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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00312-01

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00312-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2017-00312-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

17 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Radicado
: 15001-23-33-000-2017-00312-01
Número interno
: 0978-2021
Parte actora
: Martha Cecilia Molano Murcia
Demandada
: Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones -
Medio de Control
: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Ley
1437 de 2011
Tema
: Aplicación del precedente vinculante - Sentencia
de Unificación del 11 de junio de 2020. – El IBL del

inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen de transición – Solo se incluyen los factores salariales sobre los que se hayan efectuado los aportes al Sistema de Pensiones. Decreto 546 de 1971 régimen de la Rama Judicial.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 12 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Demanda

Pretensiones

Martha Cecilia Molano Murcia, mediante apoderada judicial acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar lo siguiente:

Nulidad parcial del artículo primero de la resolución VPB 72787 del 1 de diciembre de 2015, que ordenó la inclusión en nómina a la actora a partir del 1 de diciembre de 2015.
Nulidad de la resolución GNR 175929 de 17 de junio de 2016, por la cual se negó la reliquidación de la pensión de vejez.
Nulidad de la resolución GNR 282787 de 23 de septiembre de 2016, que resolvió el recurso de reposición en contra de la anterior determinación, confirmándola en todas sus partes.
Resolución VPB No 40605 de 27 de octubre de 2016, que resolvió el recurso de apelación interpuesto.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene la reliquidación y pago de la pensión de jubilación en cuantía del 75% de la asignación más elevada percibida en el último año de prestación de servicios; esto es, del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, conforme a los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, con la inclusión de los factores salariales de “asignación básica, la prima especial, bonificación por compensación, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por servicios, bonificación por gestión judicial, indemnización prima especial e indemnización bonificación gestión judicial”. Sin el límite de cuantía de los 25 SMLMV.
Así mismo, se declare (i) que el reconocimiento de la pensión de la actora tiene efectos fiscales desde el 1 de junio de 2015, fecha en que se retiró del servicio; (ii) se paguen las mesadas pensionales correspondientes a los meses de junio a noviembre de 2015, ante la ausencia del pago, teniendo en cuenta que el retiro del servicio de la actora se llevó a cabo el 01 de junio de 2015; (iii) se reconozca y pague la mesada pensional adicional de diciembre de 2015 y diciembre de 2016, debidamente reajustada; (iv) se pague la diferencia de lo que resulte de realizar la correcta reliquidación de la pensión, y que los valores adeudados sean ajustados conforme al IPC e indexados mes a mes, a la fecha en que se realice su pago, incluyendo las mesadas de diciembre; y (v) se pague los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y que la sentencia se cumpla en los términos del CPACA.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:

