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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00168-02

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00168-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Modificar el ordinal 2 de la sentencia del 3 de septiembre de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, en los siguientes términos: SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio DESTJ13-86 del 21 de enero de 2013, emanado por el director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Tunja, y la Resolución 2583 del 10 de marzo de 2014, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los cuales se negó la reliquidación del salario y las prestaciones sociales devengadas por Fernando Arias García, en su desempeño como juez 9 Administrativo del Circuito de Tunja. Segundo. Adicionar el ordinal 3 de la sentencia del 3 de septiembre de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, en los siguientes términos: TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a que reliquide y pague al actor FERNANDO ARIAS GARCÍA, las diferencias que resulten entre lo que se le canceló por concepto de su remuneración mensual y prestaciones sociales entre el 11 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, y lo que se le debió cancelar, teniendo en cuenta para ello el 43.2% del 70% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de Alta corte con referencia a la remuneración de los Congresistas, con sujeción a los topes 21 Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019) Demandante: Fernando Arias García fijados por el gobierno nacional que no deben ser superados bajo ninguna circunstancia. De las sumas que arroje la liquidación correspondiente, la entidad demandada deberá descontar las sumas que efectivamente le fueron canceladas al actor en ese lapso. El valor resultante será reajustado de acuerdo con la fórmula explicada en la parte motiva. La entidad pagará al sistema las diferencias causadas entre lo que pagó y lo que correspondía pagar por concepto de aportes a seguridad social en pensiones. Tercero. Revocar el ordinal 4 de la sentencia del 3 de septiembre de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces y, en su lugar, no […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2015-00168-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Temas: Nivelación salarial. Decreto 1251 de 2009

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Conjueces, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Fernando Arias García presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio DESTJ13-86 del 21 de enero de 2013 expedido
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja4 por medio
del cual se negó la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales «a partir del

1 En adelante DEAJ.
2 La demanda fue presentada el 2 de febrero de 2015. Folio 20.
3 En adelante CPACA.
4 En adelante DESAJ.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

1° de agosto de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012»5, de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 1251 de 2009 y el acto ficto derivado de la falta de resolución del
recurso interpuesto contra la decisión inicial.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de las diferencias resultantes entre lo pagado y
lo que en realidad correspondía por concepto de salarios y prestaciones sociales
«desde el 1° de agosto de 2009 y los años 2010, 2011 y 2012, aclarando, que los cálculos
para ello se deben realizar mensualmente y no anualmente»; ii) la indexación del valor
de las sumas salariales y prestacionales adeudadas; iii) el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y iv) la condena en costas a
la demandada.

3. De manera subsidiaria solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias
«adeudadas por concepto de su remuneración y sus prestaciones sociales a partir del 1°
de agosto de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, al tenor de lo dispuesto por el art. 2°
del Decreto 1251 de 2009, estableciendo lo que por todo concepto percibe anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes, incluyendo todos los ingresos laborales totales anuales de
carácter permanente que devenga, que son: asignación básica, gastos de representación,
prima de navidad, auxilio de cesantía y la prima especial de servicio, liquidada con base en
la totalidad de los ingresos laborales anuales de carácter permanente que devengan los
Congresistas, es decir: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y
Vivienda, prima de salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías» (sic).

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes6:

3.1. Fernando Arias García labora al servicio de la Rama Judicial desde el 1° de
agosto de 2009 con nombramiento en propiedad en el cargo de juez 9 Administrativo
de Tunja.

3.2. El11 de enero del 2013 solicitó ante la DESAJ la reliquidación de la
remuneración mensual que percibió entre los años 2009 y 2012, ajustándola a los
porcentajes establecidos en los decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009.

3.3. La DESAJ profirió el Oficio DESTJ13-86 del 21 de enero de 2013 en el que negó
la anterior solicitud.
Contra la anterior decisión, el 15 de mayo de 2013 presentó el recurso de apelación,
«sin que a la fecha hubiese recibido respuesta alguna que satisficiera lo allí solicitado»
(sic).

5 De acuerdo con el escrito de subsanación de la demanda.

6 Folios 3 al 11 del documento 1 del expediente de la primera instancia en el índice 2 de Samai.

2

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 53, 58 y 230 de la
Constitución Política; 27 del Código Civil; 5 de la Ley 153 de 1887; 4 de la Ley 169
de 1896; 2, literal a) y 15 de la Ley 4ª de 1992; y 115 de la Ley 1395 de 2010; y el
Decreto 1251 de 2009.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente7:

5.1. Los actos administrativos acusados desconocieron las anteriores disposiciones,
porque:

5.1.1. Primera tesis: de acuerdo con los convenios de la OIT adoptados dentro de
la legislación interna y la legislación nacional, la remuneración es todo lo que percibe
un trabajador por causa directa o indirecta de su vínculo laboral. Bajo ese contexto,
la expresión «remuneración» prevista en el Decreto 1251 de 2009 para efectos de
materializar la nivelación salarial de los jueces y fiscales tiene naturaleza salarial y
comprende todos los ingresos permanentes de los magistrados de altas cortes. Sin
embargo, el aludido decreto no especificó si la base de ese cálculo era anual o
mensual, no obstante, de una interpretación acorde con el principio de favorabilidad
laboral, debió ser mensual.

5.1.1.1. Lo anterior, porque el fin perseguido con el decreto en mención fue frenar la
desigualdad existente entre los magistrados y los jueces especializados, de circuito,
municipales y fiscales especializados, seccionales y locales.

