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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00329-01

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00329-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 13 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Oscar Eduardo Medina Romero contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por las razones expuestas en esta providencia. Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y a favor de la entidad demandada, las cuales se liquidarán por el a quo. Tercero: Reconocer personería adjetiva como apoderado general de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) al abogado José Octavio Zuluaga Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía n.° 79.266.852 y portador de la tarjeta profesional 98.660 del Consejo Superior de la Judicatura, ello en los términos del poder que le fue conferido mediante escritura pública por el representante legal de la autoridad en comento, el cual obra en el índice 13 del registro en SAMAI. 17 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». 18 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021) Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2018-00329-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

3 de marzo de 2022

1
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: OSCAR EDUARDO MEDINA ROMERO
Demandada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES1

Temas: Reconocimiento de pensión especial de jubilación
de la Ley 32 de 1986. Aplicación del régimen de
transición del artículo 6.° del Decreto 2090 de
2003. Incumplimiento del requisito de semanas de
cotización conforme a esta normativa. No se
consolida el derecho prestacional reclamado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-037-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 13 de mayo de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá que denegó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

El señor Oscar Eduardo Medina Romero en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 3 a 4)

1. Que se declare la nulidad de la Resolución SUB 88517 del 7 de junio de
2017, por medio de la cual la entidad demandada denegó el reconocimiento
de una pensión especial de vejez por alto riesgo a favor del libelista.

1 En adelante Colpensiones.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

2. Declarar la nulidad del acto presunto derivado de la configuración del
silencio administrativo negativo, estructurado con ocasión de la falta de
respuesta al recurso de reposición y en subsidio apelación presentado el
14 de junio de 2017 por el señor Medina Romero contra la Resolución SUB
88517 del 7 de junio de 2017 que negó la solicitud de reconocimiento
pensional.

3. Declarar que el demandante es beneficiario del régimen pensional especial
por actividad de alto riesgo previsto en el Decreto 2090 de 2003.

4. Que como consecuencia de estas declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a Colpensiones reconocer y pagar
a favor del libelista una pensión de jubilación bajo la mentada regulación,
es decir, en un 75% de lo devengado durante el último año de prestación
de servicio comprendido entre el 8 de octubre de 2009 y el 8 de octubre de
2010 con inclusión de la asignación básica, la prima de antigüedad, el
auxilio de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de
servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones.

5. Condenar a la entidad demandada al reconocimiento de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, así como al
pago indexado de las mesadas adeudadas.

6. Conminar a la Administradora Colombiana de Pensiones a que le dé
cumplimiento a la sentencia con arreglo a los artículos 188 y 192 del
CPACA, y que además pague las costas a que haya lugar en razón del
presente proceso.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 2 a 3)

1. El señor Oscar Eduardo Medina Romero nació el 5 de febrero de 1963.

2. El demandante prestó su servicio al extinto Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS) desde el 18 de noviembre de 1986 hasta el 9 de
octubre de 1992, así como al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) del 11 de marzo de 1994 al 8 de octubre de 2010. Durante estos
períodos aquel efectuó aportes al entonces ISS, hoy Colpensiones.

3. El libelista solicitó el reconocimiento y pago de una pensión especial de
jubilación conforme al régimen de actividades de alto riesgo, el 22 de
diciembre de 2016 ante la referida entidad.

4. La Administradora Colombiana de Pensiones emitió la Resolución SUB
88517 del 5 de junio de 2017 con la que negó la reclamación prestacional
en comento.

5. El señor Medina Romero interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación ante la autoridad demandada el 14 de junio de 2017, esto contra
la aludida decisión de negar el reconocimiento del derecho pensional. No
obstante, a la fecha de presentación de la demanda (20 de noviembre de
2017), aquella aún no había dado respuesta efectiva a la petición en
comento.

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 19 de agosto de 2019.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] Frente a la FALTA DE INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO O
INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO, consideró el Despacho que
ésta excepción no tiene vocación de prosperidad, por las razones que se indican a
continuación:

Que en el presente caso se encuentra que la relación entre la administradora de
pensiones (COLPENSIONES) y el empleador (INPEC), es diferente de la que se
debate en el proceso de reconocimiento pensional, y para resolver las obligaciones
de la empleadora con el fondo de pensiones, la legislación de seguridad social ha
previsto mecanismos especiales en los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, tales
como el cobro de intereses moratorios por incumplimiento en las obligaciones de
efectuar los aportes en tiempo.

Así las cosas, el derecho del empleado no puede verse afectado por falta de
descuento en los aportes pues su derecho se reconoce con base en la ley y no en los
descuentos que efectivamente se hayan realizado durante su vida laboral, y las
situaciones de controversia entre el fondo de pensiones y la empleadora por los
montos dejados de configurar no son del resorte del medio de control de nulidad y
restablecimiento de que aquí se trata, sino de acciones diferentes como la ejecutiva.

En tal sentido, no existe fundamento para considerar que se está ante una relación
litisconsorcial de naturaleza necesaria entre el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario-INPEC y la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES,
en tanto al INPEC no podrían extenderse los efectos de la sentencia que debe
dictarse para desatar la controversia, como tampoco corresponde a este proceso
definir si dicha entidad cumplió con el deber de efectuar los descuentos por
cotizaciones obligatorias, razón suficiente para negar la prosperidad de la presente
excepción.

En lo que se refiere a los medios exceptivos denominados INEXISTENCIA DEL
DERECHO Y LA OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, BUENA FE DE

3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

COLPENSIONES, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS: indicó que los argumentos que soportan estas excepciones son
argumentos de defensa y oposición que en estricto sentido no son excepciones de
fondo, razón por la cual no es dable detenerse a analizar o no su prosperidad, sino
que los mismos se resuelven al resolver el fondo del asunto.

Finalmente, y frente a la PRESCRIPCION, IMPROCEDENCIA DE NTERESES
MORATORIOS e IMPROCEDENCIA DE INDEXACIÓN: Las mismas debe ser objeto
de análisis con el fondo del asunto, en razón su naturaleza accesoria, tal como lo
establece el artículo 187 del C.P.A.C.A.

Adicionalmente, el Despacho no encuentra probadas excepciones previas, así como
tampoco las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de
legitimación en la causa y prescripción extintiva. […]». (Mayúscula y negrilla del
texto original. Folio 184 y CD obrante a folio 188 del expediente).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] Los problemas jurídicos que abordan en principio la cuestión litigiosa aquí
planteada son los siguientes:

1. En el presente caso corresponde al Despacho determinar si el señor Oscar
Eduardo Medina Romero cumple con los requisitos previstos en el Decreto 2090 de
2003 a efectos de ser (sic) obtener el reconocimiento de la pensión especial de vejez
por actividad de alto riesgo y por haber laborado en el Departamento Administrativo
de Seguridad y en el INPEC. En caso negativo, se deberá analizar cuál es el régimen
pensional que le resulta aplicable.

