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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00115-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00115-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar parcialmente el ordinal tercero de la sentencia proferida el 28 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las súplicas de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Luz Marina González Hernández contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en su lugar disponer: «TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer, liquidar y pagar a favor de la señora Luz Marina González Hernández una pensión de jubilación por aportes en cuantía del 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez (10) años anteriores al retiro definitivo del servicio, con la inclusión de los factores salariales percibidos que estuviesen regulados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los que realizó los correspondientes aportes, que para el presente caso corresponde a la asignación básica. La anterior disposición tiene efectos fiscales a partir del momento en que acreditó el retiro definitivo del servicio, esto es, el 8 de abril de 2018». Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia recurrida. Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente expuesto. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2018-00115-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

9 de junio de 2022

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00115-01 (1598-2021)
Demandante: LUZ MARINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO1

Tema: Reliquidación pensión de jubilación por aportes. Docente

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de
enero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió
a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Luz Marina González Hernández, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución
003095 del 24 de abril de 2017, por medio de la cual el Fomag negó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes a favor de
la señora Luz Marina González Hernández; y ii) Resolución 009151 del 24
de noviembre de 2017, emitida por la misma entidad, a través de la cual se
resolvió un recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión.

2. A título de restablecimiento del derecho, condenar al Fomag a reconocer y
pagar a la señora González Hernández una pensión mensual vitalicia de
jubilación por aportes, equivalente al 75% del salario promedio devengado
durante el último año de servicios, debidamente indexada mes a mes, con
inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados por la
trabajadora en el último año de servicios anterior a la fecha de retiro del
servicio y a partir del momento en que adquirió el estatus pensional.

1
En adelante Fomag.
2
Folio 2 y 3, C1.

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2

3. Condenar a la entidad demandada a liquidar y pagar a la demandante su
pensión, teniendo en cuenta los incrementos legales reconocidos desde la
fecha en que se causó el derecho y hasta cuando ocurra su reconocimiento
y cancelación efectiva, indexados mes a mes, por tratarse de prestaciones
periódicas causadas en el lapso de tiempo antes referido.

4. Ordenar que las condenas económicas que se profieran sean reajustadas
y actualizadas; así como que la sentencia sea cumplida en el término
indicado en el artículo 192 del CPACA.

Supuestos fácticos relevantes3

1. La señora Luz Marina González Hernández, nació el 29 de febrero de 1956;
y efectuó aportes al Instituto de Seguros Sociales, ISS4 hoy Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones; así como al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

2. Para el 1.º de abril de 1994, la demandante contaba con más de 38 años
de edad y 15 años de servicios prestados, razón por la cual se encuentra
cobijada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
y por la Ley 71 de 1988.

3. La señora González Hernández cumplió 55 años de edad el 28(sic) de
febrero de 2011, y para 2016 tenía más de 20 años de servicio.

4. En aplicación del artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, corresponde al
Fomag efectuar el reconocimiento y pago de la pensión, pues es esta la
última entidad de previsión a la cual la interesada realizó aportes.

5. Por medio de petición del 25 de enero de 2017, la convocante solicitó a la
demandada el reconocimiento, liquidación y pago de su pensión mensual
vitalicia de jubilación por aportes, la cual fue resuelta de manera negativa,
mediante la Resolución 3095 del 24 de abril de 2017.

6. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de reposición
el 16 de mayo de 2017, el cual fue resuelto a través de la Resolución 9151
del 24 de noviembre de 2017, confirmando en todas sus partes el acto
administrativo recurrido.

7. Con antelación a la reclamación elevada ante el Fomag, la señora Luz
Marina González Hernández, adelantó trámite administrativo de solicitud
de pensión por aportes ante Colpensiones, mismo que le fue negado por
carencia de competencia para decidir el asunto, con fundamento en que
quien se encuentra legitimado para el reconocimiento y pago de la
prestación es el referido Fondo.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma,

3
Folio 3, a 6 C1.
4
En adelante ISS.

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3

de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Fecha de la audiencia inicial: 20 de junio de 2019.

Resumen de las principales decisiones5

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones6:

«4. EXCEPCIONE SPREVIAS Y MIXTAS
[…]
El apoderado de la entidad demandada propuso como excepción previa la de:

• Vinculación del litisconsorte

Para ello, solicitó vincular al proceso a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. […].

En orden a resolver el medio exceptivo propuesto, el Despacho hace las siguientes
consideraciones:
[…]
De otro lado, conforme a lo previsto en la normativa previamente citada, la
FIDUPREVISORA S.A. como administradora del Fondo demandado, debió
revisar el proyecto de acto administrativo que elaboró la Secretaría Departamental;
en consecuencia, la FIDUPREVISORA no tiene responsabilidad en el
reconocimiento y pago del derecho prestaciones que se persigue, ni tampoco tiene
algún tipo de responsabilidad dentro de las posibles condenas que se puedan
imponer en éste(sic) litigio, de suerte que no resulta necesaria su vinculación en el
presente asunto, ni como litisconsorte necesario, ni menos como tercero
interesado, pues es el Ministerio de Educación Nacional el responsable de
pronunciarse en torno al reconocimiento de los derechos prestacionales
reclamados por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.

Lo anterior resulta suficiente para denegar la excepción propuesta.

Excepciones de fondo.

La entidad demandada propuso como excepciones las siguientes:

• Falta de legitimidad por pasiva
[…]
Así las cosas, se colige que si bien la Secretaría de Educación del Departamento
de Boyacá expidió el acto administrativo acusado, dicha acción fue efectuada
como un agente del Ministerio de Educación Nacional, situación que conlleva a
declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el FOMAG.

• Prescripción
[…]

5
Folios 71 a 73, C1.
6
Folios 116 Vto. a 118 Vto., C1.

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4

Al respecto, el Despacho señala que sólo procede hacer una(sic) análisis sobre el
medio exceptivo propuesto, en el evento en que prosperen las pretensiones de la
demanda, por tano únicamente se emitirá un pronunciamiento sobre su
procedencia si analizado el fondo del asunto se llega a una sentencia estimatoria.

Finalmente, y en cuanto a la excepción genérica, se precisa que no es
propiamente un medio exceptivo sino una facultad del Juez, consagra en el artículo
180 del CPACA. […]» (Negrillas, mayúsculas, subrayas y cursiva del texto
original)

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos7:

«[…] Atendiendo las diferencias manifestadas por las partes y el pronunciamiento
del Agente del Ministerio Público, considera el Tribunal que el problema jurídico
que se debe resolver en este caso es el siguiente:

Corresponde establecer si está llamada la Nación- Ministerio de Educación
Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el(sic)
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aporte de la demandante,
señora Luz Marina González Hernández, para lo cual se tendrá que establecer el
cumplimiento de los requisitos del artículo 7º de la Ley 71 de 1988. […]»

SENTENCIA APELADA8

El Tribunal de primera instancia dictó sentencia el 28 de enero de 2020, a
través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en
las siguientes consideraciones:

En primer término, desarrolló el régimen aplicable a la pensión de jubilación,
para lo cual hizo alusión a la Ley 100 de 1993 y al régimen de transición
previsto en el artículo 36 Ibídem. Analizados los parámetros normativos de
dicha transición, señaló que la señora Luz Marina González Hernández se
encuentra amparada por esta disposición.

