Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2017-00934-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2017-00934-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela: ampara el derecho a la dignidad humana
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2017-00934-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-33-000-2017-00934-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
12 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA - Ampara el derecho a la dignidad humana / ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD - Por parte del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá / UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC - Deberes y funciones en cuanto a la infraestructura de los centros penitenciarios / CENTROS DE RECLUSIÓN - Políticas de provisión alimentaria / CENTROS DE RECLUSIÓN - Suministro de elementos de aseo y vestuario para la población carcelaria / CENTROS DE RECLUSIÓN - Modelo de atención en salud para las personas privadas de la libertad
En el informe rendido por la Procuraduría Regional de Boyacá se pone de presente que revisaron los almuerzos ofrecidos y verificaron que tenían papas bien cocinadas, arroz, verduras, frijol, una porción grande de pollo, estaban limpios, no tenían mal olor y estaban bien cocinados. Además se precisó que el menú de los enfermos variaba ya que les entregaban una ración de arroz diferente y el pollo estaba sin condimentos y solamente cocido. De conformidad con lo expuesto no se advierte que se configure la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes con ocasión de la alimentación que se les suministra. (…). La condición de personas de la tercera edad de los accionantes y su privación de la libertad en el Patio número 8 de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá, hace que la atención de su condición de salud resulte prioritaria. Por tanto, tienen derecho a que se les presten oportunamente los primeros auxilios, la atención de urgencia y la atención médica y de enfermería pertinente en los consultorios del establecimiento penitenciario y carcelario, ello sin perjuicio de los demás servicios médicos, quirúrgicos y de enfermería que cubre el sistema de seguridad social en salud que los rige. En atención a ello, se adicionará el fallo de primera instancia ordenándole al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, que inmediatamente a la notificación de este fallo y sin dilación alguna, brinde la atención integral en salud requerida por las personas de la tercera edad privadas de la libertad en el Patio número 8 de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá. (…). Ante las precarias condiciones materiales de los baños, tanto en el área donde se encuentran los servicios sanitarios como en el área donde están las duchas, se adicionará el fallo de primera instancia ordenándole a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, que (…) adelante todas las gestiones pertinentes, con estricta observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, para que en la vigencia fiscal del año 2018 se asignen o prioricen los recursos que permitan realizar las obras de adecuación material de los baños del patio número 8 de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá. (…). De conformidad con lo expuesto [informes de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de Boyacá] no hay lugar a considerar la afectación de los derechos fundamentales de los accionantes con ocasión de su queja por la falta de suministro de elementos de aseo. (…). [N]o se encuentra en el expediente elemento de juicio alguno que permita colegir que los accionantes hubiesen puesto de presente la necesidad de contar con tales elementos de vestir [chaquetas, capuchas, gorros de lana, y medias gruesas] a la Dirección de la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá, o a la Dirección Nacional del INPEC. Por tanto, no puede considerarse que dichos elementos hubiesen sido negados. Además, se observa que es la Defensoría del Pueblo la que sostiene en el informe solicitado por el a quo que el reglamento no permite la entrega de tales elementos.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 48 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 49 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 113 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 4150 DE 2011 - ARTÍCULO 5 / DECRETO 0204 DE 2016 - ARTÍCULO 2.2.1.12.1.5 / LEY 65 DE 1993 - ARTÍCULO 67 / LEY 65 DE 1993 - ARTÍCULO 68 / LEY 1709 DE 2014 / CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - ARTÍCULO 65 / CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - ARTÍCULO 67
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, ver: Corte Constitucional, sentencia de 10 de febrero de 2016, exp. T-049, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y sentencia de 15 de agosto de 2014, exp. T-588A, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Respecto de la protección del derecho de los reclusos a gozar de instalaciones sanitarias higiénicas, ver: Corte Constitucional, sentencia de 2 de septiembre de 2010, exp. T-690, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y el hecho de que no pueden alegar tropiezos económicos en el cumplimiento de sus obligaciones, ver: Corte Constitucional, sentencia de 7 de marzo de 2017, exp. T-143, M.P. María Victoria Calle Correa. Respecto del suministro de la alimentación básica y adecuada a las personas privadas de la libertad, ver: Corte Constitucional, sentencia de 28 de abril de 2017, exp. T-268, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00934-01(AC)
Actor: DORIAN JAIME MEJÍA GALEANO Y OTROS
Demandado: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, DIRECCIÓN DE LA CÁRCEL DE ALTA SEGURIDAD DE CÓMBITA BOYACÁ, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
ASUNTO
La Sala decide la impugnación presentada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, en adelante USPEC, y por los accionantes, en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se amparó el derecho fundamental a la dignidad humana del señor Dorian Jaime Mejía Galeano y demás accionantes.
II. LA SOLICITUD DE TUTELA
El señor Dorian Jaime Mejía Galeano y los demás accionantes, quienes se encuentran privados de la libertad, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud y de los derechos previstos en la Ley 65 de 1993, modificada parcialmente por la Ley 1709 de 2014.
HECHOS
De conformidad con lo dispuesto en la demanda de amparo, los hechos que la fundamentan se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
III.1. Los accionantes se encuentran recluidos en el Patio número 8 de la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá, en donde ocupan un área destinada a las personas de la tercera edad privadas de la libertad.
III.2. La guardia carcelaria no les brinda un trato respetuoso y digno como el que merecen las personas de avanzada edad, que en su mayoría padecen de enfermedades delicadas, sino que los tratan con desdén y menosprecio, en abierta desatención y vulneración de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de Colombia, en los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos para la defensa y protección de los adultos mayores.
III.3. Los alimentos que les suministran son antihigiénicos, mal preparados, de dudosa calidad, muchos de los cuales no se encuentran en óptimo estado para su consumo, con lo que se pone en riesgo su salud y el ambiente en que viven.
III.4. Debido a su condición de indefensión, a sus padecimientos y a su avanzada edad, deben contar con una dieta adecuada, valorada por un nutricionista y recibir una oportuna atención médica de calidad, previa valoración de las condiciones de salud de cada uno de ellos, además de la atención básica diaria de toma de presión arterial y primeros auxilios.
III.5. Las condiciones sanitarias del entorno en que viven no son las mejores pues se ven obligados a compartir un baño que no cuenta con el espacio y los mínimos elementos requeridos para realizar las necesidades fisiológicas de una manera privada e higiénica por cuanto el INPEC tampoco les suministra los elementos de aseo necesarios para realizar la limpieza del lugar. Agregan que el patio que comparten es un criadero de zancudos, roedores, ácaros, nuches y demás insectos.
III.6. En criterio de los tutelantes, el INPEC incumple con su obligación legal de suministrarles los elementos propios para dormir tales como colchonetas, cobijas, y almohadas, al punto que hay reclusos que desde hace más de cinco años tienen los mismos, y además las vestimentas con que cuentan no son las adecuadas para el clima en el cual se encuentran, contraviniendo lo previsto en la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014.
III.7. También sostienen que el trato que se les brinda es desigual y discriminatorio en todos los aspectos anteriormente mencionados, atendiendo a que la guardia carcelaria y los demás funcionarios pueden usar ropa abrigadora y comer sus alimentos calientes, mientras que ellos son obligados a comer sus alimentos fríos y en condiciones distintas a las requeridas por sus padecimientos de salud y avanzada edad.
IV. PRETENSIONES
Los accionantes solicitan la declaratoria de las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Solicitamos a los Honorables Magistrados se nos Tutelen y Garanticen nuestros Derechos Fundamentales Violados por parte de los Accionados quienes lo vienen haciendo en forma sistemática y deliberada, contrariando los lineamientos generales de la Constitución y la LEY, demostrando un menosprecio por las personas privadas de la libertad y como tal se ordene lo siguiente:
Conminar a los accionados a que respeten la dignidad humana de los privados de la libertad del patio 8 tercera edad de la Cárcel de Cómbita Boyacá, y como tal se le solicite, el suministro de alimentación higiénica, bien preparada, con calidad, las cantidades establecidas y aptas para el consumo humano, así como la fruta en buenas condiciones y que se diferencie en su suministro a los enfermos y a los no enfermos. Que se suministre a los enfermos una dieta alimentaria acorde con sus enfermedades para mejorar su salud.
Conminar a los accionados a que los internos del patio 8 tercera edad de la Cárcel de Cómbita, sean atendidos por los médicos del establecimiento, sin restricción y discriminación alguna, que les preste atención primaria en salud diaria en cuanto a la toma de presión, glucometría y demás necesarias para detectar cualquier enfermedad súbita que pueda presentar y no tener que presenciar como en el último año la muerte de tres compañeros por falta de atención médica.