Martha Cecilia Molano Murcia nació el 21 de enero de 1959.
Prestó sus servicios a la Rama Judicial, desempeñándose como Juez Penal Municipal, Juez de Instrucción Criminal Especializado, Juez Superior, Juez de instrucción criminal, Juez Laboral del circuito, Juez Administrativo y Magistrada Tribunal Administrativo.
Indicó que, es beneficiaria del régimen de transición de la ley 100 de 1993, y del régimen especial de la Rama Judicial establecido en el decreto 546 de 1971, pues cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicios para acceder a la pensión de jubilación el 21 de enero de 2009; cumpliendo el 25 de julio de 2015, (fecha de entrada en vigor del acto legislativo No 01 de 2005, ya había cotizado más de 750 semanas).
Que el 8 de noviembre de 2013, elevó petición ante la entidad de previsión social solicitando el reconocimiento de su pensión bajo el régimen especial del Decreto 546 de 1971.
Por resolución GNR 288353 de agosto de 2014 se le reconoció el derecho pensional conforme a la norma invocada, y teniendo como base de liquidación los factores salariales establecidos en los Decretos 717 de 1978 y 1045 de 1978. Acto administrativo frente al cual interpuso los recursos de reposición y apelación, por haberse omitido incluir todos los factores salariales devengados como Magistrada de Tribunal.
Por resolución GNR 5189 de enero de 2015, Colpensiones modificó la resolución recurrida aumentado la cuantía de la mesada pensional. No obstante, suspendió el pago hasta que la actora acreditara el retiro del servicio público.
Se retiró del servicio el 1 de junio de 2015, razón por la cual solicitó a la entidad su inclusión en nómina, quien mediante resolución GNR 295523 de septiembre de 2015 suspendió el pago de la mesada pensional reconocida y solicitó a la demandante el consentimiento para revocar la resolución 5188 de 2015.
Con la resolución VPB 72787 de diciembre de 2015, la entidad pensional resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior determinación ordenando la inclusión en nómina de la actora con el mismo valor de la mesada pensional a partir del 1 de diciembre de 2015, desconociendo que desde el 1 de junio de 2015 la actora se había retirado del servicio.
En diciembre de 2015, se canceló a la accionante como mesada pensional la suma de $11.550.000, siendo que lo que correspondía era $18.527.904; por lo que, el 12 de mayo de 2016 elevó petición a la entidad accionada para que le reliquidara la prestación, y adicionara la doceava parte de todos los factores salariales devengados durante el último año de prestación de servicios.
Petición que fue resuelta de manera negativa por resolución GNR 175929 de junio de 2016, negando la reliquidación pensional, decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición y apelación; siendo resueltos a través de la resolución 282787 de septiembre de 2016 y UPB 40605 de octubre de 2016, negativamente.
Relevó que, aun no se le ha cancelado la mesada adicional de diciembre de los años 2015 a 2016.

Normas violadas y concepto de violación

De la constitución política los artículos 13 y 83. Artículo 6 del Decreto 546 de 1971, y el canon 12 de Decreto 717 de 1978. Las sentencias C-258 de 2013, y SU 230 de 29 de abril de 2015.

Al explicar el concepto de violación la parte actora señaló que, los actos administrativos demandados fundamentan su decisión en las directrices adoptadas por Colpensiones a través de la circular interna No. 16 del 6 de agosto de 2015, que recoge las posturas jurisprudenciales de la Corte Constitucional expuestas mediante las sentencias C-258 de 7 de mayo de 2013 y SU-230 de 29 de abril de 2015, que han considerado que “para liquidar las pensiones cobijadas por regímenes especiales debe atender a los parámetros establecidos por la Ley 100 de 1993 y no las normas especiales”.
Contestación de la demanda

Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que se encuentra vigente la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU 429 de 2016, de las que se advierte que en virtud del principio del equilibrio del sistema y de los demás principios generales de la seguridad social, el régimen de transición solo contempla, respecto al régimen anterior, (la edad, tiempo de servicios, y el monto de la pensión), sin que se incluya la fórmula de calcular el IBL, ni la aplicación de disposiciones especiales, como la inclusión de la totalidad de los factores salariales.
Por consiguiente, el cálculo de la pensión debe hacerse con el valor de las cotizaciones efectivamente realizadas. Sumado a que, no es procedente el reconocimiento de la asignación más elevada, “pues lo aportado por la actora al sistema durante los 25 años que laboró al servicio de la Rama judicial lo hizo en condición de Juez municipal inferior a lo devengado en calidad de magistrada”; razón por la cual, no puede tenerse en cuenta la asignación más elevada (percibida como magistrada), por cuanto no representa lo efectivamente aportado al sistema de seguridad social.
Propuso las excepciones que denominó “inexistencia del derecho y la obligación”; “improcedencia de los intereses moratorios”; “improcedencia de la indexación”; “cobro de lo no debido”; “buena fe de Colpensiones”; “Prescripción”; y “Compensación o deducción de pagos realizados”.

