Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2016-00884-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2016-00884-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 15001-23-33-000-2016-00884-02
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de mayo de 2022
Radicado: 15001-23-33-000-2016-00884-02 (25985)
Demandante: Pedro Simón Vargas Sáenz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 15001-23-33-000-2016-00884-02 (25985)
Demandante PEDRO SIMÓN VARGAS SÁENZ
Demandado CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Temas Procedimiento de jurisdicción coactiva. Normas aplicables.
Dilación injustificada del procedimiento.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Pedro Simón Vargas Sáenz
contra la sentencia del 15 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala Tercera de Decisión, que decidió:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
precedencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Por secretaría, REMITIR copias de la presente sentencia con destino a la
Procuraduría General de la Nación para que, si así lo considera, investigue las posibles faltas
en que pudo incurrir el señor NÉSTOR FABIÁN CASTILLO PULIDO quien, en su calidad de
Director de Jurisdicción Coactiva de la entidad accionada, suscribió el auto 0203 del 5 de
agosto de 2016 sin pronunciarse sobre la petición probatoria elevada por el demandante.
(…)»1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Contraloría General de la República declaró responsable fiscal a Pedro Simón
Vargas Sáenz en cuantía de $248’510.775, mediante el Fallo con Responsabilidad
Fiscal Nro. 010 del 31 de mayo del 2000. Esta decisión fue confirmada por la
entidad, con el Fallo con Responsabilidad Fiscal Nro. 0122 del 15 de noviembre del
2000.
Con base en el fallo con responsabilidad fiscal, la Contraloría General de la
República inició el procedimiento de jurisdicción coactiva contra Pedro Simón
Vargas Sáenz, para lo cual expidió el Mandamiento de Pago (sin número) del 23 de
enero de 2001, acto que fue notificado el día 31 del mismo mes y año.
Pedro Simón Vargas Sáenz presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que pretendía la nulidad de los fallos de responsabilidad fiscal y del
mandamiento de pago, la cual fue repartida con el Radicado Nro. 15001-23-31-000-
2001-00572-00.
1 Folio 49 del cuaderno 2.
1
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Radicado: 15001-23-33-000-2016-00884-02 (25985)
Demandante: Pedro Simón Vargas Sáenz
La acreedora ordenó seguir adelante la ejecución con el Auto Nro. 0684 del 12 de
febrero de 2002 y aprobó la liquidación del crédito por valor de $291’135.556
mediante el Auto Nro. 349 del 23 de setiembre del mismo año.
Posteriormente, la Contraloría General de la República expidió el Auto (sin número)
del 29 de agosto de 2008, que ordenó no practicar la diligencia de remate del
inmueble de propiedad del deudor que fue objeto de medida cautelar hasta que
fuera resuelta la demanda interpuesta contra el mandamiento de pago, según lo
dispone el artículo 835 del Estatuto Tributario y el artículo 13 de la Resolución Nro.
5844 de 2007.
El Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda contra
los actos que determinaron la responsabilidad fiscal y contra el mandamiento de
pago, mediante fallo del 26 de mayo de 2010, decisión que fue confirmada mediante
la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado el 4 de junio de 2015.
La entidad de control profirió la Liquidación del Crédito y Costas Procesales (sin
número) del 18 de mayo de 2016. En ella puso de presente que es necesario
actualizar el valor del crédito porque el procedimiento de jurisdicción coactiva fue
suspendido mientras finalizaba el proceso judicial que analizaba la legalidad del
mandamiento de pago. Así las cosas, determinó que, para ese momento, la
obligación a cargo de Pedro Simón Vargas Sáenz ascendía a $647’329.178.
El deudor objetó la actualización del crédito y solicitó declarar la pérdida de fuerza
ejecutoria del mandamiento de pago, la prescripción del cobro coactivo y la
revocatoria del mandamiento de pago. Sin embargo, la Contraloría General de la
República negó estas peticiones mediante el Auto Nro. 019 del 17 de junio de 2016,
decisión contra la que el deudor interpuso recurso de apelación siendo confirmada
mediante el Auto Nro. 203 del 5 de agosto de 2016.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Pedro Simón Vargas Sáenz
formuló las siguientes pretensiones:
«A través del medio de control de nulidad con restablecimiento en el derecho establecido en
el artículo 138 del CPACA de manera acomedida presento el siguiente cuadro de pretensiones
que deberán ser resueltas en la sentencia que ponga fin a este proceso, así:
1. Se decrete la nulidad del acto administrativo contenido en la decisión 019 de 17 de junio
de 2016, cuya copia anexamos, expedida por la Contraloría General de la República,
Delegada en Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de Tunja,
mediante la cual, en el artículo tercero negó la petición de pérdida de ejecutoria, decreto
de prescripción del cobro coactivo, la revocatoria directa y la terminación del proceso
que por cobro coactivo se adelanta contra el actor.
