Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00332-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00332-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2018-00332-01
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
5 de septiembre de 2018
ACCIÓN DE TUTELA - Niega / CONCURSO DE MÉRITOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Convocatoria 51 de 2015 / NOMBRAMIENTO EN CARGO DE CARRERA - En periodo de prueba / LISTA DE ELEGIBLES / OPCIONES DE SEDE - Solicitud de cambio de sitio de trabajo debido a enfermedades del núcleo familia del servidor
[L]a Sala evidencia que en el asunto sub judice el nombramiento en período de prueba de la [actora] en el cargo de profesional universitario, código 3pu, grado 17, en la procuraduría regional de Casanare, con sede en Yopal, y la negativa de designarla en la provincial de Sogamoso, se ajustan a las reglas establecidas en la convocatoria 51 de 2015, las cuales son de obligatorio cumplimiento, y no soslaya derecho constitucional fundamental alguno, motivo por el que se impone confirmar la sentencia impugnada, que negó el amparo deprecado (…).
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 262 DE 2000 - ARTÍCULO 216 / DECRETO 2360 DE 2018
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 15001-23-33-000-2018-00332-01(AC)
Actor: ANA EVELYN MARTÍNEZ ACERO, QUIEN ACTÚA EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS VALENTINA Y ANDRÉS ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Demandado: PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la demandante contra la sentencia de 10 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá (sala sexta de decisión), que negó el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de amparo (ff. 1 a 13). La señora Ana Evelyn Martínez Acero, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos Valentina y Andrés Álvarez Martínez, presenta acción de tutela con el fin de que se les protejan sus derechos constitucionales fundamentales al trabajo, mínimo vital, salud, dignidad humana, educación y acceso a cargos públicos, presuntamente vulnerados por el señor Procurador General de la Nación.
Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la autoridad accionada modificar el Decreto 2360 de 15 de mayo de 2018, por medio del cual la nombró en período de prueba en el empleo de profesional universitario, código 3pu, grado 17, en la procuraduría regional de Casanare, con sede en Yopal, en el sentido de disponer su designación en la provincial de Sogamoso. De manera subsidiaria, pide que sea nombrada en un municipio cercano a aquel y que no se ejerza algún acto de represalia en su contra.
Hechos. Relata la accionante que la Procuraduría General de la Nación, mediante «convocatoria 51 de 2015», citó a concurso de méritos con el propósito de proveer ciento dieciocho (118) cargos de profesional universitario, código 3pu, grado 17, procedimiento de selección al que le dio apertura a través de Resolución 332 de 12 de agosto de 2015 y en el que ella, al momento de inscribirse, eligió como sede de su preferencia el municipio de Sogamoso, y Yopal como su segunda opción.
Que en razón a que superó las correspondientes etapas, el 17 de mayo de 2018 le fue enviado a su correo electrónico el Decreto 2360 de 15 anterior, con el cual el Procurador General de la Nación la designó en período de prueba en el empleo al que aspiró, pero en la procuraduría regional de Casanare, ubicada en Yopal, pese a que había optado por Sogamoso.
Dice que si bien escogió como segunda opción Yopal, ello se debió a la necesidad de agotar una exigencia de inscripción y a que en ese momento estaba domiciliada allí, pues laboraba en el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de esa ciudad, empero tuvo que renunciar y trasladarse a Sogamoso porque su compañero permanente, señor Iván Gilberto Álvarez Higuera, adquirió la bacteria «helicobacter pylori» por consumir agua en la capital del Casanare, la cual no es apta para los humanos dado que la planta de tratamiento colapsó y no se ha construido otra; además, también se vio obligada a migrar por temor a que su menor hija Valentina Álvarez Martínez se afectara por la deficiente prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado.
Que como en la actualidad persiste el problema de agua potable en Yopal, se hace necesario designarla como profesional universitario, código 3pu, grado 17, en la procuraduría provincial de Sogamoso, puesto que de lo contrario se vería seriamente afectado su núcleo familiar, que está integrado por un bebé de dos (2) meses (Andrés Álvarez Martínez), pero especialmente su pareja, quien padece fibromialgia, afección que empeora cuando la persona que la sufre está expuesta a altas temperaturas, como la de aquella ciudad.