Que se suministre con la debida periodicidad y puntualidad los elementos para dormir, como colchonetas, cobijas, sábanas, y almohadas a los internos del patio 8 tercera edad de la Cárcel de Cómbita, sin discriminación alguna.
Que se permita a los internos del patio 8 tercera edad de la Cárcel de Cómbita, el uso de ropa adecuada para el clima frío, como son chaquetas con capuchas, gorros de lana, guantes y ropa gruesa, haciendo distinción de colores con la ropa que usa el Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Penal.
Que se permita el uso de Hornos Micro Ondas (máximo dos) en las instalaciones del patio 8 tercera edad de la Cárcel de Cómbita para que los privados de la libertad allí confinados, calientes sus alimentos y bebidas, esto deberá ser con las mayores seguridades del caso y si no puede ser suministrado por el INPEC, que se permita a los privados de la libertad allí confinados, calienten sus alimentos y bebidas, esto deberá ser con las mayores seguridades del caso y si no pueden ser suministrados por el INPEC, se permita a los privados de la libertad hacer una colecta entres sus familiares o solicitar una donación a alguna entidad de beneficencia o ayuda para que en el menor tiempo posible se tengan estos elementos.
Conminar a los accionados a que no tomen represalias contra los accionantes como producto de haber interpuesto esta acción solicitando garantía y amparo de nuestros derechos.
Hacerles a los accionados las advertencias del caso sobre el cumplimiento de lo resuelto en la presente acción constitucional de tutela y a que en lo sucesivo no se sigan presentando de forma deliberada estos hechos violatorios a los Derechos Fundamentales.
Las demás que el Honorable Magistrado Sustanciador y la Corporación estimen convenientes y necesarias para que se cumpla lo aquí resuelto y en lo sucesivo no se sigan presentando los hechos que dieron origen a esta acción […]”.
V. TRÁMITE DE LA TUTELA
V.1. Mediante auto de 23 de noviembre de 2017, el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho número 3 de Oralidad, decidió excluir del trámite de la acción de tutela al Ministerio de Justicia y del Derecho y devolver el expediente a la oficina de reparto toda vez que consideró que el reparto debió hacerse en primera instancia a los jueces del circuito, en virtud de lo estipulado en el Decreto 1382 de 2000.
V.2. Posteriormente, mediante auto de 24 de noviembre de 2017, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Tunja, al que fue repartida la tutela, devolvió el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá, por considerar que se excluyó al Ministerio de Justicia y del Derecho de la presente acción de tutela sin que mediara razón alguna para ello. Asimismo puso de presente a la Corporación Judicial que “[…] en caso de no ser aceptados los argumentos del despacho, se propone la COLISIÓN NEGATIVA DE COMPETENCIAS […]”.
V.3. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho número 3 de Oralidad, a través de auto de 27 de noviembre de 2017, admitió la acción de tutela y ofició a la Defensoría del Pueblo de Boyacá, para que en el término máximo de tres días practicara una visita al patio 8 de la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita, y allegara un informe donde describiera la situación alimenticia, higiénica y de salud de los internos de la tercera edad que se encontraran recluidos en el mismo.
V.4. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto de 6 de diciembre de 2017 dispuso la vinculación al trámite de tutela del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, teniendo en cuenta que la parte accionada así lo solicitó en su contestación debido a que es la entidad competente para adoptar las decisiones respecto de los servicios de salud de los internos.
VI. INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS
VI.1. Intervención de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC
VI.1.1. Por intermedio del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la USPEC solicitó que se le desvinculara del trámite de la acción constitucional de la referencia por cuanto expuso que no es la entidad encargada de la prestación de los servicios alimentarios y de salud de los internos que presentan la acción de tutela, toda vez que en debida y oportuna forma suscribió el contrato de fiducia de que trata la Ley 1709 de 2014, razón por la que no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes.
VI.1.2. Precisó que en cumplimiento de su deber legal celebró el contrato de comisión mercantil número 036 con el Corredor de Valores Coobursatil, sociedad comisionista miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia, con vigencia hasta el 27 de julio de 2018, cuyo objeto es la prestación del servicio de alimentación mediante el suministro de alimentos a través del sistema de ración para la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión del orden nacional, en los centros de reclusión militar y en las estaciones de policía a cargo del INPEC.
VI.1.3. Agregó que si bien existe una supervisión de su parte en relación con dicho contrato, la misma debe ser efectuada por el comité de seguimiento creado por el INPEC COSAL, entidad que resulta competente para satisfacer las pretensiones de los tutelantes. No obstante lo anterior, precisó que mediante comunicación número E-2017-026961 de 29 de noviembre de 2017, requirió al subdirector de Suministro de Servicios para que realizara la respectiva gestión ante el competente.
VI.1.4. En cuanto a los servicios de salud acotó que su prestación corresponde al Consorcio de Atención en Salud PPL 2017, que está en la obligación de adoptar todas las medidas pertinentes tendientes a velar por la pronta prestación del servicio de salud a la población carcelaria, motivo por el cual resaltó que no era procedente la vinculación de la USPEC al trámite de la presente acción de tutela.
VI.2. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho
VI.2.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, por intermedio de la Directora de Política Criminal y Disciplinaria, solicitó declarar tanto la improcedencia de la acción de tutela como su falta de legitimación en causa por pasiva, y disponer su desvinculación del trámite de amparo.
VI.2.2. Planteó que en la demanda de tutela no se le imputa la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, ni de los hechos expuestos en ella se establece que el accionante haya elevado petición ante dicho ministerio o fuera el causante de la afectación sufrida.
VI.2.3. Adujo que las pretensiones de la parte actora no guardan relación alguna con las funciones y competencias del Ministerio de Justicia y del Derecho.
VI.2.4. De conformidad con las precedentes consideraciones alegó que la acción debe encaminarse en contra de quien presuntamente se encuentre amenazando o vulnerando los derechos fundamentales cuya protección se invoca en la demanda de tutela.
VI.2.5. Explicó que el modelo de atención en salud es competencia del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual definió la coordinación entre los manuales técnicos de atención y los protocolos de atención efectivos en los establecimientos penitenciarios acordes con los criterios de diferenciación existentes en la Ley 1709 de 2014.
VI.2.6. Aseveró que a fin de garantizar en forma efectiva el respeto de las garantías de la población privada de la libertad se avanzó en el cambio del modelo de aseguramiento a un esquema de prestación integral, el cual busca que la atención para la población privada de la libertad sea eficaz, que esté acorde a las necesidades reales del servicio, adecuando las actuaciones y protocolos institucionales para presentar una atención coordinada y respetuosa por las condiciones especiales de sujeción que tienen los reclusos.
VI.2.7. Resaltó que la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad está a cargo de la entidad fiduciaria Consorcio Fondo de Atención en Salud para el PPL (Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A.) que es la encargada de la contratación de las Entidades Prestadoras de Salud, el personal de asistencia médica intramuros, el suministro de los medicamentos y las demás que han sido recomendadas por el Consejo Directivo.
VI.3. Intervención del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
VI.3.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, por intermedio del coordinador del grupo de tutelas, manifestó que nunca se ha sustraído del deber funcional que le asiste, ni mucho menos ha desplegado acciones que redunden en detrimento de los derechos fundamentales de los accionantes.
VI.3.2. Argumentó que en el plenario no existe prueba alguna que demuestre que en cumplimiento de sus labores de vigilancia y custodia haya negado a los accionantes el libre acceso a las áreas de sanidad en el centro penitenciario donde se encuentran recluidos, ni cualquier otro elemento de juicio que permita colegir una conducta negativa por parte del INPEC para materializar el traslado de los tutelantes a un centro médico externo cuando ello se hubiere ordenado.
VI.3.3. Alegó que dentro de sus competencias legales no está la de prestar los servicios de salud a los prisioneros ya que ella corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, y al Consorcio Fondo de Atención a la Salud 2017, el cual se encuentra integrado por las Sociedades Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A.
VI.3.4. Concluyó que no ha incurrido en las acciones u omisiones que se le atribuyen, razón por la cual solicitó la declaratoria a su favor de falta de legitimación en causa por pasiva, su desvinculación del trámite constitucional de la referencia y pidió que se exhortara a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, a la Fiduciaria La Previsora – Fiduprevisora S.A. y al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, para que sin dilación alguna brinden la atención en salud requerida por la población reclusa del EPAMS Cómbita, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios suscrito y conforme a lo reglado en la ley.
