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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00488-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00488-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de octubre de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las súplicas de la demanda interpuesta por la señora Luz Marina Moreno de Torres en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Prote cción Social - UGPP. SEGUNDO: No condenar en costas , de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. TERCERO: Reconocer personería al abogado J hon Jairo Bustos Espinosa, identificado con cédula de ciudadanía 1.136.883.951 y portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001-23-33-000-2015-00488-01 Demandante: Luz Marina Moreno de Torres CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Trib unal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2015-00488-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

29 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00488-01 (0910-2019).
Demandante: Luz Marina Moreno de Torres
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social 1.

Temas: Pensión gracia. Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia de l 9 de
octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda 2

La señora Luz Marina Moreno de Torres , por intermedio de apoderado
judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 0 31592
del 17 de octubre, RDP 035984 del 27 de noviembre y RDP 038365 del

1 En adelante UGPP.
2 Folio 2.

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00488-01
Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

18 de diciembre, todas de 2014 , por medio de las cuales la UGPP negó
el reconocimiento y pago de una pensión gracia y resolvió los recursos
de reposición y apelación de forma negativa , respectivamente .

Como restablecimiento del derecho, deprecó condenar a la UGPP a (i)
concederle la pensión gracia, liquidada con el 75% de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio, con
aplicación del Índice de Precios al Consumidor 3; y (ii) pagar los
respectivos intereses moratorios.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

La demandante relató que nació el 1.° de mayo de 1956, por lo cual el
1.° de mayo de 2006 cumplió 50 años de edad, y prestó sus servicios
como docente en el departamento de Boyacá, así:

• El 1.° de septiembre de 1976 se posesionó c omo docente
interina, en remplazo de la maestra María del Carme n Alicia
Orjuela de Murcia , a quien se le concedió licencia de maternidad
mediante Decreto 760 del 30 de septiembre de 1976 .

• Posteriormente, el 1.° de septiembre de 1977 fue nombrada como
docente interina en remplazo de la profesora Aura Mojica de
Cruz, a quien se le concedió licencia de maternidad.

3 En adelante IPC.

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Radicado: 15001-23-33-000-2015-00488-01
Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

• Finalmente, fue nombrada en propiedad a partir del 21 de
noviembre de 1991, a través del Decreto 40 del 2 de noviembre
de 1991.

Señaló que el 13 de junio de 2014 solicitó el reconocimiento y pago de
la pensión gracia ante la UGPP, petición que fue resuelta de manera
negativa por medio de los actos administrativos censurados .

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

La demandante, como concepto de violación, argumentó que la entidad
demandada inaplicó las siguientes disposiciones normativas: artículos
1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución;
artículos 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; artículos 3 y 6 de la Ley 116
de 1928; Decreto 081 de 1976; artículo 3 del Decreto-Ley 2277 de
1979; y artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Sostuvo que la entidad demandada incurrió en un error y en un
desconocimiento de las normas que regulan la pensión gracia, al
señalar que no cumplió con el requisito de 20 años de servicio como
docente con vinculación nacionalizada y que no laboró con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980, ya que no tuvo en cuenta l a totalidad del
tiempo del servicio que pres tó en el departamento de Boyacá .

1.4. Contestación de la demanda 4.

4 Fo l ios 69 a l 77 d e l ex pe d i en te

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
manifestó que la demandante no cumpl ió con los requisitos para
beneficiarse de la prestación reclamada , por cuanto no acreditó
ninguna vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 . Al
respecto, resaltó que n o existe prueba idónea que demuestre el vínculo
laboral de la actora previo al 31 de diciembre de 1980 , con la precisión
de que, si en gracia de discusión se llegara a aceptar di cho
nombramiento, los tiempos interinos no pueden hacerse extensivos a
la pensión gracia.

Ahora, sobre los servicios prestados por la demandante a partir del 21
de noviembre de 1991 sostuvo que fueron de carácter nacional, tal y
como lo certificó la Secr etaría de Educación Departamental de Boyacá.

Asimismo, indicó que no hay certeza de la fuente de financiación de
los salarios de la docente, pues no se logr ó determinar si fueron
recursos propios d el departamento o si percibió ingresos provenientes
de la Nación.

Finalmente, propuso las excepciones denominadas : (i) inexistencia de
la obligación o cobro de lo no debido; (ii) inexistencia de vulneración
de principios constitucionales y legales; y (iii) prescripción.

1.5. Trámite en primera instancia.

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

El 31 de enero de 2017 el Tribunal Administrativo de Boyacá 5, en
acatamiento al artículo 180 del CPACA, celebró audiencia inicial, en la
cual fijó el litigio de la siguiente manera:

«[…] se ha de determinar, si la demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia creada p or la Ley
114 de 1913, específicamente si cumple con los requisitos de
tipo de vinculació n nacionalizada o territo rial y el tie mpo de
servicios [ …] ».

1.6. Decisión de primera instancia objeto de apelación 6

El Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la sentencia del 9
de octubre de 2018, negó las pretensiones de la demanda . Para el
efecto, la autoridad judicial en mención consideró que, si bien la
demandante probó en debida forma su vinculación con anterioridad al
31 de diciembre de 1980, lo cierto es que no acreditó la totalidad de
los requisitos antes de l 29 de diciembre de 1989.

1.7. Recurso de apelación 7

La señora Luz Marina Moreno de Torres apeló la decisión de primera
instancia al reprochar la exigencia del a quo de acreditar la totalidad
de los requisitos para obtener el reconocimiento de la pensión gracia
antes de la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.