2. Se decrete la nulidad del auto 0000203 de fecha 5 de agosto de 2016, expedido por la
Dirección Jurisdiccional Coactiva de la entidad demandada, con el que la administración
resolvió el recurso de apelación presentado contra la decisión contenida en la resolución
019 de 17 de junio de 2016.
3. Como restablecimiento en el derecho, el Tribunal deberá declarar carente de fuerza
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Demandante: Pedro Simón Vargas Sáenz
ejecutoria al mandamiento de pago expedido el día 23 de enero de 2001 por la Gerencia
Departamental de Boyacá-Jurisdicción Coactiva, así como el auto de 12 de febrero de
2002 expedido por la Coordinación de Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, que
ordenó seguir adelante la ejecución contra PEDRO SIMÓN VARGAS SÁENZ.
4. En igual sentido y como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos
administrativos contenidos en los numerales 1 y 2, y para efectos del restablecimiento
en el derecho ordenar la cancelación de las medidas ejecutivas dictadas en su contra,
consistentes en el embargo y secuestro de los bienes de propiedad de mi representado
y que afectan los inmuebles con Matrícula Inmobiliarias Nos.: 070-93671 de la Oficina
de Registro de Tunja; 50C-1363498, 50C-1363505 y 50C-1363742 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., Zona Centro y la devolución de los
dineros embargados a mi representado dentro del mismo proceso»2.
Para estos efectos, invocó como normas violadas el artículo 29 de la Constitución;
los artículos 79, 91, 92 y 101 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; y el artículo 831 del Estatuto Tributario. Los cargos de
nulidad se resumen así:
El actor sostuvo que la Contraloría General de la República violó el artículo 79 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo porque
omitió pronunciarse sobre las pruebas solicitadas en el recurso de apelación
interpuesto contra el Auto Nro. 019 de 2016 antes de decidirlo de fondo, mediante
el Auto Nro. 203 del mismo año. Además, destacó que estas pruebas eran
pertinentes para decidir la petición de pérdida de fuerza ejecutoria del mandamiento
de pago y prescripción del cobro coactivo. De igual modo, indicó que esta omisión
no es una simple formalidad porque le impidió demostrar que la administración fue
inactiva durante 14 años y 9 meses.
De otro lado, puso de presente que la dilación en el cobro coactivo tuvo origen en
que la entidad interpretó de forma errónea que el procedimiento de cobro fue
suspendido de forma automática por la admisión a la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesto contra los fallos de responsabilidad fiscal.
El demandante afirmó que la suspensión del procedimiento de jurisdicción coactiva
por más de 14 años desconoció el artículo 91 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual prevé que pierde fuerza
ejecutoria el acto administrativo que no es ejecutado dentro de los 5 años a su
firmeza. Igualmente, señaló que este hecho también constituye una violación de sus
derechos al debido proceso y de defensa.
Manifestó que la Contraloría General de la República resolvió de forma
contradictoria la petición de pérdida de fuerza ejecutoria porque, en primer lugar,
reconoció que el mandamiento de pago fue notificado el 31 de enero de 2001 y que
el término de 5 años de la pérdida de fuerza ejecutoria del artículo 66 del Código
Contencioso Administrativo no fue cumplido, pero luego realiza una serie de citas
jurisprudenciales que no justifican la dilación del procedimiento por 14 años.
El actor señaló que esta contradicción se observa en el Auto Nro. 203 de 2016,
porque citó la sentencia del 19 de octubre de 2016 de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, asunto que no tiene relación con el litigio aquí planteado, puesto que se
debatió la pérdida de fuerza ejecutoria de un fallo de responsabilidad fiscal y no de
2 Folio 2 del cuaderno 1.
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Demandante: Pedro Simón Vargas Sáenz
un mandamiento de pago.
Pedro Simón Vargas Sáenz también sostuvo que el funcionario que resolvió el
recurso de apelación actuó sin lealtad porque desconoció la simplicidad de lo
ocurrido para, así, evadir su propia responsabilidad, utilizando sofismas de
distracción que pueden ser consultados en la motivación del acto administrativo.
Luego, el demandante afirmó que fue desconocido el artículo 101 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues éste no
prevé la suspensión del procedimiento de jurisdicción coactiva por la admisión de la
demanda interpuesta contra el título ejecutivo.
En este mismo sentido, señaló que se desconoció el numeral 5° del artículo 831
del Estatuto Tributario, pues no se tuvo en cuenta que la excepción contra el
mandamiento de pago es una defensa del administrado y no una alternativa
dispositiva de la administración.
Al final, concluyó que el mandamiento de pago no está exento de la regla de pérdida
de fuerza ejecutoria del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y del
artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, lo que demuestra la procedencia de la excepción prevista en estas
normas para garantizar el cumplimiento oportuno de las decisiones de la
administración.
