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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2015-00664-01

Fecha
3 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2015-00664-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Decisión 4 y, en su lugar, declárase probada la excepción de indebida escogencia del medio de control judicial de reparación directa e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la demanda. 2°) Condénase a la parte demandante a pagar a las entidades demandadas las costas que se hubieren causado en esta instancia, las cuales serán liquidadas por el tribunal de origen; inclúyanse igualmente las agencias en derecho en segunda instancia en favor de las entidades demandadas, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. 22 Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828) Actor: Carlos Alberto González Grimaldo Reparación directa - apelación de sentencia 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-33-000-2015-00664-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

3 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ GRIMALDO
Demandados: CORPOBOYACÁ Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO DERIVADO
DE ACTOS ADMINISTRATIVOS – INDEBIDA
ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL
JUDICIAL

Síntesis del caso: Corpoboyacá ordenó la suspensión de actividades de la empresa Rocamar de
propiedad del demandante, por encontrar que desarrollaba actividades de explotación de arcilla
y producción alfarera en bloque en tres hornos tipo colmena sin contar con el permiso de
emisiones atmosféricas, hecho que provocó la imposibilidad de explotación de la ladrillera, daño
antijurídico imputado al municipio de Cómbita por haber proferido un acto administrativo irregular
que le impidió pedir el aludido permiso, a Corpoboyacá por la omisión del deber legal de
supervisión de dicha actuación y a la Agencia Nacional de Minería por haber concedido una
cesión de área luego de vencido el termino previsto en la ley; la parte demandante considera
que ello le ocasionó un daño especial que no está en la obligación de soportar.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala Decisión 4, a través de la cual se denegaron
las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 22 de septiembre de 2015 (fl. 27 cdno. dda.), el
señor Carlos Alberto González Grimaldo promovió una demanda de reparación

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

directa en contra de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (en adelante
Corpoboyacá), la Agencia Nacional de Minería y el municipio de Cómbita
(Boyacá) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente
responsable en forma solidaria a la NACIÓN AGENCIA NACIONAL
DE MINERÍA – MUNICIPIO DE CÓMBITA y la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, por daño
especial con ocasión del perjuicio causado por la orden de cierre de
los hornos de la empresa ROCAMAR, de propiedad de mi
representado, por el cambio de coordenadas correspondientes a la
zona industrial a través del acto administrativo de fecha 16 de julio de
2013, y la no expedición de la respectiva cesión de área solicitada por
mi representado a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA dentro de los
términos establecido en el Código Minero.

SEGUNDA: Condenar a la NACIÓN AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA – MUNICIPIO DE CÓMBITA y la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, en forma
solidaria pagar a mi representado CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ
GRIMALDO, a título de perjuicios materiales con ocasión de daño
especial al ordenarse a través de acto administrativo cerrar la ladrillera
ROCAMAR por no tener uso de suelo, y la omisión consistente en la
no expedición de la cesión de área solicitada por mi representante a
través de la COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS Y
ALFAREROS DE COMBITA, CIMACOM, al valor de la producción
neta dejada de percibir, desde la orden de cierre de la ladrillera
ROCAMAR (16 de julio de 2013), hasta la fecha de la presente
demanda a razón de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA
LEGAL ($30’000.000), mensual, es decir por un valor de
NOVECIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL
($930’000.000).

TERCERA: Condenar a la NACIÓN AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA – MUNICIPIO DE CÓMBITA y la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, en forma
solidaria pagar a mi representado CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ
GRIMALDO, a título de perjuicios morales la suma de CINCUENTA
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES (50), que corresponden
a TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($32’217.500).

CUARTA: Condenar a Condenar a la NACIÓN AGENCIA NACIONAL
DE MINERÍA – MUNICIPIO DE CÓMBITA y la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, en forma
solidaria pagar a mi representado CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ
GRIMALDO, a la indexación de los valores anteriores a la fecha en
que debieron percibirse hasta el momento en que se haga efectivo su
pago. (…) (fls. 417 a 418 cdno. 21 – mayúsculas sostenidas del texto
original).

1 Pretensiones que quedaron consignadas en esos términos en la subsanación de la demanda.

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El señor Carlos Alberto González Grimaldo registró a la empresa Rocamar en
la Cámara de Comercio de Tunja, cuyo objeto era la elaboración de ladrillos y
otros materiales para construcción, actividad para la cual se obtuvo el título
minero 230-15, derivado del contrato de concesión suscrito entre la Cooperativa
Integral de Mineros y Alfareros de Cómbita (en adelante Cimacom) y el
departamento de Boyacá.

2) Desde el año 2006, la Secretaría de Planeación del Municipio de Cómbita
(Boyacá) determinó que la zona donde se ubicaba la empresa Rocamar estaba
catalogada como de actividad minera; sin embargo, en el año 2013, dicho ente
territorial, en virtud de la solicitud de uso de suelo que le exigía Corpoboyacá
para el permiso de emisiones atmosféricas, le informó al demandante que la
catalogación de la zona había pasado a ser únicamente agropecuaria; el concejo
municipal cambió las coordenadas de la zona con desconocimiento del Decreto
0934 del 9 de mayo de 2013 porque esa competencia solo la tienen las
corporaciones autónomas ambientales y mineras.

3) A pesar de esa circunstancia el municipio le otorgó uso de suelo a una
ladrillera contigua a Rocamar, llamada Deco, y Corpoboyacá le concedió
permiso de emisiones atmosféricas.

