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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00845-01

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00845-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá. Tercero. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. Cuarto. RECONOCER personería adjetiva a las abogadas July Elizabeth Sarmiento Muñoz, como apoderada general, y Laira Fernanda Vega Rojas, como apoderada sustituta de Acerías Paz del Río S.A., de conformidad con la escritura pública visible en el índice 00079 de SAMAI–Tribunales y la sustitución de poder obrante en el índice 00022 de SAMAI–Principal. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2017-00845-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

31 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2017-00845-01 (2936-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Gustavo Lara Mesa
Vinculado: Acerías Paz del Río

Tema: Lesividad. Reconocimiento erróneo de una pensión sin
compartibilidad. Improcedencia de la devolución de las sumas
percibidas ante la falta de acreditación de la mala fe del
pensionado. CONFIRMA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco
(2025) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) instauró demanda
en contra del señor Gustavo Lara Mesa, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho (en modalidad lesividad) consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Solicitó que se declarare la nulidad de la Resolución GNR 66116 del 18 de abril
de 2013, mediante la cual reconoció al señor Gustavo Lara Mesa una pensión de
vejez sin considerar que esta tenía carácter compartido con la pensión convencional
reconocida por su empleador, Acerías Paz del Río S.A.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento, pidió que se
declarara la compartibilidad entre ambas prestaciones; que se ordenara al
demandado reintegrar la diferencia entre las sumas pagadas por concepto de
pensión de vejez y aquellas que efectivamente le correspondían, la devolución del

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retroactivo pensional que debía ser girado al antiguo empleador; y que se dispusiera
la devolución de los valores pagados en exceso por concepto de aportes al sistema
de salud.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

4. El señor Gustavo Lara Mesa nació el 27 de junio de 1952 y, mediante el Acta de
Conciliación n.º 458 del 22 de noviembre de 2007, comenzó a disfrutar de una
pensión de jubilación reconocida por su empleador, Acerías Paz del Río S.A., con
efectos a partir del 1.º de noviembre de 2007, por un valor inicial de $1.248.455.

5. Con ocasión de la solicitud de reconocimiento pensional presentada por el señor
Lara Mesa el 18 de julio de 2012, Colpensiones expidió la Resolución 66116 del 18
de abril de 2013, mediante la cual le reconoció una pensión de vejez con efectos a
partir del 27 de junio de 2012, en cuantía inicial de $1.479.827, calculada con una
tasa de reemplazo del 90 % y 1.895 semanas cotizadas, de conformidad con el
Decreto 758 de 1990. En dicho acto también se liquidó un retroactivo pensional por
valor de $16.619.839.

6. Posteriormente, como consecuencia de una solicitud de reliquidación presentada
el 5 de febrero de 2013, Colpensiones expidió la Resolución GNR 354149 del 9 de
octubre de 2014, mediante la cual reliquidó la prestación en la suma de $1.500.264,
con fundamento en 2.032 semanas cotizadas. En dicho acto administrativo precisó
que la pensión tenía carácter compartido y advirtió que existía autorización del
trabajador para girar el retroactivo a favor de Acerías Paz del Río S.A.; no obstante,
señaló que el retroactivo reconocido mediante la Resolución 66116 del 18 de abril
de 2013 había sido cobrado directamente por el señor Gustavo Lara Mesa, por lo
que ordenó a este su devolución.

7. La anterior decisión fue notificada el 1.º de diciembre de 2014 y contra ella el
interesado interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación.

8. Mediante la Resolución GNR 200380 del 6 de julio de 2015, Colpensiones
resolvió favorablemente el recurso de reposición y reliquidó la pensión de vejez
compartida en la suma de $1.500.345, con una tasa de reemplazo del 90 % y 2.039
semanas cotizadas y dispuso un pago de un retroactivo a favor de Acerías Paz del
Río S.A. por valor de $2.891. Posteriormente, mediante la Resolución VPB 12527
del 15 de marzo de 2016, decidió el recurso de apelación y confirmó en todas sus
partes la Resolución GNR 354149 del 9 de octubre de 2014.

9. El 19 de noviembre de 2015, Colpensiones solicitó al pensionado autorización
para revocar la Resolución 66116 del 18 de abril de 2013, al considerar que dicho
acto administrativo se encontraba incurso en la causal de revocatoria prevista en el
numeral 1.º del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

10. Como disposiciones vulneradas invocó los artículos 36 de la Ley 100 de 1993;
el Decreto 813 de 1994; el Decreto 758 de 1990 y el artículo 18 del Acuerdo 049 de
1990.

