Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00651-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00651-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2016-00651-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintinueve (29) de Enero de Dos mil Veintiséis (2026).
Radicado : 15001233300020160065101 (1968-2018)1
Demandante : Blanca Myriam González Bautista
Demandado : Municipio de Tunja – Contraloría Municipal de Tunja y
Administradora Colombiana de Pensiones
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
control 2011
Tema : Competencia para el reconocimiento pensional
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la apoderada judicial de la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), contra la sentencia dictada el
Catorce (14) de Diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
La señora Blanca Myriam González Bautista, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el propósito de solicitar la nulidad de los
siguientes actos administrativos:
(i) Oficio OA-1537 del Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014), mediante
el cual, el contralor municipal de Tunja, negó la petición de pensión de vejez, presentada
el Veinticuatro (24) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014).
1 Expediente Hibrido.
2 Ff. 1 a 7 expediente físico.
2
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
(ii) Oficio OA-463 del Quince (15) de Abril de Dos 2016, a través del cual, el contralor
municipal de Tunja, negó la petición de pensión de vejez, presentada el Once (11) de
marzo de Dos Mil Quince (2015)
(iii) y Oficio OA-652 del Primero (1) de Junio de Dos Mil Quince (2015), por medio del
cual, el contralor municipal de Tunja, negó los reconocimientos de emolumentos y
acreencias laborales, pensionales, salariales y prestacionales durante el período
comprendido entre el Catorce (14) de Enero de Mil Novecientos Ochenta y Uno (1981) y
el Catorce (14) de Abril de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982)
(iv) Resolución No. 0436 del Doce (12) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), por
la cual, la Alcaldía Mayor de Tunja, Boyacá, declaró la incompetencia del Fondo Territorial
de Pensiones del municipio de Tunja3.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) el reconocimiento del tiempo laborado
por la demandante en la Contraloría Municipal de Tunja, entre el 14 de enero de 1981 y
el 14 de abril de 1982, como una relación laboral encubierta bajo la forma de un contrato
de prestación de servicios; (ii) el reconocimiento de todo el tiempo laborado por la
demandante en la Contraloría Municipal de Tunja (del 14 de enero de 1981, al 9 de julio
de 2001), como tiempo de servicios válido para pensiones; (iii) el reconocimiento,
liquidación y pago de una pensión de vejez, con aplicación de la Ley 33 de 1985, efectiva
a los 55 años, a partir del 6 de marzo de 2012.
En subsidio de las anteriores pretensiones, solicitó que; (i) se le reconozca una pensión
de invalidez, efectiva a partir de su estructuración, el 8 de noviembre de 2008; o en su
defecto, (ii) que se le reconozca, liquide y pague una indemnización equivalente a la
pensión vitalicia, los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social,
correspondientes a un servidor del municipio de Tunja, Contraloría Municipal de Tunja,
generados por todo el tiempo servido.
Junto con sus pretensiones declarativas, requirió que todas las sumas objeto de condena
sean actualizadas. Al tiempo, que se condene en costas a las demandadas.
1.2 Hechos
Según la narración de la demanda, en resumen:
3
Mediante auto del 4 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Boyacá, solicitó al municipio remitiera la resolución incorporando dicho acto de
manera oficiosa al proceso
3
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
Blanca Myriam González Bautista trabajó para la Contraloría Municipal de Tunja, por más
de 20 años, esto es, desde el Catorce (14) de Enero de Mil Novecientos Ochenta y uno
(1981), hasta el Nueve (9) de Julio de Dos Mil Uno (2001), ejerciendo diversos cargos,
como auditora y profesional universitario, código 340, grado 05.
El tiempo servido entre el Catorce (14) de Enero de Mil Novecientos Ochenta y Uno
(1981) y el Catorce (14) de Abril de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982), lo cumplió
mediante contrato de prestación de servicios profesionales, desarrollando actividades de
carácter habitual y permanente.
Durante todo el tiempo de vinculación, a la señora González Bautista se le hicieron
descuentos para previsión y seguridad social, a la Caja de Previsión Social de Tunja y
luego al Fondo Territorial Pensional de Tunja. Sin embargo, al momento de la entrada en
vigor del Sistema General de Seguridad Social, su empleador nunca la afilió a un fondo
de pensiones.
La relación entre la Contraloría Municipal de Tunja y Blanca Myriam González Bautista,
siempre fue de carácter laboral, incluido el periodo durante el cual cumplió funciones
como contratista, pues siempre hubo dependencia y subordinación, sus labores no se
diferenciaban de sus compañeros de trabajo que sí eran servidores públicos, con lo cual,
se infringió el principio de la igualdad.
La demandante solicitó la pensión de vejez, pero el municipio de Tunja y la Contraloría
Municipal de Tunja se la negaron.
La señora González Bautista, experimenta una invalidez estructurada desde el Ocho (8)
de Noviembre de Dos Mil Seis (2006), con pérdida de la capacidad laboral del 70%, por
enfermedad de origen común.
1.3. Normas violadas y concepto de violación.
Como disposiciones violadas citó las siguientes:
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Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 28, 44, 48, 53, 90, 122, 123,
124 numeral 4, 125, 209, 229, 300 numeral 7 y 305; las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993;
y los Decretos 1042 de 1978, 1950 de 1973, 3074 de 1968, 1569 de 1998, 222 de 1983.
Más adelante, como concepto de violación indicó que, en el presente caso se configuran
los tres elementos esenciales que determinan la existencia de una relación laboral,
siendo estos: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. En
ese entendido, solicitó que se declare la existencia de una relación laboral encubierta,
bajo la forma de un contrato de prestación de servicios.
A su juicio, la situación descrita afrenta el principio constitucional de la primacía de la
realidad sobre las formas, de ahí que, sea procedente el reconocimiento de los derechos
laborales que le fueron desconocidos a la demandante, en su condición de trabajadora.
De otro lado, argumentó que, el incumplimiento por parte del empleador respecto de sus
obligaciones de cotizar al sistema pensional, le trasladan la responsabilidad por las
prestaciones a cargo del sistema, de tal modo que, la Contraloría Municipal de Tunja, al
no afiliar a la demandante al sistema de pensiones, no puede trasladarle a ella, las
consecuencias de su incumplimiento, por el contrario, le corresponde asumirlas. Con
apoyo en el anterior argumento, el ente de control municipal debe asumir la pensión de
vejez a que tiene derecho la actora, con aplicación de la sentencia de unificación emitida
por esta Corporación, el 4 de agosto de 2010, en la que se agotó la discusión sobre el
régimen de transición de la Ley 33 de 1985.
2. Contestaciones de la demanda.
2.1. Municipio de Tunja4
El apoderado del ente territorial se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Como
primer argumento, sostuvo que, la demandante no laboró directamente para dicha
entidad, sino para la Contraloría Municipal de Tunja, organismo que cuenta con
personería jurídica y autonomía administrativa propias, razón por la cual, no podría
atribuírsele vínculo alguno con el ente territorial demandado. En consonancia con lo
anterior, afirmó que corresponde a la Contraloría Municipal de Tunja, adelantar ante
4
Ff. 114 a 131 expediente físico.
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Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
Colpensiones, la gestión del cálculo actuarial de los tiempos laborados y no cotizados por
la señora González Bautista, a efectos que dicha entidad proceda, en caso de ser viable,
al reconocimiento del derecho pensional reclamado.
De manera adicional, el apoderado citó diversos precedentes de la Corte Constitucional,
el Consejo de Estado y tribunales administrativos, de los cuales, concluyó que, las
pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, por cuanto operó el
fenómeno de la prescripción. Al respecto, indicó que la presunta relación laboral, se
habría desarrollado entre el 14 de enero de 1981 y el 14 de abril de 1982, mientras que
la reclamación administrativa fue presentada el 10 de diciembre de 2014, esto es,
transcurridos más de (32) años, término que excede ampliamente los plazos previstos en
el Decreto 1848 de 1969, el Decreto 3135 de 1968 y el Código Sustantivo del Trabajo.
Por último, propuso las excepciones que denominó «prescripción», «falta de legitimación en la
causa por pasiva» y «falta de integración del litisconsorcio necesario».
2.2. Contraloría Municipal de Tunja5
La apoderada de esta demandada, también se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda. Para sustentar su postura, afirmó que, la entidad carece de
competencia para efectuar reconocimientos pensionales y que, en todo caso, realizó
oportunamente las cotizaciones correspondientes, a la Caja de Previsión Social de Tunja
y al Fondo Territorial de Pensiones de Tunja. Asimismo, efectuó amplias citas del Decreto
1068 de 1995, de la Ley 100 de 1993 y de pronunciamientos de esta Corporación, con el
propósito de sostener que, ante la inactividad de la trabajadora, la entidad actuó conforme
a las facultades previstas en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 25 del
Decreto 692 de 1994.
