Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2017-00209-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Nulidad electoral: contra acto de elección del personero municipal de Sogamoso
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2017-00209-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 15001-23-33-000-2017-00209-03
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
7 de junio de 2018
NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección del personero municipal de Sogamoso / NULIDAD ELECTORAL – Incumplimiento a orden en sentencia de rehacer procedimiento a partir de la convocatoria
[Con respecto al cumplimiento de la orden dada en la sentencia del 1º de diciembre de 2016, proferida dentro del expediente 15001-23-33-000-2016-00185-01 acumulado, considera la Sala que,] es claro que si bien el incumplimiento de una sentencia no es una causal de nulidad electoral, sí es necesario determinar si el desconocimiento de los efectos de la orden judicial implica que con la elección o nombramiento se transgredió el ordenamiento jurídico. Precisado lo anterior se tiene que en la sentencia del 1º de diciembre de 2016, se resolvió la demanda de nulidad electoral que se interpuso en contra de la elección del señor Wilmer Jahir Sierra Fagua como Personero de Sogamoso para el periodo 2016-2020. (…). [E]videnció que la decisión tomada por el Concejo de Sogamoso desconoció injustificadamente el artículo 4º del Decreto 2485 de 2014, en tanto quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles debía ser elegido como personero ya que no le era aplicable la inhabilidad consagrada en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, numeral 2º, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Por lo anterior declaró la nulidad de la elección del señor Wilmer Jahir Sierra Fagua como personero de Sogamoso y además como consecuencia de la declaratoria de nulidad ordenó: “De conformidad con la sentencia de unificación de 26 de mayo de 2016, (…) el Concejo del municipio de Sogamoso deberá efectuar un nuevo procedimiento a partir de la convocatoria efectuada.” (…). Precisado lo anterior, se estudiará si en este caso se cumplió o no la orden dada y en caso negativo si dicho incumplimiento implica la transgresión del ordenamiento jurídico. (…). De acuerdo con esta prueba [acta de sesión plenaria extraordinaria No. 004-2017 del 2 de febrero de 2017], se tiene que en sesión del 2 de febrero de 2017, el concejo de Sogamoso resolvió nombrar como personero al señor Isaías Palacios, sin cumplir la orden dada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, eso es, sin haber vuelto a realizar todas las actuaciones posteriores a la convocatoria, puesto que tuvo en cuenta la lista de elegibles que se había realizado con anterioridad, y en consecuencia nombró al demandado, por haber ocupado el primer lugar. Así las cosas, se observa que el Concejo de Sogamoso nombró al demandado no solo desconociendo la orden dada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia del 1º de diciembre de 2016, sino con desconocimiento del ordenamiento jurídico, puesto que el artículo 189 del CPACA señala que “las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del registro de acuerdo con la ley.” (…). Ahora bien, toda vez que las actuaciones posteriores a la convocatoria perdieron validez, al haberse ordenado adelantar un nuevo procedimiento desde la convocatoria, no hay lugar a estudiar los demás cargos de la apelación, puesto que precisamente se refieren a actuaciones que perdieron validez, y por ello no hay objeto alguno en pronunciarse sobre las mismas. Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a lo que ha dicho la Corporación frente al incumplimiento de las órdenes dadas, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de agosto de 2017, radicación 11001-03-28-000-2017-00003-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2485 DE 2014 – ARTÍCULO 4 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 189
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00209-03
Actor: OSCAR BELTRÁN PÉREZ
Demandado: JOSÉ ISAÍAS PALACIOS PALACIOS – PERSONERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Asunto: Nulidad Electoral - Fallo de Segunda Instancia
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el señor José Isaías Palacios Palacios, en su condición de demandado, y el Concejo Municipal de Sogamoso - Boyacá, contra la sentencia proferida el 23 de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las pretensiones de la demanda encaminadas a declarar la nulidad del acto de elección del personero del municipio de Sogamoso.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Oscar Beltrán Pérez, en nombre propio, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra el Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria No. 004 de 2 de febrero de 2017, por medio de la cual el Concejo de Sogamoso - Boyacá eligió a José Isaías Palacios Palacios como personero del mencionado ente territorial.
En consecuencia, el actor solicitó:
“1.1.1 Se declare la nulidad del Acta de sesión (sic) Plenaria Extraordinaria No. 004 de fecha 2 de febrero de 2017, emitida por el Concejo Municipal de Sogamoso-Boyacá, en la cual se declaró la elección de ISAIAS (sic) PALACIOS, quien se identifica con la C.C. No. 4.265.271, como personero del mencionado municipio.
1.1.2 Que como consecuencia de lo anterior el Concejo Municipal de Sogamoso, nuevamente inicie el trámite de elección de Personero en esta ciudad, y esta vez lo realice con estricto rigor a lo expresado en la Ley 1551 de 2012, Ley 909 de 2004, el decreto (sic) 2485 de 2014, y la Sentencia C-105 de 2013.”
2. Hechos
Relató que el 28 de noviembre de 2015, el presidente del Concejo Municipal de Sogamoso procedió a publicar la convocatoria pública para elegir al personero para el periodo institucional 2016-2020.
Sostuvo que a pesar de las advertencias realizadas por algunos de los miembros de la mesa directiva al entonces presidente de esa corporación, el 25 de noviembre de 2015, el Concejo de Sogamoso suscribió el contrato de prestación de servicios No. 2015-022 con la empresa B&B Asesores Consultores Empresariales y Familiares S.A.S., con el propósito de que adelantara las fases del concurso público de méritos.
Afirmó que participó en el aludido proceso de selección y el 22 de diciembre de 2015, antes de iniciar la prueba de conocimientos y competencias laborales, elevó junto con otros participantes una petición verbal a la empresa contratista en aras de que se informara acerca de la cadena de custodia de los exámenes y si se acordó con la Fiscalía General de la Nación la práctica de las pruebas grafológicas y de dactiloscopia a los convocados; solicitud que fue desatada de manera negativa.