5.1.1.2. Al liquidarse su salario de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1251 de
2009, es decir, con una remuneración del 43 % del 70 % de lo que por todo concepto
percibe anualmente un magistrado de una alta corte, se realizó con los cálculos
anualmente recibidos debiendo ser los mensuales, lo que redujo injustificadamente
el salario de los jueces y fiscales, y frustró la finalidad de la nivelación salarial entre
estos y los magistrados de altas cortes.

5.1.2. Segunda tesis: ante la imposibilidad de escoger la anterior tesis, se tiene que
la Ley 4ª de 1992 determinó que los magistrados de las altas cortes devengaran
una prima especial de servicios, la cual tiene como finalidad que los ingresos
laborales totales anuales que perciben estos funcionarios correspondan a los que,
de forma permanente, reciben los congresistas de la República.

5.1.3. Sin embargo, se desconoció el artículo 27 del Código Civil, según el cual,

7 Folios 67 a 84.

3

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

cuando el sentido de la ley es claro, no es posible desatender su tenor literal, pues
se interpretó de forma restrictiva la Ley 4ª de 1992. Lo anterior, porque para el
cálculo de la prestación en mención, se debió incluir el auxilio de cesantías que
devengan los congresistas como parte de sus ingresos laborales totales anuales y
que reciben de forma permanente, y sin que sea posible entrar a distinguir entre
ingresos salariales, no salariales o prestacionales, comoquiera que la norma no lo
dispuso así.

5.1.4. No incluir el auxilio de cesantías percibido de manera anual y permanente
por los congresistas de la República en la liquidación de la prima especial de
servicios que reciben los magistrados de las altas cortes, afectó de manera directa
la remuneración mensual de los demás servidores judiciales cuyo salario se fija
porcentualmente de acuerdo con lo devengado por estos altos funcionarios.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación8:

6.1. Para el cálculo de los ingresos que perciben mensual y anualmente los jueces
de la República, se deben tomar todos los ingresos laborales percibidos en el cargo
durante el año tanto del magistrado de alta corte como del juez de la República,
toda vez que el Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, no habló de remuneración
mensual, sino que se refirió a la remuneración que por todo concepto perciban
anualmente los aludidos funcionarios.

6.2. «Para determinar la diferencia para el año 2009, 2010 y 2011 de los ingresos anuales
existentes entre el porcentaje 34.7%, 34.9% establecido para jueces municipales, del 70%
de lo que por todo concepto perciben anualmente los Magistrados de las Altas cortes, se
toma la remuneración mensual (asignación básica y Prima especial) establecida en los
decretos salariales para los jueces de la república según su jurisdicción y se multiplica por
los doce meses del año, adicionalmente se liquidan las primas y prestaciones sociales a
que tienen derecho, de conformidad con la normatividad que regula cada una de ellas. Para
finalizar, se suman todos los emolumentos salariales y prestacionales obteniendo el total
de los ingresos anuales de cada uno de los funcionarios citados. Es del caso, entrar a
considerar, los ingresos mensuales y anuales que percibieron los magistrados de las Altas
Cortes, para el año 2009 los cuales fueron los siguientes:

Mensual Valor Anual Valor
Asignación básica 3.046.191 Asignación básica 36.554.292
mensual mensual
Gastos de 5.415.452 Gastos de 64.985.424

8 Folios 102 a 110.

4

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

representación representación
Prima especial de 14.509.563 Prima especial de 174.114.756
servicios servicios
Prima de navidad 8.461.643
Total mensual 22.971.206 Total anual 284.116.115

70% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS $ 198.881.281,00
43% DEL 70% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS $ 85.518.951,00

Del valor equivalente al 70% del total de los ingresos de los Magistrados de las Altas Cortes,
se le calcula el 47.7%, 43% y 34,71% para el año 2009, según sea el caso del funcionario.
De estos valores han de descontarse los ingresos anuales de los Jueces de la república,
según el caso, y la diferencia existente se cancelará por el rubro de "Otros Servicios
Personales Autorizados por Ley"

El siguiente es el ejercicio para un Juez con categoría Circuito, para el año 2009:

JUEZ CIRCUITO
Asignación básica 3.964.686
Prima especial de servicios 1.184.406
Total mensual 5.154.092
Bonificación actividad judicial 6.796.639
Bonificación por servicios 1.387.460
Prima de servicios 2.040.161
Prima de vacaciones 2.125.168
Prima de navidad 4.427.433
Total ingresos anuales de juez circuito sin 85.422.984
otros servicios personales autorizados por
ley
43% del 70% ingreso magistrado de alta 85.518.951
corte
Diferencia anual entre ingresos juez circuito 95.967
y el 43% del 70% del ingreso anual de
magistrado de Alta corte– Valor anual otros
servicios personales autorizados por ley
Diferencia mensual 7.997
(…) » (sic)

6.3. De acuerdo con la Ley 4ª de 1992, «la remuneración, las prestaciones sociales, entre
ellas las cesantías y demás derechos laborales de los magistrados de las altas cortes son
idénticos, esto es, que para efectos de dichos conceptos se aplican los especialmente
establecidos para los magistrados y por ende no se pueden igualar al del cargo de
congresista conceptos como las prestaciones sociales, pues lo único que se equipara a
dicho cargo es la prima especial que debe estar calculada con base en los ingresos
permanentes y en consecuencia de ello mal podría tomarse en cuenta para la fijación de la
prima especial en el caso de los Magistrados de tribunales y para otros cargos las cesantías

5

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

devengadas de manera anual por los primeros» (sic).