Seguidamente estudio la pensión de jubilación por aportes, e indicó que la
misma se encuentra prevista en la Ley 71 de 1988, según la cual es posible
acceder a la prestación, sumando los tiempos de cotización tanto en el sector
público como en el sector privado.

Así, tras analizar el caso específico señaló que la demandante también es
beneficiaria del régimen pensional de la Ley 71 de 1988 y que acreditó los
requisitos allí dispuestos para acceder al derecho a la pensión, pues satisfizo
el requisito de edad el 28 de febrero de 2011 y cumplió 20 años de servicio en
marzo de 2012.

En punto a los factores y al monto de la pensión por aportes, el tribunal
consideró que, el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del
régimen de transición, que tienen derecho a la pensión de jubilación de la Ley
71 de 1988, es el contenido en el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994; de
modo que la prestación a la que tiene derecho la demandante debe liquidarse
con el promedio del 75% del salario que sirvió de base para calcular los aportes

7
Folio 118 Vto., C1.
8
Folios 241 a 251, C2.

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5

durante el último año de servicio y, para sustentar lo anterior, mencionó la
sentencia expedida por el Consejo de Estado el 25 de mayo de 2017.

A efectos de precisar lo concerniente a los factores salariales, el a quo indicó
que, en sentencia del 29 de agosto de 2019, esta Corporación definió el
alcance del criterio que sustentó la subregla fijada en la sentencia del 28 de
agosto de 2018, y que es la postura que comparte, en tanto para el ingreso
base de liquidación de la pensión de jubilación por aportes, los factores que
deben tenerse en cuenta son solamente aquellos sobre los cuales se hubieran
efectuado cotizaciones.

Así, el Juez de primer grado, encontró probado que, en el presente proceso,
la demandante devengó en el último año de servicios, asignación básica,
bonificación mensual docente, prima de navidad y prima de servicios, por lo
que la mesada pensional de la interesada debe liquidarse con el 75% del
promedio de la asignación básica devengada en el último año de servicios,
como quiera que los demás factores no constituyen base para la liquidación
conforme el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

A su turno, sostuvo que la entidad llamada a responder por la condena a que
hay lugar es el Ministerio de Educación – Fomag, pues no solo es esta la última
entidad a la que estaba afiliada la demandante, sino que sus aportes cumplen
con el requisito mínimo de 6 años de cotización.

Finalmente, luego de efectuar la valoración correspondiente, concluyó que no
se había configurado el fenómeno prescriptivo de las mesadas pensionales,
pues entre la adquisición del derecho y la presentación de la petición no
transcurrió un lapso superior a 3 años.

Corolario de lo expuesto, resolvió declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados; condenar al reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación por aportes a favor de la señora González Hernández, en cuantía
del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios,
comprendido entre el 15 de agosto de 2017 y el 8 de abril de 2018, para lo cual
se deberá tener en cuenta la asignación básica mensual, y cuyos efectos
fiscales serán a partir de que demuestre el retiro definitivo del servicio; y
condenar en costas a la parte demandada.

RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia arriba
referenciada, a través del cual solicitó que la misma sea revocada con
fundamento en lo siguiente:

El Decreto 2831 de 2005 trasladó la función de reconocimiento y pago de
prestaciones sociales de los docentes en cabeza del Ministerio de Educación
Nacional, a las entidades territoriales, por lo que la entidad demandada no es
la competente o legitimada para realizar tal reconocimiento.

Luego de referenciar el régimen prestacional aplicable a los educadores
nacionales, adujo que ha sido aceptado que dicho régimen es el previsto en
las disposiciones vigentes con anterioridad a la expedición de la Ley 812 de

9
Folios 255 a 259 Vto., C2.

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6

2003, de modo que el marco normativo que rige las prestaciones de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales es el aplicado a todos los
empleados públicos amparados por la Ley 33 de 1985, lo que implica que a
los mencionados educadores, se les debe liquidar la pensión con el 75% de
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes durante el
último año de servicio.

Manifestó que el régimen prestacional deprecado por la demandante para
liquidar su pensión de jubilación, teniendo en cuenta la fecha y el tipo de
vinculación, es el previsto en la Ley 33 de 1985, y que frente a la determinación
del IBL, la interpretación otorgada mediante la sentencia del 4 de agosto de
2010, emitida por el Consejo de Estado, sobre la forma en que debía
liquidarse, fue modificada por medio de pronunciamiento del 28 de agosto de
2018.

Sostuvo seguidamente, que esta Corporación sentó nuevas reglas
jurisprudenciales mediante la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,
aplicable a los docentes vinculados al servicio público oficial, dependiendo la
fecha de ingreso al servicio educativo.

Posteriormente hizo alusión al régimen de pensión de jubilación de prima
media de los afiliados al Fomag, y al analizar el asunto en discusión señaló
que, teniendo en cuenta la historia laboral de la demandante, y que la misma
ingresó como docente en propiedad el 7 de julio de 2008, esto es, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, sus derechos
pensionales son los del régimen de prima media señalados en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, y por tanto no le es aplicable lo dispuesto en la Ley 71
de 1988.

Por último, precisó que no hay lugar a la condena en costas, teniendo en
cuenta que la entidad maneja presupuesto público y está en la obligación de
evitar detrimentos patrimoniales; así como que pedirle a la demandada no
presentar oposición a las pretensiones y hechos del libelo, y que se allane a
ellos, es atentar contra el derecho al acceso a la administración de justicia,
defensa y debido proceso.

INTERVENCIÓN DE LA ANDJE10

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó escrito de
intervención en defensa de los intereses de la Nación, por medio del cual
solicitó no incluir en la liquidación de la pensión deprecada factores salariales
sobre los cuales no se cotizó, según la sentencia de unificación del Consejo
de Estado SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 y, en consecuencia,
únicamente se deben computar aquellos regulados en el Decreto 1158 de
1994.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En atención a lo dispuesto en el numeral 5. del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021, que modificó el artículo 247 del CPACA, y conforme a la constancia
secretarial visible a folio 311 de la actuación, no habiendo sido necesario el
decreto de pruebas, se prescindió del traslado para alegar de conclusión.