Para el efecto, se deberá establecer cuáles fueron los periodos en los cuales el señor
Oscar Eduardo Medina Romero se desempeñó ejerciendo actividades consideradas
de alto riesgo y sobre las cuales se realizaron aportes a pensión.

2. De igual manera se deberá verificar si en el presente asunto se encuentra
configurado un silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta a los
recursos de reposición y en subsidio apelación interpuestos en contra de la
Resolución 88517 de 7 de junio de 2017.

3. Así mismo se deberá analizar los efectos que respecto al reconocimiento de la
pensión que pretende le sea reconocida el demandante, tiene la suspensión en el
ejercicio del cargo ocurrida en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de
2002 al 8 de octubre de 2010 que fuera decretada en la Resolución No. 2904 de 16
de septiembre de 2002.

4. En caso de prosperidad de las pretensiones, se debe determinar si en el presente
caso operó el fenómeno jurídico de la prescripción, y en caso afirmativo se debe
determinar el momento a partir del cual se debe contabilizar y esto afecta el
reconocimiento pensional o mesadas pensionales. […]» (Folios 184 vuelto a 185 y
CD que reposa a folio 188 del plenario).

SENTENCIA APELADA
(Folios 260 a 270)

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

El a quo profirió sentencia escrita el 13 de mayo de 2020, por medio de la cual
negó las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:

Inicialmente, el tribunal de primera instancia resaltó que a partir de la entrada
en vigencia del Decreto 2090 de 2003 (28 de julio de 2003), quienes se
vinculen laboralmente al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional del INPEC se pensionarían con el régimen adoptado para
todos los servidores públicos que realizan las actividades definidas como de
alto riesgo en dicha norma. No obstante, precisó que quienes ingresaron con
anterioridad a la entrada en vigencia del referido decreto, se les aplicará el
régimen hasta ese entonces vigente para dichos funcionarios por razón de los
riesgos de su labor, esto es, el previsto para el efecto en el artículo 96 de la
Ley 32 de 1986, que exige 20 años de servicio sin tener en cuenta la edad.

Añadió que tal como lo ha señalado el Consejo de Estado, en orden de
determinar si un servidor del INPEC está amparado por la Ley 32 de 1986 o
por el Decreto 2090 de 2003, se debe verificar la fecha de vinculación a la
entidad, esto es, antes o después del 28 de julio de 2003.

Frente a la situación particular del libelista adujo que si bien el certificado de
historia laboral expedido por el INPEC señala que el señor Oscar Eduardo
Medina Romero estuvo vinculado formalmente a dicha institución hasta el 8 de
octubre de 2010, lo cierto es que allí mismo se indica que desde el 16 de
septiembre de 2002 fue suspendido en el ejercicio del cargo por orden judicial,
sin derecho a remuneración, es decir en un tiempo durante el cual no fueron
realizados aportes al sistema pensional.

Planteó al respecto que la suspensión en el ejercicio del cargo de
dactiloscopista del demandante desde el 16 de septiembre de 2002, tuvo lugar
como consecuencia de la investigación penal adelantada en su contra, la cual
culminó con una sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad, de
tal forma que no era viable aplicar los artículos 47 y 48 del Decreto 407 de
1994 según los cuales el trabajador habría tenido derecho a que se le
reconozcan los salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el período
de la suspensión, pues ello procedía únicamente en el evento en que se
profiriera sentencia absolutoria, lo cual no ocurrió en el presente caso. Por lo
anterior indicó que el lapso comprendido entre el 16 de febrero de 2002 y el 8
de octubre de 2010, no puede ser tenido en cuenta para efectos
prestacionales.

Con base en lo expuesto manifestó que si bien al señor Medina Romero le
resultaba aplicable la Ley 32 de 1986 en el entendido de que estuvo vinculado
al INPEC desde el 11 de marzo de 1994, es decir, antes del 28 de julio de
2003, lo cierto es que no consolidó la prerrogativa solicitada bajo dicha
normativa, por cuanto no cumplió con el requisito de haber laborado 20 años
continuos o discontinuos al servicio de la aludida entidad.

Respecto de la pretensión de reconocimiento de la pensión especial de vejez
bajo el régimen de actividades de alto riesgo previsto en el Decreto 2090 de
2003, acotó en primer lugar que el libelista satisfizo el requisito de haber
efectuado cotizaciones por las mentadas labores durante más de 700
semanas como lo exige el artículo 3.° ibidem, ello por cuanto aquel acumuló

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

un total de 752 de estas derivadas de su labor oficial prestada tanto en el
extinto DAS como en el INPEC.

Adicionalmente resaltó que el demandante efectivamente cumplió 55 años de
edad el 5 de febrero de 2018 como lo exige el artículo 4.° de la norma ejusdem.
Sin embargo, puntualizó que este no colmó la exigencia normativa de
demostrar el mínimo de semanas cotizadas de que trata el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, que para el año 2015 era de 1300. Sobre el particular
destacó que de acuerdo con el certificado de aportes emitido por
Colpensiones, el señor Oscar Eduardo Medina Romero solo tenía acumuladas
926.52 semanas al 12 de febrero de 2019.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia emitió
sentencia en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda y condenar
en costas al demandante con base en lo previsto en el artículo 188 del CPACA
en armonía con el artículo 365 del CGP.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 273 a 278)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pretensiones.

Argumentó que en la sentencia recurrida se aseveró que el libelista había
acreditado el cumplimiento del requisito de las 700 semanas de cotización en
actividades de alto riesgo previstas en el artículo 3.º del Decreto 2090 de 2003,
sin embargo también se estimó que ello no era suficiente para acceder al
derecho pensional deprecado, en tanto adicionalmente tenía que satisfacer las
exigencias contempladas en el artículo 4.° ibidem. Sobre aquel punto
manifestó que el señor Medina Romero se ajustaba a dichos preceptos, toda
vez que al 5 de febrero de 2018 había cumplido 55 años de edad, así como
también acumulaba el mínimo de 1000 semanas cotizadas previsto en el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, no de 1300 como lo adujo el a quo, pues
resultaría equívoco pretender ese monto, el cual es necesario para consolidar
una pensión ordinaria y no una especial como la derivada de actividades de
alto riesgo.

Afirmó además que la Corte Constitucional en sentencia C-1125 de 2004
definió las actividades de alto riesgo como aquellas que generan por su propia
naturaleza la disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador,
independientemente de las condiciones en las cuales se efectúe el trabajo. En
razón de ello planteó que dicho juez colegiado señaló que el beneficio que se
confiere a ese grupo de empleados consiste en que estos puedan acceder a
la pensión a edades inferiores a las de la normativa general.

Sobre el punto resaltó que el libelista inició con el ejercicio de actividades de
alto riesgo en el extinto DAS bajo el cargo de detective desde el 18 de
noviembre de 1986 hasta el 9 de octubre de 1992, lo cual implicaba la
acumulación de 316 semanas de cotización especial. Indicó que si bien en el
artículo 2.° del Decreto 2090 de 2003 no se encuentra enlistada dicha labor, lo
cierto es que la Ley 860 de 2003 sí la consagra expresamente.