En relación con la declaratoria de la relación laboral pretendida por la demandante, señaló
que, el vínculo existente correspondió a un contrato de prestación de servicios, celebrado
con plena sujeción al ordenamiento jurídico, el cual no ha sido anulado y, por ende, goza
de presunción de legalidad. En ese sentido, sostuvo que, reconocer las prerrogativas
propias de una relación laboral, resultaría contrario al ordenamiento jurídico, razón por la
5
197 a 217 expediente físico.
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Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
cual, la entidad no aceptó la existencia de dicho vínculo en los actos administrativos
demandados.
De igual manera, propuso las excepciones que tituló «ineptitud de la demanda», «caducidad del
medio de control», «prescripción de derechos laborales», «falta de legitimación en la causa por pasiva» e
«inexistencia del derecho reclamado en contra de la Contraloría Municipal de Tunja» .
2.3. Administradora Colombiana de Pensiones6
En el auto admisorio de la demanda, se vinculó a esta entidad como tercero interesado,
en consecuencia, se la notificó de dicha decisión personalmente. En respuesta a la
integración al proceso, la apoderada de la entidad contestó oportunamente la demanda
y solicitó que se absuelva a su defendida de todas las pretensiones.
Como primera medida, argumentó que, las pretensiones están dirigidas en contra del
Municipio de Tunja y la Contraloría Municipal de Tunja, además que, la señora González
Bautista no está afiliada a Colpensiones, de ahí que, no exista ninguna relación jurídica
entre ella y la entidad, que habilite alguna condena.
En específico explicó que, la demandante registra una afiliación al Fondo de Pensiones
Protección S.A, desde el 6 de marzo de 1996, solicitó su traslado a Colpensiones en el
año 2013 y la entidad se lo negó, en ese sentido, no estaría legitimada para responder
por los reconocimientos pensionales pretendidos por la demandante.
En esos términos, propuso las excepciones que denominó «haber notificado del auto admisorio
a persona distinta de la que fue demandada», «falta de legitimación en la causa» «cobro de lo no debido»,
«buena fe», «prescripción» y la «innominada o genérica».
3. La sentencia de primera instancia7.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del Catorce (14) de Diciembre de Dos
Mil Diecisiete (2017), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda e impuso
condena en costas, disponiendo:
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Ff. 243 a 248 expediente físico.
7 Ff. 347 a 389 expediente físico.
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Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
«PRIMERO: No prosperan las excepciones de cobro de lo no debido, buena fe, inexistencia del
derecho reclamado contra la Contraloría Municipal de Tunja y prescripción de los derechos laborales,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, presentada por Blanca Myriam González Bautista contra el municipio de Tunja-Fondo
Territorial de Pensiones y Contraloría Municipal de Tunja. En consecuencia, se declara la nulidad del
oficio de fecha 1 de junio de 2015 con radicado de salida AO-652 suscrito por el contralor municipal
de Tunja, mediante el cual se niega el reconocimiento de los derechos laborales reclamados por la
señora Blanca Myriam González Bautista.
TERCERO: Declarar la existencia de la relación laboral entre Blanca Myriam González Bautista y la
Contraloría Municipal de Tunja, por el período correspondiente al catorce (14) de enero de mil
novecientos ochenta y uno (1981) y el catorce (14) de abril de mil novecientos ochenta y dos
(1982).
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho la Contraloría Municipal de Tunja reconocerá a
Blanca Myriam González Bautista la totalidad de los aportes para pensiones del periodo
correspondiente al catorce (14) de enero de mil novecientos ochenta y uno (1981) y el catorce (14)
de abril de mil novecientos ochenta y dos (1982).
Para el efecto, la Contraloría Municipal de Tunja i) tomará el ingreso base de cotización por ese
período de tiempo; ii) realizará el cálculo actuarial; y iii) remitirá las cotizaciones a la Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.
QUINTO: La contraloría Municipal de Tunja expedirá certificado de información laboral con destino
al Fondo Territorial de Pensiones, en el que incluya el período comprendido entre el catorce (14) de
enero de mil novecientos ochenta y uno (1981) y el catorce de abril de mil novecientos ochenta y
dos (1982).
Lo anterior en el término máximo de quince (15) días, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia.
SEXTO: Se declara la nulidad del artículo segundo de la Resolución N.o 0436 del 12 de
noviembre de 2014, expedida por la Secretaría Administrativa del Municipio de Tunja.
SÉPTIMO: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del artículo segundo de la Resolución
N.o 0436 del 12 de noviembre de 2014, expedida por la Secretaría Administrativa del Municipio de
Tunja y a título de restablecimiento del derecho, el Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de
Tunja emitirá a favor de COLPENSIONES el Bono Pensional por los aportes realizados por Blanca
Myriam González Bautista entre el veintiuno (21) de abril de mil novecientos ochenta y dos (1982) y
el nueve (9) de julio de dos mil uno (2001), en el término máximo de noventa (90) días, contados a
partir de la ejecutoria de esta providencia.
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Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
OCTAVO: Se declara la nulidad del oficio BZ2014_10326663-3216499 del 11 de diciembre expedido
por la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.
NOVENO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho,
la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, una vez haya emitido el bono
pensional, reconocerá y pagará a Blanca Myriam González Bautista identificada con la cédula de
ciudadanía N.o 40.014.0385 de Tunja, a partir del 7 de marzo de 2012, una pensión de vejez en las
siguientes cuantías:
AÑO PENSIÓN MENSUAL
2012 1.297.897
2013 1.329.566
2014 1.355.360
2015 1.404.966
2016 1.500.082
2017 1.586.337
Parágrafo: La pensión a reconocer a partir de la ejecutoria de esta sentencia para el año 2017 será
de UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
($1.586.337). en adelante, la administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- aplicará
a la mesada pensional los reajustes anuales, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley 100 de
1993 o las normas que la modifiquen.
DÉCIMO: De la condena en relación con el reconocimiento pensional, la Administradora Colombiana
de Pensiones -COLPENSIONES- deberá realizar los descuentos que no se hubieran efectuado al
Sistema General en Pensiones, durante los últimos cinco (5) años de la vida laboral,
comprendidos entre el 9 de julio de 1996 y el 8 de julio de 2001, por prescripción extintiva, en
el porcentaje que le correspondía al entonces empleado. El monto máximo no podrá superar el
valor de la condena a favor de la demandante. (…)».
En sustento de su decisión, el Tribunal consideró que, en el expediente obraban diversos
documentos que acreditaban la existencia de una relación laboral encubierta, bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios con la Contraloría Municipal de Tunja,
desarrollada entre el Catorce (14) de Enero de Mil Novecientos Ochenta y Uno (1981) y
el Catorce (14) de Abril de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982). Con base en dicho
supuesto fáctico, declaró la nulidad de los actos administrativos en lo concerniente a ese
aspecto.
No obstante lo anterior, el A-quo determinó que, había operado el fenómeno de la
prescripción respecto de los derechos prestacionales derivados de dicha relación, con
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excepción de los aportes pensionales, conforme a las reglas jurisprudenciales fijadas en
la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, el Doce
(12) de Agosto de Dos Mil Dieciséis (2016).
Seguidamente, el Tribunal examinó el reconocimiento pensional que correspondía a la
demandante y advirtió que el Fondo Territorial de Pensiones de Tunja carecía de
competencia para efectuarlo. En consecuencia, impuso a dicha entidad, la obligación de
realizar el cálculo actuarial de los aportes correspondientes al período comprendido entre
el Veintiuno (21) de Abril de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982) y el Nueve (9) de Julio
de Dos Mil Uno (2001), con el fin de trasladarlos al fondo de pensiones competente.
Así mismo, destacó que la demandante diligenció formularios de afiliación al fondo de
pensiones Davivir, posteriormente ING y luego absorbido por Protección S.A.; sin
embargo, identificó anotaciones e inconsistencias, que le permitieron concluir que dicha
afiliación nunca se perfeccionó, ni produjo efectos jurídicos. En ese contexto, el
empleador de la actora no efectuó cotizaciones a dicho fondo, por lo que los aportes
correspondientes a toda su relación laboral, permanecieron en el Fondo Territorial de
Pensiones de Tunja. En consecuencia, estimó que tales recursos debían ser trasladados
a Colpensiones, en atención a que el referido fondo territorial, perdió toda competencia
para el reconocimiento de prestaciones pensionales, con el fin de garantizar el derecho
a la seguridad social de la señora González Bautista.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que, a Colpensiones, como entidad
receptora de los recursos que deben girar las entidades territoriales para la financiación
de la pensión, le correspondía reconocer la mesada pensional solicitada. Ello, al
considerar que, la demandante quedó en estado de desprotección y no obtuvo respuesta
efectiva a su solicitud pensional, por un error imputable al Estado, situación que fue
valorada a la luz de su condición de sujeto de especial protección constitucional, por
tratarse de una persona adulta mayor, en condición de discapacidad.