10
Folios 294 a 301, C2.

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7

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Problemas jurídicos

En atención a los planteamientos derivados de la sentencia de primera
instancia y del recurso de alzada, los problemas jurídicos a resolver se
circunscriben a:

1. ¿Tiene derecho la señora Luz Marina González Hernández a que su
situación pensional sea definida con los parámetros normativos de la Ley
71 de 1988, al ser beneficiaria del régimen de transición?

En caso afirmativo,

2. ¿Cuál es la entidad responsable del reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación de la demandante?

3. ¿Se encuentra probado en el presente proceso la causación objetiva y
valorativa de las costas procesales de primera instancia?

Primer problema jurídico

¿Tiene derecho la señora Luz Marina González Hernández a que su situación
pensional sea definida con los parámetros normativos de la Ley 71 de 1988, al
ser beneficiaria del régimen de transición?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: En el sub examine se
encuentra acreditado que la demandante estuvo vinculada como docente
oficial afiliada al Fomag, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003; que es beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y que satisfizo las condiciones para acceder
a la pensión de jubilación por aportes en los términos de la Ley 71 de 1988.

Régimen pensional general para los empleados oficiales beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que reguló el régimen
general de seguridad social en pensiones a partir del 1.° de abril de 1994, los
empleados públicos, es decir, servidores públicos y trabajadores oficiales, se
regían por las Leyes 33 y 62 de 1985, de modo que el derecho a la pensión se
causaba una vez cumplidos 20 años de servicio público y 55 años de edad.

Sobre el particular, el artículo 11 de la Ley 100 ejusdem, previó:

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8

«Artículo 11. Campo de aplicación. <Artículo modificado por el artículo 1 de la
Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El Sistema General de
Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del
territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los
derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y
establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos
o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta
ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren
pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los
sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima
Media y del sector privado en general. […]» (Subrayado de la Sala)

Así, el Sistema General de Pensiones creado a través de la ley en mención,
resulta aplicable a todos los habitantes del territorio nacional, sin hacer
distinción entre servidores públicos, trabajadores oficiales, empleados del
sector privado o independientes, entre otros.

Sin embargo, y pese a que la intención del nuevo sistema de seguridad social
integral, fue la de estandarizar los diversos regímenes pensionales, definiendo
reglas comunes a todos los trabajadores con independencia de su tipo de
vinculación, la ley en comento dispuso algunas excepciones en su regulación,
tal y como se constata en las previsiones contenidas en el artículo 279, ibídem:

«ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con
excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a
los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo
será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de
educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que
para el efecto se expida.

Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir
la presente Ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan
pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y
mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de Seguridad Social, no se aplica a los
servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados
de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la presente Ley, ingresen
a la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol, por vencimiento del término de
contratos de concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de
Seguridad Social de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual
o colectivo, en término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que
conduzca a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su
ingreso y el existente en Ecopetrol.

PARÁGRAFO 1o. La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior,
quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas
para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación o
cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que para
tal efecto se expida.

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9

PARÁGRAFO 2o. La pensión gracia para los educadores de que trata las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional
de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, cuando éste
sustituya a la Caja en el pago de sus obligaciones pensionales.

PARÁGRAFO 3o. Las pensiones de que tratan las leyes 126 de 1985 adicionada
por la Ley 71 de 1988, continuarán vigentes en los términos y condiciones en
ellas contemplados.

PARÁGRAFO 4o. Las excepciones consagradas en el presente artículo no
implican negación de los beneficios y derechos determinados en los
artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí
contemplados.»

En ese sentido, se tiene que por virtud de la expedición de la Ley 100 de 1993,
se derogaron regímenes pensionales existentes para ser unificados e
integrados en uno solo de carácter general, pero salvaguardando de manera
transitoria algunas disposiciones aplicables a las personas cobijadas por lo
regulado en el artículo 36 de la referida ley, y en los regímenes especiales
expresamente señalados en el artículo 279, como es el caso de los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Con el fin de proteger las expectativas legítimas de aquellas personas que se
encontraban próximos a acceder a su pensión de jubilación a la fecha en que
entró a regir la Ley 100 de 1993, el legislador dispuso un régimen de transición
en dicha materia, regulado en el artículo 36, según el cual:

«[…] La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas
que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o
más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida
en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se
regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. […]».

La disposición, en los términos previamente transcritos, mantuvo la edad, el
tiempo de servicios o semanas cotizadas, y el monto o tasa de reemplazo de
la norma pensional anterior, de modo que es a estos parámetros a los que
pueden acudir quienes satisfacen los requisitos del artículo 36 en cita, a
efectos de obtener su derecho a la prestación; situación contraria a lo que
ocurre con el ingreso base de liquidación, pues para su determinación deberán
observarse los lineamientos del artículo 21 o del inciso 3º del artículo 36, así
como las reglas jurisprudenciales desarrolladas en la sentencia de unificación
expedida por el Consejo de Estado, el 28 de agosto de 2018.

Sobre el régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales en materia de
pensiones

En lo que respecta al personal docente, se debe indicar que el artículo 3 de la
Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por
una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del

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10

90% del capital» que estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales11
que se causaran a favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir
de la promulgación de esta ley.

La aludida norma, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes
territoriales son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 reguló lo relativo al
reconocimiento de sus prestaciones, en los siguientes términos:

«Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales
con el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se
causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo
de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión
Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces,
pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las
prestaciones sociales no causadas o no exigibles.» (Subraya la Sala)

En lo que tiene que ver con el reconocimiento de las pensiones, el artículo 15
ibídem, prescribió lo siguiente:

«2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional.»

Ahora, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo
2003-2006, en su artículo 81 señaló que el régimen prestacional de «los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

A su turno, el Acto Legislativo 01 de 2005 señaló en su parágrafo transitorio 1,
del artículo 1, lo siguiente:

11
De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.

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11

«El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que
se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán
los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003».

De manera que a los docentes nacionales vinculados a partir del 1º de enero
de 1990, se les reconoce una pensión de jubilación bajo el régimen general
pensional del sector público, que estuvo regulado por los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 197812, y a los nacionalizados vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1989, les resulta aplicable el régimen prestacional que
venían gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas
vigentes.

Así, toda vez que el régimen pensional para los servidores públicos del orden
nacional, a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, era el previsto en la
Ley 33 de 1985, es éste el régimen aplicable a los docentes vinculados a partir
del 1.º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se
nombren a partir del 1.º de enero de 1990.

