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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00861-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00861-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 10 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora María Luz Teresa Delgado Silva, en contra de COLPENSIONES, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.- CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá. TERCERO.- RECONOCER personería jurídica a la abogada Karina Vence Pelaez, identificada con CC No 42.403.532 y tarjeta profesional No. 81.621 del Consejo Superior de la Judicatura, representante legal de la Firma Vence Salamanca Lawyers Group S.A.S., como apoderada principal de COLPENSIONES; de igual forma, se reconoce personería al abogado Francisco Fernando Guerrero Bustos, identificado con CC No 1.073.604.568, y tarjeta profesional No. 343.330 del C. S. de la Jud., como apoderado sustitutito, en los términos del poder conferido38 CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2016-00861-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

Radicado: 15001-23-33-000-2016-00861-01 (3016-2021)
Demandante: María Luz Teresa Delgado Silva

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2016-00861-01 (3016-2021)
Demandante: María Luz Teresa Delgado Silva
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones1
Temas: Pensión de Sobrevivientes – Régimen de Transición – Ley
71 de 1988 –Causación derecho pensión de jubilación por
aportes – acredita el requisito de los 20 años de servicio.

Decisión: Confirma decisión que accede a las pretensiones de la demanda.

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada, contra la sentencia de 10 de marzo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las pretensiones de la
demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2.

2.1.1. Pretensiones.

2. La demandante, por intermedio de apoderada instauró demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 20113 en contra de COLPENSIONES, con el objeto
de que se declare la nulidad de las Resoluciones No GNR 248076 del 4 de
octubre de 2013 y VPB 5360 del 28 de enero de 2015, mediante las cuales se
negó «la pensión de sobrevivientes por muerte de afiliado» y se desató el recurso
de apelación, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada a adicionar el tiempo laborado en INDUMIL, correspondiente a 647

1
En adelante COLPENSIONES
2
Folios 79-106, 142-155
3
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
1
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Demandante: María Luz Teresa Delgado Silva

semanas a las 990 reconocidas en el acto primigenio; asimismo, solicitó el
reconocimiento y pago de la referida prestación pensional a favor de la señora
María Luz Teresa Delgado en calidad de cónyuge supérstite con ocasión del
fallecimiento del señor Carlos Arturo Ramírez Guerrero, junto con las mesadas
causadas y no percibidas debidamente indexadas.

4. Igualmente, solicitó el reconocimiento de los intereses moratorios conforme a
los artículos 192, 193 y 195 del CPACA4; y el pago de costas y agencias en
derecho.

2.1.1.1. Pretensiones Subsidiarias

5. Solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones No GNR 248076 del 4 de
octubre de 2013 y VPB 5360 del 28 de enero de 2015, mediante las cuales se
negó «la pensión de sobrevivientes por muerte de afiliado» y se desató el recurso
de apelación, respectivamente.

6. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a la demandada a la liquidación y pago de la Indemnización
Sustitutiva de la pensión de Sobrevivientes a favor de la demandante, en calidad
de cónyuge supérstite con ocasión del fallecimiento del señor Carlos Arturo
Ramírez Guerrero, de conformidad a lo establecido en el art. 49 de la Ley 100 de
1993, en concordancia con la Ley 32 de 1989, el Decreto 407 de 1994 y las leyes
33 y 62 de 1985; debidamente indexado.

7. De igual forma, solicitó el reconocimiento de los intereses moratorios conforme
a los artículos 192, 193 y 195 del CPACA; y el pago de costas y agencias en
derecho.

2.1.2. Hechos.

8. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

9. Indicó que, el señor Carlos Arturo Ramírez Guerrero, laboró en distintas
entidades tanto públicas como privadas, y efectuó aportes al Sistema General de
Seguridad Social -pensión de vejez, desde el 24 de julio de 1978 hasta el 31 de
octubre de 2006.

10. Señaló que el último trabajo desempeñado por el causante fue en el
Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Chiquinquirá, como Director, según
Resolución de nombramiento No 2876 del 14 de agosto de 2003 y acta de

4
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo .
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Demandante: María Luz Teresa Delgado Silva

posesión de la misma fecha y acto de retiro contenido en la Resolución No 7287
de 18 de octubre de 2006.

11. Agregó que el señor Carlos Arturo Ramírez Guerrero, al entrar en vigencia el
régimen general de seguridad social – Ley 100 de 1993, tenía 51 años y
aproximadamente 15 años 9 meses y 23 días como cotizante, por lo que era
beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100
de 1993.