Finalmente, la sentencia de primera instancia abordó la aplicación del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993 y procedió a liquidar la mesada pensional con
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios,
conforme al criterio jurisprudencial unificado vigente para la época. Igualmente, analizó
la prescripción de las mesadas pensionales y concluyó que esta no se configuró, teniendo
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en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento pensional ante el
Fondo Territorial de Pensiones y la interposición de la demanda.
Por último, ordenó el descuento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social,
correspondientes a los últimos cinco (5) años de servicios, con cargo al retroactivo
pensional reconocido, y condenó en costas a la parte demandada.
4. Del recurso de apelación8.
Inconforme con la decisión de primera instancia, la apoderada de Colpensiones interpuso
recurso de apelación, reiterando, en lo sustancial, los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda. En tal sentido, sostuvo que, la entidad carece de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que la señora Blanca Myriam
González Bautista no registra afiliación alguna a dicho fondo de pensiones.
Indicó que, en el expediente obra el contrato de afiliación y la consulta efectuada al
Registro Único de Afiliados al Sistema de la Protección Social (RUAF), de los cuales, se
desprende que, la demandante manifestó su voluntad de afiliarse al régimen de ahorro
individual con solidaridad. Precisó que dichos documentos no fueron desconocidos ni
tachados de falsos; sin embargo, en la sentencia de primera instancia se desestimó la
afiliación, con fundamento en una anotación manuscrita, en la que se consignó que «la
afiliación nunca se hizo efectiva», elemento que, a su juicio, carece de valor probatorio.
Asimismo, con apoyo en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, adujo que, las consecuencias derivadas de la falta de afiliación,
deben ser asumidas por el empleador y no por un fondo de pensiones ajeno a la relación
laboral.
En la misma línea, afirmó que la nulidad del oficio BZ2014_10326663-3216499 del 11 de
diciembre de 2014, no hizo parte de las pretensiones de la demanda ni fue objeto de
debate durante el proceso, por lo que su declaratoria vulnera los derechos de defensa y
contradicción de la entidad. Agregó que, se condenó a Colpensiones al reconocimiento
de una prestación pensional respecto de la cual la demandante no agotó reclamación
8 Ff. 391 a 399 expediente físico.
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administrativa previa, aunado a que la entidad fue vinculada al proceso como tercero con
interés, sin que se hubiera formulado pretensión directa en su contra.
De otra parte, sostuvo que, al haberse producido el traslado al régimen de ahorro
individual con solidaridad, sin que se cumplieran los requisitos para un eventual retorno,
no resulta aplicable a la demandante el régimen de transición. En concordancia con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, afirmó que, la liquidación pensional no puede
incluir la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, sino que, debe efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. Igualmente, cuestionó la conclusión del A quo según la cual, no operó la
prescripción de mesadas, al considerar que la solicitud elevada por la demandante ante
el Fondo Territorial de Pensiones, no produce efectos jurídicos frente a Colpensiones.
Finalmente, se refirió a las pretensiones subsidiarias relacionadas con el reconocimiento
de una pensión de invalidez, señalando que la demandante no tendría derecho a dicha
prestación, en tanto no contaba con una afiliación activa durante el año inmediatamente
anterior a la estructuración del estado de invalidez.
5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto de fecha 19 de febrero de 20209, se admitió el recurso de apelación,
conforme a lo previsto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
El apoderado de la demandante en este proceso, interpuso recurso de apelación en
contra del auto que admitió el recurso de apelación10, mismo que se resolvió
negativamente, a través de providencia del 26 de julio de 202211.
Finalmente, por auto del 24 de julio de 202412, este Despacho prescindió de la audiencia
de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
9 Ff. 431 expediente físico.
10
447 a 449 expediente físico.
11
Ff. 512 a 514 expediente físico.
12
Ff. 521 a 522 expediente físico.
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modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso y corrió traslado para
presentar alegatos de conclusión por escrito, en el término de 10 días.
Estando el proceso a despacho para fallo, mediante auto del Ocho (8) de Septiembre de
Dos Mil Veinticinco (2025)13, se ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, en su
calidad de administrador del RUAF, certificara si la demandante Blanca Myriam González
Bautista, se encuentra afiliada a algún fondo de pensiones, indicando el régimen, la fecha
de afiliación y allegando los documentos correspondientes.
El Ministerio de Salud y Protección Social, allegó certificado en el cual, se relaciona que,
consultado el Registro Único de Afiliados, con fecha de corte del Catorce (14) de
Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), la demandante no registra ninguna afiliación a
algún fondo de pensiones. Igualmente, expuso que la actora registra una pensión activa
bajo las siguientes condiciones14:
• Entidad pagadora: CONSORCIO FOPEP 2015.
• Entidad que reconoce la pensión: UGPP.
• Tipo de pensión: Sobrevivencia – Vitalicia – Riesgo Común.
• Régimen: Régimen de prima media con tope máximo de pensión.
• Resolución: No. 3654615 del 09/09/2015.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)15, el Juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
13
Samai 87
14
Samai 98
15
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer
más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”
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Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
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Colpensiones
Corresponde a la Sala establecer, si revoca la sentencia del Catorce (14) de Diciembre
de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, se plantean los
siguientes cuestionamientos:
1- Establecer si como lo aduce Colpensiones, la competencia para el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación de la señora Blanca Myriam González Bautista,
corresponde a Protección SA; o si, por el contrario, dicha obligación atañe a la
Contraloría municipal de Tunja Boyacá, al ser la entidad empleadora que omitió la
afiliación a un fondo de pensiones, la que debe asumir el pago de la prestación
pensional de la que sería beneficiaria la demandante.
2- De ser procedente el reconocimiento pensional, determinar cuál es el régimen
pensional aplicable al caso concreto. Además, establecer si la mesada debe
liquidarse con base en la totalidad de todos los factores salariales devengados
durante los últimos diez (10) años de servicio, como lo sostiene la entidad
demandada.
3- Determinar si operó o no la prescripción de las mesadas pensionales.
4- Definir si se vulneraron los derechos de defensa y contradicción de Colpensiones,
como consecuencia de la declaratoria de nulidad del oficio BZ2014_10326663-
3216499 del once (11) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014).
5- En subsidio, y en caso de no prosperar las pretensiones principales, establecer si
procede el reconocimiento de una pensión de invalidez a favor de la señora Blanca
Myriam González Bautista.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el sistema general de pensiones y
responsabilidades del empleador en la afiliación al fondo de pensiones; 2.4. Hechos
probados; y 2.5. Caso concreto.
2.3 Marco normativo y jurisprudencial del Sistema General de Pensiones
Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 199316, fue expedida por el Congreso
de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de
16
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones»
14
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regímenes pensionales especiales existentes17, este estatuto también tuvo como objeto, el
de garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad, para obtener una
calidad de vida acorde con la dignidad humana.
En efecto, el artículo 12 de la Ley 100 de 199318 creó dos regímenes pensionales, el de
prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad, cada uno con
unas características particulares y principios orientadores.
Así las cosas, y como lo ha expuesto esta Subsección19 en el análisis de la ley 100 de
1993, se precisó que, en el artículo 52 de la citada norma se determinó que «el régimen de
prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales», función
ahora en cabeza de Colpensiones20, y estableció que «[l]as cajas, fondos o entidades de
seguridad social existentes, del sector público o privado, administrarán este régimen respecto de sus
afiliados y mientras dichas entidades subsistan», previsión que se acompasa con la prohibición
general para crear nuevos organismos de previsión o de seguridad social en el sector
público contenida en el artículo 129 ibidem»
En dicho precedente se indicó que, en los términos del artículo 15 de la mentada Ley, las
personas naturales que prestaban sus servicios al Estado fueron calificados como
afiliados obligatorios al sistema y, a voces del 128, les era dable escoger el régimen al
que desearan afiliarse21, y quienes se acogieran al régimen de prima media con
prestación definida, podían continuar afiliados al organismo en el cual estuvieran
vinculados22.