4) Aunque Rocamar carecía de uso de suelo, el demandante continuó la
actividad con minería tradicional y el 18 de enero de 2011 solicitó a Ingeominas
su legalización, trámite en virtud del cual la Secretaría de Minas de Boyacá
realizó una visita a la empresa y encontró que desarrollaba labores con el
cumplimiento de la normatividad aplicable.

5) Con fundamento en lo anterior, el actor pidió una cesión de área a la Agencia
Nacional de Minería a través de Cimacom, que era la dueña del título minero; sin
embargo, aunque se aprobó la viabilidad de dicha cesión en noviembre de 2014,
el acto administrativo a través del cual finalmente se decretó la cesión se expidió

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

en julio de 2016, lo cual significa que sobrepasó el término de 45 días previsto
en el artículo 22 del Código de Minas; la expedición de dicho acto tardó más de
19 meses “violando lo preceptuado en la ley” (fl. 422 cdno. 2).

6) El 16 de julio de 2013, Corpoboyacá ordenó el cierre de los hornos de la
ladrillera Rocamar por no tener el permiso de emisión de gases y, como
consecuencia de ello, el demandante no ha podido enajenar la empresa ni
usufructuarla.

Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente
razonamiento de responsabilidad patrimonial:

1) El daño fue provocado con la orden de cierre de los hornos de la ladrillera
Rocamar a partir de la resolución emitida por Corpoboyacá el 16 de julio de 2013,
que provocó la imposibilidad de explotar la empresa; no se pretende atacar la
legalidad del acto.

2) Al municipio de Cómbita le es imputable el daño por cuanto cambió las
coordenadas de la zona industrial a zona agrícola, lo cual “se salió de las
competencias atribuibles al ente municipal” (fl. 392 ibidem) y, además, no
socializó dicha decisión a los propietarios de las empresas mineras, como es el
caso del demandante.

3) La responsabilidad de Corpoboyacá radica en la omisión del deber legal de
supervisión del cambio de zonas industriales a agrícolas y por el hecho de
otorgar licencia ambiental a otra ladrillera denominada “Deco”, con lo cual violó
el derecho a la igualdad, pues, ambas empresas se encontraban en las mismas
condiciones.

4) La Agencia Nacional de Minería es responsable del daño por la tardanza en
decretar la cesión de área solicitada por el actor.

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

2. Posición de las entidades demandadas

2.1 Corpoboyacá

1) Corpoboyacá (fls. 437 a 443 cdno. 2) se opuso a las súplicas de la demanda,
por estimar que el demandante realizaba la explotación minera amparado en el
contrato de concesión minera número 0230-15, cuyo titular era la cooperativa
Cimacom, respecto de la cual la autoridad minera declaró la caducidad; fue por
ese motivo que el demandante inició el trámite de legalización de minería de
hecho.

2) Por virtud de una queja ciudadana, Corpoboyacá encontró que los hornos de
la ladrillera Rocamar operaban sin permiso de emisiones atmosféricas, razón por
la cual impuso la medida preventiva de suspensión de actividades con
fundamento en el principio de precaución, medida legalizada y confirmada en la
Resolución no. 1199 del 16 de julio de 2013 e inició el proceso sancionatorio a
través de la Resolución número 1200 del 16 de julio de 2013.

3) La imposición de la medida preventiva se efectuó porque la entidad evidenció
que el actor desarrollaba actividades de explotación de arcilla y producción
alfarera de bloque en tres hornos tipo colmena, para lo cual utilizaba como
combustible carbón mineral, labor que se ejecutaba sin contar con el
correspondiente permiso de emisiones atmosféricas.

4) Luego de ser notificado de dichos actos administrativos, el 25 de julio de 2013,
el actor solicitó el permiso de emisiones atmosféricas, empero, la Subdirección
de Planeación del Municipio de Cómbita determinó que el predio donde se
pretendía ejecutar el proyecto estaba por fuera del polígono de la zona
catalogada como industrial; el certificado aportado por el demandante del 8 de
mayo de 2006 no constituía un certificado de uso de suelo, sino que, era una
certificación de acuerdo con el mapa de zonificación económica del Esquema
del Ordenamiento Territorial (EOT) municipal, y el artículo 75-d del Decreto 948
de 1995 establecía que la solicitud que pretendía obtener el aludido permiso
debía incluir un certificado de uso de suelo o documentos públicos que
comprobaran la compatibilidad entre la actividad proyectada y el uso permitido

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

del suelo.

5) En consecuencia, propuso las excepciones que denominó “ausencia de
elementos que estructuren responsabilidad a Corpoboyacá” y “falta de
legitimación en la causa por pasiva”.

2.2 El municipio de Cómbita

1) El municipio de Cómbita (Boyacá) (fls. 569 a 576 cdno. 2) se opuso a las
pretensiones de la demanda, debido a que el demandante no ha cumplido en
debida forma la solicitud de uso de suelos para la ladrillera Rocamar ni ha
obtenido las licencias correspondientes.

2) El POT fue socializado con la comunidad en general en su momento, porque
era improcedente que se hiciera de manera individual al actor, disposición en la
cual se determinó que el sector donde está ubicada la ladrillera se cataloga como
zona agropecuaria con prohibición de zona industrial; en todo caso, si la
autoridad minera autorizaba la explotación, pese a la categoría del uso del suelo,
el municipio podía permitir el funcionamiento de la ladrillera, no obstante, el actor
no solicitó, en debida forma, el certificado de uso de suelos, pues, lo hizo a través
de derecho de petición, que no es el medio adecuado para ello.