12. Sostuvo que, el señor Carlos Arturo Ramírez Guerrero, falleció el 20 de julio
de 2011, y a la fecha de su fallecimiento tenía vínculo matrimonial vigente con la
demandante, desde el 21 de mayo de 1977, con convivencia permanente e
ininterrumpida.

13. Manifestó que, con ocasión del fallecimiento del causante, la actora solicitó
ante la demandada el reconocimiento de la «pensión de sobrevivientes», la cual
fue negada mediante Resolución No. GNR 248076 del 04 de octubre de 2013, al
considerarse que en que el causante dentro de los últimos 3 años antes de su
fallecimiento, no cotizó 50 semanas al Sistema General de Pensiones, por lo que
no dejó causado el derecho a la pensión de sobreviviente para los beneficiarios.
Posteriormente, al resolver los recursos interpuestos, expidió la Resolución VPB
5360 del 28 de enero de 2015, confirmando la decisión.

14. Afirmó que los actos administrativos demandados presentan inconsistencias
respecto de la historia laboral del causante, pues en el acto inicial se reconoció
un determinado número de semanas cotizadas; y posteriormente, al resolver el
recurso interpuesto se reportó una cantidad inferior, incluso después de
incorporarse el bono pensional correspondiente al tiempo servido en Indumil.
Según la demandante, dichas contradicciones condujeron indebidamente a la
negativa de la prestación solicitada.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

15. Señaló como vulnerados los artículos 4, 5, 48 y 53 de la Constitución Política;
en las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980, 113 de 1985 y 71 de 1988; así
como en los artículos 35 y 46 de la Ley 100 de 1993.

16. En el concepto de violación la apoderada de la parte demandante sostuvo,
en síntesis, que COLPENSIONES al negar la «pensión de sobrevivientes»
desconoció el derecho fundamental a la seguridad social y los principios
constitucionales de protección a la familia, favorabilidad laboral, buena fe y
confianza legítima, al negar la pensión de sobrevivientes con base en una
contabilización errónea e inconsistente de las semanas cotizadas por el
causante.
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17. Expuso que la entidad incurrió en contradicciones al determinar el tiempo
efectivamente cotizado, pues en el acto inicial reconoció determinadas semanas
que posteriormente no fueron consideradas en la historia laboral sin justificación
suficiente, dejando además de valorar adecuadamente el bono pensional
correspondiente al tiempo laborado en Indumil. Lo cual, afectó la confiabilidad de
la información utilizada para resolver la solicitud pensional.

18. Finalmente, adujo que Colpensiones trasladó a la demandante las
consecuencias derivadas de errores en la administración, conservación y
actualización de la historia laboral del afiliado, desconociendo la jurisprudencia
constitucional que impone a las administradoras de pensiones el deber de
garantizar la integridad y consistencia de dicha información. Por ello, consideró
que los actos administrativos demandados vulneraron los derechos a la
seguridad social, al debido proceso administrativo y a la confianza legítima, razón
por la cual solicitó su nulidad y el consecuente reconocimiento de la prestación
reclamada.

2.2. Contestación de la demanda5.

2.2.1. COLPENSIONES, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones tanto principales como subsidiarias de la demanda.

19. Sostuvo que los actos administrativos objeto de litigio fueron expedidos con
observancia de la normatividad vigente y que, tras el estudio de la solicitud
presentada por la señora María Luz Teresa Delgado Silva, se concluyó que no
existía derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada.

20. Indicó que, al momento del fallecimiento del señor Carlos Arturo Ramírez
Guerrero, ocurrido el 20 de julio de 2011, si bien consideró que era beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo
cual, le aplicó el tiempo y monto del régimen al que venía afiliado para el
momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que para el caso
corresponde a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, encontró que,
de acuerdo con la historia laboral, solo acreditó 990 semanas de cotización,
equivalentes a 6930 días laborados, cifra insuficiente para cumplir el requisito de
20 años de aportes exigidos por la norma en cita.

21. Con relación a los tiempos servidos en la Industria Militar -Indumil- entre el
1.º de marzo de 1980 y el 30 de septiembre de 1992, afirmó que ya habían sido
incluidos dentro del cómputo total de semanas reconocidas por la entidad, razón
por la cual no era procedente adicionar nuevamente dicho período.