Sentencia de primera instancia

El Tribunal de instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Precisó que, la sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, señala que el IBL en pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición, no corresponde al del régimen anterior; es decir, a la asignación más alta devengada en el último año dedicado a la actividad judicial, como reza en el artículo 6 del decreto 546 de 1979 (que fue el aplicado a la demandante en los actos de reconocimiento pensional), no es procedente la pretensión relacionada con la reliquidación de la prestación, toda vez que dicha postura no se acompasa con el nuevo criterio jurisprudencial fijado en punto a la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que la actora se retiró del servicio desde el 31 de mayo de 2015, su inclusión en nómina de pensionados debió efectuarse desde el 1 de junio de 2015; por lo que, es dable que se ordene el pago del retroactivo pensional causado entre el (1 de junio al 30 de noviembre de 2015), de conformidad con las reglas de unificación establecidas por el Consejo de Estado, en la sentencia CE- SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020.
Ello, con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, con los factores de salario sobre los que efectivamente haya efectuado las cotizaciones y que estén contenidos en el artículo (1 del Decreto 1158 de 1994; Ley 4 de 1992 en el artículo 14 con la modificación de la Ley 332 de 1996; en el artículo 1.º del Decreto 610 de 1998; artículo 1 del Decreto 1102 de 2012; artículo 1 Decreto 2460 de 2006; artículo 1 Decreto 3900 de 2008 y el artículo 1 Decreto 383 de 2013) y con la tasa de reemplazo del 75%; sumas que deberán ser indexadas conforme a lo dispuesto en el artículo 187 de la ley 1437 de 2011.
Por lo que, en caso de haberse pagado suma alguna por concepto de retroactivo pensional como consecuencia del acto administrativo de reconocimiento, se deberán hacer los descuentos y las compensaciones a que haya lugar, con el fin de que se paguen sólo las diferencias que surjan entre lo cancelado y el valor que resulte del cumplimiento de esta sentencia.
Por consiguiente, condenó a la entidad pensional a liquidar en la forma dispuesta en esta sentencia y pagar la mesada pensional adicional del año 2015 de manera proporcional a lo efectivamente devengado del (1 de junio al 31 de diciembre de 2015), la mesada pensional adicional del año 2015 suma que será actualizada con fundamento el inciso 4º del artículo 187 de la Ley 1437 del 2011.
Finalmente, en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago de los intereses de mora sobre el retroactivo, consideró que no son procedentes, comoquiera que es a partir de esta sentencia que se está reconociendo el derecho, y desde donde empiezan a correr los términos para su cumplimiento conforme lo previsto en la Ley 1437 de 2011.
Así mismo, porque la condena impuesta, comprende la indexación de todos los emolumentos concedidos, entre los que se encuentra el retroactivo pensional; por lo que, resulta improcedente el reconocimiento y pago de los intereses de mora cuando se ha concedido la indexación.
No condenó en costas a la parte vencida.

Recurso de apelación

Inconforme con la decisión del Tribunal, la parte actora solicita que se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia.

Pidió que, se revisé si hay lugar a aplicar la sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 con los efectos temporales que allí se indican, “pues (…) parten de una premisa carente de sustento que debe ser analizada a efectos de determinar si debe aplicarse o no al presente asunto, análisis que necesariamente debe llevar a la conclusión que no hay lugar a aplicar la sentencia de unificación, sino por el contrario reconocer el derecho pensional de la demandante tal y como fue solicitado en el escrito de demanda, esto es bajo el amparo íntegro del régimen especial en el Decreto 546 de 1971 y Decreto 717 de 1978, incluyendo todos los factores salariales devengados el último año de prestación de servicios”.
Así también, que se condene a la entidad demandada al pago de los intereses moratorios causados desde el 1 de junio de 2015, pues desde esa fecha se hizo efectivo el derecho pensional de la actora, en los términos del régimen especial consagrado en el Decreto Ley 546 de 1971.
Alegatos de conclusión

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

La parte demandada, insistió en lo aducido en la contestación de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si en los términos del recurso de apelación presentado por la parte accionante, es procedente revocar la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto se determinará (i) si es procedente ordenar la reliquidación de la pensión de Martha Cecilia Molano Murcia, de conformidad con lo normado en el Decreto 546 de 1971; (ii) si el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación incluye la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio; (iii) o, si, por el contrario, se rige por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, en la aplicación de la sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020; y (iv) si procede el reconocimiento de los intereses moratorios.