11. Expuso que la pensión reconocida al señor Lara Mesa tenía naturaleza
compartida y no compatible. Afirmó que, en la compartibilidad, el empleador
reconoce inicialmente la pensión de jubilación y continúa efectuando las
cotizaciones al sistema hasta que el trabajador cumple los requisitos para acceder
a la pensión de vejez a cargo de Colpensiones, momento en el cual esta asume el
pago de la prestación en los términos previstos por la ley y el empleador solo
conserva a su cargo, si existe, el mayor valor entre ambas mesadas.

12. Sostuvo que, mediante la Resolución 66116 del 18 de abril de 2013, el sistema
reconoció automáticamente la pensión de vejez bajo los parámetros del Decreto
758 de 1990, sin advertir que se trataba de una pensión compartida. Indicó que, por
un error involuntario derivado de la sistematización de la entidad, la prestación fue
tramitada como una pensión ordinaria, lo que dio lugar al reconocimiento de una
mesada superior a la legalmente procedente.

13. Que el ingreso base de liquidación fue calculado con fundamento en el promedio
correspondiente a la totalidad de las semanas cotizadas al momento del
reconocimiento, sin considerar la naturaleza compartida de la prestación,
circunstancia que alteró el monto de la pensión y ocasionó un detrimento al
patrimonio público.

14. Que solicitó el consentimiento expreso del pensionado para revocar el acto
administrativo, por cuanto el retroactivo pensional fue girado al asegurado cuando
debía ser reconocido a favor de Acerías Paz del Río S.A. sin que este haya dado
su autorización.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

15. La demanda fue admitida el 30 de mayo de 20181 y el 26 de junio de 20192 se
negó la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo acusado,
providencia que fue confirmada mediante auto del 27 de junio de 2024.

1 Véase folios 7 al 9 del archivo
«11_EXPEDIENTEDIGI_PRINCIPAL_PRINCIPALFLS39AL99pd_3_20240815143346062», el cual se
encuentra visible en el índice 00072 de SAMAI– Tribunales: 15001-23-33-000-2017-00845-00. De forma previa
a la admisión, mediante auto del 12 de noviembre de 2019 se declaró la falta de jurisdicción para conocer el
asunto y se remitió a los Juzgados Laborales del Circuito de Tunja; decisión contra la que se interpuso recurso
de reposición y en subsidio apelación, siendo confirmada en sede reposición por auto del 8 de octubre de 2020.
El Juzgado Tercero laboral de Tunja propuso el conflicto negativo de competencias, el cual fue dirimido por la
Corte Constitucional mediante auto del 25 de octubre de 20235, declarando que el Tribunal Administrativo de
Boyacá era la autoridad competente para conocer del proceso.
2 Véase folio 31-36 del archivo digital denominado

«8_EXPEDIENTEDIGI_PRINCIPAL_CUADERNOMEDIDACAUTEL_0_20240815143345218», ibid.

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16. El señor Gustavo Lara Mesa y la sociedad Acerías Paz del Río S.A., vinculada
al proceso como litisconsorte necesario mediante auto del 10 de mayo de 2019, no
contestaron la demanda.

17. Mediante auto del 26 de julio de 20243, se prescindió de la audiencia inicial, se
fijó el litigio, se decretaron las pruebas y, por último, se corrió traslado para alegar
para dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

18. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 29 de mayo de
20254, declaró la nulidad del acto y como restablecimiento ordenó a Colpensiones
expedir un acto administrativo complementario al reconocimiento pensional en el
que se indique la compartibilidad pensional entre la administradora del sistema de
pensiones y la Sociedad Acerías Paz del Río S.A.

19. A partir del análisis de las pruebas, la Sala concluyó que entre el 1.º de
noviembre de 2007 y el 26 de junio de 2012 el demandado percibió una pensión
convencional de jubilación a cargo de Acerías Paz del Río S.A. y que, desde el 27
de junio de 2012, comenzó a disfrutar de una pensión legal de vejez reconocida por
Colpensiones. Por consiguiente, se encontraba acreditada la coexistencia de ambas
prestaciones y, en consecuencia, la compartibilidad pensional prevista en el Decreto
758 de 1990.

