Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2017-00299-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2017-00299-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2017-00299-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-33-000-2017-00299-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 17 de abril de 2026
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN –configuración de presunciones – culpa grave-
condena reintegro de lo pagado.
Síntesis del caso: el demandado, en calidad de Juez 2 Laboral del Circuito de
Sogamoso, decidió negar la confirmación del nombramiento en propiedad de una
empleada, quien interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la decisión. Dentro de ese proceso, se declaró la nulidad del acto
administrativo, se ordenó el restablecimiento del derecho y el pago de una
indemnización, esta decisión fue confirmanda en segunda instancia.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
Sentencia de 26 de noviembre de 2020, proferida por la Sala de Decisión No.
6 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la
demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recursos de apelación y trámite relevante.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 24 de marzo de 20172, la Nación-Rama Judicial, mediante apoderado,
presentó demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de
acción de repetición contra Nelson Orlando Rodríguez Gama. Fueron sus
pretensiones (se trascribe):
“Primera: declarar al Dr. NELSON ORLANDO RODRÍGUEZ GAMA (….) quien
para la época de los hechos (febrero de 2005) se desempeñaba como
1 La Sala es competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra
una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el artículo 150 y 152.6 del CPACA.
2 Folios 1 a 8 del cuaderno 1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Confirma Sentencia que confirma
______________________________________________________________________________________________________________
Juez Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso (Boyacá) responsable de
los perjuicios ocasionados a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, a raíz
del pago que tuvo que efectuar como consecuencia de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá de fecha 17 de
septiembre de 2013 , dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho radicada con el No. 156933133002200501729-01 en el que era
demandante la señora NUBIA CRISTINA BOHORQUEZ NUÑEZ, pues con su
conducta gravemente culposa se desconocieron normas de rengo
constitucional y de orden legal”.
1.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene al
Dr. NELSON ORLANDO RODRÍGUEZ GAMA (…) a cancelar la suma de
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($424.149.958) a favor de la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial, suma esta que se canceló el día
veintiséis (26) de junio de 2016.”
2. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:
Mediante Acto Administrativo del 9 de noviembre de 2004, Nubia Cristina
Bohórquez Núñez fue nombrada en propiedad en el cargo de escribiente
nominado del Juzgado 2 Laboral del Circuito de Sogamoso, nombramiento
que aceptó el 29 de noviembre siguiente. Previo a tomar posesión del cargo,
mediante Resolución No. 001 de 13 de enero de 2005, el Juez le solicitó
acreditar que contaba con la experiencia judicial que requería el cargo o,
en su defecto, la aprobación del curso de inducción en la Rama Judicial.
Mediante comunicación escrita, Nubia Cristina Bohórquez Núñez advirtió
que su idoneidad para desempeñar el cargo estaba dada por la
aprobación del concurso de méritos y su inclusión en la lista de elegibles, y
que, además, aún no había sido llamada a realizar el curso de inducción
judicial. No obstante lo anterior, mediante Resolución No. 002 de 4 de
febrero de 2005, el juez Nelson Orlando Rodríguez negó la confirmación del
nombramiento de la empleada bajo el pretexto de no haber acreditado los
requisitos exigidos por la ley para el ejercicio del cargo y haber concursado
para un cargo de inferior categoría al que fue nombrada en su despacho.
Este último acto administrativo fue demandado por Nubia Cristina
Bohórquez Núñez en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, con
sentencia favorable a sus pretensiones sustentada en el cargo de falsa
motivación. La decisión fue confirmada en segunda instancia y la entidad
fue condenada al pago de los salarios y demás prestaciones que la
demandante dejó de percibir desde la fecha en que debió ser posesionada
hasta el momento en que ésta se realizara efectivamente.