5
Folios 170-181
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Demandante: María Luz Teresa Delgado Silva

22. En consecuencia, consideró que el causante no dejó consolidado derecho
pensional alguno, por lo cual, no surgió para la demandante el derecho a la
pensión de sobrevivientes reclamada. Propuso las excepciones de «Inexistencia
de la obligación», «Cobro de lo no debido», «Inexistencia del cobro de intereses
moratorios», «Improcedencia de la indexación y de los intereses moratorios»,
«imposibilidad jurídica para cumplir las obligaciones pretendidas», «Buena fe»
«Prescripción» «Innominada y/o Genérica».

2.3. La sentencia apelada6

23. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 10 de mayo de
2021 accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de los actos
demandados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a
COLPENSIONES reconocer y pagar a favor de la demandante la pensión de
sobrevivientes7, causada por el fallecimiento del señor Carlos Arturo Ramírez
Guerrero, desde el 21 de julio 2011. Y se abstuvo de imponer condena en
costas.

24. Señaló dicha Corporación que el causante era beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que analizó el
caso concreto bajo la Ley 71 de 1988, por tratarse de una pensión de jubilación
por aportes derivada de tiempos de servicios tanto en el sector público como el
privado.

25. Al efectuar la valoración de las pruebas obrantes en el plenario, encontró que
el causante prestó sus servicios en distintas entidades privadas y públicas,
incluido el tiempo laborado en la Industria Militar – INDUMIL- y con base en las
mismas, concluyó que el señor Carlos Arturo Ramírez Guererro acreditó más de
20 años de servicios y cotizaciones, equivalentes a 20 años, 1 mes y 26 días, por
lo que cumplió los requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para
acceder a una pensión de jubilación por aportes.

26. El A quo precisó que, aunque COLPENSIONES había incurrido en
inconsistencias en la historia laboral del afiliado, tales errores administrativos no
podían trasladarse al trabajador ni a sus beneficiarios. En consecuencia,
concluyó que el causante dejó causado el derecho a la pensión de jubilación por
aportes antes de su fallecimiento.

6 Mediante providencia de 23 de junio de 2021, fue corregido el numeral segundo de la sentencia de 10 de

2021, únicamente en lo relacionado con el número de cédula de ciudadanía de la demandante. Folios 270-
289, 309-310
7 El Tribunal ordenó efectuar la liquidación con el 75% del promedio devengado por el causante durante sus

últimos 10 años de prestación del servicio, con la inclusión de los factores salariales sobre los que se hubiere
realizado cotización conforme al Decreto 1158 de 1994.
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27. Posteriormente, al examinar los requisitos para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, encontró acreditada la calidad de cónyuge supérstite
de la demandante mediante el registro civil de matrimonio, las declaraciones
extrajuicio allegadas al expediente, y de la declaración de parte que, rindió la
actora en sede judicial, de las cuales coligió que convivió con el causante desde
el 21 de mayo de 1977, fecha del matrimonio hasta su fallecimiento.

2.4. Recurso de apelación8

28. El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, mediante el cual solicitó su revocatoria y, en
su lugar, que se nieguen las pretensiones de la demanda.

29. Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que el Juez A quo incurrió
en una indebida valoración de la historia laboral del causante al concluir que éste
acreditaba más de 20 años de servicios y aportes para acceder a la pensión de
jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.

30. Señaló que la historia laboral constituye un documento público que constituye
plena prueba, al ser un documento público y que no fue tachado de falso ni
desvirtuado por la parte demandante. Por lo que concluyó que, de conformidad
con la Resolución VPB 5360 del 28 de enero de 2015 y la historia laboral obrante
en el expediente, el señor Carlos Arturo Ramírez Guerrero únicamente registraba
985 semanas cotizadas, cifra insuficiente para cumplir las 1029 semanas
equivalentes a los 20 años de aportes exigidos por dicha normativa.

31. Por lo anterior, cuestionó que la sentencia de primera instancia hubiera tenido
en cuenta como periodos cotizados los correspondientes a mayo de 2003, junio
y agosto de 2003, así como octubre de 2005, pues afirmó que, de acuerdo con
el detalle de pagos de la historia laboral, dichos periodos registraban cero (0), un
(1) días; y tres (3) días cotizados, respectivamente. Por lo que, sostuvo que el A
quo incurrió en un yerro al contabilizarlos como meses completos de 30 días,
para efectos de acreditar el tiempo de servicios exigidos para el reconocimiento
pensional, cuando ello no se reflejó en la historia laboral.

32.Finalmente, concluyó que el causante no consolidó el derecho a la pensión de
jubilación por aportes bajo la Ley 71 de 1988, por cuanto solo acreditó 985
semanas de cotización. Razón por la cual, sostuvo que la demandante tampoco
podía acceder a la pensión de sobrevivientes reclamada, y reiteró que no se
cumplía el requisito de las cincuenta semanas cotizadas dentro de los tres años
anteriores al fallecimiento del afiliado.

