República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2015-00486-03
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 15001-23-33-000-2015-00486-031
Demandante : Maximino Correa Acevedo
Demandado : Directora de Sanidad del Batallón de Aseo y Servicio para el
Combate No. 01 Cacique Tundama
Acción : Tutela – Incidente de desacato
Tema : Cumplimiento
Decisión : Revoca sanción
Procede la Sala a revisar, en grado jurisdiccional de consulta, el auto del 15 de agosto
de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Cuarta de Decisión2,
que declaró en desacato a la Capitán, Jessei Katherine Fuentes Pinzón, en su calidad de
directora de Sanidad del BAS01 y la sancionó con multa de un (01) salario mínimo legal
mensual vigente (SMLMV), por incumplir el fallo del 15 de julio de 2015, dictado por dicha
Corporación.
I. ANTECEDENTES
Mediante la acción de la referencia, el señor Alejandro Maximino Correa Acevedo, quien
actuó como agente oficioso de sus hijos Paola Andrea, Jhon Fredy y Alejandro Correa
Novoa, demandó el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, presuntamente
vulnerados por la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional -DISAN-.
Del anterior trámite constitucional conoció, en primera instancia el Tribunal Administrativo
de Boyacá, mismo que tuteló los derechos fundamentales a la vida, salud e igualdad de
Paola Andrea, Jhon Fredy y Alejandro Correa Novoa, hijos de Maximino Correa Acevedo,
y le ordenó a la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional (DISAN) entregar tres
sillas de ruedas con características especiales y garantizar atención médica domiciliaria
según lo ordenado por los médicos tratantes, ello en los siguientes términos:
2. Al Director (sic) (a) de Sanidad del Ejército Nacional, directamente o a través de la
dependencia que conforme a la organización de la entidad corresponda, la cual será
1
Expediente digital disponible en Samai.
2
M. P. Angélica Alexandra Sandoval Ávila.
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00486-03
Demandante: Maximino Correa Acevedo
Demandado: Directora de Sanidad del BASC 01 Cacique Tundama
informada a este proceso en el término de la distancia, si aún no lo hubiere hecho, que dentro
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de esta providencia, entregue las
sillas de ruedas de características especiales ordenadas por los médicos tratantes, a PAOLA
ANDREA CORREA NOVOA, JHON FREDY CORREA NOVOA Y ALEJANDRO CORREA
NOVOA.”
[…]
4. Prevenir (sic) al Director de Sanidad del Ejército Nacional, para que, en lo sucesivo, se
abstenga de incurrir en conductas como estas que dan lugar a esta […] sentencia, o a
cualquier otra que incumpla lo ordenado por los médicos tratantes de PAOLA ANDREA
CORREA NOVOA, JHON FREDY CORREA NOVOA y ALEJANDRO CORREA NOVOA.
Según el relato del señor Maximino, el 1° de mayo de 2025, la DISAN suspendió sin
justificación el servicio de atención domiciliaria por auxiliares de enfermería,
posteriormente, el 27 de mayo de 2025 la empresa contratista Global Life retomó
parcialmente el servicio con dos auxiliares de enfermería, lo cual fue considerado
insuficiente por el accionante.
En vista de la inconformidad elevada por el incidentante, el 6 de junio de 2025 la capitán
Jessei Katherine Fuentes Pinzón, directora de Sanidad del BAS01, solicitó a la oficial Alix
Carolina Aldana Herrán gestionar el cambio de auxiliares por cuidadores ante la
prestadora del servicio Global Life. Luego de todo lo anterior, y al no haber recibido una
respuesta satisfactoria, el 15 de julio de 2025 Maximino Correa Acevedo solicitó la
apertura de incidente de desacato por el incumplimiento del numeral 4º del fallo de tutela
del 2015.
Una vez recibida la petición, el 28 de julio de 2025, el Tribunal abrió formalmente el
incidente de desacato contra la capitán Jessei Katherine Fuentes Pinzón, seguidamente
el 11 de agosto de 2025 ordenó notificar personalmente a la directora del BAS01 sobre
la apertura del trámite incidental y, al no obtener respuesta o información sobre el
cumplimiento de la orden de tutela, el 15 de agosto de 2025 el a quo resolvió sancionar
a la directora del BAS01 con una multa de 1 SMLMV y remitió el expediente para surtir el
grado jurisdiccional de consulta.
