Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2016-00693-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Del cambio en la reglamentación del uso del suelo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2016-00693-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-33-000-2016-00693-02
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
24 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 15001-23-33-000-2016-00693 01 (72.430)
Demandante: Antonio Kure Kata y otro
Demandado: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y otros
Referencia: Reparación directa
Temas: RESTRICCIONES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE PROPIEDAD DERIVADO
DEL CAMBIO EN LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL SUELO / DAÑO
ANTIJURÍDICO – características – únicamente se considera indemnizable el
condicionamiento que sobrepase las cargas que deben soportar las personas por vivir en
sociedad.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 8 de
noviembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá
negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Se pretende la reparación del daño causado por las restricciones al uso del suelo
impuestas sobre los lotes identificados con las cédulas catastrales
010200090002000 y 01020009000001900, asociados al folio de matrícula
inmobiliaria 070-11326 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Tunja. Lo
anterior, como consecuencia de los cambios introducidos a las normas
urbanísticas en virtud del plan especial de manejo y protección (en adelante,
PEMP) aprobado mediante la Resolución 428 de 2012 por el Ministerio de las
Culturas, los Artes y los Saberes (en adelante, Mincultura) para el centro histórico
de Tunja y su zona de influencia, los cuales les impiden destinar su predio para
vivienda.
ANTECEDENTES
3. El 14 de septiembre de 2016, Antonio Kure Kata y José Raúl Rueda Maldonado
demandaron en reparación directa a la Nación –Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes (en adelante, Mincultura), al departamento de Boyacá y al
municipio de Tunja, con el fin de que se los declare administrativa y
patrimonialmente responsables por lo siguiente:
“3.1. Declarar a la NACIÓN - MINISTERIO DE CULTURA, MUNICIPIO DE
TUNJA y DEPARTAMENTO DE BOYACÁ administrativa, solidaria y
extracontractualmente responsables de los PERJUICIOS PATRIMONIALES
causados a los demandantes doctores RAÚL RUEDA MALDONADO Y
Radicación: 150012333000201600693 01 (72.430)
Demandante: Antonio Kure Kata y otro
Demandado: Ministerio de Cultura, las Artes y los
Saberes y otros
Referencia: Reparación directa
ANTONIO KURE KATTA con la decisión adoptada mediante las Resoluciones
Nro. 0428 del 27 de marzo de 2012 y 1680 del 10 de junio de 2015 y el Decreto
0051 del 7 de febrero de 2014, por medio de las cuales SE APRUEBA Y
ADICIONA el PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO DE TUNJA (BOYACA) Y SU ZONA DE INFLUENCIA,
DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL,
decisión que depreció el predio de su propiedad registrado bajo el folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 070 - 11326, en los términos señalados en los
hechos de ésta demanda. 3.2. Que como efecto de la declaración de
responsabilidad administrativa, solidaria y extracontractual antes solicitada,
se condene a las entidades demandadas la NACIÓN - MINISTERIO DE
CULTURA, MUNICIPIO DE TUNJA y DEPARTAMENTO DE BOYACA a
pagar como reparación del daño causado, los perjuicios de orden patrimonial,
debidamente indexados, que se detallan y relacionan a continuación:
3.2.1. -DAÑO EMERGENTE. La indemnización producida por éste concepto
que asciende a la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS ($ 1.786.165.650) O LO QUE RESULTE PROBADO, daño a
indemnizar que se obtuvo mediante la utilización de un mecanismo legal
denominado ‘método residual de valuación’ que permite establecer la
diferencia existente entre el VALOR MÁXIMO DE VENTA que tenía el
inmueble afectado, dentro del marco del mayor potencial de desarrollo, en la
fecha en que no había sido afectado por ninguna limitación legal y el VALOR
MAXIMO DE VENTA del inmueble que se puede obtener encontrándose
afectado por la limitación legal impuesta, consistente en colocar el predio en
un régimen de reducción y limitación del goce y disfrute pleno del derecho de
propiedad. 3.3. Ordenar que la sentencia se cumpla dentro de los términos
indicados en el artículo 192 y s.s. del C.P.A.C.A.”.
4. Como fundamentos fácticos de la demanda, en síntesis, se narraron los
siguientes:
5. El 15 de noviembre de 1988, los demandantes constituyeron la Urbanización
Lidueña sobre el predio La Esperanza1, identificado con la matrícula inmobiliaria
070-11326 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Tunja, ubicado en el centro
histórico de la ciudad2, luego de obtener de la oficina de planeación municipal el
permiso para la construcción de la primera etapa, integrada por 34 lotes
destinados a vivienda unifamiliar3.
6. Tras vender los lotes y efectuar la cesión de zonas verdes y servicios comunales
al municipio, quedaron disponibles dos terrenos identificados con las cédulas
catastrales 010200090002000 y 010200090000019004, los cuales iban a ser
destinados a la edificación de la segunda etapa, compuesta por 10 torres de
vivienda multifamiliar5, razón por la cual el 7 de noviembre de 2014 sus
propietarios solicitaron a la Curaduría Urbana de Tunja el respectivo certificado
de uso del suelo, con el propósito de culminar la urbanización.
1 Lo anterior, mediante escritura pública 2531 del 15 de noviembre de 1988.
2 Se narró que dicho predio fue adquirido por los demandantes mediante compraventa celebrada
con el señor Enrique Galán, protocolizada en escritura pública 1945 del 16 de octubre de 1978,
así como también que, una vez les otorgaron el permiso, la urbanización se constituyó mediante
escritura pública 2531 del 15 de noviembre de 1988, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria
070-11326 el 17 de noviembre siguiente.
3 Se deja constancia de que en la demanda no se indica la fecha de expedición de tal permiso, ni
la vigencia.
4 Localizados en la carrera 6B 21ª-10 y la calle 22 6-45, respectivamente.
5 Se dijo que, en el primero, situado en la zona norte, se previeron 4 torres de vivienda multifamiliar,
mientras que, en el segundo, hallado en la zona sur, 6 torres.
2
Radicación: 150012333000201600693 01 (72.430)
Demandante: Antonio Kure Kata y otro
Demandado: Ministerio de Cultura, las Artes y los
Saberes y otros
Referencia: Reparación directa
7. El 12 de noviembre de 2014, la Curaduría Urbana 2 de Tunja les informó que, de
conformidad con el Decreto 51 de 20146, en dichos predios solo se podían ejercer
usos temporales con estructuras fáciles y completamente desmontables, así
como también que las obras deberían cumplir con las normas de antejardines,
aislamientos, cubiertas y fachadas para el nivel 3 de intervención establecido en
la Resolución 428 de 2012, por medio de la cual el Mincultura aprobó el PEMP
para el centro histórico de Tunja, bien de interés cultural de la Nación (en
adelante, BICN) y su zona de influencia7.
8. De acuerdo con los demandantes, dichos lotes fueron destinados a proyectos de
espacio público propuesto, según la demarcación del plano PRO-03 del PEMP;
sin embargo, mientras se inician los procesos de afectación y adquisición
correspondientes, el Decreto 51 de 2014 establece que los usos permitidos
corresponden a los del sector normativo donde estos se encuentran.
9. La parte actora afirma que las entidades demandadas deben ser declaradas
responsables por restringir su derecho de propiedad, debido a que los cambios
en la reglamentación del uso del suelo en el centro histórico de Tunja implican
que sus propietarios ya no puedan destinar sus lotes para urbanizar, lo que
ocasiona una desvalorización de estos, siendo la diferencia de precios antes y
después8, lo que se pide indemnizar bajo la teoría del daño especial9.
Trámite relevante en primera instancia
10. Mediante proveído del 11 de agosto de 201710, el Tribunal Administrativo de
Boyacá admitió el escrito inicial.
11. El Mincultura11 contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. Señaló que
las modificaciones al uso del suelo, en principio, no generan un daño antijurídico,
porque los condicionamientos al ejercicio del derecho de propiedad son
permitidos por el ordenamiento jurídico.
12. Indicó que en el presente asunto no se demostró que, previo a los cambios
introducidos a los instrumentos de planificación territorial, los demandantes
6 Por medio del cual el alcalde de Tunja estableció “directrices para la intervención de inmuebles
en zonas de reserva para futura afectación para espacio público declaradas en el PEMP del centro
histórico de Tunja”. Las referidas disposiciones fueron adicionadas a la Resolución 428 de 2012,
mediante la Resolución 1680 de 2015, expedida por el Mincultura.
7 Incorporado al plan de ordenamiento territorial del municipio de Tunja mediante el Acuerdo 016
del 28 de julio de 2014.
8 Al respecto, se afirmó: “la pretensión única indemnizatoria atendiendo el dictamen pericial anexo
en la pág. 32 del capítulo de las conclusiones pone de presente que la disminución o afectación
del valor comercial del inmueble avaluado (lote 1 y lote 2) corresponde a la diferencia de valor
comercial de los lotes con el mejor desarrollo potencial homogéneo que se puede implantar y el
valor comercial de los lotes con la expedición de las Resoluciones 428 de 2012, Decreto 51 de
2014 y la Resolución 1680 de 2015” (se destaca). A su vez, como fundamentos de derecho de
las pretensiones se indicó lo siguiente: “Constitución Política (…), Ley 388 de 1997, Leyes 397 de
1997, 814 de 2’’3, 763 de 2009 y 1185 de 2008, Ley 1437 de 2011, Resoluciones 428 de 2012 y
1680 de 2015, Decreto 51 de 2014, Decreto 1420 de 1998 y demás normas aplicables al asunto
sub lite”.
9 “… no atacamos los diferentes actos administrativos proferidos por las entidades demandadas
para establecer el plan especial de manejo y protección del centro histórico de Tunja y su zona de
influencia, partimos de la base de su legalidad, pero la actuación legal de la administración ha
causado un daño que debe ser reparado de manera íntegra, al amparo de la teoría del daño
especial, por la ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas”.
10 Folios 242 y 243 del cuaderno principal.
11 Folios 291 a 300 del cuaderno principal.
3
Radicación: 150012333000201600693 01 (72.430)
Demandante: Antonio Kure Kata y otro
Demandado: Ministerio de Cultura, las Artes y los
Saberes y otros
Referencia: Reparación directa
tuvieran una expectativa o un derecho adquirido, en la medida en que ni siquiera
en vigencia del anterior plan de ordenamiento territorial (en adelante, POT)
solicitaron autorización para la intervención o el desarrollo de alguna obra en los
inmuebles en mención.
13. A su vez, propuso la excepción de caducidad, con fundamento en que la última
de las decisiones que se acusan de ser las causantes del daño (Decreto 51 de
2014) fue publicada el 7 de febrero de 2014, por lo que los dos años para
demandar por los condicionamientos al uso del suelo introducidos en virtud del
PEMP fenecieron el 8 de febrero de 201612.