Para resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes temas (i) Sentencia de unificación del 11 de junio de 2020. Ingreso base de liquidación para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (Régimen especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público); (ii) Intereses moratorios; y (iii) caso concreto.

Sentencia de unificación del 11 de junio de 2020. Ingreso base de liquidación para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Régimen especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público.

La Sección Segunda de esta Corporación, en providencia del 11 de junio de 2020, fijó las reglas sobre el ingreso base de liquidación, en el régimen especial de jubilación de la Rama Judicial y el Ministerio Público, beneficiarios de transición normativa de la Ley 100 de 1993.

Así, el servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión, siempre que:

i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años si hombre, 35 años de edad si es mujer o; b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento la edad de 50 años si es mujer o 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

En cuyo caso, el reconocimiento de su pensión se efectuará de la siguiente manera:

iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público.

El fallo de unificación del 11 de junio de 2020 se remitió a las reglas y subreglas fijadas en la providencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que trató el ingreso base de liquidación para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que se pensionaron según la Ley 33 de 1985.

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

(…)

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho.

(…)
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual, en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos se debe limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afectan las finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema”.

Intereses moratorios

Con relación a los intereses moratorios debe decirse que la Ley 100 de 1993, en su artículo 141, establece que “A partir del 1 de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”; es decir, que su pago procede cuando se presente demora en la cancelación de la mesada pensional (luego de su reconocimiento). Como se dejó anotado, estos se causan cuando con posterioridad al reconocimiento pensional la entidad de previsión social incurre en mora en el pago de las mesadas pensionales.

Además, se precisa que el pago de los intereses moratorios no es compatible con el pago simultáneo de la indexación de las mesadas adeudadas, en consideración a que estas obedecen a la misma causa “cuál es la devaluación del dinero”, sin perjuicio de lo preceptuado en el inciso 3 del artículo 192 del CPACA.

Caso concreto

La demandante pidió que se ordene la reliquidación y pago de la pensión de jubilación en cuantía del 75% de la asignación más elevada percibida en el último año de prestación de servicios, conforme a los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, con la inclusión de todos los factores salariales.
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y precisó que la sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, señala que el IBL en pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición, no corresponde al del régimen anterior. Sin embargo, ordenó el pago del retroactivo pensional del (1 de junio al 30 de noviembre de 2015), y negó el reconocimiento de interés moratorios.

Inconforme la accionante pidió que se revisé si en el sub judice se debe aplicar la sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 con los efectos temporales que allí se indican, “pues (…) se debe reconocer el derecho pensional de la demandante tal y como fue solicitado en el escrito de demanda, esto es bajo el amparo íntegro del régimen especial en el Decreto 546 de 1971 y Decreto 717 de 1978, incluyendo todos los factores salariales devengados el último año de prestación de servicios”.
Visto lo anterior, la Sala resalta que en el sub judice no está en discusión que la accionante es beneficiaria del régimen de transición ni la aplicación de la normativa especial de la rama judicial (Decreto Ley 546 de 1971), cuyo artículo 6 dispone:

“ARTÍCULO 6o. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas”.