Oposición a la demanda
La Contraloría General de la República controvirtió las pretensiones de la demanda
con los siguientes argumentos de defensa:
Señaló que los actos administrativos acusados no son susceptibles de control
judicial por expresa prohibición legal, puesto que el numeral 11 del artículo 13 de la
Resolución Nro. 5584 de 2007 establece que solo son susceptibles de ser
demandados los actos que resuelven excepciones y aquellos que ordenan seguir
adelante con la ejecución.
La entidad advirtió que, en el proceso con Radicado Nro. 15001-23-31-000-2001-
00572-00, Pedro Simón Vargas Sáenz no solo demandó los fallos de
responsabilidad fiscal, sino también el mandamiento de pago que dio inicio al
procedimiento de jurisdicción coactiva. Debido a esto, consideró que en este caso
era aplicable el artículo 94 de la Ley 42 de 1993, que establece que la admisión de
la demanda contra los actos proferidos en el procedimiento de jurisdicción coactiva
no suspende el trámite, pero si impide continuar con el remate de los bienes
embargados, lo que a su juicio impide finalizar el procedimiento. Destacó que este
mismo fundamento fue expuesto en el auto visible a folios 305 y 306 del expediente
administrativo, el cual dispuso no adelantar la diligencia de remate hasta que fuera
proferida la sentencia definitiva en el proceso judicial.
La Contraloría sostuvo que lo anterior permite concluir que no existió una
interpretación caprichosa o amañada por los empleados públicos que adelantaron
el procedimiento de fiscalización, sino que se dio aplicación al artículo 92 de la Ley
42 de 1993.
También puso de presente que el actor presentó una acción de tutela alegando la
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violación de sus derechos fundamentales, la cual fue negada por los jueces
constitucionales, lo que demuestra que la Contraloría General de la República
otorgó las garantías previstas en la ley.
Indicó que no procede la declaratoria de prescripción del mandamiento de pago ni
del cobro coactivo porque los funcionarios de la entidad actuaron oportunamente,
en especial cuando en este tipo de trámites no son aplicables los términos de
pérdida de fuerza ejecutoria del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo
ni del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Continuó señalando que tampoco procede la declaratoria de pérdida de fuerza
ejecutoria del mandamiento de pago porque este acto fue proferido al año siguiente
de la expedición de los fallos de responsabilidad fiscal. Además, se dio la
oportunidad al actor para proponer excepciones, las cuales fueron resueltas
mediante auto del 28 de febrero de 2001. Así las cosas, no transcurrieron más de 5
años sin que se diera cumplimiento a lo dispuesto en él.
De otro lado, la entidad sostuvo que no es cierto que haya existido inactividad de su
parte durante más 14 años, puesto que mientras se adelantaba el proceso judicial
se realizaron búsquedas de bienes del deudor e invitaciones al pago voluntario. En
todo caso, reiteró que no adelantó el remate de los bienes embargados porque aún
se controvertía judicialmente la legalidad del mandamiento de pago. Así las cosas,
aún si se considera que la entidad no actuó en ese tiempo, estaba debidamente
justificada para no hacerlo.
Finamente, afirmó que tampoco debe prosperar la petición de levantamiento de
medidas cautelares presentada por el deudor, puesto que la simple presentación de
la demanda contra el mandamiento de pago tampoco tiene esta consecuencia
automática, sino solo la suspensión de la diligencia de remate, e indicó que la Ley
42 de 1993 permite levantar las medidas cautelares solo cuando el deudor otorga
una garantía suficiente que asegure el cumplimiento de su obligación, supuesto que
no se cumplió en este caso.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Tercera de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones:
1. Cuestión previa.
El Tribunal puso de presente que la Contraloría General de la República formuló
una excepción previa y un argumento de defensa con base en el mismo
fundamento: que los actos administrativos acusados no son susceptibles de control
judicial. Luego, señaló que la excepción previa planteada por este motivo fue
declarada no probada mediante auto proferido en la audiencia inicial celebrada el
15 de marzo de 2018, decisión que fue confirmada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante auto del 15 de marzo de 2018. En consecuencia,
consideró que el debate sobre la materia quedó cerrado de forma definitiva a partir
de ese momento.
En todo caso, afirmó que, en principio, no es posible solicitar a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo que declare la pérdida de fuerza ejecutoria mediante la
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presentación de una demanda de nulidad o de nulidad y restablecimiento del
derecho. Sin embargo, precisó que los actos administrativos que niegan su
declaración son pasibles de estos medios de control, según lo indicó la
jurisprudencia del Consejo de Estado3, lo que aplica en este caso.
2. Sobre la falta de pronunciamiento sobre la petición de pruebas.
La sentencia de primera instancia indicó que el artículo 52 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo disponen que los administrados pueden solicitar
pruebas al momento de presentar la apelación contra un acto administrativo y que
la entidad tiene la obligación de rechazar o decretar esas pruebas antes de resolver
el recurso de fondo. Así mismo, manifestó que estas normas son aplicables al caso
bajo examen porque la pérdida de fuerza ejecutoria es un asunto regulado en las
normas generales sobre procedimientos administrativos, pues no existe ninguna
previsión al respecto en las normas especiales que regulan la actuación de la
Contraloría General de la República.