14. El departamento de Boyacá13 se opuso a sus pretensiones de los demandantes.
En síntesis, manifestó que no participó ni tuvo injerencia en los hechos objeto del
litigio, por cuanto la aprobación de los PEMP le corresponde al Mincultura,
mientras que su implementación e incorporación a los POT a los municipios,
entidades que, a su vez, son las encargadas de promover el ordenamiento de su
territorio y reglamentar el uso del suelo, sin que en dichas determinaciones
puedan incidir los departamentos, por lo que carecía de legitimación en la causa
por pasiva14.
15. El municipio de Tunja15 solicitó desestimar las pretensiones con fundamento en
que no se demostró la existencia de un proyecto de construcción en los lotes de
los demandantes. Indicó que la urbanización Lidueña inició su desarrollo en 1988
y que desde esa fecha hasta la expedición del PEMP transcurrieron más de 20
años sin que los señores Rueda Maldonado y Kure Kata adelantaran alguna
gestión para edificar el terreno restante, ni siquiera cuando la anterior
reglamentación contenida en el Acuerdo 14 de 2001 lo permitía.
16. Agregó que tampoco se reunían los requisitos para configurar la responsabilidad
del Estado por daño especial, por cuanto las modificaciones introducidas en virtud
del PEMP afectaron todo el centro histórico de Tunja, no solo los lotes de los
demandantes.
12 Dicha excepción se resolvió desfavorablemente en la continuación de la audiencia inicial del 6
de mayo de 2019. En virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Mincultura y el
municipio de Tunja, en auto del 29 de mayo de 2020, esta Corporación confirmó dicha decisión, al
estimar que la regla aplicable para contar el término de caducidad era la del conocimiento de los
condicionamientos impuestos al uso del suelo sobre el predio de los demandantes, lo que ocurrió
el 12 de noviembre de 2014, con el concepto del uso del suelo expedido por la curaduría urbana
2 de Tunja, “documento en el que se especificaron claramente las restricciones que pesaban sobre
los lotes como consecuencia de los actos administrativos mencionados líneas atrás. Sumado a lo
anterior, es plausible afirmar que fue con este documento que los actores pudieron
razonablemente advertir que era imposible, desde el punto de vista jurídico y material, darle a su
bien inmueble la destinación por ellos pretendida, esto es que, aunque continuaban siendo sus
propietarios, ya no podían disponer libremente del mismo, como resultado de unas decisiones
administrativas y que, por tanto, ya no podían culminar la construcción de la urbanización en la
forma por ellos prevista, lo cual se traduce en la depreciación del valor comercial pedido en la
demanda, perjuicio que dio origen al interés para demandar judicialmente su reparación”. En ese
sentido, se arguyó que “el término de caducidad inició el 13 de noviembre siguiente, de manera
que la oportunidad legal para demandar la reparación directa venció el 13 de noviembre de 2016.
Como la demanda se interpuso el 14 de septiembre de 2016, previo agotamiento del requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial, aquella se presentó dentro del término legal”.
13 Folios 257 a 270 del cuaderno principal.
14 Al igual que la de caducidad, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó dicha excepción en la
continuación de la audiencia inicial del 6 de mayo de 2019, decisión frente a la cual no se manifestó
ninguna objeción.
15 Folios 347 a 354 del cuaderno principal.
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Radicación: 150012333000201600693 01 (72.430)
Demandante: Antonio Kure Kata y otro
Demandado: Ministerio de Cultura, las Artes y los
Saberes y otros
Referencia: Reparación directa
17. Agotada la etapa probatoria16, en auto del 13 de enero de 202217 se ordenó correr
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto, oportunidad en la que los demandantes, el municipio de Tunja
y el departamento de Boyacá reiteraron sus argumentos18.
18. El Mincultura y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta fase del proceso.
Sentencia de primera instancia
19. En providencia del 8 de noviembre de 202419, el Tribunal Administrativo de Boyacá
negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
20. Encontró acreditado que José Raúl Rueda Maldonado y Antonio Kure Kata son
dueños del inmueble ubicado identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
070-11326, ubicado en el centro histórico de Tunja, así como también que
mediante escritura pública 2531 del 15 de noviembre de 1988 se constituyó la
urbanización Lidueña20, lo que dio lugar a la apertura de los folios de matrícula
inmobiliaria 070-62754 y 070-62755, correspondientes a las dos secciones o
manzanas que fueron aprobadas en la licencia de construcción 203 de 1988, para
la edificación de 34 proyectos de vivienda unifamiliar.
21. Explicó que, luego de que se realizó la respectiva cesión de zonas al municipio,
quedaron disponibles dos lotes ligados al folio matriz 070-11326, identificados con
las cédulas catastrales 01020009002000 y 010200090019000, los cuales fueron
englobados mediante la Resolución 15-001-0314—2016 del 26 de octubre de
2016, expedida por el IGAC21.
22. Indicó que el Acuerdo 14 del 1° de junio de 2001, por medio del cual se adoptó el
POT para el municipio de Tunja, sí permitía los usos residencial exclusivo
multifamiliar y residencial mixto multifamiliar en el centro histórico de la ciudad,
donde se ubica el predio de los demandantes, pero que con las modificaciones
16 En primera instancia se decretaron como pruebas: (i) las documentales allegadas por las partes,
relacionadas con la propiedad del predio La Esperanza, identificado con matrícula inmobiliaria 070-
11326, así como la constitución de la urbanización Lidueña, la adopción del PEMP para el centro
histórico de Tunja y su incorporación al POT del municipio, los usos permitidos en los dos lotes de
los demandantes en virtud del PEMP, (ii) el dictamen pericial aportado por los demandantes
tendiente a acreditar la desvalorización de sus lotes y (iii) se dispuso oficiar al municipio de Tunja
para que allegue certificaciones en las que se indique “el estrato socioeconómico en el que se
encuentran clasificados los predios registrados catastralmente bajo los números 01020009002000
y 010200090019000 y el nivel de intervención permitido y el uso de suelos de referidos los predios,
antes de su inclusión en el área afectada del centro histórico de la ciudad de Tunja, mediante las
resoluciones No 0428 del 27 de marzo de 2012 y 1680 del 10 de junio de 2015, proferidas por el
Ministerio de Cultura y el Decreto 0051 del 7 de febrero de 2014”, así como al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi para que aporte las fichas catastrales de los dos predios antes referidos.
17 Índice 110 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.
18 Índices 116, 117 y 118 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.
19 Índice 131 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.
20 Mediante escritura pública 2531 del 15 de noviembre de 1988, registrada ese mismo día en el
folio de matrícula matriz, dando apertura a los folios de matrícula 070-62754 y 070-62755.
21 De acuerdo con la sentencia de primera instancia, en las respuestas ofrecidas por el municipio
de Tunja se informó que el lote con cédula catastral 01020009002000 se encuentra asociado al
folio de matrícula inmobiliaria 070-11326, así como también que, revisada la información histórica
del predio con cédula catastral 010200090019000, dicho número predial se encuentra inactivo
desde 2017, producto de una transformación catastral, al englobarse con el primero de los
mencionados. A su vez, en respuesta del 18 de junio de 2021, el IGAC refirió que el lote
010200090019000 se englobó al 01020009002000, mediante Resolución 15-001-0314—2016 del
26 de octubre de 2016.
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Radicación: 150012333000201600693 01 (72.430)
Demandante: Antonio Kure Kata y otro
Demandado: Ministerio de Cultura, las Artes y los
Saberes y otros
Referencia: Reparación directa
introducidas en virtud del PEMP22, los referidos usos se volvieron incompatibles,
al disponer que los terrenos sin edificar debían destinarse a proyectos de espacio
público propuesto, permitiendo, únicamente, usos temporales con estructuras
fáciles y completamente desmontables, de conformidad con el Decreto 51 del 7
de febrero de 2014.
23. Señaló que en el presente asunto no se demostró que, en vigencia de la
reglamentación anterior, los señores Rueda Maldonado y Kure Kata hubieran
tramitado licencias de construcción sobre su inmueble, con el propósito de
continuar con la urbanización, por lo que les resultaba aplicable la nueva
regulación.
24. Advirtió que, aunque los referidos cambios en materia de uso del suelo
comportaron un condicionamiento al ejercicio del derecho de propiedad de los
actores, al impedirles destinar su predio para el desarrollo de proyectos de
vivienda, dicha restricción no se puede catalogar como antijurídica, en la medida
en que no excede los límites fijados en el artículo 58 de la Constitución Política
debido a que mantienen la posibilidad de explotar económicamente su bien, de
ahí que se trate de una carga que se encuentren en el deber jurídico de soportar
en razón de las funciones social y ecológica de la propiedad.
25. En cuanto a la indemnización de perjuicios solicitados por la supuesta
depreciación del inmueble, refirió que, si bien se aportó un dictamen pericial
tendiente a acreditar la diferencia de precios del bien antes y después de la
modificación a la reglamentación del uso del suelo en el centro histórico de Tunja,
lo cierto era que “el método residual de valuación” aplicado por el perito no tuvo
en cuenta la totalidad de los criterios establecidos por el IGAC para el empleo de
la técnica residual aludida, los cuales estaban contenidos en la Resolución 620 de
2008, razón suficiente para que sus conclusiones no fueran atendidas.
Recurso de apelación
26. La parte actora manifestó su desacuerdo con la sentencia de primera instancia,
con fundamento en los siguientes argumentos:
27. Señaló que, aunque el fallo admite la existencia de una limitación al derecho de
propiedad de los demandantes con ocasión de la expedición de unas decisiones
legales de la Administración, como lo son la Resolución 428 de 2012 del
Mincultura, adicionada por la Resolución 1680 de 2015 y el Decreto 51 de 2014,
proferido por el municipio de Tunja, se niega la indemnización solicitada con
fundamento en que se trata de una carga que se encuentran en el deber jurídico
de soportar.
28. Aseguró que dicha consideración resulta equivocada, por cuanto el Estado no
puede restringir el ejercicio de la propiedad privada sin indemnizar, pues ello
conduciría a socavar las bases de dicha institución y “a transitar por el camino de
la colectivización estatal de la propiedad”.
22 Contenido en la Resolución 428 del 27 de marzo de 2012 del Mincultura, la cual fue adicionada
mediante la Resolución 1650 de 2015 e incorporada al POT de Tunja, mediante el Acuerdo 016
del 28 de julio de 2014.
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Radicación: 150012333000201600693 01 (72.430)
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Saberes y otros
Referencia: Reparación directa
29. Afirmó que en el presente asunto se demostró que la delimitación impuesta al
derecho de los señores Rueda Maldonado y Kure Kata es desproporcionada y
anormal, al impedirles destinar su predio para actividades de tipo residencial, por
lo que se configura un daño especial, análisis que el Tribunal a quo se abstuvo de
realizar.
