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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2016-00758-01

Requisitos generales para la deducibilidad de las expensas: alcance del artículo 107 del Estatuto Tr

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Argüello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2016-00758-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el numeral 1º de la sentencia apelada, la cual quedará así: 1.- DECLÁRASE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 262412015000001 del 2 de febrero de 2015 proferida por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso y, su confirmatoria la Resolución Nro. 001288 del 25 de febrero de 2016, proferida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, que modificaron la declaración del impuesto de renta a cargo de Sime Ingenieros S.A. por el año gravable 2012, solo respecto de la sanción de inexactitud. 2.- A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA que la sanción por inexactitud corresponde al valor liquidado en la parte motiva de esta providencia. 2. En lo demás, se confirma la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 15001-23-33-000-2016-00758-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Argüello

26 de agosto de 2021

PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA - Noción y alcance. La liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación / PRUEBA INDICIARIA EN MATERIA TRIBUTARIA - Alcance. Es admisible para demostrar la existencia de transacciones económicas de los contribuyentes / RECHAZO DE OPERACIONES REGISTRADAS - Procedibilidad. Si la DIAN logra probar la inexistencia de las operaciones. Reiteración de jurisprudencia

[E]l artículo 711 del Estatuto Tributario establece el principio de correspondencia entre la declaración privada, el requerimiento especial y la liquidación oficial, conforme con el cual la liquidación oficial de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere. En esa medida, el acto liquidatorio debe limitarse a los hechos que fueron materia del requerimiento especial, dado que, como acto previo, este fija los precisos límites de la modificación del tributo, respecto de los cuales el contribuyente podrá ejercer su derecho de defensa. (…) [A]corde con las pruebas obrantes en el proceso, el rechazo del costo se soportó en un conjunto de pruebas indiciarias, tanto respecto de los proveedores, como respecto de la parte actora, que no exclusivamente de los dos hechos alegados por la recurrente. Es así como dan cuenta los antecedentes de la falta de acreditación del transporte de las mercancías con el correspondiente soporte externo, de la ausencia de trazabilidad de los pagos, por cuanto se adujó haberse efectuado en efectivo con recursos provenientes de préstamos de socios, así como las inconsistencias de los proveedores como la falta de infraestructura para realizar las operaciones, ausencia de soportes contables y financieros, así como la coincidencia de estas tres empresas proveedoras en su domicilio, revisor fiscal y representante legal, no obstante lo cual, la parte actora no desplegó actividad probatoria alguna dirigida a demostrar la realidad de las operaciones, lo cual trascendía lo meramente formal. (…) [L]a Sala (sentencia del 9 de julio de 2021, exp. 25064) ha precisado que mas allá de la prueba formal de la operación, la Administración puede desarrollar sus facultades de fiscalización para establecer la realidad de la operación: Así, en relación con los costos, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario señala que las facturas y los documentos equivalentes son el soporte documental idóneo. Aportados los soportes del costo, la Administración cuenta con la facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción que esos documentos registran. Por tal razón, si la DIAN requiere al contribuyente la comprobación de la realidad de esas operaciones, sin que la misma sea soportada, o recauda pruebas que logran probar su inexistencia, esas operaciones y los beneficios tributarios que se derivan de las mismas, deben rechazarse.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 711 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 771-2

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la correspondencia entre el acto de liquidación y el requerimiento especial consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 20 de mayo de 2021, Exp. 25000-23-37-000-2013-01375-01(23396), C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; que reitera entre otras, sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 2 de febrero de 2012, Exp. 25000-23-27-000-2005-00478-01(16760), C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 1 de junio de 2016, Exp. 25000-23-37-000-2012-00097-01(20276), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 28 de septiembre de 2016, Exp. 17001-23-31-000-2012-00118-01(20362), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

REQUISITOS GENERALES PARA LA DEDUCIBILIDAD DE LAS EXPENSAS - Alcance del artículo 107 del Estatuto Tributario. Reiteración de reglas de unificación jurisprudencial / PRUEBAS DE OFICIO – Alcance. El Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad

[L]a Sala (Sentencia de Unificación de la Sección del 26 de noviembre de 2020, exp. 21329, C.P. Julio Roberto Piza) precisó el alcance y contenido de los requisitos generales de deducibilidad de que trata el artículo 107 del Estatuto Tributario, con fundamento en las siguientes reglas, que serán tenidas en cuenta en la presente providencia. 1- Tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, todas las expensas realizadas por el contribuyente en desarrollo o ejecución de la actividad productora de renta. Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad lucrativa, no es determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social del sujeto pasivo. 2- Las expensas necesarias son aquellas que realiza razonablemente un contribuyente en una situación de mercado y que, real o potencialmente, permiten desarrollar, conservar o mejorar la actividad generadora de renta. La razonabilidad comercial de la erogación se puede valorar con criterios relativos a la situación financiera del contribuyente, las condiciones del mercado donde se ejecuta la actividad lucrativa, el modelo de gestión de negocios propio del contribuyente, entre otros. Salvo disposición en contrario, no son necesarios los gastos efectuados con el mero objeto del lujo, del recreo o que no estén encaminados a objetivos económicos sino al consumo particular o personal; las donaciones que no estén relacionadas con un objetivo comercial; las multas causadas por incurrir en infracciones administrativas; aquellos que representen retribución a los accionistas, socios o partícipes; entre otros. 3- La proporcionalidad corresponde al aspecto cuantitativo de la expensa a la luz de un criterio comercial. La razonabilidad comercial de la magnitud del gasto se valora conforme a la situación económica del contribuyente y el entorno de mercado en el que desarrolla su actividad productora de renta. 4- Los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio comercial y tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta actividad productora de renta. 5- Las anteriores reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los trámites pendientes de resolver en vía administrativa y judicial. No podrán aplicarse a conflictos previamente decididos. (…) [E]l artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece una prerrogativa para el juzgador en el sentido de que puede decretar y practicar las pruebas que considere necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la discusión, sin que, de manera alguna, la norma prevea su procedencia a solicitud de parte. Y no puede perderse de vista que, la facultad oficiosa del juez tiene como finalidad esclarecer y verificar los hechos que son objeto de controversia, mas no suplir la carga probatoria que les correspondía a las partes. Adicionalmente, se pone de presente que la prueba que pretende hacer valer el demandante no esclarece ningún punto oscuro o dudoso de la discusión, sino que se aporta como un soporte de los requisitos de los costos discutidos en esta glosa. (…) La Sala encuentra que, si bien el actor aportó la contabilidad, las facturas y los contratos de intermediación y de construcción de una planta cementera, le correspondía además, demostrar el alcance del servicio, acreditar las actividades que sustentaban el pago del honorario. Solo a partir de ello era posible determinar si la expensa era necesaria y guardaba relación de causalidad con la actividad productora de renta. Sin embargo, no fue posible establecer en que consistió la intermediación, ni en sede administrativa ni en la jurisdiccional, como lo reclamó la Administración y lo advirtió el Tribunal.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 107 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 213

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance y contenido de los requisitos generales de deducibilidad consultar Sentencia de Unificación del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 26 de noviembre de 2020, Exp. 25000-23-37-000-2013-00443-01(21329) 2020CE-SUJ-4-005, C.P. Julio Roberto Piza

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA TRIBUTARIA - Aplicación

Aun cuando este aspecto que no fue discutido por la demandante, la Sala dará aplicación oficiosa al principio de favorabilidad en materia tributaria, consagrado en el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, por lo que se reduce del porcentaje de la sanción impuesta, del 160% al 100%, según lo expuesto en los artículos 287 y 288 de la misma Ley

FUENTE FORMAL: LEY 1819 DE 2016 - ARTÍCULO 282 / LEY 1819 DE 2016 - ARTÍCULO 287 / LEY 1819 DE 2016 - ARTÍCULO 288

CONDENA EN COSTAS - Conformación / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Improcedencia. Falta de prueba de su causación

[N]o se condenará en costas en segunda instancia (agencias en derecho y gastos del proceso), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, comoquiera que no se encuentran probadas.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIERREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 15001-23-33-000-2016-00758-01(24440)

Actor: SIME INGENIEROS S.A.