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

Adicionalmente acotó que aquel laboró en el INPEC a partir del 11 de marzo
de 1994, por lo que acreditó 436 semanas como dactiloscopista que sumadas
a las anteriores arrojan un total de 752 semanas de trabajo calificado de alto
riesgo. Por lo expuesto aseveró que la normativa aplicable a su situación
jurídica son las Leyes 32 de 1986 y 100 de 1993, en concordancia con los
Decretos 407 de 1994, 1281 de 1994 en sus artículos 2.°, 3.º y 130, así como
el 2090 de 2003.

Sumado a lo anterior, esgrimió que en aplicación del artículo 53 superior, la
Corte Constitucional ha reconocido que las nuevas normas de carácter laboral
o pensional no pueden menoscabar los derechos ni disminuir las condiciones
favorables consolidadas previamente para los trabajadores, de modo que las
más beneficiosas para aquellos deben ser reconocidas y respetadas por las
leyes posteriores.

Aclaró que al margen de lo esbozado, el juez de primera instancia negó las
pretensiones de la demanda al considerar que el régimen pensional aplicable
al señor Medina Romero era el previsto en la Ley 32 de 1986, en concordancia
con el Decreto 407 de 1994, sin embargo, lo cierto es que pasó por alto el
hecho de que dicha norma remite al artículo 140 de la Ley 100 de 1993, en
virtud del cual para consolidar el derecho pensional derivado de labores de
alto riesgo, debe tener como requisitos una menor edad de jubilación o un
número inferior de semanas de cotización, tal como en su momento se
determinó en el Decreto 1281 de 1994 que sí regula lo propio en sus artículos
3 y 13 y que deben ser tenidos en cuenta para resolver el litigio.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante (índice 10 del registro en SAMAI): instó nuevamente que
se revoque la sentencia apelada y en su lugar se acceda a sus pretensiones.
Para ello reprodujo en su totalidad los argumentos expuestos en su recurso de
alzada.

Parte demandada (índice 13 del registro en SAMAI): solicitó que se
confirme la decisión impugnada. Al respecto planteó que para efectos de poder
dar aplicación a la transición normativa y reconocer eventualmente la
prestación debatida a la luz del Decreto 1281 de 1994, se debe verificar el
cumplimiento del artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003, conforme al cual el
reclamante debe satisfacer los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
No obstante, recalcó que el libelista no logró acreditar lo propio, toda vez que
aquel contaba con 367.84 semanas de cotización equivalentes a 7 años, y
además solo tenía 31 años de edad al 1.° de abril de 1994. Ahora, en lo que
respecta a la exigencia de contar con 500 semanas labores por actividades de
alto riesgo de acuerdo con la referida norma, precisó que en la Resolución
SUB 88517 del 5 de junio de 2017 se determinó que solo se demostraron un
total de 307.

Asimismo, aclaró que en cuanto al cumplimiento del artículo 6.°, numeral 4.°
del Decreto 2090 de 2003, dicho requisito tampoco se materializó, pues al
verificar la historia laboral del libelista se evidenció que este solo había
realizado aportes equivalentes a 660.71 semanas derivadas del servicio
prestado al DAS y al INPEC, sin que se haya alcanzado el monto mínimo de
1300 semanas exigidas por la Ley 797 de 2003, ni que se hubiera demostrado

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

a través de certificación que las actividades desempeñadas hubiesen sido
catalogadas de alto riesgo.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según la
constancia secretarial visible a folio 300 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:

¿El señor Oscar Eduardo Medina Romero acreditó el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el artículo 6.°, inciso 1.° del Decreto 2090 de 2003 para
ser considerado como beneficiario del régimen de transición previsto en esta
norma, a fin de que le sea reconocida una pensión especial de jubilación por
actividades de alto riesgo conforme a las previsiones de la Ley 32 de 1986?

Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: el demandante no cumplió con
la exigencia de semanas mínimas requeridas para obtener los beneficios de
la transición contemplada en el Decreto 2090 de 2003, por lo que tampoco le
asiste el derecho a que le sea reconocida la prestación deprecada, tal como
se explica a continuación:

 Régimen pensional aplicable a los funcionarios del INPEC

En primer lugar, la Ley 100 de 19934 reglamentó en su artículo 11 que:

«Artículo 11. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones
consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio
nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos
conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o
convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta
ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren
pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los
sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima
Media y del sector privado en general. […]».

Conforme con la norma citada, el Sistema General de Pensiones creado a
través de la norma en cita aplica para todos los habitantes del territorio
nacional, sin hacer distinción entre servidores públicos, trabajadores oficiales,
4 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».

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empleados del sector privado, o independientes, entre otros. Lo anterior,
desde el 1.º de abril de 1994 según el artículo 151 ibidem y, en el caso de los
servidores públicos del orden territorial, a partir del 30 de junio de 1995 de
acuerdo con el parágrafo del mismo artículo.

Asimismo, con el fin de proteger expectativas legítimas de aquellas personas
que se encontraban más cerca de acceder a su pensión a la fecha en que hizo
tránsito la legislación, el legislador diseño un régimen de transición en dicha
materia, regulado en el artículo 36 de la ley en cita, según el cual:

«[…] La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las
personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de
edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión
de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. […]».

Por su parte, el artículo 279 de la norma ejusdem indicó:

«[…] Artículo 279. Excepciones. El sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 914 de 1989, cuyas prestaciones a
cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.
Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en
favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida.

Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir
la presente ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan
pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones,
y mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de seguridad social, no se aplica a los
servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los
pensionados de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la
presente ley, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por
vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán
beneficiarse del régimen de seguridad social de la misma, mediante la
celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma
de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema
que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.

Parágrafo 1.º La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior,
quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas
para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación
o cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que
para tal efecto se expida. […]»

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

De acuerdo con los artículos citados de la Ley 100 de 1993, se derogaron los
regímenes pensionales existentes para ese momento, y se unificaron e
integraron en uno solo de carácter general, pero dejó algunas de estas
disposiciones vigentes transitoriamente para aquellas personas que se
encontraran cobijadas por lo regulado en el artículo 36 ibidem, y en los
preceptos especiales expresamente indicados en el artículo 2795.

En segundo lugar, el mentado Sistema General de Seguridad Social en su
artículo 140 reguló unas normas especiales previstas para aquellas personas
que desarrollaran actividades de alto riesgo en la siguiente forma:

«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen
de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo
en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como
actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen
algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional
Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada
actividad.». (Negrilla fuera del texto original).

Pues bien, en lo que respecta a la normativa en materia prestacional
consagrada para el personal de vigilancia y custodia del INPEC, debe tenerse
en cuenta que incluso con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, dichos funcionarios ya tenían consolidado un régimen especial
desarrollado en la Ley 32 de 19866, la cual en su artículo 96 previó frente al
derecho pensional lo siguiente:

«Artículo 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de
jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al
servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad.»