3. Como fundamentos de la demanda, la entidad señaló que de acuerdo
con el artículo 162 de la Ley 270 de 1996 no era “procedente la exigencia
del requisito de confirmación” y el demandado, en su condición de juez,
debía conocer el ordenamiento jurídico; sin embargo el acto que negó el
nombramiento de la empleada “desconoció normas de rango
constitucional y de orden legal, incurriendo en un incumplimiento grave de
su deber, que permite calificar su actuar como doloso, al proferir el Acto
2 de 13
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Confirma Sentencia que confirma
______________________________________________________________________________________________________________
Administrativo con falsa motivación”, lo que se encuadraba dentro de lo
estipulado en el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 “por
desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de
sustento a la decisión de manera injustificada”. Asimismo, aseguró que
expidió el acto con falsa motivación de manera injustificada con “violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”, en los términos del
artículo 6 de la misma norma. Precisó que la señalada actuación ilegal fue
la causa del detrimento patrimonial padecido por la administración judicial.
1.2 . Posición de la parte demandada
4. La parte demandada contestó la demanda, representada por
curador ad-litem3. Se opuso a todas las pretensiones al indicar que el pago
de la condena no fue debidamente acreditado pues “lo aportado
correspond[ía] a una orden de pago”, como tampoco se acreditó que
Nelson Rodríguez Gama tuviera la calidad de juez en el momento en que
ocurrió la conducta. Adicionalmente, afirmó, la pretensión de repetición se
sustentó en fallos que no estudiaron el dolo y la culpa grave del
demandado, y únicamente se dirigieron a la definición de la legalidad del
acto administrativo. En ese sentido, reprochó que la entidad omitiera
argumentar con suficiencia el cargo de falsa motivación y, además, no
desplegó con diligencia los procesos administrativos y fiscales para efectuar
el pago de la condena, por lo que no podía beneficiarse de su propia
negligencia. Finalmente, propuso las excepciones de caducidad, puesto
que debía aplicarse el artículo 166 del CPACA para la contabilización del
plazo dentro del que debía cumplirse la condena (10 meses siguientes a la
ejecutoria de la providencia), así como la falta de jurisdicción y
competencia “porque no se acreditó el pago”.
1.3. Sentencia de primera instancia
5. La Sentencia de 26 de noviembre de 20204, proferida por la Sala de
Decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá, accedió parcialmente
a las pretensiones. Para el efecto, sostuvo que la conducta desplegada por
el funcionario al expedir la Resolución No. 002 de 4 de febrero de 2005 que
negó la confirmación del nombramiento de Nubia Cristina Bohórquez como
Escribiente Nominado en el Juzgado 2 Laboral de Circuito de Sogamoso fue
dolosa, por cuanto “él sabía que estaba violando la ley y no obstante la
profirió. Su actuación no admitía justificación pues el acto declarado nulo
fue falsamente motivado pues la mencionada cumplía con los requisitos
para el ejercicio del cargo”. Explicó que, Nubia Bohórquez estaba habilitada
para tomar posesión del cargo puesto que, si bien concursó para el cargo
de Escribiente Nominado Grado 7, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Boyacá aceptó su homologación al de Escribiente Nominado del Circuito y,
3 Folio 95 a 105 del cuaderno 2.
4 SAMAI, índice 02.
3 de 13
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Confirma Sentencia que confirma
______________________________________________________________________________________________________________
además, el curso de inducción judicial sólo se impartía una vez el empleado
tomara posesión, ya que el Curso de Formación Judicial sólo se exigía para
funcionarios judiciales.
6. Encontró que la defensa adelantada por la entidad dentro del
proceso originario fue precaria: se abstuvo de llamar en garantía al ahora
demandado y no propuso un arreglo conciliatorio aun cuando el acto fue
anulado en primera instancia, con alcances de dolo. Esto generó un
perjuicio mayor al patrimonio público que no podía ser trasladado al
demandado, de ahí que tomara la fecha en que fue fijada la audiencia de
conciliación previo a tramitar la segunda instancia – 18 de octubre de
2011— como límite temporal para calcular la indemnización, pues en ese
momento la entidad tuvo la posibilidad de conciliar el asunto y no lo hizo.
7. La parte resolutiva sostuvo:
“PRIMERO.- Declarar patrimonialmente responsable a título de dolo, al señor
NELSON ORLANDO RODRÍGUEZ GAMA, de la condena judicial pagada por la
NACIÓN- RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,
como consecuencia de los fallos de primera y segunda instancia proferidos al
interior de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No.
15000233100020050172900 de fecha 10 de febrero de 2011 y 17 de septiembre
de 2013, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Rosa de Viterbo y por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de
descongestión, respectivamente.