Al analizar las pruebas que obran en el expediente, el Tribunal sostuvo que la
entidad demandada resolvió la apelación presentada por Pedro Simón Vargas
Sáenz contra el acto administrativo inicial (Auto Nro. 019 de 2016) sin pronunciarse
de forma previa sobre las pruebas solicitadas por el administrado, lo que a su juicio
constituye una irregularidad procesal. No obstante, concluyó que la omisión descrita
no tiene la entidad suficiente para declarar la nulidad de los actos acusados porque
las pruebas solicitadas en el trámite administrativo correspondían a documentos que
ya obraban en el expediente administrativo, de tal modo que su práctica era
intrascendente para que la Contraloría General de la República decidiera el recurso.
Además, la sentencia de primera instancia sostuvo que, en gracia de discusión, si
se consideraran relevantes estas pruebas, la omisión expuesta no viciaría los actos
administrativos de nulidad porque no supone por sí misma una violación del derecho
al debido proceso, según lo indicó la jurisprudencia4, pues el interesado aún puede
acudir al proceso judicial para solicitarlas.
En todo caso, el Tribunal consideró que, aunque el primer cargo de nulidad no
prospera, la irregularidad identificada no puede pasar inadvertida, por lo que ordenó
remitir copia de la providencia a la Procuraduría General de la Nación para que
investigue si se configuró una falta disciplinaria.
3. Sobre la pérdida de fuerza ejecutoria del mandamiento de pago.
La sentencia impugnada destacó que la demanda pretende que, a título de
restablecimiento del derecho, se declare la pérdida de fuerza ejecutoria del
mandamiento de pago y no del título de recaudo (fallos de responsabilidad fiscal).
Posteriormente, señaló que el Consejo de Estado resolvió un caso similar, en el que
indicó que la pérdida de fuerza ejecutoria solo procede frente a los actos
administrativos que tienen carácter ejecutivo y ejecutorio, como son los títulos
3 En este punto citó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Cuarta. Proceso: 2012-00118 (20694). Sentencia del 28 de noviembre de 2018. CP: Milton Chaves
García.
4 En este punto invocó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Cuarta. Proceso: 2013-00680 (21260). Sentencia del 25 de abril de 2018. CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez.
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ejecutivos, pero no frente a los actos expedidos en el cobro coactivo, como el
mandamiento de pago5. Por este motivo, concluyó que es improcedente la
pretensión de restablecimiento del derecho formulada por el demandante.
En todo caso, consideró que era pertinente analizar la procedencia de la declaratoria
de pérdida de fuerza ejecutoria del título ejecutivo invocado por la Contraloría
General de la República, es decir, de los fallos con responsabilidad fiscal.
Para estos efectos, puso de presente que el artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo, norma cuyo contenido se replicó en el artículo 91 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que el
término de pérdida de fuerza ejecutoria es de 5 años. Además, destacó que el
Consejo de Estado considera que no basta el simple paso del tiempo para que opere
esta figura, sino que se debe valorar la conducta de la entidad en cada caso 6.
De otro lado, informó que, para la época en que fueron proferidos los fallos de
responsabilidad fiscal, la jurisprudencia era pacífica al estudiar si operó o no la
pérdida de fuerza ejecutoria con relación al mandamiento de pago. Señaló que esta
postura se explicaría en que la obtención del pago efectivo de la obligación requiere
del inicio de un nuevo procedimiento administrativo, de cobro coactivo, que reviste
de diversas e incluso mayores garantías de defensa para el deudor7.
Según el Tribunal, el punto en que no era pacífica la jurisprudencia era si el hecho
que enervaba la pérdida de fuerza ejecutoria era la expedición del mandamiento de
pago o su notificación, e incluso si en estos eventos operaba la norma de
prescripción del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
No obstante, este punto fue resuelto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado mediante el concepto del 27 de marzo de 2019 por petición de
la Contraloría General de la República y otras entidades. Como lo indicó el Tribunal,
dicho concepto sostuvo que la pérdida de fuerza ejecutoria es la figura que permite
establecer cuál es el término que tienen los agentes de control fiscal para notificar
el mandamiento de pago, mientras que la prescripción regulada por el Estatuto
Tributario, aplicable por el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011, precisa el término
máximo que tiene la entidad para concluir el procedimiento de recaudo.
Con base en estas precisiones conceptuales, el Tribunal analizó el caso concreto y
encontró probado que el fallo de responsabilidad fiscal que resolvió el recurso de
apelación, fue notificado el 4 de diciembre del 2000 y que el mandamiento de pago
que dio inicio al procedimiento de cobro coactivo fue notificado el 31 de enero de
2001. Así las cosas, concluyó que no operó la pérdida de fuerza ejecutoria porque
entre una y otra actuación transcurrieron menos de 5 años.