La decisión mencionada no fue unánime, dado que la magistrada Laura Patricia Alba
Calixto salvó su voto frente a la decisión mayoritaria de la Sala, referente a sancionar por
desacato a la directora de Sanidad del BAS01, en el marco del incidente promovido por
el señor Maximino Correa Acevedo. En su criterio, si bien la situación de vulnerabilidad
del accionante y sus hijos es evidente, derivado de la avanzada edad del primero y la
discapacidad severa de los segundos, la sanción impuesta no valoró adecuadamente las
actuaciones adelantadas por la entidad accionada.
2
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00486-03
Demandante: Maximino Correa Acevedo
Demandado: Directora de Sanidad del BASC 01 Cacique Tundama
En su salvamento de voto destacó que, durante el trámite, se acreditó que la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional ha mantenido el servicio de atención domiciliaria a través
del prestador Global Life, y que el 6 de junio de 2025 la funcionaria sancionada solicitó la
gestión del servicio de cuidador, conforme a las nuevas prescripciones médicas. Aunque
dicho servicio no se había materializado, consideró que no se evidenció una actitud de
desentendimiento por parte de la entidad, sino una evidente voluntad de cumplimiento.
En consecuencia, sostuvo que no se encontraba acreditado el elemento subjetivo del
desacato, esto es, la culpa o el dolo en el incumplimiento de la orden judicial. Citó
jurisprudencia constitucional3 para reiterar que el incidente de desacato no debe utilizarse
como un mecanismo de sanción automática, sino como una herramienta correctiva que
exige demostrar la responsabilidad subjetiva del funcionario involucrado.
II. DECISIÓN CONSULTADA
Como se indicó previamente, el 15 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de
Quindío declaró en desacato a la Capitán, Jessei Katherine Fuentes Pinzón, en su calidad
de directora de Sanidad del BAS01, y le impuso sanción de multa, equivalente a un (1)
salario mínimo diario vigente, al estimar que no ha acatado la orden de tutela contenida
en el fallo del 15 de julio de 2015, consistente en abstenerse «[…] de incurrir en conductas
como estas que dan lugar a esta a esta sentencia, o a cualquier otra que incumpla lo ordenado por los
médicos tratantes de PAOLA ANDREA CORREA NOVOA, JHON FREDY CORREA NOVOA y
ALEJANDRO CORREA NOVOA».
Dicha autoridad judicial, informó en su providencia que, se observaron los derechos de
defensa, contradicción y oportunidad que integran el derecho al debido proceso del
incidentado debido a que «[l]a ponente ordenó a la secretaría que notificara el auto de apertura del
trámite incidental a la capitán Jessei Katherine Fuentes Pinzón. Por lo demás, de la respuesta del 04 de
agosto de 2025, la Sala infiere que la oficial es la directa responsable de cumplir las órdenes dadas por los
médicos tratantes -respecto de los servicios de cuidador-, dado que es la directora de Sanidad del BAS01.
Además, Paola Andrea, Jhon Fredy y Alejandro Correa Novoa están adscritos, en materia de salud, a esa
unidad militar».
Refirió igualmente que, de las pruebas recaudadas, la directora de la entidad accionada
no demostró haber adelantado actuación alguna para la asignación de los cuidadores
solicitados, por el contrario, pese a que remitió una misiva donde informó sobre la
3
Sentencias SU-034 de 2018 y T-029 de 2025.
3
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00486-03
Demandante: Maximino Correa Acevedo
Demandado: Directora de Sanidad del BASC 01 Cacique Tundama
imposibilidad que tenía de cumplir con la orden judicial, el Tribunal consideró que:
[…] en las actas Nos. 006, 007 y 008 del 18 de febrero de 2013, la DISAN dictaminó que los
actores requerían atención médica domiciliaria y el apoyo permanente de una persona en sus
actividades diarias. Hay que decir también que, en las consultas externas del 08, 12, 13 y 26
de mayo de 2025, la accionada, por intermedio de los médicos tratantes, dispuso que los
accionantes precisan de cuidador; no solo por sus dolencias sino porque la persona
encargada, Maximino Correa Acevedo, tiene 76 años y es el único familiar que vela por sus
intereses.