SEGUNDO. - Condenar al señor NELSON ORLANDO RODRÍGUEZ GAMA a pagar
la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($204.596.842) a favor de la NACIÓN-
RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
TERCERO. - Fijar para el cumplimiento de eta sentencia el plazo de seis meses
contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de esta providencia.
CUARTO. - La condena devengará intereses de mora a partir del vencimiento de
los seis meses posteriores a la ejecutoria de esta sentencia, en virtud de lo previsto
en los artículos 15 y 16 de la Ley 678 de 2001 y del artículo 192 del CPACA
QUINTO. - Condenar en costas a la parte vencida, liquídese por Secretaría”
1.4. Recursos de apelación y trámite relevante
8. La parte demandada apeló el fallo de primera instancia5. Insistió en el
incumplimiento de la carga que le correspondía a la demandante
consistente en precisar la modalidad de la conducta que reprochó de
Nelson Rodríguez Gama, de modo que no podría beneficiarse al “plantear
una tesis ambigua, aleatoria o gaseosa que cobije todas y cada una de las
teorías de imputación”, menos aun si probatoriamente tampoco fue
sustentada. Solicitó la aplicación del principio de igualdad de armas debido
a que las imputaciones sobre el elemento subjetivo correspondían a la culpa
grave, por lo que el Tribunal desconoció la presunción invocada y, además,
subsanó falencias probatorias de la demandante al ordenar la
5 Samai, índice 02.
4 de 13
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Confirma Sentencia que confirma
______________________________________________________________________________________________________________
incorporación oficiosa del expediente tramitado en demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. Ahora, en relación con el dolo, tampoco se
logró demostrar que la conducta del entonces juez “iba dirigida a realizar
un hecho ajeno a la actividad estatal, a ejecutar una conducta ilegal o
dirigida a inferir injuria a otra persona o al propio pecunio estatal”.
9. La Rama Judicial presentó recurso de apelación para que se incremente
el monto del reintegro ordenado6. Señaló la suma de $301.450.740,
correspondiente al pago efectivamente realizado en virtud de la condena
impuesta, menos el valor de los intereses moratorios, pues el monto que
descontó el Tribunal por la presunta falla en la defensa de la entidad era
“bastante elevado y causa un detrimento, aún mayor, al patrimonio
público”.
10. Luego de que el proyecto de sentencia presentado por el Magistrado
Fredy Ibarra Martínez fuera discutido en la Sala de 17 de octubre de 2025,
sin obtener la mayoría de los votos, el asunto cambió de ponente para su
decisión7.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán; 2.2. El elemento
subjetivo; 2.3. Monto a reintegrar ; 2.4. Costas.
2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán
11. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto, porque están reunidos
los presupuestos procesales para dictar sentencia8. La demanda se presentó
oportunamente y, para el efecto, se considerará la normativa que rigió el
trámite dentro del cual se impuso la condena para efectos de determinar el
momento en que inició la contabilización del plazo para demandar. La
sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho que condenó a la
entidad quedó ejecutoriada el 8 de octubre de 20139, el pago se hizo el 26
de junio de 201610, es decir, por fuera del término establecido en el artículo
177 del CCA11, por lo que se tomará el plazo de 18 meses para contabilizar
la caducidad de la acción (8 de abril de 2015). La demanda se presentó el
24 de marzo de 201712, esto es, dentro de los dos años siguientes al
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la condena.
12. Por otra parte, como el régimen jurídico aplicable se determina por los
hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso se
6 Samai, índice 02.
7 SAMAI, Índice 75.
8 El término de caducidad de 2 años, está establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y el literal l) del artículo
136 del CPACA.
9 Según Constancia secretarial que obra en el folio 28 del cuaderno 1.
10 Folios 37 a 40 del cuaderno 1.
11 Norma aplicable puesto que la condena fue impuesta dentro de un proceso que se tramitaba bajo CCA.
12 Folio 9 del cuaderno 1.
5 de 13
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Confirma Sentencia que confirma
______________________________________________________________________________________________________________
aplican las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos
ocurrieron en su vigencia. En ese orden, se entrará a estudiar si se configura
el supuesto de hecho de la presunción de dolo o culpa grave alegada por
la parte demandante, prevista en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001.