Adujo que ese día se llevó a cabo el examen, pese a que la referida sociedad no verificó la identidad de las personas que se presentaron y manifestó que los exámenes llegaron “en un bus de la empresa Libertadores y que B&B no tenía cadena de custodia de las pruebas como requisito previo para poder desarrollar y aplicar las pruebas”, además, de la inoperancia del delegado de la procuraduría provincial.
Advirtió que en la aludida prueba se presentaron las siguientes irregularidades: i) los exámenes fueron entregados en bolsas “abre fácil”; ii) la prueba se llevó a cabo en dos salones, pero no inició a la misma hora sino con una diferencia de 40 minutos entre un salón y el otro; iii) el presidente del concejo ejerció presión sobre los participantes, pues “furioso” les exigió que presentaran el examen y estuvo presente en el trascurso del mismo; iv) la empresa B&B de manera unilateral excluyó uno de los interrogantes de los pliegos; v) los cuadernillos contenían graves errores dado que en siete de las preguntas constató que la contratista dio como válidas respuestas que no tenían sustento en el ordenamiento jurídico colombiano; vi) en la prueba de competencias observó que en las preguntas 41 a 50 se medían conocimientos y no variables psicológicas de los aspirantes o competencias requeridas para el desempeño del cargo.
Destacó que algunos participantes le avisaron que en otros municipios donde la sociedad B&B adelantó una convocatoria similar, los pliegos de preguntas coincidían en un 70% con el aplicado en Sogamoso.
Señaló que una vez conformada la lista de elegibles, se indicó que el concursante José Isaías Palacios Palacios ocupó el primer lugar, no obstante, el Concejo de Sogamoso eligió otra persona como personero municipal.
Agregó que, dicha elección fue posteriormente anulada y finalmente el señor José Isaías Palacios Palacios fue elegido personero municipal para el periodo 2016-2020.
3. Normas violadas y concepto de la violación
El demandante afirmó que en el proceso de elección del personero Municipal de Sogamoso se vulneraron:
i) El Decreto 1082 de 2015: artículos 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.1.1.7.1; ii) el artículo 1º del Decreto 2485 de 2014; iii) los artículos 23, 24 y 26 de la Ley 80 de 1993; iv) el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007; v) la Constitución Política: artículos 2, 4, 13, 25, 29, 83, 125 y 129; (vi) la Convocatoria Pública del 28 de noviembre de 2015, por medio de la cual se reglamentó el concurso de méritos para la elección del personero de Sogamoso; y (vii) las sentencias C-105 de 2013, SU-316 de 2012 y T- 604 de 2013 de la Corte Constitucional.
Presentó los siguientes cargos:
1. Configuración de la causal de nulidad establecida en el numeral 1 del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, por infringir normas jurídicas en las cuales ha debido fundarse.
Indicó que el Concejo de Sogamoso violó lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 así como el artículo 209 de la Constitución y el principio de transparencia establecido en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, al haber contratado a la empresa B&B de manera directa, esto es, no haber aplicado el procedimiento de mínima cuantía establecido en esa norma.
Señaló que también se vulneró el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, al no haberse publicado la invitación pública para la realización del concurso de méritos para la elección del personero.
Adujo que se violó lo establecido en el literal 2 del artículo 1 del Decreto 2485 de 2014 puesto que la empresa B&B no tiene carácter de universidad y tampoco era una entidad especializada en procesos de selección de personal, por lo que no tenía la idoneidad, experiencia ni la posibilidad para garantizar la cadena de custodia de las pruebas.
Explicó que de conformidad con la sentencia C-103 de 2013 el concurso de méritos organizado por B&B no contó con la imparcialidad necesaria para que fuera un concurso idóneo.
Precisó que se vulneró el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, principio de responsabilidad, al no haber aplicado la modalidad de mínima cuantía para la escogencia del contratista, y por tanto se violó el deber de cuidado al haber inaplicado las normas establecidas para ese procedimiento.
Afirmó que muchas entidades o instituciones de educación superior públicas o privadas especializadas en procesos de selección de personal pudieron haber participado en el proceso si se hubiera publicado por parte del concejo una invitación pública abierta. Además el presidente del concejo no contó con el permiso de los otros dos miembros de la mesa directiva para la celebración del contrato directo firmado con la empresa B&B.
2. Irregularidades y vicios cometidos por la empresa B&B en desarrollo del concurso de méritos para la elección del personero municipal de Sogamoso que afectaron el debido proceso.
Adujo que el ex presidente del concejo municipal, Wilson Torres Supelano, fue negligente en la celebración del convenio entre el municipio y la ESAP, dilatando los términos para que no pudiera contrata con esa entidad.
3. Irregularidades en la cadena de custodia y en la realización de la prueba.
Señaló que la empresa B&B no realizó la cadena de custodia de los exámenes debidamente, puesto que fueron transportados en un vehículo particular, en sobres de manila con cintas, sin ningún sello de seguridad.
Afirmó que el día de la realización de la prueba no se identificaron debidamente los aspirantes, no se respondieron las peticiones que se formularon verbalmente por los aspirantes.
4. Irregularidades en la prueba de conocimientos.
Expresó que hubo una calificación errónea en más de 7 preguntas de un total de 50, por lo que se generó una diferencia de 14 puntos. Especificó que las preguntas indebidamente calificadas son las números 3, 5, 19, 22, 23, 30 y 31.