Adicionalmente, informó que, la funcionaria encargada de dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el fallo de tutela es la Capitán, Jessel Katherine Fuentes
Pinzón en calidad de directora de Sanidad del BAS01, por cuanto la orden de tutela se
dictó en contra de dicha entidad.
Por lo anterior, el A Quo consideró necesaria la sanción para garantizar de manera
oportuna y continua los derechos fundamentales de los agenciados quienes se
encuentran en una evidente condición de vulnerabilidad y sobre los cuales sus familiares
no pueden ejercer las labores de cuidado de manera óptima.
La Magistrada Laura Patricia Alba Calixto, se apartó de la decisión mayoritaria.
Argumentó que, pese a la vulnerabilidad del accionante y sus hijos, la sanción no valoró
las gestiones de la entidad, la cual mantuvo el servicio de enfermería y gestionó el servicio
de cuidador el 6 de junio de 2025. Para la Magistrada, no se acreditó el elemento subjetivo
del desacato (culpa o dolo), pues existió voluntad de cumplimiento y no una actitud de
desentendimiento.
Subrayó, con apoyo en jurisprudencia constitucional, que el desacato es una herramienta
correctiva y no una sanción automática, por lo que requiere demostrar la responsabilidad
subjetiva del funcionario.
III. TRÁMITE PROCESAL EN ESTA INSTANCIA
Una vez el expediente subió al despacho, mediante Auto del 29 de agosto del 20254, se
procedió a requerir a las partes, previo a darle trámite al grado jurisdiccional de consulta,
con el fin de verificar si hubo cumplimiento a la orden judicial, en razón de ello, se
remitieron las siguientes respuestas:
4
Índice 5 del expediente judicial en SAMAI de radicado 15001-23-33-000-2015-00486-03, que puede ser consultado en el siguiente
enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000201500486031100103.
4
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00486-03
Demandante: Maximino Correa Acevedo
Demandado: Directora de Sanidad del BASC 01 Cacique Tundama
3.1 Dirección de Sanidad Ejército –Establecimiento de Sanidad Militar BAS015 «a
través del contratista GLOBAL LIFE AMBULANCIAS S.A.S., […] Viene prestando los servicios de
Enfermería 12 Horas D/D, Auxiliar a los señores José Alejandro Correa Novoa, Jhon Freddy Correa Novoa
y Paola Andrea Correa Novoa», para lo cual habría allegado unos certificados en los que
constan los servicios domiciliarios que está garantizando en la actualidad, sin que en ellos
aparezca el de cuidador.
3.2 Ximena Correa6 y Maximino Correa Acevedo7 el incidentante, y la señora Ximena
Correa, hija de este mismo, remitieron una multiplicidad de documentos que daban
cuenta de las condiciones en que se encuentran José Alejandro Correa Novoa 8, Jhon
Freddy Correa Novoa9 y Paola Andrea Correa Novoa10, por cuenta de las condiciones de
salud que padecen, mismas que les impiden desarrollar su vida de buena forma.
Manifestaron en sus escritos, que no es suficiente el servicio de enfermería a domicilio
con el que cuentan, dado que el señor Maximino tiene 76 años y son tres adultos con
necesidades especiales los que dependen de él, adicionalmente, en el núcleo familiar no
cuentan con la capacidad para brindar el apoyo necesario para los pacientes.
IV. CONSIDERACIONES
4.1 Del cumplimiento de los fallos de tutela y del incidente de desacato.
El Decreto 2591 de 199111, en su artículo 27, dispone sobre el cumplimiento de los fallos
de tutela, lo siguiente:
Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin
demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del
responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento
disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el
superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las
medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al
responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso.
5
Expediente Ibidem, índice 9.
6
Hermana de los agenciados.