13. En primera instancia se demostró la existencia de la sentencia judicial13,
así como la calidad de agente estatal del demandado14 y el pago15
(aspectos que no fueron discutidos en la apelación), por lo cual la Sala
centrará su análisis en los argumentos de apelación y la conducta del
demandado. Así, la Sala confirmará la decisión de primera instancia porque
se constató que Nelson Orlando Rodríguez Gama, en su condición de Juez
2 Labora del Circuito de Sogamoso, obró con culpa grave el expedir un acto
administrativo que desconoció de manera injustificada la normativa sobre
el ingreso a la carrera judicial de una empleada que superó el concurso de
méritos, a quien le fue aplicada una etapa que no estaba contemplada en
el proceso de ingreso, lo que impidió su nombramiento. Esta circunstancia
configuró el supuesto de hecho que funda la presunción, esto es, haber
actuado con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
2.2. Elemento subjetivo
14. En primer término, debe advertirse que, tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia de la Corte Constitucional16, pese a que la acción de
repetición no es de tipo sancionatorio, su naturaleza resarcitoria y
reparatoria implica la atribución de responsabilidad bajo el principio de
culpabilidad, según el cual, la responsabilidad subjetiva del agente se
evalúa mediante un juicio respecto del “comportamiento humano,
cimentado en la dignidad de la persona, y por ende, donde está proscrita
la responsabilidad por el sólo resultado17”.
15. Además, esta responsabilidad subjetiva es cualificada ya que se dirige a
identificar si el demandado obró de manera consciente y voluntaria, con
conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención
de producir las consecuencias nocivas (dolo); o aun previéndose tal
irregularidad y el daño que podría ocasionar no hizo nada para evitarlo
(culpa grave), con un comportamiento que pueda ser considerado como
una negligencia o descuido cualificado. Con lo que es evidente “no
cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el
ordenamiento jurídico permite deducir la responsabilidad del agente del
13 Sentencia de 17 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. Folios 28 a 37 del
cuaderno.
14 Certificación expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, Boyacá. Folio
150 del cuaderno.
15 Constancia de pago, con información del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-. Folio 16 del
cuaderno 1.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 26 de febrero de 2014, rad. 25000-23-26-000-
2002-01750-01(36825).
17 Corte Constitucional, Sentencia SU 259 de 2021.
6 de 13
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Confirma Sentencia que confirma
______________________________________________________________________________________________________________
Estado, pues siempre será necesario examinar la gravedad y la forma de
configuración de la conducta”18.
16. Igualmente, la Corte ha sostenido que, para determinar el dolo o la
culpa grave, es conveniente considerar aspectos propios de la gestión
administrativa y en este sentido, plantea la evaluación de ítems como: “(i)
las funciones del agente contempladas en la ley y en el reglamento, o (ii) el
grado de diligencia que le sea atribuible al servidor público en razón de los
requisitos para acceder al cargo, la jerarquía del mismo en la escala
organizacional o la retribución económica recibida por el servicio
prestado”19.
17. En este punto, cabe precisar que la valoración practicada en este
proceso no se refiere a una conducta institucional, pues esta ya fue definida
en el proceso que dio lugar a la condena, sino que se dirige a evaluar la
conducta personal del agente público, para establecer así su
responsabilidad subjetiva, personal y específica20. En tal sentido, y como lo
ha entendido la Corte, la culpa grave (y el dolo) imponen “(i) valorar el
contexto en el que se produce la decisión del funcionario público; (ii) la
naturaleza y complejidad de la organización de la que hace parte; y, (iii) la
distribución de roles y responsabilidades para la toma de decisiones21”. Esto
quiere decir que las exigencias disminuyen o se robustecen en función de la
calidad y jerarquía del funcionario que intervino en la generación del daño.
18. La base de la responsabilidad patrimonial personal de los agentes de la
administración es la constatación de su actuación dolosa o gravemente
culposa que, en este caso en concreto, se analizará sobre la determinación
que tomó un juez de la República de negar la confirmación del
nombramiento de una empleada de su despacho que ingresaba mediante
concurso de méritos. Para ello, la Sala analizará el acto administrativo (1), se
establecerá si incurrió en falsa motivación por desviación de la realidad u
ocultamiento de los hechos que sirvieron de fundamento (2) o si existió una
violación manifiesta a las normas de derecho y si ella resultó inexcusable (3).