Agrega que otra de las razones que le impiden desplazarse a la capital del Casanare es el estudio de su menor hija Valentina, pues cambiarla de colegio afectaría negativamente su escolarización y, por ende, su derecho constitucional fundamental a la educación, cuanto más si aquel ha sido complejo dada la mudanza que ya experimentó.
Que le asiste derecho a ser vinculada en la procuraduría provincial de Sogamoso, donde existe un cargo vacante de la misma denominación del que fue nombrada, el cual aunque no fue ofertado en la convocatoria 51 de 2015, es dable que el tutelado la designe en él, en virtud de la Resolución 332 de 2015 y el inciso 6.º del artículo 216 del Decreto ley 262 de 2000, normativa que establece la obligación de suplir las plazas ocupadas por provisionales que no fueron objeto de concurso de méritos.
Sostiene que el 23 de mayo de 2018 pidió de la autoridad accionada la modificación del acto administrativo con el que fue destinada a Yopal, en el sentido de disponer que el lugar donde debía laborar era Sogamoso, en razón a las situaciones enunciadas en los párrafos precedentes, pero esa solicitud fue negada, con oficio GC 4475 de 14 de junio siguiente, bajo el argumento de que no había empleos en la procuraduría provincial de ese municipio, pues uno fue ocupado por una persona que integraba la lista de elegibles, y el otro, en atención a un fallo de tutela, por quien obtuvo el puesto 118 y no era posible emplear en otra dependencia.
Que de manera informal tuvo conocimiento de que en la procuraduría provincial de Sogamoso hay una vacante de profesional universitario, código 3pu, grado 17, y que allí se dispuso un nombramiento con funciones en la «procuraduría provincial de Montería», por lo que no es cierta la aseveración contenida en el oficio GC 4475 de 14 de junio de 2018, consistente en que no era dable designarla en una oficina diferente, dado que ello es una práctica común.
Afirma que la negativa de nombrarla como lo pide involucra desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales invocados en el libelo introductorio, ya que trasladarse a Yopal le provoca serios problemas, como no contar con agua potable y afectar la educación de su menor hija Valentina, máxime cuando no cuenta con un trabajo estable y debe cubrir las obligaciones económicas de su familia, puesto que su compañero permanente no puede laborar por causa de las afecciones que padece.
Que la acción de tutela de la referencia es procedente para acceder a sus pretensiones, comoquiera que si bien el ordenamiento jurídico dispone otro mecanismo de defensa, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, este resulta ineficaz para evitar la configuración del perjuicio irremediable que le ocasionaría su posesión en Yopal, donde no cuenta con las condiciones necesarias para vivir y no se ofrecen garantías a sus menores hijos, quienes son sujetos de especial protección constitucional.
1.3 Contestación de la acción (ff. 70 a 75). El señor Procurador General de la Nación, por conducto de apoderada, pide «declarar» improcedente la acción de tutela del epígrafe, al considerar que el marco jurídico establece otro medio de defensa judicial, y no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que amerite la adopción de medidas urgentes en aras de salvaguardar los derechos constitucionales fundamentales aludidos por la actora.
Que en el concurso de méritos en el que participó la accionante se ofertaron dos (2) cargos de profesional universitario, código 3pu, grado 17, en la procuraduría provincial de Sogamoso; uno lo ocupó una persona que se posesionó debidamente, y en el otro fue nombrado quien estaba en el puesto 119 de la lista de elegibles, por lo que tiene mejor derecho que la demandante, dado que ella está en la posición 187 y las designaciones deben efectuarse en estricto orden descendente.
Asevera que se reportaron 189 vacantes de empleos con la denominación señalada en el párrafo precedente, de los cuales 138 ya han sido provistas; una de ellas corresponde a la procuraduría provincial de Sogamoso, la que fue asignada a quien ocupó el puesto 141, de manera que enviar a la tutelante a ese municipio solo es posible cuando se hayan agotado todos los nombramientos y se reciban «aceptaciones» o rechazos de ellos por los que ocuparon los primeros lugares.