5 Fo l ios
14 7 a l 1 5 0.
6 Folios 174 al 181.
7 Folios 202 al 206.

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

Reiteró los argumentos de la demanda y desatacó que el precedente
jurisprudencial ha establecido que el tiempo de servicio necesario para
acceder a prestación económica aquí reclamada puede cumplirlo de
manera interrumpido y en cualquier tiempo , por lo que tiene derecho al
otorgamiento de la pensión gracia .

1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia

La UGPP 8 solicitó confirmar el fallo de primera instancia, para lo cual
señaló que para la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, la
demandante no había consolidado su derecho, por cuanto solo
acreditaba 60 días de servicio y , en consecuencia, no cumplió con el
requisito de tiemp o para hacerse beneficiaria de la pensión gracia en
los términos que el a quo lo determinó .

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto , de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9. De

8 Folios 252 y 253.
9 «ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

igual manera, es relevante destacar que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código Gene ral del Proceso 10, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante , por lo que, en el caso de la
referencia, la competencia se encuentra limitada a lo señalado en el
recurso interpuesto por la deman dante.

2.2. Problema jurídico

Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior decisión
debe centrarse en establecer lo siguiente:

¿La señora Luz Marina Moreno de Torres , en su calidad de
docente oficial, tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia?

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114
de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales
que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20
años.

10 « C o m p e t e n c i a
del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, si n perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a
su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por
su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De
manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas
épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y
la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los sigui e nt es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a c ont inuaci ón de cada uno
de ellos:

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

Per sonal naci onal . Son los docent es vinculados por
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal n aci onal i zado. Son l os do cent es vincu lados por
nombrami ent o de ent i dad t errit ori al ant es del 1 de enero de
1976 y los v incu lado s a par t ir de est a f echa, de conf or m idad con
lo dis puest o por la L ey 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los doc ent es vincu lados por
nombrami ent o de ent i dad t errit ori al , a par t ir del 1 de enero de
1976, sin el cum p lim ient o del r equ isit o e st ablecido en el ar t í culo
10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr il las f uer a de t ext o] .

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«A rt í cul o 15. A par t ir de la v igenc ia de la pr esent e Le y el
per sonal doce nt e na ciona l y naci onal iza do y el que s e vincu l e con
post er ior idad al 1. de ener o de 1990 ser á r egido por las
sigui ent es dispos ici ones:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y dem ás nor m as que las hubier an desar r oll a do o
m odif icado, t uviese n o ll egar en a t ener der echo a la pensi ón de
gr acia, se les r eco nocer á siem pr e y cuando cum plan co n la
t ot alidad de los r equ isit os . Est a pens ión seguir á r econoc iénd ose
por la Caj a Nac iona l de pr evisi ón Soc ial conf or m e al Decr et o 081
de 1976 y ser á com pat ible con la pens ión or dinar ia de j ubilac i ón,
aún en el ev ent o de est ar ést a a car go t ot al o par cia l de la na ción.
[ …] »

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido
que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla
con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes,
esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado,

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el
particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699
del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón g raci a
no quedan i ncl ui dos l os doce nt es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que, com o dice la Ley 9 1 de
1989, adem ás de haber est ado vinculados hast a el 3 1 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o llegar e n a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la t otalid ad
de r equisit os” . [ …] . » 11

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o na turaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Esta do en sentencia de unificación
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12 previó las siguientes
pautas jurisprudenciales:

«i) Los r ecur sos del si t uado fi scal que ot r or a t r ansf erí a o cedí a
la Nació n a las ent id ades t er r it or iales, en vigencia de la Car t a de
1886 y hast a cuand o per m anecier on en vigor en la Const it ución
de 1991, no obst ant e su or igen o f uent e nacional, una vez se
incor por aban a los pr esupuest os loca les pasaban a ser de
pr opiedad excl usiv a de los r ef er idos ent es en calidad de
r ent as exógenas .
ii) Los ent es t er r it or iales son los t it ular es dir ect os o pr opiet ar ios
de los r ecur sos qu e les gir a la Nació n, pr ovenient es de l si st ema

11Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
12Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 2 5000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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general de part i ci paci ones , por asignación dir ect a del ar t ículo
356 de la Car t a Polí t ica de 1991.
ii i) La f inanc iac ión de los gast os qu e gener aban los f ondos
educat i vos regi onal es no solo depen dí a de los r ecur sos que
gir aba la Naci ón a las ent ida des t e r r it or iales por conc ept o
del si t uado f i scal , sino que t am bié n c or r espondí a a los e nt es
local es dest inar p ar t e de su pr esup uest o par a at ende r al
sost enim ient o de los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í culos 29 del
Decr et o 3157 de 1968; y 60, inciso 2. º , de la Ley 24 de 198 8) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener ab an los ser vic ios edu cat ivos de los doce nt es
naciona les y nacion aliz a dos 1 2 , r esult a f act ible col egir de m aner a
r azonada que lo pr o pio acont ecí a con al gunas de las er ogac i ones
salar ia les or ig inad as por el ser vici o que pr est aban los
educador es t er r it or iales, ya que l os r ecur sos dest inados pa r a t al
f in pr ovení an t ant o de la Nac ión —si t uado f i scal — com o de las
ent idades t er r it or ial es, y adem ás, en uno y ot r o caso, el univer so
de esos r ecur sos le per t enecí a de f or ma exclusiva a los e nt es
local es dado que ingr esaban a sus pr esupuest os en calida d de
r ent as exógenas y endógenas.
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los d ocent es t er r it or iales y/ o
naciona liz ados se convier t en en edu cador es nacion ales ( i)
cuando en el act o de su vinculación int er viene, adem ás del
r epr esent ant e legal de la ent id ad t er r it or ial, el de leg ado
per m anent e del M in i st er io de Educ ación Nacion al com o m ie m br o
de la j unt a admi ni st radora del r espect ivo f ondo educ at i vo
regi onal , así , est e últ im o, cer t if ique la vacancia de l car go junt o
con la disponib il ida d pr esupuest al 1 3 ; y ( ii) por el ar gum ento de
que los r ecur sos dest inados par a su sost enim ient o t iene n su
or igen o f uent e en la Nación.
vi) Prueba de cal i dad de docent e t erri t ori al . Se r equier e copia
de los act os a dm ini st r at ivos donde con st e el ví nculo, en lo s que
adem ás se pueda es t ablecer con suf ic ie nt e clar idad q ue la p laza
a ocupar sea de aquel las que el leg i slador ha pr evist o com o
t er r it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede acr edit ar con la
r espect iva cer t if icaci ón de la a ut or idad no m inador a que dé cu e nt a