8 Folios 296-297

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2.5. Trámite de Segunda Instancia

33. El 27 de septiembre de 20219, se admitió el recurso de apelación, sin
pronunciamiento alguno por las partes. El Ministerio Público tampoco emitió
concepto.

34. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

35. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15010 de la Ley 1437 de 2011.

36. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

37. En el asunto objeto de estudio la demandada es apelante único, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en el
recurso de apelación.

3.2. Problema jurídico

38. La Sala debe determinar ¿si el señor Carlos Arturo Ramírez Guerrero,
acreditó el requisito de tiempo de servicios para consolidar el derecho a la
pensión de jubilación por aportes prevista en el artículo 7 de la Ley 71 de 198811
y, en consecuencia, si la señora María Luz Teresa Delgado Silva tiene derecho
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes derivada de dicho derecho
pensional, con ocasión al fallecimiento de aquel el día 20 de julio de 2011.?

9 Índice 00003 - SAMAI
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
11 «Artículo 7 .- Reglamentado por el Decreto Nacional 2709 de 1994. A partir de la vigencia de la presente

ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden
nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
[…] »
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3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.

3.3.1. Sustitución pensional y pensión de sobrevivientes.

39. Esta Sala de Subsección12, ha aclarado que si bien la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional tienen por finalidad evitar que los
beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste
les brindaba; la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece, en tanto que la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los
requisitos mínimos para obtener la pensión13.

40. En materia de sustitución pensional los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de
196814, así como los artículos 80 y 92 del Decreto 1848 de 196915 consagraron
la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del
causante únicamente en dos eventos, a saber: (i) cuando fallece el empleado
público en goce de pensión y (ii) cuando el empleado público muere con derecho
a pensión sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Esto con el
siguiente tenor:

«Decreto 3135 de 1968.
Artículo 36. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con
derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción
señalados en el artículo 34, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de
previsión la pensión que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin
perjuicio de las prestaciones anteriores.
[…]
Artículo 39. Sustitución de Pensión. Fallecido un empleado público o trabajador
oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos
menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o
por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir
la respectiva pensión durante los dos años subsiguientes. Decreto Reglamentario
1848 de 1969.
[…]

Artículo 80. Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca
un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de
jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida,
ese derecho se transmite a las personas señaladas en el Artículo 92 de este
Decreto, para el solo efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión
que le hubiere correspondido al causante, durante los dos (2) años a que se

12 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
13 Sentencia T-564 de 2015.
14 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula
el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
15 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
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refiere la citada norma legal.
[…]

Artículo 92. Transmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por
invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de
dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por
invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a
percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al
fallecimiento del pensionado. […]».

41. Luego, en esta misma materia se expidió la Ley 33 de 197316, la cual señaló
que para que se diera la sustitución pensional, el trabajador particular o el
empleado o trabajador del sector público, debía estar pensionado o al momento
de su fallecimiento tener el derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez.

«Artículo 1°. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de
jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea
este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la
respectiva pensión en forma vitalicia.
[…]
Parágrafo 2°. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o
tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la
pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.»

42. Posteriormente, la Ley 12 de 197517 solo exigió que el trabajador o empleado
haya completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía antes de
cumplir la edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había
lugar a la sustitución pensional, así:

«Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores
o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en
convenciones colectivas».

43. Por lo anterior, en principio el derecho a la sustitución pensional solo surgía
para los beneficiarios de un empleado público cuando a la fecha de su
fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado completamente el derecho
jubilatorio; solo con posterioridad el Legislador lo extendió para los casos en los
que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin reunir o
completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el derecho de
la familia del mismo, que por la contingencia de muerte no logró consolidar
plenamente su derecho pensional.

44. Posteriormente, a través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el
sistema de seguridad social integral, en lo que tiene que ver con el régimen de

16 «Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas.»
17 «[Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
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pensiones, cuyo objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las
eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada
ley.

45. En este sentido, se tiene que el sistema de que trataba la Ley 12 de 1975,
artículo 1.º, fue derogado de manera tácita por el señalado en los artículos 46 a
49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993, establecido con la finalidad de atender la
contingencia derivada de la muerte, donde el legislador previó a las denominadas
pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, para suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por
ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

46. Ahora bien, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a
la sustitución pensional, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez
que fallezca, advirtiéndose tres grupos de beneficiarios excluyentes entre sí, toda
vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i) cónyuge o compañera
permanente e hijos con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con
derecho.