3) Resaltó que la Agencia Nacional de Minería rechazó y archivó la solicitud de
formalización de minería tradicional presentada por el actor y que está en curso
un proceso de acción popular impetrada por la comunidad en contra de las
ladrilleras Deco y Rocamar por violaciones de carácter ambiental.

4) Por lo anterior, formuló la excepción que denominó “inexistencia de
responsabilidad directa o indirecta por parte del municipio de Cómbita”.

5) De otro lado, no hay prueba de que el demandante sea el propietario del predio
donde se localiza la ladrillera o que tenga relación alguna con Rocamar, motivo
por el cual formuló la excepción de denominó “falta de legitimación para actuar”.

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

2.3 La Agencia Nacional de Minería

Esta entidad guardó silencio.

3. Audiencia inicial

El magistrado ponente de la primera instancia tuvo por saneado el proceso y,
dado que no se presentaron excepciones previas ni encontró ninguna que
pudiera decidirse de oficio, fijó el litigio2; luego se decretaron las pruebas
solicitadas por las partes y se fijó fecha de audiencia para su práctica (fls. 723 a
735 cdno. 3), la cual trascurrió en condiciones normales, y se ordenó correr
traslado a las partes para que presentaran alegaciones de conclusión (fls. 776 a
779 cdno. 3 y 963 a 965 cdno. 4).

4. Alegatos de conclusión de primera instancia

1) La parte actora, el municipio de Cómbita y Corpoboyacá reiteraron los
argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones a la misma,
respectivamente (fls. 969 a 973 y 980 a 981 cdno. 4).

2) La Agencia Nacional de Minería (fls. 983 a 984 cdno. 4) adujo que no tiene
legitimación en la causa por pasiva, debido a que con la demanda se persigue
la declaración de responsabilidad en virtud de un acto administrativo expedido
por Corpoboyacá; además, el demandante no tenía la titularidad minera puesto
que el 7 de marzo se celebró el contrato de concesión 230-15C, de modo que
para la época de los hechos no existía vínculo jurídico entre la entidad y el actor;
por último, resaltó que cuando el titular es privado de su derecho a explotar no
puede efectuar ningún reclamo al Estado, según lo previsto en el artículo 56 del
Código de Minas.

3) El Ministerio Público (fls. 975 a 979 cdno. 4) rindió concepto en el sentido de

2 Lo hizo en los siguientes términos: “¿Están llamadas a responder, individual o solidariamente,

todas o algunas de las entidades demandadas, por el presunto daño antijurídico irrogado al
accionante en razón de las actuaciones que le impidieron, a través de la Ladrillera Rocamar,
adelantar su labor minera desde la expedición de la orden de suspensión de la actividad de los
hornos de la empresa?” (fl. 6 índice 25 SAMAI).

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

estimar que se debe proferir fallo inhibitorio por indebida escogencia del medio
de control judicial, pues, en la demanda se exponen las razones de
inconformidad con el contenido del acto administrativo que estableció el cambio
de coordenadas por haberse expedido sin competencia, esto es, el oficio del 13
de agosto de 2013 del municipio de Cómbita, en respuesta a un derecho de
petición ejercido por el actor.

En dicho oficio, se señaló que conforme al EOT de Cómbita, adoptado mediante
Acuerdo no. 018 de 9 de junio de 2001, la ladrillera Rocamar se encuentra en
suelos para uso agropecuario y tiene prohibido el uso industrial; adicionalmente,
el demandante cuestiona el procedimiento adelantado por el municipio de
Cómbita, porque, previamente a la expedición de dicha normatividad territorial,
no se lo requirió para que se manifestara sobre el cambio de la zona industrial.

De conformidad con lo anterior, lo que realmente censura el demandante es el
procedimiento administrativo adelantado por el municipio de Cómbita en la
expedición del Plan de Ordenamiento Territorial, cuestionamiento que solo
puede realizarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho; como la adecuación de dicho medio no se efectuó en la demanda,
ahora solo es posible proferir fallo inhibitorio.

Por último, señaló que, aunque el actor atribuye responsabilidad a las demás
entidades, en especial a la Agencia Nacional de Minería por la no expedición de
la respectiva cesión de área dentro del término establecido en el artículo 22 del
Código de Minas, una eventual declaración de responsabilidad de esas
entidades depende del análisis de la legalidad del Acuerdo no. 018 del 9 de junio
de 2001 por medio del cual se adoptó el Esquema de Ordenamiento Territorial
por marte del municipio de Cómbita, para lo cual no es competente el juez de la
reparación directa.

5. La sentencia apelada

1) El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4, en sentencia del
24 de noviembre de 2020 (fls. 1026 a 1037 cdno. ppal.) denegó las pretensiones
de la demanda para lo cual, en primer lugar, estimó que el medio de control

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Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

judicial de reparación directa sí era procedente para demandar en este caso, por
cuanto el demandante manifestó expresamente que no cuestiona la legalidad de
ningún acto administrativo.

2) En cuanto al fondo del asunto, encontró probado que la actividad que
adelantaba el demandante era ilegal porque carecía, tanto de licencia ambiental
para la explotación de la arcilla y materiales de construcción, como del permiso
de emisiones atmosféricas para la producción de ladrillo, de manera que el
interés afectado es ilícito y, por lo tanto, no es susceptible de indemnización.