20. No obstante, manifestó que, al expedir la Resolución GNR 66116 de 2013, la
entidad omitió consignar expresamente la naturaleza compartida de la prestación,
pese a que tal circunstancia estaba plenamente demostrada en el expediente
administrativo. Consideró que esta omisión desconoció el deber legal de la
administradora de verificar integralmente la historia laboral y pensional del afiliado
y de determinar correctamente las condiciones del derecho pensional reconocido.

21. Por esta razón, concluyó que el acto administrativo de reconocimiento estaba
afectado por un vicio de legalidad, en cuanto no se fundó plenamente en las normas
en que debía fundarse, particularmente aquellas relacionadas con la compartibilidad
pensional. En consecuencia, declaró la nulidad parcial del acto administrativo y
accedió a la pretensión dirigida a que Colpensiones expidiera un acto administrativo
complementario.

22. Negó las pretensiones orientadas a obtener la devolución de las sumas pagadas
por concepto de pensión de vejez al constatar que Colpensiones computó las
cotizaciones efectuadas entre el 24 de abril de 1972 y el 23 de junio de 2012,
equivalentes a 2.032 semanas, número que, a su juicio, superaba ampliamente las
1.250 semanas exigidas por el artículo 20 del Decreto 758 de 1990 para acceder a
una tasa máxima de reemplazo del 90 %, razón por la cual la prestación fue
correctamente liquidada y no existió un pago superior al legalmente debido.

3 Véase índice 00066 de SAMAI, ibid.
4 Véase índice 00091 de SAMAI, ibid.

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23. En cuanto al retroactivo pensional, encontró acreditado que el señor Lara Mesa
había autorizado de manera expresa e irrevocable que este fuera entregado a
Acerías Paz del Río S.A.; sin embargo, fue la propia entidad la que, por error,
dispuso su pago al pensionado en la Resolución GNR 66116 de 2013. En tales
condiciones, concluyó que el pago indebido era exclusivamente imputable a la
entidad administradora y no a una conducta fraudulenta o dolosa del demandado.

24. Con fundamento en la presunción de buena fe y en lo dispuesto por el artículo
167 del CPACA, sostuvo que no procedía ordenar la recuperación de sumas
pagadas a quien las recibió sin haber intervenido en el error de la administración.
Además, adujo que la controversia relativa al destino del retroactivo pensional ya
había sido analizada por esta Corporación en el expediente identificado con el
radicado núm. 15759-33-33-002-2018-00184-03, en la que se precisó que cualquier
discusión respecto de esos recursos debía ser ventilada exclusivamente entre la
sociedad Acerías Paz del Río S.A. y su extrabajador, dada la autorización otorgada
por este último, sin que Colpensiones pudiera reclamar directamente dichos valores.

25. Finalmente, desestimó la pretensión relacionada con la devolución de los
aportes efectuados al sistema de salud al no encontrar desarrollados los
fundamentos fácticos ni jurídicos que sustentaran dicha solicitud en la demanda y
que, en cualquier caso, al haberse demostrado que la pensión reconocida
correspondía exactamente al valor legalmente debido, no existían pagos excesivos
que justificaran ordenar el reintegro de suma alguna por este concepto.

RECURSO DE APELACIÓN

26. Colpensiones interpuso recurso de apelación5 exclusivamente contra la
decisión que negó las pretensiones de restablecimiento del derecho respecto de las
cuales el fallo de primera instancia no accedió, incluida la concerniente a la
devolución de las sumas pagadas al demandado con ocasión del reconocimiento
de la pensión de vejez sin tener en cuenta su carácter compartido6.

27. Sostuvo que la falta de restitución de dichos recursos afecta gravemente la
estabilidad financiera del sistema pensional, pues resulta contrario a los principios
de equidad y sostenibilidad que una persona conserve prestaciones económicas a
las que no tiene derecho máxime cuando, a su juicio, se demostró la mala fe del
demandado. En su criterio, ello configura un enriquecimiento sin causa en favor del
beneficiario y en detrimento del Sistema General de Seguridad Social.

28. Afirmó que debe ordenarse al demandado reintegrar la totalidad de las mesadas
o diferencias pensionales percibidas indebidamente desde el momento en que fue
incluido en la nómina de pensionados o, cuando menos, desde la fecha en que la

5 Véase archivo digital denominado «35_150012333000201700845002MemorialWeb2025613231629», ibid.

6 En el recurso se indicó expresamente: «(...) No concebimos acertada la decisión de acceder al resto de las
pretensiones, pues en lo que atañe con la prestación de restablecimiento del derecho (sic), que incluye la
devolución de sumas de dineros pagados a la parte demandada y sobre los cuales no tenía derecho a percibir
como quedo (sic) en evidencia en el presente proceso (...)».