A su vez precisó la Subsección, que en todo caso, el artículo 36 de la mentada Ley 100
17
«[...]es necesario tener en cuenta que antes de la Constitución de 1991 y de la Ley 100 de 1993, Colombia no contaba realmente con un sistema integral de
pensiones, sino que coexistían múltiples regímenes, administrados por distintas entidades de seguridad social. Así, en el sector oficial, el reconocimiento y pago
de las pensiones de los servidores públicos correspondía en general a la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y a las cajas de las entidades territoriales, aun
cuando también existían otras entidades oficiales encargadas de ese manejo para determinados sectores de empleados, como los miembros de la Fuerza
Pública. Por su parte, inicialmente, el reconocimiento y pago de las pensiones de los trabajadores privados era responsabilidad directa de ciertos empresarios,
ya que la jubilación, conforme a la legislación laboral, en especial al artículo 260 del Código del Trabajo y a las leyes 6 de 1945 y 65 de 1946, era una prestación
especial únicamente para ciertos patronos, a saber, para las empresas con capital mayor a ochocientos mil pesos. Igualmente, en algunos casos, y para
determinados sectores económicos, la normatividad laboral admitió que se constituyeran cajas de previsión privadas, como CAXDAC. Finalmente, sólo a partir
de 1967, el ISS empezó a asumir el reconocimiento y pago de pensiones de trabajadores privados. Esas distintas entidades de seguridad social no sólo
coexistían sino que prácticamente no había relaciones entre ellas. […] Sin embargo, en términos generales, había una suerte de paralelismo entre los distintos
regímenes de seguridad social que, como esta Corte lo ha reconocido, era una de las principales causas “de la ineficiencia en el sector y de la vulneración de
los derechos de los trabajadores”. En tal contexto, una de las finalidades esenciales de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de los principios de universalidad,
eficiencia y solidaridad que rigen la seguridad social (CP art. 48), fue superar esa desarticulación entre los distintos regímenes pensionales, que no sólo hacía
más difícil el manejo general de esta prestación sino que se traducía en inequidades manifiestas para los trabajadores». Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia C-177 de 1998. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
18
RTÍCULO 12. RÉGIMENES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios
excluyentes pero que coexisten, a saber: a. Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida. b. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
19
Consejo de estado, sección segunda, subsección B, radicado 25000-23-42-000-2016-05591-01 (2615-2019), consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter
20
El artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 creó Colpensiones, determinó que su «[…] objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media
con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de acuerdo con lo que
establezca la ley que los desarrolle» y ordenó al Gobierno Nacional «[…] realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho propósito, y procederá
a la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere. En ningún caso se podrá
delegar el reconocimiento de las pensiones».
21
Entre los de prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad.
22
Consejo de estado, sección segunda, subsección B, radicado 25000-23-42-000-2016-05591-01 (2615-2019), consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter
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Colpensiones
estipuló que «[q]uienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para
acceder a la pensión de Jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se
hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho en desarrollo de los derechos adquiridos a que se
les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que
cumplieron tales requisitos»; y creó un régimen de transición con el objetivo de evitar
menoscabar expectativas o derechos a personas que se encontraban próximas a ser
pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio23.
En efecto, lo anterior dio lugar a la implementación de procedimientos administrativos
complejos, orientados a la adaptación al nuevo sistema pensional, particularmente en lo
relacionado con los traslados, las afiliaciones y sus efectos, las cotizaciones, el
reconocimiento y redención de bonos pensionales, así como la determinación de la
competencia para el reconocimiento de las prestaciones, entre otros aspectos, los cuales
requirieron ser objeto de reglamentación por parte del Ejecutivo.
Así las cosas, en el citado precedente se destacó24:
«En tal virtud, el Gobierno nacional expidió el Decreto 692 de 1994 25, en cuyo artículo 6 reiteró la
prohibición de crear nuevas cajas, fondos o entidades de previsión del sector público para el manejo
de pensiones y preceptuó que las ya existentes podrían gestionar el régimen de prima media,
mientras no fueran liquidadas, pero solo respecto de sus administrados. Asimismo, en el artículo 14
prescribió los efectos de la afiliación al sistema, de la siguiente manera:
Artículo 14. Efectos de la afiliación. La afiliación surtirá efectos a partir del primer día del
mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el diligenciamiento del respectivo formulario.
Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que haya lugar,
la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el monto de las cotizaciones
del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que da lugar al pago de la pensión o
prestación correspondiente.
A su vez, el artículo 6 del Decreto 813 de 1994 26 consagró in extenso los supuestos fácticos
en los cuales correspondía al extinguido ISS el reconocimiento y pago de las pensiones de
los servidores públicos afiliados, así:
Artículo 6º. Transición de las pensiones de vejez o jubilación de servidores públicos.
Tratándose de servidores públicos afiliados a cajas, fondos o entidades de previsión
social, para efectos de la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo
primero del presente Decreto, se seguirán las siguientes reglas:
a) Cuando a 1º de abril de 1994 el servidor público hubiese prestado 15 años o más,
continuos o discontinuos, de servicios al Estado, cualquiera sea su edad, o cuenta con
35 años o más de edad si es mujer o 40 años o más de edad si es hombre, tendrá
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez a cargo de la caja, fondo
o entidad de previsión a la cual se encuentre afiliado, cuando cumpla con los requisitos
23
En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994)
contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de
servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de
jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.
24
Consejo de estado, sección segunda, subsección B, radicado 25000-23-42-000-2016-05591-01 (2615-2019), consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter
25
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».
26
«Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
16
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establecidos en las disposiciones del régimen que se le venía aplicando.
Corresponderá al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión
de los servidores públicos, conforme a las disposiciones del régimen que se venía
aplicando, en los siguientes casos:
i) Cuando el servidor público se traslade voluntariamente al Instituto de Seguros Sociales.
ii) Cuando se ordene la liquidación de la caja, fondo o entidad a la cual se
encontraba afiliado el servidor público, y
iii) Cuando los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición no se
encontraban afiliados a ninguna caja, fondo o entidad de previsión del sector público con
anterioridad al 1º de abril de 1994, seleccionen el régimen de prima media con prestación
definida;
b) Los servidores públicos que se vinculen al Instituto de Seguros Sociales
voluntariamente o por liquidación de la caja, fondo o entidad de previsión a la cual se
encontraba afiliado, tendrán derecho al reconocimiento de bono pensional, calculado en
la forma como lo determine el Gobierno Nacional.
Posteriormente, el Decreto 1068 de 199527 reglamentó la afiliación de los servidores públicos del
orden territorial, en relación con los cuales estableció que «[s]erá responsable del pago de las
pensiones o prestaciones económicas a que haya lugar, la entidad administradora de pensiones
que haya recibido o le corresponda recibir el monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre
el siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación correspondiente».
Por último, el Gobierno nacional expidió el Decreto 2527 de 2002 28, en el que dispuso:
Artículo 1º. Reconocimiento a cargo de las Cajas, Fondos o entidades públicas que reconozcan o
paguen pensiones. Las Cajas, Fondos o entidades públicas que reconozcan o paguen pensiones,
continuarán reconociéndolas o pagándolas mientras subsistan dichas entidades respecto de
quienes tuvieran el carácter de afiliados a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones,
exclusivamente en los siguientes casos:
1. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades del orden nacional
hubieren cumplido a 1º de abril de 1994, los requisitos para obtener el derecho a la pensión y no se
les haya reconocido, aunque a la fecha de solicitud de dicha pensión estén afiliados a otra
Administradora del Régimen de Prima Media.
2. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades del orden territorial
hubieren cumplido los requisitos para obtener el derecho a la pensión a la entrada en vigencia del
sistema general de pensiones en la entidad territorial del domicilio de la Caja, Fondo o entidad
pública y la pensión no se les haya reconocido, aunque a la fecha de solicitud de dicha pensión
estén afiliados a otra Administradora del Régimen de Prima Media.
3. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales que a la fecha de entrada en vigencia del
sistema, a nivel nacional o territorial según el caso, hubieren cumplido veinte años de servicio o
contaren con las cotizaciones requeridas en la misma entidad, Caja o Fondo público, aunque a la
fecha de solicitud de la pensión estén o no afiliados al Sistema General de Pensiones.
También podrán hacerlo respecto de sus afiliados y en los mismos casos, las entidades a las cuales
corresponda el reconocimiento de pensiones antes de la entrada en vigencia del Sistema General
de Pensiones.
De lo anotado resulta claro que la competencia para conceder las prestaciones del régimen de prima
media con prestación definida del sistema de seguridad social en pensiones correspondió al
extinguido ISS y hoy concierne a Colpensiones, sin perjuicio de la facultad que les asiste para ello
a las cajas, fondos o entidades públicas preexistentes a la Ley 100 de 1993, respecto de sus afiliados
y de acuerdo con la reglamentación contenida en los Decretos 692 de 1994 (artículo 14), 813 de
27
«Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles departamental, municipal y distrital, la constitución de los
fondos de pensiones del nivel territorial, y la declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel
territorial».
28
«por medio del cual se reglamentan los artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993, parcialmente el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 y se dictan otras
disposiciones».
17
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Colpensiones
ese año (artículo 6), 1068 de 1995 y 2527 de 2000 (artículo 1°), cuya interpretación armónica permite
concluir que estas últimas son responsables del reconocimiento de las pensiones de los servidores
públicos que reunieron los requisitos para jubilarse antes de la entrada en vigor del sistema general
de pensiones o acumularon 20 años de servicios en condición de afiliados de aquellas. »
En términos generales, el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, creado
mediante la Ley 100 de 1993, tuvo como propósito, unificar el conjunto de regímenes y
entidades de seguridad social encargadas del recaudo y la administración de los recursos
destinados a la protección pensional. En esa misma línea, buscó superar la
desarticulación existente entre los distintos regímenes pensionales, con el fin de
armonizar su funcionamiento bajo criterios objetivos y facilitar el reconocimiento de las
prestaciones a favor de quienes laboraban tanto en el sector público como en el sector
privado y adquirían el derecho a aquellas destinadas a amparar los riesgos de vejez,
invalidez y muerte.