30. En cuanto a la acreditación de los perjuicios solicitados por la depreciación de los
bienes de los actores, adujo que, contrario a lo aludido por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, el dictamen pericial aportado era claro, preciso y sólido
y que sus conclusiones se ajustaban a lo establecido en los artículos 4 y 14 de la
Resolución 620 de 2008, las cuales no fueron tenidas en cuenta por el a quo.
Sostuvo que el a quo valoró de manera errada la prueba al exigir parámetros
distintos a los previstos en la resolución, con lo que desconoció que dicho método
es el que se emplea para avaluar terrenos en función de su mayor y mejor uso y
de la rentabilidad esperada. Destacó, adicionalmente, que el perito explicó
técnicamente la metodología y su ajuste al marco legal, por lo que el dictamen
debía ser acogido en su integridad o, en su defecto, “la condena debía dictarse en
abstracto para proceder a liquidar incidentalmente los perjuicios” 23.
Trámite relevante en segunda instancia24
31. En auto del 18 de marzo de 202525 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora26.
32. Sobre el particular, el municipio de Tunja señaló que la decisión del Tribunal es
coherente con las pruebas del proceso, cuenta con sustento normativo y
jurisprudencial, por lo que solicitó su confirmación. Insistió en que los cambios en
la regulación del uso del suelo les resultaban aplicables a los demandantes porque
no realizaron ninguna gestión para edificar el lote, incluso, cuando el Acuerdo 14
de 2001 se los permitía, por lo que no podían pretender que la regulación del uso
del suelo se mantuviera en el tiempo sin atender las nuevas circunstancias, como
la necesidad de preservar y conservar el centro histórico de la ciudad27.
33. Los demás sujetos procesales y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta
fase del proceso.
CONSIDERACIONES
34. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda y legitimación en la causa
por activa y por pasiva, así como el agotamiento del requisito de conciliación
extrajudicial, procede a decidir este asunto.
Objeto de la apelación y problema jurídico
23 Índice 136 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.
24 El expediente se remitió el 14 de febrero de 2025 a esta Corporación e ingresó al despacho del
magistrado ponente el 20 de febrero siguiente. Folio 478 del cuaderno principal.
25 Índice 3 SAMAI Consejo de Estado.
26 Se deja constancia de que el municipio de Tunja se pronunció en relación con el recurso de
apelación; sin embargo, el memorial se allegó de manera extemporánea. Índice 10 SAMAI Consejo
de Estado.
27 Índice 10 SAMAI Consejo de Estado.
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Radicación: 150012333000201600693 01 (72.430)
Demandante: Antonio Kure Kata y otro
Demandado: Ministerio de Cultura, las Artes y los
Saberes y otros
Referencia: Reparación directa
35. En el presente asunto no existe controversia respecto de que los señores José
Raúl Rueda Maldonado y Antonio Kure Kata son propietarios del inmueble
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 070-11326, al que estaban
asociados los lotes con cédulas catastrarles 01020009002000 y
010200090019000, los cuales fueron englobados con posterioridad, de ahí que la
Subsección se refiera a este en singular.
36. Tampoco hay discusión respecto de que el predio se ubica en el centro histórico
de Tunja, ni que con ocasión de la aprobación del PEMP, con el que se pretende
su conservación y protección, se modificaron las normas urbanísticas de ese
sector. La discrepancia con la sentencia de primera instancia recae sobre las
implicaciones que dicha regulación les genera a los demandantes, en punto al
ejercicio del derecho de propiedad, pues ellos aseguran que toda restricción
impuesta por el Estado en ese sentido es susceptible de indemnizar, máxime si
se tiene en cuenta que la limitación que recae sobre su predio les impide destinarlo
a actividades de tipo residencial.
37. En ese sentido, dado que la competencia del superior está ceñida a los reparos
concretos expuestos por el recurrente contra la sentencia de primer grado, salvo
que se trate de situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa28,
el problema jurídico a resolver se contrae en determinar si el daño alegado por los
señores Kure Kata y Rueda Maldonado es antijurídico o si se trata de una carga
que se encuentran en el deber jurídico de soportar, tal y como se determinó en la
sentencia de primer grado.
38. Si la respuesta a la primera pregunta formulada es positiva, se realizará el análisis
de la imputación. Solo en el evento de que los elementos de la responsabilidad se
encuentren configurados, habrá lugar a examinar el tercer cargo de la apelación,
relacionado con la indemnización de perjuicios, lo que implica establecer si el
dictamen pericial aportado con la demanda acredita la depreciación del bien que
alegaron los actores29.
El daño antijurídico y las restricciones impuestas por el Estado al ejercicio
del derecho de propiedad en aras de preservar el patrimonio cultural
39. El daño es el primer elemento de la responsabilidad30. Su acreditación impone
verificar que la lesión o el menoscabo a un derecho o interés legítimo, además de
28 Los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la
controversia, salvo que se trate de situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa.
Según el artículo 328 del CGP, “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley”. En cuanto al desarrollo jurisprudencial de este precepto,
ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2024, exp. 70.692.
29 En reciente oportunidad, en sentencia del 12 de junio de 2025, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, C.P. Freddy Ibarra Martínez (E) precisó: “Finalmente, la Sala se
abstendrá de analizar el argumento del recurso de apelación referente al menor valor que se dice
tiene en la actualidad el área del predio afectada, pues, por sustracción de materia, por el hecho
de no haberse demostrado de manera idónea y fehaciente la existencia de un daño antijurídico,
resulta impertinente e inútil examinar la consecuente existencia de perjuicios”.
30 Según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política, “el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
acción o la omisión de las autoridades públicas”.
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cierto y personal31, es antijurídico32, esto es, que la víctima “no tiene el deber de
soportar, por no estar justificado en la ley o el derecho”33.
40. De acuerdo con esta Sección, la anterior definición descarta que todos los daños
sean indemnizables34 y resulta especialmente relevante en los casos en que se
persigue la declaratoria de responsabilidad del Estado por las restricciones
impuestas al ejercicio de determinados derechos, eventos en los cuales la lesión
se considera antijurídica únicamente si se sobrepasa el límite normal de tolerancia
que le resulta exigible a todos los ciudadanos por vivir en sociedad35.
41. Ejemplo de ello son los condicionamientos impuestos -no la supresión36- al
derecho de propiedad mediante las reglamentaciones del uso del suelo, las
cuales, en principio, deben ser soportadas por sus titulares en razón de las
funciones social y ecológica previstas en el artículo 58 de la C.P., características
con las que se busca garantizar que la propiedad privada ceda ante el interés
general y se articule con la cláusula de Estado Social37, integrándose, entre otros,
31 Entendido en sentido amplio, esto es, que está integrado por derechos evaluables
económicamente como por derechos que no tienen valor pecuniario en su esencia. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17
de agosto de 2017, exp. 37303.
32 Según la Corte Constitucional, esta definición de la doctrina española fue la base conceptual del
artículo 90 de la Constitución Política, “la cual ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo
de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño
antijurídico como ‘la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no
está en la obligación de soportar’, por lo cual ‘se ha desplazado la antijuricidad de la causa del
daño al daño mismo’". Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de
diciembre de 2005, exp. 12158. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, reiterada por esta
Subsección, entre otras, en: sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24633. C.P. Hernán Andrade
Rincón, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 28389. C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del
12 de julio de 2019, exp. 41179. C.P. María Adriana Marín; sentencia del 28 de agosto de 2019,
exp. 50500. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 19 de septiembre de 2019, exp.
49033, sentencia del 12 de diciembre de 2022, exp. 68434. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
34 “Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de
sus principales características, a saber: La primera: no todos los daños que causa el Estado
resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues
solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites
jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que
viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde
esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública
y efectividad de los derechos (artículos 228 y 2º de la Constitución), sino también confluye con los
principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas
angulares del Estado Social de Derecho (artículos 1º y 13 de la Carta)”. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, exp.
12158. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
35 Ibid.
36 “De la mano de lo anterior, resulta apenas lógico que el Estado, en consonancia con esta
concepción moderna del derecho de propiedad, se encuentre facultado para configurar su
contenido, a través de distintas modalidades de intervención del mismo, como, por ejemplo, la
delimitación en la forma de su ejercicio, el establecimiento de gravámenes, e incluso, la
expropiación”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 4 de junio de 2019, exp. 43758. C.P. Alberto Montaña Plata. En igual
sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2024, exp. 65625. C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
37 “Las funciones social y ecológica de la propiedad privada se complementan con otras
disposiciones de la Carta Política, normas que buscan garantizar que toda propiedad cumpla el
interés general, a más de generar beneficios patrimoniales para su propietario. Así, pues, la
propiedad privada se integra al concepto de espacio público, se encuentra ligada a la protección
de la memoria histórica y cultural de la Nación mediante la institución del patrimonio arqueológico
de la Nación o de la declaratoria de bien de interés cultural; la propiedad privada tendrá
implicaciones especiales si se liga a la prestación de un servicio público, entre muchas otras. En
suma, la Constitución Política de 1991 persiguió maximizar el beneficio social que debe procurar
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a conceptos como el de espacio público, ambiente sano, protección de la memoria
histórica y del patrimonio cultural de la Nación, entre otros.
42. Frente a este último, el artículo 72 de la Constitución Política señala que el
patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado38; asimismo, el
artículo 313 de la Constitución Política les atribuye a los concejos municipales la
función de expedir las normas necesarias para el control, preservación y defensa
del patrimonio ecológico y cultural del municipio, mientras que en el artículo 333
se indica que la delimitación del alcance de la libertad económica frente a este tipo
de bienes le corresponde al legislador, cuando así lo exija el interés general.
43. Para la Corte Constitucional, las disposiciones atrás referenciadas evidencian que
"la protección del patrimonio cultural de la Nación tiene especial relevancia en la
Constitución, en tanto que éste constituye un signo o una expresión de la cultura
humana, de un tiempo, de circunstancias o modalidades de vida que se reflejan
en el territorio, pero que desbordan sus límites y dimensiones"39, razón por la cual
su salvaguarda le corresponde a todos y, en particular, al Estado, el cual tiene el
deber de adoptar medidas destinadas a su conservación y recuperación40.
44. Adicionalmente, el alto tribunal constitucional ha explicado que, si bien esas
medidas implican una serie de restricciones relacionadas, principalmente, con el
uso y destinación de la propiedad, tales condicionamientos gozan de plena
justificación, “precisamente, en razón a lo importante que resulta para el Estado,
la comunidad y el propio individuo, la conservación y el cuidado del patrimonio
cultural de la Nación, particularmente, si se toma en consideración que Colombia
es un país multiétnico y pluricultural, y que, como tal, posee manifestaciones
culturales diversas, que deban ser protegidas, conservadas y divulgadas, con el
fin de que sirvan de testimonio de la identidad cultural nacional, en el presente y
en el futuro”41.