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la sentencia del 28 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que en la parte resolutiva dispuso:

«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por SIME INGENIEROS S.A. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia.

SEGUNDO: Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante cuya liquidación deberá efectuarse en los términos previstos en el artículo 366 y siguientes del Código General del Proceso.

TERCERO: En firme esta providencia, por secretaría comuníquese a las partes, y de ello déjese constancia.

CUARTO: Cumplido lo anterior, archívese el expediente y déjese las anotaciones en el Sistema Único de Información de la Rama Judicial, Justicia Siglo XXI»
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 10 de abril de 2013, la sociedad Sime Ingenieros S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2012, en la que registró un total saldo a pagar de $533.556.000.

Previa expedición del requerimiento especial, la DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 262412015000001 del 2 de febrero de 2015, mediante la cual modificó oficialmente la declaración, en el sentido de desconocer:

Costos por compras a la Comercializadora Marvia S.A.S. ($192.974.000), la Comercializadora Enrique Martínez Herrera S.A.S. ($405.393.100) y, la sociedad MHE S.A.S. ($501.652.550) por valor total de $1.100.019.650, por considerar que se derivan de compras simuladas.

Costos por pagos realizados a la señora Nury Enilsa Vásquez (persona natural extranjera no residente en Colombia) por un contrato de comisión en intermediación en la suma de $1.345.091.386, por cuanto no fueron aportados los soportes del servicio, como tampoco cumple con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
Todo lo anterior, llevó a la Administración a determinar el saldo a pagar por impuesto en la suma de $1.340.443.000 e imponer sanción por inexactitud por valor de $1.291.019.000, para un total a pagar de $2.631.462.000.

Contra la anterior decisión, el contribuyente interpuso recurso de reconsideración, que fue resuelto mediante la Resolución Nro. 001288 del 25 de febrero de 2016, que confirmó las glosas de la liquidación oficial.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demandante formuló las siguientes pretensiones (f.4):

«a. Pretensiones principales:

Que se declare la nulidad del acto administrativo expedido por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN-, conformado por la Liquidación Oficial de Revisión No. 262412015000001 de 2 de febrero de 2015, mediante la cual se modificó la Liquidación Privada No. 91000172378542 de 10 de abril de 2013 y se impuso sanción a SIME INGENIEROS S.A., y la Resolución No. 001288 de 25 de febrero de 2016, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración formulado contra la Liquidación Oficial de Revisión previamente identificada.

Como consecuencia de la nulidad del acto demandado y a título de restablecimiento del derecho se declare:

La firmeza de la declaración de Renta correspondiente al año gravable 2012 presentada por el demandante el 10 de abril de 2013 mediante liquidación privada No. 91000172378542.

2.2. Que por consiguiente SIME INGENIEROS S.A. bajo ninguna circunstancia está obligada a pagar, a cualquier título, las sumas determinadas por el acto administrativo demandado.

2.3. Que se ordene la terminación y archivo de la actuación administrativa que bajo el expediente GO 2012 2013 000317 llevó a la expedición de la Liquidación Oficial de Revisión No. 262412015000001.

2.4. Que se ordene que en el evento de que el contribuyente hubiere cancelado suma alguna con ocasión de la Liquidación Oficial de Revisión No. 262412015000001 dicho valor le sea devuelto.

Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas y gastos del proceso.

Primeras pretensiones subsidiarias:

Respetuosamente solicito que de no reconocerse o declararse improcedente las anteriores “pretensiones principales”, se hagan las siguientes DECLARACIONES:

Que se declare la nulidad parcial del acto administrativo emitido por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN -, conformado por la Liquidación Oficial de Revisión No. 262412015000001 de 2 de febrero de 2015 y la Resolución No. 001288 de 25 de febrero de 2016 que resolvió el recurso de reconsideración, en lo que respecta a la modificación que sobre la Liquidación Privada No. 91000172378542 de 10 de abril de 2013 realizó respecto de los costos de venta por valor $1.345.091.386.oo, desconocidos con ocasión a los pagos realizados a la señora NURY ENILSA VÁSQUEZ por sus labores de intermediación ante la sociedad INDUSTRIAS BÁSICAS S.A., y en lo que respecta a la sanción por inexactitud impuesta con ocasión a la modificación descrita.

Como consecuencia de la nulidad parcial del acto demandado y a título de restablecimiento del derecho se declare:

2.1. Que SIME INGENIEROS S.A. bajo ninguna circunstancia está obligada a pagar la suma desconocida por el acto administrativo demandado en relación a los costos de venta por pagos realizados a la señora NURY ENILSA VÁSQUEZ, por sus labores de intermediación ante la sociedad INDUSTRIAS BÁSICAS S.A.

2.2. Que por consiguiente, SIME INGENIEROS S.A. bajo ninguna circunstancia está obligada a pagar la sanción por inexactitud ocasionada por la modificación de la Liquidación Privada No. 91000172378542, con ocasión al desconocimiento de los costos de venta por pagos realizados a la señora NURY ENILSA VÁSQUEZ por sus labores de intermediación ante la sociedad INDUSTRIAS BÁSICAS S.A.

2.3. Que se modifique la Liquidación Privada No. 91000172378542 reconociendo como “costos de venta” por tratarse de expensas necesarias, los pagos realizados a la señora NURY ENILSA VÁSQUEZ por sus labores de intermediación ante la sociedad INDUSTRIAS BÁSICAS S.A.

2.4. Que se ordene que en el evento de que el contribuyente hubiere cancelado suma alguna con ocasión de la Liquidación Oficial de Revisión No. 262412015000001, le sea devuelto el valor que corresponde a los costos de venta por pagos realizados a la señora NURY ENILSA VÁSQUEZ, por sus labores de intermediación ante la sociedad INDUSTRIAS BÁSICAS S.A.

Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas y gastos del proceso.

Segundas pretensiones subsidiarias:

Respetuosamente solicito que de no reconocerse o declararse improcedentes las “pretensiones principales” y las “primeras pretensiones subsidiarias” se hagan las siguientes DECLARACIONES:

Que se declare la nulidad parcial del acto administrativo emitido por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, conformado por la Liquidación Oficial de Revisión No. 262412015000001 de 2 de febrero de 2015 y la Resolución No. 001288 de 25 de febrero de 2016 que resolvió recurso de reconsideración, en lo que respecta a la modificación que sobre la Liquidación Privada No. 91000172378542 de 10 de abril de 2013 realizó respecto de los costos de venta por valor $1.100.019.650.oo, desconocidos con ocasión a los pagos realizados por concepto de compras a las sociedades COMERCIALIZADORA MARVIA S.A.S., COMERCIALIZADORA ENRIQUE MARTÍNEZ HERRERA S.A.S. y MHE S.A.S., y en lo que respecta a la sanción por inexactitud impuesta con ocasión a la modificación descrita.

Como consecuencia de la nulidad parcial del acto demandado y a título de restablecimiento del derecho se declare:

Que SIME INGENIEROS S.A. bajo ninguna circunstancia está obligada a pagar la suma desconocida por el acto administrativo demandado en relación a los pagos realizados por concepto de compras a las sociedades COMERCIALIZADORA MARVIA S.A.S., COMERCIALIZADORA ENRIQUE MARTÍNEZ HERRERA S.A.S. y MHE S.A.S.

2.2. Que por consiguiente, SIME INGENIEROS S.A. bajo ninguna circunstancia está obligada a pagar la sanción por inexactitud ocasionada por la modificación de la Liquidación Privada No. 91000172378542, con ocasión al desconocimiento de los pagos realizados por concepto de compras a las sociedades COMERCIALIZADORA MARVIA S.A.S., COMERCIALIZADORA ENRIQUE MARTÍNEZ HERRERA S.A.S. Y MHE S.A.S.

2.3. Que se modifique la Liquidación Privada No. 91000172378542 reconociendo como “costos de venta” por tratarse de expensas necesarias, los pagos realizados por concepto de compras a las sociedades COMERCIALIZADORA MARVIA S.A.S., COMERCIALIZADORA ENRIQUE MARTÍNEZ HERRERA S.A.S. Y MHE S.A.S.