5. Irregularidades en la prueba de competencias.
Anotó que las preguntas que se incorporaron no responden a la evaluación de conductas psicológicas de los participantes o al manejo de las competencias que se requieren para el ejercicio del cargo
4. Contestación de la Demanda
4.1 Municipio de Sogamoso
Mediante apoderado, el municipio se pronunció sobre los hechos de la demanda en los siguientes términos:
Precisó que el proceso de selección se inició por medio de concurso de méritos, sin convenio con la ESAP, puesto que para la realización de los concursos pueden suscribirse convenios o contratos con entidades públicas o privadas que asesoren al concejo municipal.
Señaló que no existe obligación para iniciar el procedimiento con la ESAP, y por el contrario se le trámite a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 207 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.
Expuso que en el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre el Concejo de Sogamoso y B&B Asesores y Consultores Empresariales, y en la cláusula tercera el contratista se obligó a garantizar la cadena de custodia frente a la prueba de mantener la transparencia.
Propuso las excepciones de:
• Falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que se trata de un tema electoral a cargo del concejo municipal.
• Cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado del 1 de diciembre de 2016, en donde se declaró la nulidad de la elección del señor Wilmer Jahir Sierra como personero de Sogamoso.
• Caducidad de la acción, ya que si se consideró que hubo irregularidades en cuanto al procedimiento que llevó a cabo la administración para realizar la contratación de la empresa que iba a hacer la prueba, el medio de control se debió haber presentado en el término establecido en el literal A del numeral 2 del artículo 164.
• Cosa juzgada.
• Indebida acumulación de pretensiones
4.2 José Isaías Palacios Palacios
Actuó por medio de apoderada y se opuso a las pretensiones de la demanda.
Anotó que no es cierto que se debió aplicar la modalidad de selección de mínima cuantía, puesto que se configuró la causal de contratación directa establecida en el artículo segundo numeral 4 literal h de la Ley 1150 de 2007.
Propuso las excepciones de inepta demanda por incumplimiento del artículo 162 del CPACA, por caducidad de la acción y por error en la acción.
Aseveró que como se puede evidenciar en el certificado de la Cámara de Comercio, la Empresa B&B cumplió con el requisito exigido de especialidad en procesos de selección, ya que esa actividad no debe ser taxativa dentro de las SAS, sino que esas sociedades tienen la característica de que su objeto social es amplio por mandato legal.
Aclaró que además de lo anterior, la empresa contratista contaba con la experiencia relacionada, además de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, si la constitución de una empresa es menor a tres años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, y en este caso la señora Claudia Janneth Bahos Prada, accionista, cuenta con experiencia en selección de personal.
4.3 Concejo municipal de Sogamoso
Por medio de apoderada se opuso a las pretensiones de la demanda.
Afirmó que la elección del señor José Isaías Palacios fue legal y se ajustó a la normatividad, al haberse dado cumplimiento a lo dictado por el Consejo de Estado dentro del proceso con referencia 150012333000201600185-01, así como lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2485 de 2014.
Propuso las excepciones previas de inepta demanda por incumplimiento del artículo 162 del CAPACA, indebida escogencia de la acción, caducidad y cosa juzgada.
Así mismo propuso las excepciones de fondo consistentes en:
1. Oportunismo subjetivo, ya que el demandante no se hizo parte dentro del trámite de nulidad que se falló el 1 de diciembre de 2016, razón por la que en este caso obra con oportunismo, ya que se genera inseguridad jurídica.
2. Incongruencia entre las pretensiones y los hechos de la demanda, puesto que no se establece el vicio del trámite contractual que acarrearía la nulidad del acto.
3. Principio de buena fe, presunción de legalidad de los actos y confianza legítima, puesto que lo reprochado por el demandante obedece a un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad contratista, sin embargo ese contrato ya fue liquidado. Así mismo explicó que dado que la elección del personero es una función del concejo municipal, y como no se contaba con el personal de planta con la idoneidad para adelantar el procedimiento, se acudió a la figura de la contratación directa, la cual es aplicable.
Anotó que la empresa B&B si tenía la idoneidad y experiencia requerida y además la supuesta falta de confiabilidad de las pruebas, los antecedentes de la empresa y falta de protocolo y seguimiento al contratista son afirmaciones subjetivas.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 23 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad del acta de sesión plenaria extraordinaria No. 004 del 2 de febrero de 2017, contentiva de la elección de señor José Isaías Palacios Palacios y como consecuencia le ordenó al Concejo de Sogamoso adelantar de manera inmediata un nuevo procedimiento desde la convocatoria realizada por la Mesa Directiva el 28 de noviembre de 2015, la cual debe ser ajustada a los plazos establecidos en el Decreto 2485 de 2014. Como fundamento de dicha decisión expresó en resumen lo siguiente:
Comenzó por estudiar el debate relacionado con que el Concejo de Sogamoso interpretó erróneamente la sentencia del 1º de diciembre de 2016, por haberse ordenado una nueva convocatoria y el inicio de todo el proceso.
Sostuvo que habiéndose precisado en ese fallo el alcance de la declaración de nulidad de la elección del señor Wilmer Jahir Sierra y reiterado en el auto del 26 de enero de 2017, consideró que no era procedente acudir a la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 26 de mayo de 2016 dentro del expediente 11001-03-28-000-2015-00029-00, para determinar el alcance de esa declaratoria.
Así las cosas, indicó que el Concejo de Sogamoso, específicamente los concejales presentes en la sesión extraordinaria del 2 de febrero de 2017 que eligieron al señor José Isaías Palacios Palacios como personero, desconocieron la orden emanada del Consejo de Estado, puesto que no dieron cumplimiento a la sentencia tramitando el procedimiento a partir de la convocatoria, sino que nombraron como personero al demandado por haber ocupado el primer lugar en la lista de elegibles.
