Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2018-00156-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2018-00156-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-33-000-2018-00156-02
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 150012333000-2018-00156-02 (69997)
Demandante: Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009
Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: CONTRATO DE INTERVENTORÍA / DEBER DE VIGILANCIA Y
CONTROL – La Entidad no se desliga del deber de vigilancia y control de los
contratos que suscriba aun cuando contrate una interventoría integral.
Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación formulado por la entidad
demandada contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
La entidad demandada solicita revocar el fallo de primera instancia que resolvió
declarar la nulidad de los actos administrativos, mediante los cuales se declaró el
incumplimiento del Contrato de Interventoría 1323 de 2009 y se hizo efectiva la
cláusula penal pecuniaria.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 21 de febrero de 20231,
en la que la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada el 7 de marzo
de 20182 por el Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009 (el contratista, consorcio
interventor, la interventoría, la parte actora o demandante) en contra del Instituto
Nacional de Vías (el INVÍAS, la contratante o entidad demandada), cuyos
fundamentos de hecho, de derecho y pretensiones, se describen a continuación.
Hechos
2. Como principales hechos y argumentos que sirvieron de sustento para la
acción, la parte actora afirmó que:
1 Cuaderno 24, folios 1-57
2 Cuaderno 1, folios 2 - 81.
Radicación: 15001233300020180015602 (69997)
Demandante: Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009
Demandado: Instituto Nacional De Vías -INVÍAS
Acción: Controversias contractuales
(i) El 28 de agosto de 2009 el Consorcio Hidro Integral 2009, conformado por
las sociedades Integral S.A. (65%) e Hidroconsulta S.A.S (35%), suscribió el
Contrato de Interventoría No. 1323 de 2009 con la entidad demandada, cuyo objeto
consistió en realizar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO
"ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y
MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACÁ". El negocio
jurídico sobre el cual se realizaría la interventoría, fue el Contrato de Obra No. 780
de 2009 celebrado entre el INVÍAS y la Unión Temporal Transversal de Boyacá
(UTTB o contratista de obra) cuyo objeto fue realizar los estudios y diseños, gestión
social, predial, ambiental y mejoramiento del proyecto "Transversal de Boyacá".
(ii) En las cláusulas décima segunda y décima cuarta del contrato de
interventoría, las partes acordaron que en caso de incumplimiento definitivo por
parte del interventor de cualquiera de las obligaciones contraídas, o de declaratoria
de caducidad, el INVIAS estaba facultado para imponer una sanción a título de
cláusula penal pecuniaria por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en la Resolución No.
3662 del 13 de agosto de 2007. Así mismo, se acordó que el INVIAS podía tomar
directamente el valor de las sanciones de los saldos adeudados al interventor o de
la garantía constituida.
(iii) El consorcio interventor puso en conocimiento del INVÍAS, del supervisor del
contrato de obra y del contratista de obra, los diferentes incumplimientos en los que
incurrió este último, entre ellos la presencia de losas defectuosas y la existencia de
fisuras en varias de ellas. A pesar de las advertencias realizadas en diferentes
comunicaciones y aunque en las actas de los comités técnicos se dejó constancia
de la persistencia en el incumplimiento del contratista de obra, el INVÍAS omitió
iniciar los procedimientos sancionatorios correspondientes.
(iv) Ahora bien, el INVÍAS inició en contra del interventor el procedimiento de
declaratoria de incumplimiento definitivo, que dio lugar a que, a través de la
Resolución 094879 del 30 de junio del 2017, se resolviera aplicar el total de la
cláusula penal pactada en el contrato que correspondió a $1.031.379.553; dicho
acto fue objeto de recurso de reposición, sin embargo, la decisión fue confirmada
en su integridad mediante la Resolución No. 07089 del 14 de septiembre de 2017.
(v) En firme el acto sancionatorio, el 8 de noviembre de 2017, el INVÍAS y el
consorcio suscribieron acuerdo de pago tendiente a satisfacer el valor de la multa,
la cual sería cancelada en una (1) cuota inicial de $740.396.696,45 el 15 de
noviembre siguiente, y cinco (5) adicionales en los meses de enero, abril, julio y
octubre de 2018, y enero de 2019, que cubrían el restante de $290.982.836,55.
Sumados los respectivos intereses de mora, el valor final pagado ascendió a
$1.048.838.503.
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Radicación: 15001233300020180015602 (69997)
Demandante: Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009
Demandado: Instituto Nacional De Vías -INVÍAS
Acción: Controversias contractuales
Fundamentos de derecho
(vi) Los actos que declararon el incumplimiento definitivo e impusieron la cláusula
penal están viciados de ilegalidad, por cuanto se sustentaron en que el consorcio
interventor presuntamente omitió informar a la entidad contratante los
incumplimientos del contratista de obra y solicitar la imposición de sanciones,
cuando lo cierto es que sí lo hizo; aunque la interventoría requirió al contratista de
obra, informó a la entidad sobre las obligaciones en mora y le recomendó iniciar las
actuaciones sancionatorias pertinentes para apremiar su cumplimiento, esto último
era una facultad exclusiva del INVIAS, quien decidió no hacerlo. Además, se le
sancionó por cargos distintos a los que motivaron el inicio del procedimiento
sancionatorio, no se le dio cumplimiento a la resolución expedida por la entidad
contratante para su desarrollo, y la pena impuesta fue desproporcionada. En esa
medida, los actos fueron expedidos con falsa motivación por error de hecho,
transgresión de los principios de confianza legítima y buena fe objetiva,
interpretación errónea de la Ley 1474 de 2011, inaplicación de la Resolución No.
3662 de 2007 proferida por el INVÍAS, desviación de poder y desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa por vaguedad de la imputación, e incongruencia y
contradicción lógica de la decisión.
Pretensiones
3. Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar la nulidad de las
Resoluciones No. 04879 de 30 de junio y 07089 de 14 de septiembre de 2017, y a
título de restablecimiento del derecho, que se ordene el reintegro de las sumas de
dinero pagadas y los perjuicios causados con intereses de mora e indexación de las
sumas reconocidas. Subsidiariamente, pidió declarar la nulidad parcial de los actos
y reducir el monto de la pena impuesta, ordenando restituir la diferencia entre el
valor ajustado y lo pagado, indexado y con intereses de mora3.
3 PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 04879 del 30 de junio de 2017 y de la Resolución
No. 07089 del 14 de septiembre de 2017, expedidas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS.