2.4. Que se ordene que en el evento de que el contribuyente hubiere cancelado suma alguna con ocasión de la Liquidación Oficial de Revisión No. 262412015000001, le sea devuelto el valor que corresponde a los costos de venta por pagos realizados por concepto de compras a las sociedades COMERCIALIZADORA MARVIA S.A.S., COMERCIALIZADORA ENRIQUE MARTÍNEZ HERRERA S.A.S y MHE S.A.S.

Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas y gastos del proceso».

Invocó como disposiciones violadas, los artículos 29 de la Constitución Política; 107, 708, 711, 720, 730, 745 y 787 del Estatuto Tributario. Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Desconocimiento de los costos por concepto de compras a Comercializadora Marvia S.A.S., Comercializadora Enrique Martínez Herrera S.A.S. y MHE S.A.S.

Alegó que se incluyeron dos nuevos hechos en la liquidación oficial, que no fueron señalados en el requerimiento especial: (i) un primer indicio que dio lugar a la apertura de la investigación, debido a que en investigaciones previas se constataron inconsistencias en las operaciones comerciales de los tres proveedores; y (ii) la verificación de la información exógena registrada por los tres proveedores, en la que encontró el reporte de transacciones de compra inexistentes.

Indicó que, por esas razones, en el recurso de reconsideración, el contribuyente solicitó la nulidad del acto liquidatorio con base en la causal 4º del artículo 731 del Estatuto Tributario, dado que el no habérsele puesto de presente desde el acto preparatorio la existencia de esos hechos, le impidió ejercer su derecho defensa y contradicción frente a los mismos. Que igualmente la nulidad se sustenta en que el acto liquidatorio presenta el “primer indicio” de simulación que se obtuvo en la investigación previa, como el principal para la apertura de la investigación, sin exponer su contenido ni explicar sus alcances, lo que impidió que el contribuyente realizara el examen en conjunto de los indicios.

Y, advirtió que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la Administración no se pronunció acerca de la solicitud de nulidad, e intentó restarle trascendencia probatoria al indicio en la decisión administrativa, señalando que esto no tuvo incidencia en la emisión del acto administrativo.

Desconocimiento de los costos por pagos a la señora Nury Enilsa Vásquez.

Aseguró que tales costos cumplen con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Con respecto a la relación de causalidad, señaló que el contrato de intermediación era prueba de la injerencia del costo, en la actividad productora de renta, al igual que las facturas aportadas, por cuanto cada pago realizado refleja la ejecución de la labor y el resultado de esta, pues, de lo contrario, se habría dado por terminado el contrato.

Aseguró que no es procedente que la DIAN le solicite demostrar las actividades que material o intelectualmente desarrolló la contratista, porque tales aspectos no prueban la relación del costo con la actividad productora de renta, sino solo la eficiencia y eficacia del ejecutor. Precisó que en el presente caso se estaba ante un contrato de prestación de servicios de intermediación en el que el contratista se encuentra en libertad para llevar a cabo la gestión.

Con relación con el análisis del cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad manifestó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, esta debe ser medida con criterio comercial y según las expensas acostumbradas en la misma actividad económica, sin embargo que dado que su actividad es particular y singular, ajena a las empresas de ingenieros en el mercado nacional, pues no todos, realmente pocas, tienen como actividad el montaje eléctrico y mecánico de una molienda de minerales (planta cementera), lo cual no permite llevar a cabo comparaciones de sus expensas con otras empresas por la particularidad y excepcionalidad de su actividad comercial. Precisa que, la venta de una planta cementera es un negocio excepcional, y ante eso se requiere el mayor esfuerzo financiero, incluso respecto a los intermediarios, quienes deben ser personas con excelentes contactos y relaciones.

Sobre el requisito de la proporcionalidad, señaló que, el valor de pagado por la comisión debe ser apreciado a partir del valor del mismo contrato, no así de la utilidad presupuestada o percibida por la empresa.

Precisó que las condiciones especiales de la comisión permiten que se presente una gran cantidad de situaciones con respecto a la ejecución del contrato en el cual se llevó a cabo el servicio de intermediación, entre estas, una diferencia entre lo que se paga por concepto de comisión al intermediario y la utilidad finalmente recibida por el empresario que contrató los servicios del comisionista, la cual puede ser superior para éste e inferior para el empresario. Ello es así porque dentro de la estructura de los costos de un negocio, lo que se paga por concepto de intermediación es parte misma de los costos, no así un sacrificio como pareciera es apreciado por la DIAN.

Manifestó que si para la Administración las pruebas allegadas no le generaban certeza sobre la actividad de intermediación, no podía por ello asumir la inexistencia de la labor realizada por la señora Nury Enilsa Vásquez y desconocer el costo solicitado por el servicio contratado, sino que debió dar aplicación del artículo 745 del Estatuto Tributario que establece que las dudas provenientes de vacíos probatorios deben resolverse a favor del contribuyente; mas todavía cuando el pago de la comisión no fue desconocido por la contratista, no siendo por lo tanto el pago una circunstancia a probar conforme el artículo 787 del Estatuto Tributario.

Oposición de la demanda

La parte demandada, controvirtió las pretensiones de la actora, por lo siguiente (f. 139):

Frente al desconocimiento de costos por concepto de compras a las sociedades Marvia S.A.S., Comercializadora Enrique Martínez Herrera S.A.S. y MHE S.A.S., indicó que el supuesto nuevo hecho, referido al indicio de la simulación de las operaciones, fue mencionado en el requerimiento especial dentro de las actuaciones que llevó a cabo la Administración desde el inicio de la investigación, como soporte inicial del expediente GO 20122013317, por lo que el contribuyente tuvo conocimiento del mismo desde la apertura de la actuación administrativa.

En cuanto al nuevo hecho alegado en relación con la información exógena, sostuvo que el mismo se puede apreciar en el requerimiento especial, en el numeral 6º del acápite de fundamentos de hecho y de derecho, dentro del resumen de las conclusiones remitidas por la División de Gestión de Fiscalización de Grandes Contribuyentes, y en tal sentido, tampoco se trata de un hecho novedoso para el contribuyente.

Afirmó que, en el requerimiento especial se expuso el resumen de las conclusiones remitidas por la División de Gestión de Fiscalización de Grandes Contribuyentes que informan las irregularidades que soportan las glosas propuestas, consistentes en que las facturas de los bienes se expidieron 15 días después de la exportación del bien, para el cual fueron adquiridos los primeros, los pagos se hicieron en efectivo, no existe claridad del origen de los recursos, no se aportaron documentos externos que den cuenta de la operación y, la materia prima fue adquirida únicamente a los tres proveedores, quienes tienen el mismo domicilio fiscal y revisor fiscal, no cuentan con infraestructura física ni logística, y sus movimientos bancarios no superan el 1% de los montos de las transacciones declaradas.

Con fundamento en lo anterior, aseveró que el contribuyente conoció del cuestionamiento sobre las operaciones de estos tres proveedores, tanto es así que ejerció su derecho de defensa y se pronunció acerca de las glosas propuestas por la DIAN en la respuesta al requerimiento especial.

Con relación a la nulidad invocada en el escrito del recurso de reconsideración, consistente en la vulneración de los artículos 29 de la Constitución Política y, 720 y 730 del Estatuto Tributario, anotó que la DIAN, en la resolución que resolvió el recurso, planteó la normativa contencioso administrativa aplicable a la solicitud de nulidad y, además, incluyó un capítulo específico denominado «Nulidad por violación al debido proceso derecho de defensa y contradicción», en donde realizó el análisis de los argumentos de la demandante, la valoración probatoria, y se pronunció sobre los aspectos que revestían inconformidad. Cosa distinta es que el contribuyente no hubiera aportado medios de prueba que demostraran la veracidad de las operaciones.

Concluyó que el acto administrativo recurrido fue expedido teniendo en cuenta los medios probatorios idóneos (indicio), suficientes, pertinentes y útiles que llevaron a concluir la simulación de las operaciones y los cuales no fueron desvirtuados por el contribuyente convirtiéndose en hechos probados. Además, se dio la posibilidad de recurrir el acto en su debido momento, aportar pruebas y ejercer el derecho de defensa.