VI.4. Intervención del Consorcio Fondo de Atención a la Salud PPL 2017 – Fondo de Atención en Salud a la Población Privada de la Libertad
VI.4.1. El Consorcio Fondo de Atención en Salud a la Población Privada de la Libertad, informó que actúa como administrador del patrimonio autónomo del Consorcio Fondo de Atención a la Salud PPL 2017, integrado por las sociedades Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A.
VI.4.2. Manifestó que en desarrollo de sus obligaciones contractuales y en virtud de la existencia del Patrimonio Autónomo, por instrucciones del Consejo Directivo del Fondo de Salud suscribe la contratación de la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad, previamente instruida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y no funge en este negocio fiduciario como entidad prestadora de servicios de salud (EPS) ni como institución prestadora de servicios (IPS), sino como administrador de los recursos del patrimonio autónomo de conformidad con la ley mercantil y sus obligaciones contractuales se limitan a la contratación de los servicios y al pago de los mismos.
VI.4.3. Puso de presente que la provisión de alimentos para la población privada de la libertad, corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.
VI.4.4. Puntualizó que la Ley 1709 de 2014 dispone en su artículo 46 que el INPEC y la USPEC tienen el deber de amoblar los dormitorios, dotarlos de ropa apropiada y de condiciones necesarias para el adecuado descanso nocturno.
VI.4.5. También resaltó que respecto a permitir el uso de ropa adecuada para el frío por parte de los internos, como gorros, chaquetas y guantes, y de la implementación de hornos microondas, no tiene competencia toda vez que de conformidad con el contrato de fiducia mercantil número 331 de 27 de diciembre de 2016, sus funciones se limitan a la administración de los recursos del fondo los cuales se destinan a la contratación de la red prestadora de servicios de salud para la población privada de la libertad.
VII. EL FALLO IMPUGNADO
VII.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 1, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2017, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la dignidad humana de Dorian Jaime Mejía Galeano y los demás accionantes, conforme a lo expuesto en la presente providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Servicios Penitenciarios que, dentro del término máximo de un (1) mes siguiente a la notificación de la presente providencia, realice la adecuación y el mantenimiento del área de lavado de ropa del patio 8 de la Cárcel de Cómbita en donde se encuentra recluido el señor Dorian Mejía y los demás accionantes.
TERCERO: ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que, en el término máximo de dos (2) días, realice una visita al patio 8 de la Cárcel de Cómbita, en donde se encuentran recluidos los accionantes, con el fin de constatar si los internos requieren cobijas y colchonetas. En caso afirmativo, dentro de los cinco (5) días siguientes la entidad deberá proporcionarles dichos elementos. […]”.
VII.2. Para sustentar lo anterior, la autoridad judicial expuso que la dignidad hace parte de las garantías inherentes al ser humano, la cual no puede ser restringida aun cuando la persona se encuentre privada de la libertad, en virtud de la relación de especial sujeción que existe entre el Estado y el sujeto privado de la libertad, que le impone al ente estatal brindar los elementos necesarios para que el sujeto de la pena restrictiva de la libertad la cumpla de la manera más digna posible.
VII.3. En cuanto al servicio de alimentos invocado por los accionantes, el Tribunal consideró que en virtud del marco legal analizado, dicha función le compete asumirlas a la USPEC, ya que esta tiene a su cargo las políticas de provisión alimentaria, determinando su administración de manera directa o por intermedio de los particulares con los cuales celebra contratos.
VII.4. Igualmente planteó que el suministro de los elementos de aseo y vestuario requeridos por los accionantes, se encuentra regulado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, como quiera que le compete la función de suministrar a las personas privadas de la libertad algunos elementos básicos de aseo, vestuario y dormitorio, lo cual debe hacer cada cuatro meses.
VII.5. Aseveró que debido a la celebración del contrato de fiducia entre la USPEC y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, a pesar de que esta última no es una EPS o IPS, dentro de sus funciones está la de garantizar la prestación de los servicios de salud a quienes se encuentran recluidos en los establecimientos penitenciarios, razón por la cual la competencia para su prestación recae sobre dicho Consorcio.
VII.6. Aclarado lo anterior y resuelta la competencia de cada ente en las materias analizadas en la acción de tutela, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 1, valoró el informe allegado por la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá, relacionado con los motivos de inconformidad presentados por los accionante como fundamentos de la acción de tutela y concluyó lo siguiente:
Que el patio 8 de la cárcel de Cómbita se encuentra en buen estado y el servicio de alimentos no presenta deficiencia alguna, al igual que las instalaciones y sitios de almacenamientos destinados para los alimentos consumidos por los internos, sumado a que los representantes de cada uno de los patios manifestaron que el servicio de alimentación mejoró considerablemente.
Que se constató que los internos se encuentran en buen estado de salud.
Que los lugares dispuestos para lavar la ropa y las ollas se encuentran en malas condiciones, y que los colchones, sábanas y demás implementos similares solo son entregados a quienes lo solicitan por escrito.
VII.7. Con fundamento en tales elementos de juicio concluyó que los derechos a la alimentación y a la salud de los internos no se encuentran vulnerados, pero sí advirtió una deficiencia en las instalaciones del establecimiento penitenciario y en la entrega de los elementos de aseo y vestuario.
VIII. LAS IMPUGNACIONES
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y los accionantes impugnaron el fallo de tutela de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
VIII.1. La impugnación presentada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC
VIII.1.1. La USPEC solicitó la revocatoria del numeral segundo de la providencia que concedió el amparo. Para el efecto adujo que no puede adelantar la obra ordenada, al no encontrase incluida en el presupuesto aprobado, razón por la cual debe vincularse al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación, para que aprueben dichos recursos y así poder cumplir con lo que le fue ordenado al decidir la acción constitucional.
VIII.1.2. Puso de presente que se ha comprometido y se encuentra ejecutando las obras de infraestructura requeridas por el INPEC a través del presupuesto otorgado por el Gobierno Nacional a partir del cual se suscribieron los convenios interadministrativos con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, para la realización de obras carcelarias correspondientes al año 2017.
VIII.1.3. Indicó que para cumplir con el fallo de tutela debe tenerse en cuenta el principio de anualidad y legalidad del presupuesto, ya que éste permite que los gastos previstos en el mismo se ejecuten en los términos planeados por la entidad para el respectivo año fiscal, porque de lo contrario, el acatamiento de la orden pondría en riesgo la ejecución de obras contratadas, programadas e incluidas dentro del presupuesto vigente.
VIII.1.4. Argumentó que ha desplegado todas las acciones correspondientes de conformidad con el presupuesto asignado, y que ha adelantado las gestiones necesarias para poder obtener mayores recursos con el fin de que la oficina de Dirección de Infraestructura lleve a cabo las actuaciones y gestiones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de tutela, de la cual ya se tiene conocimiento.
VIII.1.5. En ese orden de ideas solicitó que se tuviera presente que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, se ha comprometido con el cumplimiento de la misión y de las funciones que se le han atribuido por ministerio de la ley, y que en ejercicio de las mismas se encuentra ejecutando las obras que han sido requeridas por el INPEC y por las diferentes autoridades judiciales, en el orden que han sido proferidas las respectivas sentencias y una vez surtidos los trámites administrativos y presupuestales necesarios para el cumplimiento de cada una de ellas.
VIII.2. La impugnación presentada por los accionantes
VIII.2.1. Inicialmente debe ponerse de presente que los accionantes manifestaron que no se les notificó a todos el auto admisorio de la acción de tutela y que tampoco se les notificó el fallo, enterándose de su expedición en forma “[…] NON-SANTA […]” pero no de su sentido ni contenido. Por tal razón, el magistrado sustanciador de la acción de tutela en segunda instancia, ordenó devolver el expediente al a quo para que notificara el fallo de amparo a los accionantes en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad EPAMASCAS – CÓMBITA, o se acreditara que tal diligencia se surtió garantizándoles a los accionantes la oportunidad de conocer la sentencia proferida y de presentar la impugnación prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
VIII.2.2. A folio 218 a 219 obra la diligencia de notificación de las personas privadas de la libertad en el Patio 8 Tercera Edad de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, luego de lo cual los accionantes expresaron que todo lo manifestado en la demanda de tutela persiste en la actualidad, pues nada ha cambiado desde la presentación de la misma. Es más, consideran que la situación ha empeorado por cuanto sostienen que para el INPEC las personas privadas de la libertad, recluidas en el Patio 8 Tercera Edad, no son ciudadanos ni sujetos de derechos.