SEGUNDA. Que, a modo de restablecimiento del derecho, se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -
INVÍAS a pagar a INTEGRAL S.A. y a HIDROCONSULTA S.A.S. (de conformidad con su participación en
Consorcio HIdro-Integral 2009) la suma de MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($1.048.838.503), derivado del pago de la cláusula penal Impuesta a
partir de Resolución No. 04879 del 30 de junio de 2017 y de la Resolución No. 07089 del 14 de septiembre de
2017, en los términos del acuerdo de pago celebrado el 8 de noviembre de 2017. TERCERA. Que, a modo de
restablecimiento del derecho, se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS a pagar a INTEGRAL
S.A. y a HIDROCONSULTA S.A.S. (de conformidad con su participación en Consorcio HIdro-Integral 2009) los
daños y/o perjuicios causados por la Imposición de la sanción. CUARTA. Que, como consecuencia de las
anteriores declaraciones, se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS a la actualización del dinero
en el tiempo hasta el momento en que se efectúe el pago. QUINTA. Que, como consecuencia de las anteriores
declaraciones, se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS al pago de los intereses legales
moratorios desde la fecha en que se realizaron los pagos hasta el momento en que se haga la restitución
efectiva de los recursos. SEXTA. Que se condene en costas y en agencias en derecho a la entidad demandada.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. PRIMERA. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 04879
del 30 de junio de 2017 y de la Resolución No. 07089 del 14 de septiembre de 2017, expedidas por el
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, en los términos del inciso tercero del artículo 187 de la Ley 1437 de
2011. SEGUNDA. Que se valore por el juez la entidad del incumplimiento del Contrato No. 1323 de 2009 por
parte del CONSORCIO HIDRO - INTEGRAL 2009, conformado por INTEGRAL S.A. e HIDROCONSULTA
S.A.S., y se justiprecie el valor de la cláusula penal pactada en dicho Contrato. TERCERA. Que se dicte un acto
administrativo de reemplazo, en los términos del inciso tercero del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, en el
que se declare el valor de la cláusula penal proporcional al incumplimiento valorado por el Tribunal. CUARTA.
Que, a modo de restablecimiento del derecho, se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS a pagar
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Radicación: 15001233300020180015602 (69997)
Demandante: Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009
Demandado: Instituto Nacional De Vías -INVÍAS
Acción: Controversias contractuales
Contestación de la demanda
4. El INVÍAS contestó la demanda4 oponiéndose a las pretensiones, al
considerar que si bien la Interventoría no tenía la función de declarar el
incumplimiento, imponer multas o hacer efectiva la cláusula penal, dentro de sus
obligaciones sí estaba solicitar el inicio de los procedimientos administrativos
sancionatorios mediante un informe que debía contener los hechos que motivaban
la actuación, las posibles normas o cláusulas violadas y las consecuencias que
podían derivarse para el contratista en desarrollo de la obligación que fue
desconocida; a pesar de ello, pasaron más de cuatro (4) años desde que la
interventoría conoció sobre los errores constructivos en las losas de concreto
hidráulico bajo el contrato de obra, sin que hubiera solicitado al INVIAS iniciar un
proceso sancionatorio por tal motivo. Así mismo, la pena fue proporcional a las
omisiones del contratista interventor, toda vez que éstas conllevaron a que el
contrato de obra no se cumpliera.
5. En virtud de lo anterior, adujo que las pretensiones de nulidad no tenían
vocación de prosperidad, presentando como excepciones las que denominó: (i)
inexistencia de fundamentos fácticos y jurídicos que desvirtúen la presunción de la
legalidad de los actos administrativos demandados; (ii) ausencia de requisitos para
invocar la acción; (iii) adecuada tasación del perjuicio; y (vi) buena fe.
Alegatos en primera instancia
6. Surtida la etapa probatoria5, la sociedad demandante6 y la entidad
demandada7 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.
7. El Ministerio Público guardó silencio.
a INTEGRAL S.A. y a HIDROCONSULTA S.A.S. (de conformidad con su participación en Consorcio Hidro-
Integral 2009) la diferencia entre las sumas de dinero pagadas por INTEGRAL S.A. e HIDROCONSULTA S.A.S.
a la fecha de proferir Sentencia y ei justiprecio de la cláusula penal establecida por el Tribunal. QUINTA. Que,
como consecuencia dejas anteriores declaraciones, se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – invias a
la actualización del dinero en ei tiempo hasta ei momento en que se efectúe el pago. SEXTA. Que, como
consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS al pago
de los Intereses legales moratorios desde la fecha en que se realizaron los pagos hasta el momento en que se
haga la restitución efectiva de los recursos. SÉPTIMA. Que se condene en costas y en agencias en derecho a
la entidad demandada”.
4 Cuaderno 2, Folio 267 del archivo “7_ED_15001233300020180015_Indice_58”, obrante en el EXPEDIENTE
DIGITAL.
5 Se decretaron como medios de prueba (a) las documentales aportadas por las partes; (b) exhortos y oficios al
INVIAS solicitados por la parte actora, (c) exhibición de documentos solicitados por la parte actora; (e)
Declaración de parte del ingeniero Argelino José Duran Ariza, quien se desempeñó como representante legal
del consorcio HIDROINTEGRAL, (f) las documentales aportadas, (g) el testimonio del Ingeniero GIACOMO
Santiago Leopoldo Marcenario Jiménez director de interventoría del Consorcio Hidro integral 2009. En las
audiencias realizadas entre el 16 de enero de 2019 al 23 de mayo de 2019, se decretaron y practicaron las
pruebas.
6 El Consorcio demandante presentó sus alegatos el 06 de junio obrantes a folios 630 a 685 del archivo
8_ED_15001233300020180015_Indice_58”
7 El INVIAS presentó sus alegatos el 07 de junio obrantes a folios 686 a 692 del archivo
8_ED_15001233300020180015_Indice_58”.
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Radicación: 15001233300020180015602 (69997)
Demandante: Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009
Demandado: Instituto Nacional De Vías -INVÍAS
Acción: Controversias contractuales
Fundamentos de la sentencia de primera instancia
8. El Tribunal desestimó los cargos relacionados con el debido proceso,
incongruencia del acto, desviación de poder e infracción del artículo 1º de la
Resolución 3662 de 20078, pero accedió a la pretensión de nulidad de los actos
acusados por falsa de motivación. Para esta última determinación, indicó lo
siguiente:
(i) Se demostró que, durante la ejecución contractual, el interventor adelantó
diferentes actuaciones encaminadas a informar al INVÍAS y al supervisor del
contrato de obra, el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la UTTB como
constructor, solicitando desde el 13 de septiembre del 2009 y hasta el 1 de octubre
de 2015, acciones tanto al contratista de obra como a la entidad para que se diera
solución a la problemática. Asimismo, la interventoría puso de presente en los
diferentes comités técnicos los inconvenientes relacionados con la presencia de
fisuras de losas, los compromisos manifestados por parte del contratista para
solucionar la problemática y proceder a su reparación, así como respecto del
incumplimiento de estos últimos. En virtud de lo anterior, concluyó el despacho
judicial que el interventor cumplió sus obligaciones. Además precisó que las
motivaciones fácticas y jurídicas expuestas en los actos demandados no eran
suficientes para declarar el incumplimiento definitivo, toda vez que el contratista
interventor no omitió informar los incumplimientos de la UTTB, ni se abstuvo de
solicitar a la entidad proceder en consecuencia ejerciendo sus facultades
contractuales y legales.
(ii) La entidad demandada dejó en manos del interventor la completa vigilancia
y control de la ejecución contractual, alegando su propia culpa en beneficio propio,
contraviniendo los principios de lealtad y buena fe, así como su deber de mitigar el
daño en la ejecución del negocio jurídico, tanto el INVÍAS como el supervisor del
contrato de obra fueron informados de los incumplimientos del contratista, y
conociendo la situación, contaban con habilitación legal para ejercer la potestad
sancionatoria, aun cuando la interventoría no lo hubiere solicitado explícitamente.