Sobre el desconocimiento de los pagos realizados a la señora Nury Enilsa Vásquez, afirmó que no se evidenció el cumplimiento de los requisitos para la aceptación fiscal del costo, en tanto se trata de una erogación voluntaria que no condiciona, limita o afecta la actividad productora de renta, pues no es indispensable y, su ausencia no implica la imposibilidad del desarrollo de la actividad de la empresa.

Manifestó que no existió necesidad ni causalidad en la contratación de estos servicios, pues no se detalla las actividades desarrolladas por la contratista, lo cual deriva en una falta de soporte sustancial del costo, de la cual el contribuyente no aportó prueba alguna, a pesar de que se discute una erogación por un contrato de intermediación por un valor tan elevado ($1.345.091.386), por tanto, el mismo amerita claridad respecto de las actividades y gestiones específicas a desarrollar por el contratista.

Y, advirtió que no resulta proporcional que el contrato generó en el año gravable 2012 una utilidad de $1.233.036.000 mientras que el pago por la comisión está por encima de los $1.700.000.000, de los cuales en el año gravable 2012 se causaron $1.345.091.386.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor, con base en lo siguiente (f. 235):

En relación con el desconocimiento del costo referente a las sociedades Marvia S.A.S., Comercializadora Enrique Martínez Herrera S.A.S. y MHE S.A.S, observó que no constituye un hecho nuevo los indicios advertidos por la DIAN en el acto liquidatorio, toda vez que, desde el requerimiento especial, la Administración manifestó que las modificaciones a la liquidación privada se realizaron con base en ciertos documentos, dentro de los que estaba incluida la «1. Solicitud del Subdirector de Gestión de Fiscalización para aperturar investigación por costos improcedentes» que informa la verificación de inconsistencias del contribuyente por realizar transacciones con los proveedores investigados.

Con respecto al segundo nuevo hecho alegado, el Tribunal, consideró que este también se relacionó en el requerimiento especial, en el numeral 6º de los fundamentos de hecho y derecho, en el que se hizo referencia al correo electrónico de fecha 11 de mayo de 2014 remitido por el Jefe GTI Auditoría Especializada de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes, en el cual éste suministró un resumen acerca de la información obtenida en las investigaciones adelantadas a los tres proveedores.

De acuerdo con lo anterior, concluyó que, los supuestos nuevos indicios a que se refiere la demandante, fueron previamente establecidos desde el requerimiento especial.

Advirtió que era deber de la demandante demostrar que las operaciones con estos proveedores eran reales, lo cual no ocurrió, pues ésta se limitó a refutar la falta de correspondencia entre el requerimiento y la liquidación oficial de revisión respecto a dos indicios, y omitió demostrar la realidad de las operaciones cuestionadas, como era su obligación.

Como no fueron desvirtuados los indicios recaudados por la Administración consistentes en que la contribuyente desarrolló actividades en efectivo que no se canalizaron a través del sistema bancario, no existe claridad sobre el origen de los recursos, no se evidencian documentos externos que den cuenta del monto, tiempo y lugar del transporte del material, entre otros indicios, lo que permite colegir la simulación y que, a la postre, junto con los cruces de información exógena y verificaciones directas desarrolladas por el recaudador lograron desvirtuar la presunción de veracidad de los hechos contenidos en la liquidación privada.

Con respecto a la solicitud de nulidad presentada en la vía gubernativa, observó que todos los aspectos frente a los que la demandante manifestó inconformidad, fueron analizados por la Administración en la Resolución Nro. 01288 del 25 de febrero de 2016.

Concluyó que los indicios cuestionados por el actor no son los únicos ni los principales que determinó la Administración, sino que, por el contrario, ésta fundamentó su decisión en la totalidad de pruebas recaudadas para verificar la realidad de las operaciones.

Sobre el desconocimiento del costo por el contrato de intermediación, expresó que el contrato no tiene fecha cierta, pues no fue autenticado, y no existen documentos que soporten el servicio de intermediación que dio origen a los pagos o la participación tangible de la señora Nury Enilsa Vásquez. Añadió que una transacción por valor de $1.345 millones, amerita claridad con respecto a las actividades y gestiones específicas de la contratista, de manera que se demuestre que el pago era indispensable en el desarrollo del contrato.

Concluyó, la falta de soporte sustancial del costo y que, por tanto la demandante no probó el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

Finalmente, ordenó condenar en costas a la parte demandante, por considerar que encuentra probado que la demandada acudió con la representación de un abogado al proceso, quien contestó la demanda, actuó en la audiencia y presentó los alegatos.

Recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de apelación, con base en la siguiente argumentación (f. 260):

Señaló que, según el artículo 711 del Estatuto Tributario la liquidación debe contraerse exclusivamente a los hechos que se hubiesen contemplado en el requerimiento especial, y que el acto liquidatorio no lo hizo por cuanto incluyó dos hechos nuevos: el primero relativo a las inconsistencias de los proveedores del actor y que originaron la apertura de la investigación, y el segundo, por la alusión a la información exógena registrada por los proveedores, circunstancias por las que solicitó la nulidad de la actuación y en no fueron tenidas en cuenta por parte del Tribunal.

Respecto de lo primero, reprocha que el Tribunal hubiera señalado que este se encontraba incluido en el requerimiento especial por la sola mención al documento de apertura de la investigación, pues esto no significa que haya sido considerado su contenido, ni permite conocer cuál fue el hecho que para la Administración se desprende del mismo. En relación con el segundo indicio relativo a la constatación de la información exógena de los proveedores, aseveró que no fue tenido en cuenta por el Tribunal, pues éste revisó el indicio relacionado con inconsistencias en la infraestructura y movimientos bancarios de los proveedores, diferente al alegado en la demanda.

Manifestó que el a quo no tuvo en cuenta que la Administración, al pronunciarse sobre la nulidad solicitada en el recurso de reconsideración, restó relevancia al indicio al señalar que este no tuvo incidencia en la emisión del acto administrativo, y no lo abordó como tal, por lo que no se pronunció de fondo sobre la causal de nulidad aludida.

Planteó que el Tribunal decidió el cargo relacionado con la violación del artículo 29 de la Constitución Política y del artículo 720 del Estatuto Tributario, con referencia exclusivamente al contenido de la Resolución Nro. 001288, y no tuvo en consideración el contenido de la liquidación oficial de revisión, acto administrativo del cual se deriva la violación. En efecto, aclaró que la violación al artículo 720 del Estatuto Tributario correspondió a que la actora no pudo ejercer su derecho de contradicción en el recurso de reconsideración, debido a que, en la liquidación oficial no se explicaron los alcances del primer indicio.

Indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta que el contribuyente desde el trámite administrativo, al igual que en la demanda y en los alegatos de conclusión, les restó a algunos indicios el carácter de prueba por no tener en cuenta las pruebas suministradas, o por no tener la condición de indicio, dado que no llevan consigo una inferencia o un hecho indicado, de manera tal que, a partir de los mismos no puede inferirse la existencia de una simulación entre Sime Ingenieros y sus proveedores; agregó que, así lo solicitó en el acápite de pruebas «solicitamos se tomen en consideración las pruebas entregadas a los funcionarios a la DIAN en cada una de las visitas de verificación y que actualmente hacen parte del expediente», bajo la consideración de que cada documento allegado y entregado a la Administración refutaba lo afirmado en el requerimiento especial. Por tanto, en la sentencia de primera instancia no se emitió un pronunciamiento sobre la falta de prueba de los indicios.

Sobre los pagos por comisión de intermediación, manifestó la incorrecta apreciación del objeto del contrato al desconocer la intermediación como actividad similar al corretaje, establece por si misma el alcance de las labores a desarrollar. Por demás, argumentó que el criterio a partir del cual el Tribunal determinó la necesidad de detallar las actividades que realiza el intermediario es netamente económico, pues se encuentra determinada por el monto del contrato, lo cual desconoce la naturaleza de la prestación que en el se consagra, siendo que debe ser esta –la prestación- el criterio para definir que se espera de las partes.

Aseveró que el Tribunal «no pudo apreciar la existencia de la intermediación misma y su contenido: gestionar el encuentro entre dos partes para celebrar y perfeccionar un contrato para la construcción y montaje de una planta cementera».