De otro lado, la sentencia de primera instancia afirmó que no procede el análisis de
la prescripción del cobro coactivo porque no es un cargo de nulidad que haya sido
propuesto en la demanda. Además, manifestó que, en este caso, es indiferente que
el remate de los bienes embargados haya sido suspendido o no, toda vez que esa
5 El Tribunal invocó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Cuarta. Proceso: 2000-00959 (14438). Sentencia del 12 de octubre de 2006. CP: Juan Ángel
Palacio Hincapié.
6 La sentencia de primera instancia invocó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso: 2002-00624. Sentencia del 30 de octubre de 2014.
CP: Marco Antonio Velilla Moreno.
7 El Tribunal no sustentó esta afirmación con una cita específica.
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es la etapa final del procedimiento de cobro coactivo que solo podrá ser adelantada
si el título ejecutivo mantiene su ejecutoriedad.
Finalmente, afirmó que el argumento referido a la suspensión indebida del remate
no incide en el tiempo que debe transcurrir para que se configure la pérdida de
fuerza ejecutoria, ya sea que esta actuación contara con fundamento legal o no.
4. Sobre la condena en costas.
El Tribunal negó la condena en costas porque la demanda no incurrió en una
manifiesta carencia de fundamento legal.
Recursos de apelación
Pedro Simón Vargas Sáenz presentó recurso de apelación contra la anterior
decisión con base en los siguientes argumentos:
Cuestionó que el análisis del Tribunal se hubiera centrado en la manera como fue
planteada la pretensión de restablecimiento del derecho e invocó un concepto de la
Sala de Consulta y Servicio Civil y, que además presentara como argumento de su
decisión la tesis de algunos conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, para
concluir que el mandamiento de pago proferido en un procedimiento de jurisdicción
coactiva no pierde fuerza ejecutoria cuando es notificado oportunamente.
Luego, el apelante sostuvo que la sentencia impugnada no analizó los hechos que
fundamentaron las pretensiones ni los argumentos de derecho propuestos en la
demanda. Continuó señalando que lo más grave, a su juicio, es que la providencia
confunde la ejecutoriedad de los actos administrativos con el fenómeno de la
pérdida de fuerza ejecutoria al afirmar que «la notificación del mandamiento de pago, en
jurisdicción coactiva, neutraliza la obligación del Estado para cumplir su propio auto» 8, pues esta
situación deja abierta de forma indefinida la situación jurídica del ciudadano con
desdén de su situación personal, pues deberá soportar el comportamiento abusivo
de la entidad acreedora.
El recurrente también afirmó que la sentencia no resolvió las causales de nulidad
propuestas en la demanda porque no se entendió el alcance del fenómeno regulado
en el numeral 3° del artículo 91 y el artículo 92 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que a su vez llevó a que no se
estudiara la violación del derecho al debido proceso previsto en el artículo 29 de la
Constitución «con relación a la interposición de pérdida de ejecutoriedad como defensa del
administrado ante la inercia de la administración, que desde luego refleja una hipótesis
absolutamente distinta a lo que aparentemente entendió el Tribunal» 9 (negrilla del original).
El demandante afirmó que lo expuesto constituye una falla de fondo y grave porque
permite el abuso de la administración y permite violar garantías constitucionales «en
tanto los defectos denunciados en la demanda hacían referencia con el tema probatorio, para
establecer la inexistencia de causal legal alguna para diferir la ejecución del mandamiento de pago
catorce (14) años y seis (6) meses a la fecha de interposición de la demanda» 10.
Continuó el escrito de apelación señalando que el Tribunal no tuvo en cuenta que
el propósito de la demanda era demostrar que no existían razones jurídicas para
8 Folio 55 del cuaderno 2.
9 Ibidem.
10 Folio 55 reverso del cuaderno 2.
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Demandante: Pedro Simón Vargas Sáenz
que la entidad demandada declinara de sus funciones por un lapso tan prolongado
y que esta mora en el impulso del cobro coactivo dio lugar a que se incrementara la
obligación a un valor cercano a los $750’000.000 para el momento de la
presentación de la demanda. De esta forma, sostuvo que no debe existir duda de
que la omisión de la Contraloría General de la República causó un daño debido a la
inejecución de las obligaciones debido al desgaste del deudor, la pérdida de tiempo,
el deterioro de su salud y la violación de todas las garantías constitucionales
derivadas del principio de eficacia de la administración pública, así como de la
administración de justicia en su conjunto.