De otra parte, en cuanto a la supuesta violación del principio de selección objetiva en la selección del contratista B&B, anotó que los artículos 1 del Decreto 2485 de 2014 y 2.2.2.7.1 del Decreto 1083 de 2015 dispusieron que los concejos municipales o distritales debían llevar a cabo los trámites pertinentes para el desarrollo del concurso, el cual podrían efectuar a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal.
Comentó que de acuerdo con lo anterior, es en el Concejo Municipal en quien radica la obligación de adelantar el concurso de méritos para la elección del personero municipal, como materialización del principio de autonomía de las entidades territoriales, puesto que la norma establece que el órgano colegiado podrá apoyarse de universidades o entidades especializadas, con lo cual se excluye el argumento del accionante referido a que es obligación contratarlo con la ESAP.
Sustentó que revisado el plenario, se constata que el régimen jurídico aplicable era el establecido en el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, es decir, contratación directa para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
Expuso que analizado el documento denominado “estudios previos para la elaboración de contrato de prestación de servicios profesionales” suscrito por el asesor jurídico del Concejo de Sogamoso, en la parte del perfil del contratista se indicó que se requería una persona natural o jurídica con amplia experiencia en temas de realización de procesos de selección de personal y/o realización de concursos de elección de personeros, que cuente con el equipo profesional requerido e idóneo y logística necesaria.
Adujo que la justificación de celebrar el contrato con la empresa B&B consistió en que resultaba ser idónea y contaba con el equipo, personal y experiencia para adelantar el proceso de selección, no obstante al verificarse la idoneidad y experiencia del contratista, evidenció que en el desarrollo del objeto contractual se hizo patente la falta de idoneidad y la falta de experiencia de esa empresa en la aplicación de las pruebas y en la entrega de resultados de las mismas.
De otra parte, al estudiar las preguntas indicadas en la demanda, sostuvo que:
• La respuesta sugerida por la empresa B&B a la pregunta 3, era errada.
• La respuesta a la pregunta 5 también era errada.
• En cuanto a la pregunta 8 desde el mismo enunciado se presentó error y además todas las respuestas eran correctas.
• Las respuestas a las preguntas 30 y 31 también eran erradas.
Enfatizó que analizados los cuadernos de respuestas, el demandado respondió esas 6 preguntas conforme con las respuestas dadas por la empresa B&B, a diferencia de los otros 6 integrantes a quienes no les coinciden todas las respuestas.
Argumentó que de las pruebas que obran en el expediente, encontró un indicio grave en contra del demandado y de la empresa B&B, pues se permitía entrever que tuvo acceso a las respuestas de la prueba de conocimientos, puesto que no se explicaba de otra forma como acertó en las preguntas que resultaban incorrectas.
Resaltó que el Concejo de Sogamoso suscribió con la empresa B&B un contrato de prestación de servicios profesionales sin verificar previamente la idoneidad y capacidad del contratista, desechando la posibilidad de contratar ese servicio con la ESAP y la propuesta de un ente universitario que contaba con amplia experiencia en contratos de selección de personal.
Indicó que como consecuencia de la declaratoria de nulidad el concejo debería adelantar de manera inmediata un nuevo procedimiento desde la convocatoria realizada por la Mesa Directiva el 28 de noviembre de 2015, e hizo la advertencia que no pueden predicarse derechos adquiridos de las personas que habían participado en esa oportunidad.
Finalmente compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría Regional de Boyacá.
6. Las impugnaciones
6.1. Concejo municipal de Sogamoso
Actuando por medio de apoderado solicitó que se revoque el fallo de primera instancia. Sustentó su recurso en que en el que en el plenario queda plenamente acreditado que la empresa B&B celebró previamente contratos con los municipios de Aquitania y Pesca en el departamento de Boyacá, Girardot y Ricaurte del departamento de Cundinamarca, los cuales versaron sobre la realización de las etapas del concurso de personeros.
Indicó que además de lo anterior, el concejo de Sogamoso verificó la experiencia específica de la empresa B&B en la realización de concursos de méritos de personeros, pues así obra en el listado de contratos celebrados.
Destacó que tal como lo ha dicho el Consejo de Estado, la experiencia no puede tenerse por demostrada únicamente a partir del certificado de experiencia y representación legal.
Finalmente señaló que el a quo no tuvo en cuenta el auto del 17 de agosto de 2017, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual resolvió el recurso de apelación en contra del auto que resolvió la medida cautelar.
6.2. Parte Demandada
El personero cuya elección se declaró nula por el juez de primera instancia, impugnó la decisión en los siguientes términos:
Precisó que las inconformidades propuestas por el demandante debieron ventilarse en el proceso de nulidad electoral adelantado en contra de Wilmer Jahir Sierra Fagua y por tanto no es dable ni ajustado a la buena fe que se pretendan revivir los términos de caducidad por la anulación de un acto de elección.
De otra parte, resaltó que el Consejo de Estado ya se pronunció respecto del proceso de elección de personero de Sogamoso para el periodo 2016-2020 a través de una sentencia que esta ejecutoriada y en firme.
Argumentó que el señor Wilmer Jahir Sierra fue elegido bajo el mismo procedimiento que hoy endilga el demandante, pero que no fue ventilado en la oportunidad legal otorgada.
Adujo que acceder a las pretensiones del accionante cuando versan sobre hechos que datan de 2015 y 2016 es contrario al ordenamiento jurídico y contraviene la naturaleza procesal de las instituciones procesales aludidas.
Así mismo, explicó que el litigio debió fijarse respecto de hechos pasibles de control y que no pudieran haberse ventilado al interior del proceso promovido contra el señor Wilmer Jahir Sierra Fagua.
Adujo que el Consejo de Estado deberá unificar su criterio al resolver sobre si se puede demandar la nulidad de un acto de elección de un candidato que fue elegido como consecuencia de la nulidad de otro acto de elección, y en este punto se deberá precisar si la nueva solicitud de nulidad deberá versar sobre hechos que afecten el segundo acto de elección.