45. Lo anterior no implica que ese tipo de intervenciones estén exentas de la
aplicación de la cláusula general de responsabilidad del Estado consagrada en el
artículo 90 de la Constitución Política, dado que, si con ellas se desconoce el
núcleo esencial del derecho de propiedad y se lo vacía de contenido, es decir, si
se elimina toda posibilidad de aprovechamiento económico del bien 42, una vez
verificada la imputación del daño a la entidad estatal, surge para ella el deber de
reparar.
46. Sobre el particular, esta Subsección precisó:
la propiedad a más de garantizar el beneficio privado del propietario. No son, en este sentido, fines
contradictorios sino complementarios en un Estado Social de Derecho”. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del de mayo de 2012,
exp. 21906. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
38 Al tiempo que establece que el patrimonio arqueológico y los otros bienes culturales que
conforman la identidad nacional le pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles.
39 Corte Constitucional, sentencia C-742 de 2006.
40 Ibid.
41 Sentencia C-082 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del de mayo de 2012, exp. 21906. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.; reiterada,
recientemente, por la Subsección C de la Sección Tercera en sentencia del 9 de abril de 2025,
exp. 55310. C.P. William Barrera Muñoz.
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“De esta manera, el Estado se encuentra habilitado por la propia Constitución
Política para modificar el alcance de los derechos del propietario en cada caso
concreto, lo que se enmarca en el ámbito normal de las cargas públicas que
debe asumir el propietario por virtud de la cláusula de la función social y
ecológica de la propiedad. En otras palabras, la delimitación general del
ejercicio del derecho de propiedad urbana –así incida de manera particular en
un predio en concreto- no es, por regla general, anormal, excepcional o, para
esos efectos, especial, razón por la cual se excluyen de la posibilidad de ser
constitutivas de daños antijurídicos. En este orden de ideas, aquellas
decisiones mediante las cuales se modifiquen los usos del suelo, se cambien
los índices de edificabilidad, se clasifique un bien como de interés cultural, se
establezcan cesiones obligatorias gratuitas, etc., no comprometen, como
regla general –aunque ello admite excepciones-, la responsabilidad del
Estado (…).
En conclusión, la Sala debe reiterar que en casos como el sub lite, la regla
general es que la modificación por vía reglamentaria de los usos del
suelo no genera daños antijurídicos, siendo ésta una carga que de
ordinario deben soportar los propietarios por el contenido que del
derecho determina el ordenamiento jurídico bajo el prisma de la función
social y ecológica de la propiedad, en este orden de ideas en el sistema
jurídico nacional no existe un derecho adquirido a que se mantengan las
condiciones de desarrollo urbanístico de un predio; solo cuando la
regulación excede el ámbito de esas funciones, cuando suprime el
contenido del derecho de propiedad, cuando borra o suprime de manera
intolerable la posibilidad de ejercer una explotación económica –esto es,
en desmedro de proyectos concretos de explotación o de una expectativa
razonable y legítima de ella- y, aún en esta hipótesis, se deberá establecer
por parte del juez si el ordenamiento jurídico garantizó otras posibilidades de
explotación, un sistema adecuado de transición y/o incorporó los instrumentos
de compensación suficientes para aligerar o reequilibrar la carga impuesta por
las autoridades administrativas”43 (se destaca).
47. En sentido similar, la Subsección B de la misma Sección refirió:
“Ahora bien, esta Corporación al resolver un caso en el cual se solicitó la
declaratoria de responsabilidad, por un Acuerdo mediante el cual se
determinó que el uso de un bien inmueble era como parque, identificó 2
clases de intervención al derecho de propiedad: por un lado,
intervenciones que tocan el núcleo esencial del derecho de propiedad
de tal manera que, lo vacían de contenido y, que conllevan, de fondo,
efectos expropiatorios y; otro tipo de intervenciones al derecho de
propiedad, que no son suficientes para vaciar el contenido del mismo,
es decir, dejan intacto el núcleo esencial del derecho.
En este último evento, reitera la Sala que, la regla general es que dichas
intervenciones constituyen una carga pública en cabeza del titular del
derecho, circunstancia que, en principio, no genera responsabilidad del
Estado, en virtud de la función social y ecológica de la propiedad.
Lo anterior encuentra una excepción en nuestro ordenamiento jurídico, bajo
la lógica misma del régimen de responsabilidad aplicable, esto es, la
existencia de una carga pública en cabeza de uno o algunos administrados,
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 26 de agosto de 2015, exp. 33113. C.P. Hernán Andrade Rincón; reiterada por sus
subsecciones , entre otras, en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencias del 4 de junio de 2019, exp. 43758. C.P. Alberto Montaña Plata
y del 18 de noviembre de 2021, exp. 44670. C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de julio de 2025, exp. 71373.
C.P. William Barrera Muñoz.
De igual manera, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2024, exp. 65625. C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
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que resulte anormal y especial y, en esa medida vulnere el principio de
igualdad. Así, y solo en la medida en que se cumplan estos requisitos, la
naturaleza de carga pública muta a un daño que el administrado no está en
la obligación de soportar”44 (negrillas fuera del original).
48. Bajo ese panorama, dado que el derecho de propiedad no es absoluto, sino que
el ordenamiento jurídico permite que ceda ante el interés general y se restrinjan
hasta cierto punto sus atributos, en aras de salvaguardar intereses superiores
como la identidad cultural de la Nación, estima la Sala que el primer argumento
formulado por los recurrentes no está llamado a prosperar, toda vez que solo
cuando se sobrepasa el límite de intervención permitido en razón de las funciones
social y ecológica previstas en el artículo 58 de la Constitución Política y se afecta
el núcleo esencial de dicha garantía superior, el daño puede catalogarse como
antijurídico, de ahí que el Tribunal Administrativo de Boyacá tampoco haya errado
al examinar si el menoscabo alegado por los demandantes podía calificarse de
esa manera, por cuanto sin su acreditación resultaba inane cualquier análisis de
imputación adicional45.
49. Conclusión que no se modifica por el hecho de que los señores Kure Kata y Rueda
Maldonado refieran que en el presente asunto se configura un daño especial, en
tanto que dicha teoría no implica que se presuma el primer elemento de la
responsabilidad o que sean figuras asimilables, como pareciera entenderlo la
parte actora, sino que permite fundar la obligación de indemnizar del Estado en
un régimen objetivo, denominado con el mismo nombre, en los eventos en que se
demuestra que el daño -antijurídico- se produce como consecuencia de una
conducta legítima de la administración (nexo de causalidad), la cual, pese a ser
realizada en beneficio de la comunidad, genera una carga anormal y especial a
una persona o grupo de personas que no tienen los demás (factor de atribución)46.
50. Precisado lo anterior, se continuará con el análisis del segundo argumento de la
impugnación, pues, en criterio de los demandantes, en el presente asunto se
demostró que la imposibilidad de destinar su inmueble a actividades de tipo
residencial es desproporcionada.
51. Lo anterior implica determinar si los cambios en la reglamentación del uso del
suelo en el centro histórico de Tunja, donde se ubica el predio identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria 070-11326, comportan una restricción que excede
el límite de la normal tolerancia a la intervención del Estado en la propiedad
privada y configura un daño antijurídico.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 4 de junio de 2019, exp. 43758. C.P. Alberto Montaña Plata.
45 Como se anotó de manera precedente, el daño antijurídico es uno de los elementos estructurales
de la responsabilidad. Su acreditación es indispensable, pero no suficiente para que surja el deber
de reparar a cargo del Estado, por cuanto para que ello ocurra es imperativo que este le resulte
atribuible a aquel, a título de falla del servicio, riesgo excepcional o daño especial. Así pues, en lo
que se refiere al derecho de daños, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación del 19 de abril de 2012, exp. 21515, señaló que, al dejar el artículo 90 de la Constitución
Política en manos del juez la facultad de encontrar el fundamento jurídico de sus fallos no es
posible definir de manera genérica un título de imputación determinado, por cuanto deberán
estudiarse en cada caso las circunstancias particulares del mismo para determinarlo.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de
marzo de 2000, exp. N-11401. C.P. Alier Hernández Enríquez, reiterada por esta Subsección,
entre otras, en: sentencia del 14 de julio de 2023, exp. 69345. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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52. Para ello, se relacionarán las normas de protección y conservación de los BIC, así
como también se hará referencia al régimen de salvaguarda del sector antiguo de
Tunja, la reglamentación del uso del suelo y los niveles permitidos de intervención
en ese sector y su zona de influencia, con base en los cuales se procederá con el
estudio del caso concreto.
Régimen de protección y conservación de los bienes de interés cultura de la
Nación -BICN-
53. La Ley 397 de 199747 es la disposición normativa que con las modificaciones
introducidas por la Ley 1185 de 200848 define la política estatal en materia de
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación y establece como
sus objetivos “la protección, conservación, rehabilitación y divulgación, con el
propósito de que el patrimonio sirva de testimonio de la identidad cultural nacional,
tanto en el presente como en el futuro”49.
54. Según el artículo 4 ibidem, el patrimonio cultural está constituido, entre otros50,
por los bienes de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuya, entre
otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro,
musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico51.
55. De acuerdo con el literal b del artículo 4 ejusdem, el régimen especial de
salvaguarda y protección para los bienes del patrimonio cultural de la Nación
cobija a todos aquellos que sean declarados como de interés cultural -BIC-, así
como también a los que con anterioridad a la promulgación de la Ley 397 de 1997
hubieren sido declarados como monumentos -como el caso del centro histórico de
Tunja52-, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica,
conjuntos históricos, u otras denominaciones, los cuales también se consideran
BIC de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal o de los territorios
indígenas o de las comunidades negras y, por consiguiente, les resultan aplicables
sus disposiciones.
56. El literal c del mismo artículo indica que los BIC pueden pertenecer a entidades
públicas de cualquier orden o a personas naturales o jurídicas de derecho privado.
47 “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”.
48 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan
otras disposiciones”.
49 Artículo 5 de la Ley 397 de 1997.
50 Como por ejemplo, bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la
lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la
tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos.
51 En línea con lo anterior, el artículo 5 indica que el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la
Nación está constituido por el conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que
ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, por los bienes y manifestaciones
del patrimonio cultural de la Nación, por los bienes de interés cultural y sus propietarios,
usufructuarios a cualquier título y tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de
desarrollo institucional, planificación, información, y por las competencias y obligaciones públicas
y de los particulares, articulados entre sí, que posibilitan la protección, salvaguardia, recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación.
52 A través de la Ley 163 de 1959.
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57. En concordancia con lo anterior, los artículos 5 y 8 de la referida ley señalan que
para la declaratoria y el manejo de los BIC se aplicará el principio de
coordinación53 entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal y de
los territorios indígenas, mientras que en el artículo 11 se fija el régimen especial
de protección:
58. Con esa finalidad, se instituye la figura del plan especial de manejo y protección -
PEMP-, definido como el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio
del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar la protección y
sostenibilidad de los BIC o de los que pretendan declararse como tales en el
tiempo.