No obstante, con la expedición de la Ley 65 de 1993, el Legislador otorgó al
presidente de la República facultades extraordinarias para dictar normas con
fuerza de ley sobre la composición, clasificación y categoría del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia, así como sobre el régimen salarial, prestacional y
pensional del personal que laboraba en tal calidad, ello en armonía con el
precitado artículo 140 de la Ley 100 de 1993.

En virtud de aquel mandato, tuvo origen el Decreto Ley 407 del 20 de febrero
de 1994, que en su artículo 168 fijó un régimen especial en materia pensional
para el personal de custodia y vigilancia del INPEC, el cual respetaba los
preceptos de la Ley 32 de 1986 que cobijaba a quienes ejercían como tal antes
del 21 de febrero de 19947. Al respecto, el canon en comento señaló lo
siguiente:

5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 23 de mayo de 2013. Radicación
11001032500020100029100 (2390-10).
6 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.»
7 Fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 407 de 1994.

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

«ARTÍCULO 168. PENSION DE JUBILACION. Los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la
vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley
32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en
cuenta para estos efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por
el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este
decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional,
tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el
Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para
las actividades de alto riesgo.

PARAGRAFO 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las
normas establecidas en la Ley 100 de 1993.».

Ahora, sin perjuicio de lo anterior, con posterioridad al marco regulatorio en
mención, se profirió el Decreto Ley 2090 de 20038 con fundamento en las
facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional en la Ley 797 del
mismo año, a fin de regular en materia laboral y prestacional a los trabajadores
que desempeñaran actividades de alto riesgo como lo era el cuerpo de
custodia y vigilancia del INPEC.

En tal sentido, se observa que el campo de aplicación del Decreto 2090 de
2003 se definió así:

«Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se
aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo,
entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor
desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la
necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su
trabajo.»

Sobre ello, debe precisarse que el Decreto 2090 de 2003 derogó la regulación
anterior prevista en el Decreto Ley 407 de 1994, al punto de que el artículo 4.º
ibidem fijó las condiciones y requisitos para obtener la pensión especial de
jubilación para los servidores referidos, así:

«ARTÍCULO 4º. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA TENER DERECHO A
LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ. La pensión especial de vejez se sujetará
a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003 […].»

Empero, aún bajo dicho entendido, el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003

8 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan

las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en
dichas actividades.

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Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

previó un régimen de transición para aquellos trabajadores que estuvieren
próximos a adquirir el derecho pensional en virtud de las prerrogativas
anteriores al decreto en mención, ello con el fin de salvaguardar sus
expectativas legítimas y que estas no se vieran afectadas por el tránsito
normativo de nuestro ordenamiento. Lo anterior, de la siguiente forma:

«Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas
de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número
mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión,
esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas
anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de
transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí
señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado
por el artículo 189 de la Ley 797 de 2003.»

El primer inciso de esta última normativa fue declarado exequible
condicionadamente por la Corte Constitucional mediante sentencia C-663 de
29 de agosto de 2007, al estimar que «para el cómputo de las ‘500 semanas
de cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente
como de alto riesgo.».

Esta norma también ha sido analizada por la jurisprudencia del Consejo de
Estado10 para señalar que demostrar 500 semanas de cotización en
actividades de alto riesgo para la entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003, concede el derecho a acceder a la prestación en los términos de la
norma inmediatamente anterior y lo que debe entenderse del parágrafo del
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 es que la intención del legislador fue la de
complementar este requisito en armonía con el régimen general de pensiones.

Igualmente, se interpretó que exigir adicionalmente el estar cobijado por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso
cuando el servidor aspira al reconocimiento en los términos de la norma
anterior, por cuanto conllevan una situación más desventajosa en virtud del
tránsito legislativo. En suma, destacó que la finalidad de un régimen de
transición consiste en que el legislador defina un sistema de protección para
que los cambios producidos por una reforma en la normativa no afecten a
quienes, pese a no haber adquirido el derecho a la pensión porque les falta
reunir todos los requisitos, sí tienen una expectativa legítima de adquirir el
derecho.

Al respecto, la Sección Segunda11 se ha pronunciado de manera reciente
respecto al aludido punto, al confirmar que sería contraria a la intención del
legislador exigir a los trabajadores beneficiarios del régimen de transición del

9 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
10 En este sentido se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29

de junio de 2017, radicación: 08001-23-33-000-2012-00082-01(0391-14), demandante: Gilberto Antonio
Rondón Sepúlveda.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2021,

demandante: María Yolanda Castañeda Orjuela, radicación: 17001-23-33-000-2016-00572-01(0614-20).

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Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

Decreto 2090 de 2003, el cumplimiento adicional de los aspectos contenidos
en el Sistema General de Pensiones. Lo anterior, conforme se cita:

«[…] Más adelante, con la expedición del Decreto 2090 de 2003, por medio del
cual se definieron las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y
se modificaron las condiciones […] previó en su artículo 6 un régimen de
transición para aquellos quienes a su entrada en vigencia -28 de julio de 2003-
, acreditaran 500 semanas de cotización en ejercicio o desempeño de las ya
mencionadas actividades alto riesgo […]

De la lectura del parágrafo de este último artículo se advierte que este exige,
además de los requisitos contemplados en dicha norma, el cumplimiento de las
condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al
régimen pensional de alto riesgo.

Al respecto, encuentra esta Sala que tal y como se ha indicado en providencias
previas de esta Corporación, la lectura literal de dicha disposición contraviene
la naturaleza del régimen de transición del mencionado canon, y transgrede la
intencionalidad del legislador al reglamentar este tipo de prerrogativas a favor
de los trabajadores, que no es otra que la de salvaguardar las garantías del
ordenamiento jurídico y proteger la expectativa legítima de acceder a la pensión
especial de vejez bajo las condiciones previstas en el régimen aplicable.

«[…] En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas
de cotización especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento
adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple con el
requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional
bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en
asuntos similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias
adicionales a las que se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de
2003 colocan en una situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo,
al demandante que se encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener
la pensión de vejez en las condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto
1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador
establezca un sistema de protección para que los cambios producidos por un
tránsito legislativo no afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a
la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa
legítima de adquirir ese derecho. […]»

[…]
En virtud de la norma en cita, aquellas personas que desarrollan alguna de las
actividades de alto riesgo reguladas en el Decreto 2090 de 2003 tienen derecho
a la aplicación de los requisitos previstos en los Decretos 1281 de 1994 o 1835
de 1994, según el caso, siempre y cuando:

1. Hubiesen cotizado a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003, esto es, el 28 de julio de dicho año, cuando menos 500 semanas de
cotización en la ejecución de una actividad catalogada como de alto riesgo.