3.3.2 Pensión por aportes -Ley 71 de 1988-

47. La Ley 71 de 198811, que consagró la pensión de jubilación por acumulación
de aportes, la cual, concede la posibilidad de computar el tiempo servido en el
sector público y en el privado.

48. Esta Ley fue reglamentada en principio por el Decreto 1160 de 1989 y
después por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, que en su artículo 1°,
determinó que la pensión a la que la mencionada Ley 71 de 1988 se refería, se
denomina pensión de jubilación por aportes y a la misma tenían derecho «[…]
quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es
mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes
continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de
las entidades de previsión social del sector público».

49. Dicha norma en sus artículos 6.° y 8.° estableció el salario base para la
liquidación de la pensión y el monto; empero el primero de los mencionados fue
derogado por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, sin embargo, esa
determinación fue anulada por esta Sección a través de sentencia del 15 de mayo
de 201412.
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50. Es destacar que, frente a los términos para su liquidación, esta Subsección13,
ha señalado que el IBL de las personas beneficiarias de la transición consagrada
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplique Ley 71 de 1998,
será el determinado por la regla y subreglas dispuestas en la sentencia de
unificación referida del 28 de agosto de 2018.

3.4. Análisis del caso concreto

51. En el expediente se encuentra demostrado y no es objeto de controversia: la
condición de beneficiaria de la señora María Luz Teresa Delgado Silva en calidad
de cónyuge supérstite del señor Carlos Arturo Ramírez Guerrero18, quien falleció
el 20 de julio de 2011 según consta en registro civil de defunción con Indicativo
Serial No 0715478919; como tampoco que, es beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que le resulta
aplicable la Ley 71 de 198820 que regula en su artículo 7 la pensión de jubilación
por aportes.21

52. En efecto, la inconformidad de la demandada se contrae a cuestionar la
conclusión alcanzada por el Juez A quo con relación al cumplimiento del requisito
temporal previsto en dicha normativa, al considerar que el causante no acreditó
los 20 años requeridos para consolidar el derecho a la pensión de jubilación por
aportes.

53. En ese orden, se advierte que, el reparo formulado por la entidad recurrente
se fundamenta sobre dos premisas: que el causante solo acreditó 985 semanas
de cotización, según la revisión efectuada por Colpensiones en la Resolución
VPB 530 de 2015, y que el fallador de primera instancia contabilizó erradamente
determinados periodos que no registraban cotización completa.

54. Así las cosas, se advierte que, mediante Resolución Nro. GNR 248076 del 4
de octubre de 201322, Colpensiones negó la prestación solicitada23 al considerar
que el causante no acreditaba 50 semanas de cotización dentro de los 3 años
anteriores a su fallecimiento; no obstante, se determinó que el señor Carlos

18 De conformidad con el registro civil de matrimonio se advierte que María Luz Teresa Delgado Silva y

Carlos Arturo Ramírez Guerrero, contrajeron matrimonio católico el 21 de mayo de 1977 -Folio 59
19 Folio 58
20 «Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones»
21 «Artículo 7.- Reglamentado por el Decreto Nacional 2709 de 1994. A partir de la vigencia de la presente

ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden
nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer
[…]»
22 Folios 27-31
23 Derecho de Petición radicado el 9 de julio de 2013 – Folios 25-26.

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Arturo Ramírez Guerrero acreditó un total de 6.930 días de laborados,
correspondientes a 990 semanas de cotización.

55. Frente a dicha decisión la parte demandante, interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación24; resuelto mediante Resolución VPB 5360 del 28 de
enero de 201525 en la cual, la demandada encontró que el causante le resultaba
aplicable el régimen previsto en la Ley 71 de 1988, pero concluyó que no
acreditaba los 20 años de aportes exigidos por dicha normativa, al estimar que
solo acreditó 6.897 días equivalentes a 985 semanas de cotización26, por lo que
confirmó la decisión recurrida. Sin embargo, indicó que, aun cuando se
evidenciaban inconsistencias en algunos registros de la historia laboral, mantuvo
la situación definida en el acto primigenio de 990 semanas, en aplicación del
principio de la non reformatio in peius.