De esta manera, se tiene que el artículo 1 de la mencionada Ley 33 de 1985,
dispuso que «El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos
o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por
la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio» y, para la determinación del
ingreso base de liquidación precisó en su artículo 3, modificado por el artículo
1 de la Ley 62 de 1985, lo siguiente:

«ARTÍCULO 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha
Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como
funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior,
la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del
empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate
de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para
calcular los aportes. […]»

Como se indicó, la Ley 812 de 2003, constituyó un hito en materia pensional
del sector docente oficial, pues, se recuerda, antes de entrar a regir dicha
norma, el régimen de pensiones de los educadores al servicio público
correspondía al de la Ley 33 de 1985, de modo que quienes se afiliaran al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con posterioridad a la
publicación de la Ley 812 en el diario oficial, tendrían derecho a una pensión

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil
veintiuno (2021). Radicación número: 76001-23-33-000-2013-00942-01(2075-18).

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12

bajo los parámetros regulados en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad que sería de 57 años para hombres y mujeres.

Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en la
Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994,
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Ahora, es de anotar que, previa a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
el ordenamiento jurídico Colombiano contemplaba ciertos regímenes
pensionales que atendían a determinadas condiciones en la prestación del
servicio de empleados del sector oficial, o que amparaban a aquellos que no
pudiendo completar 20 años al servicio del Estado, tuviesen aportes o
cotizaciones efectuadas en el sector privado.

En ese sentido, y para el último de estos casos, se instituyó la modalidad de
pensión por aportes, aplicable por virtud de la Ley 71 de 1988, la cual previó
en su artículo 7, que:

«ARTICULO 7o. A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales
y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más
si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. El Gobierno Nacional
reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta
prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades
involucradas».

La norma en comento estuvo inicialmente regulada por el Decreto 1160 de
1989, que dispuso que, el tiempo trabajado en empresas privadas no afiliadas
al ISS, y el «laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados
no aporten al sistema de seguridad social que los protege», no sería computable
para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes.

Mas adelante, con la expedición del Decreto 2709 de 1994, se derogó, entre
otras, la anterior disposición y se reglamentó la prestación prevista en el
artículo 7 en cita, al siguiente tenor:

«Artículo 1º. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el
artículo 7º de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público».

En lo que atañe al monto, el artículo 8 estableció que el mismo sería
«equivalente al 75% del salario base de liquidación» y que, «El valor de la pensión
de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente
ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».

Y, en punto al ingreso base de liquidación que determina la mesada pensional
de los beneficiarios de este régimen, el artículo 6 prescribió:

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13

«Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto
deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.»

Canon que fue refrendado con lo señalado por esta Corporación en sentencia
del 15 de mayo de 2014, dictada dentro del proceso 11001-03-25-000-2011-
00620-00 (2427-2011), en la que se declaró nula la derogatoria que, sobre esta
norma, efectuó el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997.

Sobre el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

La aplicación de los regímenes pensionales vigentes al momento de
expedición de la Ley 100 de 1993, es procedente en atención a las previsiones
contenidas en el artículo 36 ibídem, norma que ampara la expectativa legítima
de las personas que cumpliendo alguno de los requisitos (edad o tiempo de
servicios/semanas cotizadas), allí señalados, se encuentran próximos a
consolidar su derecho pensional.

Así, según la norma en comento «[…] La edad para acceder a la pensión de vejez,
el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de
vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta
y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad
si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida
en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán
por las disposiciones contenidas en la presente ley. […]».

Bajo la anterior egida, los empleados oficiales cobijados por el régimen de
transición señalado que, además, no tuviesen un régimen especial pensional,
se rigen en lo relacionado con la edad, el tiempo de servicios y el monto, por
lo regulado en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que definió como requisitos
para pensionarse 55 años de edad (trátese de hombres o mujeres) y 20 años
de servicio al Estado continuos o discontinuos.

A su turno, se tiene que la Ley 71 de 1988, previamente referenciada, también
resulta aplicable a quienes se encuentren amparados bajo el régimen de
transición, pues este compendió reglamentó una situación jurídica pensional
específica, antes de la entrada en vigencia del nuevo Sistema de Seguridad
Social en pensiones, esto es, cuando los trabajadores no laboraron para el
Estado durante al menos 20 años, sino que hayan prestado sus servicios a
entidades públicas y privadas, y hayan efectuado aportes continuos o
discontinuos al Instituto de Seguros Sociales y en una o varias entidades de
previsión.

En ese sentido, en el supuesto en que un docente al servicio educativo oficial,
pretenda obtener su derecho a la pensión sin completar 20 años en el sector
público, y que por tal motivo pretenda acreditar el requisito de densidad con
tiempos laborados como trabajador privado, la ley que debe analizarse
corresponde a la 71 de 1988, siempre que acredite ser beneficiario del régimen
de transición del artículo 36 en mención.
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14

Sobre el asunto sometido a discusión

Advierte la Sala que en el presente asunto, la Señora Luz Marina González
Hernández, pretende el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
por aportes, es decir, en aplicación de la Ley 71 de 1988, equivalente al 75%
del salario promedio devengado durante el último año de servicios, con
inclusión de todos los factores salariales percibidos en dicho lapso.

El tribunal de primera instancia consideró acreditadas las exigencias del
régimen pensional por aportes, y ordenó el reconocimiento y pago de la
prestación con una liquidación correspondiente al 75% del salario que sirvió
de base para calcular los aportes durante el último año de servicio, para lo cual
debe tenerse en cuenta la asignación básica mensual.

Por su parte, la entidad demandada, manifestó en el recurso de apelación su
disenso con las determinaciones del a quo, pues consideró que al haber
ingresado la señora González Hernández, como docente en propiedad el 7 de
julio de 2008, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, sus derechos pensionales deben observarse bajo el régimen de
prima media señalado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y por tanto no
le es aplicable lo dispuesto en la Ley 71 de 1988.

De esa suerte, la discusión en el presente asunto, se contrae a establecer si a
la demandante le es aplicable el régimen pensional por aportes, conforme lo
indicó el juez de conocimiento, o si por el contrario su derecho debió haberse
analizado con los lineamientos del Sistema de Seguridad Social General.