Precisado esto, se señala que la entidad de previsión social por Resolución GNR 288353 de 19 de agosto de 2014, reconoció el pago de la pensión de vejez a la actora, de conformidad con lo normado en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, incluyendo los factores salariales establecidos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en concordancia con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
Por Resolución GNR 5188 de 13 de enero de 2015, se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del acto administrativo anterior, y se modificó la cuantía de la prestación en la suma de $11.550.000, supedita al retiro del servicio.
Mediante Resolución GNR 295523 de 24 de septiembre de 2015, Colpensiones solicitó el consentimiento a la demandante para revocar la Resolución 5188 del 13 de enero de 2015, debido a que no se le reconoció la mesada pensional conforme al artículo 21 de la ley 100 de 1993, con fundamento en el cual arrojaría como liquidación pensional la suma de $5.621.882 y no $11.550.000 como se había dispuesto. Así mismo, se precisó que se mantendría la mesada reconocida por Resolución GNR 5188 del 13 de enero de 2015 en cuantía de $11.550.000 hasta que la beneficiaria allegara la autorización para revocar.
A través de la Resolución VPB 72787 de 1 de diciembre de 2015, la accionada resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior determinación, y ordenó la inclusión en nómina de la demandante desde el 1 de diciembre de 2015.
Por Resolución GNR 175929 de 17 de junio de 2016, se negó la petición de reliquidación pensional con base en los factores salariales devengados en el último año de prestación de servicios.
Mediante las Resoluciones GNR 282787 de 23 de septiembre y VPB 40605 de 27 de octubre de 2016, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra de la Resolución GNR 175929, respecto a la solicitud de reconocimiento de retroactivo pensional.
Para dar respuesta al problema jurídico planteado, la Subsección acudirá a la regla jurisprudencial fijada por la sentencia de unificación de la Sección Segunda del 11 de junio de 2020, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales. La misma Sección precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos “respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado”.

Se colige entonces que la accionante como beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993 preserva de su régimen anterior (Decreto 546 de 1971) los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto (tasa de reemplazo). Sin embargo, en cuanto al ingreso base de liquidación (periodo de liquidación) se aplican las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Y, los factores son los contemplados “en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas”.

Por lo tanto, Martha Liliana Molano Murcia no tiene derecho a la reliquidación de la mesada pensional con la asignación más elevada del último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales devengados en la medida que el IBL de la pensión de la demandante es el previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, ya que al 1 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones) le faltaban más de 10 años para adquirir su estatus pensional; y los factores para liquidar la pensión solo pueden ser sobre los que realizó las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en aplicación del inciso sexto del Acto Legislativo 01 de 2005. Acorde con el fallo de unificación del 11 de junio de 2020, la situación pensional de la demandante sería la siguiente:

Beneficio de la transición pensional (Artículo 36 de la Ley 100 de 1993)
Consolidación del Derecho (edad/50 años + tiempo de servicio o número de semanas cotizadas/20 años) Artículo 6 Decreto 546/71

Ingreso Base de Liquidación
(art. 21 de la Ley 100 de 1993/Decreto 1158 de 1994 y otras)

Tasa de reemplazo, Artículo 6 Decreto 546/74

Edad

Edad
Tiempo de servicio

Periodo

Factores

La accionante a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 a nivel nacional contaba con más de 35 años, pues nació el 21 de enero de 1959.

50 años

20 años

10 años
Decreto 1158 de 1994 y las demás normas que crearon factores salariales que hacen parte del IBC.

75%
La demandante adquirió el estatus pensional el 21 de enero de 2009, al acreditar 50 años.

En cuanto a los factores se observa:

Factores de salario - base de cotización – servidores públicos incorporados al sistema general de pensiones – Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables a la Rama Judicial
De lo devengado por la demandante del (09/2011 -07/2015).

Factores salariales incluidos en el IBL que sirvieron de base para liquidar la pensión de la demandante
-La asignación básica mensual
-La bonificación por servicios prestados
-La prima técnica, cuando sea factor de salario
-Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario
-La remuneración por trabajo dominical o festivo
-La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna
-Los gastos de representación
-Prima de servicios (Leyes 4 de 1992 y 332 de 1996)
-Bonificación por compensación
-Prima de productividad
-Bonificación por actividad judicial
-Bonificación judicial
-Asignación básica
-Prima especial
-Bonificación por gestión judicial
-Prima de vacaciones
-Prima de navidad
-Bonificación por servicios
-Bonificación por compensación
-Prima de servicios
-Decreto 717 de 1978 artículo 12 y Decreto 1045 de 1978 artículo 45.