3) Al margen de lo anterior, consideró que en todo caso el menoscabo no sería
imputable a ninguna de las entidades accionadas por las siguientes razones: i)
el demandante atribuye el daño a la Agencia Nacional de Minería por la mora en
el adelantamiento del trámite de cesión de área iniciado con el fin de pasar a ser
directamente el titular minero del área donde explotaba, sin embargo, ello nada
tiene que ver con el motivo de cierre de la ladrillera, que fue la ausencia del
permiso de emisiones atmosféricas; ii) según el demandante, el municipio de
Cómbita cambió las coordenadas de la zona industrial minera de la localidad sin
previo aviso lo cual impidió la obtención del permiso de emisiones atmosféricas,
pero, esa modificación no ocurrió, de manera que si el actor no estaba de
acuerdo debía demandar el acuerdo municipal; iii) ese mismo argumento es
aplicable para la imputación efectuada a Corpoboyacá, consistente en la
supuesta omisión de supervisar el cambio de las zonas industriales a zonas
agrícolas, pues, ello no ocurrió, es la misma desde el año 2001; la otra
imputación fue por otorgar licencia a una ladrillera contigua, lo que habría violado
el principio de igualdad, no obstante, las situaciones de ambas empresas no era
equiparables.

6. El recurso de apelación

1) La parte demandante (fls. 1045 a 1048 cdno. ppal.) impugnó el fallo de primera
instancia sobre la base de aducir que, contrario a lo concluido en aquel, el actor
actuaba “con legalidad como socio de Cimacom, bajo el amparo del título que
poseía” (fl. 1046 ibidem), quien cumplió con todos los requerimientos para
desarrollar la actividad minera.

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

2) En el año 2013 se presentó el inconveniente porque solicitó al municipio de
Cómbita el uso de suelo como requisito que le exigía Corpoboyacá para otorgarle
el permiso de emisiones atmosféricas, de modo que ha actuado legalmente y ha
estado pendiente de los diferentes requisitos para el funcionamiento de
Rocamar; frente al argumento del a quo según el cual solo hasta el año 2013
solicitó el permiso, manifestó que para solicitarlo es necesario realizar y
presentar planos de manejo ambiental que requieren de tiempo, incluso desde
el año 2011 había pedido a Ingeominas la legalización de su actividad.

3) El actor laboraba con antelación a la orden de cierre emitida por Corpoboyacá
con base en el presupuesto de la minería tradicional que era permitida por la Ley
685 de 2001 y el Decreto 0933 de 2013, además, siempre estuvo dispuesto a
legalizar Rocamar, pues, realizó inversiones e infraestructura que demuestran
que obró de buena fe.

4) El demandante actuaba de forma lícita, porque estuvo atento a cumplir con
los requerimientos propios de la actividad hasta que se cambiaron las
coordenadas de la zona industrial, decisión con la que se rompió el principio de
la buena fe y se vulneró su derecho del debido proceso.

5) Por otro lado, el municipio nunca le socializó la modificación del EOT al actor
y dicha entidad territorial cambió la zona industrial, lo que no podía hacer, pues,
esa función le correspondía a Corpoboyacá; “el municipio de Cómbita y su
concejo municipal (…) no estaban facultados por la ley para reformar el EOT” (fl
1045 respaldo ibidem); con ese cambio se determinó que el predio quedara
ubicado en zona agropecuaria, y antes era zona industrial, por eso obtuvo el
título minero en un inicio; al respecto, si el medio adecuado para reparar el daño
era la nulidad y restablecimiento del derecho, el tribunal debió adecuar el medio
de control.

6) La Agencia Nacional de Minería retardó de manera injustificada la cesión de
área y ese reproche sí tiene que ver con el objeto del litigio porque si esa cesión
se hubiera realizado oportunamente hubiera laborado en forma continua a pesar
de la orden de cierre de actividades a Rocamar impuesta por Corpoboyacá.

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

7) El hecho generador del daño corresponde al momento en que la
administración, a través del concejo municipal, cambió las coordenadas donde
se desarrolla la actividad minera, sin tener autoridad por ministerio de la ley; ese
cambio atentó contra la confianza legítima del actor de que ejercía una actividad
lícita: Rocamar nació legalmente y perduró en esos términos, pero la actividad
se interrumpió por el cambio en los usos del suelo.

8) Había confianza legítima porque la empresa Rocamar estaba registrada en la
Cámara de Comercio de Tunja desde el año 1998, en el año 2000 se le otorgó
licencia ambiental, en el año 2006 la Oficina de Planeación de Cómbita
determinó que la zona donde se encontraba la empresa estaba catalogada como
industrial; por no obtener el uso del suelo se acogió a la minería tradicional, en
el año 2013 cambiaron las coordenadas en acto administrativo y al actor no se
le dio la oportunidad de legalizar la actividad luego de que se determinara que
su actividad se desarrollaba en un suelo considerado para uso agrícola.

7. Alegaciones de conclusión en segunda instancia

1) Corpoboyacá (índice 27 SAMAI) adujo que el daño antijurídico reclamado no
se configuró con la decisión de suspensión de actividades contenida en la
Resolución 1199 del 16 de julio de 2013, por cuanto el demandante no ha
cumplido con los permisos ambientales para su operación (licencia ambiental y
permiso de emisiones atmosféricas), tal como se le informó en la actuación
sancionatoria, por lo tanto, no puede alegar su propia culpa para beneficiarse de
una actividad que no le está permitida, de modo que está obligado a soportar la
carga impuesta.