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de m aner a inequí v oca que el t ipo de vincul ación al cua l se
encuent r a som et ido el docent e of icia l es de car áct er t er r it or ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, fr ent e al r econocim ient o de la pensión
gr acia, es la acr edit ación de l a plaza a ocupar , est o es, que sea
de car áct er t err it orial o nac iona lizad a , pues conf or m e a los
line am ient os f ij ados por la Sala en esta pr ovidencia, en lo que
r espect a a los educador es t er r it or iales, el pago de sus acr eencias
pr ovení a dir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r espec t iva
local idad, o de las exógenas —si t uado f i scal — cuando se
suf r agaban los ga st os a t r avés de los f ondos educat i vos
regi onal es ; y en lo que t iene que v er con los educad or es
naciona liz ados, las er ogaciones que est os gener aban se
enm ar can en los recur sos del si t uado f i scal , hoy si stema
general de part i ci paci ones . »

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la interpretación del
artículo 15, numeral 2, lite ral a, de la Ley 91 de 1989, para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docent es pu e den acceder a la pensión gr acia a nt es y
después del 29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando acr edit en
una vinculac ión t er r it or ial o nacional izad a con ant elación al 31 de
diciem br e de 1980 y cum plan con los dem ás r equisit os lega lm ent e
est ablec id os par a su r econocim ient o». 13

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron
que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son

13Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de
resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la
labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales,
departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como
normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente
nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y
otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y
demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114
de 1913.

2.3.2. Del docente interino

En lo que atañe a la vinculación a la docencia en interinidad, se debe
tener presente que para reconocer la pensión gracia únicamente se
exige la acreditación de 20 años de servicios, sin que importe la
modalidad del vínculo, es decir, sin que sea necesari o tener en cuenta
la forma en la que fue provisto el empleo de docente, si lo fue en
carrera o en forma transitoria.

Es así como esta Corporación determinó:

«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino,
debe reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron
la prestación gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a
favor de quienes ejercieran la actividad docent e en el nivel t erritorial,

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razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la
jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prest ación pensional en cita es haber
acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin im portar la
modalidad de la vinculación, siempre que est a responda a cualquiera
de las previstas en la ley 1 4

En efecto, si bien el ordenam iento jurídico no def ine expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos
docent es, esta Cor poración ha precisado que dicha figura debe
entenderse como el mecanismo mediante el cual la adm inistración, ante
la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con
carácter transitor io a personas instruidas en el ejercicio de la referida
actividad, en atención a la necesidad y urgencia de gar antizar la
efectiva prestación de los servicios educativos.

Lo anter ior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en
la ley, esto es, a través de la toma de posesión de un cargo docent e
dando lugar, en consecuencia, a la configuración de una relación
legal y reglamentaria con carácter aut ónomo 1 5 . (Resalta la Sala).

[...] »

En conclusión, quienes desempeñen la labor docente en calidad de
educadores territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado
en calidad de interinos tienen derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia, siempre que cumplan con la edad de 50 años y el
tiempo de servicios de 20 años.

2.4 Caso concreto

En atención a las anteriores p recisiones, la Sa la procederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verifica r si a

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente a
los tiempos de servicios acreditados.

2.4.1. Actuación administrativa

El 13 de junio de 201 4 la señora Luz Marina Mo reno de Torres solicitó
el reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la UGPP . La
anterior petición fu e negada por medio de la Resolución RDP 03 1592
del 17 de octubre de 2014 , al indicar que, conforme a los tiempos de
servicio aportados, sus nombramientos fueron de carácter nacional,
por lo que no había lugar al reconocimiento y pago d e la pensión
solicitada.

La demandante interpuso recurso d e reposición y en subsidio de
apelación contra la anterior decisión , los cuales fueron resueltos de
forma negativa por la UGPP a través de las Resoluciones RDP
035984 del 27 de noviembre de 2 014 y RDP 038365 del 18 de
diciembre de 2014 , respectivamente, al considerar que la señora Luz
Marina Moreno de Torres no cumplió con el requisito de 20 años de
servicio en la docencia oficial del o rden departamental, municipal,
distrital o nacionalizado .

2.5 Análisis del caso concreto

Resulta necesario precisar que para acceder a la pensión gracia, la
interesada debe cumplir la totalidad de los requisitos, a saber: (i)
tener 50 años de edad o más; (ii) acreditar una vinculación territorial

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980; (iii) haber
servido en el magisterio como docente oficial un por un término no
menor a 20 años con una naturaleza jurídica del vínculo territorial o
nacionalizado; (iv) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta.

