Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00857-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00857-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2017-00857-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2017-00857-02 (1878-2022)
Demandante: Néstor Miguel Argumedo Madrid
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía
Vinculada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ─CREMIL─
Tema: Marco normativo aplicable a la disminución de la capacidad
psicofísica y laboral del personal de la fuerza pública.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Néstor Miguel Argumedo Madrid instauró demanda contra la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Ejercito Nacional y Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Acta Nro. 83936 del 15 de diciembre de 2015, por
medio de la cual la Junta Médica Laboral determinó que presentaba una pérdida de
la capacidad laboral del 49%; y del Acta Nro. M16-433 MDNSG-TML41.1 del 4 de
agosto de 2016, mediante la cual el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía concluyó que la pérdida de la capacidad laboral correspondía al 10.50%.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reconozca y pague las
«prestaciones sociales e indemnización para la pensión de sobrevivientes» (sic),
junto con los intereses moratorios sobre los dineros provenientes del
reconocimiento a partir de la ejecutoria de la sentencia.
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4. Que se califique su patología con un índice de lesión de 21 puntos, así como con
una disminución de la capacidad laboral del 100% y, en consecuencia, se ordene el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
5. Además, que se le pague la suma de 150 salarios mínimos legales mensuales
vigentes por el reajuste de la indemnización y por el tiempo que dejó de percibir la
pensión, teniendo en consideración que no hubo solución de continuidad en los
servicios prestados en la entidad.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que ingresó al Ejército Nacional a prestar el servicio militar obligatorio, pero fue
retirado de la institución luego de presentar una incapacidad parcial.
7. Señaló que, al ser calificado por las autoridades médico-laborales, se concluyó
que presentaba una disminución de la capacidad laboral del 10.50%, razón por la
que no podía reconocérsele la pensión de invalidez.
NORMAS VIOLADAS
8. Se indicaron como violados los artículos 1, 2, 25, 53 y 83 de la Constitución
Política; los artículos 8 y 12 de la Ley 74 de 1968; la Ley 16 de 1972; la Ley 10 de
1990; los artículos 84, 85, 136, 137, 138, 139 y 206 del Código Contencioso
Administrativo; y el Decreto 94 de 1989.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
9. El 16 de mayo de 2018 se admitió la demanda y se dispuso la vinculación de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ─CREMIL─1.
10. CREMIL argumentó que el demandante no es beneficiario de ninguna de las
prestaciones que esa caja reconoce. Propuso, como excepción, la de falta de
legitimación en la causa por pasiva, en especial, porque los actos demandados no
fueron proferidos por esa entidad2.
11. El Ejército Nacional se opuso a las pretensiones, bajo el argumento de que no
vulneró ni amenazó ningún derecho del demandante, en la medida que la valoración
médica que se le practicó fue realizada por las autoridades facultadas para
determinar cuándo una persona es apta o no para prestar su servicio en la fuerza
pública, así como cuándo procede o no la reubicación laboral. Que el demandante
no expresó ningún fundamento de derecho que la entidad hubiese incumplido, de
modo que pudiera declararse la prosperidad de sus pretensiones3.
1 Véase a folios 89-90.
2 Véase a folios 97-99.
3 Véase a folios 111-116.
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12. El 24 de abril de 2019 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas4. Se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
13. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del nueve (9) de
febrero de dos mil veintidós (2022), negó las pretensiones. Concluyó que el
demandante no logró demostrar el vicio que pudo afectar los actos administrativos
enjuiciados y que, específicamente, no probó que el porcentaje de disminución
laboral fuera superior al señalado en las actas de evaluación acusadas.
14. Que si bien el demandante padece de epilepsia y de síndromes epilépticos
idiopáticos generalizados, lo cierto es que su condición fue puesta en consideración
de los organismos y autoridades médico-laborales, quienes elaboraron un dictamen
motivado con sustento probatorio fundado en el diagnóstico integral de su estado
de salud, en el que manifestaron las razones que justifican en forma técnico-
científica su decisión.
15. Que si bien se adujo una pérdida de la capacidad laboral corresponde al 100%,
no se allegó medio de convicción técnico o científico que soportara lo dicho, razón
por la que era claro que no demostró que el porcentaje de disminución de su
capacidad laboral fuese superior al señalado en las actas respectivas 5.
RECURSO DE APELACIÓN
16. El demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que los
organismos médico-laborales lo calificaron y evaluaron injustamente, porque no
tuvieron en cuenta su realidad médica, la cual reporta que su porcentaje de pérdida
de la capacidad laboral es mayor a la dictaminada, lo cual lo hace beneficiario de la
pensión de invalidez. Que las actas demandadas están viciadas por falta de
motivación, ante la imposibilidad de demostrar el incremento del porcentaje en la
valoración de la disminución de la capacidad laboral6.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
17. El 16 de mayo de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría al Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados, salvo que las partes presentaran solicitud probatoria7.
18. Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió
concepto.
