LTDA, para que
en el término de seis (6) meses contados a partir que el proyecto entre en
funcionamiento, implemente las obras requeridas para la construcción y puesta en
marcha del sistema de tratamiento de agua residual industrial del patio principal
(Artículo 55, del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, Segunda etapa)25.
12.4. En febrero y marzo de 2013, miembros de la comunidad de Tasco, Boyacá
bloquearon la vía y los trabajos de la empresa Hunza Coal S.A.S. al oponerse al
proyecto minero de esa sociedad. En ambas fechas la Policía Nacional intervino
para el restablecimiento del orden público. En marzo de 2013, los trabajadores
retiraron la maquinaria de Hunza Coal S.A.S. y se levantaron los bloqueos en la
zona26.
12.5. El Tribunal Administrativo de Boyacá tramitó dos acciones populares: la
primera (2006-00116-00), presentada por la asociación de suscriptores del
acueducto de Chorro Blanco del Municipio de Tasco; la segunda (2013-00149-00),
interpuesta por el Departamento de Boyacá contra la empresa Hunza Coal S.A.S.
Las acciones se presentaron con la finalidad de suspender y prohibir la actividad
carbonífera en el municipio de Tasco por afectación del medio ambiente, en
especial los recursos hídricos y protección de páramos 27.
12.6. El 6 de mayo de 2013, dentro de la acción popular 2013-00149-00, el
Tribunal decretó la medida cautelar de suspensión de actividades mineras por
parte de la empresa demandada, decisión que fue confirmada por el Consejo de
Estado, el 8 de agosto de 2013 28.
12.7. El 3 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la
nulidad de todo lo actuado en el proceso acción popular 2013-00149-00 por
agotamiento de jurisdicción (existencia de otro proceso previo –en curso– con el
mismo objeto y pretensiones) 29. El 20 de febrero de 2014, el Consejo de Estado
confirmó la anterior decisión. En estas providencias se incluyó, dentro de la
25 F. 100-112 c. 1. Expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá.
26 F. 554 y 557 c. 1 Expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá.
27 F. 402-410 c. 11 y c. 17. Expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá.
28 F. 17 c. 17. Expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá.
29 F. 162-179 c. 1. Expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá.
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-Corpoboyacá y otros
Proceso: Reparación directa
declaratoria de nulidad, la medida cautelar de suspensión del 6 de mayo de 2013
(y la decisión que la confirmó 30).
12.8. Conforme a certificación del 24 de julio de 2014, suscrita por el alcalde
Municipal de Tasco, “(…) a lo largo de 2013 y 2014, un sector de la comunidad
junto con un grupo de ambientalistas, adelantan una campaña y han llevado a
cabo protestas, manifestaciones, marchas, y reuniones con la comunidad con el
único propósito de promover la oposición a proyectos mineros incluyendo el
proyecto Hunza Coal (…)” 31.
13. Conforme a los hechos probados y a las pruebas del expediente, la Sala
procede a hacer las siguientes precisiones de cara al recurso formulado y, sobre
todo, al daño alegado en la demanda por “imposibilidad de explotación de
actividad minera que cuenta con títulos legales”, al ser este el primer presupuesto
de responsabilidad que debe estudiarse.
El argumento central de la apelación se enfoca en los “errores dogmáticos” en que
incurrió la sentencia del Tribunal y en atacar cada una de las afirmaciones
contenidas en la decisión, porque, en su consideración, la sentencia “se valía de
afirmaciones imprecisas o inciertas”, y estudió las conductas de las entidades al
momento de evaluar el daño de la empresa demandante y si se cumplía con este
presupuesto.
La Sala, al estudiar el daño alegado en la demanda (ausencia de explotación de
actividad minera) al margen de la imprecisión dogmática planteada en el recurso,
se orienta en la misma vía a la decisión recurrida. El ejercicio de la actividad de
minería, al involucrar recursos no renovables y generar un impacto en el
ecosistema en el que se ejerce la actividad, supone la carga para quien la
desarrolla de que la autoridad ambiental pueda revisar y hacer seguimiento a sus
actuaciones, así como formular requerimientos adicionales para poder realizar
esta. En ese orden, no es una situación extraña ni sorpresiva a quien ejerce
profesionalmente la actividad de minería, y conoce el ejercicio y riesgo de la
actividad, la eventual suspensión de sus actividades de exploración y explotación
con fundamento en motivos legales o judiciales.