59. La reglamentación de los PEMP le corresponde al Mincultura. En ella debe constar
cuáles BIC declarados previo a la expedición de dicha norma requieren de él y el
plazo para hacerlo. En el caso de bienes inmuebles, dicho plan debe contemplar
el área afectada54, la zona de influencia55, el nivel permitido de intervención, las
condiciones de manejo y el plan de divulgación. Esto, con el fin armonizar y
garantizar la regulación del uso del suelo, la ocupación y el aprovechamiento para
la protección del BIC e integración con el entorno local.
60. Los PEMP relativos a bienes inmuebles deben incluir los elementos de gestión
urbanística y los instrumentos de gestión del suelo para que el BIC no se considere
de manera aislada de las demás realidades urbanas; asimismo, estos
instrumentos deben ser incorporados en los respectivos planes de ordenamiento
territorial. En ese sentido, el PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso del
suelo y edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de
influencia, pese a que exista un plan de ordenamiento territorial aprobado por la
respectiva autoridad.
61. Lo anterior, por cuanto las reglas sobre conservación, preservación y uso de las
áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación constituyen
normas de superior jerarquía al momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar
los POT de los municipios y los distritos.
53 En línea con lo anterior, el artículo 5 se refiere al Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la
Nación, el cual según el artículo 2.3.1.1. del Decreto 1080 de 2015, “… está constituido por el
conjunto de instancias públicas de los niveles nacional y territorial que ejercen competencias sobre
el patrimonio cultural de la Nación, por los propietarios, usufructuarios y tenedores de los bienes
del patrimonio cultural de la Nación y los que ejerzan mismos derechos sobre los bienes de interés
cultural (…). El objeto del SNPCN es contribuir a la valoración, la preservación, la salvaguardia, la
protección, la recuperación, la conservación, la sostenibilidad, la divulgación y la apropiación social
del patrimonio cultural de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la legislación
en particular, en la Ley 397 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008, y bajo los
principios de descentralización, diversidad, participación, coordinación y autonomía (…).
Son sujetos del Sistema Nacional de patrimonio cultural de la Nación: los propietarios,
usufructuarios y tenedores de bienes de interés cultural (…)”.
54 El artículo 2.4.1.1.16. del Decreto 1080 de 2015 indica: “Es el área de interés o demarcación
física del inmueble o conjunto de inmuebles, sectores urbanos o centros históricos, compuesta por
sus áreas construidas y libres, para efectos de su declaratoria como BIC. Por la naturaleza de los
BIC, el área afectada puede estar conformada por diferentes inmuebles y muebles con o sin
valores culturales específicos, sin que ello represente el reconocimiento puntual de estos últimos
y su manejo se reflejará en los niveles de intervención”.
55 El artículo 2.4.1.1.17. del Decreto 1080 de 2015 refiere “Es la demarcación del contexto
circundante o próximo al bien declarado, necesario para que sus valores se conserven”.
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62. La Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, para la época de los
hechos estaba reglamentada en el Decreto 763 de 2009.
Normas de salvaguarda para el sector antiguo de Tunja
63. Mediante la Ley 163 de 195956 se declaró como monumento nacional el centro
histórico de Tunja57.
64. Debido a lo anterior, el Instituto Colombiano de Cultura (en adelante, Colcultura),
profirió la Resolución 41 del 26 de octubre de 199458, por medio de la cual se
aprobó una reglamentación especial de intervención para el sector antiguo, con
miras a motivar su conservación, protección y desarrollo.
65. Dicha regulación fue acogida en su integridad por el municipio a través del Decreto
311 de 199559 y, luego, en el Acuerdo 14 del 31 de mayo de 2001, a través del
cual se adoptó el POT de Tunja60.
66. Instrumento en el que, entre otras cosas, se dispuso que los usos del suelo en las
áreas de ocupación del espacio privado61 se dividen en principal62, compatible63,
condicionado64 y prohibido65, así como también se indicó que al área denominada
centro histórico de Tunja, identificada con el código UPCH, le correspondían los
usos establecidos en la reglamentación del sector antiguo de Tunja, los cuales
fueron identificados en el artículo 216 del POT, de la siguiente manera:
Código Uso principal Uso compatible Uso condicionado Uso prohibido
UPCHa-i Residencial Residencial Residencial Exclusivo Comercio 3
Exclusivo Exclusivo bifamiliar multifamiliar Comercio 4
unifamiliar Comercio 2 Residencial mixto- Servicios 4
Comercio 1 Institucional 2 Unifamiliar residencial Institucional 3
Servicios 1 Servicios 2 Mixto-Bifamiliar Industrial M
Institucional 1 Residencial Mixto Industrial P
Industrial A multifamiliar
Servicios 3
56 “Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y
monumentos públicos de la Nación”.
57 Artículo 4. Declárense como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de
Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de
San Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica).
Parágrafo. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores antiguos los de las
ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de
Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas,
murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc.,
incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII”.
58 “Por la cual se aprueba la reglamentación para el centro histórico de Tunja”.
59 “Por el cual se adopta la reglamentación urbana para la ciudad de Tunja y se dictan otras
disposiciones”.
60 Artículo 73.
61 El artículo 114 indica que el espacio urbano se clasifica en espacio público y espacio privado.
62 De acuerdo con el artículo 191, el uso principal es el deseable que coincide con la función
específica de la zona y que ofrece las mayores ventajas desde el punto de vista del desarrollo
sostenible y que contribuye directamente a consolidar el modelo territorial.
63 Los usos compatibles, según el mismo artículo, son aquellos que no se oponen al principal y
concuerdan con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales
conexos.
64 Los usos condicionados fueron definidos por el artículo 191 como aquellos que presentan algún
grado de incompatibilidad con el uso principal y ciertos riesgos ambientales controlables por la
autoridad ambiental o por el municipio.
65 Según el artículo 191, los usos prohibidos son aquellos incompatibles con el uso principal de
una zona, con los propósitos de preservación ambiental o de planificación y por consiguiente,
entrañan graves riesgos de tipo ecológico o social.
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Demandante: Antonio Kure Kata y otro
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Saberes y otros
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Industria L
67. Adicionalmente, se facultó al alcalde para modificar el conjunto de normas de
urbanismo, construcción y usos del suelo en el referido sector, previo concepto
favorable del Mincultura, con el objeto de definir pautas específicas para la
ocupación y desarrollo de los predios como del espacio público que lo
conforman66.
68. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 397 de 1997,
modificado por el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008, el Mincultura expidió la
Resolución 428 del 27 de marzo de 2012, por medio de la cual se aprobó un PEMP
para el centro histórico de Tunja y su zona de influencia, con el propósito de
recuperar y exaltar integralmente el patrimonio cultural de ese sector y recalificar
su territorio en los diversos aspectos urbanos para garantizar su continuidad como
eje principal de la ciudad, aumentar su atractivo y su competitividad e incrementar
la identidad ciudadana67.
69. En lo que a este proceso interesa, se delimitó tanto el área afectada como la zona
de influencia, las cuales son visibles en el plano PRO-0168, que hace parte integral
del PEMP69, cuya imagen se inserta a continuación:
70. De igual manera, se clasificaron los inmuebles según el nivel de intervención
permitido70, los tipos de obras autorizados71 y las normas de edificabilidad para
cada uno de ellos:
66 Artículo 75.
67 Artículo 4.
68 Índice 83 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá.
69 Artículo 2.
70 Artículos 8 a 11. De igual manera, en el plano PRO-02 se aprecia la referida clasificación.
71 Estos son visibles en el plano PRO-07 del PEMP.
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Nivel de Valores o bienes Tipos de obra permitidas Normas de
intervención edificabilidad
Nivel 1. Se aplica a inmuebles del Restauración, reparaciones Art. 39
Conservación grupo arquitectónico de locativas, primeros auxilios,
integral. excepcional valor, los cuales, rehabilitación o adecuación
por ser irremplazables, deben funcional, reforzamiento
ser preservados en su estructural, reintegración,
integralidad. ampliación, consolidación y
liberación.
Nivel 2. Se aplica a inmuebles del Se permite la modificación de los Arts. 40 a 70
Conservación grupo arquitectónico con espacios internos del inmueble,
de tipo características representativas siempre y cuando se mantenga
arquitectónico. en términos de implantación la autenticidad de su estructura
predial (rural o urbana), espacial.
volumen edificado,
organización espacial y Restauración, reparaciones
elementos ornamentales las locativas, primeros auxilios,
cuales deben ser conservadas. rehabilitación o adecuación
funcional, remodelación,
reforzamiento estructural,
reintegración, ampliación,
consolidación y liberación.
Nivel 3. Se aplica a los inmuebles Este nivel busca la recuperación Arts. 71 a 89
Conservación ubicados en un sector urbano del contexto urbano en términos
contextual. que no tienen características del trazado perfiles, paramentos,
arquitectónicas índices de ocupación y volumen
representativas, pero que son edificado.
compatibles con el contexto.
Demolición, obra nueva,
De igual manera, se aplica a modificación, remodelación,
los inmuebles que no son reparaciones locativas, primeros
compatibles con el contexto, auxilios, reconstrucción,
así como a los predios sin reforzamiento estructural,
construir que deben consolidación y ampliación.
adecuarse a las
características del sector
urbano.
71. A su vez, se establecieron los usos del suelo, dividiendo el área en diez sectores
normativos72:
● Sector I. Predominio de comercio, servicios e institucionales de mediano
impacto.
● Sector II. Predominio de comercio y servicios, con institucionales de
mediano impacto.
● Sector III. Uso residencial con comercio y servicios de mediano impacto.
● Sector IV. Uso residencial con comercio, servicios e institucionales de bajo
impacto.
● Sector V. Uso residencial con comercio y servicios de bajo impacto.
● Sector VI. Uso residencial con equipamientos complementarios de la
vivienda.
● Sector VII. Uso residencial, con comercio y servicios e institucionales de
bajo y mediano impacto.
● Sector VIII. Uso residencial con comercio y servicios complementarios de
muy bajo impacto.
● Sector IX. Uso residencial con comercio y servicios locales.
● Sector X. Desarrollo en vivienda con comercio y servicios complementarios.
72. La identificación de cada uno de ellos es visible en el plano PRO-06 del PEMP73:
72 Artículos 105 a 113.
73 Dicho plano no se allegó en digital, sino en físico. Folio 210 del cuaderno principal.
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73. Por otra parte, con el propósito de recuperar el centro histórico como conjunto e
incentivar el turismo en esa área de la ciudad se propusieron seis proyectos
urbanos integrales o “actuaciones estructurantes”74, así como el incremento de
zonas de espacio público, para lo cual se indicó que se requeriría de la adquisición
de algunos terrenos.
74. Frente a esto último, en el plano PR-0375 de estructura ambiental y espacio público
se visualizan las áreas destinadas a ello76:
74 1. Calles reales de Tunja (calles1 19 y 20), 2. Caminos procesionales (carreras 9, 10 y 11), 3.