Así las cosas, revisado el expediente y con el objeto de resolver el
problema jurídico planteado, la Sala encuentra como probado lo
siguiente:

2.5.1 Edad

La señora Luz Marina Moreno de Torres nació el 1.° de mayo de
1956 14, por lo que el 1.° de mayo de 2006 cumplió 50 años.

2.5.2. Tiempo de servicio

2.5.2.1. Vinculación a partir del 1.° de septiembre de 1976

Se observa que la señora Luz Marina Moreno de Torres, en el escrito
de demanda relacionó una vinculación como docente interina a partir
del 1.° de septiembre de 1976 , nombra da mediante Decreto 760 del
30 de septiembre de ese mismo año.

No obstante, una vez verificadas las pruebas obrantes en el proceso,

14 F o l i o 16 del expediente.

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

se encuentra que en el Decreto de nombramiento 760 de 1976 15, no
se relaciona la demandante , sino la señora Ruth Marina Moreno
Montaña, mismo nombre que también aparece registrado en el acta
de posesión 16 aportada.

En ese orden de ideas, dichos documentos no son prueba de la
vinculación de la demandante para el tiempo en mención al no existir
material probatorio que permita concluir que la se ñora Moreno de
Torres tuvo algún nombramiento para ese período de tiempo, por l o
cual no se tendrá en cuent a para efectos de contabiliza r los 20 años
de servicios como docente y acreditar la vinculación previa al 31 de
diciembre de 1980 .

2.5.2.2. Vinculación entre el 1.° de septiembre de 197 7 al 30 de
octubre de 1977

Se tiene que la señora Luz Marina Moreno de Torres laboró como
docente interina desde el 1 .° de septiembre de 1977 en la Escuela San
Martín de Cómbita, Boyacá, en remplazo de la educadora Aura Mojica
de Cruz, a quien se lo concedió licencia de maternidad . En el
mencionado cargo la actora tomó posesión a través de Acta 033 17, así:

«[ …] Act a 033
Act a de Pr esent ació n de Luz M ar ina M or eno de M ont aña. ( Com o
dir ect or a de la Escu ela Rur al de Sa n M ar t í n de Cóm bit a) .

15 Fo l ios 16 0 a l 1 6 3.
16 Fo l io 19 .
17 Fo l io 21 .

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

En Cóm bit a a pr im er o del m es de sept ie m br e de m il novecie nt os
set ent a y siet e se present ó al despacho de la Alca ldí a la señor it a
Luz M ar ina M or eno M ont año con el obj e t o de inic ial labor es, que
por disposic ión de l a Secr et ar í a de Educación, ha sido nom b r ada
int er inam ent e com o dir ect or a de la R. d. San M ar t í n en ést e
M unicip io, en r eemplazo de Aur a M oj ica de Cr uz a quien se le
concedió l icenc ia de m at er nidad.

Novedad f isca l con f echa de pr esent ació n e iniciac ión de lab or es.
( …)
Fir m a alcalde
Fir m a pr esent ada
[ …] ».

Se destaca que el alcalde municipal expidió copia aut éntica 18 del acta
de posesión transcrita, la cual obra en el plenario, en los siguientes
términos:

«República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Cómbit a

Combita 26 de Mayo de 2014
Oficio No A.M.C.E. 159
Señor a
LUZ MARINA MORENO DE TORRES
Tunja

Asunto. Respuesta Solicitud.
De manera atenta y respetuosa me permito dar r espuest a a su
solicitud efer ente al acta de posesión como Docente en la Escuela San
Martin de esta localidad en el año 1977, de lo cual una vez revisados
los libros de posesión se encontró acta de posesión de l a cual se hace
entrega de una copia autent ica a la inter esada.

18 F o l i o 80.

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Radicado: 15001-23-33-000-2015-00488-01
Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

De esta manera se está dando respuesta a su solicitud.
Atentament e,
Firma Alcalde Municipal ».

En primera medida, es necesario recorda r que los tiempos laborados
en calidad de interinos resulta n procedentes siempre que se acredite
la naturaleza jurídica del vínculo territorial o nacionalizado, en los
términos expuestos en el acápite normativo y jurisprudencial de esta
providencia.

Ahora bien, del acta de posesión relacionada , se destaca que la
docente fue nombrada p ara cumplir la labor docente en el municipio de
Cómbita, Boyacá, cargo del cual tomó posesión ante el alcalde
municipal, esto es, el representante de la entidad territorial.

Por su parte, resulta relevante advertir q ue al proceso fue allegada
certificación en la que la profesional especializada de historias
laborales de la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá
expuso que no evidenció vinculación de la demandante en los
«registros de planta» para la vigencia de 1977 (f. 159) y, además,
obra certificado expedido por el mismo departamento (f. 173), a través
del cual se indicó que no se comprobó pago alguno a la señora Luz
Marina Moreno para el período comprendido entre el 1.° de septiembre
de 1977 al 30 de octubre siguiente . Lo anterior, cobra relevancia para
concluir que en efecto la relación laboral de la señora Luz Marina
Moreno de Torres fue directamente con el municipio, esto es, sin
intervención del departamento o del Gobierno nacional.

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

Valga aclara r que no existe discusión respecto a la prestación del
servicio de la demandante para el per íodo comprendido entre el 1.°
de septiembre de 1977 y el 30 de octubre de la misma anualidad, tanto
así que se encuentra que este tiempo fue reconocido por la entidad
demandada en su escrito de alegatos de conclusión 19, a través del cual
señaló:

«[…] Tenem os entonces, que para el caso part icular queda demostrado
en el plenar io pr obat orio que par a la entr ada en vigencia de la Ley 91
de 1989 ( 29 de diciembre de 1898), la demandante no había
consolidado su derecho por cuanto para la mentada fecha solo acr editó
como tiempo laborado 60 días de servicio, por ende, pese a que ingreso
(sic) a laborar como docent e, antes de la entrada en vigencia de la Ley
91 de 1989, tan solo tenía una mera expectat iva o probabilidad de
obtener algún día ese benef icio al no cum plir con los requisit os
consagrados en la ley que regulaba la pensión gracia […]».