(iii) No es cierto que la única vía apta para iniciar un procedimiento sancionatorio
en contra del contratista incumplido sea a través del informe presentado por el
interventor, también puede serlo en virtud del informe que rinda su supervisor, sin
que además sean las únicas opciones, pues la Ley 1474 de 2011 establece que se
citará al presunto incumplido cuando la entidad evidencie un posible incumplimiento,
sin que restrinja el conocimiento de tal circunstancia a la presentación de informes
de supervisión e interventoría bajo unas particulares formalidades.
(iv) Correspondía al INVÍAS mediante los actos acusados, calificar el
incumplimiento a título de dolo o culpa, toda vez que se trataba del ejercicio de una
potestad sancionatoria reglada, aspecto que se echó de menos en el contenido de
la citación y en los actos demandados.
8 Mediante la cual el INVIAS instituyó el procedimiento para la imposición de sanciones a contratistas
incumplidos.
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Radicación: 15001233300020180015602 (69997)
Demandante: Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009
Demandado: Instituto Nacional De Vías -INVÍAS
Acción: Controversias contractuales
(v) En cualquier caso, la interventoría no incurrió en la omisión por la cual fue
sancionado, esto es, no haber solicitado imponer penas a la UTTB por no solucionar
los daños y fallas de las losas construidas, pese a que desde el momento en que
conoció las averías no solicitó el inicio de procedimiento sancionatorio por esa
precisa razón, siempre informó de dicha situación al supervisor del contrato de obra
y a la entidad contratante y advirtió que la falta de entrega de documentos,
circunstancia por la que sí solicitó la apertura de ese procedimiento, imposibilitaba
la ejecución de las obras necesarias para corregir los defectos.
(vi) Aun de haberse acreditado el incumplimiento atribuido al interventor, lo cual
no aconteció, no había lugar a imponer o hacer efectivo el total de la cláusula penal
dado el porcentaje de incumplimiento de cara a la totalidad de las obligaciones
asumidas bajo el negocio jurídico.
9. En consecuencia, el Tribunal a quo decidió declarar la nulidad de los actos
acusados y a título de restablecimiento condenó a la entidad demandada a
reintegrar actualizado al consorcio demandante lo desembolsado por éste en virtud
del acuerdo de pago celebrado el 8 de noviembre de 2017, junto con los intereses
de mora9. Así mismo, condenó a la entidad demandada al pago de las costas del
proceso.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
10. La anterior decisión fue apelada por la entidad demandada10, quien afirmó
que el Tribunal a quo incurrió en error fáctico y probatorio, en tanto dan cuenta que
el consorcio interventor sí incumplió sus obligaciones contractuales. Sobre el
particular indicó:
(i) El interventor tuvo conocimiento desde el 24 noviembre de 2010 que las losas
estaban fisuradas, y solo hasta la finalización del contrato solicitó el inicio del
procedimiento sancionatorio del contratista de obra por ese hecho. El interventor
debía solicitar el inicio de un procedimiento sancionatorio concretamente respecto
del incumplimiento relacionado con la reparación de las losas; pese a que sí solicitó
el inicio de un proceso sancionatorio, únicamente con ocasión de la falta de entrega
de documentos, y posteriormente, señaló que varios de ellos se encontraban
superados o que algunos no eran determinantes para la reparación porque no
definían procedimientos y métodos constructivos, los que fueron definidos al inicio
9 PRIMERO. - DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones No. 04879 de 30 de junio y 07089 de 14 de
septiembre de 2017, proferidas por el Instituto Nacional de Vías - Invías, según lo expuesto. SEGUNDO. - A
título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al Instituto Nacional de Vías - Invías, a reintegrar al
Consorcio Hidro Integral 2009, las sumas efectivamente pagadas en virtud del acuerdo de pago suscrito el 8 de
noviembre de 2017, según lo expuesto. El pago de las anteriores sumas deberá ser actualizado conforme a la
formula fijada por el Consejo de Estado y en los términos expuestos en precedencia. CUARTO. - (SIC) Sobre
las anteriores sumas actualizadas, se reconocerán intereses remuneratorios civiles -a la tasa equivalente al
interés legal civil (6%)-, desde la fecha en que se hicieron los desembolsos de los pagos pactados en el acuerdo,
hasta la ejecutoria de la presente providencia. El cálculo se hará individualmente por cada pago efectivamente
acreditado. En adelante se pagarán los intereses establecidos en el artículo 195 del CPACA. QUINTO. - NEGAR
las demás pretensiones de la demanda. SEXTO. - CONDENAR en costas -gastos y agencias en derecho- al
Instituto Nacional de Vías - Invías y a favor del Consorcio Hidro Integral 2009. Liquídense por Secretaría, según
lo expuesto. SÉPTIMO. - DAR cumplimiento a la presente providencia en de los términos establecidos en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. OCTAVO. - Ejecutoriada esta providencia archívese el
expediente dejando las constancias del caso.
10 Archivo 30_MemorialWeb_Recurso folios 1-10
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Radicación: 15001233300020180015602 (69997)
Demandante: Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009
Demandado: Instituto Nacional De Vías -INVÍAS
Acción: Controversias contractuales
del contrato cuando se adelantó el tramo de prueba siguiendo las Especificaciones
Generales de Construcción; este aspecto se evidenció cuando la interventoría
manifestó al INVÍAS que de mantener el ritmo de ejecución, se consideraba la
posibilidad de que la totalidad de las estructuras se terminaran antes de finalizar el
plazo.
(ii) Si bien la Interventoría no tenía la función de declarar el incumplimiento,
imponer la multa o hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por ser esto una
competencia de la entidad, el procedimiento administrativo sancionatorio ante el
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra
sólo podía iniciar conforme a las pruebas que allegara la interventoría, quien de
acuerdo con su función y experiencia, era el sujeto contractual que contaba con los
elementos de juicio para rendir el informe y solicitar el inicio de esa actuación.
(iii) De igual manera, afirmó el apelante que, no existió una división en las
funciones para la vigilancia del contrato de obra entre la supervisión y la
interventoría, ya que éstas fueron contratadas en su totalidad con la última, por lo
que solo a ella le asistía el deber y la obligación de rendir el informe para adelantar
los procesos sancionatorios, como así lo hizo por otras causales y finalmente en
forma tardía por la omisión de reparar las losas fisuradas.
(iv) No es acertado el argumento del a quo al sostener que de acuerdo con el
artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la citación que se remita al contratista incumplido
además de exponer los hechos que motivan el inicio del procedimiento
sancionatorio deba incluir la valoración de la conducta dolosa o culposa, y la entidad
dio curso al proceso sancionatorio en los términos fijados en la ley garantizando el
derecho de defensa y contradicción del consorcio interventor.