30 F. 180-205 c. 1. Expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá.
31 F. 463 c. 1. Expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá.
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-Corpoboyacá y otros
Proceso: Reparación directa
En cuanto a la sociedad Hunza Coal S.A.S., como su actividad minera podía
afectar recursos renovables (hídricos), por una solicitud de permiso de concesión
de aguas superficiales, el caso ameritaba que la autoridad ambiental hiciera unas
exigencias mayores y adicionales. En efecto, cuando Corpoboyacá observó que
requerían unos mayores estándares de control, ante un riesgo ambiental en
recursos hídricos con motivo de la solicitud de permiso de concesión de aguas
superficiales32, no solo bastaba con las condiciones ambientales o planes de
manejo ambientales de las licencias concedidas en diciembre de 2009 a la
sociedad. Debían suplirse otras actividades, estudios, diagnósticos y obras
hídricas y de vertimientos. De allí que, por este primer motivo –legal y de
protección ambiental–, la empresa estaba en el deber jurídico de soportar (i) la
exigencia de requisitos para su operación, (ii) las formas en que debía ejecutar el
cumplimiento de esos requisitos y (iii) los posteriores requerimientos que la
actividad minera ameritara.
El recurso de apelación sostuvo que los títulos mineros (contratos de concesión) y
las primeras licencias ambientales (de diciembre de 2009) bastaban para el
ejercicio de la actividad minera sin condiciones adicionales. Para ello, el recurrente
trazó un límite entre la concesión de aguas (comprendido en la modificación de
licencia de 2012) y el ejercicio de la minería (como una actividad económica
completa) y planteó que ese ejercicio se podía ejecutar con o sin la concesión de
aguas. Sin embargo, para la Sala no es posible verificar el límite entre estas dos
actividades, ni a través del acto administrativo que impuso dicha carga –porque de
su lectura lleva implícita la protección de un recurso hídrico y una condición
suspensiva a la licencia–, y tampoco por las demás pruebas del proceso.
Frente a esto último, se observa que la sociedad demandante, para los estudios y
obras requeridos por Corpoboyacá, ingresó una maquinaria que estaba advertida
como inadmisible para su ingreso 33. En ese orden, si según el recurrente podían
coexistir ambas actividades ¿por qué la entidad destinó sus trabajadores y
maquinarias para cumplir primero con el requerimiento de la autoridad ambiental?
Se insiste, nos encontramos frente a la imposibilidad de delimitar cuándo los
trabajadores iban a entrar al polígono delimitado para explotar la actividad y
32 F. 100-112 c. 1. Expediente digital Tribunal Administrativo de Boyacá.
33 Parágrafo del artículo 4 de la Resolución 099 del 12 de enero de 2012 de Corpoboyacá. F. 100-112 c. 1.
Expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá.
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-Corpoboyacá y otros
Proceso: Reparación directa
cuándo lo iban a hacer para desarrollar los estudios y obras hídricas requeridos
por la administración para el manejo ambiental descrito.
Ahora bien, existe un aspecto de derecho que también dio lugar a la suspensión
de labores de exploración y explotación minera: la medida cautelar de suspensión
de actividad en sede de acción popular, decisión que –por su naturaleza
preventiva– contaba con apariencia de buen derecho. Al margen de la suerte que
tomó ese proceso –declarado nulo en 2014 por agotamiento de jurisdicción–, lo
cierto es que existió una medida en el periodo comprendido entre mayo de 2013 y
20 de febrero de 2014. Ello indica que la empresa Hunza Coal S.A.S. también
estuvo en el deber jurídico de soportar una decisión judicial, en este caso,
adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá (hechos probados 12.6 y 12.7).
