Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-01013-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-01013-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2017-01013-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2017-01013-01 (5207-2023)
Demandante: LUIS ARMANDO SUESCUN MONROY
Demandado: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FONDO
PENSIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
Tema: Reliquidación pensión reconocida en virtud de la Ley 71 de 1988.
Decreto 2709 de 1994. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Boyacá que accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Luis Armando Suescun Monroy instauró demanda en contra, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones; FR 0234 del 11 de julio de 2017
y FR 0392 de fecha 04 de octubre de 2017, a través de las cuales se negó la
reliquidación de la pensión y se confirmó la negativa al resolver el recurso de
reposición.
3. A título de restablecimiento del derecho solicita la reliquidación de la pensión
con el 75% de la totalidad de los factores devengados durante el último año de
prestación de servicios, es decir, del 13 de julio de 2004 al 13 de julio de 2005,
aplicando para ello el contenido de la Ley 33 de 1985.
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4. Subsidiariamente, pretende la reliquidación de la pensión aplicando el artículo
7 de la Ley 71 de 1988 y los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994, en cuantía
equivalente al 75% de la totalidad de los factores devengados durante el último
año de servicios, es decir desde el 13 de julio de 2005.
5. Que se declare que tiene derecho a la mesada 13 y 14 de conformidad con la
normatividad aplicable a su caso. Condenar en costas a la parte demandada.
HECHOS
6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
7. Que, nació el 12 de julio de 1931 e Inicialmente se desempeñó como docente
en la Universidad Nacional de Colombia entre 1961 y 1983, y posteriormente
en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia desde el 2 de febrero
de 1995 hasta el 13 de julio de 2005 además trabajó en el sector privado en
dos periodos: en Carbones de Boyacá S. entre el 6 de abril y el 22 de
septiembre de 1987, y en la Fundación Universitaria desde el 29 de marzo de
1988 hasta el 1 de enero de 1992, efectuando cotizaciones al Instituto de
Seguros Sociales (hoy Colpensiones).
8. Que para el año 2005 devengaba una asignación básica mensual de
$1.598.331, junto con otros factores salariales, y que mediante Resolución CPS
0715 del 6 de diciembre de 2005, la Caja de Previsión Social de la Universidad
Nacional de Colombia le reconoció pensión de vejez conforme a la Ley 71 de
1988, fijando la mesada pensional en $2.358.060 a partir del 13 de julio de 2005,
con base en la asignación básica y los gastos de representación del año 2004.
9. Que en el año 2017 solicitó la reliquidación de su pensión, la cual fue negada
por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia mediante
Resoluciones FP-0234 del 11 de julio de 2017 y FP-0392 del 4 de octubre del
mismo año.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Considera vulnerados los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 48, 53, 58, 121, 122, 123,
125 y 209 de la Constitución Política, así como de normas legales en materia
pensional, especialmente la Ley 33 de 1985 y disposiciones concordantes
sobre liquidación de pensiones.
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11. Como fundamento manifestó que los actos administrativos demandados
desconocieron el orden constitucional y legal al liquidar indebidamente la
pensión, pues no se aplicó correctamente el régimen jurídico que le era más
favorable ni se incluyeron todos los factores salariales devengados en el último
año de servicios.
12. Que la administración incurrió en falsa motivación y aplicación indebida de la
norma, al tomar como base de liquidación únicamente algunos factores
(asignación básica y gastos de representación), excluyendo otros que
legalmente integran el salario, lo que redujo el monto de la mesada.
13. Que se vulneraron principios constitucionales como favorabilidad laboral,
igualdad, seguridad social y respeto por los derechos adquiridos, al no aplicar
integralmente las Leyes 33 de 1985 o 71 de 1988, ni el régimen de transición,
desconociendo la interpretación jurisprudencial que ordena incluir todos los
factores salariales para la liquidación pensional.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
14. La demanda fue admitida el 9 de abril de 2021.
15. El Fondo de Pensiones de la Universidad Nacional manifestó que la
liquidación de la pensión se realizó conforme a derecho, en aplicación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por tratarse de un beneficiario del régimen
de transición. Que el ingreso base de liquidación (IBL) debe determinarse con
el promedio de lo devengado en el tiempo faltante o cotizado, y no con el último
año de servicios.