11. Mediante auto del 16 de mayo de 2023 el Tribunal concedió el recurso de
apelación y a través de auto del 30 de junio del mismo año se admitió. El 4 de julio
de 2023 se notificó personalmente al Ministerio11 Público, quien solicitó (18 de julio
de 2023) confirmar la sentencia recurrida, por considerar que se encuentra
debidamente probado el actuar diligente del interventor.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
12. Conforme a los motivos de disenso expresados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala establecer si el Tribunal a quo incurrió en error en la
apreciación de los hechos y las pruebas, desconociendo que se encuentra
demostrado que el consorcio interventor sí incumplió sus obligaciones
contractuales, y, por ende, resultaba procedente imponer y hacer efectiva la
cláusula penal pecuniaria.
11 Visible en el documento denominado “8MemorialWebCHM_Concepto 076-2023” archivo 00010 del índice de
SAMAI.
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Radicación: 15001233300020180015602 (69997)
Demandante: Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009
Demandado: Instituto Nacional De Vías -INVÍAS
Acción: Controversias contractuales
El deber de control y vigilancia del negocio jurídico por parte de la entidad
contratante, sus facultades en materia sancionatoria y las obligaciones de la
interventoría
13. La Ley 80 de 1993 consagró en el artículo 4 una serie de deberes con el fin
de lograr la correcta ejecución del contrato, a saber: (i) exigir del contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; (ii) adelantar revisiones periódicas
de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar
que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y
promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando
dichas condiciones no se cumplan; y (iii) adoptar las medidas necesarias para
mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas,
económicas y financieras.
14. A su vez, en virtud del principio de responsabilidad12, los jefes o
representantes de las entidades estatales contratantes tienen a su cargo la dirección
y manejo de la actividad precontractual y contractual, razón por la cual, aun en caso
de existir actos de delegación, no quedan exonerados de sus deberes de control y
vigilancia frente a los negocios jurídicos celebrados13.
15. En línea con lo anterior, la Ley 1150 de 2007 le dio la posibilidad a las
entidades de imponer las multas y sanciones que hayan sido pactadas en el negocio
jurídico, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones en
virtud de su deber de control y vigilancia sobre los contratos estatales, mediante un
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso, el cual fue
definido por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
16. De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1473 de 2011, las entidades
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. Así
mismo, establece que la supervisión consiste en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto
del contrato se ejerce directamente por la entidad estatal cuando no se requieren
conocimientos especializados, mientras que la interventoría corresponde al
seguimiento técnico del negocio jurídico con una persona independiente de la
entidad contratante cuando ello suponga un conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad del mismo lo justifique, sin perjuicio de que
atendiendo a la naturaleza del contrato principal, la entidad pueda contratar su
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico con la
interventoría.
17. Conforme a los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la interventoría
contractual implica la vigilancia y el seguimiento al cumplimiento obligacional a
cargo del contratista bajo otro negocio jurídico; en consecuencia, los interventores
12 Artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
13 Artículo 12 de la Ley 80 de 1993.
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Radicación: 15001233300020180015602 (69997)
Demandante: Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009
Demandado: Instituto Nacional De Vías -INVÍAS
Acción: Controversias contractuales
están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecución de ese contrato para cumplir con su deber principal,
consistente en exigir la calidad de los bienes, servicios u obras en los términos
definidos en los pliegos, anexos o en las normas técnicas obligatorias, manteniendo
oportunamente informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias
constitutivos de incumplimiento bajo el contrato vigilado, o que pongan o puedan
poner en riesgo su cumplimiento14.
18. Se destaca que este deber de información a cargo de la interventoría es de
suma importancia, en tanto le corresponde alertar a la entidad sobre cualquier
inconsistencia en el desarrollo del contrato vigilado con el objetivo de asegurar el
cumplimiento de su objeto y de los fines de la contratación estatal, y en esa medida,
el interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos
u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya
ejercido o ejerza funciones de interventoría15.
19. Luego, en la cláusula séptima del contrato de interventoría 1123 de 2009, se
estipularon las obligaciones generales y específicas del interventor, estas últimas,
se clasificaron en funciones administrativas, técnicas, ambientales, sociales y de
gestión predial, todas ellas dirigidas a ejercer un control completo y especializado
del contrato de obra, vigilando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista y del objeto contratado, manteniendo oportunamente informada a la
entidad contratante.
20. Como se observa, aunque existe un deber de información y verificación del
interventor con la entidad, a fin de que la última adopte fundada y oportunamente
las medidas necesarias para garantizar las condiciones técnicas, económicas y
financieras que fueron previstas en el contrato y lograr la consecución de los fines
fijados con su celebración y ejecución, los interventores no sustituyen ni reemplazan
a la entidad estatal en su posición contractual ni en las potestades que la ley les
concede para garantizar la ejecución del contrato vigilado, y por tanto, no pueden
adoptar las decisiones que en el marco de sus funciones administrativas o
contractuales le correspondan. De esta manera, la contratación de una interventoría
por parte de la entidad estatal, no la releva de sus deberes de control y vigilancia
frente al contrato principal, menos de su competencia decisoria sobre los asuntos
que atañen al desarrollo del contrato. De esta manera la interventoría no sustituye
ni reemplaza a la entidad contratante en la toma de las decisiones, conservando
dicha potestad a través de su propio representante legal en virtud de la relación
negocial existente16.
14 Sin perjuicio del deber de informar aquellos hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción
tipificados como conductas punibles.
15 Artículo 82 de la Ley 1474 de 2011.
16 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B, Consejero ponente: RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO, Bogotá D.C., doce (12) de
diciembre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 25-000-23-26-000-1996-13019-01(27426).
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21. Es por esto que las funciones de la interventoría no implican una obligación
de resultado, sino de medio, pues no se puede atribuir al interventor una conducta
que asegure el resultado esperado, esto es, el cumplimiento total y oportuno del
contrato principal, toda vez que para ello deben concurrir situaciones o factores que
no dependen exclusivamente de la gestión o actuar del interventor.
22. El artículo 86 de la Ley 1471 de 2011 establece que es la entidad contratante
quien tiene la facultad de declarar el incumplimiento del contratista, cuantificar los
perjuicios e imponer las multas y sanciones pactadas, de manera que cuando
evidencie un posible incumplimiento de las obligaciones acordadas bajo un negocio
jurídico que celebró, indistintamente de cómo se obtuvo el conocimiento de la
desatención de las prestaciones, es a ella a quien le corresponde dar inicio al
procedimiento administrativo sancionatorio -definido en esa misma norma- citando
a audiencia a su contratista.
23. El inicio de un procedimiento sancionatorio contractual, corresponde a una
decisión de la entidad y se origina a partir de su conocimiento del incumplimiento
del negocio jurídico en que el actúa como contratante, con independencia del medio
o instrumento a través del cual ello acontezca, pues ante la evidencia de hechos o
circunstancias constitutivos de incumplimiento, es a ésta a quien corresponde tanto
la facultad como el deber de hacer uso de los instrumentos contractuales y legales
tendientes a garantizar la consecución del objeto contratado, así como de hacer
efectivas las sanciones y garantías pactadas. En este sentido, el parágrafo 3 del
artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 establece que cuando el ordenador del gasto
sea informado de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al
cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el
interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable
solidariamente con éste de los perjuicios que se ocasionen.