A pesar de que la sociedad demandante intentara ingresar a la zona de
explotación para realizar la actividad de estudio hidrogeológico y no pudo ejecutar
las labores exigidas por la autoridad ambiental, esta imposibilidad no constituye
una lesión sin justificación en el ordenamiento jurídico, sino que tuvo lugar por
motivos jurídicos –decisión judicial contenida en una medida cautelar– y, además,
por hechos que gozan de protección constitucional –bloqueos de comunidad en
ejercicio de la libertad de protesta–. No debe pasarse por alto que la demandante
ingresó maquinaria pesada para ejecutar sus labores, en desconocimiento de la
orden contenida en el parágrafo del artículo 4 de la Resolución 099 del 12 de
enero de 2012, emitida por la autoridad ambiental Corpoboyacá.
Puestas las cosas de este modo, se reitera, la Sala no puede tener por existente el
daño alegado en la demanda. Aunque la demandante demostró ser titular de la
habilitación legal para extraer carbón metalúrgico dentro del área de los contratos
de concesión suscritos, en jurisdicción del municipio de Tosca, Boyacá, (i) la
autoridad ambiental le impuso el lleno de unos requisitos para intervenir y usar los
cauces hídricos en una de las zonas destinadas a la explotación, (ii) una decisión
judicial, dentro de un proceso de acción popular, decretó una medida de
suspensión a esa actividad, y (iii) la sociedad demandante no acreditó que los
instrumentos para ejecutar los estudios, diagnósticos y obras hídricas se sujetaban
a las directrices de la Resolución que ordenó las obras por mayor impacto
ambiental. Las anteriores circunstancias impiden demostrar la afectación de un
interés legítimo en cabeza de la sociedad demandante.
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-Corpoboyacá y otros
Proceso: Reparación directa
14. Según el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión expresa de los artículos
168 y 267 del CCA, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que prevén el efecto jurídico que persiguen y, por lo tanto, quien alega un
hecho debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto pretendido, ya
que la sola afirmación de la demandante no es suficiente para acreditarlo.
Conclusión de todo lo expuesto, se tiene que en el proceso no quedó demostrado
el daño alegado en la demanda, esto es, la afectación a un interés legítimo
protegido puesto que, como se explicó, la ausencia temporal de explotación de
actividad minera estaba justificada en el ordenamiento jurídico: (i) se requería el
agotamiento de un requisito legal ambiental (ante la eventual afectación de cauces
hídricos) y (ii) por la existencia de una medida cautelar de suspensión de
actividades mineras dictada dentro de un proceso judicial. Así las cosas, la Sala
confirmará la sentencia apelada, pero por los motivos contenidos en esta
sentencia.
15. El artículo 188 del CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo
365 del CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.
El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que “solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. En relación con las agencias en derecho, el numeral 1 del mismo
artículo establece que “se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o
a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. A su turno, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del mismo estatuto,
para su fijación deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-Corpoboyacá y otros
Proceso: Reparación directa
Conforme a la norma referida, las agencias en derecho, que vienen comprendidas
en las costas, son la suma que el juez reconoce a la parte que resulta favorecida
con la condena, en atención a los gastos en que tuvo que incurrir para pagar los
honorarios de un abogado, dentro de los límites y criterios establecidos por el
numeral 4 del artículo 366 de Código General del Proceso, el cual hace remisión
expresa a las tarifas que el Consejo Superior de la Judicatura establezca. Su
reconocimiento solo atiende a criterios objetivos y no depende del comportamiento
de las partes, temeridad o de circunstancias individuales económicas de quienes
se enfrentan en el litigio.
En ese orden, conforme a la cuantía (superior a los 1.000 SMLMV), la duración del
proceso, la gestión y diligencia de los distintos apoderados de la entidad
demandada, y en los términos del Acuerdo No. 1887 de 2003, vigente para la
fecha de presentación de la demanda, la demandante pagará el 0,1% de las
pretensiones –$2.464.000 –34, por concepto de agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor de la parte
demandada las costas del proceso. FIJAR la suma de $2.464.000 por concepto de
agencias en derecho. Las costas deberán liquidarse de manera concentrada en el
Tribunal.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
34 En las pretensiones se estableció, como valor de los perjuicios, el valor de $2.464.000.000.
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00041-01 (69939)
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-Corpoboyacá y otros
Proceso: Reparación directa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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