2) A su turno, la parte actora (índice 28 SAMAI) insistió en que desarrollaba
legalmente actividades de explotación y transformación de ladrillo como socio de
la empresa Cimacom, la cual contaba con licencias y permisos ambientales
vigentes; afirmó que su actividad estuvo siempre amparada por la buena fe y el
cumplimiento normativo, sin que existieran cuestionamientos por parte de la
administración hasta el año 2013; en este sentido, atribuyó la afectación
patrimonial sufrida a una actuación arbitraria e ilegal por parte del Concejo
Municipal de Cómbita, consistente en el cambio de coordenadas de la zona

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

industrial y minera del municipio, sin contar con la competencia para ello ni
adelantar el proceso de socialización exigido en el Decreto 0933 de 2013,
facultades que correspondían, exclusivamente, a Corpoboyacá y a la Agencia
Nacional de Minería; dicho cambio fue inesperado y se produjo sin brindar
oportunidad de adaptación a la nueva situación, pese a que había solicitado
permisos ambientales desde el año 2011 y había actuado con total diligencia
frente a las autoridades competentes; la empresa Rocamar actuó al amparo del
régimen de minería tradicional; insistió en la omisión en la cesión de área minera
oportuna por parte de la Agencia Nacional de Minería y en que el daño
antijurídico es imputable a las entidades demandadas por el desconocimiento de
las expectativas legítimas que había generado la propia administración; por
último, advirtió que la Agencia Nacional de Minería no contestó la demanda y
que el Tribunal Administrativo de Boyacá omitió pronunciarse al respecto.

3) Por su parte, la Agencia Nacional de Minería (índice 30 SAMAI) manifestó que
no tiene legitimación en la causa por pasiva frente a las pretensiones del proceso
dado que el conflicto jurídico se centra en la omisión del otorgamiento de
licencias ambientales por parte de Corpoboyacá; el demandante incumplió los
requisitos exigidos para la obtención de la licencia ambiental y no contaba con
el permiso de emisión atmosférica necesario para la operación minera; esa
situación derivó en la declaratoria de caducidad del contrato y la suspensión de
labores en el título minero; dentro del expediente no se acreditó el valor de los
perjuicios ni se probó la imputación de los mismos a la Agencia Nacional de
Minería, pues, la falta de licenciamiento era atribuible al propio demandante y los
hechos objeto del proceso no guardan relación con la actuación de esta entidad;
por lo tanto, solicitó confirmar la decisión de primera instancia.

4) El Ministerio Público (índice 31 SAMAI) solicitó la confirmación del fallo
apelado por considerar que no se acreditó la existencia de un derecho legítimo
cuya afectación dé lugar a una indemnización patrimonial por parte del Estado;
la actividad desarrollada por el demandante se encontraba sujeta a licencia
ambiental y permiso de emisiones atmosféricas, los cuales no fueron tramitados
ni obtenidos; desde el año 2009 existían medidas preventivas de suspensión
sobre el área del título minero 230-15, conocidas tanto por el concesionario
Cimacom como por el demandante, quien, además, compareció a varias visitas

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

técnicas en las que se reiteró la necesidad de contar con los permisos exigidos;
el contrato de concesión no habilitaba, por sí solo, el ejercicio de la explotación
sin las autorizaciones ambientales respectivas; la cesión de área invocada no
confería por sí misma derechos de explotación, pues, requería la suscripción de
un nuevo contrato de concesión y la obtención de nuevas licencias; el proceso
de legalización como minero tradicional no subsanaba las falencias en el
cumplimiento del marco jurídico ambiental; el principio de confianza legítima no
opera en este caso, debido a que el actor conocía las restricciones impuestas
por la autoridad y persistió en el desarrollo de una actividad que incumplía
normas legales, reglamentarias y contractuales; la afectación económica sufrida
corresponde a una consecuencia legítima de la potestad sancionatoria del
Estado frente a una actividad desarrollada en contravía del ordenamiento
jurídico; de otro lado, los cuestionamientos dirigidos al cambio de uso del suelo
no podían tramitarse por medio de reparación directa, pues, correspondían a un
debate de legalidad del acto administrativo que debió promoverse mediante el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis de procedencia del medio de control judicial ejercido
con la demanda, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso las entidades
demandadas son patrimonialmente responsables del supuesto daño antijurídico
causado con la orden de cierre de los hornos de la empresa Rocamar de
propiedad del demandante, debido al cambio del uso del suelo donde esta se
encuentra y la no expedición de la cesión de área solicitada a la Agencia
Nacional de Minería en los términos establecidos en el Código de Minas.

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
Actor: Carlos Alberto González Grimaldo
Reparación directa - apelación de sentencia

2) La sentencia de primera instancia será revocada y, en su lugar, se declarará
probada, de oficio, la excepción de indebida escogencia del medio de control
judicial ejercido con la demanda por ser evidente que el origen de la imputación
se encuentra en unos actos administrativos respecto de los cuales hay reproches
de legalidad, razón por la cual ha debido interponerse el medio de control judicial
de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de reparación directa.