Comentó que no se desconoció por parte del Concejo de Sogamoso lo dispuesto en la sentencia del Consejo de Estado del 1º de diciembre de 2016, en donde se declaró la nulidad de Wilmer Jahir Sierra Fagua como personero de Sogamoso, en tanto que quien ocupó la lista de elegibles debía ser elegido como personero, ya que no le resultaba aplicable la inhabilidad consagrada en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 numeral 2.
Afirmó que la lista de elegibles del concurso de méritos se encontraba con plena vigencia en el ordenamiento jurídico. Recordó que el a quo contravino lo dispuesto en el auto del 17 de agosto de 2017 que negó la suspensión provisional del acto demandado.
Precisó que en este caso en la fijación del litigio no se incluyó la legalidad del trámite de selección del contratista ni cuestionamientos respecto de la idoneidad o experiencia de aquél, de manera que el Tribunal desbordó su análisis, con lo que vulneró el principio de congruencia en la decisión proferida.
Explicó que el Tribunal erró de forma sustancial al pretender cuestionar la legalidad del acto demandado acudiendo a enjuiciar el trámite contractual que derivó en la celebración del contrato de prestación de servicios 2015-022, puesto que este medio de control no puede desplazar la existencia del de controversias contractuales, tal como lo dijo el Consejo de Estado en el auto del 17 de agosto de 2017.
Afirmó que en el plenario queda plenamente acreditado que la empresa B&B celebró previamente contratos con los municipios de Aquitania y Pesca en el departamento de Boyacá, Girardot y Ricaurte del departamento de Cundinamarca, los cuales versaron sobre la realización de las etapas del concurso de personeros.
Indicó que además de lo anterior, el concejo de Sogamoso verificó la experiencia específica de la empresa B&B en la realización de concursos de méritos de personeros, pues así obra en el listado de contratos celebrados.
Destacó que tal como lo ha dicho el Consejo de Estado, la experiencia no puede tenerse por demostrada únicamente a partir del certificado de experiencia y representación legal.
Adujo que el Tribunal no evaluó la circunstancia alegada por el personero demandado y por la apoderada del concejo municipal, cuando dijeron que el contrato 2015-022 celebrado con B&B fue liquidado a satisfacción en enero de 2016, así como tampoco se tuvo en cuenta que las 5 acciones de tutelas que presentaron durante el proceso de selección, fueron declaradas improcedentes y confirmadas en sede de impugnación.
Sostuvo que el Tribunal deberá pronunciarse sobre la forma en que se practicaron los testimonios, en el sentido de determinar si su práctica fue congruente con la naturaleza de la misma.
Indicó que el dictamen pericial, que solicitó la parte demandante, y que fue desistido, era la prueba idónea para verificar la idoneidad y experiencia de la empresa B&B.
Acotó que el indicio grave al que llegó el Tribunal, es temerario y no fue constatado mediante alguna otra declaración o medio de prueba.
Precisó que la prueba indiciaria parte de premisas equivocadas al evaluar las respuestas de algunas preguntas por parte del demandado, y por tanto no puede afirmarse que haya cometido tales hechos.
7. Actuación procesal en esta instancia
Mediante auto del 13 de marzo de 2018 el Tribunal Administrativo de Boyacá concedió los recursos de apelación (folio 600 del expediente).
A través de auto del 9 de abril de 2018, se admitieron los recursos de apelación (folio 608 del expediente)
8. Alegatos de conclusión
8.1. Parte demandante
No presentó alegatos de conclusión.
8.2. Parte demandada
La apoderada del demandado sostuvo que en este caso se configuró un defecto fáctico al haberse desestimado y omitido la práctica del dictamen pericial, la cual era la prueba idónea para que se analizara la estructuración e idoneidad de las preguntas del cuestionario.
En cuanto al análisis de las preguntas que hizo el Tribunal, sostuvo que fue errado, y que se denota su ambigüedad y falta de idoneidad para conceptuar sobre la formulación y respuesta correcta de las preguntas y pidió que el Consejo de Estado verifique lo que dispuso y corrobore que las respuestas sugeridas en primera instancia obedece a yerros.
Además se reiteró lo dicho en el recurso de apelación.
8.3. Concejo Municipal de Sogamoso
No presentó alegatos de conclusión
9. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en los siguientes términos:
Sostuvo que en cuanto a los argumentos de caducidad y cosa juzgada, las mismas fueron decididas en la audiencia inicial, pero con todo no están llamadas a prosperar puesto que no se cumplen los requisitos para que operen, puesto que en relación con la cosa juzgada no hay identidad de causa ni identidad de objeto con el proceso en el cual se declaró la nulidad del señor Wilmer Jahir Sierra Fagua.
En cuanto al desconocimiento por parte del Concejo Municipal de Sogamoso de la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 1º de diciembre de 2016, afirmó que la decisión de primera instancia debe ser confirmada, puesto que se desconoció la orden expresa que emitió la Sección Quinta en esa decisión.
Explicó que en este caso, se debía efectuar un nuevo procedimiento a partir de la convocatoria, como expresamente se indicó en la parte motiva del fallo, y por tanto no se podía nombrar al primero de la lista de elegibles.
Con base en lo anterior, y toda vez que se alegan irregularidades en el proceso que se presentaron después de la convocatoria, esto es, en las actuaciones que quedaron sin validez, pidió que se confirme la sentencia de primera instancia y se releve de estudiar las demás irregularidades.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para resolver los recursos de apelación presentados en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 23 de febrero de 2018 dentro del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 13 del acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Cuestión previa
La parte demandante en los alegatos de conclusión de segunda instancia sostuvo que al análisis de las preguntas que hizo el Tribunal fue errado, y por tanto hubo ambigüedad y falta de idoneidad de esa Corporación para conceptuar sobre la formulación y respuesta correcta de las preguntas y en consecuencia solicitó que se verifique lo que dispuso el Tribunal y se corrobore que las respuestas sugeridas en primera instancia obedece a yerros.