En este contexto, se redujeron las competencias de los fondos territoriales de pensiones,
los cuales conservaron únicamente las funciones de reconocimiento pensional dentro del
término legalmente establecido. Asimismo, se promovió la centralización de la
administración del régimen de prima media con prestación definida en el Instituto de
Seguros Sociales hoy Colpensiones y se estructuró el reconocimiento de las prestaciones
pensionales futuras, sobre la base de la obligación obrero-patronal, de efectuar aportes
al sistema, sin desconocer la relevancia de los tiempos de servicio efectivamente
prestados por los servidores y las servidoras.
Responsabilidad del empleador por la omisión de afiliación al Sistema General de
Pensiones
El derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política,
impone al empleador la obligación legal, imperativa e intransferible de afiliar a sus
trabajadores al Sistema General de Pensiones y efectuar las cotizaciones
correspondientes, desde el inicio de la relación laboral. El incumplimiento de dicho deber
no puede generar consecuencias adversas para el trabajador, ni traducirse en la pérdida
o frustración de su derecho pensional.
18
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
En este sentido, la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que, la
afiliación al sistema pensional, no constituye una carga del trabajador, sino una obligación
que recae exclusivamente en el empleador, razón por la cual, la omisión en su
cumplimiento, genera responsabilidad directa de carácter prestacional y es imputable
únicamente al empleador, tal como lo expuso en la SU-226 del 2019.
En efecto, el principio constitucional de protección al trabajador, impide que las cargas
derivadas del incumplimiento del empleador «como la falta de afiliación o de cotización» sean
trasladadas al afiliado. En consecuencia, cualquier interpretación normativa o valoración
probatoria, que excluya tiempos de servicio acreditados y reconocidos, por causas ajenas
al trabajador, desconoce el derecho fundamental a la seguridad social.
Ahora bien, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, en el marco de la coexistencia
de dos regímenes pensionales y de la distinción entre afiliados obligatorios y voluntarios,
el sistema general de pensiones se estructura sobre un conjunto de principios
orientadores, entre los cuales, se destaca el de sostenibilidad financiera. Dicho principio
supone una financiación adecuada del sistema, basada principalmente en los aportes
tanto de los empleadores como de los trabajadores. De esta forma, surge la obligación
de cotizar al sistema, la cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 2229 de la Ley 100 de
1993, recae en cabeza del empleador.
En consecuencia, la responsabilidad por la omisión en el cumplimiento de dicha
obligación, es atribuible exclusivamente al empleador, incluso cuando este no hubiere
efectuado los descuentos correspondientes al trabajador.
2.4 Hechos Probados
A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
29
ARTÍCULO 22. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio.
Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente
haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los
plazos que para el efecto determine el Gobierno. El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento
al trabajador.
19
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
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Colpensiones
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y de acuerdo con los hechos constatados por
esta Corporación, se destaca:
a) El Registro Civil de Nacimiento30 acreditó que la señora Blanca Myriam González
Bautista nació el seis (6) de marzo de mil novecientos cincuenta y siete (1957).
b) Según Formato 1 Certificado de Información Laboral del 21 de abril de 2015 31, la
señora Blanca Myriam González Bautista registra como vinculaciones válidas para
bono pensional o pensiones, con la Contraloría Municipal de Tunja, entre el
veintiuno (21) de abril de mil novecientos ochenta y dos (1982) y el nueve (9) de
julio de dos mil uno (2001). El mismo documento, registra periodos de aportes a la
Caja de Previsión Social Municipal de Tunja, del veintiuno (21) de abril de mil
novecientos ochenta y dos (1982), al treinta y uno de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco (1995); así como, al Fondo Territorial de Pensiones del Municipio
de Tunja, del primero (1.o) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996), al
nueve (9) de julio de dos mil uno (2001).
c) En el formato 3 (B), certificado de salarios mes a mes, del veintiuno (21) de abril
de Dos Mil Quince (2015)32, constan los salarios y demás emolumentos percibidos
por la demandante entre 1982 y 2001, lo cual coincide con los certificados 0097
del veintinueve (29) de abril de mil novecientos noventa y uno (1991) 33 y 012 del
once (11) de junio mil novecientos noventa y dos (1992)34.
d) También se advierte que, el Jefe de la División Administrativa de la Contraloría
Municipal de Tunja, certificó el 27 de marzo de 200735, que la señora González
Bautista, laboró en esa entidad mediante contrato, entre el catorce (14) de enero
de mil novecientos ochenta y uno (1981) y el catorce (14) de abril de mil
novecientos ochenta y dos (1982). Aunado, laboró en diferentes cargos en la
entidad, desde el veintiuno (21) de abril de mil novecientos ochenta y dos (1982)
hasta el nueve (9) de julio de dos mil uno (2001), lo cual coincide con la
certificación 041-2016 del once (11) de abril de dos mil dieciséis (2016)36.
30
Ff. 55 expediente físico.
31
Ff. 23 expediente físico.
32
Ff. 24 a 33 expediente físico.
33
Ff. 60 a 61 expediente físico.
34
Ff. 62 a 63 expediente físico.
35
Ff. 53 expediente físico.
36
Ff. 58 expediente físico.
20
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
e) Igualmente, se logró acreditar que, Blanca Myriam González Bautista fue sujeto
de una calificación valoración médico laboral, a cargo de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Boyacá, en la que se dictaminó que sufre una pérdida
de la capacidad laboral equivalente al 70,06%, como se lee en el dictamen 462015
del 28 de febrero de 201537. El anterior dictamen quedó en firme, como lo certificó
el secretario de la Junta Regional de Calificación de Boyacá38.
f) A través de apoderado, la demandante radicó reclamación administrativa ante la
Contraloría Municipal de Tunja, el Veinticuatro (24) de Noviembre de Dos Mil
Catorce (2014) 39.
g) También se verificó que, hizo lo propio el diecinueve (19) de mayo de dos mil
quince (2015)40, solicitando que se declarara la existencia de la relación laboral
encubierta bajo la forma de contrato de prestación de servicios, que habría tenido
lugar del catorce (14) de enero de mil novecientos ochenta y uno (1981), al catorce
(14) de abril de mil novecientos ochenta y dos (1982), con el consecuente
reconocimiento prestacional y pensional.
h) La Contraloría Municipal de Tunja dio respuesta negativa a estas peticiones,
mediante oficios: OA-1537 del once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014)41;
AO-652 del dos (2) de junio de dos mil quince (2015)42. Asimismo, el Municipio de
Tunja-Fondo Territorial de Pensiones, por traslado que le hizo el ente de control
local, respondió negativamente las peticiones de la demandante, a través de
Resolución 0436 del doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014), en la que
se declaró incompetente para pronunciarse de fondo frente a la solicitud pensional
de la actora y la remitió a Colpensiones, bajo las siguientes consideraciones:
«7.Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 128 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 2 del
Decreto 1068 de 1995, los servidores públicos tenían el deber de seleccionar de forma expresa
“entre el régimen solidario de prima media con prestación definida, administrado por el instituto
de seguros sociales ISS y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las
sociedades administradoras de fondo de pensiones, AFP autorización por la superintendencia
bancaria”
37
Ff. 68 a 71 expediente físico.
38
Ff. 72 expediente físico.
39
Ff. 37 a 40 expediente físico.
40
Ff. 41 a 45 expediente físico.
41
Ff. 13 a 14 expediente físico.
42
Ff. 34 a 36 expediente físico.
21
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Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
8.Que el municipio de Tunja mediante el Decreto 0360 del 27 de junio de 1995 adoptó el Sistema
General de Pensiones para los servidores públicos del Municipio a partir del 30 de junio de
1995, señalando que quienes desearan seleccionar el régimen de prima media con prestación
definida y que se encontraran afiliados a la Caja de Previsión Social Municipal de Tunja, podrían
continuar afiliados a dicha entidad y hasta el 31 de diciembre de 1996, fecha en la cual se haría
el corte de cuentas ordenado por el artículo 24 del Decreto 1068 de 1995.
9.Que mediante el Decreto 0361 del 27 de junio 1995, el Alcalde Mayor de Tunja declaró la
insolvencia de la Caja de Previsión Social Municipal de Tunja y ordenó realizar su liquidación a
mas tardar el día 31 de marzo de 199643.
10. Que de conformidad con lo señalado en el inciso cuarto del artículo 4 del Decreto 0692 de
1994, una vez emitida la orden de liquidación de la Caja de Previsión Social Municipal de Tunja,
los(as) empleados(as) públicos(as) que se encontraban afiliados a dicha entidad, debían quedar
afiliados al Instituto de los Seguros Sociales (I.S.S)
11. Que para efectos de la afiliación al Instituto de los Seguros Sociales, debía presentarse la
respectiva documentación suscrita por la entonces empleada pública BLANCA MIRYAN (sic)
GONZALEZ BAUTISTA y el contralor municipal de Tunja, en calidad de autoridad nominadora.