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entidad le solicitó autorización para revocar el acto administrativo cuya legalidad se
cuestiona.

29. Señaló que la buena fe que ampara la actuación de la entidad se deriva del
ejercicio de sus funciones conforme a la Constitución, la ley y el precedente
jurisprudencial aplicable, en virtud de los cuales reconoce o niega prestaciones de
acuerdo con el ordenamiento jurídico. Agregó que la presunción de legalidad que
reviste los actos administrativos garantiza la seguridad jurídica de las decisiones
prestacionales y constituye, además, una manifestación del principio de buena fe
en la actuación de la entidad. Por ello, consideró que corresponde al demandado
desvirtuar tanto la presunción de legalidad del acto administrativo como la buena fe
que amparó la decisión adoptada por la administración.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

30. Mediante auto de 4 de noviembre de 20257 se admitió el recurso de apelación
y, una vez ejecutoriada dicha providencia, se ordenó el ingreso del expediente al
Despacho para proferir sentencia. Las partes guardaron silencio.

31. Al encontrarse el expediente al despacho para fallo, mediante auto del 4 de junio
de 20268 se advirtió que no habían sido remitidos los archivos correspondientes al
expediente administrativo. En consecuencia, se requirió al Tribunal Administrativo
de Boyacá para que los enviara, los cuales fueron allegados e incorporados al
expediente el 2 de julio de la presente anualidad9. Al día siguiente, se fijó el proceso
en lista y se corrió el traslado correspondiente10.

32. La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación rindió el Concepto
666-202511, en el que solicitó confirmar la decisión apelada. Señaló que no se
acreditó la existencia de sumas pagadas en exceso por concepto de la prestación
reconocida al señor Gustavo Lara Mesa, porque se encuentra demostrado que para
el reconocimiento pensional se tuvieron en cuenta más de 1.895 semanas de
cotización, cantidad que supera ampliamente el mínimo exigido por la normativa
aplicable. En consecuencia, concluyó que no existe fundamento para ordenar la
devolución de recursos por pagos indebidos, dado que la prestación fue reconocida
conforme a los requisitos legales.

33. Destacó que ni en la demanda ni en el recurso de apelación Colpensiones
precisó el monto de las sumas cuya restitución pretende, ni identificó con claridad
los conceptos o rubros respecto de los cuales se habría configurado un pago
excesivo. Por ello, indicó que el análisis debía centrarse en la legalidad del
reconocimiento pensional y en la correspondencia entre la cuantía de la prestación
y el tiempo efectivamente cotizado, aspectos respecto de los cuales se encuentra
acreditado que el demandado cumplió, e incluso superó, las exigencias previstas

7 Véase índice 00004 de SAMAI- Consejo de Estado.
8 Véase índice 00011 de SAMAI- Consejo de Estado.
9 Véase índice 00018 de SAMAI - Consejo de Estado.
10 Véase índices 00019 y 00020 de SAMAI- Consejo de Estado.
11 Véase índice 00008 de SAMAI- Consejo de Estado.

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para acceder a la pensión.

34. Consideró que no se demostró una actuación de mala fe por parte del
demandado en la obtención de la prestación. Por el contrario, advirtió que el
reconocimiento pensional obedeció a una decisión adoptada por la propia
administradora, razón por la cual resulta aplicable lo dispuesto en el literal c) del
numeral 1 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, según el cual no habrá lugar a
recuperar prestaciones pagadas a particulares que las hayan recibido de buena fe.

35. Que el señor Gustavo Lara Mesa se limitó a solicitar el reconocimiento de su
pensión, mientras que correspondía a la entidad verificar el cumplimiento de los
requisitos legales y definir adecuadamente las condiciones de la prestación, incluida
su eventual compartibilidad. En tal sentido, sostuvo que el error derivado de la
omisión de la entidad al momento de efectuar el reconocimiento no puede ser
invocado posteriormente para exigir la devolución de recursos a quien no desplegó
conductas fraudulentas, engañosas o deshonestas para acceder al derecho
pensional.

36. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

37. Corresponde a la Sala determinar si, pese a la nulidad parcial del acto de
reconocimiento pensional, procede ordenar al demandado la devolución de las
sumas cuya restitución reclama Colpensiones.