24. En virtud de lo anterior, la dirección, control y vigilancia corresponde
primigeniamente al jefe de la entidad contratante o a quien éste delegue dicha
responsabilidad, así como la facultad sancionatoria, de manera que los
interventores no reemplazan a la entidad en las decisiones relacionadas con el
contrato, ni definen sancionar o no al contratista, como tampoco tienen la facultad
de declarar el incumplimiento; es la entidad pública contratante, a partir de los
hechos conocidos y de las pruebas practicadas en el marco del proceso
sancionatorio y su valoración, quien determina la responsabilidad del contratista.
Aunque el informe de interventoría puede ser el origen del conocimiento del
incumplimiento por parte de la entidad dado su carácter técnico e ilustrativo sobre
la realidad del contrato y atendiendo a las funciones de verificación a cargo del
interventor, su informe no puede calificarse como requisito ineludible para declarar
la responsabilidad o no del contratista, toda vez que la ley no impone una tarifa
probatoria a la entidad para efectos de determinar el incumplimiento del contrato, y
por otra parte, porque aun existiendo ese documento, la entidad en virtud de la
garantía del debido proceso y de presunción de inocencia debe verificar su grado
de certeza y confrontarlo las demás pruebas allegadas al procedimiento
sancionatorio.
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25. Así las cosas, la Sala destaca que la vigilancia y control de los contratos es
un deber permanente en cabeza de la entidad pública contratante, en virtud del cual,
se busca la consecución de los fines del estado y la garantía por la calidad y debida
prestación de los servicios, independientemente de que se haya contratado una
interventoría integral, pues con ocasión de ello la entidad estatal como directora y
responsable de los contratos que suscribe no se desliga de este deber, como
tampoco del consistente en adelantar las actuaciones necesarias para conminar al
contratista al cumplimiento del contrato principal, incluyendo el ejercicio de sus
facultades sancionatorias cuando por cualquier medio identifique o tenga
conocimiento de la desatención del contenido obligacional del negocio jurídico que
celebró.
26. Aunque no se desconoce que el informe del interventor puede constituir un
insumo importante para la toma de decisiones por parte de la administración frente
al contrato vigilado, es a la entidad a quien le corresponde el ejercicio de esa
competencia e iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio de ser el caso,
esto, en su calidad de parte en el contrato, en virtud del deber legal y permanente
de supervisión y vigilancia que le compete, y porque es a ella a quien la ley le otorga
esa potestad, sin perjuicio de que la interventoría tenga el deber de mantener
informada a la entidad de esos incumplimientos y de cualquier circunstancia que
pueden afectar la correcta ejecución del contrato principal.
Caso concreto
27. El reproche de la demandada en el recurso de apelación se centra
principalmente en que hubo un error en la apreciación de los hechos y de las
pruebas por parte del Tribunal, estando acreditado que el consorcio demandante
incumplió gravemente el contrato de interventoría, por cuanto: (i) no informó sobre
los incumplimientos del contratista de obra en relación con la reparación de las losas
fisuradas, ni solicitó el inicio del procedimiento sancionatorio en relación con este
asunto; (ii) solo solicitó el inicio de procesos sancionatorios por la falta de en
entrega de información o documentos, lo que después fue subsanado; y (iii) sólo
hasta el final del contrato solicitó el inicio de un proceso sancionatorio por la no
reparación de las losas, lo cual llevó a que la entidad no pudiera apremiar al
contratista de obra y el contrato celebrado con éste no se cumpliera.
28. La Sala anticipa que confirmará la decisión adoptada en primera instancia
por cuanto revisado el material probatorio obrante en el proceso, con especial
énfasis en las piezas aducidas por la actora en el recurso de apelación, coincide
con las conclusiones del Tribunal relativas al cumplimiento de las obligaciones por
parte del interventor. Sobre el particular, la Sala encuentra acreditado en el
expediente lo siguiente:
(i) El contrato de interventoría 1323 de 2009, tuvo por objeto la interventoría
técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social por parte del
consorcio demandante, del contrato de obra 780 de 2009 suscrito entre el INVIAS y
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la Unión Temporal Transversal de Boyacá (UTTB), con un plazo de 49 meses
contados a partir de la fecha de orden de inicio impartida por la subdirección de la
red nacional de carreteras del INVIAS, lo cual sucedió el 7 de septiembre de 2009.
Las partes suscribieron diez (10) modificaciones prorrogando el plazo y adicionando
el valor del contrato, por lo que el primero vencía el 30 de octubre de 2015, mientras
que el valor final correspondió a la suma de $10.313.795.330.
(ii) Desde el 24 de noviembre de 2010, esto es, aproximadamente un año
después de iniciada la ejecución del contrato de obra, el interventor formalizó un
requerimiento al contratista constructor mediante la comunicación No. 745-001-
09.UTT17 para que presentara alternativas y una programación con el fin de
solucionar la problemática advertida en algunas losas que estaban defectuosas o
fisuradas, para que una vez aprobada por la interventoría la solución
correspondiente, procediera con las reparaciones. La interventoría indicó que se
abstendría de recibir esas losas hasta que las mismas cumplieran con los
parámetros de aceptación de las normas INVÍAS.
(iii) Posteriormente, mediante oficios 886-001-09.UTT y 967-001-09.UTT del 15
de marzo y 11 de mayo de 2011, la interventoría requirió nuevamente a la UTTB
para que allegara concepto técnico y propuesta para la reparación de las losas
fisuradas, so pena de imposición de sanción. Esta solicitud fue reiterada en los
comités técnicos de obra realizados el 12 de mayo, 16 de junio, 23 de junio, 28 de
julio y 24 de noviembre de 2011 (actas 92A, 96A, 95B, 98 y 114) en donde, con la
participación del supervisor del contrato de obra designado por la entidad, la
interventoría exigió programar la reparación de las losas fisuradas.
(iv) Con ocasión de los diversos requerimientos efectuados, reiterados en comité
técnico N° 124 del 12 abril de 2012 y mediante comunicación 1643-001-09.UTT del
5 de junio del mismo año, el contratista de obra se comprometió a que en septiembre
de 2012 iniciaría con la reparación de las losas previa entrega de las alternativas y
programación correspondiente, cosa que no ocurrió como puede deducirse de las
nuevas solicitudes presentadas en los comités técnicos N° 143 del 28 de septiembre
de 201218, N°144 del 11 de octubre de 201219 y 145 del 18 de octubre de 201220.
En comité técnico N° 148 del 18 de noviembre de ese año la interventoría constató
que, de las 8.000 losas construidas, 400 presentaban fisuras, sin que la UTTB
hubiese procedido con la entrega de la información necesaria para proceder con su
reparación, incumplimiento que justificaba la imposición de una multa.
(v) Mediante oficio 1560-001-09.UTT del 22 de enero de 2013, la interventoría
solicitó a la UTTB para que presentara, a más tardar el 28 de enero de ese año, el
plan de contingencia y cronograma de reparación de las losas de todo el proyecto;
esta solicitud se reiteró en los comités técnicos 157, 158, 159 y 160 del 6, 21 y 27
de febrero y 6 de marzo de 2013.