16. Que solo pueden incluirse en el IBL los factores sobre los cuales se efectuaron
cotizaciones, por lo que no es procedente incorporar todos los conceptos
salariales reclamados por el actor.
17. Adicionalmente, que la pretensión de reliquidación con base en el último año de
servicios es improcedente según la jurisprudencia unificada de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, la cual excluye el IBL del régimen de
transición y ordena aplicar las reglas de la Ley 100 de 1993. En cuanto a la
aplicación de la Ley 71 de 1988, refirió que conforme a lo dispuesto en los
artículos 7º y 9º de la precitada norma, se tendrán en cuenta únicamente los
factores sobre los cuales se haya aportado al ente de previsión social.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
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18. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 17 de marzo de
2.023 accedió parcialmente a las pretensiones y ordenó la reliquidación de la
pensión con el 75% del promedio de los factores devengados y cotizados entre
el 13 de julio de 2004 al 13 de julio de 2005, estos son: la asignación básica,
los gastos de representación, prima de servicios, bonificación por servicios,
prima de vacaciones y prima de navidad. Declaró probada la excepción de
prescripción de las diferencias en las mesadas causadas con anterioridad al 14
de marzo de 2014.
19. Negó la pretensión de la mesada 14, porque la Resolución No. 0715 de 6 de
diciembre de 2005, en el parágrafo de su artículo primero, señaló que la pensión
reconocida tendría 14 mesadas al año, incluidas las adicionales de junio y julio.
20. Manifestó que la controversia gira en torno a la reliquidación de la pensión de
jubilación del señor Luis Armando Suescun Monroy, con el cómputo de salarios
devengados en el último año de servicios, esto es del periodo comprendido del
13 de julio de 2004 al 13 de julio de 2005, conforme al régimen pensional
establecido en la Ley 33 de 1985 o la ley 71 de 19881.
21. Que el señor Luis Armando Suescun, consolidó los requisitos para pensión, el
12 de julio de 1991, al haber cumplido 60 años, y había laborado por más de
20 años; por consiguiente, resulta aplicable en su integridad la Ley 71 de 1988
y su Decreto 2709 de 1994, el cual establece que su salario base para
liquidación de la pensión será el salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios y si bien no señala cuales son los
factores salariales, jurisprudencialmente se ha manifestado que se puede
acudir al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
22. Advirtió que se retiró definitivamente del servicio el 13 de julio de 2005 sin
embargo, la entidad reconoció la pensión de jubilación con el 75% del promedio
de la devengado en el último año de servicios, (1 enero de 2004 al 31 de
diciembre de 2004) es decir, no tuvo en cuenta el periodo correcto esto es, (13
de julio de 2004 a 13 de julio de 2005).
23. Que según las certificaciones expedidas por la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, devengó gastos de representación, asignación
1Advierte que ningún aparte de la reclamación administrativa, como tampoco de la demanda se hace siquiera
alusión a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por Decreto 758 de mismo año. Que, en todo caso,
verificadas las pruebas se concluye que el actor no cumplió con los requisitos para que se pueda aplicar el Acuerdo
señalado, sino las disposiciones contenidas en la Ley 71 de 1988 que rigen los empleados oficiales con aportes
del sector público y privado.
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básica, bonificaciones pares evaluadores, vacaciones, prima de navidad, prima
de vacaciones, prima de servicios y bonificación por servicios, siendo
únicamente computables los factores señalados en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, estos son: la asignación básica, los gastos de representación,
prima de servicios, bonificación por servicios, prima de vacaciones y prima de
navidad.