Adicionalmente, tal como se anticipó, se observa que en el acto de
vinculación no hubo ninguna intervención por parte del Ministerio de
Educación Nacional ni de alguno de los representantes o delegados
del Gobierno nacional.

Asimismo, se encuentra que la designación de la aquí demandante
para el período objeto de análisis tuvo lugar con posterioridad a la
nacionalización desarrollada por la Ley 43 de 1 975, sin que se
evidencie que la plaza ocupada haya sido objeto de ese proceso de
nacionalización.

19 Fo l ios 25 2 y 25 3 d e l e x pe d i en te

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

Ahora, resulta relevante destacar que esta Sala 20 ha precisado que « El
carácter nacionalizado de la designación […] encuentra respaldo en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vincu lados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de
1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia
C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los
vinculados antes del 31 de diciembre de 1 980, por las entidades
territoriales».

En este punto, es pertinente señalar que, si bien la vinculación de la
demandante fue posterior al proceso de nacionalización, lo cual en
primera medida permitiría concluir que el nombramiento analizado fue
de carácter nacionalizado, lo cierto es que no hubo ninguna
intervención por parte de algún delegado del Ministerio de Educación
Nacional o de un representante del Fondo Educativo Regional, tal
como se consagró en el artículo 6 de la Ley 43 de 1975, disposición
que estableció que los recursos asignados p ara las plazas o plantes
educativos nacionalizados serían a dministrados por aquellos. Por
consiguiente, se infiere que la naturaleza jurídica del vínculo de la
actora corresponde a territorial.

20 V e r
entre otras, la sentencia de 16 de febrero de 2023. Radicado: 81001 -23-
33-000-2013-00128-01 (1518-2015).

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

En consonancia con lo expuesto, se observa que la Ley 91 de 1989 en
el artículo 1.° efectuó la diferenciación entre el personal nacional,
nacionalizado y territorial, así:

i) Personal nacional . Son los docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno nacional.
ii) Personal nacionalizado . Son los d ocentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1.º de enero de
1976 y los vincula dos a partir de esta fecha, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
iii) Personal territorial . Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1.º de enero
de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

Lo anterior permite reafirmar que la aquí demandante para la
vinculación entre el 1.° de septiembre de 1977 y el 30 de octubre de
1977 ostentó una naturaleza jurídica del vínculo territorial, dado que
la designación la realizó el representante del ente local con
posterioridad al 1.° de enero de 1976 sin el cumplimiento de los
requisitos previsto s en la Ley 43 de 197 5, que conforme con la
interpretación que se efectuó en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, significa que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por la entidad territorial y los
gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto .

Ahora bien, en gracia de discusión, si se tuviera que luego de los
nombramientos de la señora Moreno de Torres, la plaza o el colegio

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

hizo tránsito a uno nacionalizado, ello no afectaría el derecho de la
demandante a que los tiempos de servicios prestados en los per íodos
analizados se tengan en cuenta para la contabilización de los 20 años
para acceder a la prestación reclamada, por cuanto del estudio se llega
a la convicción de que de ninguna manera podrían enten derse la
naturaleza jurídica del vínculo como de orden nacional.

Todo lo anterior, permite tener la convicción de q ue el período
comprendido entre el 1.° de septiembre de 1977 y el 30 de octubre
siguiente , prestad o por la demandante fue de carácter territorial y
resulta válido como tiempo de servicio docente para reconocer la
pensión gracia, siendo además el que prueba la vinculación previa al
31 de diciembre de 1980 .

2.5.2.3. Vinculación entre el 21 de noviembre de 199 1 y 10 de
febrero de 2017 21

Al respecto, se encuentra que mediante Decreto 040 de1991 22, la
señora Luz Marina Moreno Torres fu e nombrada en propiedad por el
alcalde del municipio de Ventaquemada, como maestra de la
Concentración Escolar Nacionalizada Rural San José de Gacal , a
saber:

«MUNICI PIO DE VENTAQ UEMADA
ALCALDIA
DECRETO No. 040 de 1991

21 F e c h a de expedición del último certificado laboral emitido por la Gobernación
de Boyacá, visible a folio 159.
22 F o l i o s 1 6 5 y 1 6 6 .

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

(Noviembre 21)

POR EL CUAL SE NOM BRA EN PROPIEDAD A UN DO CENTE DE
PRIMARIA, EN LA CONCENTRACION ESCOLAR NACIONALIZADA
RURAL SANJOSE DEL GACAL Q UE FUNCIONA EN ESTE MUNICIPIO

EL ALCALDE MUNI CIPAL DE VENTAQ UEMADA EN EJERCICIO DE
LAS ATRI BUCIONES CONFERIDAS PO R EL ARTICULO 9 DE LA LEY
29 DE 1.989 Y DE CONFORMIDAD CON LOS DECRETOS
NACIONALES 2277 DE 1.97 9, Y 1706 DE 1.989 Y,

CONSI DERANDO.