58. Ahora bien, la recurrente sostiene que el A quo incurrió en una indebida
valoración de la historia laboral del causante al contabilizar como cotizados
algunos períodos que registraban cero días de aportes, especialmente los
correspondientes a mayo junio y agosto de 2003; y octubre de 2005 solo 3 días
cotizados, lo que condujo a una equivocada contabilización del tiempo de
servicios del causante, pues conforme a la Resolución VPB 5360 del 28 de enero
de 2015, el causante solo acreditó 985 semanas de tiempo de servicio.

59. Al respecto, precisa la Sala, que el apelante desconoció que, en el mismo
acto, la entidad decidió mantener las 990 semanas inicialmente reconocidas.
Bajo ese contexto, corresponde verificar si los periodos cuestionados en el
recurso desvirtúan la conclusión alcanzada por el Juez A quo al encontrar
acreditado el cumplimiento de los 20 años de aportes exigidos por la Ley 71 de
1988.

60. Así pues, de acuerdo con el Reporte de Semanas Cotizadas expedido por la
Dirección de Historia Laboral de Colpensiones27, el causante registra la siguiente
información:

Entidad Periodo laborado Total, tiempo de
servicios
Círculo de Viajes Universal 24-07-1978 hasta 27-11-1978 4 meses + 3 días

Coexito 16-10-1978 hasta 12-12-1978 1 mes + 26 días

Círculo de Viajes Universal 30-01-1979 hasta 09-04-1979 2 meses + 9 días

24 Folios 33-41
25 Folios 55-57
26 Advierte la Sala que, en dicho acto se afirmó que «no se encontraron cotizaciones para los ciclos 2003/05,

2005/10 con Centro de Reclusión Chiquinquirá; 2001/11 con Desarrollo Social y Empresarial»
27 Folios 213-217 y 226-231

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Colombia Vigilancia 25-11-1992 hasta 10-09-1993 9 meses + 15 días
Seguridad

Instituto Militar Antonio 01-03-1999 hasta 31-01-2000 11 meses
Ricaurte

Coop Cooperando 01-05-2001 hasta 31-08-2001 4 meses

Desarrollo Social y 01-08-2001 hasta 31-10-2001 11 meses
Empresarial 01-12-2001 hasta 31-01-2002
01-03-2002 hasta 31-03-2002
01-06-2002 hasta 31-10-2002
Centro de Reclusión 01-12-2002 hasta 28-02-2003 3 meses
Chiquinquirá
INPEC Reclusión de Mujeres 01-03-2003 hasta 31-08-2003 6 meses

Establecimiento 01-09-2003 hasta 30-09-2003 1 mes
Penitenciario

INPEC Cárcel de 01-10-2003 hasta 30-11-2003 2 meses
Chiquinquirá

Establecimiento 01-12-2003 hasta 31-12-2003 1 mes
Penitenciario

INPEC Establecimiento 01-01-2004 hasta 31-03-2004 3 meses

INPEC Cárcel Chiquinquirá 01-04-2004 hasta 30-04-2004 1 mes

INPEC Establecimiento 01-05-2004 hasta 31-05-2004 1 mes

Establecimiento de 01-06-2004 hasta 30-06-2004 1 mes
Reclusión

INPEC Establecimiento 01-07-2004 hasta 30-11-2004 5 meses

INPEC Cárcel de 01-12-2004 hasta 31-12-2004 1 mes
Chiquinquirá

INPEC Establecimiento 01-01-2005 hasta 30-04-2005 4 meses

Instituto Nacional 01-05-2005 hasta 31-05-2005 1 mes
Penitenciario

Instituto Nacional 01-07-2005 hasta 30-11-2005 5 meses
Penitenciario

Instituto Nacional 01-12-2005 hasta 31-12-2005 1 mes
Penitenciario

Instituto Nacional 01-01-2006 hasta 31-10-2006 10 meses
Penitenciario

Total: 89 meses y 23 días = 7 años, 5 meses y 23 días

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Periodos laborados en Periodo Laborado Total, tiempo de
el sector público y NO servicios
cotizados al ISS – hoy
Colpensiones

INDUSTRIA MILITAR28 01-03-1980 hasta 30-09-1992 12 años más 7 meses29

Total tiempo se servicios: 20 años y 23 días
61. Del análisis de la Historia Laboral incluyendo los tiempos laborados para la
Industria Militar -INDUMIL- entre el 1.º de marzo de 1980 y el 30 de septiembre
de 199230. Se advierte que, el causante acreditó un total de 20 años y 23 días de
aportes, por lo que, si bien el tiempo es menor al evidenciado por el A quo, para
la Sala es evidente que satisfizo el requisito previsto en el artículo 7 de la Ley 71
de 1988.