RECURSO DE APELACIÓN
24. La demandada interpuso recurso de apelación por considerar que se dio una
indebida interpretación de la Ley 71 de 1988 y del régimen de transición.
Sostuvo que el demandante cumplió los requisitos pensionales en 1991, por lo
que su pensión debe liquidarse con base únicamente en los factores salariales
sobre los cuales se realizaron aportes efectivos, y no sobre la totalidad de lo
devengado en el último año de servicios.
25. Que se desconoció que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) no hace parte del
régimen de transición, conforme a la jurisprudencia vinculante de la Corte
Constitucional (sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017,
entre otras), la cual establece que el régimen de transición solo cobija edad,
tiempo de servicios y tasa de reemplazo.
26. Que ordenar la inclusión de factores no cotizados vulnera los principios de
legalidad, solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema pensional, además
de desconocer el precedente constitucional obligatorio.
27. Finalmente, solicita que, de no revocarse el fallo, se modifique para precisar
que solo deben incluirse en el IBL los factores sobre los cuales hubo cotización.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
28. El 15 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de apelación. Las partes
como el señor agente del Ministerio Público guardaron silencio.
29. Estando el proceso a despacho pendiente para proferir sentencia el Fondo
Pensional de la Universidad Nacional de Colombia presentó memorial con
copia a todas las partes en el proceso2, en el que solicitó que se tengan en
cuenta hechos sobrevinientes conocidos con posterioridad a la sentencia de
primera instancia, los cuales, a su juicio, cambian sustancialmente el sentido
del fallo y comprometen su validez o se declare la nulidad de la sentencia por
violación al debido proceso.
2 Índice Samai # 00010 y 00011 de esta corporación.
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30. El argumento central de la demandada es que se comprobó que al señor Luis
Armando Suescun Monroy le fue reconocida y pagada por Colpensiones una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez mediante Resolución No.
041817 del 15 de noviembre de 2011. Con dicho pago, los aportes realizados
al ISS/Colpensiones fueron devueltos, lo que implica que esos tiempos
desaparecen de la historia laboral y ya no podían ser utilizados para liquidar ni
reliquidar la pensión reconocida por la Universidad Nacional.
31. Que este hecho era conocido por el causante y fue omitido u ocultado en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, así como durante el trámite
del proceso en primera instancia. De haberse conocido oportunamente, el juez
no habría podido acceder a la reliquidación ordenada, pues dicha decisión se
fundamentó, en parte, en tiempos y aportes que ya no existían jurídicamente.
32. Que esta omisión configuró una violación del debido proceso y del derecho de
defensa de la Universidad Nacional, al impedirle controvertir un elemento
esencial para la decisión judicial, y que el hecho sobreviniente impacta
directamente la legalidad de la sentencia apelada.
33. La sala, no hará ningún pronunciamiento al respecto, pues los documentos
aportados fueron traídos al proceso por fuera de las oportunidades procesales
y las circunstancias allí descritas deben ser resueltas en escenarios procesales
diferentes.
34. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
35. Corresponde a la Subsección determinar si el actor tiene derecho a que la
Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional de la Universidad
Nacional reliquide la pensión de jubilación teniendo en cuenta el 75% de los
salarios percibidos durante el último año de servicios incluyendo únicamente
los factores salariales sobre los cuales se realizaron aportes efectivos, y
no sobre la totalidad de lo devengado en el último año de servicios como se
ordenó.
Marco normativo aplicable.
Pensión por aportes y los factores salariales base de liquidación.
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36. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, los empleados oficiales y los
trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y 60 años si es
varón y, 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias
entidades de previsión social o las que hagan sus veces, con los efectuados en
el Seguro Social, tendrán derecho a recibir la prestación jubilatoria por efectos
de la acumulación de aportes derivados de la relación de trabajo de carácter
particular y oficial.