7
Expediente ibidem, índices 10 a 16.
8
Quien sufre de enfermedad neurodegenerativa familiar con espasticidad y convulsiones y tiene una PCL del 100 % desde 1977,
según el informe visible en el índice 16 del expediente ibidem.
9
Quien sufre de enfermedad neurodegenerativa familiar con espasticidad y convulsiones y tiene una PCL del 100 % desde 1976,
según el informe visible en el índice 16 del expediente ibidem.
10
Quien sufre de enfermedad neurodegenerativa familiar con espasticidad y convulsiones y tiene una PCL del 100 % desde 1982,
según el informe visible en el índice 16 del expediente ibidem.
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00486-03
Demandante: Maximino Correa Acevedo
Demandado: Directora de Sanidad del BASC 01 Cacique Tundama
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la
competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza.
En concordancia con lo expuesto, el citado Decreto, en su artículo 52, prescribe que el
incidente de desacato está contemplado como un medio para garantizar la eficacia de las
sentencias de tutela, por consiguiente, de los derechos fundamentales, aquel que
desobedezca la orden de amparo incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de
seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes
(SMLMV), que serán impuestos por el juez que dictó la decisión, a través de trámite
incidental, y consultado al superior funcional quien estudiará su legalidad.
En cuanto a la relación y diferencias existentes entre el acatamiento de la decisión y el
incidente de desacato, la Corte Constitucional, en Sentencia T-939 de 2005, sostuvo:
Las dos herramientas tienen una naturaleza disímil. Se debe tener en cuenta que, en forma
paralela al cumplimiento de la decisión, es posible iniciar el trámite de desacato, pero este
último procedimiento no puede desconocer ni excusar la obligación primordial del juez
constitucional, cual es la de hacer cumplir integralmente la orden judicial de protección. En
este sentido se pronunció la Corte en la Sentencia T-458 de 2003, en donde sostuvo que: “el
trámite del cumplimiento no es un prerrequisito para el desacato, ni el trámite de desacato es
la vía para el cumplimiento. Son dos cosas distintas el cumplimiento y el desacato. Puede
ocurrir que a través del trámite de desacato se logre el cumplimiento, pero esto no significa
que la tutela no cumplida sólo tiene como posibilidad el incidente de desacato”.
Sumado a lo anterior, las diferencias entre las dos figuras fueron precisadas por dicha
Corporación, en Sentencia C-367 de 201412, en los siguientes términos:
i) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía constitucional; el desacato es
incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación legal.
ii) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es
subjetiva.
iii) La competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la sentencia se basan en los
artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato está en los artículos 57
y 27 ibidem. Es decir que en cuanto el respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de
diferencia.
iv) El desacato es a petición de parte interesada, el cumplimiento es de oficio.
v) Puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público.
En conclusión, nada obsta para que el juez de instancia, a pesar de haber iniciado un
incidente de desacato, adopte de manera paralela o consecuente las medidas necesarias
para hacer cesar la vulneración de los derechos superiores. Para tal efecto, además del
desacato, el juez cuenta con las herramientas previstas en el artículo 27 del Decreto 2591
12
M. P. Mauricio González Cuervo.
6
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00486-03
Demandante: Maximino Correa Acevedo
Demandado: Directora de Sanidad del BASC 01 Cacique Tundama
de 1991.
Como puede apreciarse, aunque el incidente de desacato es una institución distinta del
cumplimiento, a través de este es posible conjurar las acciones u omisiones que
amenazan o vulneran los derechos fundamentales tutelados, motivo por el cual su
objetivo más que sancionar al responsable del cumplimiento, es asegurar que se
respeten las decisiones que amparan estos derechos, sin que ello signifique que el
incidente de desacato constituya el único mecanismo para obtener su acatamiento.
Por otro lado, resulta pertinente precisar que, para la configuración del desacato se
requieren dos elementos, a saber, (i) el objetivo que hace referencia al incumplimiento
del fallo, esto es, a que se compruebe que la decisión no ha sido acatada; y (ii) el subjetivo
que, en razón a la naturaleza disciplinaria de la sanción, exige comprobar negligencia de
la autoridad accionada frente a la orden de tutela.