Parque Bosque de la República: proyecto integral del sector sur del centro histórico, 4. Plaza de
los muiscas: proyecto integral del sector norte del centro histórico, 5. Paseo avenida Colón:
proyecto integral del borde noroccidental del centro histórico y 6. Fachada oriental del centro
histórico: proyecto integral de la avenida y el borde oriental. Las acciones por realizar comprenden,
entre otras, la adecuación de avenidas como paseos urbanos con arborización y andenes amplios,
la peatonalización de vías, la construcción de parqueaderos subterráneos y la construcción de
parques. Artículos 18 a 23.
75 Índice 83 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá.
76 También se pueden observar en los planos PR-02 niveles permitidos de intervención y PR-04
propuesta integral de renovación urbana.
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75. Por último, se dispuso que el municipio de Tunja debería emprender las acciones
requeridas para: (i) adelantar el ajuste y/o modificación de las disposiciones
administrativas y legislativas requeridas para la correcta implementación del
PEMP, (ii) ejecutar las acciones dentro del marco legal y financiero y expedir los
actos necesarios para realizar los proyectos de su competencia atendiendo las
prioridades establecidas y formuladas en el PEMP, (iii) efectuar los ajustes
necesarios en la secretaría de planeación y demás dependencias
correspondientes, que permitan atender eficientemente el desarrollo, la gestión y
el control de los programas y proyectos formulados en el PEMP y (iv) realizar el
seguimiento al PEMP77.
76. Con la finalidad de establecer lineamientos de desarrollo transitorio en los
inmuebles requeridos para proyectos de espacio público mientras se cuenta con
disponibilidad presupuestal para iniciar los procesos de afectación y adquisición
correspondientes, el alcalde de Tunja expidió el Decreto 51 del 7 de febrero de
2014, en el que se estableció lo siguiente:
“… en los inmuebles identificados como espacios públicos propuestos en el
plano PR-03 de estructura ambiental y espacio público que hace parte integral
de la Resolución 428 de 2012, por la cual se aprobó el PEMP del centro
histórico del municipio y su zona de influencia, se podrán realizar
exclusivamente las siguientes obras, en el marco de las normas urbanísticas
permitidas en la resolución mencionada, de la siguiente manera:
En inmuebles ya edificados: restauración, reparación locativa, primeros
auxilios, rehabilitación, modificaciones internas, reforzamiento estructural,
liberación y adecuación funcional sin ampliación del área construida (…).
En inmuebles sin edificar: se permite el ejercicio de usos temporales con
estructuras fácil y completamente desmontables, debiendo cumplir con las
normas de antejardines, asilamientos, cubiertas, fachadas y parametrización
para el nivel 3 de intervención establecidos en la Resolución 428 de 2012
(PEMP), así como las normas establecidas en el subcapítulo IV de la misma,
e igualmente los usos permitidos serán los establecidos en el sector normativo
en los que se ubique el inmueble. De lo contrario deberán permanecer sin
edificación hasta que se afecten y adquieran, de conformidad con lo
establecido en el artículo 37 de la ley 9 de 1989 y los artículos 122 y 58 y s.s.
de la Ley 388 de 1997”.
77. Adicionalmente, se dejó constancia de que en los procesos de adquisición del
suelo no se tendrían en cuenta “para el pago del precio o indemnización del daño
emergente o lucro cesante, las construcciones, ni los nuevos usos que se
implanten con base en este decreto”.
77 Artículos 126 a 129.
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78. Mediante el Acuerdo 16 del 28 de julio de 201478, el concejo de Tunja modificó las
normas urbanísticas del POT adoptado en el Acuerdo 14 de 2001 e incorporó a
sus disposiciones la Resolución 428 de 2012.
Caso concreto
79. En el presente asunto, está demostrado que, mediante escritura pública 2531 del
15 de noviembre de 198879, los señores Antonio Kure Kata y Raúl Rueda
Maldonado constituyeron la urbanización Lidueña sobre el predio con matrícula
inmobiliaria 070-11326 de la oficina de registros públicos de Tunja80 y
protocolizaron el respectivo plano de loteo y ubicación81, aprobado el 9 de mayo
de ese año por el departamento de planeación municipal.
80. De acuerdo con los referidos documentos, el conjunto tenía una primera etapa,
dividida en dos secciones o manzanas82. La primera abarcó los lotes 1 a 14,
mientras que la segunda los lotes 15 a 34, los cuales, de conformidad con la
licencia de construcción 203 de 198883, se destinaron a unidades de vivienda
familiar84.
81. En la segunda etapa, prevista para más adelante, se proyectó la construcción de
unos bloques de vivienda multifamiliar sobre los lotes que quedaron tras la cesión
de las áreas correspondientes a calles, carreras y zonas verdes al municipio 85.
Según el plano de loteo y localización, estos se ubican en los costados norte y sur
y su extensión es de 738,12 y 1.078,79 m2, respectivamente.
82. A través del Oficio 1.14.3-2.13-3799 del 14 de abril de 2021, el municipio de Tunja
informó con destino a este proceso que los usos del suelo que permitía el Acuerdo
14 de 2001 en el área de ocupación denominada centro histórico (UPCH), donde
se ubica el inmueble de los demandantes, correspondían a los establecidos en el
artículo 216 del POT86. Para ilustrar lo anterior, insertó una imagen del plano P-
42, en el que aparece el croquis del predio y su clasificación:
78 Artículos 19 y 113.
79 Folios 25 a 30 del cuaderno principal.
80 Registrada ese mismo día en el folio de matrícula matriz y cuyos propietarios son los señores
Antonio Kure Kata y Raúl Rueda Maldonado. Folio 34 del cuaderno principal.
81 De acuerdo con este, cuya aprobación está fechada el 9 de mayo de 1988, el área bruta del
predio era de 8.610 m2 y el área neta urbanizable de 5.766 m2. De esta, se descontaban los
terrenos destinados a áreas verdes y servicios comunales, dando como resultado 4.654 m 2 de
área útil. El área para vivienda unifamiliar correspondía a 2.856 m 2, mientras que la extensión de
los futuros bloques multifamiliares sería de 738,12 y 1.078,79 m2. Folio 32 del cuaderno principal.
82 Esto dio apertura a los folios de matrícula 070-62754 y 070-62755.
83 Folio 33 del cuaderno principal.
84 La vigencia de dicha autorización corrió desde el 11 de octubre de 1988 hasta el 10 de abril de
1989. Folio 33 del cuaderno principal.
85 En la escritura pública también se efectuó la cesión.
86 Ver párrafo 66 de esta providencia.
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83. En línea con lo anterior, la referida entidad territorial explicó que, con las
modificaciones introducidas al POT mediante el Acuerdo 16 de 2014, dicha área
de ocupación ahora se llama tejido central y que, según el PEMP, el predio de los
actores “se encuentra en espacio público propuesto”.
84. Para mayor claridad, incorporó las siguientes imágenes que arrojó “el sistema de
información geográfica SIG-MEPOT”. La primera de ellas corresponde al plano
PRO-06 del PEMP, en la que se observa que el lote está dentro del séptimo sector
normativo, pero demarcado como espacio público propuesto.
85. Dicha información se acompasa, a su vez, con el concepto de uso del suelo
expedido el 12 de noviembre de 2014 por la curaduría urbana 2 de Tunja en el
que, frente al predio con matrícula inmobiliaria 070-11326, indicó:
Clasificación de las actividades urbanas
Tejidos Principal Complementario Restringido
urbanos Compatible Condicionado
TC Tejido central Espacio público propuesto
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“De acuerdo con el decreto 51 del 7 de febrero de 2014, artículo 1 numeral 2, los
inmuebles que no se encuentran edificados podrán ejercer usos temporales con
estructura fácil y completamente desmontable, debiendo cumplir con las normas de
antejardines, asilamientos, cubiertas, fachadas y parametrización para el nivel 3 de
intervención establecidos en la Resolución 428 de 2012 (PEMP), así como las normas
establecidas en el subcapítulo IV de la misma, e igualmente los usos permitidos serán
los establecidos en el sector normativo en los que se ubique el inmueble. De lo
contrario deberán permanecer sin edificación hasta que se afecten y adquieran, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la ley 9 de 1989 y los artículos
122 y 58 y s.s. de la Ley 388 de 1997.
La altura máxima de dichas construcciones será de un piso con mezzanine,
cumpliendo las normas de antejardines, asilamientos, voladizos y paramentación para
el nivel 3 de intervención establecidos en la Resolución 428 de 2012” 87.
86. De los hechos relatados de manera precedente se desprende que el uso
residencial, en sus distintas modalidades88, era una de las actividades permitidas
por el Acuerdo 14 de 2001 para el área de ocupación centro histórico (hoy, tejido
central) donde se ubica el predio de los demandantes.
87. Incluso, antes, si se recuerda que el 28 de enero de 1988 el municipio de Tunja
expidió la licencia de construcción 203 sobre el inmueble con matrícula
inmobiliaria 070-11326 para desarrollar la primera etapa de la urbanización
Lidueña o se tiene en cuenta que en el referido acuerdo de 200189 se acogieron
las normas urbanísticas del sector antiguo contempladas en la Resolución 41 de
1994 de Concultura, al punto de disponer en el artículo 216 que los usos del suelo
permitidos en ese sector serían los establecidos en la aludida resolución90.
88. No obstante, dicha circunstancia cambió con la inclusión del terreno a los
proyectos de espacio público propuesto que se contemplaron en el PEMP, toda
vez que, de conformidad con el Decreto 51 del 7 de febrero de 2014, mientras el
municipio cuenta con disponibilidad presupuestal para iniciar los procesos de
afectación y adquisición correspondientes, sus propietarios pueden ejercer
mediante estructuras fáciles y completamente desmontables los usos del sector
normativo donde se encuentra, que corresponden a los del sector VII:
Sector Uso principal Uso compatible Uso Uso prohibido
condicionado
Sector Vivienda Comercio: grupo 1 Industrial: grupo Todo uso que no esté
VII Servicios: grupo 2, 1 permitido como
subgrupos a, b, c, d y principal, compatible o
e Institucional: grupo condicionado se
1, subgrupos a, b, c y entiende como
d prohibido.
89. Lo anterior, en principio, conduciría a pensar que en el inmueble se puede
desarrollar la actividad residencial; sin embargo, las estructuras no
convencionales, únicas permitidas, no son aptas para vivienda.
87 Ibid.
88 Según el artículo 216 del Acuerdo 14 de 2001, el uso residencial exclusivo unifamiliar era el
principal, el uso residencial exclusivo bifamiliar, residencial era compatible, mientras que los usos
residencial exclusivo multifamiliar y residencial mixto – unifamiliar residencial mixto bifamiliar era
compatibles. Sobre el particular, se remite al párrafo 66 de esta providencia.