6.4. A la DEAJ no le es dable equiparar el valor liquidado por concepto de cesantías
a los congresistas con el reconocido a los magistrados, con el propósito de reajustar
la prima especial y, a su vez, la remuneración de los jueces, porque la Ley 4 de
1992 determinó que las prestaciones de los magistrados eran diferentes a las de los
congresistas.

6.5. El Decreto 10 de 1993 incluye expresamente la prima de navidad en el cálculo
de la prima especial, pese a tratarse de una prestación social; sin embargo, no
dispone lo mismo respecto de las cesantías. De haber sido esa la intención del
legislador así lo habría señalado de forma expresa, tal y como ocurrió con la
prestación antes mencionada.

6.6. La inclusión de las cesantías dentro de los ingresos laborales de los magistrados
de Altas Cortes conllevaría a la reliquidación de la prima especial y desconocería la
prohibición del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, según la cual esa prestación no tiene
carácter salarial. Esto implica que no era un factor para la liquidación de cesantías
y que su consideración para tales efectos supondría una aplicación indirecta
contraria a la prohibición legal.

1.3. Sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, en sentencia proferida
el 3 de septiembre de 2019, dispuso:

«PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de fondo denominada "Cobro de lo
no debido" propuesta por la parte demandada y parcialmente probada la excepción de
prescripción extintiva respecto de los derechos reclamados a través de este medio de
control con anterioridad al 11 de enero de 2010.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio
DESTJ13-86 del 21 de enero de 2013, emanado por el Director Ejecutivo Seccional de
Administración Judicial de Tunja, por el cual negó la reliquidación del salario y las
prestaciones sociales devengadas por el actor FERNANDO ARIAS GARCÍA, en su
desempeño como Juez 9 Administrativo del Circuito de Tunja y el acto ficto que se
configuró por haber operado el silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto
por la entidad demandada el recurso de apelación interpuesto contra el mencionado
oficio.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a que reliquide y pague al actor
FERNANDO ARIAS GARCÍA, las diferencias que resulten entre lo que se le canceló por
concepto de su remuneración mensual y prestaciones sociales entre el 11 de enero de
2010 y el 31 de diciembre de 2012, y lo que se le debió cancelar, teniendo en cuenta
para ello el 43.2% del 70% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de
Alta corte con referencia a la remuneración de los Congresistas, de conformidad con lo

6

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Demandante: Fernando Arias García

dispuesto en el numeral 2° del Decreto 1251 de 2009 y lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia. De las sumas que arroje la liquidación correspondiente, la entidad
demandada deberá descontar las sumas que efectivamente le fueron canceladas al actor
en ese lapso. El valor resultante será reajustado de acuerdo con la fórmula explicada en
la parte motiva.

CUARTO: Condenar en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho se
señala la suma que corresponda de liquidar el 5% de la estimación de la cuantía de la
demanda, la cual fue señalada por el actor en la suma $114.224.244.
Liquídense por Secretaría de la corporación siguiendo el trámite indicado en el artículo
366 del C.G.P» (sic).

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos9:

8.1. El actor pretendió la reliquidación y pago de la diferencia salarial causada al no
haberse incluido el valor del auxilio de cesantías percibido por los congresistas en
la liquidación de la prima especial de los magistrados de altas cortes, omisión, que
de igual manera se vio reflejada en su asignación básica y demás prestaciones
sociales.

8.2. Lo anterior, porque, de conformidad con el Decreto 1251 de 2009, la
remuneración de los jueces del circuito corresponde, para el año 2009, al 43% y,
para el año 2010, al 43.2% del 70% de lo que por todo concepto hayan percibido
anualmente los magistrados de altas cortes; que a su vez, debe ser igual a los
ingresos laborales totales anuales percibidos por los miembros del Congreso de la
República, esto es: sueldo básico, gastos de representación y primas de localización
y vivienda, de salud, de servicios y de navidad. No obstante, a estos conceptos se
debió agregar el auxilio de cesantía, toda vez que constituyó un ingreso laboral
derivado de la relación laboral y tiene carácter permanente, en la medida en que se
paga año tras año.

8.3. El artículo 4 del Decreto 1251 de 2009 es explícito en afirmar que el ingreso de
los funcionarios a que hacen referencia los artículos 1 a 3 de ese decreto es anual.

8.4. Por ejemplo, en el año 2010 un congresista devengó $316.846.293 y un
magistrado $300.270.566, es decir, hubo una diferencia de $16.575.727. Ahora, el
70% de lo que recibió un congresista es $221.792.405 y el 43.2% de eso que es lo
que le correspondería percibir a un juez de circuito es $95.814.319 (según el
Decreto 1251 de 2009). En el caso particular, al demandante se le pagó sin incluir
lo relativo al auxilio de cesantías $87.490.603 y lo que se le reconoció por cesantías
fue de $5.482.177, que sumados dio $92.972.780 y que arrojó una diferencia de
$2.841.539 con lo que debía reconocérsele, esto es $95.814.319.

9 Folios 254 a 267.

7

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

8.5. Como consecuencia, al no haberse incluido el auxilio de cesantías dentro de los
ingresos totales anuales que recibieron los congresistas, que debió equivaler a lo
percibido por los magistrados, se disminuyeron los ingresos del demandante, en
calidad de juez de circuito.

8.6. La reclamación administrativa fue presentada el 11 de enero de 2013, por lo que
prescribieron los derechos laborales que fueron exigibles antes del 11 de enero de
2010.