De otro lado, destacó que la sentencia apelada no resolvió los cargos de nulidad
relacionados con la «violación de los artículos 91 y 92 del CPACA, 79, inciso 2° Y 3° Ibidem y
artículo 101, inciso 2°, en concordancia con el artículo 831, numeral 5° del Estatuto Tributario» 11
Finalmente, señaló que la labor del juzgador no puede agotarse con la cita de
sentencias o conceptos similares proferidos en otros casos sin que analice la
existencia de identidad fáctica con el asunto a resolver. Así, sostuvo que
«Lamentablemente, esto se ha convertido en lugar común que conduce a que los órganos de control
contencioso administrativos, materialmente se abstengan de garantizar los derechos de los
ciudadanos conforme lo prevé el Estado de Derecho, pues la justicia contenciosa no puede
justificarse como instrumento de connivencia de la administración pública frente a los abusos en que
el funcionamiento de la actividad administrativa suele consumar contra los derechos de las
personas»12.
Traslado del recurso de apelación.
La Contraloría General de la República guardó silencio durante la oportunidad
prevista por el numeral 4° del artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio durante la oportunidad prevista por el numeral
6° del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
El consejero Milton Chaves García manifestó estar incurso en la causal de
impedimento 4ª del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo porque, según informó, tiene un pariente en segundo
grado de consanguinidad que es contratista de la entidad demandada13.
La Sala evidencia que los hechos narrados por el consejero configuran la causal de
impedimento invocada, motivo por el cual será declarada fundada y, en
consecuencia, se separará del conocimiento del proceso.
11 Ibidem.
12 Folio 56 del cuaderno 2.
13 SAMAI. Índice 13.
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Delimitación del problema jurídico a resolver.
Para definir los aspectos que conforman el problema jurídico, se pone de presente
que la decisión del Tribunal estuvo fundamentada en: i) que no se violó el derecho
al debido proceso del actor porque la Contraloría General de la República haya
omitido pronunciarse de la solicitud de pruebas antes de decidir la apelación contra
el acto inicial (Auto Nro. 019); ii) que no es procedente la pretensión de
restablecimiento del derecho formulada en la demanda porque la pérdida de fuerza
ejecutoria no se predica del mandamiento de pago (como lo solicitó el actor), sino
del título ejecutivo; iii) que no está probado que se haya configurado la pérdida de
fuerza ejecutoria del título ejecutivo (fallos de responsabilidad fiscal) porque entre
su firmeza y la notificación del mandamiento de pago transcurrieron menos de 5
años; iv) que no procede estudiar si operó o no el fenómeno de la prescripción
porque no es un cargo propuesto en la demanda y v) que la suspensión del remate
de los bienes embargados no tiene incidencia en el tiempo que debe transcurrir para
que opere la pérdida de fuerza ejecutoria.
Confrontado lo anterior con los cargos de la apelación se advierte que el apelante
no propuso ningún motivo de inconformidad respecto de la omisión en el
pronunciamiento sobre la petición de pruebas, por lo que no será analizado este
punto en virtud del principio de congruencia.
De otro lado, el actor realizó las siguientes afirmaciones en el recurso de apelación:
«La obligación del sentenciador no puede agotarse en citar por simple afinidad de términos,
pronunciamientos similares de sentencias o conceptos de otras instancias sin que medie un
ejercicio meticuloso de confrontar precedentes que principia por la identidad fáctica del fallo
reputado como fuente para resolver un conflicto. Lamentablemente, esto se ha convertido en
lugar común que conduce a que los órganos de control contencioso administrativos,
materialmente se abstengan de garantizar los derechos de los ciudadanos conforme lo prevé
el Estado de Derecho, pues la justicia contenciosa no puede justificarse como instrumento de
connivencia de la administración pública frente a los abusos en que el funcionamiento de la
actividad administrativa suele consumar contra los derechos de las personas»14
Como se observa, lo transcrito no plantea ningún motivo de inconformidad concreto
contra la sentencia de primera instancia, pues se trata de afirmaciones generales y
abstractas sobre la indebida aplicación de sentencias. Por este motivo, no se
realizará ningún pronunciamiento sobre este punto.
Precisado lo anterior, la Sala analizará la legalidad del Auto Nro. 019 del 17 de junio
de 2016 y del Auto Nro. 203 del 5 de agosto de 2016, proferidos por la Contraloría
General de la República, respecto de los siguientes motivos de inconformidad,
propuestos en el recurso de apelación.
Sobre la procedencia de la pérdida de fuerza ejecutoria.
El actor, en la demanda y en la apelación, solicitó que se declare «carente de fuerza
ejecutoria al mandamiento de pago»15 porque transcurrieron más de 14 años sin que se
resolviera el procedimiento de jurisdicción coactiva en su contra, lo que supuso la
violación de su derecho al debido proceso, del principio de eficacia administrativa y
14 Folios 55 reverso a 56 del cuaderno 2.
15 Folio 2 del cuaderno 1.
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el incremento injustificado del valor del crédito. Señaló que este punto no fue
resuelto ni estudiado por el Tribunal.