17 Cuaderno 22, folio 1.
18 Cuaderno 22 folio 83.
19 Cuaderno 22 folio 90.
20 Cuaderno 22 folio 95.
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(vi) En oficio 1601-001-09.INV del 16 de abril ese año la interventoría solicitó a
la entidad contratante imponer sanción a la UTTB por no hacer entrega del plan de
contingencia y cronograma de reparaciones como fue solicitado.
(vii) Según consta en el acta del comité técnico 169 del 3 de mayo de 2013, la
interventoría manifestó su preocupación por el incremento del número de losas
fisuradas, por lo que se procedió a realizar un inventario de aquellas 21. Mediante
oficio 1620-001-09.UTT del 6 de mayo requirió nuevamente al contratista, indicando
que el contrato vencía en septiembre de 2013 sin observarse reparación de losas,
por lo que solicitó programar de manera inmediata una visita con su especialista en
pavimentos, presentar las propuestas de solución y programar los arreglos para
lograr su culminación al menos un mes antes de la terminación del contrato, so pena
de solicitud de imposición de multa. Lo anterior fue reiterado en comunicación 1667-
001-09.UTT del 9 de julio de 2013.
(viii) Con oficio UTTB-133-13 del 12 de julio de 2013, el contratista de obra hizo
entrega a la interventoría del informe de consultoría sobre diagnóstico y tipologías
de las fallas en las losas, necesario para proceder con su intervención y reparación.
En comité técnico 188 del 31 de julio de 2013, el contratista se comprometió a iniciar
con las reparaciones el 23 de agosto de 2013. Posteriormente, en comités técnicos
194, 195 y 197 realizados en septiembre de ese mismo año, la interventoría solicitó
a la UTTB allegar la programación o plan de reparación, y en comité 201 del 8 de
octubre siguiente, consignó que el contratista de obra inició las reparaciones, pero
no en la cantidad esperada y sin que hubiese entregado la totalidad de la
programación ni la metodología a implementar. En los comités 201, 204, 209, 210 y
211 de noviembre y diciembre de 2013, la interventoría solicitó a la UTTB agilizar
las reparaciones e insistió en la necesidad de que hiciera entrega de la metodología
y de la totalidad del cronograma de los arreglos.
(ix) En comités técnicos 213, 214, 215, 216 y 217, realizados en enero y febrero
de 2014, la interventoría solicitó al contratista de obra continuar con los trabajos de
reparación de las losas, pero insistió en que no se había entregado de manera
completa el plan de reparación, la metodología y la programación. En los comités
218 y 220 de marzo de 2014 la interventoría solicitó a la UTTB un registro fotográfico
de la reparación de losas, reiterando su incumplimiento en la entrega de la
programación. Posteriormente, en los comités 224 y 225 de abril del mismo año, la
interventoría anunció que solicitaría la imposición de multa al contratista por los
retrasos en las reparaciones y la entrega de la programación.
(x) En los comités técnicos realizados entre mayo y octubre de 2014 22 la
interventoría advirtió avances en la reparación de las losas, aunque no con los
rendimientos esperados, e insistió en la entrega de una programación por parte de
la UTTB con el fin de hacer el seguimiento respectivo y asegurar que las
intervenciones se harían en su totalidad antes de finalizar el plazo contractual.
21 También consta en la comunicación 1852-001-09.UTT del 18 de febrero de 2014.
22 Números 231,232, 233, 235, 237, 239 a 243, 245, 247 y 249.
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(xi) Mediante oficio 2067-001-09.INV del 19 de noviembre de 2014, el interventor
advirtió nuevamente a la contratante sobre el incumplimiento de la UTTB en la
entrega de la documentación solicitada para reparación de losas, por lo que sometió
“a consideración del INVIAS el inicio del proceso para imposición de multa (…) por
no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos
solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida
ejecución”, tasando la sanción en $1.529.940.569.
(xii) En las actas de comité 252 y 264 de noviembre de 2014, se consignó
nuevamente la solicitud de la interventoría para que la UTTB hiciera entrega de la
programación de los arreglos, frente a lo cual, el contratista de obra se comprometió
a su entrega para el 1º de diciembre de 2014. Con oficio UTTB-338-14 del 1º de
diciembre de 2014, la UTTB hizo entrega a la interventoría de la programación para
la reparación de la totalidad de las losas, lo cual se realizaría durante diciembre de
2014. Mediante oficio 2147-001-009.UTT del 12 de diciembre siguiente la
interventoría aprobó parcialmente los procedimientos propuestos para la
reparación.
(xiii) En el acta de comité técnico No. 263 del 16 de febrero de 201523 se informó
al contratista que se procedería a realizar el descuento del valor de las losas
fracturadas en las actas de obra faltantes y aunque en su momento fueron incluidas
en actas de recibo parcial, estas resultaron afectadas durante la ejecución 24, no
obstante, el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras en el marco de una
reunión celebrada el 5 de junio de 2015, dio instrucciones a la Interventoría para
que se tramitaran las actas de obra sin hacer descuento alguno25.
(xiv) Mediante oficio 2208-001-09.UTT del 17 de febrero de 2015, la interventoría
informó a la UTTB que, ante la suspensión de las actividades de reparación de las
losas, procedería a descontar de las actas el valor de las losas afectadas y que, en
concepto de la interventoría, debían ser demolidas y reconstruidas.
(xv) Con el oficio 2465-001-009.INV del 14 de marzo de 2015, la interventoría
relacionó al INVIAS los incumplimientos de la UTTB en cuanto a la no reparación
y/o demolición y reemplazo de losas fisuradas, pese a los requerimientos
efectuados y puestos en conocimiento de la entidad desde noviembre de 2010.
Relacionó las comunicaciones escritas, actas de comité y hechos que fundaron el
presunto incumplimiento.
(xvi) Mediante oficio 2267-001-09.UTT del 8 de abril de 2015, la interventoría
indicó a la UTTB que las obras pendientes de ejecutar presentaban un estado de
“parálisis casi total”, por lo que le solicitó adoptar las medidas correspondientes y
advirtió que si para el 13 de abril siguiente no había presencia de frentes de trabajo,
equipos y programación para la terminación de obras, incluidos los trabajos de
23 Cuaderno 7, folio 621-624.
24 Cuaderno 9, folio 28 a 31.
25 Comunicación 2310-001-09.UTT del 09 de junio de 2015 obrante en el cuaderno 11 folio 557.
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reparación y/o reemplazo de las losas fisuradas, solicitaría nuevamente al INVIAS
el inicio de un procedimiento sancionatorio, lo cual fue reiterado posteriormente en
oficio 2271-001-09-.UTT del 22 de abril de 2015, otorgando plazo para la
reactivación de labores hasta el 27 del mismo mes y año.
(xvii) El 4 de mayo de 2015, con el oficio 2281-001-09.INV, la interventoría solicitó
al INVIAS el inicio de un procedimiento sancionatorio en contra de la UTTB, por no
acatar el plazo acordado y las ordenes de interventoría para la ejecución de las
obras.