8.7. Era procedente la condena en costas a la parte vencida en el proceso, según la
primera regla establecida en el artículo 365 del CGP.

1.4. Recurso de apelación

9. La DEAJ presentó recurso de apelación, en el que reiteró todos «los argumentos
planteados en la contestación de la demanda, por no haber sido tenidos en cuenta al
momento de dictar la sentencia impugnada» (sic)10

1.5. Alegatos en segunda instancia

10. De conformidad con el auto del 11 de julio de 2023 se corrió traslado para alegar
de conclusión11. Las partes no se pronunciaron en esta oportunidad.

1.6. El Ministerio Público

11. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia12.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa -Actos administrativos demandados

12. Los actos administrativos demandados según se desprende de la demanda son:
i) el Oficio DESTJ13-86 del 21 de enero de 2013 expedido por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja13 y el acto ficto derivado de la falta de
resolución del recurso interpuesto contra la decisión inicial.

13. Sin embargo, con la contestación de la demanda la DEAJ adjuntó el expediente
administrativo que dio origen al oficio demandado, en el que incluyó la Resolución
2583 del 10 de marzo de 2014, según la cual se resolvió el recurso de apelación

10 Folios 270 a 273.
11 Índice 40 de Samai.

12 Según constancia secretarial del 25 de septiembre de 2023. Índice 45 de Samai.
13 En adelante DESAJ.

8

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

interpuesto contra aquel. Posteriormente, en la audiencia de pruebas celebrada el
3 de agosto de 2016 el a quo decretó de oficio que «la Dirección Ejecutiva Seccional y
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en la ciudad de Bogotá se certifique y
alleguen los documentos correspondientes a como fue resuelta la apelación del acto que
se demanda con las constancias de notificación y ejecutoria» (sic).

14. En cumplimiento de lo anterior, la autoridad allegó la mencionada resolución. No
obstante, en el ordinal 2 de la sentencia de primera instancia se declaró la nulidad
del oficio DESTJ13-86 del 21 de enero de 2013 y «el acto ficto que se configuró por
haber operado el silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto por la entidad
demandada el recurso de apelación interpuesto contra el mencionado oficio» (sic).

15. Pese a ello, esta Sala encuentra necesario precisar que, toda vez que existe un
acto administrativo expreso proferido por la entidad demandada mediante el cual se
negaron las pretensiones formuladas en el presente proceso judicial resulta
pertinente integrarlo al análisis aquí expuesto.

2.2. Problemas jurídicos

16. Se circunscribe a establecer ¿Fernando Arias García tiene derecho a la
reliquidación de los salarios y prestaciones sociales percibidos en su calidad de juez
de la República, en el sentido de que sean calculados porcentualmente con base
en lo devengado anualmente por todo concepto por un magistrado de alta corte,
incluido el auxilio de cesantías?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009

17. El presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Ley 4ª de 1992, expidió los decretos 3901 del 7 de octubre de 2008, 707 del 6 de
marzo de 2009 y 1251 del 14 de abril de 2009, mediante los cuales dictó
disposiciones en materia salarial para los empleados de la Rama Judicial y de la
Fiscalía General de la Nación.

18. Así, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 1251 de 200914 reglamentaron, entre otros,
la remuneración que por todo concepto percibían los jueces municipales y del
circuito y fiscales ante jueces penales de circuito especializado, del circuito,
municipales y promiscuos, en los siguientes términos:

14 «Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial. El Ministro del Interior y de Justicia de la

República de Colombia, Delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto 1225 de 2009,
en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992».

9

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

«ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del
Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado, el
Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección
será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado
de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes.

ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba
el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de División, o de
Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el Fiscal ante Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana será igual
al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%)
de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba
el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el Juez de
Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de
Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo
Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el Juez de Instrucción
Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes» [sic].

19. En consonancia con lo anterior, los magistrados de las altas cortes tienen un
régimen salarial especial que dispone que sus ingresos totales anuales deben
coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los congresistas de la
República, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992,
así:

«ARTÍCULO 1515. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador
General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una

15Aparte tachado 'sin carácter salarial' declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-681-03 de 6 de agosto de 2003, Conjuez Ponente Dra. Ligia Galvis Ortiz.

10

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

prima especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin
que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros
del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.

20. Por su parte, el Decreto 10 de 1993 reglamentó la prima especial de servicios,
así:

«ARTICULO 1o. La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos
por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho
a ella.

ARTICULO 2o. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de Navidad
[…]» [sic].

21. De acuerdo con lo transcrito, la prima especial de servicios devengada por los
magistrados de altas cortes debe corresponder al rubro que sumado a los demás
ingresos laborales iguale lo percibido en su totalidad por los miembros del Congreso
de la República, sin que en ningún evento lo supere; por ello se deben tener en
cuenta los ingresos laborales totales anuales percibidos por los congresistas.

22. De la norma citada se observa que la remuneración de los jueces del circuito y
municipales, así como de los fiscales delegados ante dichos jueces, depende
directamente de lo percibido por un magistrado de alta corte que, a su vez, obedece
a los ingresos anuales de los miembros del Congreso.

23. Ahora bien, el Decreto 1251 de 2009 establece que ciertos servidores públicos
recibirán su remuneración de acuerdo con el porcentaje que por todo concepto
perciba anualmente un magistrado de alta corte; por ello, es necesario establecer
cuáles son los conceptos devengados por estos. Sobre el particular, la Sala de
conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de
mayo de 200916, señaló lo siguiente:

«Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales
totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en ejercicio
de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si dicha partida es
factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación social.