Que la designación de la actora en Yopal obedeció a su voluntad y ubicación en el registro de elegibles, que no le «alcanzó» para que fuera nombrada en Sogamoso, y su aceptación del cargo en aquella ciudad impide que sea destinada a una dependencia distinta, ya que de acontecer ello se desconocerían las reglas del concurso de méritos, que son de obligatorio cumplimiento y que ella aceptó obedecer al inscribirse, lo que conllevaría a «ajustar las sedes de preferencia según las circunstancias especiales o individuales de los concursantes».
Señala que no es permitido cambiar de ubicación luego de aceptar un cargo, comoquiera que al momento de la inscripción los participantes debieron prever la posibilidad de que fueran enviados a los lugares alternativos, como ocurrió con la tutelante, pero si no lo hicieron, ello no puede atribuirse a la Procuraduría General de la Nación, cuanto más si se cuenta con la opción de no aceptar el nombramiento y seguir en la lista de elegibles a la espera de que se disponga de una plaza en el sitio de su preferencia.
1.4 Providencia impugnada (ff. 78 a 87). Con sentencia de 10 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo de Boyacá (sala sexta de decisión) «negó» el amparo deprecado, al considerar que la acción de tutela de la referencia no colmaba la exigencia de subsidiariedad respecto de la protección de los derechos constitucionales fundamentales de la señora Ana Evelyn Martínez Acero, en razón a que cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para pedir la protección de aquellos, trámite en el cual puede deprecar la suspensión provisional del acto administrativo reprochado, y no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
Que si bien al expediente se allegó la historia clínica del señor Iván Gilberto Álvarez Higuera, en la que se consigna que sufrió algunas afecciones de salud durante el lapso en que la señora Martínez Acero laboró en Yopal, no es posible inferir que las provocó el consumo de agua en esa ciudad; de manera adicional, la supuesta ruptura del núcleo familiar tuvo origen en su decisión de trabajar en la capital de Casanare, lo que impide atribuirle responsabilidad de ello a la Procuraduría General de la Nación.
1.5 Impugnación (ff. 90 a 96). La tutelante, inconforme con la anterior decisión, la impugnó, el estimar que en ella el a quo no hizo un análisis de la eficacia de los medios ordinarios de defensa (medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho) para proteger las garantías superiores aludidas en el escrito inicial, pues de haberlo hecho, hubiere concluido que no goza de la entidad suficiente para salvaguardarlas, lo que habilitaba la procedencia de la presente acción de tutela.
Que en el asunto sub judice no se discute la legalidad del decreto de nombramiento, puesto que se dictó en debida forma, pues fue consecuencia de haber superado el concurso de méritos, sino la negativa de la autoridad accionada de darle la posibilidad de cambiar de sede, circunstancia que permite evidenciar que el juez de primera instancia hizo una interpretación sesgada de los hechos, tal como se corrobora al analizar la sentencia impugnada, donde se concluyó que fue ella la que afectó a su familia al seleccionar Yopal como sede alterna, sin tener cuenta que se dijo expresamente que esto ocurrió porque al momento de la inscripción estaba domiciliada allí, pero tuvo que migrar por las dolencias que padeció su pareja a causa del deficiente servicio de acueducto de esa ciudad.
Arguye que las «noticias» registran el aumento de enfermedades en la capital de Casanare a causa de la carencia de agua potable, de lo que se colige que las afecciones de su compañero permanente sí se originaron por el consumo de agua, lo cual podía ser confirmado al decretarse una prueba de oficio, lo que no ocurrió.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
En virtud del artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, esta Colegiatura es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión premilinar. La acción de tutela del epígrafe fue instaurada por la señora Ana Evelyn Martínez Acero, en nombre propio y en representación de sus menores hijos Valentina y Andrés Álvarez Martínez, contra el señor Procurador General de la Nación, bajo el argumento de que su designación como profesional universitario, código 3pu, grado 17, en la procuraduría regional de Casanare, con sede en Yopal, quebranta sus derechos constitucionales fundamentales, pues esa ciudad no cuenta con acueducto y, por ende, allí el agua no es apta para el consumo humano, de manera que ubicarla allá puede afectar la salud de su familia, en especial la de su compañero permanente Iván Gilberto Álvarez Higuera, quien tiene «helicobacter pylori» y padece fibromialgia.