Es importante destacar que estos elementos deben analizarse en torno a lo decidido en
la acción de tutela, como lo expresó la Corte Constitucional, al indicar:
Los dos elementos del desacato, es decir, el objetivo (incumplimiento de la decisión) y el
subjetivo (conducta desplegada por cada disciplinado tendiente a no cumplir) giran en torno a
la orden que se haya consignado en la tutela. Ahora bien, esta solamente sería obligatoria, en
principio, respecto de la parte resolutiva del fallo e incluiría la ratio decidendi presente en el
mismo. En todo caso, debemos señalar que en aplicación del principio de buena fe y conforme
al artículo 6° de la Constitución, no es posible derivar obligación ni responsabilidad alguna
respecto de órdenes que no han sido consignadas con claridad en la decisión. Esto porque
tratándose de un proceso sancionatorio en donde se encuentra bajo debate la libertad, honra
y bienes de un Asociado se hace necesaria la conformación de un parámetro objetivo y claro a
partir del cual deducir el incumplimiento de la obligación 13.
4.2 Caso concreto.
4.2.1 De Sanidad de las Fuerzas Militares y de Policía.
Con la finalidad de determinar si la aludida autoridad incurrió o no en desacato, resulta
oportuno indicar que el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
fue creado en desarrollo del artículo 217 de la Carta Política14, regulado por el Decreto
1795 de 2000 como un sistema autónomo de prestaciones médicas y asistenciales
13
Sentencia T-939 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
14
«Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio
nacional y del orden constitucional.
La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus
miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio».
7
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00486-03
Demandante: Maximino Correa Acevedo
Demandado: Directora de Sanidad del BASC 01 Cacique Tundama
(artículo 279 de la Ley 100 de 199315), que está legitimado por las condiciones especiales
de los miembros de la fuerza pública en el desempeño de sus labores, debido a la
constante exposición de su integridad física como elemento inherente al servicio que
prestan.
Mediante la sentencia T-135 de 200616, la Corte Constitucional precisó que la sanidad es
un «[…] servicio público esencial de la logística militar y policial, inherente a su organización y
funcionamiento, orientada al servicio del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios», y, según
los artículos 5º y 6º del Decreto 1795 de 2000, el objeto del sistema de salud de las
fuerzas militares y de la Policía Nacional consiste en «[…] prestar el Servicio de sanidad
inherente a las Operaciones Militares y del Servicio Policial como parte de su logística Militar y además
brindar el servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y
rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios […]», obligación que debe ser cumplida a
través de los establecimientos de sanidad17, «[…] con plena observancia de los principios, de
calidad, ética, eficiencia, universalidad, solidaridad, protección integral, obligatoriedad, equidad y
racionalidad, entre otros, que orientan la prestación del servicio de salud».
Por lo anterior, la aludida Corporación concluyó que «[…] es deber de las fuerzas militares
otorgar la atención médica y la asistencia necesaria a las personas que sufran afecciones de salud y que
se encuentren como afiliados o beneficiarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional – SSMP-»18.
De otro lado, el literal «a» del artículo 13 del Decreto 1795 de 2000, estipula que la
Dirección General de Sanidad Militar es la encargada de «[d]irigir la operación y el
funcionamiento del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares […]», función que, de acuerdo con
el artículo 1119 de la Ley 352 de 199720, está en cabeza de los directores de Sanidad de
cada fuerza, a quienes también les asiste el deber de prestar los servicios de salud, tal
como lo preceptúa el artículo 14 del referido Decreto, que indica:
15
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se
vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas (…)».
16
Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
17
«Artículo 27. Plan de servicios de sanidad militar y policial. Todos los afiliados y beneficiarios al SSMP, tendrán derecho a un Plan
de Servicios de Sanidad en los términos y condiciones que establezca el CSSMP. Además cubrirá la atención integral para los afiliados
y beneficiarios del SSMP en la enfermedad general y maternidad, en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y
rehabilitación. Igualmente tendrán derecho a que el SSMP les suministre dentro del país asistencia médica, quirúrgica, odontológica,
hospitalaria, farmacéutica y demás servicios asistenciales en Hospitales, Establecimientos de Sanidad Militar y Policial y de ser
necesario en otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud».