Afirmó que, pese a la exposición hecha por el demandante acerca del criterio comercial aplicable a su caso, el Tribunal no se pronunció al respecto, y en su lugar, dio por sentado la falta de pruebas sobre la necesidad y la proporcionalidad del gasto, desconociendo las particularidades excepcionales de la operación de venta realizada por el contribuyente, y la prueba del pago de la comisión.

Alegatos de conclusión

La parte demandante presentó solicitud de decreto de pruebas en segunda instancia, consistente en el certificado de la contadora de la sociedad que informa que no ha celebrado ni ejecutado contrato por el montaje de molienda de minerales durante el proceso judicial (ff. 275 a 276) la cual fue negada por el magistrado ponente (ff. 306 a 307), frente a lo que presentó recurso de súplica (ff. 314 a 315), el cual fue fallado por la Sala desfavorablemente (ff. 320 a 322 ).

Luego, en los alegatos de conclusión, el actor reiteró los argumentos expuestos en sede judicial. Además, planteó nuevamente la discusión sobre el rechazo del decreto de pruebas en segunda instancia, aduciendo que no se analizaron los argumentos del recurso de súplica, y que debe decretarse de oficio la prueba solicitada.

La parte demandada presentó alegatos de conclusión insistiendo en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
Concepto del Ministerio Público
El Procurador delegado rindió concepto en el sentido de modificar la decisión del Tribunal, únicamente para dar aplicación a principio de favorabilidad en materia sancionatoria.

Dijo que no se presenta violación al principio de correspondencia, toda vez que el acto liquidatorio se sustenta en el mismo concepto glosado, e incorporó todas las pruebas recaudadas dentro de la actuación administrativa de manera detallada ampliando los argumentos expuestos. Y precisó que existen indicios que desvirtúan la realidad de las operaciones de compra declaradas por el contribuyente.

Aseveró que no existe justificación para que el contribuyente se niegue en aportar la prueba de la realidad de la labor realizada por la contratista, lo que impide constatar el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

Solicitó que se diera aplicación al principio de favorabilidad en la sanción por inexactitud impuesta en los actos demandados, en el sentido de recalcular su valor en el 100% de la diferencia de los saldos a pagar.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se discute la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto de renta del año gravable 2012, presentada por la sociedad Sime Ingenieros S.A.

En los términos del recurso de apelación, la Sala debe establecer la procedencia de: (i) desconocimiento de los costos por compras a los proveedores Comercializadora Marvia S.A.S., Comercializadora Enrique Martínez Herrera S.A.S. y MHE S.A.S, y (ii) desconocimiento de pagos a la señora Nury Enilsa Vásquez por concepto de una comisión por un contrato de intermediación, y (iii) la sanción por inexactitud.

1. Desconocimiento de costos por compras a proveedores Comercializadora Marvia S.A.S., Comercializadora Enrique Martínez Herrera S.A.S. y MHE S.A.S., por valor de $1.100.019.650

La controversia con la decisión de primera instancia, se circunscribe principalmente a que, en su sentir, no tuvo en cuenta que en la liquidación oficial de revisión, se incluyeron dos hechos nuevos, al señalar la Administración lo siguiente (f.9 y 70 vto):

Primer hecho: “En desarrollo de la investigación adelantada por la División de Gestión de Fiscalización concurrieron una serie de indicios que llevaron a concluir que las operaciones de compra con estos tres proveedores fueron simuladas. El primero de los indicios fue la motivación misma de la apertura de la investigación, solicitada directamente por la Subdirección de Fiscalización Tributaria, debido a que en investigaciones previas se encontraron inconsistencias que llevaron a inferir que los tres proveedores simulaban la realización de operaciones comerciales con otras empresas”.

Segundo hecho: “La División de Fiscalización de Grandes Contribuyentes también efectuó verificación a la información exógena reportada por los tres proveedores y encontró el reporte de transacciones de compra inexistentes. Actualmente en la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes se adelantan procesos a estas tres sociedades por inexactitud en sus declaraciones tributarias, por no entregar información y para declararlos como proveedores ficticios”.

Al respecto, la Sala precisa que el artículo 711 del Estatuto Tributario establece el principio de correspondencia entre la declaración privada, el requerimiento especial y la liquidación oficial, conforme con el cual la liquidación oficial de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere.

En esa medida, el acto liquidatorio debe limitarse a los hechos que fueron materia del requerimiento especial, dado que, como acto previo, este fija los precisos límites de la modificación del tributo, respecto de los cuales el contribuyente podrá ejercer su derecho de defensa.

A efectos de dirimir el debate propuesto por las partes, la Sala debe estudiar el contenido de cada uno de los actos administrativos para determinar si hubo o no violación a la debida correspondencia:

En el requerimiento especial, la Administración propuso el rechazo de los costos por compras a proveedores Comercializadora Marvia S.A.S., Comercializadora Enrique Martínez Herrera S.A.S. y MHE S.A.S. (ff. 30 a 38) sustentada en lo siguiente:

«Las propuestas de modificación de la Declaración de renta año gravable 2012 se realiza con base en los siguientes documentos y actuaciones administrativas:

1. Solicitud del Subdirector de Gestión de Fiscalización para aperturar investigación por costos improcedentes.

(…)

20. Correo de la Dirección Seccional Grandes Contribuyentes con información relacionada con investigaciones a sociedades Comercializadora Marvia S.A.S., Comercializadora Enrique Martínez Herrera S.A.S. y MHE S.A.S. (…)

Fundamentos de Hecho y Derecho

Por solicitud de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, la División de Gestión de fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso, en desarrollo del programa GO “Investigaciones surgidas otros programas de Gestión”, profirió el Auto de Apertura No. 262382013000317 de fecha 30 de septiembre de 2013 con el objeto de iniciar investigación al contribuyente SIME INGENIEROS S.A., identificado con NIT. 800.251.222-7, a fin de verificar su realidad, establecer las bases gravables, determinar la existencia de hechos gravados o no y verificar el cumplimiento de las obligaciones formales, relacionadas con el Impuesto de Renta del año gravable 2012. (…)

6. En correos electrónico de fecha mayo 11 de 2014 remitido por el doctor Francisco Augusto Tamayo Medina Jefe GIT Auditoria Especializada Sector Comercio División Gestión de Fiscalización Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes resume información obtenida en las investigaciones adelantadas a las empresas Comercializadora Marvia S.A.S. Nit. 800.035.717, Comercializadora Enrique Martínez Nit. 800.032.918 y MHE S.A.S. NIT. 900.410.129 con las cuales SIME INGENIEROS S.A. tuvo transacciones en los años gravables 2011-2012 así:

Estas empresas no cuentan con una infraestructura física y de logística para desarrollar las operaciones que dicen haber realizado, esta se limita a una pequeña oficina donde laboran no mas de cuatro empleados.
Sus movimientos bancarios no superan ni siquiera el 1% de los montos de las transacciones declaradas y se niegan a entregar cualquier información argumentando la perdida de libros y demás documentos.
No aportan relación de compras tampoco la relación de las ventas por los montos que dicen haber realizado.
Se niegan a entregar cualquier información argumentando la perdida de libros y demás documentos.

7. En la información del sistema Registro Único Tributario figura como representante legal de las sociedades Comercializadora Marvia S.A.S. Nit. 800.035.717, Comercializadora Enrique Martínez Nit. 800.032.918 y MHE S.A.S., el señor Martínez Herrera Enrique, como revisor fiscal el señor Fonseca Federico, registran la misma dirección Calle 15 No, 25 -20 de Bogotá.

8. Según información del RUE en el certificado de existencia y representación legal, las tres sociedades registran la misma dirección fiscal Carrera 28 No. 11-67 oficina 317 de Bogotá.

En conclusión, respecto de la información obtenida del contribuyente SIME INGENIEROS S.A.S. en visitas de verificación, requerimientos ordinarios, respuesta al emplazamiento para corregir y documentos allegados al expediente se tiene que aunque el contribuyente cuenta con facturas de compra las cuales cumplen los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, requisitos que deben cumplir los documentos soportes de costos según lo conceptuado en el articulo 771-2 del mismo Estatuto, los hechos permiten establecer la configuración de operaciones simuladas toda vez que: (…)»(Resaltado fuera de texto)

Y a renglón seguido, listó cinco hechos considerados por la DIAN como indicios, relacionados con la irregularidad en la expedición de las facturas por haberse expedido con posterioridad a la exportación de los bienes para la construcción de la planta de molienda de minerales, los pagos en efectivo, y la falta de documentos externos soporte del transporte de la mercancía; con fundamento en los cuales concluyó la simulación.