2. Análisis de procedencia del medio de control judicial ejercido con la
demanda

1) En la demanda se reclama que las entidades demandadas provocaron un
“daño especial” 3 cuando se ordenó el cierre de las actividades en la ladrillera
Rocamar4, por cuanto se implementó un cambio del uso del suelo en la zona
donde se ubica la empresa, en virtud del cual pasó de ser de uso industrial a uso
agrícola, a través de un acto administrativo expedido por el municipio de Cómbita
cuando en realidad quien tenía competencia para ello era Corpoboyacá y,
además, al actor no se lo hizo parte de la actuación administrativa que culminó
con esa decisión; asimismo, la Agencia Nacional de Minería incurrió en una
omisión cuando tardó en concederle la cesión de área solicitada por el actor y
Corpoboyacá cometió omisión en su deber legal de supervisión del cambio de
zonas industriales a agrícolas.

2) En ese contexto, la Sala encuentra que en realidad el fundamento de la
demanda es la expedición irregular de unos actos administrativos, hecho sobre
el cual se insistió en el recurso de apelación; en consecuencia, la Sala encuentra
pertinente pronunciarse sobre la procedencia del medio de control judicial
ejercido con aquella.

3) El medio de control judicial de reparación directa consagrado en el artículo
140 del CPACA está concebido para demandar la reparación del daño derivado

3 Daño consistente en la imposibilidad de explotar la ladrillera.

4 Por medio de la Resolución número 1199 del 16 de julio de 2013, Corpoboyacá legalizó y

confirmó la medida preventiva de suspensión de la actividad de cocción de bloque en tres hornos
tipo colmena, desarrollada por la empresa Rocamar, debido a que desarrollaba actividades de
explotación de arcilla y producción alfarera, para lo cual utilizaba carbón mineral como
combustible, sin contar con el correspondiente permiso de emisiones atmosféricas (fls. 409 a
411 cdno. 2).

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de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal
o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra
causa, siempre que esta última no consista en un acto administrativo, porque
cuando este constituye la fuente de un daño, por regla general, la ley prevé como
medio de control generalmente pertinente el de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Sin embargo, existen casos excepcionales en los que el medio de control de
reparación directa es procedente cuando el daño proviene de actos
administrativos, los cuales esta Subsección ha precisado así:

“A modo de epílogo, son cuatro las excepciones que hasta este
momento se han identificado en la jurisprudencia y que permiten
afirmar que la acción de reparación directa es el cauce procesal idóneo
cuando el origen del daño lo constituya una actuación
administrativa: (i) reparación de perjuicios causados por la ejecución
de actos administrativos consonantes con el ordenamiento jurídico en
los que no se controvierta su legalidad y se atente contra el principio
de igualdad frente a las cargas públicas; (ii) reparación de perjuicios
causados por la expedición y ejecución del acto administrativo ilegal
que haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa por la
propia administración, sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo
del acto administrativo; (iii) reparación como consecuencia de la
configuración de un daño derivado de una manifestación de la
administración contra la cual no procede la acción de legalidad
pertinente, como ocurre con los actos preparatorios o de
trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por la anulación o
revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere beneficiado
al actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere sido
causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento
administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad
administrativa.

Con relación a la primera de las excepciones, se debe distinguir si las
pretensiones cuestionan o no el acto administrativo; de suerte que si
no se discute la legalidad de aquél sino los efectos que produce y que
ponen al afectado en una situación de desequilibrio frente a las cargas
públicas, la reparación directa se torna viable para encausar las
pretensiones así formuladas, bajo el título de imputación de daño
especial por provenir de una actividad lícita y legítima del Estado. A
contrario, si lo que en el fondo se produce es un ataque contra el acto
administrativo, así se invoque una acción diferente, la que procede es
la de nulidad y restablecimiento.”5.

De conformidad con lo anterior, cuando se encuentra que la fuente u origen del
daño es un acto administrativo y que el medio de control ejercido es el de

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. sentencia del 24 de enero de 2019,
proceso No. 25000-23-26-000-2008-10182-01(46806), MP Ramiro Pazos Guerrero.

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
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Reparación directa - apelación de sentencia

reparación directa, es necesario examinar si el caso se ajusta a alguna de las
cuatro excepciones que jurisprudencialmente se han identificado, sin perjuicio
de que puedan presentarse otros eventos.

4) En el presente asunto, se trata de unos actos administrativos, pues, la fuente
del daño cuya reparación se solicita en la demanda está constituida por unas
decisiones tomadas en ejercicio de función administrativa por la administración
que creó una situación jurídica de contenido particular en cabeza del señor
Carlos Alberto González Grimaldos.

5) En primer lugar, se trata del acto administrativo contenido en el oficio a través
del cual el municipio de Cómbita contestó un derecho de petición elevado por el
demandante el 13 de agosto de 2013 con el fin de que le certificara el uso del
suelo como zona industrial minera para efectos de solicitar el permiso de emisión
atmosférica ante Corpoboyacá (fls. 67 a 68 cdno. dda.); el oficio fue expedido el
3 de septiembre de 2013 por el alcalde municipal de Cómbita en los siguientes
términos:

“Una vez revisado el Esquema de Ordenamiento Municipal de Cómbita,
adoptado mediante Acuerdo No. 018 del 09 de junio de 2001, observa
este despacho que la ladrillera Rocamar, localizada en la vereda San
Isidro de esta municipalidad, se encuentra en las unidades de suelo
UR19: suelos para uso agropecuario (…). Que el predio donde se localiza
la ladrillera Rocamar tiene prohibido los siguientes usos de suelo: (…)
usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción
de vivienda.