Sobre la compartibilidad pensional

38. El régimen de compartibilidad pensional fue previsto inicialmente en el artículo
5 del Decreto 2879 de 198512, conforme al cual los empleadores afiliados al ISS que
reconocieran pensiones de jubilación debían continuar efectuando las cotizaciones
por los riesgos de invalidez, vejez y muerte hasta que el trabajador reuniera los
requisitos para acceder a la pensión de vejez a cargo del Instituto. A partir de ese
momento, el ISS asumía el pago de la prestación y el empleador únicamente debía
cubrir el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión legal y la que venía
reconociendo.

39. Esta regulación fue reiterada por el artículo 18 del Decreto 758 de 1990 13, que
extendió dicha regla a las pensiones extralegales reconocidas en virtud de

12 Por el cual se aprobó el Acuerdo número 029 del 26 de septiembre de 1985, emanado del Consejo Nacional

de Seguros Sociales Obligatorios.
13 Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990, emanado del Consejo Nacional de

Seguros Sociales Obligatorios. «(…) Artículo 18. Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los patronos
registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones
de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas
a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta
cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en
este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor
valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado. [/]

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convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o por decisión voluntaria del
empleador, causadas a partir del 17 de octubre de 1985. La norma precisó, además,
que la compartibilidad solo se excluye cuando las partes hayan pactado
expresamente que la pensión convencional no será compartida con el ISS.

40. Esta Corporación ha sostenido14 que, una vez se reconoce la pensión de vejez,
pueden presentarse dos situaciones: (i) si la mesada reconocida por Colpensiones
es igual o superior a la pensión convencional, la entidad asume íntegramente el
pago de la prestación y el empleador queda relevado de cualquier obligación; y (ii)
si la pensión convencional supera la reconocida por Colpensiones, el empleador
únicamente debe asumir la diferencia entre ambas.

41. Ahora bien, en cuanto a la liquidación de la pensión de vejez bajo el régimen
del Decreto 758 de 1990, el artículo 1315 dispone que esta se reconoce a solicitud
del interesado, una vez acreditados los requisitos legales, y que para su liquidación
debe tenerse en cuenta la última semana efectivamente cotizada por el riesgo de
vejez.

Sobre la devolución de mesadas percibidas

42. Según lo prescribe el numeral 1, literal c) del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, disposición que
reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, «no habrá lugar a
recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe».

43. Al respecto, esta Sección16 ha sostenido de manera pacífica que, cuando
prestaciones periódicas como la pensión han sido percibidas por el beneficiario
como consecuencia de un error atribuible a la administración, no hay lugar a ordenar
la devolución de las sumas recibidas. En particular, la jurisprudencia ha señalado lo
siguiente:

«(…) La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el
derecho al reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada
pensional a partir del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos
diez mil novecientos cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto
colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos
reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales (…)». Cfr. Corte Constitucional.
Sentencia SU-542 de 2016.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 16 de septiembre de 2021. Exp. 05001

2333 000 2017 02855 01 (6384-2019). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15 «(…) Artículo 13. Causación y disfrute de la pensión por vejez. La pensión de vejez se reconocerá a solicitud

de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su
desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en
cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo (…)».
16 Véase también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 1 de septiembre de 2014. Exp. 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). CP. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia de 21 de junio de 2007. Exp. 25000-23-25-000-2004-03752-01 (0950-2006). CP.
William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 6 de marzo de 2008. Exp. 68001-23-15-000-2001-03370-01 (0488-07). CP.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 17 de noviembre de 2016. Exp. 13001-23-33-000-2013-00149-01 (2677-
2015). CP. Cesar Palomino Cortes.

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($610.959,91) cuando por este concepto le correspondía solamente la suma de
quinientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta
y cuatro centavos ($565.965,64).

Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir
del 1º de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo
143 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para
pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación
pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los
pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron
recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la
legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la
administración no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe
de la demandante en la obtención de los reajustes pagados (…)»17. (Negrita
para resaltar)

44. Del extracto expuesto se desprende que la buena fe se presume y, por tanto,
corresponde a la entidad que pretende el reintegro de las sumas pagadas
desvirtuarla mediante la acreditación de conductas dolosas, fraudulentas o
malintencionadas. En ese sentido, en los eventos en los que por un error de la
administración se reconoce la pensión a quien no reúne los requisitos, no puede
con posterioridad alegar a su favor su propia culpa, a fin de recuperar un dinero que
fue recibido por una persona sin ningún tipo de dolo o actuación malintencionada18.