Se tiene entonces que, de acuerdo a los elementos probatorios obrantes en el
plenario, la demandante nació el 29 de febrero de 195613, y prestó sus
servicios en empresas de carácter particular, como se describe a
continuación14:

Periodo laborado
Entidad
Desde Hasta
Caja Popular Cooperativa 02/08/1975 22/09/1976
CANAPRO Boyacá 01/10/1976 27/03/1985
Julio Gerlein Echavarría 20/03/1986 05/01/1987
Empresa Siderúrgica de Boyacá 15/12/1986 03/11/1987
Caja Popular Cooperativa 20/06/1988 02/06/1992
Congregación Hermanas de la Caridad 01/02/2007 31/03/2007
Centro Colombo Británico 01/08/2008 30/09/2008
Centro Colombo Británico 01/11/2008 30/11/2008
Colegio de Boyacá 01/02/2009 11/12/2009
Colegio de Boyacá 01/01/2010 06/08/2010

Así mismo, la señora González Hernández se desempeñó como docente
adscrita a la Secretaría de Educación de Boyacá, en los siguientes lapsos15:

13
Conforme se evidencia en copia de la cédula de ciudadanía (fl. 210, C1.).
14
De conformidad con las Resoluciones GNR 366094 del 2 de diciembre de 2016, GNR 394402 del 30
de diciembre de 2016 y VPB 4669 del 3 de febrero de 2017, por medio de las cuales Colpensiones
resuelve un trámite de prestaciones económicas en el régimen de prima media con prestación definida,
y declara su falta de competencia para pronunciarse sobre una solicitud pensional (fls. 37 y 38, 40 a 42
y 44 a 46, C1).
15
Tal y como se evidencia en los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de Historia Laboral,
del Fomag, Consecutivo No. 41 (fls. 135 a 145 Vto. C1.).

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15

Periodo laborado
Entidad
Desde Hasta
Secretaría de Educación de Boyacá 06/09/2001 05/12/2001
Secretaría de Educación de Boyacá 19/04/2002 14/06/2002
Secretaría de Educación de Boyacá 07/10/2002 30/11/2002
Secretaría de Educación de Boyacá 11/03/2003 12/12/2003
Secretaría de Educación de Boyacá 13/08/2004 09/07/2006
Secretaría de Educación de Boyacá 10/03/2011 17/05/2012
Secretaría de Educación de Boyacá 08/02/2013 08/12/2013
Secretaría de Educación de Boyacá 22/01/2014 08/12/2014
Secretaría de Educación de Boyacá 28/04/2015 30/06/2015
Secretaría de Educación de Boyacá 17/09/2015 04/07/2016
Secretaría de Educación de Boyacá 15/08/2017 08/04/2018

Sobre este punto es menester indicar que, si bien entre la relación efectuada
por la demandante en el escrito introductorio y la extraída de los actos
administrativos expedidos por Colpensiones existen algunas diferencias, las
mismas no resultan sustanciales para la revisión del caso específico y, toda
vez que no se observa en el plenario discusión alguna planteada por las partes
frente a los tiempos efectivamente cotizados por la señora Luz Marina
González Hernández y reportados por Colpensiones, los mismos serán
tenidos como prueba idónea para los precisos efectos de este
pronunciamiento.

Lo anterior, por cuanto además, los actos cuya nulidad se demanda, emitidos
por el Fomag, no dan cuenta de la verificación del tiempo de servicio de la
interesada para efectos del estudio pensional.

En ese orden, se encuentra acreditado que al 1.º de abril de 1994, la
demandante contaba con más de 38 años de edad y 14 años de servicio, por
lo que está cobijada por el régimen de transición del artículo 36 en comento.

Ahora, obra en el plenario Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones,
expedido por Colpensiones el 31 de julio de 201716, en el que se resumen los
aportes efectuados por la señora González Hernández entre el 2 de agosto de
1975 y el 31 de agosto de 2010.

Así mismo, se visualiza en la Resolución VPB 4669 del 3 febrero de 2017, que
los aportes realizados entre el 6 de septiembre de 2001 y el 12 de diciembre
de 2003, fueron dirigidos a la administradora departamento de Boyacá, y que
entre el 11 de agosto de 2004 y el 5 de julio de 2016, se hicieron al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Igualmente, anexo al expediente se encuentra Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral, del Fomag, Consecutivo No.
4117, en donde consta que la demandante tuvo vinculación nacional, fue
nombrada en provisionalidad, y afiliada a la entidad previsora Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, durante el lapso comprendido entre
el 10 de marzo de 2011 y el 8 de abril de 2018.

Así las cosas, y bajo el desarrollo normativo y jurisprudencial que se efectuó
en líneas precedentes, resulta claro que la señora Luz Marina González
Hernández, al encontrarse amparada por el régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, y haber efectuado aportes al Instituto de Seguros

16
Folios 47 y 48, C1.
17
Folios 135 a 145 Vto., C1.

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16

Sociales, hoy Colpensiones, así como a otras entidades de previsión, en razón
a la prestación de su servicio en el sector público y privado, tiene derecho a
que su pensión sea revisada en los términos de la Ley 71 de 1988.

Se resalta que, si bien la convocante se afilió al Fomag con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, la previsión allí contenida
relacionada con que a quienes se encuentren bajo tal supuesto, les es
aplicable el régimen de prima media señalado en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, no le es extensible en tanto, se reitera, se
encuentra cobijada por la transición del Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones y acreditó las condiciones normativas de la Ley 71 de 1988.

Sobre el ingreso base de liquidación de la pensión por aportes del sector
docente

Para abordar este aspecto es preciso indicar que, en atención a las
precisiones fácticas previamente expuestas, y al margen de que la libelista
hubiese prestado sus servicios en el sector privado con anterioridad a los
nombramientos como docente del sector público, desde el preciso momento
en que aquella detentó una vinculación legal y reglamentaria, adquirió el
derecho a un tratamiento normativo y jurisprudencial propio de los educadores
oficiales en lo que respecta a su pretensión pensional.

Acerca de este postulado, se destaca que la excepcionalidad legal prevista
para los educadores del Estado no se desvirtúa ni cambia por el hecho de
haber laborado previamente como independiente o al servicio de empresas o
instituciones privadas, sino que por el contrario, torna en prevalente el lapso
durante el cual se estructuró una relación en el sector público, así como las
garantías y prerrogativas especiales que ésta contempla, pues son más
favorables que las de un régimen general, lo que implicaría, en principio,
acudir a los postulados de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019
del 25 de abril de 2019, emanada de la Sección Segunda del Consejo de
Estado18, para dirimir los aspectos relacionados con la determinación del
ingreso base de liquidación de este sector.

La providencia en comento, fue dictada con el fin de sentar jurisprudencia
respecto del ingreso base de liquidación para determinar la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fomag, y
para ello señaló previamente, lo siguiente:

«35. Antes de abordar el estudio de los factores que integran el ingreso base
de liquidación de las pensiones de jubilación y de vejez de los servidores
públicos vinculados al servicio docente, la Sala considera necesario precisar
los siguientes aspectos:

ü Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema
Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la
Ley 100 de 1993.
ü Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco
les aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de
liquidación del monto de la mesada pensional.

18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación
SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-2017).

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17

ü El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de
1989, normativa que no establece condiciones ni requisitos especiales para
adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del
numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.
ü De acuerdo con la tesis reiterada de la Sección Segunda del Consejo de
Estado sobre el régimen de pensiones para los docentes nacionales y
nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio exceptuados del Sistema General de Pensiones, esta clase de
servidores públicos no gozan de un régimen especial de jubilación, pues ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 así lo establecieron, y tampoco lo hizo
la Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de jubilación previsto en la Ley 33
de 1985, como norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo
de la Ley 6 de 1945 o el Decreto 3135 1968, antecesoras de la Ley 33 de
1985, lo fueron bajo disposiciones “generales” de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de “especiales”.
ü Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.»19 (Negrilla conforme a la transcripción,
subraya la Sala).