Para el efecto, se advierte que la exigencia de semanas de cotización especial
a que hace referencia el artículo 6 del Decreto 2090 ejusdem puede

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Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

interpretarse como «[…] semanas de cotización efectuadas en cualquier
actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo […]»,
de acuerdo con el ordinal primero de la sentencia C-663 de 2007 que declaró
la exequibilidad condicionada de la norma en cita […]

2. La segunda parte del inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
prevé que el derecho se causa «[…] una vez cumplido el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión […]», a
partir de lo cual se les reconocerá la pensión «[…] en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo […]».

[…] Tal como indicó la Sección en la sentencia recién citada, la Sala considera
que el requisito al que se hace alusión únicamente contempla cotizar 1000
semanas, sin que aplique el aumento de estas, estipulado en la Ley 797 de
2003 al modificar el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Ello en virtud de que no
es razonable ni proporcional exigir el requisito de densidad de la Ley 797
ejusdem cuando las previsiones de la norma anterior al Decreto en cita, esto
es, el Decreto 1281 de 1994 exige 1000 semanas para causar el derecho y,
según el caso concreto, una edad de 55 años. […]».

En ese orden, se ha entendido que como el artículo 6.° del Decreto 2090 de
2003 prevé unos supuestos para la transición de un régimen especial y al
mismo tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más
favorezca al servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la
regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial
de jubilación, con fundamento en el principio de favorabilidad, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política.

De otro lado, se agrega que el Acto Legislativo 01 de 2005 delimitó bajo ciertas
circunstancias la extensión de los regímenes pensionales especiales hasta el
31 de julio de 2010, así

«[…] Parágrafo transitorio 2o. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el
régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la
República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia
de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como
cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes
del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010. […]”
(Negritas intencionales).

Es así como se desprende que hasta el 31 de julio de 2010, podían afianzarse
situaciones jurídicas que comprometieran el reconocimiento de pensiones de
vejez a aquellos empleados que, por la actividad que desempeñaran o por la
naturaleza de la entidad a la cual se encontraran vinculados, gozaran de un
régimen excepcional de pensiones.

Por consiguiente, es diáfano que el Acto Legislativo 01 de 2005 procuró fijar el
derrotero que debía seguirse de cara a aplicar uno u otro régimen especial de
pensión, en el sentido de delimitar la configuración de este derecho de carácter
económico sujeto al cumplimiento de ciertas exigencias temporales
específicas en cada caso para que, como resultado de ello, el interesado
pueda hacerse acreedor legítimo de la prestación pretendida.

Bajo esta intelección, es plausible colegir que los siguientes son los requisitos
de la transición prevista en el Decreto 2090 de 2003:

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Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

i) que para el 28 de julio de 2003, fecha en que entró a regir aquella norma, el
servidor que estuviere próximo a adquirir el derecho a la pensión bajo las
prerrogativas anteriores, contara con al menos 500 semanas de cotización en
cualquier actividad que haya sido calificada legalmente como de alto riesgo, y;

ii) en lo que atañe a las cotizaciones, debe cumplir con «el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es,
al menos con 1.000 semanas, como lo prevé el numeral 2 del artículo 9 de la
Ley 797 ejusdem. Este aspecto debe entenderse como requisito necesario
para ser beneficiario de la transición.

 Sobre la situación particular del libelista

Al respecto, se torna indispensable poner de presente los medios de
convicción recaudados y practicados que demarcan el contexto factual del
presente caso, los cuales se relacionan a continuación:

 Certificado laboral suscrito el 25 de agosto de 2016 por la coordinadora de
gestión humana del Archivo General de la Nación, en el que se indica que el señor
Oscar Eduardo Medina Romero prestó su servicio al extinto Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) desde el 18 de noviembre de 1986 hasta el 10
de octubre de 1992 bajo el cargo de detective agente, grado 05. (Folios 27 a 28).

 Certificación emitida el 3 de octubre de 2017 por la subdirectora de talento
humano del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), mediante la cual
se informa que el demandante laboró como dactiloscopista, código 3066, grado
09 nombrado en carrera administrativa de la referida entidad, esto del 11 de marzo
de 1994 al 8 de julio de 2010. (Folio 25).

 Certificado de información laboral del 2 de enero de 2019 expedido por el
INPEC, a través del cual se deja constancia de que el libelista ejerció funciones
como dactiloscopista, código 4125, grado 07 del 11 de marzo de 1994 al 12 de
febrero de 1997; luego como dactiloscopista, código 4125, grado 09 del 13 de
febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2006; y finalmente como dactiloscopista,
código 3066, grado 09 del 1.° de enero de 2007 al 8 de octubre de 2010.

Igualmente se destaca que durante la vinculación del señor Medina Romero a la
mentada institución, este tuvo dos períodos de interrupción en el ejercicio de
funciones correspondientes a los siguientes lapsos: i) desde el 13 hasta el 12 de
abril de 1997 (90 días), y ii) del 16 de septiembre de 2002 al 8 de octubre de 2010
(2915 días). De hecho, en el aparte correspondiente a los aportes para pensión,
se verifica que solo se realizaron a partir del 11 de marzo de 1994 y hasta el 15
de septiembre de 2002. (Folio 134).

 Certificación del 30 de abril de 2019 signada por la subdirectora de talento
humano del INPEC, con la que se advierte que el libelista fue suspendido desde
el 16 de septiembre de 2002 sin derecho a remuneración en virtud de la
Resolución 2904 de la misma fecha (folios 173 a 174), ello en acatamiento de una
orden judicial generada por la Fiscalía General de la Nación el 10 de septiembre
de 2002 que así lo determinó, luego de habérsele impuesto medida de
aseguramiento en razón del proceso penal adelantado en su contra por el delito
de concusión (folio 211).

Igualmente se verificó que según la Resolución 012478 del 8 de octubre de 2010
(folios 213 a 214), aquel fue retirado del servicio a partir de la aludida data, ello
igualmente en cumplimiento de una sentencia judicial proferida por el Juzgado

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Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo que condenó al señor Medina
Romero a la pena principal de prisión de 72 meses al haberlo hallado responsable
de la comisión del delito de concusión (folio 217).

 Petición presentada por el demandante ante Colpensiones el 22 de diciembre
de 2016, con el fin de que le fuera reconocida una pensión de jubilación especial
por desempeño de actividades de alto riesgo en el DAS y en el INPEC, ello
conforme a las previsiones de la Ley 32 de 1986. (Folios 13 a 16).

 Resolución SUB 88517 del 5 de junio de 2017 suscrita por la subdirectora de
determinación IV de Colpensiones con la que dicha entidad resuelve la
reclamación prestacional del libelista en el sentido de denegarla al aducir que no
reunió los requisitos previstos en la Ley 797 de 2003 para acceder a la prerrogativa
solicitada. (Folios 18 a 21).

 Recurso de reposición y en subsidio apelación presentado el 14 de junio de
2017 por el señor Medina Romero contra la decisión que denegó el
reconocimiento del derecho reclamado, esto bajo el entendido de que había
cumplido con las exigencias previstas en el Decreto 2090 de 2003 para ser
acreedor de una pensión de jubilación especial por actividades de alto riesgo.
(Folios 22 a 23).