En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace, siendo
claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las prestaciones
sociales
[…]

16 Proceso 250002325000200405209 02 (0552-07) M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.

11

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

Ahora bien, los servidores indicados en el Decreto 10 de 1993, entre ellos los
Magistrados de las Altas Cortes, tienen derecho a una “prima especial de servicios”, que
sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad por los
miembros del Congreso.

Surge esencial, en consecuencia, aclarar que tratándose de la prima especial de
servicios, regulada en el Decreto 10 de 1993 que desarrolló el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, fue el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en
la Ley 4ª de 1992 equiparó los derechos salariales de los Magistrados de Alta corte
con los de los Congresistas, cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992,
resultando entonces, que los ingresos laborales totales anuales de los Magistrados
deben ser iguales a los ingresos laborales totales anuales de los Congresistas, por
cuanto la Ley los ubicó en una misma situación de hecho, siendo necesario aclarar en
este punto, lo siguiente:
[…]
Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por
concepto de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida
por los magistrados de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación
diferente, tienen entre sí, iguales remuneración, prestaciones sociales y derechos
laborales» [sic]. [Se resalta].

24. De otro lado, en sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por la Sala de
conjueces de esta corporación17 se determinó que para la liquidación de la prima
especial de servicios y de la bonificación por compensación debe considerarse el
auxilio a las cesantías, así:

«Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo
de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una
erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa
por cada día de trabajo del empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios
mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir
una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.
[…]
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a
lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003,
habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma,
o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento
de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de
los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo
señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera
permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente
que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal
naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la

17 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016,

radicado 250002325000201000246-02 (0845).

12

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados
en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas
Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen
derecho estos últimos» [sic].

25. Por lo anterior, el auxilio de cesantías debe tenerse en cuenta al momento de
efectuar la liquidación de la prima especial de servicios de los servidores
mencionados en la Ley 4ª de 1992, beneficio que a su vez incide en el porcentaje
que establecieron los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 1251 de 2009 para los jueces
del circuito, municipales y fiscales delegados ante estos funcionarios.

26. Sobre el particular, la Sala de conjueces de esta corporación18 se ha pronunciado
respecto de la nivelación salarial establecida en el Decreto 1251 de 2009, en los
siguientes términos:

«[E]s patente que el monto de base o de referencia para el cálculo de los salarios y
beneficios salariales de los funcionarios de la Rama Judicial reglados por el Decreto
1251 de 2009 impone tener en cuenta los pagos que el Estado debe realizar a los
Congresistas por concepto de cesantías, fruto de ser ello imperioso para los beneficiarios
de la prima del artículo 15 de la Ley 4 de 1992» [sic].

27. En conclusión, el Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, estableció un monto al
que deben ascender los ingresos que por todo concepto deben recibir los jueces del
circuito y municipales y los fiscales delegados ante estos funcionarios, que en virtud
del principio de progresividad laboral no pueden ser desconocidos.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

28. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

28.1. Fernando Arias García se desempeña como juez 9 administrativo del circuito
de Tunja en propiedad desde el 1° de agosto de 2009, de acuerdo con la
certificación expedida por el coordinador de gestión y talento humano de la DESAJ
de Tunja el 9 de abril de 201319 y por lo menos hasta el 10 de octubre de 2016,
fecha de expedición del certificado expedido por la coordinadora de gestión y talento

18 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 3 de diciembre de 2024,

proceso 25000-23-42-000-2015-00244-02 (6490-2019) CP Héctor Santaella Quintero.
19 Folio 121.

13

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

humano de la DESAJ de Tunja20.

28.2. El11 de enero de 2013, Fernando Arias García solicitó a la DESAJ la
reliquidación de los salarios percibidos en el ejercicio del cargo de juez de circuito
en el sentido de que se calcularan en cuantía mensual del «43%», desde el 1° de
agosto de 2009, y para los años subsiguientes del «43.2%», del 70% de lo que por
todo concepto devengara anualmente un magistrado de alta corte y su incidencia
en las prestaciones sociales21.

28.3. La DESAJ emitió el Oficio DESTJ13-86 del 21 de enero de 2013, mediante el
cual negó lo pretendido por el demandante con fundamento en que, le había
reconocido la diferencia a que tenía derecho de conformidad con lo previsto en el
Decreto 1251 de 2009 y con respecto a lo fijado por el gobierno nacional «en el
Decreto 3902 de 2008, esto es, de acuerdo al nuevo concepto al cual se le aplicaron los
descuentos de aportes al Sistema General de Seguridad Social. De modo que, el pago del
incremento adicional correspondiente al 1.5%, establecido en el Decreto número 3902 de
2008, se viene ejecutando desde el 1° de enero de 2009, con base en lo fijado por el
Gobierno Nacional, con el concepto de Servicios Autorizados por Ley. Igualmente, a partir
del 1° de enero de 2010, se ha procedido de conformidad con el Decreto número 1388 del
26 de abril de 2010, que contempla el pago del incremento adicional de 0.5%, a favor de
los empleados de la Rama Judicial, establecido en el Decreto 3902 de 2008, siguiendo los
parámetros señalados por el Gobierno Nacional» (sic). Igualmente, que para la
liquidación de las cesantías y primas se habían tenido en cuenta los factores
salariales a los que tenía derecho como empleado de la Rama Judicial22.