Lo anterior, específicamente en cuanto a la aplicación de la subregla fijada en
la sentencia igualmente de unificación del 28 de agosto de 2018, acerca de
los factores salariales a incluir, y en lo atinente a los regímenes existentes
para tales educadores en virtud de las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003.

De conformidad con las previsiones desarrolladas en la sentencia aludida, la
misma sólo abordó la determinación de los regímenes para los casos de
docentes oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido prestado únicamente
en el sector público y que estuviesen afiliados al referido Fondo.

No obstante, dicho pronunciamiento se abstuvo de formular lo propio cuando,
por ejemplo como sucede en el sub iudice, la docente también tiene
acumulados tiempos cotizados en el sector privado y aportados a otra
administradora como lo era el entonces el ISS (hoy Colpensiones). Para esta
clase de eventos, se destaca que la normativa aplicable necesariamente
corresponde a la Ley 71 de 1988 que regulaba lo propio en lo que respecta a
la denominada «pensión por aportes» y no la Ley 33 de 1985.

No se puede desconocer que las circunstancias fácticas de la multicitada
sentencia de unificación se encuentran sustentadas sobre el supuesto de un
docente, cuyo servicios fueron prestados durante más de 20 años al sector
oficial, y que dicha circunstancia aunada a la expedición de la Ley 812 de
2003, es la que determina el régimen pensional que le es aplicable.

Así, conforme a lo previsto en la providencia en mención, los docentes
afiliados al Fomag, a quienes les aplica la Ley 33 de 1985, régimen anterior al
26 de junio de 200320, se encuentran exceptuados del Sistema Integral de
Seguridad Social en pensiones por mandato del artículo 279 de la Ley 100 de
1993 y, por esa misma razón, aquellos no son beneficiarios del régimen

19
Ídem.
20
Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

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18

de transición estipulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
tampoco están sometidos a las condiciones que en materia de ingreso
base de liquidación pensional, desarrolló el artículo 21 ibídem.

Empero, se ha sostenido que para dar aplicación a otros regímenes
pensionales vigentes a la expedición de la Ley 100 de 1993, como lo es en
este caso la Ley 71 de 1988, debe verificarse que la persona que reclama su
derecho bajo dicha normativa, satisfaga asimismo las condiciones del artículo
36 del referido compendio21, lo que implica, además, que el análisis del
ingreso base de liquidación se efectúe bajo las determinaciones de la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, que más adelante se
detalla.

Lo anterior resulta aplicable para el sector docente, siempre que se trate de
educadores que hubiesen sido vinculados con posterioridad a la Ley 812 de
2003, pues aquellos que hayan ingresado con anterioridad a la fecha de su
publicación, se encuentran al amparo de la postura jurisprudencial de la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.

Tales circunstancias, comprenden entonces que los lineamientos que rigen el
cálculo del IBL de un educador que se encuentre en los supuestos normativos
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y del régimen pensional de
la Ley 71 de 1988, sean los desarrollados en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, que definió el criterio de interpretación sobre el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 para los beneficiarios del régimen de transición.

Sobre la sentencia del 28 de agosto de 2018 y al cálculo del IBL de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 28 de agosto de 201822 en la que fijó las reglas y
subreglas respecto al Ingreso Base de Liquidación para computar la pensión
de jubilación de quienes gozan del régimen de transición.

Esta decisión tuvo como sustento la necesidad de unificar la interpretación que
se estaba otorgando al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, específicamente en los aspectos que se encuentran
amparados por dicho régimen, es decir, en los elementos de edad, tiempo de
servicio y tasa de reemplazo, pues en lo que atañe al Ingreso Base de
Liquidación y factores a tener en cuenta para tales efectos, debía observarse
el inciso 3.º del artículo en mención o el artículo 21 del mismo compendio,
según corresponda.

Sobre dicha base, esta Corporación fijó las siguientes reglas y subreglas
jurisprudenciales:

«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil
veintiuno (2021). Radicación número: 76001-23-33-000-2013-00942-01(2075-18).
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.
Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.

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19

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de
liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las
siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la
pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios
al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE. […]
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en
el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que
consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales
del Estado Social de Derecho.

98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la
Ley 100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda
entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y
las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil”.

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional
es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley
33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o
cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la
mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona
el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con
la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de
las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada
persona hubiere efectuado las cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la
cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos

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estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, va
en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La
inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año
de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y
alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que
“constituyen salario todas las sumas que habitual y periodicamente recibe el
empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para
esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que,
por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman
la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en
cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta
las finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable
a la pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad
debe el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de
universalidad y eficiencia.

103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de
los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los
cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un
sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema
retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema. […]»
(Resalta y subraya la Subsección).

La posición jurisprudencial asumida por el Consejo de Estado sobre la
taxatividad de los factores salariales, deriva entonces de la necesidad de
salvaguardar el principio de solidaridad que, aunado al alcance del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (que ampara la
edad, tiempo de servicio y monto o tasa de reemplazo), conlleva a que para
la determinación del IBL deba observarse lo previsto en el régimen general de
pensiones.

Así, toda vez que el Decreto 1158 de 1994 fue proferido como desarrollo del
nuevo sistema de seguridad social general, es a esta norma a la que se debe
acudir para determinar los factores que conforman el ingreso base de
liquidación.

Lo hasta aquí expuesto, y reiterando que en el devenir del proceso se
demostró que la señora Luz Marina González Hernández es beneficiaria del
régimen de transición del artículo 36 y, por consiguiente, tiene derecho a que
su pensión, acreditadas las condiciones de la misma, sea otorgada en
aplicación de la Ley 71 de 1988, implica que su IBL deba ser calculado sobre
el 75% del salario promedio devengado durante los últimos 10 años anteriores
al retiro definitivo del servicio.

Lo anterior, por cuanto se recuerda que, al 1.º de abril de 1994, la demandante
contaba con más de 38 años de edad y 14 años de servicio en el sector
privado.

En ese orden, es posible concluir que la señora González Hernández acreditó
los siguientes aspectos:

• Edad: cumplió 55 años el 29 de febrero de 2011.

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21

• Tiempo de servicios: más de 20 años (cumplidos en septiembre de 2012).

Encuentra la Sala que, si bien en el plenario no hay manifestación expresa de
que la demandante se encuentre efectivamente retirada del servicio, en el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral, del
Fomag, Consecutivo No. 4123, aportado con posterioridad a la presentación de
la demanda (22 de enero de 201824), se evidencia como novedad «Fecha
Retiro» el 8 de abril de 2018, y se anota como causa «Terminación
Provisionalidad».