12. Que tal como se infiere de la información contenida en el certificado de la información laboral
no se realizó una vez emitida la orden de liquidación de la Caja de Previsión Social Municipal
de Tunja, la afiliación de la señora BLANCA MIRYAN (sic) GONZALEZ BAUTISTA al I.S.S
continuándose con la realización de aportes al Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de
Tunja
13. Que por lo anterior, la Contraloría Municipal de Tunja en calidad de entidad empleadora, no
cumplió con lo señalado en el artículo 25 del Decreto 692 de 1994 (….) para que el ISS en
calidad de administradora del régimen de prima media con prestación definida continuara
recibiendo los aportes a pensión de la señora González Bautista a partir del 1 de enero de 1996.
(….)
16. Que el artículo 1 del Decreto No, 2527 del 4 de diciembre de 2000, señala que:
Artículo 1: reconocimiento a cargo de las cajas, fondos o entidades públicas que reconozcan o
paguen pensiones. Las cajas, fondos o entidades públicas que reconozcan o paguen pensiones,
continuaran reconociéndolas o pagándolas mientras subsistan dichas entidades respecto de
quienes tuvieron el carácter de afiliados a la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones, exclusivamente, en los siguientes casos
(….)
17. Que revisados los certificados de información laboral y el de la señora BLANCA MIRYAN
GONZALEZ BAUTISTA (….) se estableció que no se encuentra en ninguna de las situaciones
atrás referidas.
18. Que al no haber operado consolidación de los derechos pensionales de la señora BLANCA
MIRYAN (sic) GONZALEZ BAUTISTA (…) con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones en el municipio de Tunja, no se observa razón alguna para
considerarla excluida del sistema general de pensiones, pues tiene la condición de
afiliada obligatoria, tal como se advierte en el artículo 15 de la ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003. (subrayado fuera de texto)
(…)
20. Que al estar confirmada la omisión a que alude el literal d) 44 trascrito, lo procedente es que
la entidad empleadora CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA solicite a la administradora del
Régimen Pensional de Prima Media con Prestación Definida COLPESIONES, la realización de
la liquidación del cálculo actuarial de tiempos laborados y no cotizados de la señora Blanca
Myrian (sic) al régimen de prima media con prestación definida por omisión del
43
en ese mismo acto administrativo se creó el Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Tunja, que sustituyó a la liquidada caja de previsión.
44
Se refiere al parágrafo 1 del articulo 33 de la Ley 100 de 1993
22
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
empleador público para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1996 al 9 de julio
de 2001; para que sea Colpensiones la entidad que realice el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez o de invalidez en cumplimiento de lo señalado en la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, Decreto 691 de 1994, Decreto 1068 de
1995, Decreto 1887 de 1994, artículo 17 del Decreto 3798 de 2003. (subrayado fuera de
texto)
21. Que una vez la Administradora de Régimen de Prima Media con Prestación Definida
COLPENSIONES, se pronuncie sobre el reconocimiento de la pensión a que cumpla los
requisitos la solicitante; el Municipio de Tunja en cumplimiento al Decreto 3798 de 2003,
debe asumir el pago del respectivo bono pensional, por los aportes realizados por el
empleador Contraloría Municipal de Tunja, a la Caja de Previsión Social Municipal durante
el período de tiempo comprendido entre el 21 de abril de 1982 al 31 de diciembre de 1995”
subrayado fuera de texto. ».
i) Colpensiones recibió por competencia la solicitud formulada por la peticionaria,
quien mediante Oficio BZ2014_10326663-3216499 del 11 de diciembre de
201445, señaló que, la demandante no se encontraba afiliada a ese fondo de
pensiones.
j) Se adjuntó la consulta realizada al Sistema Único de Afiliaciones a la Protección
Social -RUAF- del 5 de mayo de 201746, en cuyo texto se lee que, Blanca Myriam
González Bautista registraba afiliación en pensiones al régimen de ahorro
individual, con la administradora de Fondos de Pensiones ING, desde el 6 de
marzo de 1993, con estado de afiliación «retirado», además, de otra afiliación el 1
de mayo de 1996, a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía
Protección S.A, también con estado de afiliación «retirado».
Además, está el oficio del 8 de mayo de 199647, en el que la señora González
Bautista expresa su deseo ante la Contraloría Municipal de Tunja, de trasladarse
al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad, vinculándose al fondo
de pensiones DAVIVIR S.A., documento en el que se lee una anotación manuscrita
que indica lo siguiente «esta afiliación nunca se hizo efectiva. No tiene efecto alguno».
Junto con el anterior oficio, se observa el formato Solicitud de Vinculación 36419048
que ratifica lo dicho en el anterior oficio, pero se observa una nota manuscrita que
indica «anulado».
45
Ff. 56 expediente físico.
46
Ff. 249 a 250 expediente físico.
47
Ff. 166 expediente físico, cuaderno anexo.
48
Ff. 165 expediente físico, cuaderno anexo.
23
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
k) Certificado emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual, indica
que, consultado el Registro Único de Afiliados, con fecha a corte del catorce (14)
de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), la demandante no registra ninguna
afiliación a algún fondo de pensiones. Igualmente expuso que la actora registra
una pensión activa de sobreviviente49:
2.2.3. Caso concreto
A partir de los hechos debidamente probados, la Sala precisa que, si bien la demandante
acudió a la administración de justicia, con el fin de obtener la declaratoria de la existencia
de una relación laboral encubierta con la Contraloría Municipal de Tunja- Boyacá,
derivada de los servicios prestados mediante contrato de prestación de servicios entre el
Catorce (14) de Enero de Mil Novecientos Ochenta y Uno (1981) y el Catorce (14) de
Abril de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982), dicho aspecto no constituye materia de
debate en esta instancia. Lo anterior, por cuanto el único apelante fue Colpensiones,
respecto de las obligaciones que le fueron impuestas en la sentencia de primera instancia
y que le resultan desfavorables.
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso50, el análisis que efectuará la Sala se circunscribirá exclusivamente a esos
aspectos, teniendo en cuenta que, las demás consideraciones y decisiones adoptadas
en primera instancia, no fueron objeto de impugnación.
Aclarado lo anterior, se pasa a resolver los puntos de inconformidad, formulados por la
entidad demandada.
• Afiliación de la señora Blanca Myriam González Bautista a un fondo de
pensiones
49
Samai 98
50
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda
la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…)
24
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
De conformidad con los documentos aportados con la demanda y la contestación
presentada por Colpensiones, se observa que, tanto el formato denominado Solicitud de
Vinculación 36419051, como el oficio del Ocho (8) de mayo de Mil Novecientos Noventa
y Seis (1996)52, suscrito por la demandante y dirigido a la Contraloría Municipal de Tunja,
así como, la consulta efectuada por Colpensiones al Registro Único de Afiliados -RUAF-
del Cinco (5) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017)53, son documentos que se presumen
auténticos en los términos del artículo 244 del Código General del Proceso54. Lo anterior,
por cuanto ninguno de ellos fue tachado de falso, ni desconocido durante el trámite
procesal, razón por la cual, cuentan con idéntico valor probatorio.
Ahora bien, el reconocimiento de la autenticidad de un documento no implica que su
contenido sea incontrovertible, pues, este puede ser debatido mediante la incorporación
de otros medios de prueba que lo desvirtúen. En ese orden, mediante auto de ocho (8)
de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)55, se ordenó al Ministerio de Salud y
Protección Social, en su calidad de administrador del RUAF, certificara si la señora
Blanca Myriam González Bautista, se encuentra afiliada a algún fondo de pensiones,
indicando el régimen correspondiente, la fecha de afiliación y allegando los soportes
documentales pertinentes.
El Ministerio de Salud y Protección Social, allegó certificado en el cual, se relaciona que,
consultado el Sistema Único de Afiliaciones a la Protección Social -RUAF con fecha a
corte del catorce (14) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), la demandante no
registra afiliación alguna al fondo de pensiones. Igualmente, expuso que la actora tiene
una pensión activa bajo las siguientes condiciones:56
• Entidad pagadora: CONSORCIO FOPEP 2015.
• Entidad que reconoce la pensión: UGPP.
• Tipo de pensión: Sobrevivencia – Vitalicia – Riesgo Común.
• Régimen: Régimen de prima media con tope máximo de pensión.
• Resolución: No. 3654615 del 09/09/2015.
51
Ff. 165 expediente físico, cuaderno anexo.
52
Ff. 166 expediente físico, cuaderno anexo.
53
Ff. 249 a 250 expediente físico.
54
ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado,
o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros,
en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no
hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se
presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o en
copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de
datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.
55
Samai 87
56
Samai 98
25
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
Con fundamento en lo expuesto, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el Tribunal
de primera instancia, decisión que se respalda con la respuesta emitida por el Ministerio
de Salud y Protección Social, con la cual, se ratifica que nunca se hizo efectiva la
afiliación de la demandante a un fondo de pensiones. En particular, se descartó su
vinculación al fondo Davivienda «antes ING y hoy Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A.»,
como erradamente lo sostuvo Colpensiones.