Con fundamento en la anterior prohibición, no es posible para la Alcaldía
Municipal de Cómbita, certificar el uso de suelo como zona industrial
minera, por ser la reglamentación a que debe someterse su actuación en
esta materia hasta tanto no sean articulados los EOT con los
Ordenamientos Mineros, tal y como consagra el decreto 934 de 2013.

Por las razones anteriormente expuestas no es posible expedir la
certificación solicitada, comoquiera que desborda el contexto funcional
del municipio de Cómbita. Siendo legalmente posible únicamente
certificar el uso del suelo con base en el EOT, certificado que ya ha sido
expedido por la Secretaría de Planeación del Municipio.

No obstante, manifiesta usted en su derecho de petición, que requiere de
dicho certificado para obtener de Corpoboyacá permiso de emisión de
contaminantes al aire, aseveración que en virtud del artículo 3 del decreto
934 de 2013 no resulta cierta (…). Con lo anterior es evidente que el
hecho de que la Administración Municipal de Cómbita expida certificado
de uso de suelo prohibitivo de la actividad minera, no es cortapisa para
que la autoridad ambiental Corpoboyacá tramite el permiso de emisiones

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Expediente 15001-23-33-000-2015-00664-01 (66.828)
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correspondiente, lo contrario sería tanto como desconocer las
disposiciones del decreto 934 de 2013” (fls. 72 a 73 cdno. dda.).

6) Dicho oficio constituye un acto administrativo en tanto la situación jurídica de
contenido particular creada en cabeza del actor por parte del municipio de
Cómbita fue que le denegó su solicitud de certificar el uso del suelo donde se
ubica su empresa como zona industrial minera; según el actor, con esa negativa,
no pudo tramitar el permiso de emisiones atmosféricas que a la postre fue lo que
llevó al cierre de la ladrillera.

7) En la demanda hay claros cuestionamientos de legalidad respecto de ese acto
administrativo, por cuanto, en criterio del demandante, este fue expedido sin
competencia en la medida en que la entidad habría cambiado el uso del suelo
pues previamente había sido catalogado como de uso industrial minero,
competencia que solamente la tenía Corpoboyacá, además, para tomar esa
decisión, el actor no fue citado a la actuación administrativa por tener un interés
directo y, por último, ese supuesto cambio defraudó la confianza legítima del
autor que venía desarrollando la actividad minera pacíficamente desde hacía
varios años.

8) En ese contexto, los cuestionamientos de legalidad del acto son evidentes,
pues, el actor estima que se expidió sin competencia y con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, causales de nulidad consagradas
expresamente en el artículo 137 del CPACA; asimismo, la defraudación de la
confianza legítima constituye un cargo de nulidad6.

9) Aunque el actor afirma que con esa decisión se modificó el EOT de Cómbita
y las entidades demandadas alegan que dicho cambio nunca ocurrió 7, esa

6 En ese sentido se pronunció esta misma Sala en un caso relacionado con el tema que ahora

se aborda: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida el 10 de
junio de 2022, proceso no. 1500-12-333-000-2013-00533-01 (AG); MP Fredy Ibarra Martínez.

7 En el cuestionario resuelto por el municipio en virtud de una prueba decretada en el proceso,

manifestó que no se le había hecho ninguna modificación al Acuerdo municipal número 018 de
2001 que contiene el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Cómbita (fls. 837 a
852 cdno. 3); de otro lado, Corpoboyacá, en la contestación de la demanda, aseguró que el
certificado aportado por el demandante del 8 de mayo de 2006 con el cual pretendía evidenciar
que ese cambio sí ocurrió porque el municipio certificó que el predio se encontraba en zona de
actividad minera (fl. 29 cdno. dda.), no constituía un certificado de uso de suelo, sino que era una
certificación de acuerdo con el mapa de zonificación económica del Esquema del Ordenamiento
Territorial municipal (EOT).

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discusión debe mantenerse al margen en este caso, debido a que el juez de la
reparación directa no tiene competencia para pronunciarse respecto del
contenido y validez del acto administrativo.

10) Si bien la parte actora fundamenta la interposición de la demanda a través
del medio de control de reparación directa en el hecho de que se trató de un
daño especial, lo cierto es que su argumentación se reduce a que el acto fue
expedido sin competencia, con violación del debido proceso y defraudación de
la confianza legítima.

11) En esa perspectiva entonces, para la Sala es claro que se controvierte la
legalidad de dicho acto, pues, se efectuó una imputación de la que expresamente
se deriva tal cuestionamiento, imputación que fue reafirmada en el recurso de
apelación con esos mismos tres cargos de nulidad; tanto fue así que, en dicho
recurso, el demandante afirmó que si el medio adecuado para reparar el daño
era la nulidad y restablecimiento del derecho, el tribunal debió adecuar el medio
de control, frente a lo cual la Sala advierte que si en primera instancia no se
efectuó tal adecuación, ello no es óbice para que en esta instancia no se pueda
proferir fallo inhibitorio, tal como lo consideró el Ministerio Público en primera
instancia, y en esta instancia ya no es posible adecuarlo porque ello violaría el
derecho de defensa de la contraparte.

12) De otro lado, el mencionado acto administrativo en cuestión, según las
pruebas que obran en el expediente, no ha sido anulado ni ha sido objeto de
revocatoria directa por la propia administración, tampoco se trata de un acto
preparatorio o de trámite, de manera que el presente asunto no está cubierto por
ninguna de las excepciones previstas para que proceda el medio de control
judicial de reparación directa cuando el origen del daño lo constituye un acto
administrativo.