28.4. El 15 de mayo de 2013, el demandante presentó recurso de apelación en el que
alegó que la autoridad no se había pronunciado en torno a lo reclamado, esto es
frente a los valores que se utilizan como referente de los ingresos de los magistrados
de altas cortes para así aplicar los respectivos porcentajes previstos en el Decreto
1251 de 2009 y determinar su remuneración23.

28.5. En la audiencia inicial celebrada el 3 de agosto de 2016, a petición de parte, se
decretó «a) Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja: a.1) Para
que certifique los salarios y prestaciones sociales devengados por el actor, durante el
periodo de tiempo comprendido entre el 10 de agosto de 2009 hasta la fecha, toda vez que
oportunamente fue peticionado para que fuese expedido, y la misma no fue atendida. b)
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial En Bogotá. b.1) Para que certifique los
salarios devengados por los Magistrados de las Altas Cortes, desde el mes de enero de
2009 hasta la fecha, con la inclusión del valor de las cesantías y todos aquellos
emolumentos que hayan sido reconocidos a los mismos vía jurisprudencial. c) Secretaría

20 Folios 206 a 215.

21 Folios 21 y 22.
22 Folios 23 a 25.

23 Folios 26 a 29.

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Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

General del Congreso de la República: c.1) Para que certifique los ingresos que por todo
concepto han pagado a los Congresistas, incluyendo el valor correspondiente a las
cesantías, desde el mes de enero de 2009 hasta la fecha»24 (sic). En cumplimiento de lo
anterior se allegaron los siguientes documentos:

28.6. El director administrativo de la división de asuntos laborales de la DEAJ certificó
los ingresos mensuales y anuales de los magistrados de altas cortes de los años
2009 a 2015, según el régimen salarial especial que estos poseen de acuerdo con
el artículo 187 de la Constitución Política, la Ley 4 de 1992, el Decreto 10 de 1993
y las disposiciones contenidas en la Ley 644 de 2001; los decretos salariales que
expide el gobierno nacional, y el Decreto 610 de 1998, los ingresos mensuales y
anuales incluidas las cesantías de los congresistas25.

28.7. El jefe de la sección de pagaduría del Senado de la República certificó los
emolumentos devengados por un senador entre el 1° de enero de 2009 y agosto de
201626.

28.8. La coordinadora de gestión y talento humano de la DESAJ de Tunja hizo constar
que, Fernando Arias García registró vinculación con la Rama Judicial desde el 1°
de agosto de 2009 hasta el 1° de septiembre de 2016, y relacionó lo devengado por
este en ese periodo27.

28.9. Por medio de la Resolución 2583 del 10 de marzo de 2014, la DESAJ resolvió
negativamente el recurso de apelación interpuesto contra el Oficio DESTJ13-86 del
21 de enero de 2013 e indicó que el Decreto 1251 de 2009, para efectos de la
nivelación, se refiere expresamente a la remuneración que por todo concepto
perciba el juez, en este caso del circuito, frente a los ingresos anuales de los
magistrados de alta corte, es decir, en correlación a los ingresos anuales del juez y
no a los mensuales.

2.5. Análisis sustancial

29. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al no haberse incluido el valor del auxilio de cesantías
percibido por los congresistas en la liquidación de la prima especial de los
magistrados de altas cortes, omisión, que a su vez reflejó una disminución en la
asignación básica y demás prestaciones sociales del demandante. Asimismo, negó

24 Folios 156 a 163.

25 Folios 170 y 171.

26 Folios 173 a 189.

27 Folios 206 a 215.

15

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

lo relativo a que la remuneración de los jueces, al tenor del Decreto 1251 de 2009,
debía calcularse de forma mensual, con lo cual dio respuesta a todos los
planteamientos expuestos en la contestación de la demanda.

30. La DEAJ apeló la sentencia de primera instancia y reafirmó que el cálculo de la
diferencia salarial indicada en el Decreto 1251 de 2009, para efectos de determinar
la remuneración de los empleados allí previstos, debía hacerse con base en todos
los ingresos anuales percibidos por los magistrados de altas cortes y no con base
en la remuneración mensual, por expresa disposición normativa.

31. Además, que no le era dable equiparar el valor liquidado por concepto de
cesantías a los congresistas con el reconocido a los magistrados, con el propósito
de reliquidar la prima especial y, a su vez, la remuneración de los jueces, porque la
Ley 4 de 1992 determina que las prestaciones de los magistrados son diferentes
de las de los congresistas; y que, en todo caso, incluir las cesantías como parte de
los ingresos laborales de los magistrados de altas cortes, conllevaría a recalcular la
prima especial, la que no tiene carácter salarial y, por lo tanto, no puede tomarse
para liquidar las cesantías, es decir, hacerlo desconocería la prohibición legal del
carácter no salarial mediante una aplicación indirecta.

32. Pues bien, de conformidad con el material probatorio aportado al proceso se
acreditó que el demandante se ha desempeñado en el cargo de juez administrativo
de Tunja de manera ininterrumpida entre el 1° de agosto de 2009 y el 1° de
septiembre de 201628. En atención a la fecha de ingreso a la Rama Judicial, que
ocurrió el 1° de agosto de 2009, le es aplicable el régimen salarial previsto en el
Decreto 57 de 199329 que fue expedido por el gobierno nacional en desarrollo de la
Ley 4ª de 1992.

33. De acuerdo con la citada ley también se expidió el Decreto 1251 de 2009 en cuyo
artículo 2 se estableció que para la vigencia del año 2009 los jueces del circuito
percibirían a título de salario el 43% y para la vigencia del 2010 el 43.2%, del valor
correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibieran anualmente los
magistrados de altas cortes, supuesto normativo que es aplicable al demandante en
atención al empleo que este desempeña.