Así las cosas, entiende la Subsección que la interesada se retiró del servicio
en la fecha mencionada y por ello, los 10 años respecto de los cuales deben
analizarse los factores salariales que determinan el promedio del IBL, serán
contados a partir de dicho instante.

Se tiene entonces que de conformidad con la documentación adjunta al
expediente la demandante percibió los siguientes factores:

• Asignación básica
• Bonificación difícil acceso 15%
• Bonificación mensual docente
• Horas extras
• Prima de alimentación
• Prima de servicio
• Prima de navidad
• Pago sueldo de vacaciones

Información que se extrae de los Certificado de Salarios y Devengados
expedidos por la Secretaría de Educación de Boyacá para los años 2006 y
2011 a 2018, pues no obran en el expediente documentos adicionales que den
cuenta de los factores que recibió la demandante en el periodo 2008 a 2010.

De lo indicado, solo asignación básica y las horas extras constituyen factores
salariales para la determinación del ingreso base de liquidación de la mesada
pensional de la señora Luz Marina González Hernández.

En conclusión: si bien la demandante ostentó la calidad de docente vinculada
al sector oficial, la misma fue afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, por lo que, inicialmente, su derecho pensional debía ser revisado
con sustento en el régimen del prima media señalado en la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, la demandante acreditó ser beneficiaria del régimen de
transición del artículo 36 ibídem, y al haber demostrado satisfacer el requisito
de edad, y haber cumplido más de 20 años de cotizaciones o aportes en el
Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, así como en una o varias de
las entidades de previsión social del sector público, el régimen de pensión que
le es aplicable corresponde al previsto en la Ley 71 de 1988, y para la
determinación del IBL, debe tenerse en cuenta el 75% del promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez (10) años anteriores
al retiro definitivo del servicio, con la inclusión de los factores salariales
percibidos que estuviesen regulados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los

23
Folios 145 y Vto., C1.
24
Folio 80, C1.

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22

que realizó los correspondientes aportes, que para el caso son la asignación
básica y las horas extras.

Con todo, observa la Sala que el tribunal de primera instancia dispuso el
reconocimiento y pago a cargo de la entidad demandada, de una pensión de
jubilación por aportes a favor de la demandante, en cuantía del 75% del
promedio de lo devengado en el último año de servicios, comprendido entre el
15 de agosto de 2017 y el 8 de abril de 2018, teniendo en cuenta para el cálculo
del IBL la asignación básica mensual.

Tal y como se indicó al inicio de esta providencia, la sentencia de primera
instancia solo fue impugnada por la Fiduprevisora S.A. como representante del
Fomag, de manera que en virtud del principio de la non reformatio in peius, no
puede esta Subsección agravar la condición de la entidad en calidad de
apelante único, al ordenar que se liquide la mesada pensional con inclusión de
las horas extras, en el IBL.

En esa medida, habrá lugar a revocar parcialmente el ordinal tercero de la
sentencia dictada por el a quo, en lo que atañe a las condiciones para el cálculo
del IBL de la pensión de jubilación por aportes de la convocante.

Segundo problema jurídico

¿Cuál es la entidad responsable del reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación de la demandante?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: De conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2709 de 2004, la entidad llamada a responder por el
reconocimiento y pago de la pensión de la señora Luz Marina González
Hernández es la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme pasa a explicarse.

En lo relativo a la legitimación u obligación funcional para reconocer y pagar
la pensión por aportes regulada en la Ley 71 de 1988, acreditada en el
presente asunto conforme se evidenció en acápite precedente,
necesariamente debe recurrirse al Decreto 2709 de 1994 que en su artículo
10, previó:

«Artículo 10. Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación
por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión
a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de
aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6)
años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será
reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya
efectuado el mayor tiempo de aportes.» (Subrayado intencional).

Concretamente en el sub iudice se evidenció que la señora González
Hernández efectuó aportes al Fomag por su labor como docente desde el 11
de agosto de 2004 y hasta el 8 de abril de 2018, esto es por un lapso superior
a 6 años, de manera que, de conformidad con la norma en cita, se torna
ostensible la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en lo que respecta
a la liquidación y reconocimiento de la pensión de jubilación de la demandante,

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23

pues efectivamente ésta fue la última caja de previsión a la cual se efectuaron
aportes, se itera, por más de 6 años.

Tercer problema jurídico

¿Se encuentra probado en el presente proceso la causación objetiva y
valorativa de las costas procesales de primera instancia?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con la postura
asumida por esta en sentencia del 7 de abril de 2016, la condena en costas y
agencias en derecho se encuentra sustentada en un criterio objetivo
valorativo, que debe verificarse para determinar su procedencia. Así, la
actuación de la parte demandada en sede judicial de primera instancia,
satisface los requisitos desarrollados en la mencionada providencia de
unificación, por cuanto no solo sus argumentos de defensa fueron
despachados desfavorablemente, sino que consecuencia de su decisión
administrativa frente a la solicitud pensional de la demandante, puso en
movimiento el aparato judicial, lo que permite concluir la concurrencia de los
elementos objetivo y valorativo para disponer la condena en costas.

De conformidad con los planteamientos desarrollados en providencia dictada
por esta Corporación el 07 de abril de 201625, «el concepto de las costas del
proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del
proceso llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para
traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de
auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al
superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.» (Subrayas propias)

Así mismo, comprende las denominadas agencias de derecho, las cuales
«[…]corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en los numerales 3° y 4º del artículo 366 del CGP, y que no
necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados por
dicha parte a su abogado los cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos
conforme los criterios previstos en el artículo 28 numeral 8.º de la ley 1123 de 2007.»
(Subraya la Sala)

A efectos de sustentar la posición que a partir de la sentencia en mención fue
asumida por esta Subsección en materia de costas y agencias en derecho, es
preciso señalar la interpretación y el criterio a la luz de los cuales se daba
aplicación a tales conceptos:

«[…] a raíz de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, en anteriores oportunidades y en materia de
condena en costas, la Subsección A sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, no implicaba la condena de manera “automática” u “objetiva”, frente a
aquel que resultara vencido en el litigio.

Ello, en consideración a que debían observarse una serie de factores, tales como
la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los
gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Consejero ponente: William Hernández Gómez, Bogotá, D.C., siete (7) de abril de 2016. Radicación
número: 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-14). Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis
mínimo en el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla, o no.

Sin embargo, en esta oportunidad la Subsección A varía aquella posición y acoge
el criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en
derecho) al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad
o mala fe). Se deben valorar aspectos objetivos respecto de la causación de las
costas, tal como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena
aplicación a su artículo 365. Las razones son las siguientes:

a- El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, regula que tratándose de costas en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la sentencia el juez tiene
la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los
asuntos en los que se ventile un interés público.