Efectuado lo anterior, se concluirá si se demostró el hecho en que se apoya
la presunción.
19. Está probado que, mediante Resolución No. 004 de 9 de noviembre
de 2004, el Juez 2 Laboral del Circuito de Sogamoso nombró en propiedad
a Nubia Cristina Bohórquez Núñez en el cargo de escribiente nominado de
ese Juzgado22, de acuerdo con la lista de elegibles emitida por el Consejo
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. (36825). Ver también en, Corte
Constitucional SU 354 de 2020 y SU 259 de 2021.
19 Sentencia SU-354 de 2020. Asimismo, trae a colación la Sentencia de 26 de febrero de 2014 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, exp. 48384 en la que se expresó que el operador jurídico de repetición debe tener en
cuenta: (i) “las características particulares del caso”, las cuales “deben armonizarse con lo previsto en los artículos
6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos”; (ii) “la asignación de
funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos”; y (iii) “otros conceptos como son los de
buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley”.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU 259 de 2021
21 Corte Constitucional, Sentencia SU 259 de 2021.
22 Folios 26-27 del cuaderno 3.
7 de 13
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Confirma Sentencia que confirma
______________________________________________________________________________________________________________
Seccional de Boyacá23. El 29 de noviembre de 2004, la beneficiada aceptó
el nombramiento. Sin embargo, en Resolución No. 1 de 13 de enero de 2005,
el Juez indicó que antes de proceder a la confirmación del nombramiento,
la interesada debía “acreditar la experiencia judicial o el curso de inducción
en los términos señalados por la ley”24, ya que la documentación aportada
no daba cuenta de la experiencia judicial necesaria para desempeñar el
cargo25. Más adelante, mediante Resolución No. 002 de 4 de febrero de
200526, Nelson Orlando Rodríguez, en su condición de Juez 2 Laboral del
Circuito de Sogamoso, revocó la Resolución 001 de 13 de enero de 2005 y,
en su lugar, negó “la confirmación del nombramiento que se le hizo a la
señora Nubia Cristina Bohórquez Núñez como escribiente nominado de este
Juzgado, por no acreditar los requisitos exigidos por la Ley para el ejercicio
del cargo” y porque, no concursó para el cargo de Escribiente Nominado
grado 7, sino para uno de inferior categoría (Oficinista de Tribunal Grado 7 y
Oficinista de Tribunal grado 5).
20. Sobre el primer punto, (1) la Sala destaca que, en efecto, el acto
administrativo que negó la confirmación del nombramiento de Nubia
Cristina Bohórquez Núñez en el cargo de Escribiente Nominado en el
Juzgado fue declarado nulo por “falsa motivación”, pues de la lectura de
los artículos 129 y 133 de la Ley 270 de 1996 se establecía “sin temor a
equívocos que en el sub lite no resultada procedente la exigencia del
requisito de confirmación, en razón a que, se repite, se trataba de la
provisión en propiedad de un cargo de empleado”27. Además, los requisitos
para optar por el cargo fueron objeto de análisis en el trámite del concurso
de méritos y que constituía condición sine qua non para su inclusión en la
lista de elegibles. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia en
similares términos28.
21. Respecto de estas decisiones adoptadas en el trámite contencioso de
nulidad y restablecimiento del derecho, conviene aclarar que si bien no son
oponibles al ahora demandado porque no fue llamado al proceso y, por
tanto, no hizo parte del mismo ni ejerció su derecho de defensa, sí lo son
para determinar la conducta institucional que dio lugar a una condena que
tuvo por finalidad el restablecimiento de la situación jurídica afectada y la
reparación del daño causado.