62. No obstante, como la recurrente cuestiona la forma en que fueron
computados algunos periodos para arribar a dicha conclusión, corresponde
verificar si los reparos formulados, tienen la entidad suficiente para desvirtuar el
tiempo de servicios previamente establecido. En concreto, sostuvo que el Juez A
quo, incurrió en error al contabilizar determinados períodos laborales como
meses completos, pese a que en la historia laboral reposan registros con cero
(0), uno (1) o tres (3) días cotizados, particularmente en los ciclos
correspondientes a mayo y agosto de 2003; así como el periodo de octubre de
2005, circunstancia que, en su criterio, condujo a reconocer indebidamente el
cumplimiento de los 20 años de aportes exigidos por la Ley 71 de 1988.

63. Sobre el particular, la Sala observa que la Historia Laboral del causante
emitida por COLPENSIONES31, registra para el ciclo correspondiente a mayo de
2003 un total de 30 días cotizados. Por consiguiente, para la Sala no es de recibo
la afirmación de la apelante en el sentido de que dicho periodo carecía de
cotizaciones, de manera que, el cuestionamiento formulado frente a este lapso
carece de sustento.

64. De otro lado, en lo que respecta al periodo de agosto de 2003, si bien la
historia laboral registra un (1) día cotizado, también lo es que obra en el plenario
acto administrativo contenido en la Resolución No 2876 del 14 de agosto de
200332, mediante la cual el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y

28 Folios 44 a 49 Se advierte Información Laboral -INDUMIL
29 A folio 234-235 obra Oficio No 02.028.640 de 15 de marzo de 2018, mediante el cual INDUMIL certifica

que el causante prestó sus servicios como trabajador oficial en la Industria Militar desde el 01-03-1980 hasta
30-09-1992.
30 De acuerdo con constancia de fecha 15 de marzo de 2018. Fecha de ingreso: 01 de marzo de 1980 y

fecha de retiro: 30 de septiembre de 1992 – Folios 234 -235.
31 Folios 226-229 - Historia Laboral correspondiente a Carlos Arturo Ramírez Guerrero
32 Folios 70

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Carcelario – INPEC, nombró al señor Carlos Arturo Ramírez Guerrero como
Director del Establecimiento de Reclusión Especial de Chiquinquirá, así como el
acta de posesión de la misma fecha33, documentos que acreditan que para ese
periodo el causante se encontraba vinculado al servicio de dicha entidad.

65. Ahora, la Sala precisa que el hecho de que dicho periodo refleje un (1) día
cotizado, ello no significa que el periodo carezca de sustento o que el A quo
hubiese incurrido en error al computarlo, pues el expediente contiene elementos
objetivos que dan cuenta de la vinculación laboral del causante para ese lapso,
por lo que, las inconsistencias reflejadas en la historia laboral respecto de dicho
período no pueden traducirse em una disminución del tiempo efectivamente
acreditado, ni trasladar tal error al afiliado ni a sus beneficiarios, toda vez que
corresponden a situaciones asociadas al reporte y administración de los aportes,
gestión que no depende del trabajador.

66. En lo que concierne al periodo de octubre de 2005, observa la Sala que la
información contenida en la historia laboral presenta inconsistencias evidentes,
respecto de dicho periodo. En efecto, se registra fecha de pago del 9 de
noviembre de 200534 y cero (0) días cotizados y, seguidamente, aparece el
mismo periodo con fecha de pago del 30 de junio de 200535, esto es, varios
meses antes de la causación del periodo al que se refiere el registro reportado.
Tal circunstancia pone de manifiesto un error en la información consignada en la
historia laboral, que no puede ser atribuible al causante o a sus beneficiarios, ni
puede operar en su perjuicio para desconocer períodos de servicio que
encuentran respaldo en los medios de convicción allegados al plenario, y que
repercuten directamente en el reconocimiento de su derecho pensional.

67. Adicionalmente, advierte la Sala que el A quo incluyó dentro del cómputo
efectuado el periodo correspondiente a junio de 2005, conclusión que comparte
esta Corporación, al advertir inconsistencias con la cotización del mes de octubre
de 2005.

68. En ese sentido, obra en el expediente la Resolución 9205 de 13 de diciembre
de 200636 mediante la cual el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC, reconoció al señor Carlos Arturo Ramírez Guerrero conceptos salariales
y prestacionales correspondientes a prima de vacaciones, indemnización por
vacaciones y bonificación especial por recreación, causados durante el periodo
comprendido entre el 11 de diciembre de 2004 y el 18 de octubre de 2006.