[…]
1) Que a solicitud de esta Alcaldía, el jefe de oficina seccional de
escalafón, certif icó en of icio No. S.806 del 21 de Noviembre de
1.991, la señora LUZ MARINA MORENO DE TORRES, reune los
requisit os para desempeñar e l cargo y contra ella no cursa pr oceso
disciplinar io, ni se halla pendient e sanción disciplinaria.
2) Que el delegado Per manente del Minister io de Educación Nacional
ante el F. E.R. de Boyacá en of icio No. 1. 150 del 15 de noviembre
de 1991 certif icó.
a) Que exist e Disponibilidad Presupuest al.
b) Que la plaza que ocupaba la Docente Lucila Diaz Diaz como
Maestra de Escuela en la Concentración Nacionalizada Rur al
San José del Gacal de este Municipio, se encuentra vacante.
3) Que se encuentran r eunidos los requisitos legales, para efectuar
el nombr amiento de la mencionada educadora.

DECRETA:

ARTÍ CULO PRIMERO: Nómbrese en propiedad a LUZ MARINA
MORENO DE TORRES, con cédula de ciudadanía No.40'008.448 de
Tunja, grado 79 en el Escalafón, para que desempañe el cargo de
Docente de Pr imaria, en la Concentración Escolar Nacionalizada Rural
San José del Gacal, que funciona en est e Municipio, en r em plazo de
Lucila Diaz Diaz a quien se destit uyo del Escalafón por Decret o
No.034 del 23 de Octubre de 1.991.

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

[…]
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE […]
Firma Alcalde Ventaquemada
Firma Secretar io Ventaquemada ». (sic)

De la anterior vin culación, la actora tomó posesión 23 del cargo de
maestra en la Concentración Nacionalizada Rural San José del Gacal
el 21 de noviembre de 1991 24.

Sumado a lo anterior , el 15 de mayo de 2014 la Secretaría de
Educación de Boyacá emitió tres certificados de salario s , en los que
se enlistan lo s fact ores percibidos po r la aquí demandante en los años
2010 y 2011 25, además, se indicó que aquella ostentaba régimen
nacional, así :

« Que el señor(a): LUZ MARINA MO RENO DE TORRES con C.C.
40008448
Con REGIMEN: NACIONAL, tipo de nombramiento: EN
PROPIEDAD, Nive l: PREESCOLAR y Dedicación de Tiempo
Completo; Devengó los siguientes factores salariales [ …] ».

Por su parte, e n respuesta a una petición presentada por la
demandante 26, a través de la cual solicitó certificar el origen de los
recursos con los cuales fueron cancelados sus salarios, la profesional
de la oficina de nómina de la gobernación de Boyacá 27 el 9 de febrero

23 Fo l io 42 d e l ex p ed i en t e
24 Fo l io 16 9 d e l ex pe d ie nt e
25 Fo l ios 25 a l 27 d e l ex pe d i en te
26 Fo l io 12 9 d e l ex pe d ie nt e
27 Fo l io 13 2 d e l ex pe d ie nt e

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

de 2016, señaló:

«En r espuest a a su solic it ud donde r eq uier e que se cer t if i que con
que ( sic) r ecur sos le cancelar on sal ar i os a la señor a LUZ M ARI NA
M O RENO , quien se ident if ica con cédula de ciudadan í a N° .
40. 008. 448, at ent ament e inf or m am os que r evisados los ar ch i vos y la
hoj a de vida que r eposan en est a ent idad, se const at ó que la docent e
se encuent r a act iva , con vincu lació n e n Pr opied ad y de r égim en
Nacion al y se le cancelan salar ios a par t ir del 21 de N oviem br e de
1991, f echa en que ingr esó a la Nóm i na de ést a Secr et ar í a con
r ecur sos del sit uado f iscal hoy S ist em a G ener al de Par t ici pa ciones ».

Asimismo , la profesional especializada líder de historias laborales de
la Secretaría de Educación de Boyacá certificó el régimen de
vinculación de la demandante, a partir del 21 de noviem bre de 1991,
de la siguiente manera :

«GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
No.0350

LA SUSCRITA PROFESIONAL ESPECIALIZADA LIDER DE
HISTORI AS LABORALES DE LA SECRETARI A DE EDUCACI ON DE
BOYACA.

Nit:891800498 -1

CERTIFICA: […]
Que, revisados los registros de planta de: MORENO TORRES LUZ
MARINA ident ificada con C. C. númer o 40.008.448 expedida en Tunja
(Boy), se evidencio ( sic) que la docente posee vinculación de Régimen
Nacional desde el 2 1/ de noviembre de 1991 28.

[…]

28 Fo l io 15 9 d e l ex pe d ie nt e

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

Dada en Tunja a lo s diez (10) días del mes de febrero de dos mil
diecisiet e».

Sobre el particular, se observa que el Decreto 0 40 del 21 de noviembre
de 1991 fue proferido por el representante del ente territorial (alcalde
del municipio de Ventaquemada), con el fin de que la señora Luz
Marina Moreno de Torres ejerciera la labor de maestra en la
Concentración Nacionalizada Rural S an José del Gacal .

Ahora bien, en el decreto analizado se advierte que el alcalde
municipal de Ventaquemada invocó las atribuciones conf eridas por el
artículo 9 de la Ley 29 de 1.989 y los Decretos 2277 de 1979 y 1706
de 1989. En ese sentido, se tiene que la autoridad territorial señaló
que el nombramiento lo efectuaba en ejercicio de la s facultades
conferidas por dichas normas, las cuales disponen:

Ley 29 de 1989 «A rt í cul o 9º . - El ar t ículo 54 quedar á así : Se
asi gna al A lcal de M ayor del D ist r it o Esp ecial d e Bogot á, y a l os
al cal des muni ci pales, l as f unci ones de nombrar , tr asladar ,
r em over , cont r olar y, en gener al adm inist r ar el personal docent e
y adm inist r at ivo de los est abl eci mi ent os educat i vos naci onal es
o naci onal i zados , plazas of ic ia les de coleg ios coop er at i vos,
pr ivados, j or nadas adici onal es, t eniend o en cuent a las nor m as
del Est at ut o Docente y la Carr er a Adm inist r at iva vigent es y que
expidan en adel an t e el Congr eso y el G obier no Nacional,
aj ust ándose a los ca r go s vacant es de las plant as de per sona l que
apr uebe el G obi er no Nacio nal y las d ispon ibi li d ades
pr esupuest ales cor r espondie nt es.
[ …]
Parágraf o 1º . - Los sal ari os y prest aciones soci al es de est e
personal , cont i nuarán a cargo de l a Naci ón y de l as ent i dades
t erri t ori al es que l as crearon .