22. (2) Respecto la alegada desviación de la realidad u ocultamiento de los
hechos que sirvieron de fundamento para la decisión de negar la
23 Lista de elegibles, Oficio CSJB-PSA-1786/ FOPS-CLRA de 29 de septiembre de 2004 Folios 11-13 del cuaderno 3
24 Folios 32-34 del cuaderno 3.
25 Nubia Cristina Bohórquez se dirigió al nominador para poner de presente que la confirmación del nombramiento
no era una exigencia relativa a los empleados de la Rama Judicial. Además, que la experiencia para desempeñar
el cargo fue acreditada por el Consejo Seccional de la Judicatura cuando adelantó convocatoria del concurso
de méritos, y el curso de inducción que refiere el juez, de acuerdo con la certificación emitida por el Consejo
Seccional de Boyacá no ha sido programado por lo tanto resultaba imposible tomarlo en esa fecha. Folios 36 y 37
del cuaderno 3.
26 Folios 2 a 6 del cuaderno 3.
27 Folios 17 a 26 del cuaderno 1.
28 Sostuvo la decisión: “debe concluirse que para el sub judice, por tratarse de un cargo de un empleado, no se
requería de la confirmación prevista en la Ley 270 de 1996, sino que el nominador del Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Sogamoso, debió efectuar el nombramiento y la posesión de la accionante, en los términos
previstos en el artículo 167 de la citada Ley Estatutaria de Administración de Justicia (…)”.
8 de 13
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Confirma Sentencia que confirma
______________________________________________________________________________________________________________
confirmación del nombramiento de Nubia Cristina Bohórquez Núñez,
supuesto de falsa motivación, debe la Sala advertir que la entidad
demandante omitió identificar con claridad en qué consistió ese
ocultamiento de hechos o la falta a la realidad que atribuye como causa
de la motivación desviada. Tampoco indica cuáles fueron los hechos que
no existieron o que fueron apreciados en una dimensión equivocada, pues
únicamente indicó la norma vulnerada y el señalamiento de la actuación
dolosa del agente sin detenerse a demostrar con suficiencia el supuesto
fáctico que sustentara la presunción que pretendía le fuera aplicada. Lo
anterior impide la atribución de responsabilidad al demandado por este
aspecto.
23. Conviene precisar que si bien la decisión del a quo declaró la
responsabilidad del demandado a título de dolo, al no hallarse conformidad
por este aspecto, la Sala pasará a analizar la culpa grave del agente porque
esta fue invocada desde la demanda y la parte a quien le fue favorable el
fallo de primera instancia no tenía interés en recurrirlo.
24. (3) Ahora, en lo relativo a la cualificación de la conducta del
demandado en términos de negligencia, para determinar si se configuró
una violación manifiesta a las normas de derecho debe identificarse la
existencia de una norma que le imponía al entonces Juez 2 Laboral del
Circuito de Sogamoso el deber de agotar la etapa de confirmación del
nombramiento de la empleada en su despacho. Para el efecto, la
demandante indicó que tal exigencia no era procedente para la provisión
de un cargo de un empleado en propiedad de acuerdo con el artículo 167
de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- (anterior
a las modificaciones introducidas por el artículo 84 de la Ley 2430 de 2024)29.
25. Esta disposición obligaba al juez a solicitar al Consejo Seccional de la
Judicatura el envío de la lista de elegibles conformada por los candidatos
que hubisen culminado el proceso de selección y el nombramiento en el
cargo vacante debía realizarse de acuerdo con dicha lista dentro de los 10
días siguientes a su recepción, en donde se observa no está incluido el
adelantamiento de ningún trámite adicional en la ruta de ingreso a la Rama
Judicial mediante concurso de méritos. Esto evidencia la ausencia de
consagración legal de la exigencia para agotar la etapa de confirmación
del nombramiento en el caso de los empleados que ingresan en Carrrera
Judicial y, por ello, alegar la obligatoriedad de su aplicación constituye una
vulneración a las normas que rigen la materia.
26. Para determinar si esa violación fue inexcusable debe analizarse si
dentro de las pruebas recaudadas se encuentra una justificación válida
para haber violado las ya señaladas disposiciones, además de armonizarse
29 Artículo 167. Nombramiento. (…) Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de
los tres días siguientes, solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional que corresponda, el envío
de la lista de elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente
registro de elegibles, previa verificación de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3) días
siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes.