33 Folios 67
34Folio 228 Rev. Referencia de pago No 52070503020651
35 Folio 228 Rev. Referencia de pago No 01020601004843
36 Folio 68

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69. Para la Sala, el acto administrativo precitado, constituye un elemento
adicional que permite determinar la continuidad de la vinculación legal del
causante con el INPEC durante el lapso que controvierte la recurrente, pues
evidencia que para junio de 2005 y octubre del mismo año, el señor Carlos Arturo
Ramírez Guererro, continuaba prestando sus servicios a dicho establecimiento.
Por lo que, la inconsistencia advertida en la historia laboral respecto de dichos
periodos, no resultan suficientes para desvirtuar el tiempo de servicios
computado por el fallador de primera instancia.

70. De manera que, al subtotal obtenido de la historia laboral debe adicionarse el
mes de junio de 2005, cuya inclusión fue realizada por Tribunal y que la Sala
comparte, con lo cual, el tiempo total de servicios acreditado por el causante
asciende a 20 años, 1 mes y 23 días.

71. Corolario de lo anterior, se advierte que la Resolución VPB 5360 del 28 de
enero de 2015, invocada por la entidad como fundamento de su inconformidad,
presenta inconsistencias frente a la información consignada en la historia laboral
del causante obrante en el expediente, y que, además, fue expedida por la misma
Administradora.

72. Así, con respecto del Instituto Militar Antonio Ricaurte, el acto en comento
registró dicho periodo hasta el 31 de noviembre de 1999, pese a que la historia
laboral expedida por Colpensiones lo extiende hasta el 31 de enero de 2000.

73. Del mismo modo, frente a la información relacionada con el tiempo de
servicios prestados por el causante a Desarrollo Social y Empresarial, se registró
dicho periodo hasta el 25 de octubre de 2002, mientras que la historia laboral
registra ese vínculo hasta el 31 de octubre de 2002.

74. Igualmente, respecto del periodo laborado para el INPEC Reclusión de
Mujeres, la historia laboral registra una vinculación comprendida entre 1° de
marzo de 2003 hasta el 31 de agosto de 2003. No obstante, al revisar la
Resolución VPB 5360 del 28 de enero de 2015, la Sala advierte que dicho acto
omitió incluir dentro de la relación de prestación de servicios los meses de mayo
a junio de 2003 y, además señaló que no se encontraron registros el periodo
2003/05, lo cual, revela una discordancia entre la información utilizada para
resolver la solicitud y la que obra en la historia laboral del afiliado.

75. Bajo ese entendido, para la Sala no resulta admisible que inconsistencias o
errores derivados de los registros, reportes, o procesos de recaudos de aportes,
afecten la información consignada en la historia laboral, pues con base en dicho

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documento, se determina si el trabajador tiene derecho a ciertas prestaciones, y
se establecen obligaciones para cada uno de los integrantes del sistema37.
76. Por consiguiente, la Sala comparte la conclusión del Juez A quo, en cuanto
encontró que, el señor Carlos Arturo Ramírez Guerrero, cumplió los requisitos de
tiempo de aportes previstos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 pues acreditó
un total de 20 años, 1 mes y 23 días, y consolidó en vida el derecho a la pensión
de jubilación por aportes. En tal virtud, resulta procedente, el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes a favor de la señora María Luz Teresa Delgado
Silva, en su condición de cónyuge supérstite.

77. Por lo expuesto, la Sala considera que el recurso de apelación no tiene
vocación de prosperar, lo que impone confirmar la decisión de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda.

3.5. De la condena en costas en segunda instancia

78. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

79. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

80. En tal virtud, se impondrá condena en costas a la parte demandada; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

81. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

37
Sentencia SU-405 de 2021.
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FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 10 de marzo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda instaurada por la señora María Luz Teresa Delgado
Silva, en contra de COLPENSIONES, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO.- CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandada. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.

TERCERO.- RECONOCER personería jurídica a la abogada Karina Vence
Pelaez, identificada con CC No 42.403.532 y tarjeta profesional No. 81.621 del
Consejo Superior de la Judicatura, representante legal de la Firma Vence
Salamanca Lawyers Group S.A.S., como apoderada principal de
COLPENSIONES; de igual forma, se reconoce personería al abogado Francisco
Fernando Guerrero Bustos, identificado con CC No 1.073.604.568, y tarjeta
profesional No. 343.330 del C. S. de la Jud., como apoderado sustitutito, en los
términos del poder conferido38

CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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Índice 00047 SAMAI
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