 Reporte de semanas cotizadas a Colpensiones con fecha de corte del 12 de
febrero de 2019, en el que se evidencia que el demandante tenía aportes
acumulados para ese momento equivalentes a 926,56 semanas, dentro de las
cuales se encontraban las derivadas de la prestación de servicios al extinto DAS,
así como al INPEC desde el 11 de marzo de 1994 hasta el 15 de septiembre de
2002. De esta fecha en adelante, puntualmente desde el 1.° de junio de 2014, se
evidencian cotizaciones propias de relaciones laborales en el sector privado.
(Archivo en PDF denominado GRP-SCH-HL-66554443332211_1423-
20190212114025 que reposa en el CD contentivo del expediente administrativo,
visible a folio 141 del plenario).

Una vez evidenciado el material probatorio obrante en la actuación, se hace
necesario resaltar que la discusión en la presente instancia radica en
determinar si como lo estimó el a quo, el libelista debía haber acreditado un
mínimo de 1.300 semanas de cotización en general como lo preveía el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9.° de la Ley 797 de 2003,
ello por tratarse bajo su argumentación de uno de los requisitos contemplados
en el artículo 4.° del Decreto 2090 de 2003; o si por el contrario, como lo
plantea la parte activa en su recurso, tan solo debía acreditar 500 semanas de
cotización especial por actividades de alto riesgo y un mínimo de 1000
semanas de cualquier tipo para ser considerado beneficiario de la transición
que le permitiera consolidar el derecho pensional deprecado conforme a la Ley
32 de 1986, sin que le fueran exigibles las previsiones adicionales del artículo
36 de la referida Ley 100 de 1993.

Pues bien, en principio se advierte que el demandante inició su vinculación
con el Estado a través del extinto DAS en calidad de detective agente, grado
05, esto desde el 18 de noviembre de 1986 hasta el 10 de octubre de 1992.

Sobre la calidad de las labores que ejerció en virtud de la mentada relación
legal y reglamentaria, debe tenerse en cuenta que aquel efectivamente
desempeñó actividades de alto riesgo en razón de su cargo, tal como se
contempla en el artículo 2.° del Decreto 1835 de 1994 que reza lo siguiente:

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

«ARTÍCULO 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la
Ley 100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado,
profesional y agente. […]». (Negrita de la Sala).

Lo propio se evidencia además en la medida en que de acuerdo con el
certificado de semanas expedido por Colpensiones para el caso del libelista,
no cabe duda de que aquel realizó cotizaciones especiales bajo la normativa
en cita por haber sido detective del DAS durante el período de labores
comprendido entre el 18 de noviembre de 1986 hasta el 10 de octubre de 1992,
el cual equivale a un total de 306 semanas (5 años, 10 meses y 22 días).

Por otro lado, en virtud de los supuestos fácticos y los medios probatorios
practicados en el presente caso, se encuentra que el demandante también fue
nombrado con posterioridad al servicio del INPEC bajo el empleo de
dactiloscopista desde el 11 de marzo de 1994 hasta el 8 de octubre de 2010.

Al respecto se precisa que el entendimiento sobre el desarrollo de actividades
de alto riesgo para este caso en razón del cargo aludido, se asume de tal forma
en la presente instancia, en la medida en que así fue determinado al momento
de fijar el litigio sin que hubiese oposición de la parte demandada, al punto de
que en el fallo impugnado, el a quo estimó que según las previsiones del
artículo 2.° del Decreto 2090 de 2003, el demandante realizó labores que
implicaban la disminución de su expectativa de vida saludable (folio 269), tal
como lo reiteró y sostuvo en su recurso la parte activa (folio 273).

Es decir, en este escenario de competencia del ad quem, no existe discusión
sobre la calificación como riesgosas de las funciones realizadas por el señor
Medina Romero al servicio del INPEC en virtud de la plaza ocupada como
dactiloscopista, pues la alzada solo se centra en el debate acerca del
cumplimiento de los requisitos temporales por parte de aquel para acceder a
los beneficios de la transición consagrada en el mentado decreto y la
consecuente aplicación de los postulados pensionales de la Ley 32 de 1986.

De este modo, debe considerarse inicialmente que las cotizaciones efectuadas
durante el período de labor oficial del demandante en la mentada institución,
efectivamente fueron en razón del aludido régimen especial.

Ahora bien, en este punto se destaca que tal como se demostró a partir del
certificado de información laboral expedido por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (folio 25), a lo largo del período de vinculación legal
y reglamentaria del libelista con dicha entidad, este tuvo un lapso de
interrupción durante el cual no se efectuaron aportes a pensión, puesto que
había sido suspendido en el ejercicio de su empleo sin derecho a
remuneración con motivo de una orden judicial como se advierte de la
certificación visible de folios 173 a 174 del plenario, ello desde el 16 de
septiembre de 2002 hasta el momento de su retiro definitivo del servicio
ocurrido el 8 de octubre de 2010.

Lo anterior implica que el tiempo de cotización para efectos pensionales en
virtud de la referida relación estatal solo fue el comprendido entre el 11 de

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

marzo de 1994 y el 15 de septiembre de 2002, equivalente a 442,31 semanas
(8 años, 6 meses y 4 días).

En ese orden, a fin de determinar si el señor Medina Romero es beneficiario
del régimen de transición del Decreto 2090 de 2003, y en consecuencia
verificar si es destinatario de las previsiones sobre pensión de jubilación
conforme a la Ley 32 de 1986, es pertinente recordar que con base en lo
expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, aquel debía acreditar al
28 de julio de 2003 el cumplimiento de un mínimo de 500 semanas de
cotización especial por actividades de alto riesgo, tal como lo exige el primer
inciso del artículo 6.° del decreto en mención.

En efecto, del material probatorio recaudado se desprende que el
demandante, a la fecha señalada, contaba con 748,31 semanas de cotización
derivadas de labores desarrolladas tanto al extinto DAS como al INPEC, por
un tiempo acumulado de 14 años, 4 meses y 26 días de servicio oficial
calificado de alto riesgo. Al acreditar este tiempo, claramente se superaron las
500 semanas mínimas requeridas en el inciso primero del artículo 6.° del
Decreto 2090 de 2003 para aplicar el régimen de transición desarrollado en
este precepto.

No obstante lo anterior, se recuerda que en adición a la exigencia temporal en
comento, según lo precisado por la jurisprudencia del Consejo de Estado12 en
casos similares al sub examine, sin tener en cuenta el parágrafo del artículo
6.° del Decreto 2090 de 2003 que incrementaba de manera desproporcionada
la carga de requisitos a los beneficiarios del aludido régimen de transición, lo
que también debían demostrar los reclamantes para consolidar su derecho
prestacional bajo la égida de la normativa anterior sobre pensiones de alto
riesgo como la consagrada en la Ley 32 de 1986, era acumular el «[…] número
mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 […]».