37. En el artículo 9 ibidem, consagra el derecho a la reliquidación en el siguiente
sentido: «las personas pensionadas o con derecho a la pensión del sector
público en todos los niveles que no se hayan retirado del servicio de la entidad,
tendrán derecho a la reliquidación de la pensión, tomando como base el
promedio del último año de salarios y sobre los cuales haya aportado al
ente de previsión social».
38. Por su parte en el artículo 11 dejó claro que: «Esta ley y las Leyes 33 de 1973,
12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos
reglamentarios, contienen los derechos mínimos en materia de pensiones y
sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier
naturaleza de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus
niveles y de las normas aplicables a las entidades de Previsión Social del Sector
privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y
paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez»
39. Se precisa que la reglamentación de la pensión de jubilación por aportes fue
regulada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, el cual en su artículo
1° estableció que tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes
quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se
es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o
aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o
varias de las entidades de previsión social del sector público.
40. A su vez, en el artículo 6 ibidem3 precisa que el salario base para la liquidación
de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.
3
Norma que si bien fue derogada con la expedición por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, actualmente se
encuentra vigente por cuanto mediante sentencia proferida por la Sección Segunda, radicación número: 11001-03-
25-000-2011-00620-00(2427-11), proferida el 15 de mayo de 2014, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, se declaró la
nulidad parcial del artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, en la parte pertinente al artículo 6 del Decreto 2709 de
1994.
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Radicado: 150012333000-2017-01013-01 (5207-2023)
41. En el artículo 8° establece que el monto de la pensión de jubilación por aportes
será equivalente al 75% del salario base de liquidación. El valor de la pensión
de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.
42. Ahora bien, las disposiciones mencionadas no señalan expresamente cuáles
son los factores salariales que se deben incluir al momento de la liquidación de
la prestación económica sin embargo esta corporación4 sobre el tema ha
manifestado lo siguiente:
«La Ley 71 de 1988, normación general en materia pensional, consagró
un nuevo alcance jurídico de la reliquidación pensional cuando dispuso:
“Artículo 9º. Las personas pensionadas o con derecho a la pensión del
sector público en todos los niveles que no se hayan retirado del servicio de
la entidad, tendrán derecho a la reliquidación de la pensión, tomando como
base el promedio del último año de salarios y sobre los cuales haya
aportado al ente de previsión social.
Parágrafo. La reliquidación de la pensión de que habla el inciso
anterior no tendrá efectos retroactivos sobre las mesadas anteriores al
retiro del trabajador o empleado del sector público en todos sus niveles.”
Nótese que la reliquidación pensional que se consagra en el artículo 9º de
la Ley 71 de 1988 y que en sentido similar aparece en el artículo 10 del
Decreto Reglamentario número 1160 de junio 2 de 1989, conduce a la
liquidación pensional sobre los salarios del último año de servicio, lo
cual se venía interpretando y aplicando en el ya existente y llamado
reconocimiento pensional definitivo.
No se encuentra que con esta disposición se haya pretendido derogar
lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 62 de 1985 respecto de los
FACTORES PENSIONALES. Se entiende que con esta ley se ha
pretendido, como ya se había hecho en la práctica, que la reliquidación
pensional (antes reconocimiento pensional definitivo) se haga teniendo
en cuenta un TIEMPO DETERMINADO (ÚLTIMO AÑO LABORADO) y
respecto de los FACTORES sobre los cuales se haya APORTADO, que
ya se encontraban establecidos en la legislación anterior (Ley 62 /85).
Aún más, en su art. 11 la Ley 71 /88 determina que las leyes citadas, entre
las cuales se encuentran las Leyes 33 y 62 /85, contienen los derechos
mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se
aplicarán a favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades
de previsión social del sector público, en todos sus niveles; no obstante, lo
anterior, se recuerda que hay excepciones respecto de la aplicabilidad de
las Leyes 33 y 62 /85». (Negrilla de la Sala).