A su vez, en el Formato 1 Certificado de Información Laboral del 21 de abril de 201557, la
señora Blanca Myriam González Bautista registra como vinculaciones válidas para bono
pensional o pensiones, con la Contraloría Municipal de Tunja, entre el Veintiuno (21) de
Abril de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982) y el Nueve (9) de Julio de Dos Mil Uno
(2001). El mismo documento, registra periodos de aportes a la Caja de Previsión Social
Municipal de Tunja, del Veintiuno (21) de Abril de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982),
al Treinta y Uno de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995); así como, al
Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Tunja, del primero (1. o) de Enero de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996), al Nueve (9) de Julio de Dos Mil Uno (2001). Así las
cosas, se puede inferir que nunca se materializó el traslado, pues, los aportes nunca se
enviaron a esos fondos.
En ese sentido, se concluye que, el empleador de la demandante, nunca la afilió al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones durante la vigencia de la Ley 100 de
1993, ni en el régimen de prima media con prestación definida, ni en el régimen de ahorro
individual con solidaridad
• ¿Qué entidad debe reconocer y pagar la prestación pensional de la que sería
beneficiara la demandante?
La Sala resalta que, en el trámite de la primera instancia, se acreditó y declaró la
existencia de la relación laboral entre la demandante y la Contraloría Municipal de Tunja.
Así mismo, dicha entidad sostuvo haber efectuado los aportes obrero-patronales en
pensión a la Caja de Previsión Social del Municipio de Tunja, cuyos recursos y reservas
fueron posteriormente trasladados al Fondo Territorial de Pensiones del citado ente
territorial, ante la declaratoria de insolvencia de la caja, efectuada mediante Resolución
57
Ff. 23 expediente físico.
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Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
No. 00361 del veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) 58,
asumiendo este último sus funciones.
No obstante, aun cuando la Contraloría Municipal de Tunja afirmó haber continuado
realizando aportes al Fondo Territorial de Pensiones, lo cierto es que, para la fecha de su
creación, ello ya no era jurídicamente posible, dado que, dichos fondos solo estaban
facultados para recibir nuevas afiliaciones y cotizaciones hasta el Treinta y Uno (31) de
Marzo de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), conforme a lo dispuesto en el artículo
34 del Decreto 692 de 199459. A partir de esa fecha, el único organismo autorizado para
administrar el régimen de prima media con prestación definida era el Instituto de Seguros
Sociales (ISS), hoy Colpensiones.
Como lo advirtió el A quo, hasta el Treinta y Uno (31) de marzo de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994), la Caja de Previsión Social podía recibir las cotizaciones de la
demandante; sin embargo, con posterioridad a dicha fecha, el Fondo Territorial de
Pensiones carecía de competencia para administrar recursos del régimen de prima
media. En consecuencia, la demandante debía definir su afiliación a uno de los dos
regímenes previstos en el artículo 11 de la Ley 100 de 1993.
En ese mismo sentido, mediante Resolución No. 436 del doce (12) de noviembre de Dos
Mil Catorce (2014), el Fondo Territorial de Pensiones declaró de manera expresa y
motivada, su incompetencia para pronunciarse sobre el reconocimiento pensional, al
precisar que, tras la liquidación de la Caja de Previsión Social Municipal, los servidores
públicos afiliados debían quedar incorporados al ISS, conforme a lo previsto en el artículo
4 del Decreto 692 de 1994. No obstante, pese a que la normativa exigía la presentación
de la documentación correspondiente, por parte del trabajador y de la autoridad
nominadora, ello no ocurrió, continuándose la realización indebida de los aportes al
Fondo Territorial.
Dicha actuación desconoció lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 692 de 1994, que
impone al empleador la obligación de solicitar al trabajador, la definición del régimen y
administradora pensional y, en caso de silencio, trasladar los aportes a una entidad
legalmente habilitada, obligación que recaía de manera directa en la Contraloría
Municipal de Tunja.
58
Ff. 134 a 139 expediente físico.
59
Ff. 134 a 139 expediente físico.
27
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Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
De conformidad con el artículo 6 del Decreto 813 de 1994, corresponde al ISS «hoy
Colpensiones» el reconocimiento y pago de las pensiones del régimen de transición, cuando
se ordena la liquidación de la caja, fondo o entidad a la cual, se encontraba afiliado el
servidor público, supuesto que se configura plenamente en el presente caso.
En consonancia con lo anterior, esta Sala reitera la postura acogida por el A quo, con
fundamento en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil60, según el cual, la
competencia para el reconocimiento de la pensión de vejez de una persona afiliada a una
entidad de previsión social liquidada corresponde al ISS, hoy Colpensiones.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, la
responsabilidad por la omisión de la obligación de afiliación prevista en el artículo 22 de
la Ley 100 de 1993, recae exclusivamente en el empleador incumplido. En consecuencia,
la validación, cuantificación y pago de las cotizaciones correspondientes a los tiempos
laborados y no cotizados de la demandante, era una carga atribuible a la Contraloría
Municipal de Tunja, y no al Fondo Territorial de Pensiones. Sin embargo, al no haber sido
este aspecto objeto de impugnación, y en aplicación del principio de la «non reformatio in
peius», no resulta posible modificar ese extremo de la decisión de primera instancia61.
Así, los argumentos expuestos permiten a la Sala compartir la conclusión del Tribunal
Administrativo de Boyacá, en cuanto determinó que, una vez efectuado el cálculo
actuarial de los aportes correspondientes al período total de la relación laboral,
comprendido entre el catorce (14) de enero de Mil Novecientos Ochenta y Uno (1981) y
el nueve (9) de julio de Dos Mil Uno (2001), la entidad obligada debe trasladar los
recursos a Colpensiones, para que sea esta la encargada del reconocimiento pensional
reclamado.
Finalmente, se precisa que, Colpensiones sucedió al ISS como único administrador del
régimen de prima media con prestación definida, conforme a una interpretación armónica
del artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 y de los artículos 1º y 3º del Decreto 2013 de
2012.
60
Radicado No. 11001-03-06-000-2016-00103-00, Consejero ponente Edgar González López, quince de noviembre de 2016- y consejero Alvaro Namen
Vargas 10 de octubre de 2017
61
El tribunal en la sentencia apelada, declaró en el numeral SEXTOla nulidad del artículo segundo de la Resolución N.o 0436 del 12 de noviembre de 2014,
expedida por la Secretaría Administrativa del Municipio de Tunja.
28
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
En consecuencia, esta Sala concluye que, Colpensiones es la entidad competente para
reconocer y pagar la pensión de vejez a favor de la señora Blanca Myriam González
Bautista, dado que, la omisión del empleador no puede traducirse en perjuicio de la
trabajadora, quien se entiende obligatoriamente afiliada al régimen de prima media, al no
haber sido incorporada válidamente al régimen de ahorro individual, conforme a lo
previsto en el numeral 4 del artículo 6 del Decreto 813 de 1994 y al precedente
jurisprudencial de esta Subsección citado en líneas anteriores62.
• Del reconocimiento pensional
Como quedó expuesto en precedencia, la afiliación de la señora Blanca Myriam González
Bautista, se mantuvo en el régimen de prima media con prestación definida, razón por la
cual, el reconocimiento de su pensión de vejez debe efectuarse con fundamento en el
régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En efecto, en el
expediente se encuentra acreditado que, el Municipio de Tunja se acogió al Sistema
General de Pensiones, a partir del Treinta (30) de junio de Mil Novecientos Noventa y
Cinco (1995), conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 000360 del Veintisiete (27)
de junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995)63. Para dicha fecha, la demandante
contaba con treinta y nueve (39) años de edad y catorce (14) años de servicio, supuestos
que la hacían beneficiaria del régimen de transición, en concordancia con los requisitos
establecidos en la Ley 33 de 1985.
La Sala precisa que, la señora Blanca Myriam González Bautista nació el seis (6) de
marzo de mil novecientos cincuenta y siete (1957)64, prestó sus servicios a la Contraloría
Municipal de Tunja por más de veinte (20) años, desde el catorce (14) de enero de mil
novecientos ochenta y uno (1981), hasta el nueve (9) de julio de dos mil uno (2001), y
adquirió el estatus jurídico de pensionada, el seis (6) de marzo de dos mil doce (2012).
Ahora bien, frente a la determinación del ingreso base de liquidación (IBL) aplicable a los
beneficiarios del régimen de transición, la Sala Plena de la Sección Segunda, en
sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) 65, fijó
la siguiente regla:
62
Consejo de estado, sección segunda, subsección B, radicado 25000-23-42-000-2016-05591-01 (2615-2019), consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter
63
Ff. 132 a 133 expediente físico.
64
Pagina 55 cuaderno principal
65
Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01. MP César Palomino Cortés .