(xviii)En oficio 2352-001-09.INV del 10 de junio de 2015, la interventoría informó
al INVIAS que la UTTB continuaba incumpliendo sus obligaciones y que
posiblemente no podrá entregar la obra en fecha pactada. Expuso que aunque
existía un acuerdo para la demolición y reconstrucción total o parcial de 170 losas
de pavimento, el contratista de obra no había ejecutado esas obras.
(xix) El 28 de julio de 2015 con el oficio 2360-001-09.UTT, la interventoría solicitó
a la UTTB presentar plan de contingencia que incluyera la reparación de losas a
más tardar el 3 de agosto de 2015, so pena de solicitar nuevamente al INVIAS el
inicio de un procedimiento sancionatorio. Como el contratista no cumplió con dicho
requerimiento, el 4 de agosto de ese año (2365-001-09.INV) el interventor solicitó al
INVIAS la imposición de una sanción por no entregar los documentos requeridos
por la interventoría y necesarios para efectuar las reparaciones.
(xx) Mediante oficio 2366-001-09.INV del 5 de agosto de 2015, la interventoría
remitió al INVIAS un informe técnico sobre losas fisuradas y relacionó las
comunicaciones cruzadas sobre la problemática desde el año 2010; resaltó el
incumplimiento de la UTTB en la entrega de informes, planes de trabajo,
cronogramas y programación necesarios para la reparación de las losas. Expresó
que informó oportunamente al INVIAS, presionó al contratista para el arreglo de las
losas averiadas y que inclusive inició el descuento de su valor en las actas parciales,
pero lo suspendió por orden del INVIAS. Destacó que ejercitó todos los medios a su
alcance para conminar a la UTTB, quien fue renuente, y que correspondía a la
entidad adelantar las acciones necesarias para conminar a la UTTB a cumplir.
(xxi) El 1º de octubre de 2015, con oficio 2411-001-09.INV, la interventoría informó
al INVIAS que el contratista de obra hizo entrega de la información necesaria para
acometer las obras por lo que “De mantenerse el actual ritmo de ejecución de los
trabajos se considera que es muy posible que la totalidad de las estructuras queden
terminadas antes del 15 de octubre de 2015 y que todas las obras a las que le fue
asignado presupuesto queden concluidas dentro del plazo contractual.” En esa
medida, señaló que no resultaba procedente continuar con la solicitud de
procedimiento sancionatorio en contra de la UTTB por la no entrega del plan de
contingencia, sin perjuicio que, “de llegar el vencimiento del plazo contractual, sin
que la UTTB haya solucionado el problema de las losas fisuradas y fracturadas,
deberá darse inicio al proceso administrativo sancionatorio por el presunto
incumplimiento definitivo”.
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(xxii) El 18 de mayo de 2016 se remitió al contratista la citación a la audiencia
contemplada en el artículo 86 de la Ley 1474 de 201126 en virtud del presunto
incumplimiento del contrato de obra 780 de 2009, procedimiento que se inició con
fundamento en el informe de la interventoría presentado el 11 de marzo de 2016 27,
en el que de manera concreta se hace referencia al incumplimiento relacionado con
las fisuras de las losas y su no reparación.
29. Conforme al anterior recuento probatorio la Sala advierte que, contrario a lo
indicado en los actos demandados como sustento de la declaratoria de
incumplimiento del contrato de interventoría, está acreditado que:
(i) El consorcio demandante informó a la entidad de las fisuras y deficiencias
encontradas en las losas tan pronto como tuvo conocimiento de tal circunstancia,
requirió constantemente al contratista de obra para que procediera con su
reparación, comunicó de manera permanente y reiterada a la entidad sobre la
problemática que se estaba presentando por la renuencia del contratista frente a
sus requerimiento y le sugirió en diversas oportunidades proceder con la imposición
de las sanciones pactadas por el incumplimiento del contrato. Sobre este particular,
está acreditado que en más de 50 comités técnicos realizados desde el 26 de
noviembre de 2010 hasta el 31 de julio de 2015, en los que participó el señor
Gustavo Gamaliel Fernández, quien se desempeñaba como supervisor del contrato
de obra designado por la entidad28, la interventoría informó y requirió al contratista
de obra para que presentara las alternativas y la programación para la reparación
de las losas en el menor tiempo posible29, frente a lo cual la entidad asumió una
actitud pasiva, no inició los procedimientos sancionatorios de manera oportuna, e
inclusive, solicitó al interventor no descontar de las actas de obra pendientes de
pago y a favor de la UTTB los daños encontrados, como también fue propuesto por
la interventoría para conminarla a cumplir.
(ii) No es cierto que la interventoría no hubiese solicitado expresamente al
INVIAS iniciar un procedimiento sancionatorio por el incumplimiento del contratista
frente al arreglo de las losas fisuradas o con problemas de calidad; de hecho, lo hizo
al menos en tres (3) oportunidades distintas con sus fundamentos (mediante las
comunicaciones 1601-001-09.INV del 16 de abril de 2013, 2067-001-09.INV del 19
de noviembre de 2014 y 2366-001-09.INV del 5 de agosto de 2015). Así mismo, en
sendas comunicaciones relacionó a la entidad contratante los incumplimientos de la
UTTB sobre el particular, los requerimientos efectuados, las comunicaciones
cruzadas, las actas de comité y, en general, la totalidad de los hechos que
fundamentaban la mora del contratista, por lo que el INVIAS siempre tuvo la
información necesaria y suficiente para conminarlo al cumplimiento mediante la
26 Cuaderno 16, folio 251
27 Cuaderno 23, folios 541- 625
28 Resolución 05086 del 27 de agosto de 2009 obrante en Cuaderno 16, Folio 130. “ARTÍCULO PRIMERO.
Designar al Ingeniero Civil GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO (…) quien desempeña el cargo de
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ, como SUPERVISOR del CONTRATO No. 0780 de 2009 (…)”
29 Cuaderno 7, folios 23 a 41, 54 a 80, 85 a 94, 97 a 112, 124 a 229, 235 a 252, 259 a 274, 327 a 438, 475 a
483, 510 a 528, 531 a 534, 566 a 586, 605-629, 637 a 643, 734 a 745, 752 a 758
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imposición de las sanciones pactadas, sin que pudiera desligarse o desvincularse
de esa facultad y deber como actor y titular de la función contractual, por el solo
hecho de haber contratado una interventoría.