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

Parágraf o 2º . - La Nación no asum e r esponsabi li dad alguna por
los nom br am ient os que excedan las plant as de personal
apr obadas por el G obier no Nacion al par a la r espect iva
j ur isdicción m un icip al y par a la j ur isd i cción de l a I sla de San
Andr és, ni naciona li zar á el per sonal así designado. Ver art ícul o
6 Ley 60 de 1993 L ey 91 de 198 9 y ar t í cul o 176 Ley 115 de
1994.

Los nom br am ient os y dem ás novedad es de per sonal qu e se
lleg asen a pr oducir por f uer a de las r espect ivas plant as de
per sonal o cont r aviniendo las nor m as del Est at ut o Docent e y de
la Car r er a Adm inist r at iva y las dispon i bil idades pr esup ues t ales
cor r espondient es, ser án de exclusiva r esponsabil i dad del
m unicip io o ent ida d t er r it or ial que los h i cier e, y suyas las ca r gas
civi les, adm inist r at i vas y labor ales que de t ales act uacion es se
despr endan. El f unc ionar io que pr oduj er e el nom br am ient o o la
novedad de per sonal, incur r ir á en causal de m ala cond uct a, y
r esponder á solid ar ia m ent e con la ent idad que dicho f uncion ar io
r epr esent e. Ver art ícul o 106 Ley 115 d e 1994 .
[ …] »

Por su parte, el Decreto 2277 de 1979 establece el régimen especial
para regular las condiciones de ingreso y demás situaciones
administrativas sobre el ejercicio de la profesión docente; y el Decreto
1706 de 1989 reglamentó los artículos 7, 10 y 18 de la Ley 29 de
1989.

Sobre el particular, se precisa que el nombramiento en uso de las
facultades otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, no significa
per se que la vincu lación sea nacional o nacionalizada, puesto que en
virtud de esa disposición normativa se asign aron a los alcaldes
municipales las funciones de nombrar, trasladar, remo ver, controlar

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

y, en general, administrar e l personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacional es o nacionalizados. Sin
embargo, lo que sí se desvirtúa es q ue la vinculación tenga carácter
de territorial.

Nótese entonces que , en casos como el presente , en los que el
alcalde ejerce las funciones de nombrar el personal docente con
fundamento en las atribuciones legales de la Ley 29 de 1989, deberá n
analizarse integralmente todos los elementos probatorios que obr en
en el plenario para llegar a la convicción de la naturaleza jurídica del
vínculo del educador, pues tal como se anticipó el legislador en la
referida norma otorgó atribuciones a los represe ntantes de las
entidades territoriales para administrar y encargarse de las
situaciones administrativas en general que se presentaran con
profesores tanto nacionales como nacionalizados .

En esta línea argumentativa, en el caso particular, también reviste de
importancia que en el acto de nombramiento hubo intervención del
delegado permanente del Ministerio de Educción Nacional ante el FER
de Boyacá, quien certificó (i) existencia de disponibilidad presupuestal
y (ii) que la plaza a ocupar se encontraba vacante. Lo anterior, coincide
con el trámite previsto al en el artículo 10 del Decreto 1706 de 1989
para efectuar el nombramiento de los docentes nacionales y
nacionalizados de que trata el artículo 9 de la Ley 29 de 1989. Sobre
el particular se destaca del artículo 10 del referido Decreto 1706 de
1989 lo siguiente:

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Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

«A rt í cul o 10. - Pr ocedim ient os par a nom br am ient os. Los
nom br am ient os de los docent es se som et er án al sigui ent e
pr ocedim ient o:

1. El Jef e de la O f ici na Secci onal de Esc alaf ón cer t if icar á co n dest ino
al Alca lde nom inad or y por solicit ud de ést e, que el educador que
pr et ende nom br ar reúne los r equ isit os legal es par a dese m peñar el
car go y que cont r a él no cur sa pr oceso di scipl inar io, n i est á pendient e
de sanción disc ip lin ar ia alguna.

2. El Deleg ado Per m anent e del M inist er i o de Educación N aci onal ant e
el Fondo Educat iv o Regiona l, cer t if icar á sobr e la disponib il idad
pr esupuest al y la vacancia def i nit iv a del car go, así com o el
cum plim ie nt o de l or den de pr ef er encia par a la pr ovisió n de car gos de
que t r at a el pr esent e Decr et o en el ar t í culo 17 y las nor m as que en e l
f ut ur o se expidan, salvo la excepc ión d el concur so que est ablece e l
ar t í culo 4 y lo pr evist o en los ar t í culos 15 y 16 del pr e sent e Decr et o.