Por su parte, en la liquidación oficial de revisión se observa que la DIAN tuvo en consideración (ff. 70 a 73):

«El rechazo de este valor se debe a que en desarrollo de la investigación adelantada por la División de Gestión de Fiscalización concurrieron toda una serie de indicios que llevaron a concluir que las operaciones de compra con estos tres proveedores fueron simuladas. El primero de los indicios fue la motivación misma de la apertura de la investigación, solicitada directamente por la Subdirección de Fiscalización Tributaria, debido a que en investigación previas se encontraron inconsistencias que llevaron a inferir que los tres proveedores simulaban la realización de operaciones comerciales con otras empresas. Los demás indicios de simulación encontrados específicamente en las operaciones con la empresa SIME INGENIEROS S.A. fueron los siguientes:

Los materiales comprados a los tres proveedores fueron adquiridos por SIME INGENIEROS S.A. para ser incorporados en la fabricación de una PLANTA DE MOLIENDA (Contrato F1-11 folio 106). La ultima exportación relacionada con la planta de molienda fue efectuada el 11 de diciembre de 2012, sin embargo, todas las compras efectuadas a los tres proveedores en el año 2012 fueron facturadas entre el 3 y el 17 de diciembre de 2012, por lo que no resulta lógico soportar un nivel de compras de tal magnitud en menos de quince días y aun posterior a la exportación.

El pago de las compras, aun a pesar de la cuantía no se canaliza a través del sistema bancario, se hacen en efectivo, según quien atendió la verificación, para evitar el costo del cheque, la comisión y el GMF (folio 21). No existe una trazabilidad del pago, no existe claridad sobre el origen de los recursos, la empresa aduce el préstamo de socios quienes directamente se encargan de la gestión de cancelación de las obligaciones.

Las operaciones de compra-venta y movimiento de la mercancía se soportan en documentos internos generados entre comprador y vendedor, no se evidencian documentos externos que den cuenta del modo, tiempo y lugar del transporte del material, como por ejemplo guías de transporte y gastos por este concepto.

La única materia prima registrada en el mes de diciembre de 2012 como costo fue la adquirida a los tres proveedores en cuestión, las demás compras a otros proveedores se causaron gradualmente a lo largo del año.

A los anteriores indicios encontrados se suma uno fundamental, planteado en el requerimiento especial, sobre el cual el contribuyente no hace referencia alguna en la respuesta, y es que la División de fiscalización de Grandes Contribuyentes, efectuó verificación a los tres proveedores cuestionados: Comercializadora Marvia S.A.S., Comercializadora Enrique Martínez Herrera COEMA S.A.S., y MHE S.A.S. y encontró que las tres empresas tienen el mismo domicilio fiscal, atienden en la misma oficina, tienen el mismo revisor fiscal y las representa el mismo señor: Enrique Martínez Herrera. Estas empresas no cuentan con la infraestructura física y logística para desarrollar las operaciones de venta, sus movimientos bancarios no superan el 1% de los montos de las transacciones en las que actúan y se niegan a presentar información contable y financiera bajo el argumento de pérdida, daños o atrasos. (…)

La División de Fiscalización de Grandes Contribuyentes también efectuó verificación a la información exógena reportada por los tres proveedores y encontró el reporte de transacciones de compra inexistentes». (Resaltado fuera de texto)

Analizado el contenido de los actos administrativos, se observa que la DIAN, puso de presente desde el requerimiento especial que la investigación se había aperturado por la solicitud del Subdirector de Gestión de Fiscalización para investigar costos improcedentes, y que se hacía con fundamento en la información contenida en correo de la Dirección Seccional Grandes Contribuyentes, respecto de las investigaciones adelantadas a las tres sociedades proveedoras del actor, Comercializadora Marvia S.A.S., Comercializadora Enrique Martínez Herrera S.A.S. y MHE S.A.S, lo cual daba cuenta de las inconsistencias que les fueron detectadas, como carecer de la infraestructura física y de logística para desarrollar las operaciones, no reflejar en sus movimientos bancarios el monto de las transacciones declaradas (ni siquiera el 1%), negarse a entregar información argumentando la pérdida de libros y demás documentos, no aportar la relación de compras y ventas y, la coincidencia en el domicilio y la representación legal y fiscal de los mismos. Todo lo cual había determinado la apertura de la investigación respecto de los costos incurridos por la actora con tales proveedores.

Nada diferente de lo anterior se desprende del señalamiento efectuado en la liquidación oficial de revisión en el sentido que: “El primero de los indicios fue la motivación misma de la apertura de la investigación, solicitada directamente por la Subdirección de Fiscalización Tributaria, debido a que en investigaciones previas se encontraron inconsistencias que llevaron a inferir que los tres proveedores simulaban la realización de operaciones comerciales con otras empresas”.

Como lo observó el Tribunal, desde el acto previo se había señalado cuál era el origen y sustento de la actuación administrativa, y se había identificado la información soporte, los que además hacían parte del expediente, al cual tenía acceso la parte actora.

Respecto de la segunda observación efectuada en la liquidación oficial, relativa a que al verificar la información exógena reportada por los tres proveedores se encontraron compras inexistentes, si bien no fue analizado por el Tribunal, observa la Sala que no constituye un hecho nuevo como lo plantea la parte actora.

Al respecto, debe destacarse que en relación con el principio de correspondencia, esta Sección precisó en sentencia del 20 de mayo de 2021, exp. 23396, que reitera las sentencias de 10 de marzo de 2011, 2 de febrero de 2012, 16 de octubre de 2014, 10 de diciembre de 2015, 1º de junio de 2016, 28 de septiembre de 2016 y 8 de marzo de 2019, exps. 17075, 16760, 18882, 19878, 20276, 20362, 21295, respectivamente), lo siguiente:

“El principio de correspondencia en el proceso de fiscalización se hace efectivo cuando los “hechos” reportados en la declaración privada coinciden con las “glosas” del requerimiento especial y la liquidación oficial. Sin que con ello impida que en la liquidación oficial de revisión se puedan incluir o mejorar los argumentos en sustento de una glosa propuesta en el requerimiento especial para la correcta determinación el impuesto”.

Aplicado el precedente jurisprudencial al presente caso, se encuentra que entre el acto previo y la liquidación oficial existe identidad en la glosa, sólo que, cimentada con una mayor argumentación, todo lo cual era susceptible de ser controvertido o explicado por la parte actora, pero no ocurrió, pues tal como lo observó el Tribunal, el demandante no se ocupó de demostrar la realidad de los costos.

Considerado lo anterior, la Sala concluye que el acto de liquidación guardó correspondencia con el requerimiento especial tal como lo ordena el artículo 711 del Estatuto Tributario, porque ambas actuaciones guardaron identidad en el hecho glosado que se concretó en la simulación de las compras realizadas con los proveedores Comercializadora Marvia S.A.S., Comercializadora Enrique Martínez Herrera S.A.S. y MHE S.A.S. y por los valores identificados en cuantía de $1.100.019.650.

Otro de los argumentos que presenta el demandante para discutir la glosa, consiste en que el acto liquidatorio no se precisó el contenido ni el alcance del primer indicio, por la investigación previa que dio lugar a la fiscalización del contribuyente.

Al respecto, encuentra la Sala que en el acto liquidatorio sí se explicó el contenido del indicio. A estos efectos se señaló “El primero de los indicios fue la motivación misma de la apertura de la investigación, solicitada directamente por la Subdirección de Fiscalización Tributaria, debido a que en investigación previas se encontraron inconsistencias que llevaron a inferir que los tres proveedores simulaban la realización de operaciones comerciales con otras empresas” y su alcance fue precisado en la valoración probatoria del conjunto de los indicios, estableciendo que las inconsistencias advertidas demostraban la simulación de las operaciones de las que se derivan los costos declarados.