18
Negrilla fuera del texto original.
19
«Las Direcciones de Sanidad de cada una de las Fuerzas creadas por normas internas de las mismas Fuerzas Militares, ejercerán
bajo la orientación y control de la Dirección General de Sanidad Militar las funciones asignadas a ésta en relación con cada una de
sus respectivas Fuerzas».
20
«Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional».
8
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00486-03
Demandante: Maximino Correa Acevedo
Demandado: Directora de Sanidad del BASC 01 Cacique Tundama
El Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea serán las encargadas de prestar los
servicios de salud a través de las Direcciones de Sanidad de cada una de las Fuerzas a los
afiliados y sus beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, por medio de
sus Establecimientos de Sanidad Militar; así mismo podrán solicitar servicios preferencialmente
con el Hospital Militar Central o con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y
profesionales habilitados, de conformidad con los planes, políticas, parámetros y lineamientos
establecidos por el CSSMP [Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional].
Ahora, una de las características esenciales del SSMP consiste en la descentralización,
facultad de organización logística que permite que en cada base militar exista un
delegado de Sanidad de la fuerza que integra, de modo que puedan atenderse los
requerimientos específicos de la zona, ello de acuerdo con lo contemplado en el artículo
6 del Decreto 1795 de 2000:
ARTICULO 6o. PRINCIPIOS Y CARACTERISTICAS. Serán principios orientadores para la
prestación del servicio de salud del SSMP los siguientes:
[…]
Serán características propias del Sistema:
[…]
b) DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION. El SSMP se administrará en forma
descentralizada y desconcentrada, con el fin de optimizar la utilización de los recursos,
obtener economías de escala y facilitar el acceso y la oportunidad de los servicios de salud
en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional. Esto con sujeción a las políticas, reglas,
directrices y orientaciones trazadas por el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional.
Así las cosas, de la normativa citada en precedencia, se concluye que el sistema de salud
de los integrantes de la Fuerza Pública es autónomo y los encargados de garantizar la
prestación de los servicios médicos a quienes hacen parte de aquel, son los directores
de sanidad de la correspondiente fuerza y los delegados de cada base militar.
4.2.2 Caso concreto
Efectuadas las anteriores precisiones, en el sub lite se observa que el 15 de julio de 2015,
el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó, al director de Sanidad del Ejército Nacional,
lo siguiente:
2. Al Director (sic) (a) de Sanidad del Ejército Nacional, directamente o a través de la
dependencia que conforme a la organización de la entidad corresponda, la cual será
informada a este proceso en el término de la distancia, si aún no lo hubiere hecho, que dentro
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de esta providencia, entregue las
sillas de ruedas de características especiales ordenadas por los médicos tratantes, a PAOLA
ANDREA CORREA NOVOA, JHON FREDY CORREA NOVOA Y ALEJANDRO CORREA
NOVOA.”
9
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00486-03
Demandante: Maximino Correa Acevedo
Demandado: Directora de Sanidad del BASC 01 Cacique Tundama
[…]
4. Prevenir (sic) al Director de Sanidad del Ejército Nacional, para que, en lo sucesivo, se
abstenga de incurrir en conductas como estas que dan lugar a esta a esta sentencia, o a
cualquier otra que incumpla lo ordenado por los médicos tratantes de PAOLA ANDREA
CORREA NOVOA, JHON FREDY CORREA NOVOA y ALEJANDRO CORREA NOVOA.
El actor acude al presente trámite incidental de desacato con el fin de conseguir que, por
esta vía, se conmine a la autoridad accionada a prestar el servicio de cuidadores que fue
prescrito en mayo de 2025 en favor de sus hijos.
En tal virtud, el Tribunal Administrativo de Boyacá impuso sanción por desacato a la
Capitán, Jessel Katherine Fuentes Pinzón, en calidad de directora de Sanidad del BAS01,
al estimar que no garantizó la prestación del servicio de cuidadores, y, por tanto, contrarió
lo ordenado por el juez de amparo en la sentencia de 15 de julio de 2015.