13) Por lo tanto, si el daño tiene origen en un acto administrativo de carácter
particular y concreto el medio de control judicial procedente es el de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues, para obtener el resarcimiento del perjuicio
es indispensable el pronunciamiento y decisión preliminar acerca de la legalidad
o validez jurídica del acto por violación de los preceptos superiores, para efectos

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de desvirtuar la presunción de legalidad y veracidad que revisten tales actos
jurídicos, que hacen obligatorio su cumplimiento y obedecimiento en los términos
del artículo 91 del CPACA.

14) Por otra parte, en relación con la omisión imputada a Corpoboyacá por haber
incumplido su deber legal de supervisión del cambio de zonas industriales a
agrícolas, la Sala encuentra que es una imputación relacionada directamente
con el acto administrativo acusado, que se presume legal, por lo tanto, mientras
no sea declarada su nulidad, dicha omisión es inexistente.

15) En todo caso, si el actor no estaba de acuerdo con lo establecido en el
Acuerdo 018 del 9 de junio de 2001 a través del cual el Concejo Municipal de
Cómbita expidió el Esquema de Ordenamiento Territorial de dicho municipio,
también debía demandar la nulidad de ese acto administrativo.

16) En cuanto a la omisión endilgada a la Agencia Nacional de Minería por haber
incurrido, supuestamente, en demora en concederle la cesión de área solicitada
por el actor, la Sala encuentra que también se trata de un reproche de legalidad
de un acto administrativo expedido por dicha entidad mediante el cual concedió
la aludida cesión en julio de 20168, puesto que, se alegó en la demanda y reiteró
en el recurso de apelación, que la entidad violó lo previsto en el artículo 22 del
Código de Minas, esto es, el término de 45 días para el efecto.

17) Por lo tanto, aunque la parte actora dijo ejercer, nominalmente, el medio de
control judicial de reparación directa, lo cierto es que, del contenido de los
hechos, de las pretensiones de la demanda y de la causa petendi de la misma,
así como también del recurso de apelación, la Sala advierte, sin hesitación
alguna, que el fundamento de la demanda se encuentra en la expedición de unos
precisos actos administrativos sin los requisitos de ley y, por ende, ello implica,
inequívocamente, cuestionar su legalidad.

18) En ese orden de ideas, desde el punto de vista material, el medio de control
judicial que debió interponerse era el de nulidad y de restablecimiento del

8 Este acto administrativo no se encuentra en el expediente.

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derecho, razón por la cual la Sala encuentra que se incurrió en indebida
escogencia del medio de control judicial, situación que torna improcedente un
pronunciamiento de fondo por cuanto la adecuada escogencia del medio de
control constituye presupuesto de la sentencia de mérito, tal como lo ha
sostenido esta Sección del Consejo de Estado9.

19) La Sala pone de presente que la parte actora no presentó reparos de
legalidad frente al acto administrativo a través del cual Corpoboyacá ordenó la
suspensión de actividades de la ladrillera Rocamar, esto es, la Resolución
número 1199 del 16 de julio de 2013, en tanto dicha decisión se tomó con
fundamento en que la empresa no contaba con el permiso de emisiones
atmosféricas, hecho que no discute el demandante; la discusión radica en que
la parte actora no pudo obtener dicho permiso debido al cambio del uso del suelo
que supuestamente efectuó el municipio de Cómbita, decisión respecto de la
cual sí se reprocha su legalidad; en ese orden de ideas, no hay cuestionamiento
al acto administrativo expedido por Corpoboyacá, sino que a partir de ahí se
concretó el daño alegado por el actor; incluso en la subsanación de la demanda
se señaló que no atacaba su legalidad.

20) Por último, la Sala precisa que el supuesto daño especial causado por
Corpoboyacá por haber otorgado licencia ambiental a la ladrillera Deco, debido
a que dicha empresa se encontraba en la mismas condiciones de Rocamar y,
por lo tanto, que habría violado el derecho a la igualdad, el tribunal de primera
instancia estimó que las situaciones de ambas empresas no eran equiparables,
decisión respecto de la cual no hubo reproche alguno en el recurso de apelación,
motivo por el cual esta Sala no tiene competencia para pronunciarse al respecto.

3. Conclusión

Por haberse interpuesto la demanda con indebida escogencia del medio de
control judicial legalmente procedente, se impone revocar la sentencia apelada,

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2010, proceso

No. 17811 - 88001-23-31-000-1997-00207-01 (17.811), MP Mauricio Fajardo Gómez.

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para en su lugar declarar probada esa excepción de oficio y, por lo tanto, inhibirse
de pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a juicio.

4. Condena en costas

La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del artículo
365 del CGP porque a la parte demandante se le resolvió desfavorablemente el
recurso de apelación interpuesto, para lo cual el tribunal de origen liquidará la
condena en costas de manera concentrada, según lo previsto en los artículos
365 y 366 del CGP, con inclusión de las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA:

1º) Revócase la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala Decisión 4 y, en su lugar, declárase probada
la excepción de indebida escogencia del medio de control judicial de reparación
directa e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la
demanda.

2°) Condénase a la parte demandante a pagar a las entidades demandadas las
costas que se hubieren causado en esta instancia, las cuales serán liquidadas
por el tribunal de origen; inclúyanse igualmente las agencias en derecho en
segunda instancia en favor de las entidades demandadas, tásense de manera
concentrada por el tribunal de primera instancia.

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3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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