89 Artículo 71 del Acuerdo 14 de 2001.
90 En efecto, en el artículo 216 del Acuerdo 14 de 2001 se indicó que: “los usos del suelo en el
Centro Histórico de Tunja y sus áreas de influencia, se regirán por las normas contempladas en la
reglamentación del Sector Antiguo de Tunja.
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90. Según se desprende de los artículos 291, 392 y 493 de la Ley 400 de 1997, así como
de la sección A.1.2.4.94 del manual NSR-10, adoptado mediante el Decreto 926
de 201095, las edificaciones cuyos usos principales sean la habitación u ocupación
por seres humanos deben sujetarse a las normas y reglamentos sobre
construcciones sismorresistentes, con el fin de que su estructura esté diseñada
para soportar las cargas gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Se
denominan convencionales y la verificación de los requisitos correspondientes le
corresponde a las oficinas o dependencias distritales o municipales encargadas
de conceder las licencias de construcción.
91. En línea con lo anterior, la sección A.1.2.4.296 del manual NSR-10, indica que en
las estructuras cuyo comportamiento dinámico y respuesta ante los movimientos
sísmicos de diseño difiera del de edificaciones convencionales, dentro de las que
se encuentran las estructuras livianas, no deben sujetarse al anterior reglamento;
no obstante, “cuando el uso de estas estructuras sea la habitación u ocupación
por seres humanos, su diseño y construcción debe someterse a lo prescrito en el
Capítulo II, Artículos 8° a 14° de la Ley 400 de 1997”, esto es, convirtiéndose en
una edificación convencional.
92. De hecho, mediante la Circular 2021EE0090167 del 5 de agosto de 2021, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizó unas precisiones en torno a las
estructuras livianas97, la cual, pese a ser posterior a los hechos que aquí se
91 “Artículo 2º.- Modificado por el art. 183, Decreto Nacional 19 de 2012. Alcance. Las
construcciones que se adelanten en el territorio de la República deberán sujetarse a las normas
establecidas en la presente Ley y en las disposiciones que la reglamenten.
Corresponde a las oficinas o dependencias distritales o municipales encargadas de conceder las
licencias de construcción, la exigencia y vigilancia de su cumplimiento. Estas se abstendrán de
aprobar los proyectos o planos de construcciones que no cumplan con las normas señaladas en
esta Ley o sus reglamentos (…)”.
92 “Artículo 3º.- Excepciones. Las disposiciones de esta ley y sus reglamentos no comprenden el
diseño y construcción de estructuras especiales tales como puentes, torres de transmisión, torres
y equipos industriales, muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo
comportamiento dinámico difiera del de edificaciones convencionales, o no estén cubiertas
dentro de las limitaciones de cada uno de los materiales estructurales prescritos” (se resalta).
93 “Artículo 4º.- Definiciones. Para los efectos de esta Ley se entiende por: (…).
14. Edificación. Es una construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres
humanos.
18. Estructura. Es un ensamblaje de elementos, diseñado para soportar las cargas
gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales”.
94 “A.1.2.4 — EXCEPCIONES — El presente Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes,
NSR-10, es aplicable a edificaciones (construcciones cuyo uso primordial es la habitación u
ocupación por seres humanos) y no se aplica a: A.1.2.4.1 — El diseño y construcción de
estructuras especiales tales como puentes, torres de transmisión, torres y equipos industriales,
muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas construcciones diferentes de edificaciones.
A.1.2.4.2 — Estructuras cuyo comportamiento dinámico y respuesta ante los movimientos
sísmicos de diseño difiera del de edificaciones convencionales. Cuando el uso de estas
estructuras es la habitación u ocupación por seres humanos, su diseño y construcción debe
someterse a lo prescrito en el Capítulo II, Artículos 8° a 14° de la Ley 400 de 1997” (se resalta).
95 Para la época de los hechos, el manual NSR-10, adoptado mediante el Decreto 926 de 2010,
fue modificado por los Decretos 2525 del 13 de julio de 2010, 092 del 17 de enero de 2011 y 340
del 13 de febrero de 2012.
96 Al respecto, ver pie de pág. 94 de esta providencia.
97 “Asunto: Circular sobre Estructuras Livianas. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con
fundamento en el análisis de las consultas presentadas por la ciudadanía y las Entidades
Territoriales en materia de estructuras livianas, ha identificado la necesidad de actualizar y precisar
los aspectos señalados en las Circulares números 3000-E2-35743 del 21 de mayo de 2004 y 3000-
E2-53891 del 23 de julio de 2004, expedidas por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. En consecuencia, este Ministerio, en ejercicio de las competencias
conferidas por el Decreto Ley 3571 de 2011, deroga el contenido de las Circulares números 3000-
E2- 35743 del 21 de mayo de 2004 y 3000-E2-53891 del 23 de julio de 2004, y establece las
siguientes precisiones en relación con las estructuras livianas”.
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discuten, resulta esclarecedora sobre las diferencias que existen entre los tipos
de edificaciones y los usos para los que están destinadas, por tratarse de
requisitos de carácter técnico98:
“En consecuencia, si se pretende adelantar una construcción que necesite
cimientos, soporte cargas gravitacionales, genere detrimento en el terreno, su
comportamiento dinámico corresponda al de una edificación convencional y
su uso primordial sea la habitación u ocupación por seres humanos, se
requerirá que esta cumpla con las normas de construcción sismorresistente -
Ley 400 de 1997 y Norma sismorresistente NSR-10, o las normas que las
adicionen, modifiquen o sustituyan- y adelantar el trámite de licenciamiento
urbanístico -Ley 388 de 1997, Decreto 1077 de 2015, y las
Resoluciones 462 y 463 de 2017 expedidas por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan-
con el fin de no poner en peligro la vida y bienes de las personas, así como
garantizar la seguridad de quienes lo habitan.
En caso contrario, si se trata de una estructura liviana cuyo comportamiento
dinámico difiere del de una edificación convencional, está por fuera del
alcance o no cumplan alguno o ningún requisito del Reglamento NSR-10, o la
norma que la adicione, modifique o sustituya, y su uso primordial es distinto a
la habitación u ocupación por seres humanos, no requerirá previa a su
instalación y/o ensamble de la obtención de una licencia de construcción.
Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior, si las estructuras livianas
se caracterizan por: (i) estar soportadas y amarradas con materiales livianos;
(ii) son fácilmente instalables y desmontables en cualquier tiempo y lugar; (iii)
no generan detrimento en el terreno; y (iv) su comportamiento dinámico difiere
del de edificaciones convencionales, no se sujetarán al cumplimiento de la
Norma Sismorresistente, y por ende, no requerirán de la obtención previa de
una licencia de construcción para su instalación y/o ensamble (…)”99.
93. En ese sentido, pese a que el Decreto 51 del 7 de febrero de 2014 prevé un
desarrollo transitorio en los inmuebles objeto de proyectos de espacio público, al
señalar que se pueden ejercer los usos establecidos en el sector normativo donde
se encuentran, los cuales en el caso del lote de los demandantes corresponden
al sector VII, en el que la actividad principal es la residencial, lo cierto es que esta
no se puede desarrollar, por cuanto, como quedó visto, las estructuras livianas
que son fáciles y completamente desmontables no son aptas para vivienda, dado
que están previstas para usos distintos a la habitación u ocupación de personas,
de ahí que se encuentre demostrada la restricción al derecho de propiedad.
94. Sin embargo, dicha restricción no puede catalogarse como antijurídica, en la
medida en que no sobrepasa las cargas derivadas de la función social y ecológica
de la propiedad fijadas en el artículo 58 de la Constitución Política, porque la
normativa todavía permite el aprovechamiento económico del bien mediante el
ejercicio de los siguientes usos: (i) Comercio: grupo 1, (ii) Servicios: grupo 2,
subgrupos a, b, c, d, (iii) Institucional: grupo 1, subgrupos a, b, c y d e (iv) Industrial:
grupo 1, los cuales, según el artículo 67 del Acuerdo 16 de 2014, corresponden a
las siguientes actividades:
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=115865&dt=S consultado el 11 de
septiembre de 2025.
98 De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 400 de 1997, “El Gobierno Nacional deberá expedir los
decretos reglamentarios que establezcan los requisitos de carácter técnico y científico que resulten
pertinentes para cumplir con el objeto de la presente Ley, de acuerdo con el alcance y temario
señalado en el capítulo segundo del presente título”.
99 Ibid.
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Referencia: Reparación directa
● Comercio: grupo 1. Construcciones desarrolladas específicamente para la
comercialización de productos o la provisión de comida preparada, como
restaurantes, cafeterías o fuentes de soda, con accesos y
estacionamientos exclusivos para su uso.
● Servicios: grupo 2. Edificaciones dedicadas a servicios de oficina. Pueden
estar complementadas con otros servicios como auditorios, restaurantes y
salas de exhibición.
● Institucional: grupo 1. Constituidos por los equipamientos urbanos de
prestación de servicios básicos a escala local y barrial.
● Industrial: grupo 1. Es aquella industria compatible con otros usos, dado su
bajo impacto ambiental y urbano. Comprende labores de fabricación
preferentemente manual y de carácter artesanal, que no requiera grandes
depósitos de materiales ni implique locales comerciales ni avisos
publicitarios.
95. A lo que se suma que, de conformidad con el nivel de intervención en el que se
encuentra el bien -contextual-, las obras que se permiten son las siguientes: “obra
nueva, modificación, remodelación, reparaciones locativas, primeros auxilios,
reconstrucción, consolidación y ampliación. Construcción”. Por consiguiente y
contrario a lo indicado en el recurso de apelación, la regulación del uso del suelo
en el centro histórico de Tunja a que se hizo alusión con anterioridad no implica
un vaciamiento de contenido del núcleo esencial de la propiedad privada.
96. De hecho, en un caso de similares características, esta Subsección se pronunció
de la siguiente manera:
“Bajo los supuestos de la demanda, no es posible inferir que los demandantes
fueron receptores de un daño antijurídico por el cambio de regulación del uso
del suelo en la zona en la que se encontraba su inmueble, por cuanto en el
artículo 106 de la Resolución 428 del 27 de marzo de 2012, el Ministerio de
Cultura estableció que dependiendo el sector normativo en el que se
encontrara el predio afectado, se podían realizar diferentes actividades de
índole económico, esto es, de tipo comercial, residencial, institucional, de
servicios y /o de vivienda, autorizaciones que hacen parte del núcleo esencial
del derecho de propiedad y de la competencia conferida constitucionalmente
al ente territorial, de manera que sus titulares siguen contando con la
posibilidad de explotar jurídica y económicamente el bien conforme a los usos
permitidos en el plano No. PRO-06 del PEMP.
Sobre el uso que de manera precedente estaba autorizado para el bien
referido, no se avizora un derecho adquirido, de manera que el hecho de que
su inmueble hubiese sido catalogado como espacio público no significó que
los accionantes no pudieran tener la posibilidad de ejercer otras actividades
económicas diferentes a la de parqueadero público”100.