45. Ahora bien, ello no significa que la devolución de sumas resulte improcedente
en todos los casos. Por el contrario, cuando existan elementos que permitan concluir
que el reconocimiento irregular no obedeció exclusivamente a un error de la
administración corresponderá al juez analizar las circunstancias particulares del
asunto para determinar si procede ordenar el reintegro de los valores percibidos.

46. En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos lineamientos.

Caso concreto

47. No existe controversia en cuanto a que el señor Gustavo Lara Mesa laboró para
Acerías Paz del Río S.A. desde el 24 de abril de 1972 hasta el 31 de octubre de
2007 y que, mediante el Acta de Conciliación n.º 458 del 22 de noviembre de 2007,
la empresa le reconoció una pensión de jubilación extralegal, de carácter
compartido, con efectos a partir del 1.º de noviembre de 2007, en cuantía inicial de
$1.248.45519.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de

17 de mayo de 2007. Exp. 25000-23-25-000-1999-05334-01 (3287-05) CP. Alejandro Ordóñez Maldonado.
18 En este sentido, se pronunció la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del 17 de noviembre

de 2016, interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.
19 El carácter compartido de la prestación se desprende del Acta de Conciliación n.º 458 de 2007 y de la cláusula

71 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para ese año, conforme a la cual la empresa continuaría
cotizando al ISS hasta el reconocimiento de la pensión de vejez y, a partir de ese momento, únicamente asumiría
el mayor valor, si existía diferencia entre la pensión convencional y la reconocida por el Instituto. Tal
circunstancia fue tenida por acreditada por el Tribunal, no fue cuestionada en la apelación y fue expresamente
ratificada por Acerías Paz del Río S.A. en los alegatos de conclusión de primera instancia.

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48. A partir de este supuesto, la Sala abordará el estudio del recurso de apelación
en dos aspectos. En primer lugar, verificará si el reconocimiento de la pensión de
vejez mediante la Resolución 66116 del 18 de abril de 2013, sin hacer referencia
expresa al carácter compartido de la prestación, dio lugar al pago de una mesada
superior a la legalmente debida y, por ende, a la existencia de diferencias a cargo
del demandado que se alega. En segundo término, examinará si se acreditó la mala
fe del beneficiario, presupuesto indispensable para ordenar la devolución de las
sumas cuya restitución reclama Colpensiones.

49. Para resolver el primer reparo de la apelación, la Sala examinará los
documentos que integran el expediente administrativo, en cuanto permiten
establecer el conocimiento que tenía Colpensiones sobre el carácter compartido de
la pensión al momento de reconocer la prestación de vejez.

50. Del expediente administrativo se desprende que, al solicitar el reconocimiento
de la pensión de vejez el 18 de julio de 2012, el señor Gustavo Lara Mesa informó20
expresamente que desde el 1.º de noviembre de 2007 disfrutaba de una pensión de
jubilación reconocida por Acerías Paz del Río S.A., identificó a dicha sociedad como
su antiguo empleador y reportó el valor aproximado de la prestación.

51. Además, al momento de decidir la solicitud, Colpensiones contaba, entre otros,
con los siguientes documentos:

• Oficio 93-16138 del 9 de julio de 2012, mediante el cual Acerías Paz del Río S.A.
solicitó al ISS que el retroactivo de la pensión fuera girado directamente a su favor21.
• Requerimiento efectuado por el ISS para que se allegaran el contrato de trabajo,
la liquidación definitiva de prestaciones sociales y el acto de reconocimiento de la
pensión, con el propósito de establecer si esta tenía carácter compartido 22.
• Copia del contrato de trabajo celebrado con Acerías Paz del Río S.A.
• Comunicación n.º 0373 del 30 de diciembre de 2007, mediante la cual la empresa
informó al demandado el reconocimiento de la pensión de jubilación a partir del 1.º
de noviembre de 2007, en cuantía equivalente al 75 % del salario promedio del
último año de servicios23.
• Autorización autenticada el 12 de julio de 2012, mediante la cual el señor Lara
Mesa facultó al ISS para girar a favor de Acerías Paz del Río S.A. la totalidad del
retroactivo que llegara a reconocerse por concepto de pensión de vejez24.