9 de 13
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Confirma Sentencia que confirma
______________________________________________________________________________________________________________
con los presupuestos constituciones que integra el análisis sobre el contexto
que rodea al agente, de acuerdo con las funciones contempladas en la ley,
el grado de diligencia que sea esperable de acuerdo con los requisitos para
acceder al cargo y su jerarquía en la escala organizacional, que en este
caso responde a las de un juez de la República. El ejercicio de la función
jurisdiccional comporta el conocimiento del ordenamiento jurídico y la
apropiación de herramientas que permitan su interpretación y aplicación
en procura de la resolución de los conflictos que le son formulados. Sin
embargo, ello no se traduce en la infalibilidad de las decisiones dictadas,
pero sí asegura un margen de razonabilidad de interpretación del derecho
dentro del cual, si bien sujetos a un análisis posterior pueda concluirse su
incorrección, esto no constituya una vía de hecho ni el desconocimiento
irracional e injustificado de la ley.
27. De acuerdo con lo anterior, se observa que el postulado normativo
que definió la ruta de ingreso a la carrera judicial mediante concurso de
méritos es claro y bajo ninguna interpretación arroja dudas sobre la
aplicación de etapas adicionales, como lo sería el trámite de confirmación
del nombramiento en lo que a empleados judiciales se refiere, puesto que,
aquella únicamente resultaba exigible para el proceso de nombramiento
de un funcionario judicial30. Así, la Sala encuentra que la imputación
formulada en la demanda esá suficientemente sustentada.
28. Se constató, además, que Nelson Orlando Rodríguez Gama fungió
como Juez 2 Laboral del Circuito de Sogamoso desde el 16 de octubre de
1985 de manera ininterrumpida, al menos, hasta el 24 de abril de 200831, por
lo que al momento en que ocurrieron los hechos había desempeñado el
cargo durante más de 18 años. A esto se suma que su vinculación a la Rama
Judicial registraba desde 1971, en diferentes periodos, en el cargo de Juez
municipal y de Instrucción Criminal en el distrito judicial de Santa Rosa de
Viterbo. En este sentido, tampoco puede predicarse el desconocimiento del
demandado sobre el procedimiento administrativo para el ingreso a la
Rama Judicial, pues en su condición de titular del despacho y nominador se
evidenciaba como un procedimiento que tuvo la posibilidad de adelantar,
de manera recurrente, a lo largo de sus años de servicio.
29. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que se configuró el
supuesto de hecho en que se funda la presunción, esto es, haber actuado
con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho debido a
que se aplicó una etapa que no estaba contemplada en la ley que regía el
proceso de ingreso a la carrera judicial mediante el concurso de méritos,
cuya consagración era clara y no admitía una interpretación distinta. Así, se
declarará que Nelson Orlando Rodríguez Gama en su condición de Juez 2
Labora del Circuito de Sogamoso obró con culpa grave el expedir un acto
30 Artículo 162. Etapas del proceso de selección. El sistema de ingreso a los cargos de Carrera Judicial comprende
las siguientes etapas: //Para funcionarios, concurso de méritos, conformación del Registro Nacional de Elegibles,
elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación. //Para empleados, concurso de méritos,
conformación del Registro Seccional de Elegibles, remisión de listas de elegibles y nombramiento.
31 Certificados emitidos por el Consejo Seccional de la Judicatura. Folios 148 a 150 del cuaderno 1.
10 de 13
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Confirma Sentencia que confirma
______________________________________________________________________________________________________________
administrativo que desconoció la normativa sobre el ingreso a la carrera
judicial de una empleada que cursó y superó el concurso de méritos, al
aplicar una instancia adicional no contemplada en la ley y con ello negar
el acceso a quien correspondía el derecho, según la lista de elegibles, de
ser nombrada en un cargo con vacancia definitiva.
2.3. Monto a reintegrar
30. La Sentencia de primera instancia condenó a Nelson Orlando Rodríguez
Gama a reembolsar el monto de $204.596.842 a la Rama Judicial, por
cuenta de la indemnización que tuvo que pagar a Nubia Cristina Bohórquez
Núñez debido a la prosperidad de sus pretensiones dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. La entidad demandante solicita
que el incremento de ese monto en atención a que el valor efectivamente
pagado fue superior. Al respecto, la Sala debe precisar que no acompaña
la delimitación de perjuicio que realizó el tribunal de acuerdo con la fecha
en que debía adelantarse la audiencia de conciliación previo a surtirse la
apelación, puesto que la tramitación de la segunda instancia corresponde
a una posibilidad defensiva de la entidad y no existe disposición legal que
le impusiera su renuncia en ese caso.