VIII.2.3. Insistieron en que no han sido notificados como se ordenó en el auto de 16 de abril de 2018, proferido en segunda instancia por el magistrado sustanciador de la acción de tutela de la referencia y manifestaron que no saben si es el Tribunal Administrativo de Boyacá o la Cárcel los que se resisten a que ellos conozcan el fallo de tutela de primera instancia, pero aun así dan a conocer su deseo de exponer sus argumentos para que se conceda la impugnación.
VIII.2.4.Informaron que en la demanda de tutela se hicieron cinco peticiones y no hubo pronunciamiento respecto de todas, lo que calificaron como una clara violación al debido proceso.
VIII.2.5. Argumentaron los accionantes que no saben cuándo acudió la Defensoría del Pueblo, al patio de la tercera edad donde ellos se encuentran, a fin de rendir concepto en relación con las situaciones lesivas de sus derechos que denuncian en la demanda de tutela. Resaltaron que ninguno de los treinta y cinco internos que ahora permanecen en el patio de la tercera edad, recuerda haber visto o hablado con ellos, razón por la cual desconocen los elementos de juicio que tuvieron en cuenta para emitir su informe.
VIII.2.6. El accionante Dorian Jaime Mejía Galeano dijo no recordar la entrevista que, según el informe le hicieron a él, ni tampoco tiene presente haber visto a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo o tenido alguna conversación con ellos, por lo que deduce que la conversación fue, tal vez, con algún funcionario de la cárcel y sacaron conclusiones sobre la buena marcha del penal, el buen funcionamiento del rancho, la mejora de la alimentación, la realización mensual de los Comités de Derechos Humanos con la presencia de la Procuraduría, la Personería y la Defensoría del Pueblo, lo que desmiente.
VIII.2.7. Los accionantes insistieron en que continúan las violaciones a los derechos humanos por cuanto el agua que llega a la cárcel no es apta para el consumo humano y reiteran que su estado de salud no es el más óptimo como tampoco lo es la atención médica que se les brinda.
VIII.2.8. Reclamaron el auxilio de la Secretaría de Salud de Boyacá para que les envíe, médicos, nutricionistas, higienistas y salubristas para que verifiquen las violaciones denunciadas, e insisten en sus reproches en contra del informe de la Defensoría del Pueblo sobre una visita que las personas privadas de la libertad en el patio de la tercera edad en la Cárcel de Cómbita califican de inexistente.
IX. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IX.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, y por los accionantes en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión número 1, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991.
IX.2. Problema Jurídico
IX.2.1. De acuerdo con los hechos planteados en la solicitud de amparo y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela de segunda instancia verificar si el fallo impugnado carece de fundamento, la Sala debe establecer:
IX.2.2. Si la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, ha vulnerado los derechos fundamentales del señor Dorian Jaime Mejía Galeano y demás internos, ante la supuesta improcedencia de mantenimiento del centro penitenciario por falta de presupuesto.
IX.2.3. Si las entidades demandadas vulneran los derechos fundamentales invocados por los tutelantes al no efectuar las gestiones administrativas tendientes a prestar los servicios de salud, alimentación e higiene y el suministro de elementos de aseo y vestuario con destino a la población carcelaria.
IX.2.4. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados la Sala se referirá previamente al derecho fundamental a la dignidad humana de la población privada de la libertad, para después abordar de manera particular los argumentos en que se fundamentan las impugnaciones presentadas.
IX.3. El derecho fundamental a la dignidad humana de la población privada de la libertad.
IX.3.1. En cuanto a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, la Corte Constitucional, en la sentencia T - 049 de 10 de febrero de 2016, precisó lo siguiente:
“Los derechos de las personas privadas de la libertad son universales. Sin importar cuál haya sido su crimen o su falta, son seres humanos, y, por ese sólo hecho, la sociedad está comprometida con su defensa. Los derechos fundamentales son universales, de toda persona […], todos los derechos, sin importar su tipo, son inherentes a la dignidad de todo ser humano. Negar un derecho, necesariamente, tendrá impacto negativo en los otros; por eso, no pueden existir jerarquías entre ellos. Todos son importantes, todos deben ser respetados, protegidos y garantizados. La cárcel evidencia esa situación. Las negaciones a unos derechos básicos de las personas en prisión, implican, necesariamente afectar la dignidad de la persona y, con ello, el sentido y la protección de los demás derechos. Los derechos fundamentales representan un todo; diversas facetas de una misma protección al ser humano. Los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad son interrelacionados e interdependientes. Unos dependen de otros. Esto es, además de ser indivisibles y formar un todo de protección, los derechos fundamentales dependen unos de otros […]”
IX.3.2. En consecuencia, corresponde a las autoridades penitenciarias y carcelarias, garantizar a las personas privadas de la libertad los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, lo que implica “no solamente que el Estado no deba interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos, sino también que debe ponerse en acción para asegurarle a los internos el pleno goce de los mismos”
IX.3.3. Por tanto, si bien la condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación del tales derechos.
IX.4. Caso concreto: La impugnación de la USPEC
IX.4.1. La USPEC solicita la revocatoria del numeral segundo de la parte resolutiva del fallo de tutela impugnado, mediante la cual le ordenó que dentro del mes siguiente a la notificación del fallo de tutela de primera instancia, efectuara la adecuación y el mantenimiento del área de lavado de ropas del Patio número 8 de la Cárcel de Cómbita donde se encuentran recluidos los accionantes, por cuanto la obra no está incluida en el presupuesto para las ejecuciones que debe adelantar.
IX.4.2. Al efecto, resulta pertinente precisar los deberes y funciones de la USPEC, en cuanto la infraestructura de los centros penitenciarios.
IX.4.3. El Decreto 4150 de 2011 dispone en su artículo 5 numerales 1 al 6 lo siguiente:
“Artículo 5°. Funciones. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, cumplirá las siguientes funciones:
1. Coadyuvar en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC, en la definición de políticas en materia de infraestructura carcelaria.
2. Desarrollar e implementar planes, programas y proyectos en materia logística y administrativa para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios que debe brindar la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.
3. Definir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran para la gestión penitenciaria y carcelaria.
4. Administrar fondos u otros sistemas de manejo de cuentas que se asignen a la Unidad para el cumplimiento de su objeto.
5. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y de infraestructura que sean necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria.
[…]
Promover, negociar, celebrar, administrar y hacer seguimiento a contratos de asociaciones público-privadas o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se suscriba que tengan por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y prestación de servicios asociados a la infraestructura carcelaria y penitenciaria.” (Negrilla de la sala)
IX.4.4. Del mismo modo el Decreto 0204 de 2016, dispone en su artículo 2.2.1.12.1 .5 que debe entenderse por infraestructura “[…] las instalaciones y los elementos físicos y técnicos necesarios para el funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios” (negrillas no originales).
IX.4.5. En esta oportunidad, la Sala reitera que la dignidad humana es un derecho que no admite limitación alguna, menos cuando se trata de la dignidad de las personas privadas de la libertad por la especial sujeción que tienen en relación con el Estado. Como consecuencia de ello, las autoridades públicas que intervienen en la realización de los fines del Estado en materia correccional, carcelaria, penitenciaria y económica, entre otras, están en la obligación de satisfacer las necesidades vitales mínimas de las personas privadas de libertad y demás servicios básicos para su subsistencia digna en el entorno de restricción donde se encuentran sin desatender los requerimientos de seguridad propios del lugar.
IX.4.6. En atención a dicho razonamiento, la Corte Constitucional en sentencia T – 690 de 2010, protegió el derecho de los reclusos a gozar de instalaciones sanitarias higiénicas, mencionando que “[…] Las condiciones materiales de existencia que el Estado debe procurar a las personas privadas de la libertad se refieren básicamente, según la jurisprudencia constitucional, a alimentación, agua, vestuario, utensilios de higiene, celda, condiciones de higiene, salubridad, seguridad, servicios sanitarios, asistencia médica y descanso nocturno, entre otras […]”.
IX.4.7. Por lo anterior, es preciso entender que la situación de mantenimiento de los lugares dispuestos para lavar la ropa y los utensilios de cocina, así como el aseo de las demás áreas comunes del penal, genere profundas y graves incomodidades, constituyéndose en un trato cruel, inhumano y degradante, generador de enfermedades y problemas de sanidad, lo cual sustenta el reparo que se hace en el informe entregado por la Defensoría del Pueblo – Regional Boyacá, donde se evidencia el estado irregular en que se encuentra la zona de lavado de ropa y utensilios de cocina, lesivo de los derechos fundamentales de los accionantes, para cuya guarda deben acometerse obras de reparación.