34. Aunque en el recurso se reiteraron todos los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda, la sentencia de primera instancia negó la pretensión
según la cual el cálculo de la diferencia salarial indicada en el Decreto 1251 de 2009,
para efectos de determinar la remuneración de los empleados a los que fue dirigido,

28 Sin que obre prueba que indique que esta desvinculado de la entidad.

29 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos

de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones»

16

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

debía hacerse de forma mensual. Para tal efecto, el a quo se pronunció en los
siguientes términos:

«resta determinar si la liquidación de los ingresos totales de los jueces al tenor de los
parámetros fijados por el Decreto 1251 de 2009, debe calcularse por mensualidades
conforme lo pretende el accionante o contrario sensu debe estimarse de forma
anualizada, según lo sostiene la accionada, y aquel lo solicita de manera subsidiaria.

Al respecto, se hace preciso traer a colación el artículo 4° del Decreto 1251 de 2009, con
miras a efectuar la interpretación armónica de las reglas jurídicas establecidas en los
artículos 2 y 3, ibídem, ya citados.

ARTÍCULO 4°. El pago de la diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de los
funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante de la
aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1 a 3 de este decreto respecto
del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes, se imputará con cargo al ordinal Otros - Otros conceptos de servicios personales
autorizados por ley.

Conforme se observa, el artículo es explícito en afirmar que el ingreso de los funcionarios
a que hacen referencia los artículos 1 a 3 del decreto 1251 de 2009 es el anual, sentando
así con carácter de regla jurídica dotada de los atributos de presunción de legalidad y
ejecutoriedad, la interpretación respecto al alcance temporal de las sumas salariales y
prestacionales que por todo concepto deben percibir los jueces tomando como base de
liquidación el 70% del ingreso del Magistrado de Alta Corte» (sic).

35. En esa medida, comoquiera que el mencionado argumento constituyó una de las
pretensiones formuladas en la demanda y fue negado en la sentencia de primera
instancia, se advierte que, aunque en el recurso de apelación la entidad reiteró las
razones encaminadas a que se desestimaran todas las pretensiones, lo cierto es
que, en lo que corresponde a ese punto específico, el a quo ya adoptó una decisión
adversa a lo solicitado en la demanda. Por lo tanto, no hay lugar a efectuar un
pronunciamiento sobre el particular, máxime porque la entidad recurrente es
apelante único.

36. Expuesto lo anterior, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
se advierte que ni en el Oficio DESTJ13-86 del 21 de enero de 2013 ni en la
Resolución 2583 del 10 de marzo de 2014, esta última integrada al proceso judicial,
conforme se precisó en la cuestión previa, se hizo referencia a la inclusión del auxilio
de cesantías dentro de los ingresos laborales totales anuales de los congresistas
para efectos de la liquidación de la prima especial de los magistrados de altas
cortes, con la finalidad de equiparar tales ingresos, circunstancia que, a su vez,
incidía en la remuneración del demandante.

17

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

37. Si bien obra en el expediente la certificación suscrita por el jefe de la Sección de
Pagaduría del Senado de la República, en la que se hicieron constar los
emolumentos devengados por un senador entre el 1° de enero de 2009 y agosto de
2016, sin que en ella se relacionara el auxilio de cesantías, lo cierto es que en la
Resolución 2583 del 10 de marzo de 2014, al relacionar los ingresos anuales de los
magistrados de altas cortes para las vigencias del 2009 al 2012, tampoco se incluyó
esa prestación.

38. Lo anterior se corrobora con la certificación expedida por el director
administrativo de la división de asuntos laborales de la DEAJ, en la que se
relacionaron los ingresos mensuales y anuales de los magistrados de altas cortes
para los años 2009 a 2015. Así, por ejemplo, para el año 2009 se constató que estos
funcionarios percibieron:

Magistrados de alta corporación
Mensual Anual
Asignación básica 3.046.191 Asignación básica 36.554.292
mensual mensual
Gastos de 5.415.452 Gastos de 64.985.424
representación representación
Prima especial de 14.509.563 Prima especial 174.114.756
servicios
Prima de navidad 8.461.643
Total mensual 22.971.206 Total ingresos 284.116.115
anuales
Cesantías 9.166.780
Intereses cesantías 1.100.014
(12% anual)
Total anual incluidas 294.382.909
cesantías
Diferencia anual ingresos congresistas y magistrados alta corte 16.250.708
(interpretación jurisprudencial sentencia Consejo de Estado a favor Dr.
Nicolas Pájaro)
El valor anterior se divide por doce y el resultado corresponde a la 1.354.226
diferencia de la prima especial de servicios

39. No obstante, para dar cumplimiento al Decreto 1251 de 2009 y aplicar el 43% del
70% de lo devengado por un magistrado de alta corte y determinar la remuneración
que por todo concepto debía percibir el demandante en su calidad de juez del
Circuito, se tuvo en cuenta lo siguiente:

Ingresos magistrados de alta corte 2012
Mensual Valor Anual Valor
Asignación básica 3.046.191 Asignación básica 36.554.292

18

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

mensual mensual
Gastos de 5.415.452 Gastos de 64.985.424
representación representación
Prima especial de 14.509.563 Prima especial de 174.114.756
servicios servicios
Prima de navidad 8.461.643
Total mensual 22.971.206 Total anual 284.116.115

40. En tal sentido, es claro que para la fijación de la remuneración del demandante
no se tuvo en consideración lo devengado por los magistrados de altas cortes por
concepto de cesantías, tal como ha considerado esta corporación en otras
oportunidades. La posición del Consejo de Estado sobre el particular es la
siguiente30:

«Conforme a lo anterior, para la Sala no hay duda que existe diferencia entre lo percibido
por la parte actora y lo que debió percibir si el ingreso de los magistrados de Altas Cortes
se hubiere liquidado correctamente, esto es, teniendo en cuenta las cesantías como
ingresos laborales anuales permanentes para efectos de liquidar la prima especial de
servicios.