En cualquier caso, es menester destacar que acorde con las pruebas obrantes en el proceso, el rechazo del costo se soportó en un conjunto de pruebas indiciarias, tanto respecto de los proveedores, como respecto de la parte actora, que no exclusivamente de los dos hechos alegados por la recurrente.

Es así como dan cuenta los antecedentes de la falta de acreditación del transporte de las mercancías con el correspondiente soporte externo, de la ausencia de trazabilidad de los pagos, por cuanto se adujó haberse efectuado en efectivo con recursos provenientes de préstamos de socios, así como las inconsistencias de los proveedores como la falta de infraestructura para realizar las operaciones, ausencia de soportes contables y financieros, así como la coincidencia de estas tres empresas proveedoras en su domicilio, revisor fiscal y representante legal, no obstante lo cual, la parte actora no desplegó actividad probatoria alguna dirigida a demostrar la realidad de las operaciones, lo cual trascendía lo meramente formal.

Al respecto, la Sala (sentencia del 9 de julio de 2021, exp. 25064) ha precisado que mas allá de la prueba formal de la operación, la Administración puede desarrollar sus facultades de fiscalización para establecer la realidad de la operación:

Así, en relación con los costos, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario señala que las facturas y los documentos equivalentes son el soporte documental idóneo.

Aportados los soportes del costo, la Administración cuenta con la facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción que esos documentos registran. Por tal razón, si la DIAN requiere al contribuyente la comprobación de la realidad de esas operaciones, sin que la misma sea soportada, o recauda pruebas que logran probar su inexistencia, esas operaciones y los beneficios tributarios que se derivan de las mismas, deben rechazarse.

Finalmente, el apelante discute que el Tribunal omitió realizar una valoración probatoria de los indicios recaudados por la Administración, pues en su sentir algunos parten de un hecho indicado que no corresponde o no constituyen indicio, discusión que no fue planteada en la demanda, por lo que no procede un pronunciamiento sobre el tema. En efecto, se advierte que fue hasta la interposición del recurso de apelación que el demandante planteó una discusión sobre la procedencia de los indicios recaudados por la DIAN como prueba de la simulación de las operaciones.

Aunque en la apelación, el demandante sostiene que esa discusión fue sugerida en la demanda, cuando solicitó en el acápite de pruebas que se tuvieren en cuenta los documentos aportados en la vía gubernativa, la Sala encuentra que esa mención no cumple la carga procesal que recae sobre el actor de explicar en el concepto de la violación las irregularidades de la actuación administrativa demandada, entre las cuales, debió plantear de manera clara y precisa los argumentos que controvierten los indicios recaudados por la Administración como prueba de la simulación de las operaciones, que expone en la apelación, pero no lo hizo. De ahí que no proceda su análisis en esta instancia.

Ahora bien, en cuanto a la alegada falta de pronunciamiento, por parte de la resolución que decidió el recurso de reconsideración, sobre la solicitud de nulidad (ff. 84 a 85) que sustentó en la inclusión de dos nuevos indicios en la liquidación oficial y por no haberse explicado el contenido y alcance del primer indicio, encuentra la Sala que este aspecto fue analizado y definido, dentro del acápite de las consideraciones en el título denominado Nulidad por violación al debido proceso derecho de defensa y contradicción y falta de motivación, en el que luego de realizar la valoración probatoria que sustenta la actuación administrativa, se concluyó que la liquidación oficial realizó una explicación de las pruebas recaudadas, y motivó la decisión garantizando el debido proceso. En específico, se advirtió que, la actuación previa a la investigación mencionada en el acto liquidatorio, no fue determinante en la modificación, sino los demás elementos de pruebas que se recaudaron durante la investigación por parte del contribuyente y los proveedores; hecho que fue constatado por la Sala como se expuso en líneas atrás (ff. 92 a 97).

Amen de lo anterior y tal como se señaló en apartes anteriores, los dos señalamientos efectuados en la liquidación oficial, respecto de que: “El primero de los indicios fue la motivación misma de la apertura de la investigación, solicitada directamente por la Subdirección de Fiscalización Tributaria, debido a que en investigaciones previas se encontraron inconsistencias que llevaron a inferir que los tres proveedores simulaban la realización de operaciones comerciales con otras empresas y de que: “La División de Fiscalización de Grandes Contribuyentes también efectuó verificación a la información exógena reportada por los tres proveedores y encontró el reporte de transacciones de compra inexistentes, no configuraron hechos nuevos, ni menos aún tuvieron la connotación de afectar el derecho de defensa o el debido proceso.

Por todo lo expuesto, no prospera el cargo de apelación.

2. Desconocimiento de costos por pagos a la señora Nury Enilsa Vásquez por un contrato de intermediación, por valor de $1.345.091.386

El apelante sostiene que el costo cumple con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, en la medida que, para desarrollar su objeto social, consistente en el montaje y venta de plantas cementeras, requería de un intermediaria por tratarse de una compraventa de alta ingeniería. Discutió que no es procedente que la Administración le solicite demostrar las actividades que material o intelectualmente desarrolló la contratista, porque tales aspectos no prueban la relación del costo con la actividad productora de renta, sino solo la eficiencia y eficacia del ejecutor. Y, consideró que la erogación es proporcional con el valor del contrato.

Verificada la actuación administrativa se encuentra que, para la DIAN no se demostró que, el costo cumplía con los requisitos de necesidad ni causalidad en la contratación de estos servicios, pues no se determinaron las actividades desarrolladas por la contratista, lo cual deriva en una falta de soporte sustancial del costo. Y adicionalmente se concluyó que, la expensa no cumplía con el requisito de proporcionalidad, considerando que la utilidad generada por el contrato de compraventa de la planta cementera fue de $1.233.036.000 y el pago de la comisión en el año 2012 fue de $1.345.091.386.

Al respecto, la Sala (Sentencia de Unificación de la Sección del 26 de noviembre de 2020, exp. 21329, C.P. Julio Roberto Piza) precisó el alcance y contenido de los requisitos generales de deducibilidad de que trata el artículo 107 del Estatuto Tributario, con fundamento en las siguientes reglas, que serán tenidas en cuenta en la presente providencia.

Tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, todas las expensas realizadas por el contribuyente en desarrollo o ejecución de la actividad productora de renta. Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad lucrativa, no es determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social del sujeto pasivo.

Las expensas necesarias son aquellas que realiza razonablemente un contribuyente en una situación de mercado y que, real o potencialmente, permiten desarrollar, conservar o mejorar la actividad generadora de renta. La razonabilidad comercial de la erogación se puede valorar con criterios relativos a la situación financiera del contribuyente, las condiciones del mercado donde se ejecuta la actividad lucrativa, el modelo de gestión de negocios propio del contribuyente, entre otros. Salvo disposición en contrario, no son necesarios los gastos efectuados con el mero objeto del lujo, del recreo o que no estén encaminados a objetivos económicos sino al consumo particular o personal; las donaciones que no estén relacionadas con un objetivo comercial; las multas causadas por incurrir en infracciones administrativas; aquellos que representen retribución a los accionistas, socios o partícipes; entre otros.

La proporcionalidad corresponde al aspecto cuantitativo de la expensa a la luz de un criterio comercial. La razonabilidad comercial de la magnitud del gasto se valora conforme a la situación económica del contribuyente y el entorno de mercado en el que desarrolla su actividad productora de renta.

Los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio comercial y tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta actividad productora de renta.

Las anteriores reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los trámites pendientes de resolver en vía administrativa y judicial. No podrán aplicarse a conflictos previamente decididos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala pasa a verificar si en el caso concreto, las pruebas obrantes en el proceso permiten concluir que el gasto discutido observa los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad.

De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, el objeto social de la demandante es: «La producción y comercialización de minerales, construcción de todo tipo de plantas para el procesamiento de minerales, fabricación y comercialización de todo tipo de equipos para procesar minerales (…)» (f.747 Tomo 4).