Sin embargo, al contrastar la sentencia de primera instancia, observa la Sala que
contrariamente a lo señalado por el apelante, este aspecto fue debidamente
abordado y analizado por el Tribunal, veamos los apartes pertinentes:
«82. Según se observa, el libelo no persigue que el fenómeno de la pérdida de fuerza
ejecutoria se declare respecto del título de recaudo, sino de actos emitidos para lograr la
satisfacción de la acreencia.
(…)
83. En este orden de ideas, los actos con carácter ejecutivo y ejecutorio que pueden perder
sus efectos por no realizarse oportunamente las actuaciones pertinentes para su ejecución
son los que declaran fiscalmente responsable al demandante. El mandamiento de pago y el
auto de seguir adelante la ejecución son apenas actuaciones consecuenciales y de trámite
que tienen la finalidad de lograr el cumplimiento de la obligación a favor de la entidad
acreedora.
84. Por consiguiente, la ejecución de estos actos, emitidos para el cobro, se consuma con su
notificación al deudor, toda vez que por su contenido no tienen un alcance que trascienda al
impulso del proceso coactivo, cuya génesis y razón de ser es el título ejecutivo.
85. Bajo este entendido, de entrada, el Tribunal no podría acceder a esta pretensión de
restablecimiento en la forma como fue planteada en la demanda, lo cual incide en el sentido
de la decisión. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, la Sala analizará la posible
configuración de la pérdida de fuerza ejecutoria del título de recaudo en el caso concreto» 16.
(Énfasis de la Sala)
Advirtió el Tribunal que la demanda se sustentaba en la pérdida de fuerza ejecutoria
del mandamiento de pago, lo cual señaló como improcedente, toda vez que tal
fenómeno jurídico solo sería predicable del título propiamente tal, para el caso, los
actos de determinaron la responsabilidad fiscal y no a los actos que son proferidos
para hacer efectivo el título, como es el caso del mandamiento de pago, en tanto se
trata de un mero acto de trámite.
Igualmente analizó el a quo la situación planteada por el actor, esto es, la pérdida
de ejecutoriedad, desde la perspectiva del título, en los siguientes términos:
«99. A partir de todo lo anterior, el Tribunal encuentra que tanto en vigencia del CCA como del
CPACA la posición del Consejo de Estado ha sido pacífica respecto de la aplicabilidad de la
pérdida de fuerza ejecutoria por el paso de 5 años a los procesos de cobro coactivo, incluyendo
los adelantados para cobrar condenas emitidas dentro de procesos de responsabilidad fiscal.
No obstante, el hito final determinante para la configuración de la figura siempre ha sido el
mandamiento de pago, ya fuera con las discusiones que existieron anteriormente sobre la
necesidad de notificarlo dentro de dicho lapso o no, o de la aplicabilidad del artículo 90 del
CPC, las cuales actualmente se encuentran superadas con base en el concepto del 27 de
marzo de 2019, emanado de la Sala de Consulta.
(…)
103. En este orden de ideas, entre la ejecutoria de los actos que integran el título ejecutivo (5
de diciembre de 2000) y la notificación del mandamiento de pago (31 de enero de 2001)
transcurrieron menos de dos meses, lo cual implica que evidentemente no operó el fenómeno
16 Folio 45 del cuaderno 1.
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de la pérdida de fuerza ejecutoria previsto en el artículo 66-3 del CCA (vigente para la época),
como también lo afirmó el Ministerio Público en su concepto» 17 (subraya la Sala).
Por lo anterior, encuentra la Sala infundado el cuestionamiento de la apelante en
relación con la ausencia de pronunciamiento del Tribunal.
Ahora bien, en lo que respecta al fondo del asunto, comparte la Sala la conclusión
del Tribunal, desde las dos perspectivas abordadas y analizadas por el juez de
primera instancia, de una parte porque la pérdida de ejecutoriedad no es predicable
del mandamiento de pago, en tanto no se trata de un acto de carácter definitivo
creador de situaciones jurídicas por sí mismo, sino que constituye un acto necesario
para la ejecución del acto administrativo definitivo y ejecutable.
Según lo señaló esta Sección18, el mandamiento de pago debe considerarse un acto
de trámite porque se limita a iniciar el procedimiento de cobro coactivo.
Repárese en que la firmeza de los actos definitivos ocurre cuando no proceden o
no son interpuestos recursos administrativos en su contra o, lo que es lo mismo,
cuando la autoridad pública adoptó su decisión final y, solo habría lugar a
cuestionarla mediante el ejercicio de algún medio de control ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.
La determinación del momento a partir del cual el acto queda en firme es esencial
porque es un presupuesto necesario para que goce de los atributos de la
ejecutividad y la ejecutoriedad, según los cuales los actos de obligatorio
cumplimiento, pueden hacerse cumplir de forma directa e inmediata, sin necesidad
de acudir ante juez.
Esto es lo que explica que la pérdida de fuerza ejecutoria solo se predica de los
actos definitivos y no de los actos de trámite, en la medida que los primeros son los
que crean, extinguen o modifican una situación jurídica y tienen vocación de firmeza;
mientras que los segundos se limitan a impulsar el trámite administrativo.