52. Como el recurso de apelación insiste en el reproche formulado desde la
demanda, relativo a la devolución de las diferencias pensionales percibidas por el
demandado, es preciso recordar que Colpensiones atribuyó la ilegalidad de la
Resolución 66116 del 18 de abril de 2013 a que la pensión de vejez fue reconocida
como una prestación ordinaria y no como compartida. A su juicio, ese error condujo

20 Archivo denominado «CC-6754799_Exp Completo_1, folio 1» visible en el índice 00018 de SAMAI.
21 Folio 13, ibid.
22 En Dicho documento se observa: «con el fin de establecer si la pensión concedida a GUSTAVO LARA MESA

(…) Tiene carácter de compartida (…) 1. Pensión otorgada mediante (…) Acuerdo Conciliación numero 0373
fecha 30-12-2007 (…)»
23 Folio 29, ibid.
24 Folio 31, ibid.

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a liquidarla en una cuantía superior a la legalmente debida, pues el ingreso base de
liquidación debía calcularse únicamente con las cotizaciones efectuadas hasta el
momento en que el afiliado cumplió los requisitos para acceder a la pensión de
vejez.

53. No obstante, la Sala no comparte el planteamiento de la entidad pues, como se
expuso, conforme al artículo 13 del Decreto 758 de 1990, para la liquidación de la
pensión de vejez deben tenerse en cuenta las cotizaciones efectuadas hasta la
última semana efectivamente cotizada25.

54. En ese sentido, se observa que Colpensiones para el reconocimiento pensional
tuvo en cuenta las cotizaciones realizadas entre el 24 de abril de 1972 y el 23 de
junio de 2012, fecha correspondiente a la última cotización registrada 26, para un
total de 1.895 semanas, número que superaba ampliamente las 1.250 semanas
exigidas por el artículo 20 del Decreto 758 de 1990 para acceder a la tasa máxima
de reemplazo del 90%, como acertadamente lo concluyó el Tribunal.

55. En esas condiciones, no se advierte que la entidad hubiera liquidado la
prestación con desconocimiento de las reglas previstas en el Decreto 758 de 1990
para determinar el ingreso base de liquidación o la tasa de reemplazo. La
circunstancia de que la pensión convencional tuviera carácter compartido no
modificaba esos parámetros de liquidación.

56. Por el contrario, la compartibilidad en este caso determina la forma en que se
distribuiría la obligación de pago entre el sistema pensional y el empleador. Así, de
conformidad con el artículo 18 del Decreto 758 de 1990 y con la cláusula
convencional que reguló la pensión extralegal reconocida por Acerías Paz del Río
S.A., una vez el ISS —hoy Colpensiones— reconoce la pensión de vejez, el
empleador solo continúa obligado a asumir el mayor valor, si existe diferencia entre
la prestación legal y la convencional.

57. En esas condiciones, el carácter compartido de la pensión convencional no
genera, por sí solo, un derecho a favor de Colpensiones para obtener la devolución
de las sumas pagadas al demandado. La concurrencia del empleador no modifica
la obligación que corresponde a Colpensiones en el reconocimiento y pago de la

25 Sobre este punto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, precisó que no es jurídicamente procedente

limitar la liquidación de la pensión de vejez a la fecha en que se adquiere el derecho pensional, pues ello
restringe la posibilidad del afiliado de incrementar el monto de la prestación con las cotizaciones efectuadas con
posterioridad. Explicó que «(…) más aún bajo el amparo del Decreto 758 de 1990, que, para definir la tasa de
reemplazo, en el artículo 20, fijó una tabla en la que el número de semanas resulta ser directamente proporcional
al monto de la asignación (…) En tal sentido, la ley no contiene disposiciones especiales para las pensiones
compartidas en relación con las semanas a tener en cuenta para la liquidación de la pensión, es decir que en
la norma aplicable al presente asunto [D.758/1990] no existen apartes que señalen que la liquidación de la
señora ... deba obedecer solo hasta la semana de adquisición del derecho pensional, sino que, por el contrario,
indica que debe liquidarse con base en hasta la última semana cotizada (…)». Véase: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2022. Exp. 08001-23-33-000 2017-01106-01
(5326-19). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
26 Véase folio 12 del archivo denominado «HL-2013_2162449-1368745511791», ibid., en el cual reposa el

reporte de semanas cotizadas en el periodo enero 1967- julio 2013 y actualizado a 15 de julio de 2013 expedido
por Colpensiones. Con base en ese documento, está acreditado que para el período correspondiente a junio de
2012 se efectuaron cotizaciones hasta el 23 de junio de ese año, fecha en la que se registró la novedad de retiro
del afiliado, equivalente a 23 días cotizados, como allí se indica.

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pensión de vejez, ni desvirtúa la legalidad de la liquidación efectuada conforme a
las reglas del Decreto 758 de 1990, razón por la cual no existe fundamento para
ordenar la devolución de las diferencias pensionales reclamadas.