Al revisar el recurso interpuesto, se advierte que este es un cargo nuevo que no fue planteado en el mismo y por tanto no puede ser objeto de estudio en esta instancia, por cuanto de hacerse se vulneraría el debido proceso y el derecho de defensa de la parte demandada.
3. Problema jurídico
Le corresponde a esta Corporación resolver, si de acuerdo con lo expuesto en los recursos de apelación, hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la cual declaró la nulidad de la elección demandada.
Para el efecto habrá de establecerse si:
(i) se incumplió la orden dada en la sentencia del 1º de diciembre de 2016, proferida dentro del expediente 15001-23-33-000-2016-00185-01, en caso positivo, si este incumplimiento es motivo suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia. En caso negativo deberá resolverse:
(ii) si se puede demandar la nulidad de un acto de elección de un candidato que fue elegido como consecuencia de la nulidad de otro acto de elección, y en este punto se deberá precisar si la nueva solicitud de nulidad solo deberá versar sobre hechos que afecten el segundo acto de elección,
(iii) si el Tribunal desbordó su análisis al haber resuelto aspectos que no fueron incluidos en la fijación del litigio, tales como la legalidad del trámite de selección del contratista y cuestionamientos respecto de la idoneidad o experiencia de aquél,
(iv) si el Tribunal erró de forma sustancial al pretender cuestionar la legalidad del acto demandado acudiendo a enjuiciar el trámite contractual que derivó en la celebración del contrato de prestación de servicios 2015-022, cuando esto es propio del medio de control de controversias contractuales,
(v) si queda plenamente acreditada la idoneidad y experiencia de la empresa B&B al haber celebrado previamente contratos con los municipios de Aquitania, Pesca, Girardot y Ricaurte, los cuales versaron sobre la realización de etapas del concurso de personeros, y además en este punto se deberá resolver si la prueba idónea para acreditar tal requisito era un dictamen pericial y,
(vi) si el indicio grave al que llegó el Tribunal es temerario y no fue constatado mediante alguna otra declaración o medio de prueba, y si parte de premisas equivocadas.
4. Análisis de los argumentos de la apelación
Cumplimiento de la orden dada en la sentencia del 1º de diciembre de 2016, proferida dentro del expediente 15001-23-33-000-2016-00185-01 acumulado.
Frente a este punto, el Tribunal de primera instancia sostuvo que al haberse precisado en la sentencia del primero de diciembre de 2016 el alcance de la declaración de nulidad de la elección del señor Wilmer Jahir Sierra, y reiterado en el auto del 26 de enero de 2017, no era procedente acudir a la sentencia de unificación para determinar el alcance de esa declaratoria.
Así las cosas, indicó que el Concejo de Sogamoso, específicamente los concejales presentes en la sesión extraordinaria del 2 de febrero de 2017 que eligieron al señor José Isaías Palacios Palacios como personero, desconocieron la orden emanada del Consejo de Estado, puesto que no dieron cumplimiento a la sentencia tramitando el procedimiento a partir de la convocatoria, sino que nombraron como personero al demandado por haber ocupado el primer lugar en todo el proceso.
Por su parte el demandado alegó que no se desconoció por parte del Concejo de Sogamoso lo dispuesto en la sentencia del Consejo de Estado del 1º de diciembre de 2016, en tanto que quien ocupó la lista de elegibles debía ser elegido como personero, ya que no le resultaba aplicable la inhabilidad consagrada en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 numeral 2. Al respecto afirmó que la lista de elegibles del concurso de méritos se encontraba con plena vigencia en el ordenamiento jurídico.
Recordó que el a quo contravino lo dispuesto en el auto del 17 de agosto de 2017 que negó la suspensión provisional del acto demandado.
Finalmente el Ministerio Público afirmó que la decisión de primera instancia debe ser confirmada, puesto que se desconoció la orden expresa que emitió la Sección Quinta en la decisión del 1 de diciembre de 2016.
Explicó que en este caso se debía efectuar un nuevo procedimiento a partir de la convocatoria, como expresamente se indicó en la parte motiva del fallo, y por tanto no se podía nombrar al primero de la lista de elegibles.
Con base en lo anterior, solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia y se releve de estudiar las demás irregularidades, por haber quedado sin validez todas las actuaciones posteriores a la convocatoria.
Para resolver este asunto, debe tenerse en cuenta lo que ha dicho esta Corporación frente al incumplimiento de las órdenes dadas:
“(…) Lo descrito en precedencia reafirma el argumento que la Sala expresó en el auto del 14 de febrero de 2017, cuando al resolver sobre la suspensión provisional del Acuerdo 068 de noviembre de 2016 demandado, sostuvo que “(…) el incumplimiento de una sentencia no es una causal de nulidad de los actos electorales”.
Ahora bien, una cosa es que el desacato a un fallo no constituya, per se, causal de nulidad electoral, y otra, que el desconocimiento de los efectos de una orden judicial de esa naturaleza - electoral -, implique que con una elección o nombramiento no se transgredió el ordenamiento jurídico, situación que en criterio de esta Sala, es la que corresponde verificar. (…)
La consecuencia de lo que se acaba de explicar es que, como lo sostienen los demandantes, declarada la nulidad de la elección del señor Oñate Gómez, el rector de la Universidad Popular del Cesar se debía escoger de los demás integrantes de la lista, se reitera, excluyendo al demandado, pues de lo contrario devendría en inane la sentencia del 13 de octubre de 2016.