En este último punto, el tribunal de primera instancia indicó que dicho monto
mínimo de cotización era el que para el año 2015 preveía el artículo 9.° de la
Ley 797 de 2003, esto es, 1000 semanas más los incrementos anuales
contemplados en dicha norma a partir del 1.° de enero de 2005, razón por la
cual consideró que el libelista tenía que demostrar un total de 1300 semanas
para ser titular de la transición bajo estudio, sin embargo encontró que este
solo había cotizado 926,52 semanas al 12 de febrero de 2019, por lo que no
satisfacía aquel requerimiento.

Pues bien, lo cierto es que el referido criterio del a quo no resultaba adecuado,
habida cuenta de que el hecho de exigir un monto mayor al de 1000 semanas
se torna en una carga desfavorable y desigual en detrimento de los intereses
de los empleados en ejercicio de funciones de alto riesgo al interior del INPEC
como lo era el libelista, toda vez que por la naturaleza de la prestación especial
bajo análisis que busca compensar la mayor exposición de los funcionarios a
afectaciones a la salud y seguridad, deben contemplarse requisitos etarios y
de tiempo de servicio más flexibles y beneficiosos como los fijados de manera
general en los Decretos 1281 y 1835 de 1994.

12Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2021,
demandante: María Yolanda Castañeda Orjuela, radicación: 17001-23-33-000-2016-00572-01(0614-20).

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

Lo propio fue objeto de pronunciamiento por parte del Consejo de Estado13 de
la siguiente forma:

«[…] Tal como indicó la Sección en la sentencia recién citada, la Sala considera que
el requisito al que se hace alusión únicamente contempla cotizar 1000 semanas,
sin que aplique el aumento de estas, estipulado en la Ley 797 de 2003 al modificar el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Ello en virtud de que no es razonable ni
proporcional exigir el requisito de densidad de la Ley 797 ejusdem cuando las
previsiones de la norma anterior al Decreto en cita, esto es, el Decreto 1281 de
1994 exige 1000 semanas para causar el derecho y, según el caso concreto, una
edad de 55 años. […]». (Negrita fuera de texto).

Bajo la aludida intelección, la cantidad mínima de tiempo de servicio cotizado
para consolidar los beneficios de la transición normativa del Decreto 2090 de
2003, efectivamente era de 1000 semanas como lo esgrime la parte apelante
en su recurso. Empero, es necesario tener en cuenta que dicho monto debía
acreditarse hasta una fecha límite y no de manera indefinida, incluso en el
marco de un régimen excepcional como el de los funcionarios que
desempeñan actividades de alto riesgo. Ello se extrae del Acto Legislativo 01
de 2005 que adicionó el parágrafo transitorio 2.° al artículo 48 de la
Constitución Política bajo el siguiente postulado:

«[…] "Parágrafo transitorio 2o. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el
régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la
República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia
de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como
cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del
Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010". […]»
(negrita fuera del texto)

Lo expuesto fue corroborado por esta misma Subsección14 en la sentencia del
17 de febrero de 2022 cuando en un proceso de lesividad en el que la UGPP
pretendía la anulación de los actos administrativos que reconocieron pensión
de jubilación en aplicación del régimen especial del INPEC a un exfuncionario
de dicha entidad, se precisó lo siguiente:

«[…] Es así como se desprende que hasta el 31 de julio de 2010 podían
afianzarse situaciones jurídicas que comprometieran el reconocimiento
de pensiones de vejez a aquellos empleados que, por la actividad que
desempeñaran o por la naturaleza de la entidad a la cual se encontraran
vinculados, gozaran de un régimen excepcional de pensiones.

Por consiguiente, es diáfano que el Acto Legislativo 01 de 2005 procuró fijar el
derrotero que debía seguirse de cara a aplicar uno u otro régimen especial de
pensión, en el sentido de delimitar la configuración de este derecho de carácter
económico sujeto al cumplimiento de ciertas exigencias temporales específicas
en cada caso para que, como resultado de ello, el interesado pueda hacerse
acreedor legítimo de la prestación pretendida. […]

Ahora, el presente asunto llegó a esta jurisdicción a fin de dirimir la controversia
suscitada entre la autoridad demandante y el demandado, en el sentido de que
esta primera afirma que al señor López Vargas no le asistía el derecho de que
su pensión de jubilación hubiese sido otorgada en los términos de la Ley 32 de

13 Idem.
14Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 17 de febrero de 2022. Radicado: 15001-23-33-000-2017-00380-01 (1154-2019).

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

1986 para los funcionarios del INPEC. Lo anterior, porque, en su criterio, no
acreditó alguna de las exigencias previstas por el régimen transitorio contenido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (edad o tiempo de servicios) para
hacerse beneficiario de las prerrogativas anteriores al Sistema General de
Pensiones, como en efecto lo es la normativa que le fue aplicada al momento
del reconocimiento prestacional en sede administrativa.

[…] Pues bien, en virtud de los supuestos fácticos del presente caso, se colige
que, el señor Lindon Fausto López Vargas se vinculó al servicio del INPEC
desde el 19 de mayo de 1989, en el cargo de dragoneante. Y que culminó con
la prestación de su labor el 30 de junio de 2013.

[…] En efecto, del material probatorio recaudado se desprende que el señor
López Vargas, a la fecha señalada, contaba con 729,73 semanas de
cotización en actividades desarrolladas ante el INPEC (14 años, 2 meses y 9
días), habida cuenta que inició el ejercicio de su labor como dragoneante desde
el 19 de mayo de 1989.

Al acreditar este tiempo de servicio, claramente se superaron las 500 semanas
mínimas requeridas en el inciso primero del artículo 6.° del Decreto 2090 de
2003 para aplicar el régimen de transición desarrollado en este precepto.

Igualmente, acreditó tener más del número mínimo de semanas exigido por la
Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, pues demostró durante su vida
laboral un total 1.291,35 semanas de cotización, por lo que se infiere que su
pensión debía ser reconocida conforme a las previsiones del artículo 168 del
Decreto Ley 407 de 1994, es decir, de acuerdo con la exigencia del artículo 96
de la Ley 32 de 1986.

[…] Ahora bien, el demandado cumplió 20 años de servicio el 19 de mayo de
2009 en atención a su fecha de ingreso al INPEC, razón por la cual consolidó
la previsión de la Ley 32 de 1986 para acceder al derecho pensional debatido,
pues este era el único requisito a acreditar sin necesidad de verificar su edad.
De ello que la UGPP hubiere expedido en aquel momento la Resolución
PAP001215 del 23 de septiembre de 2009, a través de la cual ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor del señor López Vargas,
y supeditó su efectividad a la demostración del retiro definitivo del servicio.
[…]». (Negrita fuera del texto).