Entre la sociedad y la Sra. Nury Enilsa Vásquez se firmó un Contrato de Comisión en Intermediación, suscrito el 30 de agosto de 2011 en Panamá y el 10 de septiembre de 2011 en Sogamoso, en el que se pactó (ff.115 a 116 Tomo I):
«Primera. Objeto: El contratista en su calidad de intermediario, se obliga para con el contratante a ejecutar las labores (sic) comisión de intermediación en la celebración y perfeccionamiento de un contrato por mantenimiento, suministro y montaje entre SIME INGENIEROS S.A. y Nury Enilsa Vásquez, para los contratos de mantenimiento, suministro y montaje eléctrico y mecánico de una molienda de minerales con capacidad de 500 TPD con la INDUSTRIAS BÁSICAS S.A., en el municipio de La Chorrera (Panamá) y el contrato de compraventa de equipo.
(…)
Sexta. Comisiones y forma de pago. El valor que por concepto de comisiones recibirá el Contratista corresponden a Novecientos Veintitrés Mil Setecientos Sesenta dólares americanos (USD 923.760) por el cual presta sus servicios de intermediación el Contratista conforme con la cláusula primera».

Entre la sociedad Sime Ingenieros S.A. y la sociedad panameña Industrias Básicas S.A., se suscribió el contrato de mantenimiento, suministro y montaje de molienda por valor de USD 9.237.595, suscrito el 30 de agosto de 2011 (f. 108 a 114 Tomo I).

La señora Nury Enilsa Vásquez expidió las facturas Nro. 140112 del 14 de enero de 2012, Nro. 190312 del 19 de marzo de 2012, Nro. 010912 del 1 de septiembre de 2012, Nro. 021012 del 2 de octubre de 2012, Nro. 022027 del 18 de diciembre de 2012 y Nro. 022087 del 23 de diciembre de 2012, por concepto de «Servicios profesionales para el proyecto segunda planta de molienda 500 TPD». (ff. 438 a 442 Tomo 2 y 444 Tomo 3).

Comprobantes de egreso emitido por Sime Ingenieros a favor de la señora Nury Enilsa Vásquez en el año 2012, por pagos facturas de servicios (ff. 530, 531, 532, 538, 539, 545, 549, 553 y 557 Tomo 3).

Según el libro auxiliar de la cuenta 73100501 Honorarios y comisiones (f.435 Tomo 2), el monto pagado en el año 2012 por concepto de comisión a la Señora Vásquez fue de $1.345.091.386.

La DIAN constató que el contrato de mantenimiento, suministro y montaje de la molienda en Panamá generó en el año 2012 una utilidad de $1.233.036.000, mientras que el pago por la comisión para el año gravable 2012 fue de $1.345.091.386 (f. 73 rev).

Se advierte que en sede judicial, el demandante solicitó decretar una prueba en segunda instancia, que se concretaba en un certificado de contador público que da cuenta de que no ha realizado montaje y venta de planta cementera durante el trámite del proceso, la cual fue negada por la Sala en la oportunidad legal.

No obstante, en los alegatos de conclusión, el actor pretende nuevamente una discusión sobre el rechazo de la solicitud de la prueba, sobre lo cual, advierte la Sala, no procede pronunciamiento alguno, toda vez que esa decisión se encuentra en firme.

Tampoco hay lugar a decretar la prueba de oficio, como se solicita en los alegatos, por cuanto el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece una prerrogativa para el juzgador en el sentido de que puede decretar y practicar las pruebas que considere necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la discusión, sin que, de manera alguna, la norma prevea su procedencia a solicitud de parte. Y no puede perderse de vista que, la facultad oficiosa del juez tiene como finalidad esclarecer y verificar los hechos que son objeto de controversia, mas no suplir la carga probatoria que les correspondía a las partes. Adicionalmente, se pone de presente que la prueba que pretende hacer valer el demandante no esclarece ningún punto oscuro o dudoso de la discusión, sino que se aporta como un soporte de los requisitos de los costos discutidos en esta glosa.

Del anterior recuento fáctico, se advierte que el contrato de intermediación no determinó en qué consistió la intermediación en la celebración y perfeccionamiento del contrato de mantenimiento, suministro y montaje, como tampoco las facturas emitidas por la señora Nury Enilsa Vásquez, las cuales solo incluyen la descripción «Servicios profesionales para el proyecto segunda planta de molienda 500 TPD», mas no indican qué tipo de servicio profesional prestó.

La Sala encuentra que, si bien el actor aportó la contabilidad, las facturas y los contratos de intermediación y de construcción de una planta cementera, le correspondía además, demostrar el alcance del servicio, acreditar las actividades que sustentaban el pago del honorario. Solo a partir de ello era posible determinar si la expensa era necesaria y guardaba relación de causalidad con la actividad productora de renta. Sin embargo, no fue posible establecer en que consistió la intermediación, ni en sede administrativa ni en la jurisdiccional, como lo reclamó la Administración y lo advirtió el Tribunal.

La explicación dada en este proceso judicial (demanda y apelación), fue que la actividad de intermediación consistió en gestionar el encuentro entre las dos partes para celebrar y perfeccionar dicho contrato, pero al verificarse el contrato de mantenimiento, suministro y montaje se encuentra que fue suscrito el 30 de agosto de 2011, y el contrato de intermediación el 30 de agosto de 2011 y el 10 de septiembre de 2011, esto es, en la misma fecha y con posterioridad del contrato que supuestamente gestionó para celebrarlo y perfeccionarlo.

Ahora, en cuanto a la proporcionalidad del gasto, se precisa que en sentencia del 27 de agosto de 2020 (exp. 21933, CP: Julio Roberto Piza), esta Sección estimó que ese atributo de las expensas deducibles alude a la mesura y a la prudencia de la erogación, frente al provecho económico que el contribuyente espera obtener al incurrir en ella; este requisito del artículo 107 del Estatuto Tributario impide que el monto de la erogación exceda aquello que sea justificable en términos comerciales, acorde con la específica actividad económica desarrollada por el contribuyente.

Como se encuentra probado en el proceso, el contrato de ingeniería generó una utilidad de $1.233.036.000 en el año 2012, mientras que el pago de la comisión está por encima de los $1.700 millones, de los cuales en el año 2012 se causaron $1.345.000.000. Se precisa que por muy especializado que sea la compraventa de estos bienes, esto no justifica que el pago de la comisión sea mayor que la utilidad del negocio para el que fue contratada la intermediación.

Visto lo anterior, la Sala considera que la expensa no cumpliría con el criterio de proporcionalidad.

Por todo lo anterior, no procede el cargo de apelación.

3. Sanción por inexactitud

Aun cuando este aspecto que no fue discutido por la demandante, la Sala dará aplicación oficiosa al principio de favorabilidad en materia tributaria, consagrado en el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, por lo que se reduce del porcentaje de la sanción impuesta, del 160% al 100%, según lo expuesto en los artículos 287 y 288 de la misma Ley, y se recalculará la sanción de la siguiente forma:

Liquidación sanción por inexactitud
Impuesto neto propuesto
1.213.789.000
(Menos) impuesto neto declarado
406.902.000
Base sanción
806.887.000
Porcentaje sanción
100%
Sanción
806.887.000

4. Condena en costas

Sobre la base que el apelante no discutió la condena en costas, se confirma en este aspecto la sentencia de primera instancia.

Sin embargo, no se condenará en costas en segunda instancia (agencias en derecho y gastos del proceso), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, comoquiera que no se encuentran probadas.

5. En consecuencia, se modifica el numeral 1º de la sentencia apelada, en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos demandados, únicamente en lo relacionado con la sanción por inexactitud. En lo demás se confirma la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el numeral 1º de la sentencia apelada, la cual quedará así:

1.- DECLÁRASE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 262412015000001 del 2 de febrero de 2015 proferida por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso y, su confirmatoria la Resolución Nro. 001288 del 25 de febrero de 2016, proferida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, que modificaron la declaración del impuesto de renta a cargo de Sime Ingenieros S.A. por el año gravable 2012, solo respecto de la sanción de inexactitud.

2.- A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA que la sanción por inexactitud corresponde al valor liquidado en la parte motiva de esta providencia.

2. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Sentencia del 17 de junio de 2021, Exp. 24684, C.P. Milton Chaves García en la que se reiteran las sentencias del 19 de febrero de 2019, Exp. 21611, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, citada en la providencia del 23 de mayo de 2019, Exp. 11001-03-27-000-2018-00002-00.

Radicado: 15001-23-33-000-2016-00758-01(24440)
Demandante: SIME INGENIEROS S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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