29
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
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«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
Sumado a lo anterior, dispuso que «constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución
de casos fáctica y jurídicamente iguales, y que se aplicará con efectos retrospectivos» y se adoptará
«[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».
En armonía con lo anterior, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación, han
precisado que el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, excluyó del régimen
de transición la expectativa de liquidar la pensión conforme al IBL del régimen anterior,
razón por la cual, los beneficiarios deben sujetarse a las reglas previstas en la Ley 100
de 1993, particularmente a lo dispuesto en los artículos 21 y 36, en concordancia con el
artículo 48 de la Constitución Política, según el cual, solo pueden tenerse en cuenta los
factores sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones.
En este contexto, si bien la sentencia de primera instancia ordenó la liquidación de la
pensión con base en todos los factores devengados durante el último año de servicios,
le asiste razón al recurrente, en señalar que, dicha decisión desconoce la postura
jurisprudencial vigente, según la cual, el IBL de los beneficiarios del régimen de transición,
debe determinarse conforme a las reglas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o del
artículo 21 ibidem, según resulte más favorable.
Siendo así las cosas, la Sala modificará parcialmente a sentencia del Tribunal
Administrativo de Boyacá, en lo atinente al IBL, y dispondrá que la pensión de vejez de
la señora Blanca Myriam González Bautista, se liquide con base en el promedio de lo
cotizado durante los últimos diez años de servicio, incluyendo únicamente los factores
salariales sobre los cuales se realizaron cotizaciones, conforme a lo previsto en el artículo
1º del Decreto 1158 de 1994.
En cuanto a la prescripción, debe reiterarse que, el legislador estableció un término trienal
para la reclamación de derechos laborales, conforme al artículo 41 del Decreto Ley 3135
de 1968, en concordancia con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
30
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
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Colpensiones
En el presente caso, la reclamación administrativa se presentó el veinticuatro (24) de
noviembre de dos mil catorce (2014), de modo que, únicamente podrían considerarse
prescritos los derechos causados con anterioridad al veinticuatro (24) de noviembre de
dos mil once (2011). No obstante, como la demandante adquirió el estatus pensional el
seis (6) de marzo de dos mil doce (2012), no operó la prescripción de mesadas, tal como
lo concluyó acertadamente el A-quo. Vale aquí precisar que, la demanda se incoó el
diecinueve (19) de agosto de dos mil dieciséis (2016), esto es, antes que operara
nuevamente el fenómeno de la prescripción.
La Sala resalta que, el hecho que la reclamación administrativa se hubiera formulado ante
la Contraloría Municipal de Tunja y no ante Colpensiones, no puede generar
consecuencias desfavorables para la demandante, pues, la controversia se origina en la
omisión del empleador en afiliarla oportunamente al sistema pensional. Además, ante la
liquidación de la Caja de Previsión, la competencia para el reconocimiento pensional recae
obligatoriamente en Colpensiones, entidad que sucedió al ISS como administradora del
régimen de prima media. A ello se suma que la demandante, actualmente es un adulto
mayor, que goza de especial protección constitucional, titular de un derecho pensional
irrenunciable.
Así mismo, la financiación de la prestación pensional, no compromete la sostenibilidad
financiera de Colpensiones, en la medida en que se sustenta en el cálculo actuarial de los
aportes y transferencias que deben hacer la Contraloría Municipal de Tunja, y el Municipio
de Tunja a través del Fondo Territorial de Pensiones, conforme a lo ordenado en la
sentencia de primera instancia.
Se insiste, para la Sala, la primera instancia aplicó correctamente el término trienal previsto
en la ley, al concluir que no operó la prescripción de mesadas pensionales.
Ahora bien, en relación con el cargo formulado contra la declaratoria de nulidad del oficio
BZ2014_10326663-3216499 del once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014), esta
Sala comparte el reproche de Colpensiones. En efecto, el Tribunal Administrativo de
Boyacá excedió sus competencias, al declarar de oficio, la nulidad de un acto
administrativo no demandado, desconociendo los principios de justicia rogada66, y
66
«[E]l principio de la jurisdicción rogada tiene fundamento en la presunción de legalidad de los actos administrativos en los términos indicados por el artículo
88 de la Ley 1437 de 2011, pero debe precisarse que aquel no puede entenderse como absoluto en esta jurisdicción y menos aún en materia laboral, especialidad
dentro de la cual se conciben derechos mínimos e irrenunciables, que obligan al juez a dar aplicación a normas superiores, tal y como sucede cuando se acude
a las excepciones de convencionalidad, inconstitucionalidad, de ilegalidad, como tampoco si se está en presencia de eventos como el descrito en la sentencia
31
Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
congruencia, así como, vulneró los derechos de defensa, debido proceso y contradicción
en contra de los intereses de la parte demandada.
Así las cosas, aun cuando los derechos laborales se caracterizan por su trascendencia,
irrenunciabilidad e indiscutibilidad, tales atributos no habilitan al operador judicial para
declarar de oficio la nulidad de un acto administrativo que no ha sido sometido a control
de legalidad, mediante la correspondiente pretensión procesal. Ello es así, incluso
cuando en dicho acto, Colpensiones manifestó que la demandante no se encontraba
afiliada al sistema pensional, sin efectuar un análisis integral de los hechos acreditados,
ni de las disposiciones normativas aplicables, frente a la liquidación de la Caja de
Previsión Social.
En efecto, con dicha determinación se desconoció el reconocimiento pensional a su
cargo, el cual, operaba por ministerio de la ley, en virtud de la competencia que le fue
trasladada por el Fondo Territorial de Pensiones.
En consecuencia, se revocará ese extremo de la decisión impugnada.
Finalmente, en cuanto a la pretensión subsidiaria relacionada con el reconocimiento de
una pensión de invalidez, la Sala se abstendrá de pronunciarse, al prosperar la pretensión
principal, relativa al reconocimiento de la pensión de vejez.
2.4 Condena en costas
Revisado la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no se cumplen
los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, se revocará la
condena en costas que se impuso en primera instancia y no se impondrá condena en
costas.
C-197 de 1999, la cual prevé la obligación del juez contencioso administrativo de atender la norma constitucional cuando se encuentre frente a derechos
fundamentales de aplicación inmediata o cuando debe decidir de oficio sobre excepciones previas o de fondo, solo para señalar algunas excepciones que se
pueden presentar al carácter restrictivo del marco impuesto por los argumentos de las partes. En esas condiciones, es claro que el derecho pensional, como
prestación concebida dentro del sistema de seguridad social integral, no debe considerarse ajeno a dicho principio, máxime si se tiene en cuenta su naturaleza
de fundamental, irrenunciable y de aplicación inmediata, lo que en principio faculta al juez para verificar el alcance de las pretensiones, interpretar los hechos de
la demanda e incluso para aplicar el régimen pensional que corresponda a los presupuestos fácticos, así el citado régimen no haya sido expresamente invocado
en la demanda o haya sido invocado de manera errónea. No obstante lo anterior, en la aplicación de tal principio deben tenerse en cuenta algunas limitaciones
señaladas por la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: - Debe respetarse el principio de congruencia y por ello
al juez no le está dado desconocer la relación lógica de coherencia entre los fundamentos fácticos que sustentan la pretensión y el objeto de la decisión judicial.
• Al juez no le está dado suplir carencias procesales, como puede ser, entre otros, el poder para actuar. - No es posible agravar la situación al apelante único,
salvo que fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con la modificación que se pida, en los términos del artículo 328 del Código General
del Proceso. En segunda instancia, deberá tener especial cuidado de que los hechos litigiosos sobre los cuales vaya a decidir hayan sido objeto del debate
probatorio». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena de Sección Segunda. Sentencia CE-SUJ2-010-18. Expediente: 81001-23-
33-000-2014-00012-01 (1321- 15).
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Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. – CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Catorce (14) de Diciembre de
Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en el presente
proveído.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral noveno de la sentencia del Catorce (14) de
Diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
el cual quedará así:
«La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, una vez se haya
emitido el bono pensional, reconocerá y pagará a Blanca Myriam González Bautista
identificada con la cédula de ciudadanía N.o 40.014.385 de Tunja, a partir del siete
(7) de marzo de dos mil doce (2012) una pensión de vejez, equivalente al promedio
de lo cotizado durante los últimos diez años de servicio, con la inclusión de los
factores salariales descritos en el Decreto 1158 de 1994. En adelante la
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, aplicará a la mesada
pensional los reajustes anuales conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley 100 de
1993 o las normas que la modifiquen».
TERCERO: REVOCAR el numeral OCTAVO, por las razones expuestas en la parte
considerativa.
CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del Catorce (14) de Diciembre
De Dos Mil Diecisiete (2017), emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO: Sin condena en costas en ambas instancias.
SEXTO: Una vez en firme esta sentencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
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Numero interno: 1968-2018
Demandante: Blanca Myriam González Bautista
Demandado: Municipio de Tunja-Contraloría Municipal de Tunja y
Colpensiones
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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