58. En el mismo sentido, no es procede ordenar la devolución de las sumas
descontadas por concepto de aportes al sistema de salud, toda vez que dicha
pretensión dependía de la prosperidad del cargo relativo a la indebida liquidación
de la pensión de vejez, el cual, como quedó expuesto, no está llamado a prosperar.
En consecuencia, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal sobre este
aspecto.

59. Por otro lado, para la Subsección tampoco está llamado a prosperar el reproche
relativo a la presunta acreditación de la mala fe del demandado.

60. La entidad apelante sostiene que el señor Gustavo Lara Mesa debe reintegrar
las sumas percibidas, por cuanto la actuación de Colpensiones se encuentra
amparada por la presunción de legalidad de sus actos administrativos y por el
principio de buena fe que rige la función administrativa. A partir de ello, afirma que
correspondía al demandado desvirtuar tales presunciones.

61. Como se indicó en el acápite precedente, la jurisprudencia de esta Corporación
ha sostenido de manera reiterada que la devolución de las sumas percibidas por
concepto de prestaciones periódicas únicamente procede cuando se acredita la
mala fe del beneficiario, esto es, cuando se demuestra que desplegó conductas
dolosas o fraudulentas encaminadas a obtener un reconocimiento prestacional al
que no tenía derecho. En consecuencia, no basta con afirmar la existencia de una
irregularidad en el reconocimiento de la prestación ni invocar la presunción de
legalidad que ampara los actos administrativos, pues la carga de acreditar la mala
fe recae sobre quien pretende la restitución de las sumas pagadas.

62. Para la Sala, Colpensiones no aportó elemento probatorio alguno que permita
concluir que el demandado suministró información falsa, ocultó circunstancias
relevantes o indujo en error a la administración para obtener el reconocimiento de
la pensión. Por el contrario, del expediente administrativo se desprende que el señor
Gustavo Lara Mesa informó que disfrutaba de una pensión de jubilación reconocida
por Acerías Paz del Río S.A.; además, en dicho trámite reposaban los documentos
que acreditaban el carácter compartido de esa prestación y la autorización para que
el retroactivo de la pensión de vejez fuera girado a favor de su antiguo empleador.
En consecuencia, la información necesaria para adoptar la decisión administrativa
era conocida por Colpensiones.

63. De hecho, fue la propia entidad la que, al promover la lesividad, reconoció que
la irregularidad obedeció a un «error involuntario» derivado de la sistematización de
la entidad, pues la prestación fue tramitada como una pensión ordinaria «sin tener
en cuenta que se trataba de una pensión de carácter compartido». Tal circunstancia
excluye la posibilidad de atribuir el yerro a una actuación del demandado y evidencia
que la irregularidad obedeció a una actuación imputable exclusivamente a la

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administración.

64. Tampoco puede constituirse en un indicio de mala fe el hecho de que el
demandado no hubiera otorgado su consentimiento para la revocatoria directa del
acto de reconocimiento pensional. El ordenamiento jurídico exige dicho
consentimiento precisamente para proteger la estabilidad de las situaciones
jurídicas particulares y concretas, de manera que su negativa constituye el ejercicio
legítimo de un derecho y no una conducta fraudulenta.

65. De este modo, para la Sala, las sumas percibidas por el demandado tuvieron
como fundamento un acto administrativo amparado por la presunción de legalidad,
cuyos efectos se mantuvieron hasta la presente decisión. En consecuencia, al no
haberse desvirtuado la presunción de buena fe que ampara al beneficiario ni
acreditado que hubiera actuado con dolo, fraude o maniobras dirigidas a obtener
indebidamente la prestación, no hay lugar a ordenar la devolución de las sumas
reclamadas por Colpensiones.

De la condena en costas

66. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

69. En consecuencia, se impondrá costas, en esta instancia, a la parte demandante,
por cuanto se niegan las pretensiones del recurso de apelación y se confirma la
sentencia apelada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Boyacá.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de mayo de dos
mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.

Tercero. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

Cuarto. RECONOCER personería adjetiva a las abogadas July Elizabeth Sarmiento
Muñoz, como apoderada general, y Laira Fernanda Vega Rojas, como apoderada
sustituta de Acerías Paz del Río S.A., de conformidad con la escritura pública visible
en el índice 00079 de SAMAI–Tribunales y la sustitución de poder obrante en el
índice 00022 de SAMAI–Principal.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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