IX.4.8. Por estas razones, debe avalarse la orden impartida a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC para que adopte las medidas administrativas necesarias a fin de que efectúe la adecuación y mantenimiento del área de lavado de ropa y de utensilios de cocina, del Patio número 8 de la Cárcel de Cómbita en donde se encuentran recluidos los accionantes.
IX.4.9. Además, tal labor no puede entenderse absolutamente ajena a sus funciones pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 4150 de 2011, la USPEC tiene como tales, entre otras, las siguientes:
“[…] 3. Definir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran para la gestión penitenciaria y carcelaria.
(…).
5. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y de infraestructura que sean necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria […]”.
IX.4.10. De otra parte, lo esgrimido por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, en cuanto su imposibilidad de acatar el fallo del ad-quo, por no encontrarse dentro del presupuesto, no resulta admisible por cuanto en relación con tal argumento la Corte Constitucional en Sentencia T–143 de 2017, consideró lo siguiente:
“[…] los Estados no pueden alegar tropiezos económicos para justificar ambientes de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano, pues más allá de estas consideraciones sustanciales y de los problemas estructurales, existe en la sociedad y también en la administración un deber irrenunciable en la satisfacción de unos presupuestos materiales de existencia para la población privada de la libertad […]” (Negrillas no originales).
IX.4.11. Así las cosas, en cuanto a este motivo de inconformidad, la Sala confirmará el ordinal segundo del fallo de tutela impugnado, en cuanto ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios que en el término de un (1) mes realizara la adecuación y mantenimiento del área de lavado del patio 8 de la cárcel de Cómbita.
IX.5. Caso concreto. La impugnación de los accionantes
IX.5.1. Los accionantes sostienen que las entidades demandadas les vulneran los derechos a la dignidad humana y a la salud por no efectuar las gestiones administrativas tendientes a prestar los servicios de salud, de alimentación, de higiene, y el suministro de elementos de aseo y vestuario con destino a la población carcelaria.
IX.5.1. Particularmente persiguen que además del amparo concedido en primera instancia y de la orden proferida por el a quo para la adecuación y el mantenimiento del área de lavado de ropa del Patio 8 de la Cárcel de Cómbita donde se encuentran recluidos, se concedan la totalidad de las pretensiones solicitadas.
IX.5.2. A efectos de adoptar la decisión correspondiente en relación con este motivo de inconformidad, resulta pertinente efectuar las siguientes precisiones en relación con: i) las políticas de provisión de alimentos en los establecimientos carcelarios, ii) el suministro de los elementos de aseo y vestuario a la población carcelaria, iii) el modelo de atención en salud para las personas privadas de la libertad.
IX.5.2.1. Las políticas de provisión alimentaria en los centros de reclusión
IX.5.2.1.1. De conformidad con lo previsto en la sentencia T-268 de 2017, proferida por la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, el suministro de la alimentación básica y adecuada a las personas privadas de la libertad es una obligación del Estado que surge de la relación de especial sujeción existente frente a las personas privadas de la libertad, en tanto guarda relación directa con los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física.
IX.5.2.1.2. Por su parte, la Ley 65 de 1993 dispone en su artículo 67 que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC tendrá a su cargo la alimentación de las personas privadas de la libertad, para lo cual el artículo 68, ibídem, la faculta para fijar las política y planes de provisión alimentaria, obligación que podrá cumplir de manera directa o mediante la contratación con particulares, garantizando alimentos de calidad que aseguren la suficiente y balanceada nutrición de los reclusos, en condiciones de higiene y buena presentación, para que se alimenten sentados en mesas decentemente dispuestas. Por supuesto, la manipulación de los alimentos debe hacerse en cocinas con óptimas condiciones de higiene, mediante el uso correcto y aseado de los utensilios de cocina.
IX.5.2.2. El suministro de elementos de aseo y vestuario para la población carcelaria
IX.5.2.2.1. El Estado debe garantizar a los reclusos unas condiciones mínimas para que cumplan la pena de la manera más digna posible. Por tanto, entre otras obligaciones, le corresponde la de suministrarle a las personas privadas de la libertad el vestuario y los elementos de aseo requeridos para mantener las condiciones mínimas de salud y limpieza.
IX.5.2.2.1. En cuanto a los elementos de aseo y dormitorio, la Resolución 4328 de 2001, expedida por el INPEC dispone en su artículo 4, parágrafo 1, que la dotación que se proveerá al interno estará a cargo del Estado, a través del INPEC, y estará integrada por: Condenados: vestido diario (uniforme), elementos de aseo, elementos de cama. Sindicados: elementos de aseo y elementos de cama.
IX.5.2.2.2. En síntesis el INPEC suministrará los elementos de aseo de necesaria dotación y los otros deberán ser comprados por los internos en los expendios internos del reclusorio. Los elementos de dotación se entregarán al ingreso y cada cuatro meses. La Corte Constitucional consideró que si bien tales elementos podían resultar insuficientes, las normas que regulan su suministro deben ajustarse a las posibilidades económicas del Estado, pero también sostuvo que la expedición de una norma tendiente a reducirlos afecta la dignidad humana.
IX.5.2.3. El modelo de atención en salud para las personas privadas de la libertad en Colombia. Las funciones del Consorcio PPL 2017
IX.5.2.3.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política la seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público obligatorio que debe ser prestado a todos los habitantes; además toda persona tiene derecho al restablecimiento de su estado de salud.
IX.5.2.3.2. Los servicios de salud a las personas privadas de la libertad pueden ser prestados directamente por los establecimientos penitenciarios o contratados con entidades públicas o privadas. De todas maneras es obligatorio que la población reclusa se afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En la actualidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1709 de 2014, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC le competen los siguientes deberes: i) diseñar conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social el modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género pata la población privada de la libertad, ii) adecuar la infraestructura de las Unidades de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en cada uno de los establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, conforme a lo que establezca el modelo de atención, iii) suscribir el correspondiente contrato de fiducia mercantil con la entidad fiduciaria estatal o de economía mixta con la cual el Estado tenga más del 90% del capital, encargada de manejar y administrar los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, que a su vez tiene la función de contratar la prestación de los servicios de salud.
IX.5.2.3.3. La USPEC celebró el contrato de Fiducia Mercantil número 331 de 2016 con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, para que este último continuara con la administración del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Salud a la Población Privada de la Libertad. También se contrataron servicios complementarios extramurales.
IX.5.2.3.4. En conclusión, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, cumple funciones destinadas a garantizar la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad, en tanto se le asignó la tarea de contratar con las institución de salud que presta el servicio, así como la labor de expedir las autorizaciones del caso.
IX.5.2.3.5. Tal como se dejó expuesto, los accionantes consideran que las autoridades accionadas le vienen vulnerado sus derechos a la dignidad humana y a la salud por no efectuar las gestiones administrativas tendientes a prestar los servicios de salud, de alimentación, de higiene, y el suministro de elementos de aseo y vestuario con destino a la población carcelaria recluida en el Patio número 8, o Patio de la Tercera Edad, del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita.
IX.5.2.3.6. El Tribunal Administrativo de Boyacá, al admitir la demanda de tutela ofició a la Defensoría del Pueblo de Boyacá para que, dentro del término de tres días efectuara una visita al Patio número 8 de la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita y allegara un informe “[…] en el que describa la situación alimenticia, higiénica y de salud de los internos de la tercera edad que allí se encuentran recluidos […]”.
IX.5.2.3.7. El Defensor del Pueblo Regional Boyacá, doctor Mauricio Reyes Camargo, rindió el informe solicitado que, por considerarlo de significativa importancia se transcribe en su integridad a continuación:
“[…] Se realizó una visita el día 29 de noviembre de 2017, al Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Alta Seguridad en Cómbita, en donde ASTRID LUCERO M., funcionaria de la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá, procede a entrevistar al accionante Dorian Jaime Mejía Galeano, quien manifiesta que los hechos contenidos en la tutela son varios, que necesitan mantenimiento en las baterías de baño, son obsoletas y no tienen baldosas, la comida que les brinda el establecimiento ha bajado de calidad, el arroz, las carnes y frutas deberían ser variados. Igualmente se verifica en el patio la situación de acuerdo a los hechos planteados en donde se visualiza que es un patio tranquillo, abierto para que puedan tomar luz, los adultos mayores de 65 años son 18, el resto son menores de todas las edades, estén en buenas condiciones, es uno de los patios más tranquilos y seguros, se encontraban tomando el almuerzo (sopa, bandeja que incluye proteína, arroz, harina, verdura, fruta y jugo) en buenas condiciones y caliente.