Así las cosas, se observa que la entidad pensional efectuó la liquidación de la pensión de jubilación con un periodo y factores más benéficos para la demandante. En otras palabras, tuvo en cuenta emolumentos que no están enlistados en el Decreto 1158 de 1994. Criterio que no corresponde a la interpretación jurisprudencial actual sobre el IBL de los beneficiarios del régimen de transición.

Sumado a que, a la demandante le hacían falta más de 10 años para adquirir el estatus pensional desde la entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social en Pensional. De manera que, la prestación rogada debe liquidarse de conformidad con el el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, y el fallo de unificación del 11 de junio de 2020, con la inclusión de los factores salariales del Decreto 1158 de 1994 y normas complementarias.

Frente al motivo de disenso de la apelante, la Sala precisa que; si bien, los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en los cuales se precisó la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en particular, en lo que dice en relación con el ingreso base de liquidación pensional, fueron dictados con posterioridad a la providencia de primera instancia, la sala plena de esta Corporación advirtió que “(…) por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.

En tal sentido era procedente que en el sub examine el Tribunal diera aplicación a la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, pues debe acoger lo contemplado en el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 que reconoce el precedente judicial como una fuente de derecho. Luego, es de obligatorio cumplimiento que los jueces de la jurisdicción acaten de manera íntegra los precedentes que emanen de su órgano de cierre; dado que, es el encargado de trazar las líneas jurisprudenciales con la finalidad de orientar a las autoridades judiciales y administrativas en las directrices que, en aplicación del principio de igualdad deben seguirse para atribuir las mismas consecuencias jurídicas en los casos en los que se determinen supuestos fácticos similares y con ello, garantizar la seguridad jurídica, la confianza legítima y la economía procesal de los sujetos procesales.

Así también, respecto al reconocimiento de los intereses moratorios, se advierte que tal pretensión tampoco tiene vocación de amparo; dado que, es a partir de la presente sentencia que se está reconociendo el derecho, y desde donde empiezan a correr los términos para su cumplimiento conforme lo previsto en la Ley 1437 de 2011. Máxime que, la condena impuesta comprende la indexación de todos los emolumentos concedidos, entre los que se encuentra el retroactivo pensional; por lo que, resulta improcedente el reconocimiento y pago de los intereses de mora cuando se ha concedido la indexación; tal y como así lo relevó el Tribunal.
Condensando lo anterior, se concluye que la decisión del Tribunal fue acertada, pues se ajusta a los derroteros citados en la sentencia de unificación frente a la interpretación actual sobre el IBL de los beneficiarios del régimen de transición. En consecuencia, la sentencia apelada será confirmada.

Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida.

III. DECISIÓN

Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida el 12 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por Martha Cecilia Molano Murcia contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones -, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CARMELO PERDOMO CUÉTER Ausente con excusa (Firmada electrónicamente)

Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, proceso con radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017)
Folio 106 a 128
Folios 2 a 14
Folios 48 a 65
Folio 186 a 203
Folio 209 a 213
Folio 229
Samai índice 15 y 16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, proceso con radicado 15001233300020160063001 (4083-2017).
Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971.

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 6 de noviembre de 2020. Rad. 05001-23-33-000-2016-00460-01(4412-18). Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER.
“ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (…) Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código”.
La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: “[…] sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de  abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de determinadas condiciones […]”
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, proceso con radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017).
Le aplica el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 porque a la fecha de entrada en vigor del Sistema General de Pensiones le faltaban más de diez años para adquirir el derecho.
.
Según certificación expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja. Folio 125 y 126.
Folios 18 a 21
Folio 10
ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA. “Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas”.
Radicación 11001-03-25-000-2013-01733-00(4506-2013), de 10 de octubre de 2018. MP Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Interno: 0978-2021
Demandante: Martha Cecilia Molano Murcia
Demandado: Colpensiones

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