En otras palabras, cuando el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo
establece que los actos administrativos pierden fuerza ejecutoria, entre otros
eventos, «Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado
los actos que le corresponden para ejecutarlos». se está refiriendo a los actos
administrativos definitivos porque son los que «deciden directa o indirectamente del fondo
del asunto», que no a los actos de trámite, cuya única finalidad es dar impulso al
procedimiento respectivo.
Ahora que, analizada la situación a partir del acto definitivo, fallo de responsabilidad
fiscal, se encuentra que el demandante presentó la demanda con radicado Nro.
15001-23-31-000-2001-00572-00, que pretendía la nulidad de los fallos de
responsabilidad fiscal proferidos en su contra, que constituyen el título ejecutivo, y
del mandamiento de pago, que dio inicio al procedimiento de jurisdicción coactiva19.
17 Folios 47 reverso a 48 del cuaderno 2.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2015-01718-01 (24943). Sentencia del 25 de noviembre de 2021. CP: Milton Chaves García.
19 En el expediente no obra la demanda, pero si la sentencia de segunda instancia del 4 de junio de 2015 que
dio fin al proceso. CD folio 194 del cuaderno 1, carpeta denominada «PROCESO 729», carpeta llamada
«CUADERNO PPAL 2», PDF denominado «PCC 729-SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO 02-06-15 (251-
267)1».
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Luego, la Contraloría General de la República ordenó la suspensión del remate
mediante el Auto (sin número) del 29 de agosto de 2008, en el que puso de presente
que la etapa siguiente del procedimiento de jurisdicción coactiva es el remate de los
bienes del deudor que fueron embargados, la cual solo sería adelantada cuando
fuera confirmada la legalidad del título ejecutivo20.
La Sala destaca en este punto que la justificación expuesta por la entidad
demandada resultó razonable porque de esta forma precavió la venta forzosa de
bienes, dentro de un proceso, cuyo título y mandamiento de pago habían sido
sometidos a control de legalidad por parte del propio administrado.
Continuando con los hechos probados, consta que el proceso judicial con radicado
Nro. 15001-23-31-000-2001-00572-00 finalizó mediante la sentencia proferida el 4
de junio de 2015 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que confirmó la
decisión de negar las pretensiones de la demanda. Y, una vez notificada la
providencia, la entidad acreedora dio impulso al procedimiento de jurisdicción
coactiva liquidando nuevamente el crédito, mediante el Oficio (sin número) del 28
de septiembre de 201521.
Tras ello, la entidad acreedora actualizó nuevamente el crédito mediante el Oficio
(sin número) del 18 de mayo de 2016, contra el cual fueron interpuestas las
objeciones del deudor, que a su vez fueron negadas mediante los Autos Nro. 019
del 17 de junio y Nro. 203 del 5 de agosto de 2016, objeto de controversia en el
proceso de la referencia22.
Lo expuesto permite afirmar que la Contraloría General de la República adelantó
todas las diligencias necesarias para obtener el pago del dinero determinado en los
fallos de responsabilidad fiscal y que el retardo en su ejecución se ha debido a que
el deudor se ha opuesto a los actos proferidos por la entidad acreedora, en ejercicio
de su derecho al debido proceso.
Finalmente, el actor sostuvo que el Tribunal omitió el análisis de los artículos 79, 91,
92 y 101 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, así como del artículo 831 del Estatuto Tributario. No obstante, el
análisis de estas normas no es procedente porque la Ley 1437 de 2011 no estaba
vigente al momento de la ocurrencia de los hechos de la demanda y el artículo 831
del Estatuto Tributario no regula la pérdida de fuerza ejecutoria, por lo que no son
normas aplicables al caso bajo examen.
Comoquiera que no prosperó el recurso de apelación, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia.
No se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su causación, tal
como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud
del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
20 CD folio 194 del cuaderno 1, carpeta denominada «PROCESO 729», carpeta llamada «MEDIDAS
CAUTELARES 2», PDF denominado «PCC 729-AUTO 39-ADECUA PROCEDIMIENTO
(PREJUDICIALIDAD)29-08-08 (305-306)1».
21 CD folio 194 del cuaderno 1, carpeta denominada «PROCESO 729», carpeta llamada «MEDIDAS
CAUTELARES 2», PDF denominado «PCC 729-RTA COPIAS DEUDOR Y LIQUIDACION CREDITO 28-09-
15 (270-273)1».
22 Folios 15 a 35 del cuaderno 1.
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Radicado: 15001-23-33-000-2016-00884-02 (25985)
Demandante: Pedro Simón Vargas Sáenz
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar fundada la causal de impedimento manifestada por el consejero
Milton Chaves García y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del
proceso de la referencia.
2. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Tercera de Decisión, el 15 de abril de 2021.
3. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
14
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