(iii) Pese a que la entidad demandada afirma que el consorcio interventor no
solicitó el inicio de un procedimiento sancionatorio por la omisión de la UTTB frente
al arreglo de las losas, dado que solo lo hizo por la falta de entrega de
documentación, las pruebas revelan que aunque en efecto las peticiones iniciales
de la interventoría se fundaron en la renuencia de la UTTB en la entrega de informes
y otros documentos, y solo hasta el 5 de agosto de 2015 solicitó de manera expresa
la apertura del procedimiento por el no arreglo de las fisuras, lo cierto es que las
primeras solicitudes referían a documentación necesaria para el inicio de las labores
de restauración de las losas averiadas; en esa medida, desde un primer momento
y ante la conducta de la UTTB, no resultaba exigible solicitar la imposición de
sanciones por la omisión de reparación de losas, cuando previo a ello, el contratista
se encontraba en mora de cumplir con otros compromisos y obligaciones necesarias
para ejecutar la restauración. Las pruebas dan cuenta que para iniciar las obras de
restauración se requería de la previa presentación y aprobación de cronogramas,
planes, estudios y documentos, cuya ausencia imposibilitaba iniciar las
reparaciones, por lo que el interventor solicitó la imposición de una multa por su no
entrega; posteriormente, cuando se entregaron dichos documentos y la UTTB
incumplió con las actividades de reparación y restauración, solicitó la sanción por
tal circunstancia antes de finalizar el plazo contractual, por lo que no se observa la
omisión afirmada por la demandada.
(iv) La no imposición de las sanciones pactadas en el contrato con el fin de
apremiar a la UTTB a cumplirlo, tuvo origen únicamente en el desinterés y la
pasividad del INVIAS, quien pese a tener pleno conocimiento de los incumplimientos
a través de la interventoría, y directamente por medio de su supervisor para el
contrato de obra, no procedió en consecuencia sin que hubiese acreditado una
justificación para ello; si la entidad realmente consideraba que requería un informe
de la interventoría bajo determinadas características para efectos de iniciar el
proceso sancionatorio, bien pudo solicitarlo, pero no lo hizo, evidenciando que su
posición se presenta como una excusa de cara a sus omisiones frente a los deberes
de seguimiento, vigilancia y control del negocio jurídico en el que era parte. Las
comunicaciones cruzadas y las actas de comité celebradas desde noviembre de
2010, dan cuenta que tanto el INVIAS como el supervisor del contrato de obra
conocieron de la problemática y renuencia de la UTTB, sin desplegar actuación
alguna tendiente al cumplimiento del contrato de obra, argumentando que se trataba
de una responsabilidad exclusiva del interventor, afirmación que como se explicó,
resulta contraria a sus deberes legales de vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y proteger los derechos de la entidad.
(v) No se acreditó que el consorcio demandante incumpliera las obligaciones
contenidas en los numerales 4, 7, 9, 11 y 18 de la cláusula séptima del contrato
1323 de 2009, que según el INVIAS, fueron desconocidas y motivaron las
expedición de los actos demandados, toda vez que la interventoría: (a) informó y
conceptuó al INVIAS en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y
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Radicación: 15001233300020180015602 (69997)
Demandante: Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009
Demandado: Instituto Nacional De Vías -INVÍAS
Acción: Controversias contractuales
soluciones presentados en el desarrollo del contrato; (b) verificó y apremió al
contratista de obra para que asegurara la calidad de las obras, de acuerdo con las
intervenciones a ejecutar; (c) realizó las acciones, a su alcance y conforme a su
función, tendientes al cumplimiento de las metas contractuales; (d) entregó los
informes, actas y demás documentos a su cargo; y (e) observó el Manual de
Interventoría de la entidad que le imponía la obligación de vigilar las obras e informar
los presuntos incumplimientos del contratista de obra.
30. Finalmente, la Sala advierte que la posición del INVIAS en el proceso resulta
abiertamente contradictoria con la adoptada por esa misma entidad en la demanda30
que obra en el expediente, tramitada bajo el radicado 15001233300020180025200
ante el Tribunal Administrativo de Boyacá y presentada en contra de la UTTB y sus
integrantes por el incumplimiento del Contrato de Obra 780 de 2009, concretamente,
por la no reparación de las losas fisuradas, en donde expresamente afirmó que
“Como firma interventora del Contrato se designó al CONSORCIO
HIDROINTEGRAL 2009, el cual cumplió sus funciones conforme a lo
establecido en el contrato que el INVIAS con dicho Consorcio suscribió”,
aseveración que coincide con lo probado en el presente asunto.
Conclusión
31. Contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, el Tribunal a quo no
incurrió en una indebida valoración de los hechos y de las pruebas, por cuanto está
acreditado que el consorcio interventor advirtió los incumplimientos del contratista,
le requirió reiteradamente para que los subsanara, informó sobre tal circunstancia a
la entidad y le solicitó ejercer sus facultades para apremiar el cumplimiento de la
UTTB, por lo que la parte actora cumplió con las prestaciones a su cargo,
especialmente, con aquellas por las que fue sancionado.
32. Evidenciado entonces que el interventor no incurrió en el incumplimiento que
sustentó los actos demandados, el acto está viciado por falsa motivación, lo que
conlleva a que resulte inane emitir un pronunciamiento respecto de (i) la
proporcionalidad de la sanción, en tanto ésta no era procedente; (ii) si existía o no
supervisión del contrato de obra y si era la interventoría quien debía informar los
incumplimientos, pues está acreditado que en efecto lo hizo; y (iii) la calificación de
la conducta de la interventoría bajo dolo o culpa grave, por cuanto tal argumento
solo tiene fundamentos de cara a una prestación que no fue cumplida, sin que ello
se hubiese probado.
33. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, donde
se declaró la nulidad de las Resoluciones 094879 del 30 de junio de 2017 y 07089
del 2017 del 14 de septiembre de 2017, y se condenó a la entidad demandada a
reintegrar las sumas efectivamente pagadas por el interventor.
30 Cuaderno 3, Folios 516 -602.
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Radicación: 15001233300020180015602 (69997)
Demandante: Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009
Demandado: Instituto Nacional De Vías -INVÍAS
Acción: Controversias contractuales
Costas
34. Habida cuenta de que para este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA,
de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, en la presente
providencia se impondrá la condena en costas a cargo de la parte vencida, es decir,
a la parte demandada.
35. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las
agencias en derecho, éstas se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto
de 2016, vigente para la fecha en que se presentó la demanda31, el cual dispone
que, en las sentencias dictadas en procesos declarativos en segunda instancia,
como sucede en el caso concreto, se fijarán entre 1 a 5 SMLMV.
36. Con fundamento en lo anterior, la parte demandada será condenada al pago
de agencias en derecho en los términos del artículo 2 del Acuerdo PSAA16-10554
de 201632, las cuales se fijan en dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor de la parte
demandante, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de su gestión en
segunda instancia.
IV. PARTE RESOLUTIVA
37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de febrero de 2023, proferida por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá.
SEGUNDO: CONDENAR en costas al INVIAS como parte demandada y recurrente;
FIJAR como agencias en derecho a su cargo y en favor del Consorcio Hidro integral
2009, la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes
(SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Las costas se liquidarán de
manera concentrada en el Tribunal a quo, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 366 del Código General del Proceso.
31 Aplicable para el 21 de junio de 2017, por cuanto entró en vigor el 5 de agosto de 2016.
32 “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro
del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites. “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas
de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. (…) En segunda instancia. Entre 1 y 6
S.M.M.L.V.”
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Radicación: 15001233300020180015602 (69997)
Demandante: Consorcio HIDRO-INTEGRAL 2009
Demandado: Instituto Nacional De Vías -INVÍAS
Acción: Controversias contractuales
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN
(aclaración de voto)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema SAMAI.
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