19. Por auto del 7 de septiembre de 2023, se decretó como prueba de oficio la
práctica de un dictamen pericial al demandante, por parte de la Junta Regional de
4 Véase a folios 178-180.
5 Véase a folios 245-258.
6 Véase a folios 265-267.
7 Véase a índice 9 de SAMAI.
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Calificación de Invalidez de Bolívar8.
20. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar rindió el Dictamen Nro.
04202500931 del 25 de abril de 2025, en el que determinó que el demandante
presentaba una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 11.06%9.
21. El 18 de febrero de 2026 y el 25 de marzo de 2026 se celebró audiencia que
tenía como finalidad la sustentación y contradicción del dictamen decretado de
oficio. Sin embargo, no asistieron los peritos que suscribieron la valoración realizada
al demandante.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
22. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si los actos administrativos
demandados están viciados de nulidad por falta de motivación o si se expidieron
conforme con la normativa que establece los índices lesionales, de acuerdo con la
situación física y psicológica del demandante.
Marco normativo aplicable a la disminución de la capacidad psicofísica y
laboral del personal de la fuerza pública
23. El Decreto 1796 de 2000 estableció, como organismos médico-laborales, a la
Junta Médico-Laboral Militar o de Policía y al Tribunal Médico-Laboral, para lo cual
dispuso lo siguiente:
«ARTICULO 15. JUNTA MÉDICO-LABORAL MILITAR O DE POLICÍA. Sus
funciones son en primera instancia:
1 Valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones
diagnosticadas.
2 Clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo
recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite.
3 Determinar la disminución de la capacidad psicofísica.
4 Calificar la enfermedad según sea profesional o común.
5 Registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe Administrativo
por Lesiones.
6 Fijar los correspondientes índices de lesión si hubiere lugar a ello.
7 Las demás que le sean asignadas por Ley o reglamento.
[…]
ARTICULO 21. TRIBUNAL MÉDICO-LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE
POLICÍA. El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía conocerá
8 Véase a índice 38 de SAMAI.
9 Véase a índice 101 de SAMAI.
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en última instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las
Juntas Médico-Laborales y en consecuencia podrá ratificar, modificar o revocar
tales decisiones. Así mismo, conocerá en única instancia la revisión de la
pensión por solicitud del pensionado.
PARÁGRAFO 1. El Gobierno Nacional determinará la conformación, requisitos
de los miembros, funciones, procedimientos y demás aspectos relacionados
con el Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía.
PARÁGRAFO 2. Las normas correspondientes al funcionamiento del Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía contenidas en el decreto 094 de
1989, continuarán vigentes hasta tanto se adopte la correspondiente
normatividad por parte del Gobierno Nacional» (subrayas fuera de texto).
24. El Decreto 94 de 1989, en su Título Noveno, reguló la clasificación de las
lesiones o afecciones que originan incapacidad, las agrupó en 10 categorías y
determinó que la incapacidad sería medida, según su intensidad, en tres grados, a
saber: mínimo ─cuando se tiene una incapacidad permanente parcial en su forma
más leve o estado primario─; medio ─estado intermedio de gravedad por sus
condiciones definitivas─; y máximo ─mayor incapacidad definitiva que puede dejar
determinada lesión o afección─. Igualmente, atendiendo al grado otorgado, a cada
patología se le asigna un índice lesional definido por la norma en mención.
25. Ahora, en lo referente al marco normativo aplicable a la pensión de invalidez,
se tiene que la Ley 923 de 2004 previó los elementos mínimos que tendría que
considerar el Gobierno nacional cuando reglamentara la materia, estableciendo lo
siguiente:
«ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. El régimen de asignación de retiro,
la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
[…]
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será
fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral
del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico-
Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes,
teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que
originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá
establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la
capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión
en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas
computables para la asignación de retiro.
Podrá disponerse la reubicación laboral de los miembros de la Fuerza Pública
a quienes se les determine de conformidad con el estatuto de la capacidad
sicofísica, incapacidades e invalideces, una disminución de la capacidad laboral
que previo concepto de los organismos médico-laborales militares y de policía
así la ameriten, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar. […]».
26. Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la anterior ley, se
expidió el Decreto 4433 de 2004 que, sobre el reconocimiento y liquidación de la
pensión de invalidez, estableció:
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«Artículo 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y
personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las
Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo,
Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio
de la Policía Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral
igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista
la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que
será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas
computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto:
30.1 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) e inferior al
ochenta y cinco por ciento (85%).
30.2 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) e inferior al
noventa y cinco por ciento (95%).
30.3 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por
ciento (95%)».
27. No obstante, en sentencia del 28 de febrero de 2013, dentro del proceso con
radicado 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238–2007), la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró la nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y
cinco por ciento (75%)» contenida en la anterior norma pues, con base en lo
regulado en el numeral 3.5 del artículo 3° de la Ley 923 de 2004, se concluyó que
el Gobierno nacional excedió la competencia que le fue otorgada para regular la
materia, al fijar un parámetro distinto del 50%. Posteriormente, en fallo del 23 de
octubre de 2014, en el proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00077-01
(1551-2007), esta Sección precisó el alcance de aquella sentencia y declaró la
nulidad de todo el articulado.