31. Encuentra la Sala que, a la luz del principio de proporcionalidad que
propone la Corte Constitucional tanto para la valoración de la atribución de
responsabilidad a título de dolo o culpa grave, como del remedio previsto,
consistente en el regreso de lo pagado por el Estado32, tomará en
consideración el valor liquidado hasta el 13 de mayo de 2014, fecha en la
cual se elevó la reclamación, sin que puedan incluirse los intereses
moratorios causados hasta su pago efectivo. Asimismo, se constató que
Nelson Orlando Rodríguez Gama fue el único agente involucrado en la
causación del daño, no obstante, también es cierto que resulta
desproporcionado atribuirle la totalidad de los salarios y prestaciones
causadas mientras se desarrollaban las estancias judiciales durante más de
9 años de litigio. Así, la Sala encuentra adecuado reducir el monto en un
50%.
32. La suma que correspondió a los salarios y prestaciones dejados de
percibir por Nubia Cristina Bohórquez Núñez fue de $264.168.640, la cual fue
entregada en junio de 2016, a este monto se le aplicará la reducción antes
mencionada y se actualizará el valor a la fecha de este fallo. La operación
arroja la suma de $221.129.76933, la cual deberá ser reintegrada por Nelson
Orlando Rodríguez Gama a la Rama Judicial.
32 Al respecto, ha sostenido la Corte: “esta Sala estima que desborda el alcance del inciso segundo del artículo 90
superior pretender que el funcionario: (i) asuma las consecuencias de la demora en la resolución del proceso
judicial en el que se impone la condena al Estado; o (ii) esté obligado a pagar elementos de la reparación que
tengan un objetivo mayor al resarcimiento del daño concreto que causó, como ocurre con medidas de no
repetición dirigidas a superar problemáticas institucionales”. Sentencia SU 354 de 2020.
33 Con la fórmula aceptada por esta Corporación:
11 de 13
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Confirma Sentencia que confirma
______________________________________________________________________________________________________________
2.4. Condena en costas
33. El artículo 188 del CPACA estableció que “salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”. De acuerdo con el numeral primero y tercero del
artículo 365 del Código General del Proceso, “se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso, (…)”. El tribunal de origen liquidará la condena
en costas de manera concentrada (artículo 366 del CGP).
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 26 de noviembre de 2020, proferida
por la Sala de Decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá, la cual
quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR responsable a Nelson Orlando Rodríguez Gama, a
título de culpa grave, por la condena impuesta a la Rama Judicial en el
proceso nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
15000231000200501729.
SEGUNDO: CONDENAR a Nelson Orlando Rodríguez Gama a pagar en favor
de la Rama Judicial la suma de $ 221.129.769, la cual deberá pagarse dentro
de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia
TERCERO: La condena devengará intereses de mora a partir del vencimiento
de los seis meses posteriores a la ejecutoria de esta sentencia, en virtud de
lo previsto en los artículos 15 y 16 de la Ley 678 de 2001 y del artículo 192 del
CPACAFijar para el cumplimiento de eta sentencia el plazo de seis meses
contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de esta providencia.
CUARTO: Condenar en costas a la parte vencida, liquídese por Secretaría”
Vp = Vh x índice final
Índice inicial
En donde: Vp: Valor presente de la renta, Vh: capital histórico, o suma que se actualiza: $132.084.320 índice final
certificado por el DANE: para febrero de 2016: 155,73–fecha en que se realizó el pago-, índice inicial certificado
por el DANE: para julio de 2016: 93,02
Vp = 132.084.320 x 155,73
93,02
Vp = $221.129.769
.
12 de 13
Radicado: 15001-23-33-000-2017-002299-01 (66837)
Demandante: Nación-Rama Judicial
Demandado: Nelson Orlando Rodríguez Gama
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Confirma Sentencia que confirma
______________________________________________________________________________________________________________
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandada
TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, devolver al Tribunal
de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
13 de 13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.