En consecuencia, el demandante FREDY ALFONSO JAIMES PLATA tiene derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales totales, incluido el
auxilio de las cesantías, es decir, para el año 2009 el 43% como juez de circuito y para
los años 2010 y siguientes el 43.2% del valor correspondiente al 70% de lo que por todo
concepto percibe anualmente un magistrado de Alta Corte. Y por todo concepto hay que
entender también el auxilio de las cesantías, el cual hace parte de la liquidación de la
prima especial de servicios» [sic].

41. De acuerdo con lo transcrito, el auxilio de cesantías de los magistrados de altas
cortes debe incluirse en la base sobre la cual se calcula la remuneración de los
jueces del circuito, al paso que la no inclusión de dicho haber implica una base de
liquidación inferior, circunstancia que afecta de manera directa y negativa el monto
salarial del demandante.

42. En virtud de lo señalado, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales y prestacionales surgidas entre lo que le fue pagado y
lo que en realidad debió pagarse de acuerdo con el 43%, para la vigencia del 2009,
y del 43.2%, para los años 2010, 2011 y 2012, del 70% de lo que por todo concepto
devengaba un magistrado de alta corte, con inclusión del auxilio de cesantías.

43. Por todo lo anterior, se modificará el ordinal 2 de la sentencia del 3 de septiembre
de 2019 en el sentido de indicar que se declarará la nulidad del Oficio DESTJ13-86
del 21 de enero de 2013 expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de

30 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2024,
proceso 15001 23 33 000 2014 00485 02 (4670-2019) C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.

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Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

Administración Judicial de Tunja y la Resolución 2583 del 10 de marzo de 2014,
según la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resolvió el recurso
de apelación interpuesto contra aquel, de conformidad con lo expuesto en el acápite
de cuestión previa, y se confirmará en lo demás.

44. El reconocimiento de las anteriores diferencias debe sujetarse a los topes fijados
por el gobierno nacional. Además, la DEAJ deberá pagar los aportes deficitarios a
pensión durante todo el periodo en que haya realizado las cotizaciones en una suma
inferior a la que en derecho corresponde y verificar que no haya pagado al
demandante cifra alguna por las mismas circunstancias aquí ordenadas. En tal
sentido, se adicionará el ordinal 3° de la sentencia.

2.6. Costas

45. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

46. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

47. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.31

48. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del

31En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

49. En el caso concreto, como no se evidenció actuación temeraria o mala fe, ni se
advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal la
Sala se abstendrá de condenar en costas y se revocará la condena impuesta en
primera instancia, por no haberse efectuado el análisis aquí expuesto.

3. Conclusión

50. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el demandante tiene
derecho a la nivelación salarial pedida porque la DEAJ no tuvo en cuenta lo
devengado por los magistrados de altas cortes por concepto de cesantías para
efectos de fijar el salario en los términos del Decreto 1251 de 2009.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Modificar el ordinal 2 de la sentencia del 3 de septiembre de 2019 dictada
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, en los siguientes
términos:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en el
oficio DESTJ13-86 del 21 de enero de 2013, emanado por el director ejecutivo
Seccional de Administración Judicial de Tunja, y la Resolución 2583 del 10 de
marzo de 2014, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los
cuales se negó la reliquidación del salario y las prestaciones sociales devengadas
por Fernando Arias García, en su desempeño como juez 9 Administrativo del
Circuito de Tunja.

Segundo. Adicionar el ordinal 3 de la sentencia del 3 de septiembre de 2019
dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, en los
siguientes términos:

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a que reliquide y pague al actor
FERNANDO ARIAS GARCÍA, las diferencias que resulten entre lo que se le canceló por
concepto de su remuneración mensual y prestaciones sociales entre el 11 de enero de
2010 y el 31 de diciembre de 2012, y lo que se le debió cancelar, teniendo en cuenta
para ello el 43.2% del 70% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de
Alta corte con referencia a la remuneración de los Congresistas, con sujeción a los topes

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Radicado: 15001-23-33-000-2015-00168-02 (6154-2019)
Demandante: Fernando Arias García

fijados por el gobierno nacional que no deben ser superados bajo ninguna circunstancia.
De las sumas que arroje la liquidación correspondiente, la entidad demandada deberá
descontar las sumas que efectivamente le fueron canceladas al actor en ese lapso. El
valor resultante será reajustado de acuerdo con la fórmula explicada en la parte motiva.

La entidad pagará al sistema las diferencias causadas entre lo que pagó y lo que
correspondía pagar por concepto de aportes a seguridad social en pensiones.

Tercero. Revocar el ordinal 4 de la sentencia del 3 de septiembre de 2019 dictada
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces y, en su lugar, no
condenar en costas.

Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia del 3 de septiembre de 2019 dictada
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces.

Quinto. No condenar en costas en esta instancia.

Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MAG

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