Dentro de sus solicitudes esta que le remodelen la cocina, se verifica que está en malas condiciones y son lavaderos tapados y viejos, no tienen más para lavar su ropa y las ollas de la comida.
Otro punto es que le permitan utilizar gorros y guantes por las condiciones del clima no solo a los de la tercera edad sino a todos, pero el reglamento no lo permite; cambio de cobijas y colchonetas ya que algunas están viejas (en ese punto se aconseja que pidan por escrito el cambio al encargado de esta área, porque este año ya se entregaron nuevas cobijas y colchonetas a los que la solicitaron).
Se realiza visita al rancho verificando las condiciones de salubridad, se encuentra todo lavado, en orden, los alimentos (frutas, verduras, harinas y demás), en buen estado, los cuartos fríos grandes y limpios, tienen servicio de panadería.
Se realizó comité de derechos humanos el día 29 de noviembre del presente, en el cual cada representante de los patios de alta manifiesta entre otros puntos que la comida ha mejorado, en el sentido de que puede llegar más caliente, menos magullada la frita y demás.
Asistieron los representantes de Fonade para informar que se celebró contrato administrativo con la USPEC para realizar mejoras en varios establecimientos del país, se incluye el de alta seguridad de Cómbita, donde manifestaron que es el director el que debe pasar el proyecto a la USPEC de sus necesidades de remodelación y mejoras igual depende del presupuesto asignado para cada establecimiento.
Los comités de derechos humanos se realizan cada mes, donde tiene presencia la procuraduría, la defensoría, la personería, representante de cada patio y funcionarios del establecimiento penitenciario, tratando los temas de salud, salubridad, seguridad y demás, que conllevan a mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad.
Por lo anterior se evidencia que se encuentran en buenas condiciones de salud las personas recluidas en el patio 8, son las condiciones generales de un establecimiento penitenciario, con las características que obliga la ley y sin afectación de derechos fundamentales.
Finalmente y como soporte de la visita ordenada por ese Despacho, estamos anexando el acta de la entrevista realizada al señor DORIAN JAIME MEJIA GALEANO […]”.
IX.5.2.3.8. En efecto, a folios 58, 59 y 60 obra el acta de verificación de la tutela radicada bajo el número 2017-00934 que contiene la entrevista efectuada al accionante, señor Dorian Jaime Mejía Galeano. Al final del documento se observan las firmas de la funcionaria de la Defensoría del Pueblo y del señor Mejía Galeano.
IX.5.2.3.9. Mediante auto de 14 de junio de 2018, el magistrado sustanciador de la presente acción de tutela en segunda instancia, en desarrollo del principio de colaboración armónica de que trata el artículo 113 de la Constitución Política y teniendo en cuenta la funciones asignadas a la Procuraduría General de la Nación previstas en el artículo 277 de la Constitución Política, solicitó a la Procuraduría Regional de Boyacá que practicara una visita al patio número 8 de la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá, y allegara el informe correspondiente en el que describiera la situación alimenticia, higiénica y de salud de los internos de la tercera edad que se encontraran recluidos en dicho patio.
IX.5.2.3.10. Se le solicitó a la Procuraduría Regional de Boyacá que en el informe precisara los siguientes aspectos:
“[…] i) el número total y edades de los internos con que cuenta el Patio número 8 de la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá, ii) las condiciones generales de presentación del Patio número 8, iii) el estado general material, de asepsia y funcionamiento de la cocina que presta servicio al Patio número 8 y de los utensilios que la conforman, iv) las condiciones de higiene, preparación, calidad, porción, nutrición de las comidas que se suministran a los internos del Patio número 8 de la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá, v) las condiciones generales y de funcionamiento de los lavaplatos, lavaderos de ropa y similares y del área donde se encuentran, vi) los primeros auxilios, la atención básica de control en salud y los servicios médicos generales que se prestan a los reclusos, vii) el estado general de salud de los internos del Patio número 8, viii) el estado general de asepsia y funcionamiento de los baños existentes en el Patio 8, el número de unidades disponibles, sus condiciones materiales, componentes (duchas, baterías sanitarias, etc.), situación de higiene y similares, así como el número de usuarios que los utilizan, ix) el suministro de elementos para el aseo general del Patio número 8 y las condiciones de aseo del mismo, x) la existencia de plagas, insectos, roedores, etc., xi) el suministro a los reclusos de elementos propios para dormir como sábanas, cobijas, colchonetas, etc., y xii) el suministro de uniformes adecuados para el clima, así como de chaquetas, capuchas, gorros de lana y medias gruesas […]”.
IX.5.2.3.11. En el informe de la Procuraduría Regional de Boyacá se detallan los aspectos observados en la visita practicada al Patio número 8 – Adultos Mayores, del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá. La asesora del ente de control que practicó la visita, luego de pronunciarse en detalle respecto de cada uno de los interrogantes planteados, y de advertir situaciones positivas del entorno y la situación de los reclusos, destacó como observaciones finales la existencia de condiciones deficientes en las que se encuentran los internos en cuanto a salud, alimentación e infraestructura, que afectan en conjunto sus derechos y su calidad de vida.
IX.5.2.3.12. En el escrito de impugnación, los accionantes sostienen: i) que las cinco peticiones que se hicieron en la acción de tutela no fueron resueltas en su totalidad por el a quo, ii) que no saben en qué momento acudió la Defensoría del Pueblo a corroborar lo dicho en la demanda de tutela, iii) que el accionante Dorian Jaime Galeano no recuerda la entrevista a la cual se refiere la Defensoría del Pueblo; iv) que el uso de gorras está prohibido por reglamento pero sí las usan los funcionarios, y v) que no hay acta de las reuniones del Comité de Derechos Humanos en donde se dice que la comida ha mejorado.
IX.5.2.3.10. Respecto de todo lo planteado, la Sala considera que el informe inicial rendido por la Defensoría del Pueblo, a solicitud del Tribunal Administrativo de primera instancia, merece considerarse con un elemento de juicio con claro mérito probatorio, en tanto fue solicitado por la autoridad judicial competente y rendido por una autoridad pública cuya misión es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, de los cuales obviamente son titulares las personas privadas de la libertad. Además, en dicho informe se acompaña el acta de verificación de los hechos planteados en la acción de tutela, acta que aparece suscrita por el accionante, señor Dorian Mejía Galeano, y la funcionaria de la Defensoría del Pueblo, sin que se hubiese dejado constancia de ningún reparo o inconformidad a lo anotado en ella, salvo lo que ahora sostiene el señor Mejía Galeano en el escrito de impugnación consistente en que no recuerda la entrevista que se menciona. De otra parte lo relacionado con las reuniones del Comité de Derechos Humanos en donde se sostiene que la comida ha mejorado cabe considerarse como informaciones recibidas por la autoridad que practicó la visita.
IX.5.2.3.11. En el escrito de impugnación se afirma que el a quo no se pronunció sobre la totalidad de las cinco reclamaciones que se le hicieron, a saber:
1ª reclamación. La comida que se suministra es antihigiénica, mal preparada, sin el cocimiento adecuado. La carne, el pollo y el pescado son de mala calidad, las verduras no se lavan, llegan en empaques sucios. El arroz no se lava ni se cocina bien. El jugo se prepara con agua cruda y la fruta no se licúa bien. La merienda es de mala calidad.
El a quo sí se refirió en su fallo a éste preciso aspecto por cuanto sostuvo que en el informe presentado por la Defensoría del Pueblo se pone de presente que encontró a los reclusos tomando el almuerzo (sopa, bandeja que incluye proteína, arroz, verdura, fruta y jugo) en buenas condiciones y caliente.
En el informe rendido por la Procuraduría Regional de Boyacá se pone de presente que revisaron los almuerzos ofrecidos y verificaron que tenían papas bien cocinadas, arroz, verduras, frijol, una porción grande de pollo, estaban limpios, no tenían mal olor y estaban bien cocinados. Además se precisó que el menú de los enfermos variaba ya que les entregaban una ración de arroz diferente y el pollo estaba sin condimentos y solamente cocido.
De conformidad con lo expuesto no se advierte que se configure la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes con ocasión de la alimentación que se les suministra.