Aunque podría pensarse que la tutelante carece de legitimación en la causa para invocar derechos de su pareja, se evidencia que aquel suscribió la solicitud de amparo como coadyuvante, debido a que tiene interés en las pretensiones de la acción de tutela, situación que habilita a esta Sala analizar las aseveraciones expuestas en el escrito inicial relacionadas con su estado de salud y su presunta imposibilidad de residenciarse en Yopal, máxime cuando depende económicamente de aquella, tal como se aseveró en el escrito inicial y se verificó al consultar la «Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados de Seguridad Social en Salud», manejada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la decisión de la autoridad accionada de nombrar, en período de prueba, a la tutelante, en la procuraduría regional de Casanare, con sede en Yopal, y negarle la posibilidad de ser designada en la provincial de Sogamoso; y en caso afirmativo, si se vulneraron las garantías superiores invocadas en la solicitud de amparo.
2.5 Procedencia de la acción de tutela respecto de nombramientos de personas incluidas en registros de elegibles conformados para proveer empleos públicos. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, no obstante, no debe perderse de vista que, aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento constitucional o legal diferente, que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación de un perjuicio irremediable.
Sin embargo, además de lo ya reseñado, la Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela constituye un mecanismo procedente para proteger los derechos de quienes, luego de participar en convocatorias o concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera en organismos del Estado y ser incorporados en las respectivas listas de elegibles, no son designados en el empleo para el que concursaron preferentemente, bajo el entendido que no sería dable aceptar que la omisión de la autoridad se prolongara en el tiempo mientras de desatan las respectivas acciones ordinarias, las cuales, stricto sensu, no ofrecen la suficiente solidez para amparar derechos fundamentales tales como la igualdad, trabajo, debido proceso y acceso a cargos públicos, máxime cuando esos registros tienen plazos de vigencia limitados.
En tal sentido, la aludida Corporación indicó:
En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos, esta Corporación ha reivindicado la pertinencia de la acción de tutela pese a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, que no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y el de acceso a los cargos públicos.
En el presente caso, la Sala encuentra que los medios ordinarios no resultan idóneos para lograr la protección de los derechos de las personas que han participado en concursos para acceder a cargos de carrera, en primer lugar porque al ser la lista de elegibles una cuestión con vocación temporal, esperar al transcurso de un proceso contencioso u ordinario llevaría a la extinción de dicha lista antes de la resolución del caso. Por otra parte, extender en el tiempo los posibles efectos nocivos de una decisión administrativa atentaría contra la protección misma de los derechos fundamentales que se procuran proteger.
Ante este análisis que debe ser laxo y garantista atendiendo las específicas circunstancias, la Sala considera que […] la tutela funge como mecanismo idóneo para propender por la defensa de sus derechos fundamentales.
Así las cosas, la Sala entiende que en asuntos como el que ahora nos ocupa, las acciones ordinarias no ofrecen una protección efectiva a los derechos fundamentales, pues, en líneas generales, «[…] ellas tan solo consiguen una compensación económica del daño causado, la reelaboración de la lista de elegibles (cuando inconstitucionalmente se ha excluido a un aspirante o se le ha incluido en un puesto inferior al que merece) y, muchas veces, la orden tardía de nombrar a quien verdaderamente tiene el derecho de ocupar el cargo, pero sin que realmente pueda restablecerse el derecho a permanecer en él durante todo el tiempo que dura el proceso contencioso administrativo», por lo que la acción de tutela se constituye en el medio judicial idóneo, efectivo y oportuno con el que cuenta la accionante para salvaguardar los derechos que considera quebrantados.
2.6 Caso concreto. La Sala evidencia que en el asunto sub judice la discusión gira en torno al nombramiento en período de prueba de la señora Ana Evelyn Martínez Acero, pues pese a que con el Decreto 2360 de 15 de mayo de 2018, emitido por el señor Procurador General de la Nación, se designó en el cargo de profesional universitario, código 3pu, grado 17, en la procuraduría provincial de Casanare, con sede en Yopal, ella estima que debe ser destinada a Sogamoso porque eligió ese municipio como opción preferente, en tanto que aquella ciudad no cuenta con lo necesario para que su familia se radique allí en óptimas condiciones.