Asimismo, que la liquidación y ejecución se rigen por lo dispuesto en el
Código de procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, artículo
365.

b- De la lectura del artículo 365 en comento, se observa que varias de las
situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso,
están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida
en el juicio, sin que para tal efecto se indique que adicionalmente debe
verificarse mala fe o temeridad como lo refiere la postura anteriormente
adoptada y que aquí se substituye.

c- En efecto, la evolución normativa de este concepto en nuestra legislación,
específicamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
permite resaltar tres etapas bien definidas y diferenciadas: Una primera
etapa de prohibición, la segunda de regulación con criterio subjetivo, y la
última de regulación con criterio objetivo.

[…].»

Así, con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, el pilar de aplicación
de la condena en costas se restringió a la observancia objetiva de los
preceptos legales, en armonía con las disposiciones del nuevo Código general
del Proceso:

« […]

a. La condena en costas con criterio objetivo. El CPACA adoptó la
misma línea del CPC y CGP en el sentido de acoger el criterio objetivo
para la condena en costas. Veamos las normas que lo consagran:

i. El artículo 178 que se refiere a condena en costas en los casos del
desistimiento tácito.
ii. El artículo 188 que regula la condena en costas cuando se trate de
sentencias, salvo en los procesos en los que se ventile un interés
público.
iii. El artículo 267, regula que en caso de que fuere desestimado el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, se
condenará en costas al recurrente.
iv. El artículo 268, regula la condena en costas en caso de que alguno
de los recurrentes desista del recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, salvo que se interponga ante el Tribunal antes de
haberse enviado al Consejo de Estado.

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25

Las reglas previstas en los literales 1, 3 y 4 de la anterior relación,
permiten interpretar el enunciado deóntico “dispondrá” que consagra el
artículo 188 ibídem, el cual puede asimilarse al enunciado “decidirá”, lo
que necesariamente lleva a señalar que se supera el criterio optativo
propio del criterio subjetivo, para avanzar hacia la condena en costas por
un criterio valorativo, con base en los presupuestos objetivos reseñados
por la legislación procesal civil.

[…]

d- Por su parte, el artículo 365 del CGP que fue objeto de análisis por la Corte
Constitucional en sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, ratificó el criterio
objetivo valorativo de la norma, al señalar lo siguiente:

“[…] La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala
fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado
de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto en el artículo
365.

Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto
las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en
los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre
que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera,
las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización
de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden
asumirse como una sanción en su contra. […]” (negrillas fuera de texto)

e- En virtud de lo anterior y conforme la evolución normativa del tema, puede
concluirse que el legislador cambió su posición al respecto, para regular la
condena en costas a ambas partes en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo con un criterio netamente objetivo, excepto en cuanto
corresponda a los procesos en los que se ventile un interés público, en los
cuales está legalmente prohibida la condena en costas.

[…].» (Negrillas del texto original, subraya la Subsección)

Bajo el análisis relacionado, se tiene que frente a la causación y condena de
las costas y las agencias en derecho procede revisar las siguientes
conclusiones:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo”
–CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá”
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la
mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

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e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Tales son los lineamientos que correspondería verificar a efectos de
determinar si en el presente asunto hay lugar a la condena en costas de
primera instancia.

Evidencia la Sala que el trámite procesal adelantado en primer grado, iniciado
por los demandantes en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se
encuentra dirigido a que por intermedio de la jurisdicción contencioso
administrativa se ordenara el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación por aportes equivalente al 75% del salario promedio devengado
durante el último año de servicios26.

Dicha circunstancia implicó para los demandados, disponer la agencia de sus
derechos y representación en sede judicial, conforme se desprende del escrito
de contestación27 y de los poderes adjuntos al plenario28.

El tribunal de primera instancia, al resolver el asunto objeto de discusión,
consideró procedente el reconocimiento solicitado por la libelista, en tanto los
fundamentos fácticos y jurídicos de su derecho se compadecen con la
reclamación efectuada en la demanda.

En tal orden de ideas, para la Subsección se encuentran acreditados los
criterios objetivo - valorativo para la condena en costas a cargo de la parte
demandada, en tanto, no solo resultó vencida en el trámite judicial de primera
instancia, sino que, además, motivó que la convocante debiera incurrir en
costos de representación para la defensa de sus intereses en una contienda
jurisdiccional, al haber errado en las determinaciones sobre su derecho
pensional en sede administrativa.

En consecuencia, la pretensión planteada en el recurso de alzada frente a la
condena en costas, efectuada por el juez de primera instancia, no tiene
vocación de prosperidad.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone revocar parcialmente el ordinal tercero de
la sentencia impugnada, para en su lugar disponer:
«TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer, liquidar y pagar a
favor de la señora Luz Marina González Hernández una pensión de jubilación por
aportes en cuantía del 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
cotizó durante los diez (10) años anteriores al retiro definitivo del servicio, con la

26
Folios 1 y 2, C1.
27
Folios 96 a 103, C1.
28
Folios 104 y 105, C1.

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27

inclusión de los factores salariales percibidos que estuviesen regulados en el
Decreto 1158 de 1994 y sobre los que realizó los correspondientes aportes, que
para el presente caso corresponde a la asignación básica.

La anterior disposición tiene efectos fiscales a partir del momento en que acreditó
el retiro definitivo del servicio, esto es, el 8 de abril de 2018».

Y confirmar en todo lo demás la providencia recurrida.

De la condena en costas

Al respecto, esta Sala hace extensivas las consideraciones expuestas en
precedencia y se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia, pues
si bien los planteamientos del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada no fueron estimados procedentes en su totalidad, si originaron
una modificación ostensible en la condena impuesta por el juez de primer
grado; aunado a ello, no se evidenció actividad de la contraparte ante esta
Corporación que permita concluir la causación objetiva de las mismas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar parcialmente el ordinal tercero de la sentencia proferida el
28 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a
las súplicas de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió la señora Luz Marina González
Hernández contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en su lugar disponer:

«TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer, liquidar y pagar a
favor de la señora Luz Marina González Hernández una pensión de jubilación por
aportes en cuantía del 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
cotizó durante los diez (10) años anteriores al retiro definitivo del servicio, con la
inclusión de los factores salariales percibidos que estuviesen regulados en el
Decreto 1158 de 1994 y sobre los que realizó los correspondientes aportes, que
para el presente caso corresponde a la asignación básica.

La anterior disposición tiene efectos fiscales a partir del momento en que acreditó
el retiro definitivo del servicio, esto es, el 8 de abril de 2018».

Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.

Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente
expuesto.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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