En consecuencia, cuando el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, mediante el Acuerdo 068 del 29 de noviembre de 2016, designó al señor Carlos Emiliano Oñate Gómez como rector de esa institución educativa, desconoció la orden dada en la sentencia del 13 de octubre de 2016.”
En este contexto, es claro que si bien el incumplimiento de una sentencia no es una causal de nulidad electoral, sí es necesario determinar si el desconocimiento de los efectos de la orden judicial implica que con la elección o nombramiento se transgredió el ordenamiento jurídico.
Precisado lo anterior se tiene que en la sentencia del 1º de diciembre de 2016, se resolvió la demanda de nulidad electoral que se interpuso en contra de la elección del señor Wilmer Jahir Sierra Fagua como Personero de Sogamoso para el periodo 2016-2020.
En esa ocasión la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal de Boyacá por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
De manera precisa resolvió el siguiente problema jurídico:
“ (…) corresponde a la Sala verificar si la elección del señor WILMER JAHIR SIERRA FAGUA como Personero del municipio de Sogamoso se encuentra viciada de nulidad (art. 275-5 CPACA) por infringir las normas en que debería fundarse (art. 137 CPACA) al no haber acatado el artículo 4º del Decreto 2485 de 2014 que ordena elegir en dicho cargo a quien ocupe el primer lugar dentro de la lista de elegibles, en la medida en que el cumplimiento de esa norma fue excusado en la aplicación de la inhabilidad establecida en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, aplicado por la remisión establecida en el literal “a)” del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles correspondiente.(…)
8.2.2. Posteriormente, solo en caso de que la causal de inelegibilidad citada sí sea aplicable a los candidatos a personeros, se definirá si se pasó por alto que en este caso la misma no podía imputarse en la medida en que la persona que ocupó el primer lugar de la lista de elegibles no ejerció autoridad política, civil o administrativa en el cargo que ejerció antes de la elección. Así mismo se deberá establecer si la aplicación de la causal de inelegibilidad citada está fundada en una “sospecha” y excede las competencias del concejo municipal.”
Así las cosas en esa ocasión se estudió si el Concejo de Sogamoso había desconocido el artículo 4 del Decreto 2485 de 2014, al no haber nombrado a la persona que quedó en primer lugar de la lista de elegibles, por considerar que estaba inhabilitada. De manera concreta en esa ocasión se alegó infracción a norma superior, la cual derivaba en una irregularidad en el procedimiento, al no haberse elegido al primero de la lista de elegibles.
Al resolver ese asunto, esta Corporación sostuvo que revocaría la sentencia apelada y declararía la nulidad del acto de elección del señor Wilmer Jahir Sierra Fagua en la medida en que la causal de inhabilidad imputada al ciudadano que ocupó el primer lugar de la lista de elegibles no era aplicable al caso, lo que dejaba sin justificación alguna la decisión tomada por la Corporación municipal.
Así las cosas, evidenció que la decisión tomada por el Concejo de Sogamoso desconoció injustificadamente el artículo 4º del Decreto 2485 de 2014, en tanto quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles debía ser elegido como personero ya que no le era aplicable la inhabilidad consagrada en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, numeral 2º, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
Por lo anterior declaró la nulidad de la elección del señor Wilmer Jahir Sierra Fagua como personero de Sogamoso y además como consecuencia de la declaratoria de nulidad ordenó:
“De conformidad con la sentencia de unificación de 26 de mayo de 2016, la Sala precisa que como consecuencia de la declaratoria de la nulidad del acto, el Concejo del municipio de Sogamoso deberá efectuar un nuevo procedimiento a partir de la convocatoria efectuada.” (Negrillas fuera del texto original)
Con ocasión de esa orden, se presentó una solicitud de aclaración de la sentencia, y mediante providencia del 26 de enero de 2017, la Sección Quinta sostuvo:
“(…) para esta Sección es evidente que no existe ninguna duda que amerite ser aclarada ya que ese considerando es claro en establecer que “el Concejo del municipio de Sogamoso deberá efectuar un nuevo procedimiento a partir de la convocatoria efectuada”, lo que no deja lugar a duda que la convocatoria se respetará y de allí en adelante se rehará el trámite correspondiente.” (Negrillas fuera del texto original)
De acuerdo con lo anterior, es claro que la orden que dio esta Sección en el fallo del 1º de diciembre de 2018, consistió en que todas las actuaciones posteriores a la convocatoria debían rehacerse.
Precisado lo anterior, se estudiará si en este caso se cumplió o no la orden dada y en caso negativo si dicho incumplimiento implica la transgresión del ordenamiento jurídico, ya que tal como lo dijo la agente del Ministerio Público, al haberse dado esa orden se dejaron sin efectos –tácitamente- las actuaciones posteriores a la convocatoria.
Ahora bien, en el Acta de sesión plenaria extraordinaria No. 004-2017 del 2 de febrero de 2017, obra lo siguiente:
“(…) A continuación se procedió con el Sexto punto: En desarrollo del mismo la Señora Presidenta mencionó, que siguiendo las directrices del Consejo de Estado donde dice, que no acepta ninguna de las aclaraciones solicitadas tanto por la Doctora MARCELA NAVARRETE como por algunos Concejales de esta Corporación, y de igual manera del Apoderado del Doctor WILMER JAHIR SIERRA FAGUA quien cumplía las funciones de Personero, y de no ser aceptadas las aclaraciones se reitera, que respetando la convocatoria y que no se cumplió con el decreto 2485 en su Artículo Cuarto, por tal razón esta Corporación retoma lo que ordena la Sentencia y nombra como Personero del Municipio de Sogamoso para lo que resta del periodo vigente al Doctor ISAIAS PALACIOS quien ocupó el primer lugar en todo el proceso de personero municipal. Acto seguido fue sometido a votación lo contemplado en el fallo del Consejo de Estado lo cual fue aprobado por unanimidad en todos los Concejales integrantes de esta Corporación y que se encontraban presentes en esta Sesión, y seguidamente la Señora Presidenta solicitó, que se adelante lo pertinente de la Comunicación al doctor JOSÉ ISAIAS PALACIOS de la decisión tomada en esta Corporación frente a lo manifestado por el Consejo de Estado.” (Negrillas fuera del texto original)
De acuerdo con esta prueba, se tiene que en sesión del 2 de febrero de 2017, el concejo de Sogamoso resolvió nombrar como personero al señor Isaías Palacios, sin cumplir la orden dada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, eso es, sin haber vuelto a realizar todas las actuaciones posteriores a la convocatoria, puesto que tuvo en cuenta la lista de elegibles que se había realizado con anterioridad, y en consecuencia nombró al demandado, por haber ocupado el primer lugar.