Visto lo anterior, y pese a la situación apremiante que puedan enfrentar los hijos del
accionante, la Sala vislumbra que no encuentra acreditado el elemento subjetivo que
torne viable confirmar la sanción consultada.
En efecto, en el presente caso no se observa una conducta omisiva de la sancionada ni
una negligencia grave, pues, por una parte, viene dispensando el servicio de enfermería
con regularidad21, y, por otra, no obra prueba alguna en el expediente que acredite que
la responsabilidad completa, para proveer el servicio de cuidadores, es de la sancionada.
Al respecto, cabe advertir que la gestión para la prestación de los servicios o tecnologías
en salud por parte de Sanidad del Ejército Nacional es una actividad que se ejerce a
través de la descentralización, desconcentración y delegación de funciones, que impone
a la administración, el ejercicio de diversas actividades por conducto de servidores de
distintos órdenes y niveles, orientados a garantizar la efectiva satisfacción de los
derechos de los usuarios.
Por consiguiente, en situaciones como la evaluada, normalmente, la responsabilidad no
descansa en una sola persona, sino en una serie de servidores que guardan
competencias respecto de la prestación de determinado servicio o tecnología clínica. La
orden de cumplir impartida a la incidentada bien podría devenir en una imposición
contraria a las normas sobre contratación pública, y derivar, por tanto, en una trasgresión
a los derechos fundamentales de la sancionada.
21
2 enfermeras, durante 12 horas, 7 días a la semana según lo informado por ambas partes en este trámite.
10
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00486-03
Demandante: Maximino Correa Acevedo
Demandado: Directora de Sanidad del BASC 01 Cacique Tundama
En el presente caso, se advierte que la sancionada, Capitán, Jessel Katherine Fuentes
Pinzón, no desplegó actividad alguna en orden a desconocer el objeto del fallo
presuntamente incumplido, toda vez que, se encuentra probado que, ante la ausencia de
contratación del servicio de cuidadores, dio curso de la solicitud del señor Maximino
Correa Acevedo a la dependencia competente en su entidad para que se sirviera
coordinar, con el contratista que presta el servicio de enfermería domiciliaria, la
prestación del mencionado servicio de cuidadores.
Así las cosas, no evidencia esta Sala que se encuentre configurado el elemento subjetivo
necesario para imponer sanción por desacato, toda vez que, la sancionada está
adelantando todas las acciones que, dentro de su ámbito de competencia personal,
puede ejercer para garantizar la atención en salud requerida por los accionantes.
Por último, sin perjuicio de lo anterior, y ante la situación apremiante que puedan estar
viviendo el accionante y sus hijos, se insta al juez de primera instancia para que, si en el
marco de sus competencias lo advierte necesario, pueda modular los efectos del fallo de
tutela de 15 de julio de 2015, en orden a disponer, de manera concreta y con plazos
claros y específicos, las órdenes que concreten los derechos fundamentales de los hijos
del señor Maximino Correa Acevedo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
DECIDE:
PRIMERO. REVOCAR el auto del 15 de agosto de 2025, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Boyacá declaró en desacato a la Capitán, Jessei Katherine Fuentes
Pinzón, en su calidad de directora de Sanidad del BAS01, para en su defecto abstenerse
de sancionar por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO. INSTAR al Tribunal Administrativo de Boyacá para que, dentro del marco
sus competencias y siempre y cuando lo advierta necesario, module los efectos del fallo
de tutela de 15 de julio de 2015, en orden a disponer, de manera concreta y con plazos
claros y específicos, las órdenes que concreten los derechos fundamentales de los hijos
del señor Maximino Correa Acevedo.
11
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00486-03
Demandante: Maximino Correa Acevedo
Demandado: Directora de Sanidad del BASC 01 Cacique Tundama
TERCERO. En firme esta decisión, DEVOLVER la actuación al tribunal de origen, previas
las constancias y anotaciones que fueren menester.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
12
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.