4
Consejo de estado, Sección Segunda, Sección Segunda, C.P.Tarsicio Caceres Toro, veintitrés (23) de junio de
dos mil cinco (2005) Radicación número: 15001-23-31-000-2001-00887-01(1895-04).
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Radicado: 150012333000-2017-01013-01 (5207-2023)
43. Igual consideración se ha realizado en la Sección respecto de la aplicación de
la Ley 71 de 1988 en los casos de docentes a los cuales se le ha interpretado
que en cuento a los factores aplicables para efectos de la liquidación de la
pensión por aportes se debe acudir a la Ley 62 de 1985 y demás normas que
dentro de su régimen establezcan factores legales.5
Resolución del caso concreto:
44. Como primer argumento la demandada, manifestó que la sentencia proferida
realizó una indebida interpretación de la Ley 71 de 1988 y del régimen de
transición.
45. En principio, la Subsección precisa que no está en controversia que al actor le
fue reconocida la pensión6 de conformidad con la Ley 71 de 1988, por cuanto
consolidó los requisitos para pensión el 12 de julio de 1991, al haber cumplido
60 años, y contar con más de 20 años; por consiguiente, le resulta aplicable en
su integridad el régimen indicado y no el régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
46. También que en la sentencia proferida el tribunal accedió a la reliquidación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios, esto es, del 13 de
julio de 2004 al 13 de julio de 2005, incluyendo «la asignación básica, los gastos
de representación, prima de servicios, bonificación por servicios, prima de
vacaciones y prima de navidad» atendiendo lo previsto en el artículo 7º de la
Ley 71 de 1988, concordante con el artículo 8 Decreto 2709 de 1994 y el artículo
1° del Decreto 1045 de 1948.
47. Es decir, en el análisis normativo aplicable para efectos de factores salariales
el tribunal consideró debía remitirse al Decreto 1045 de 1948, postura que no
comparte la Sala pues en estos asuntos, en armonía con lo establecido en los
artículos 7, 11 de la Ley 71 de 1988 se debe atender a los factores salariales
sobre los cuales se hizo aportes y que estén establecidos en la legislación
anterior (Ley 62 /85).
48. En esa medida, verificados los factores en la citada ley, encontramos que deben
ser objeto de inclusión los siguientes: «asignación básica, gastos de
5 Consejo de estado, Sección Segunda, Sección Segunda, C.P Juan Camilo Morales, 25 de septiembre de 2025,
Exp. 47001-23-33-000-2021-00437-01 (3755-2023).
6 Mediante la Resolución 0715 de 6 de diciembre de 2005.
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Radicado: 150012333000-2017-01013-01 (5207-2023)
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de
base para calcular los aportes».
49. De acuerdo con lo anotado, es necesario modificar parcialmente la orden de
restablecimiento por cuanto resultan únicamente computables los factores
señalados en el artículo 1° de la ley 62 de 1985 y respecto los cuales se hayan
efectuado aportes de pensión.7 En tal sentido se ordenará la reliquidación del
quantum pensional, con el 75% del promedio de los factores devengados y
cotizados entre el 13 de julio de 2004 al 13 de julio de 2005, estos son: la
asignación básica, los gastos de representación y bonificación por
servicios.
50. Por otro lado, la demandada afirma que se desconoció que el Ingreso Base de
Liquidación (IBL) no hace parte del régimen de transición, conforme a la
jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional (sentencias C-258 de 2013,
SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, entre otras), la cual establece que el régimen
de transición solo cobija edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo.
51. Sobre ello, la Subsección advierte que el derecho reconocido al actor se
consolidó antes de la entrada en vigencia de ley 100 de 1993 por lo que, en su
7
En el certificado allegado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica consta que en julio de 2004 percibió
asignación básica $1.445.104 y gastos de representación $1.445.104, en total, $2.890.208 El descuento por aporte
en pensión correspondió a 3.63% para el trabajador $104.915. El cual comprende el descuento de los dos factores
salariales. La cotización en pensiones efectuada a Colpensiones según la historia laboral allegada (expedida enero
17 de 2017) tuvo como reporte un salario para ese mes de $2.890.208 y el IBC comprendió los factores asignación
básica y gastos de representación.