Parágraf o. - El Dele gado Per m anent e del M inist er io de Educació n
Nacion al ant e e l Fo ndo Educat ivo Reg io nal, t am bién cer t if ic ar á sobr e
la disp onib i lida d pr e supuest al y l a vacan cia def in it iva de l car go en el
caso de los n om br am ient os del per s on al adm i nist r at ivo, de los
inst it ut os docent es naciona les y nacio n aliza dos y de los e quipos de
educación f undam en t al. »

De lo referido, se colige que lo s pagos de las prestaciones de la
demandante se hicieron con cargo al Fondo Educativo Regional , cuya
administración, conforme a la Ley 24 de 1989, estaba a cargo del
representante legal de la entidad territori al y la financiación de los
gastos que generaban los FER dependía de los recursos que la Na ción
y las entidades territoriales destin aban para el funcionamiento ,
dineros que debían manejarse de manera separada en los términos
del inciso 2.° del artículo 60 ejusdem.

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00488-01
Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

Así, se tiene que el FER, tal como se aclaró en la sentencia de
unificación del 2018 , atendía los gastos que generaban los servicios
educativos de los docentes nacionales y nacionalizados .

Lo anterior, no permite establecer con suficiente clarida d que la plaza
a ocupar sea nacional o nacionalizada, toda vez que como se advirtió
las disposiciones legales invocadas (Ley 29 de 1989) y el origen de
los recursos para e l pago de salarios de la demandante (FER, situado
fiscal, hoy sistema general de particip aciones), no conduce a concluir
la naturaleza jurídica del vínculo, por tanto, en casos como este, en
los términos que se previó en la sentencia de unificación SUJ-11S2
del 21 de junio de 2018 , cobra relevancia la certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca del tipo
de vinculación al que se encuentra sometido l a docente oficial.

En ese orden de ideas , de un análisis en conjunto del acto de
nombramiento y de las certificaciones aportadas al proceso, así como
de los argumentos objeto de discusión tanto en sede administrativa
como judicial, se concluye que, si bien la designación de la actora fue
procedente del alcalde municipal, lo cierto es que ocurrió en ejercicio
de las atribuciones conferidas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1.989,
y los Decretos 22 77 de 1979 y 1706 de 1989 , y en casos como el
presente, aquel actuó en calidad de agente de la N ación y no en
representación de la entidad territorial, pues para ese entonces tenía
a su cargo la administración del personal docente nacional y
nacionalizado, tal como se expuso en precedencia.

Se resalta que del análisis probatorio efectuado que fue sustento de la

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Radicado: 15001-23-33-000-2015-00488-01
Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

presente providencia para determinar el tipo de vinculación de la
docente, no se advierte que hubiese sido objeto de tacha por alguna
de las partes, de manera que conserva validez. Vale la p ena poner de
presente respecto a la carga de la prueba, que conforme con el
artículo 167 del Código General del Proceso, se prevé que « I ncum be
a las par t es pr obar el supuest o de hech o de las nor m as que consagr an el
ef ect o j ur í dico que e llas per sigue n », y para el caso que hoy nos ocupa,
no cabe duda de q ue la parte demandante tenía la obligación de
acompañar sus argumentos y pretensiones con material probatorio
suficiente que demostrara el cumplimiento de los requisitos que la ley
impuso para ser beneficiaria de una pensión gracia.

Todo lo anterior, q ui ere decir que el tiempo de servicio prestado por
la demandante entre el 21 de noviembre de 1991 y el 10 de febrero
2017 (fecha de la última certificación expedida por la Gobernación de
Boyacá 29), no resulta v álido para concederle el reconocimiento de la
pensión gracia, ya que fueron del orden nacional.

Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le queda duda que la accionante no colmó
los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia dado que
no acreditó el requisito de haber prestado los se rvicios como docente
territorial o nacionalizada por veinte (20) años.

Ahora, vale la pena aclarar que si bien la demandante no acredit ó la

29 Fo l io 15 9 d e l ex pe d ie nt e

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Radicado: 15001-23-33-000-2015-00488-01
Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

totalidad del tiempo exigido para acceder a la pensión gracia, lo cie rto
es que no le asiste razón al Tribunal Administrativo de Boyacá al
exigir que la totalidad de los requisitos se acrediten previo a la
entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 , en la m edida que la norma en
mención no determina ese presupuesto dentro de su texto, ya que tal
como se dejó claro en la sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 , para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia los docentes puede n acceder a la prest ación antes y
después del 29 de diciembre de 1989, siempre que prueben los
requisitos legales.

Por ende, la Sala de Subsección confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, pero por las
razones expuestas en esta providencia .

2.6. Condena en costas

Resulta necesario precisar que, si bien la apelante resultó vencida y
las costas se causaron dado que la UGPP actuó en esta segunda
instancia, lo cierto es que no puede desconocerse que en la presente
decisión se efect uó un análisis q ue permitió aplicar las reglas
jurisprudenciales trazadas en la sentencia de unificación del 11 de
agosto de 2022, por lo tanto, no se impondrán costas.

2.7. Otras determinaciones

Según consta en el aplicativo SAMAI, mediante memorial visib le en el
índice 27, fue allegado poder otorgado por la entidad demandada al

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001-23-33-000-2015-00488-01
Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa, identificado con cédula de
ciudadanía 1.136.883.951 y portador de la tarjeta profesional 291.382
del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que, al acreditar los
requisitos legales, le será reconocida personería para actuar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de octubre de 2018 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las
súplicas de la demanda interpuesta por la señora Luz Marina Moreno
de Torres en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Prote cción Social -
UGPP.

SEGUNDO: No condenar en costas , de acuerdo con lo expuesto en
esta providencia.

TERCERO: Reconocer personería al abogado J hon Jairo Bustos
Espinosa, identificado con cédula de ciudadanía 1.136.883.951 y
portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP.

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Radicado: 15001-23-33-000-2015-00488-01
Demandante: Luz Marina Moreno de Torres

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”,
y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Trib unal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023 ).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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