2ª reclamación. Los servicios médicos generales que se prestan son deficientes y no se cuenta con atención médica puntual, toma de presión arterial, glucometría y atención primaria, servicios que deben prestarse diariamente por ser personas de la tercera edad.
El a quo expuso en la sentencia impugnada que la Defensoría del Pueblo manifestó que las personas recluidas en el Patio 8 se encuentran en buenas condiciones de salud, teniendo en cuenta las “[…] condiciones generales de un establecimiento penitenciario con las restricciones que obliga la ley y sin afectación de derechos fundamentales […]”.
En el informe rendido por la Procuraduría Regional de Boyacá se precisa lo siguiente:
“[…] 6.1. Atención básica de control en salud: Se maneja consulta prioritaria y externa. i) la consulta prioritaria. Al indagar frente a la consulta prioritaria, manifiesta que esta obedece a las solicitudes de los internos con el guardián de turno a quien solicitan la atención. El guardián de turno lo conduce al área de sanidad al módulo de procedimientos donde permanece una enfermera quien le hace control de signos vitales y examinan la dolencia, para luego pasarlo a revisión por el médico general. ii) la consulta externa viene en hojas de programación que se presenta cada semana por los responsables de los patios. Se observó un folder AZ con solicitudes diligenciadas a mano, sin un orden y sin foliar, que contienen las programaciones que desde todos patios se realizan. Se observaron las últimas dos programaciones del Patio 8 personas de la tercera edad. Señala la enfermera que se atiende a todos los programados y se revisaron las programaciones de varias semanas y al lado del nombre del privado de la libertad, anotan un chulo, en señal de atención, sin embargo no cuentan con planillas de atenciones efectivas a los internos. Se revisó la programación del 4 de junio donde se programaron 5 y aparecen con un chulo al lado del nombre 4 de ellos. Igual con la programación del 8 de junio donde se registran 8 programados y en la misma hoja de registro existe un chulo marcado, pero no hay una planilla donde se pueda establecer la atención en los patios. OBSERVACIONES. Llama la atención de la visita, que en el informe rendido por la enfermera y el guardián asignado, relacionan dos tipos de atención prioritaria y la de consulta externa, lo que llevaría a presentar informes que dan lugar a confusión, en tanto a lo que en el penal llaman consulta externa, no corresponde a visitas con especialistas, sino a citas médicas prioritarias. Sin embargo al entrevistar a pacientes de la tercera edad del patio ocho manifiestan que la atención médica es muy diferente, señalan que llevan en algunos casos más de dos años para que le practiquen la cirugía.
Servicios médicos generales que se prestan a los reclusos: Primeros auxilios y consulta externa, como se explicó anteriormente. Es de destacar que algunos de los internos son pensionados del régimen contributivo, a quienes no les prestan servicios médicos, más que de consulta prioritaria o de urgencias, bajo el argumento que no van a incurrir en gastos que le debe dar el régimen contributivo. Respecto de los servicios médicos informan que en el penal cuentan con 4 médicos 2 en turnos de alta, 1 en mediana y 1 en la noche los que se rota en sitios de atención, en la visita se comprometieron a aportar los contratos, sin embargo no los aportaron, por lo que no se pudo constatar. Al momento de la visita no se encontraba médico y manifestaron que estaban almorzando.
Establecer con los internos y en sanidad la periodicidad con que cuentan con médico: Se realizó visita en el Patio 8 (Área de la tercera edad). Por lo recogido en la charla, los internos del patio Nº 8 se encuentran en una situación crítica, por las desatenciones elementales, tanto en lo prioritario como en la consulta externa, como al interior del penal llaman la cita con el médico general. Todos los internos manifiestan ser pacientes crónicos, quienes se quejan que no les toman signos a diario y que no les atienden las dolencias oportunamente. Manifiestan los internos que quienes tiene régimen contributivo no los atienden bajo el argumento que económicamente no tienen que soportar esa carga.
Estado general de salud de los internos del patio Nº 8. En su mayoría son pacientes hipertensos y diabéticos, son pacientes crónicos a quienes no se les hacen casi controles de glucometría en razón a que manifiesta sanidad no contar con las tiras correspondientes. Se muestran muy preocupados, por los temas de salud […]”.
La condición de personas de la tercera edad de los accionantes y su privación de la libertad en el Patio número 8 de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá, hace que la atención de su condición de salud resulte prioritaria. Por tanto, tienen derecho a que se les presten oportunamente los primeros auxilios, la atención de urgencia y la atención médica y de enfermería pertinente en los consultorios del establecimiento penitenciario y carcelario, ello sin perjuicio de los demás servicios médicos, quirúrgicos y de enfermería que cubre el sistema de seguridad social en salud que los rige. En atención a ello, se adicionará el fallo de primera instancia ordenándole al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, que inmediatamente a la notificación de este fallo y sin dilación alguna, brinde la atención integral en salud requerida por las personas de la tercera edad privadas de la libertad en el Patio número 8 de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá.
3ª reclamación. Los baños son antihigiénicos, obsoletos y no tienen baldosas. Solo existen dos baterías sanitarias y tres duchas para 40 personas privadas de la libertad.
En relación con esta reclamación se encuentra que el Tribunal Administrativo de Boyacá no se refirió de manera expresa a la misma, sin embargo de manera general expuso que la Defensoría del Pueblo anotó en su informe que en relación con el Patio 8 de la Cárcel de Cómbita no se evidenció vulneración a ningún derecho fundamental.
Por su parte, la Procuraduría Regional de Boyacá manifiesta en su informe lo siguiente:
“[…] 8. Estado General de Asepsia y funcionamiento de los baños existentes en el Patio número 8: El área de los baños para el uso de las 35 personas cuenta con 4 duchas, y de acuerdo al informe de los internos, ponen un ratico al día el agua, la que es insuficiente, sin embargo el día de la visita salían chorros de agua permanente en un claro desperdicio por los tubos de los cuartos de ducha.
8.1. Número de unidades disponibles: Cuenta con 4 cuarticos de ducha sin puertas y dos baños con sanitario con puertas.
8.2. Condiciones materiales: Estaban el piso y paredes con hongos por la humedad, pero libres de mal olor y sin presencia de animales, moscos, zancudos o plagas.
8.3. Componentes, duchas, baterías sanitarias, puertas de baños, etc.: cada cuarto de baño con una tina grande donde recogen agua, y nada más, sin puerta de acceso impidiendo la intimidad del baño.
8.4. Situación de higiene y similares: Por las condiciones de la infraestructura se aprecia deteriorado y en mal estado, pero sucio no estaba.
8.5. Número de usuarios que los utilizan: Oscilan entre 35 y 40, pero al momento de realizar la visita 35 […]”
Ante las precarias condiciones materiales de los baños, tanto en el área donde se encuentran los servicios sanitarios como en el área donde están las duchas, se adicionará el fallo de primera instancia ordenándole a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, que inmediatamente a la notificación de este fallo adelante todas las gestiones pertinentes, con estricta observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, para que en la vigencia fiscal del año 2018 se asignen o prioricen los recursos que permitan realizar las obras de adecuación material de los baños del patio número 8 de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá. Estas gestiones deberán adelantarse inmediatamente y durante un plazo máximo de dos (2) meses, de modo que las obras ordenadas se ejecuten dentro de los dos (2) meses siguientes a la aprobación de la respectiva asignación o priorización de recursos.
4ª reclamación. No se suministran elementos para el aseo general del lugar siendo necesarios en tanto el patio se encuentra sucio y lleno de roedores y plagas.
En relación con esta reclamación se encuentra que el Tribunal Administrativo de Boyacá no se refirió de expresamente a ella, sin embargo de manera general expuso que la Defensoría del Pueblo anotó en su informe que en relación con el Patio 8 de la Cárcel de Cómbita no se evidenció vulneración a ningún derecho fundamental, lo que permite entender que no advirtió la ocurrencia de las mismas.
Por su parte, la Procuraduría General de Boyacá informa lo siguiente:
“[…] 9. Suministro de elementos para el aseo general del patio Nº 8: Cada mes o dos meses le entregan de 30 a 35 tacos repuestos de jabón lavaloza y manifiesta el encargado de aseo que le alcanzan para su trabajo y nunca se ha quedado sin jabón para lavar la loza. Para pisos y áreas sociales le entregan cada cuatro o cinco meses: 1 kilo de detergente en polvo, 3 traperos, 3 escobas, 1 galón de creolina, 1 galón de clorox. Con estos implementos deben hacer el aseo, y señalan que los que les alcanza es el jabón de loza, pero los otros elementos casi no alcanzan. Y señala que tiene un sueldo de $24.000 mensuales, y desde hace dos meses no le pagan. Los responsables del aseo manifiestan que en el patio no hay roedores, que llegan en las noches unos pocos debido a los internos de la UT, que están en frente y ellos tienen ratas de mascotas. También señalan que no hay chinches ni pulgas. Además de esa información en la visita que se realizó, se observó que el patio a pesar de los problemas de infraestructura, se encuentra en buenas condiciones de limpieza y los internos tienen arregladitas sus celdas, de las visitadas.