En enero de 2005 percibió por 8 días laborados: asignación básica $402.101, gastos de representación $402.101
y bonificación por servicios $1.055.515, en total, $1.859.717. El descuento por aporte en pensión correspondió a
3.75% para el trabajador fue $69.739. El cual comprende el descuento de los tres factores salariales.
En la cotización en pensiones efectuada a Colpensiones según la historia laboral allegada (expedida enero 17 de
2017) tuvo como reporte un salario por 30 días calendario. La cotización en pensiones efectuada a Colpensiones
según la historia laboral allegada (expedida enero 17 de 2017) tuvo como reporte un salario para ese mes de
$4.222.700 por lo que se infiere que el IBC comprendió los factores asignación básica, gastos de representación y
bonificación por servicios.
En mayo de 2005 percibió asignación básica $1.598.331 y gastos de representación $1.598.331, en total,
$3.196.662. El descuento por aporte en pensión correspondió a 3.75% para el trabajador en el año 2005 $119.875.
La cotización en pensiones efectuada a Colpensiones según la historia laboral allegada (expedida enero 17 de
2017) tuvo como reporte un salario para ese mes de $3.197.000 y el IBC comprendió los factores asignación básica
y gastos de representación.
En el mes de julio 2025, percibió asignación básica $1.598.331, gastos de representación $1.598.331 y prima de
servicios $3.289.899, en total, $6.486.561. El descuento por aporte en pensión correspondió a 3.75% para el
trabajador en el año 2005 $119.875. La cotización en pensiones efectuada a Colpensiones según la historia laboral
allegada (expedida enero 17 de 2017) tuvo como reporte un salario para ese mes de $3.197.000 y el IBC
comprendió solo los factores asignación básica y gastos de representación.
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Radicado: 150012333000-2017-01013-01 (5207-2023)
caso, le resulta aplicable en su integridad la Ley 71 de 1988 tal como lo
reconoce la demandada en el acto que concedió la pensión. De acuerdo con lo
anterior, no es posible extender lo dicho respecto del IBL de aquellos que son
beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
pues se trata de un análisis normativo distinto y que además no estaba vigente
para el momento en que el demandante consolidó su estatus.
52. Por las razones expuesta la Sala comparte la decisión del tribunal que accedió
a las pretensiones de la demanda, por cuanto está acreditado que el actor sí
tiene derecho al reconocimiento de la pensión en los términos establecidos en
el artículo 6 de la Ley 71 de 1988, el Decreto 2709 de 1994 pero se reitera
respecto a los factores salariales únicamente se deben incluir los establecidos
en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 que fueron devengados y sobre los cuales
efectuó aportes; esto es, la asignación básica, los gastos de representación
y bonificación por servicios.
De la condena en costas en segunda instancia
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
56. En consecuencia, no se impondrán costas en segunda instancia a la parte
demandada, por cuanto las peticiones del recurso de apelación interpuesto
prosperaron parcialmente.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. MODIFICAR PARCIALMENTE EL NUMERAL TERCERO la sentencia
proferida el veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo de Boyacá que accedió parcialmente a las pretensiones el cual quedará
así:
«SE ORDENA A COLPENSIONES reliquidar la pensión reconocida al actor en un
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios, esto es, del 13 de julio de 2004 al 13 de julio
de 2005, incluyendo «la asignación básica, los gastos de representación y la
bonificación por servicios» atendiendo lo previsto en el artículo 7º de la Ley 71 de
1988, concordante con el artículo 8 Decreto 2709 de 1994 y el artículo 1° de la Ley 62
de 1985»
Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia.
Tercero. Sin condena en costas conforme la parte motiva.
Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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