Así las cosas, se observa que el Concejo de Sogamoso nombró al demandado no solo desconociendo la orden dada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia del 1º de diciembre de 2016, sino con desconocimiento del ordenamiento jurídico, puesto que el artículo 189 del CPACA señala que “las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del registro de acuerdo con la ley.”
En este punto se precisa que le asiste razón a la agente del Ministerio Público cuando señala que al haberse dado la orden consistente en que se rehiciera el procedimiento posterior a la convocatoria, tales actuaciones quedaban sin validez y por tanto no podían ser el fundamento para la nueva elección, puesto que no puede derivarse otra consecuencia de la misma, ya que precisamente se ordenó que se rehiciera el trámite al haberse encontrado una irregularidad en el mismo.
Así las cosas, no le asiste razón a la parte demandada cuando afirmó que la lista de elegibles del concurso de méritos se encontraba con plena vigencia en el ordenamiento jurídico, puesto que se reitera, al haberse dado la orden de que el procedimiento posterior a la convocatoria se rehiciera, llevaba consigo o implica que esas actuaciones perdieron validez.
Finalmente, en cuanto al argumento consistente en que el a quo contravino lo dispuesto en el auto del 17 de agosto de 2017 que negó la suspensión provisional del acto demandado, debe decirse no le asiste razón al recurrente puesto que en dicha providencia esta Corporación manifestó:
“(…) Al igual que en los hechos de la demanda, el actor resaltó que al expedir el acto acusado el Concejo de Sogamoso desconoció la sentencia mediante la cual esta corporación anuló la elección del personero municipal inicialmente designado para el periodo 2016-2020.
Explicó que en la citada decisión judicial, la Sección Quinta dispuso la realización de un nuevo proceso público y abierto desde la convocatoria para la elección del personero, sin que esta orden fuera acatada por la corporación municipal.
Precisa la Sala que en sentencia de diciembre primero (1º) de 2016, la Sección resolvió el recurso de apelación interpuesto contra un fallo de primera instancia dictado por el Tribunal Administrativo de Boyacá y declaró la nulidad de la elección del señor Wilmer Sierra Fagua como personero de Sogamoso para el periodo 2016-2019 contenida en el acta de sesión plenaria ordinaria No. 008-2016 de enero diez (10) de 2016.
Sin embargo, advierte la Sala que no es cierto que esta corporación haya ordenado al Concejo de Sogamoso la puesta en marcha de un nuevo proceso desde la convocatoria, como lo interpretó el actor en la demanda y en el memorial que contiene la apelación.
Al final de la parte considerativa, la decisión adoptada por esta corporación fue específica al señalar que “De conformidad con la sentencia de unificación de 26 de mayo de 2016, la Sala precisa que como consecuencia de la declaratoria de la nulidad del acto, el Concejo del municipio de Sogamoso deberá efectuar un nuevo procedimiento a partir de la convocatoria efectuada”. (Negrillas fuera del texto).
Es claro que el proceso que debía seguir el Concejo no podía estar basado en una nueva convocatoria para el cargo sino en aquella que había hecho inicialmente para la elección del personero correspondiente al periodo 2016-2020.” (Negrillas fuera del texto original)
En esa providencia lo que se dijo era que la orden dada por la Sección Quinta no implicaba la realización de una nueva convocatoria, sino que debía tenerse la ya realizada y a partir de ahí debía rehacerse todo el procedimiento.
En consecuencia, es claro que el a quo no desconoció lo dicho por esta Sección en esa providencia, puesto que se recalca lo que se precisó en ese momento era que la orden dada consistía en rehacer el procedimiento posterior a la convocatoria y no que se rehiciera la misma.
Por lo anterior, le asistió razón al a quo al declarar probado este cargo.
Ahora bien, toda vez que las actuaciones posteriores a la convocatoria perdieron validez, al haberse ordenado adelantar un nuevo procedimiento desde la convocatoria, no hay lugar a estudiar los demás cargos de la apelación, puesto que precisamente se refieren a actuaciones que perdieron validez, y por ello no hay objeto alguno en pronunciarse sobre las mismas.
Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
F A L L A
PRIMERO: Confírmase la providencia apelada, esto es, la sentencia del 23 de febrero de 2018, proferida por la Sala de decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá.
SEGUNDO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Folios 580 a 598 del cuaderno No. 2.
Folios 569 a 577 del cuaderno No. 2.
La demanda se presentó el 14 de julio de 2017.
Las pretensiones corresponden a las contenidas en el escrito de subsanación de la demanda. (Folio 89 del cuaderno 1 del expediente).
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional."
“Por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales.”
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”
“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”
La fijación del litigio obra a folios 462 a 465 del cuaderno 2 del expediente.
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos…
Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el artículo 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003)
Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de agosto de 2017. Exp. No. 110010328000201700003-00 (Acumulado). M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Obra a folios 39 a 43 del cuaderno principal
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