97. Se reitera, ese ha sido el criterio de esta Sección , al indicar que, aun cuando la
medida legítima del Estado limita o fija restricciones para el uso del suelo en el
que se halla un bien, la sola disminución patrimonial que pueda generarse como
consecuencia de esta no constituye un supuesto que, por sí solo, permita
evidenciar la existencia de un daño antijurídico en cabeza de su propietario, por
cuanto ello dependerá del alcance de los condicionamientos impuestos a su
100 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 5 de febrero de 2024, exp. 65625 C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 150012333000201600693 01 (72.430)
Demandante: Antonio Kure Kata y otro
Demandado: Ministerio de Cultura, las Artes y los
Saberes y otros
Referencia: Reparación directa
ejercicio y si se sobrepasan o no las cargas derivadas de la función social y
ecológica de la propiedad.
98. Adicionalmente, se debe señalar que, si bien el 9 de mayo de 1988 el
departamento de planeación del municipio aprobó el plano de loteo y localización
de la urbanización Lidueña, el cual fue protocolizado mediante escritura pública
2531 del 15 de noviembre de ese año, en el que los terrenos que quedaron
disponibles después de la división de la primera etapa y la cesión de áreas
obligatorias al municipio aparecen demarcados como “futuros bloques
multifamiliares”, dicha situación no generó una expectativa legítima101 en cabeza
de los demandantes, relacionada con mantener la clasificación del uso del suelo
anterior, debido a que en el expediente ni siquiera reposa prueba que permita
inferir que en algún momento los dueños del predio pretendieron continuar con la
ejecución de la segunda etapa de la urbanización, por el contrario, todo indica que
ni siquiera se realizaron actuaciones tendientes a obtener una licencia de
construcción102, pues el predio permaneció sin edificar durante más de dos
décadas103.
99. En ese sentido, dado que no se demostró que antes de ello hubieran ejercido
algún acto de “patrimonialización”104, concretado en una actividad susceptible de
ser desarrollada al amparo de la reglamentación del uso del suelo anterior, se
estima que sus propietarios deben acogerse a la nueva reglamentación, sin que
las consecuencias derivadas de ello sean susceptibles de indemnización.
100. En línea con lo anterior, se considera importante destacar que, incluso, en el
evento en que en favor de los titulares del dominio se hubiera expedido una
101 “En ese escenario, las expectativas legítimas y los estados de confianza constituyen el objeto
de amparo del principio de confianza legítima y, en virtud de su configuración, surge para las
autoridades la obligación de garantizar y proteger la estabilidad de condiciones jurídicas
preexistentes sin incurrir en cambios intempestivos y de adoptar con anticipación las medidas
apropiadas de prevención para lograr que dichas situaciones jurídicas no sean defraudadas y, por
ende, constitutivas de un daño antijurídico. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
configuración del principio de confianza legítima requiere la existencia de expectativas serias y
fundadas, edificadas en actuaciones precedentes de la administración que hubiesen generado en
el particular una convicción de estabilidad, que si bien no implican la intangibilidad o inmutabilidad
de las relaciones jurídicas, imponen que aquellas que son susceptibles de ser alteradas por cuanto
no generaron derechos adquiridos, no se modifiquen de forma abrupta o intempestiva, para lo cual
las autoridades tienen la obligación de adoptar las medidas que mitiguen los efectos adversos del
cambio de circunstancias”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2024, exp. 69098. C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
102 Original en cita: “Tal y como expresamente lo establece el inciso 3 del artículo 182 del Decreto-
Ley 019 de 2012, por cuya virtud: “El otorgamiento de la licencia urbanística implica la adquisición
de derechos de desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto
administrativo respectivo, así como la certificación del cumplimiento de las normas y demás
reglamentaciones en que se fundamenta, y conlleva la autorización específica sobre uso y
aprovechamiento del suelo en tanto esté vigente o cuando se haya cumplido con todas las
obligaciones establecidas en la misma”.
103 En efecto, la única licencia de construcción se expidió en el año 1988, desde esa fecha hasta,
por lo menos, la expedición del Acuerdo 14 de 2001, pasaron 23 años o, hasta las modificaciones
introducidas por el Acuerdo 16 de 2014, que incorporaron al POT las disposiciones de la
Resolución 428 de 2012, 36 años.
104 “Se colige, entonces, que, en principio, existe un amplio margen en la regulación del contenido
del derecho de propiedad; sin embargo no se puede llegar hasta el punto de modificar las
situaciones consolidadas –derechos adquiridos, derechos urbanísticos patrimonializados en la
terminología del derecho español- bajo el amparo de una norma en concreto, aunque ésta haya
sido derogada”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de agosto
de 2015, exp. 33113. C.P. Hernán Andrade Rincón; reiterada, recientemente, por la Subsección C
de la Sección en sentencia del 14 de julio de 2025, exp. 71373. C.P. William Barrera Muñoz.
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Radicación: 150012333000201600693 01 (72.430)
Demandante: Antonio Kure Kata y otro
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Saberes y otros
Referencia: Reparación directa
licencia de construcción, dicha situación no les otorgaba el derecho a mantener
determinada clasificación de usos del suelo, índice de edificabilidad y/o cualquier
beneficio de construcción que establezca una norma105, por cuanto esta
Corporación ha enfatizado que dicha autorización no genera derechos inmutables
o absolutos106, toda vez que puede suceder que “una licencia se otorgue para una
obra específica y ello sea legítimo, pero que con posterioridad el uso que se le da
al inmueble no sea compatible con las normas urbanísticas que se expidan con
posterioridad; evento en el cual se tendrá que ajustar la actividad o realizarla en
otro sector”107, aspecto sobre el que no profundizará la Sala por cuanto escapa
del objeto de la apelación.
101. En las condiciones analizadas, dado que las restricciones impuestas sobre el
predio de los demandantes, en aras de recuperar, conservar y preservar un bien
de interés cultural de la Nación como lo es el centro histórico de Tunja, son
permitidas por el ordenamiento jurídico y que en el presente asunto no se
demostró que con las medidas adoptadas se suprima el derecho de propiedad de
los señores Raúl Rueda Maldonado y Antonio Kure Kata, sino que condicionan su
ejercicio, esta Subsección, siguiendo el precedente fijado por la Corporación,
confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda por la no configuración de un daño antijurídico, circunstancia que la
revela de continuar con el estudio de la imputación y resolver el cargo relacionado
con la acreditación del menor valor del bien con base en el dictamen pericial
aportado por la parte actora.
Conclusiones
102. La Sala confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
por lo siguiente:
103. El derecho de propiedad no es absoluto, sino que el ordenamiento jurídico permite
que este ceda ante el interés general, en aras de salvaguardar intereses
superiores, como la identidad cultural de la Nación.
104. En principio, todos los habitantes tienen el deber de soportar los cambios a la
reglamentación del uso del suelo introducidos con el fin de armonizar la gestión
urbanística con la conservación y preservación de los bienes de interés cultural
de la Nación.
105. Solo cuando los condicionamientos impuestos sobrepasan las cargas derivadas
de las funciones social y ecológica previstas en el artículo 58 de la Constitución
Política y se afecta el núcleo esencial de dicha garantía constitucional, impidiendo
cualquier posibilidad de explotación económica del bien, aquella puede
catalogarse antijurídica, lo que impone analizar el contenido del derecho y si se
105 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2015, exp.
33113. C.P. Hernán Andrade Rincón.
106 Reiterada, entre otras, en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección a, sentencia del 5 de febrero de 2024, exp. 65625 C.P. José Roberto Sáchica
Méndez y por la Subsección C de la misma Sección en sentencia del 14 de julio de 2025, exp.
71373. C.P. William Barrera Muñoz.
107 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29
de abril de 2015, Exp. 25000-23-24-000-2011-00329-01(AP); reiterada por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 4 de junio de 2019, exp. 43758. C.P.
Alberto Montaña Plata.
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Radicación: 150012333000201600693 01 (72.430)
Demandante: Antonio Kure Kata y otro
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respetó o no la base de su contenido, independientemente de si hubo una
disminución patrimonial.
106. No existe un derecho adquirido a que se mantenga determinada clasificación de
usos del suelo, índice de edificabilidad y/o cualquier beneficio de construcción que
establezca una norma, ni siquiera en el evento de que, previo a las modificaciones
introducidas, se cuente con licencia de construcción, en tanto que los derechos
conferidos en ella tampoco son absolutos y en ocasiones pueden verse afectados
o limitados en aras del interés general.
107. Al igual que lo sostuvo el Tribunal Administrativo de Boyacá, aunque en el
presente asunto se demostró una restricción del derecho de propiedad, en punto
al atributo de uso, por cuanto sus propietarios ya no pueden destinar su inmueble
para la edificación de viviendas, dicha limitación no es antijurídica, porque todavía
se permite el aprovechamiento económico del referido bien mediante el ejercicio
de las demás actividades permitidas para el sector normativo donde se encuentra.
Costas
108. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por la Ley 2080 de 2021108, en la sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento
civil -hoy C.G.P.-.
109. El artículo 365 del C.G.P. señala que hay lugar a ellas cuando se resuelve
desfavorablemente el recurso. A su vez, el artículo 361 ibidem establece que las
costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.
110. El numeral 3 del artículo 365 ejusdem dispone que cuando la providencia del
superior confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda; asimismo, el numeral 8 del citado artículo
prevé que “sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.
111. Sobre este asunto, el Acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016
por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó
la demanda, establece las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los asuntos
de lo contencioso administrativo, el artículo 2 dispone que debe tenerse en
cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el
apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias
108 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), podría acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al
cual en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos,
donde no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
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Saberes y otros
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relevantes. A su vez, en su artículo 5, se señala que, en segunda instancia, dicho
rubro debe fijarse “Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
112. En el curso de la segunda instancia, se observa que el Mincultura, el departamento
de Boyacá y el municipio de Tunja contaron con apoderados judiciales, quienes
debieron realizar la correspondiente vigilancia del proceso, aun cuando no hayan
allegado pronunciamiento alguno con ocasión del recurso de apelación,
circunstancia suficiente para reconocer por concepto de agencias en derecho la
suma equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta
providencia en favor de las referidas entidades, dividida en partes iguales, la cual
estará a cargo de la parte actora.
113. La liquidación de las costas la hará el a quo, en los términos del artículo 366 del
C.G.P.109.
114. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de noviembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte
actora.
Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la suma equivalente a un
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia
en favor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el departamento
de Boyacá y el municipio de Tunja, la cual será dividida en partes iguales.
Las costas se liquidarán en el Tribunal a quo.
TERCERO: Por Secretaría de la Sección Tercera, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
109 “Artículo 366. Las cosas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas […]”.
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Radicación: 150012333000201600693 01 (72.430)
Demandante: Antonio Kure Kata y otro
Demandado: Ministerio de Cultura, las Artes y los
Saberes y otros
Referencia: Reparación directa
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que
el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
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