9.1. Condiciones de aseo del mismo: El patio no se encuentra sucio, por el contrario, se nota un esmerado aseo en el mismo, a pesar de los pisos en tan malas condiciones.
10. Determinar la existencia de plagas, insectos, roedores, etc. No se observó existencia de plagas, insectos, roedores, etc…únicamente la manifestación de unos presos que contaron que en la noche venían roedores que se pasaban de la Unidad de Tratamiento Especial […]”.
De conformidad con lo expuesto no hay lugar a considerar la afectación de los derechos fundamentales de los accionantes con ocasión de su queja por la falta de suministro de elementos de aseo.
5ª reclamación. No se suministran elementos propios para dormir como sábanas, cobijas, colchonetas.
La pretensión relacionada con el suministro de sábanas, cobijas y colchonetas fue atendida por el a quo por cuanto en su fallo estableció que era una obligación correspondiente al INPEC, prevista en la Resolución 260 de 4 de abril de 2005. Además le ordenó que en el término máximo de dos días, efectuara una visita al Patio 8 de la Cárcel de Cómbita, en donde se encuentran recluidos los accionantes, con el fin de constatar si los internos requieren cobijas y colchonetas, y, en caso afirmativo, suministrárselas dentro de los cinco (5) días siguientes.
6ª reclamación. No se suministran prendas de vestir adecuadas para el clima frío tales como chaquetas, capuchas, gorros de lana, y medias gruesas.
Al respecto resulta pertinente recordar que de conformidad con lo previsto en el artículo 67 del Código Penitenciario y Carcelario, el INPEC tiene a su cargo las dotaciones de vestuario para condenados. Además, el artículo 65, ibídem, prevé que los condenados deben vestir uniformes confeccionados en corte y color que no riñan con la dignidad de la persona humana. Tampoco puede perder de vista que en atención a lo dispuesto en el artículo 41 del Acuerdo 011 de 1995, se procurará que los condenados vistan uniformes confeccionados en corte y color que no riñan con las condiciones climáticas. Sin embargo, no se encuentra en el expediente elemento de juicio alguno que permita colegir que los accionantes hubiesen puesto de presente la necesidad de contar con tales elementos de vestir a la Dirección de la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá, o a la Dirección Nacional del INPEC. Por tanto, no puede considerarse que dichos elementos hubiesen sido negados. Además, se observa que es la Defensoría del Pueblo la que sostiene en el informe solicitado por el a quo que el reglamento no permite la entrega de tales elementos.
7ª reclamación. La desatención de la solicitud efectuada por los tutelantes al a quo para que conminara a las autoridades accionadas a aplicar el principio de respeto a la dignidad humana.
Al respecto se advierte que tal petición fue atendida por cuanto en la parte motiva del fallo de tutela de primera instancia se determina como vulnerado dicho principio fundamental y en la parte resolutiva de dicha providencia se dispone expresamente su amparo, de conformidad con los razonamiento expuestos por el a quo.
8ª reclamación. La desatención de la pretensión consistente en que se permita el uso de dos hornos micro ondas en las instalaciones del Patio 8 de la Tercera Edad de la Cárcel de Cómbita, bien sea suministrado por el INPEC o comprado por los familiares de los reclusos.
La Sala pone de presente que en el expediente no existe prueba que permita asegurar que los accionantes hubiesen presentado al INPEC o a la Dirección de la Cárcel de Cómbita una solicitud en tal sentido, a partir de la cual resulte obligado un pronunciamiento respecto de la misma. De otra parte, no puede pasarse por alto que en el centro de reclusión cuentan con un área de cocina donde pueden calentar sus alimentos.
9º reclamación. La conminación a las autoridades accionadas a que no tomaran represalias en contra de ellos como consecuencia de la presentación de la acción de tutela.
Al respecto, la Sala resalta de manera expresa que el ejercicio de la presente acción de tutela, no puede constituir motivo de reproche para los accionantes, en cuanto están haciendo uso de un derecho previsto en el artículo 86 de la Carta Política cuyo ejercicio no le está restringido.
IX.5.2.3.12. En atención a lo expuesto, se confirmará la sentencia impugnada porque la decisión adoptada por el a quo encuentra respaldo en los elementos de juicio existentes en el expediente. Sin embargo, se adicionará: i) ordenándole al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, para que inmediatamente a la notificación de este fallo y sin dilación alguna brinden la atención integral en salud requerida por las personas de la tercera edad privadas de la libertad en el Patio número 8 de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá.
IX.5.2.3.13. También se adicionará el fallo de primera instancia ordenándole a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, que inmediatamente a la notificación de este fallo adelante todas las gestiones pertinentes, con estricta observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, para que en la vigencia fiscal del año 2018 se asignen o prioricen los recursos que permitan realizar las obras de adecuación material de los baños del patio número 8 de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá. Estas gestiones deberán adelantarse inmediatamente y durante un plazo máximo de dos (2) meses, de modo que las obras ordenadas se ejecuten dentro de los dos (2) meses siguientes a la aprobación de la respectiva asignación o priorización de recursos.
IX.5.2.3.14. Igualmente se solicitará a la Procuraduría Regional de Boyacá, a la Defensoría del Pueblo de Boyacá, y a la Personería Municipal de Cómbita, que en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ejerzan vigilancia respecto de las condiciones en que se encuentran los presos del Patio número 8 de la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá, y que han dado lugar a la presentación de la acción de tutela de la referencia, y adopten las medidas que estimen pertinentes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado proferido el 11 de diciembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ADICIONAR el fallo impugnado en el sentido de: i) ORDENAR al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, que inmediatamente a la notificación de este fallo y sin dilación alguna brinden la atención integral en salud requerida por las personas de la tercera edad privadas de la libertad en el Patio número 8 de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá, y ii) ORDENAR a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, que inmediatamente a la notificación de este fallo adelante todas las gestiones pertinentes, con estricta observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, para que en la vigencia fiscal del año 2018 se asignen o prioricen los recursos que permitan realizar las obras de adecuación material de los baños del patio número 8 de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá. Estas gestiones deberán adelantarse inmediatamente y durante un plazo máximo de dos (2) meses, de modo que las obras ordenadas se ejecuten dentro de los dos (2) meses siguientes a la aprobación de la respectiva asignación o priorización de recursos.
TERCERO: SOLICITAR a la Procuraduría Regional de Boyacá, a la Defensoría del Pueblo de Boyacá, y a la Personería Municipal de Cómbita, que en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ejerzan vigilancia respecto de las condiciones en que se encuentran los presos del Patio número 8 de la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá, y que han dado lugar a la presentación de la acción de tutela de la referencia, y adopten las medidas que estimen pertinentes.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
“Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991
Sentencia T 049 de 2016, Corte Constitucional, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
Sentencia T-588A de 2014, Corte Constitucional, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura.
“Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 1 de la Parte 2 del libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se definen las competencias de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1709 de 2014”
Sentencia T-690 del 2 de septiembre de 2010, Corte Constitucional, M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Fl. 56 a 61
Sentencia T – 143 del 7 de marzo de 2017, Corte Constitucional, M.P María Victoria Calle Correa
Constituye la dotación diaria del vestido diario para condenados: 2 uniformes (dos pantalones y dos camisas), un (1) par de zapatos, cuatro (4) pares de pantaloncillos, cuatro (4) pares de medias. Constituye dotación de elementos de cama: Una (1) colchoneta, Una (1) almohada, Dos (2) sábanas, Dos (2) sobresábanas, Dos (2) fundas para almohadas, Dos (2) toallas medianas, Dos (2) cobijas, Una (1) cortina plástica para el baño. Constituye dotación de elementos de aseo: Una (1) máquina de afeitar desechable,, Un (1) rollo de papel higiénico, Un (1) cepillo de dientes, Un (1) tubo de crema dental, Una (1) pasta de jabón de tocador, Un (1) peine para cabello plástico. Los elementos de aseo y artículos o elementos que no constituyen dotación podrán ser adquiridos por el interno en los expendios acondicionados en cada pabellón.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.