28. Ante la ausencia de reglamentación en la materia que resultó de estos
pronunciamientos, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1157 de 2014, que
dispuso lo siguiente:
«Artículo 2°. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico-Laboral de
Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos médico-laborales
militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales, Suboficiales,
Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio
militar obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros
del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio
militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la capacidad
laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista
la incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que
será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas
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computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004
y 1858 de 2012, así:
2.1. El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y
cinco por ciento (75%).
2.2. El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al
ochenta y cinco por ciento (85%).
2.3. El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al
noventa y cinco por ciento (95%).
2.4. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por
ciento (95%)».
29. De acuerdo con lo anterior, el precepto llamado a reglar el estudio del
reconocimiento de la pensión de invalidez del demandante es el contenido en el
numeral 3.5, del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, que dispone que el derecho a la
pensión de invalidez de los miembros de la fuerza pública surge cuando se presenta
una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, en hechos ocurridos
durante el servicio.
Resolución del caso concreto
30. Se tiene que mediante Acta Nro. 83936 del 15 de diciembre de 2015, la Junta
Médica Laboral determinó que el demandante presentaba una incapacidad
permanente parcial y una disminución de su capacidad laboral del 49%, para lo cual
se tuvieron en cuenta los siguientes antecedentes médicos: epilepsia parcial10.
31. El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, a través del Acta
Nro. M16-433 MDNSG-TML41.1 del 4 de agosto de 2016, concluyó que el
accionante presentaba una disminución de la capacidad laboral del 10.50% 11. La
reducción del porcentaje del índice de capacidad laboral, en relación con la
evaluación que había practicado la Junta Médica Laboral, se sustentó de la
siguiente manera:
«[…] 1. Que el calificado presenta síndrome convulsivo tipo epilepsia el cual se
encuentra controlado con un solo tipo de medicamento (Fenobarbital), no con
múltiples fármacos; además no presenta cicatrices traumáticas producto de
convulsiones no controladas, y de acuerdo a la evaluación por el especialista
en Neurología, encuentra un paciente en buenas condiciones, estado actual sin
déficit motor y con pronóstico bueno para la vida, por lo que se decide modificar
lo asignado en la Primera Instancia a grado mínimo, ajustado a la clínica que
en el momento presenta el calificado y ajustado a la normatividad. [….]».
32. En el curso de la segunda instancia, se decretó un dictamen para que fuera
practicado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, el cual
concluyó que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral correspondía al 11.06%.
10 Véase a folios 7-8.
11 Véase a folios 9-11.
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En esa valoración se tuvo en cuenta los siguientes antecedentes médicos: epilepsia,
tipo no especificado; y episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos.
33. A pesar de que en dos oportunidades se citó a la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Bolívar para que sustentara el dictamen practicado al demandante,
lo cierto es que los peritos no asistieron a las diligencias, razón por la que esa
valoración no tiene valor probatorio pues, de conformidad con el artículo 228 de la
Ley 1564 de 2012, si el perito citado no asiste a la audiencia, la consecuencia legal
es que el dictamen no tiene valor.
34. En ese orden, el único dictamen que puede valorarse y que determina el
porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del accionante es el del Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, del que se presume su legitimidad
y veracidad al certificar que la disminución de la capacidad laboral correspondía al
10.50%, pues en el acta se dejó constancia de los exámenes físicos que se le
practicaron ─por lo que dicha valoración estuvo debidamente motivada─, así como
la explicación y justificación de los diagnósticos clínicos de carácter técnico
científico, y los fundamentos de hecho y de derecho que se tuvieron en cuenta para
proferir las conclusiones médicas.
35. Por consiguiente, si el demandante quería acreditar que la pérdida de su
capacidad laboral era superior al 50%, tenía la carga de la prueba y no la cumplió,
pues no aportó exámenes o pruebas técnicas complementarias a la evaluación
clínica que le practicaron las autoridades médico-laborales, que tuvieran la
virtualidad de demostrar que el porcentaje asignado por la autoridad competente no
correspondía con la realidad.
36. Así las cosas, como el régimen aplicable en el reconocimiento de la pensión de
invalidez es el vigente a la fecha de estructuración12, se tiene que el actor no cumplió
con el presupuesto del numeral 3.5, del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, esto es,
presentar una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 50%, y según
lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe «[…] a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen».
37. Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia proferida el nueve (9) de
febrero de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.
Condena en costas de segunda instancia
38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
12 Al respecto, véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 15 de agosto de
2019. Rad. 25001-23-42-000-2012- 01404-01(4267-15); Sentencia del 13 de septiembre de 2021. Rad. 08001-
23-33-000-2017-01393-01(5256-19); y Sentencia del 14 de octubre de 2021. Rad. 76001-23-33-000-2013-
00572-01 (2029- 2019); entre otras.
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Radicado: 15001-23-33-000-2017-00857-02 (1878-2022)
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
39. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
40. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
41. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el nueve (9) de febrero de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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