Con base en estas precisiones, es decir, debido a la temporalidad a la que se
encontraba sometida la eficacia de regímenes especiales de pensión como el
derivado de actividades de alto riesgo, incluido el del INPEC, se destaca que
la acreditación de 1000 semanas de cotización por parte del señor Medina
Romero, con el fin de consolidar los beneficios del régimen de transición del
Decreto 2090 de 2003 y de este modo acceder a la prestación consagrada en
el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, tenía que verificarse necesariamente hasta
el 31 de julio de 2010 como lo prevé el parágrafo transitorio 2.° del Acto
Legislativo 01 de 2005 a través del cual se adicionó el artículo 48 de la
Constitución Política, pues de lo contrario se vería sometido a los preceptos
del Sistema General de Seguridad Social conforme a la Ley 100 de 1993.

Luego de este planteamiento, es adecuado analizar la situación configurada
para el demandante en lo referente al tiempo de servicio cotizado. Sobre el
punto en cuestión, a partir del material probatorio obrante en la actuación se
encuentra que el libelista efectuó aportes a pensión desde el 18 de noviembre
de 1986 hasta el 10 de octubre de 1992 en virtud del vínculo con el extinto

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
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DAS, así como del 11 de marzo de 1994 al 15 de septiembre de 2002 por la
relación legal y reglamentaria sostenida con el INPEC.

Ahora, de esta última data en adelante se advierte con suficiencia que no hubo
cotizaciones, debido a la suspensión en el ejercicio de funciones por el
cumplimiento de una medida de aseguramiento de detención preventiva
impuesta contra aquel, la cual duró hasta el 8 de octubre de 2010 cuando fue
retirado del servicio, luego de haber sido hallado responsable penalmente por
el delito de concusión.

Esto se corrobora con mayor claridad cuando al examinar el certificado de
semanas cotizadas a Colpensiones15, el único aporte realizado por el señor
Medina Romero después del mes de septiembre de 2002, tuvo lugar el 1.° de
junio de 2014 como independiente, y seguidamente con motivo de la relación
laboral sostenida con CYZA Outsourcing S.A. y otras empresas privadas.

Por consiguiente, resulta palmario en este caso el hecho de que al 31 de julio
de 2010 cuando debía extinguirse la vigencia de los regímenes especiales de
pensión como el derivado de actividades de alto riesgo, el demandante solo
acumulaba 748,31 semanas de cotización. Este resultado se obtiene al sumar
las cotizaciones al DAS y al INPEC de la siguiente forma:
Tiempos prestados al DAS del 18 de noviembre de 1986 al 10
306 semanas
de octubre de 1992
Tiempos prestados al INPEC del 11 de marzo de 1994 al 15 de
442,31 semanas
septiembre de 2002
TOTAL DE SEMANAS COTIZADAS 748,31 semanas

De manera que el libelista no colmó el requisito previsto en el artículo 6.°, inciso
1.° del Decreto 2090 de 2003, referente a la demostración de un monto mínimo
de 1000 semanas por concepto de aportes, de suerte que perdió el beneficio
del régimen de transición consagrado en el precepto en comento y por lo tanto
también la posibilidad de que le fuera reconocida una prestación como la
deprecada conforme al artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

De acuerdo con esta línea de intelección y al margen de que tanto el acto
administrativo demandado como la sentencia de primera instancia plantearon
erradamente que el demandante no había adquirido el derecho pensional bajo
la normativa invocada al no haber acreditado 1300 semanas, pese a que en
realidad debían exigirse 1000 de estas, lo cierto es que la decisión de negar el
reconocimiento y pago de la prerrogativa en mención se ajusta a derecho, en
tanto aquel había perdido el régimen de transición que le permitía acceder a
lo reclamado.

En conclusión: el señor Oscar Eduardo Medina Romero no acreditó el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el artículo 6.°, inciso 1.° del
Decreto 2090 de 2003 para ser considerado como beneficiario del régimen de
transición previsto en esta norma, y en consecuencia, tampoco le puede ser
concedida una pensión especial de jubilación por actividades de alto riesgo
conforme a las previsiones de la Ley 32 de 1986.

15 Archivo en PDF denominado GRP-SCH-HL-66554443332211_1423-20190212114025 que reposa en

el CD contentivo del expediente administrativo, visible a folio 141 del plenario.

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Al respecto se advierte que, si bien el demandante demostró la acumulación
de 500 semanas de cotización especial derivadas de sus vínculos legales y
reglamentarios con el extinto DAS y con la prementada institución, tal como lo
exige en parte el precepto regulatorio del decreto bajo examen, lo cierto es que
debido a la suspensión en el ejercicio de su cargo por una medida de
aseguramiento de detención preventiva que debió cumplir desde el 16 de
septiembre de 2002 hasta el 8 de octubre de 2010, ello sin remuneración ni
aportes a pensión debido a la posterior condena en el proceso penal
adelantado en su contra, resulta claro que al 31 de julio de 2010 cuando debía
fenecer la vigencia de los regímenes especiales como el invocado por la parte
activa, según lo contemplado en el parágrafo transitorio 2.° del Acto Legislativo
01 de 2005, aquel solo acreditaba un total de 748,31 semanas de cotización
que no colman el requisito adicional de mínimo 1000 de estas como lo exige
el artículo 6.°, inciso 1.° del Decreto 2090 de 2003, en concordancia con el
artículo 9.° de la Ley 797 del mismo año.

Lo expuesto implica que el libelista perdió el beneficio de la transición en
comento y por consiguiente no le es aplicable para definir su situación jurídica
pensional la normativa anterior referente al artículo 96 de la Ley 32 de 1986,
al punto de que la decisión de denegar el reconocimiento de tal prerrogativa
se ajusta a la legalidad del ordenamiento jurídico vigente en su momento.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 13 de mayo
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá que denegó las pretensiones
de la demanda, ello por las razones expuestas en la presente providencia y
habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación
formulado por el libelista.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201616, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la

16 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP17, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público18.

Bajo este hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en costas de
segunda instancia al libelista y a favor de la entidad demandada, ello en la
medida que conforme el numeral 3.º del artículo 365 del CGP, el primero
resultó vencido al confirmarse en su totalidad la sentencia recurrida, y además
la parte pasiva intervino en esta oportunidad al presentar escrito de alegatos
de conclusión obrante en el índice 13 del registro en SAMAI, según constancia
secretarial visible a folio 300 del plenario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 13 de mayo de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá que negó las pretensiones de la demanda,
en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió el señor Oscar Eduardo Medina
Romero contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones),
por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y
a favor de la entidad demandada, las cuales se liquidarán por el a quo.

Tercero: Reconocer personería adjetiva como apoderado general de la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) al abogado José
Octavio Zuluaga Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía n.°
79.266.852 y portador de la tarjeta profesional 98.660 del Consejo Superior de
la Judicatura, ello en los términos del poder que le fue conferido mediante
escritura pública por el representante legal de la autoridad en comento, el cual
obra en el índice 13 del registro en SAMAI.

17 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
18 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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Radicado: 15001-23-33-000-2018-00329-01 (0722-2021)
Demandante: Oscar Eduardo Medina Romero

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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