En atención a lo explicado en párrafos precedentes y debido a que el sub lite versa sobre un concurso de méritos que no ha finiquitado, ya que el nombramiento en período de prueba es una de las etapas del procedimiento de selección, conforme lo estipula el artículo 2 de la Resolución 332 de 12 de agosto de 2015, la acción de tutela de la referencia resulta procedente para analizar aquel por su trámite expedito, puesto que en los medios ordinarios de defensa deben agotarse etapas procesales previas a la expedición de la sentencia que involucran un lapso considerable, lo que en el presente caso resultaría perjudicial, en razón a que la vigencia de la lista de elegibles es de solo dos (2) años, conforme lo prevé el artículo 216 del Decreto ley 262 de 2000 y el período de prueba dura cuatro (4) meses, tal como lo consagra el artículo 218 ibidem.
2.6.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca lo siguiente:
a) La señora Ana Evelyn Martínez Acero se desempeñó como profesional universitario, grado 16, en el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Yopal, entre el 12 de julio de 2010 y el 18 de diciembre de 2015 (ff. 32 y 33), y constituyó una unión marital de hecho con el señor Iván Gilberto Álvarez Higuera el 10 de septiembre de 2013 (f. 14), en la cual nacieron los menores Valentina y Andrés Álvarez Martínez el 17 de abril de 2015 y 27 de marzo de 2018, respectivamente (ff. 15 y 16).
b) El 7 de mayo de 2014, el señor Álvarez Higuera acudió a la Empresa Prestadora de Salud (EPS) Saludcoop en la ciudad de Yopal, porque padecía «malestar general, dolor abdominal, diarrea ocasional y fiebre»; allí expuso que su mascota tenía leptospirosis. Luego de recibir algunos medicamentos, fue dado de alta, pero el 6 de noviembre siguiente regresó al centro asistencial, en razón a que sus dolencias persistían, donde le fue diagnosticada infección en las vías urinarias (ff. 21 a 25).
Luego de que practicaran al paciente exámenes especializados, se logró determinar que sufría gastritis crónica, «helicobacter pylori» y fibromialgia (ff. 27 y 100).
c) El señor Procurador General de la Nación, mediante convocatoria 51 de 2015,
llamó a concurso de méritos para proveer ciento dieciocho (118) cargos de profesional universitario, código 3pu, grado 17, dentro de los que se encontraban dos (2) en la procuraduría provincial de Sogamoso y tres (3) en la regional de Casanare, procedimiento de selección al que se inscribió la señora Martínez Acero y en el que eligió como sede principal, en caso de superarlo, dicho municipio, y alternativa, la ciudad de Yopal.
Luego de surtirse las diferentes etapas, el demandado, a través de Resolución 398 de 2 de agosto de 2017, conformó la lista de elegibles, pero fue modificada con Resolución 524 de 11 de octubre siguiente, en la cual la aquí tutelante ocupó el puesto 187 (ff. 35 a 44).
d) La autoridad accionada, con Resolución 2360 de 15 de mayo de 2018, nombró en período de prueba a la señora Ana Evelyn Martínez Acero como profesional universitario, código 3pu, grado 17, en la procuraduría regional de Casanare, ubicada en la capital de ese departamento (ff. 45 y 46).
e) El 23 de mayo de 2018, la señora Martínez Acero pidió del señor Procurador General de la Nación que la nombrara en el empleo al que aspiró, pero en el municipio de Sogamoso, debido a que Yopal no contaba con lo necesario para que pudiese trasladarse allí con su familia, lo que le fue negado, con oficio SG SG 4475 de 14 de junio siguiente (CD obrante en el folio 48).
f) Al expediente se allegó certificación expedida por la secretaría general de la Procuraduría General de la Nación, en donde consta que las vacantes correspondientes a la procuraduría provincial de Sogamoso fueron colmadas por quienes ocuparon los lugares 119 y 141 dentro del registro de elegibles (ff. 63 a 65).
Hechas las anteriores precisiones fácticas y con la finalidad de determinar si es dable acceder a las pretensiones de la acción de tutela del epígrafe, se hace necesario efectuar las siguientes acotaciones jurídicas.
2.6.2 Reglas del concurso de méritos en el que participó la demandante. El artículo 182 del Decreto ley 262 de 2000 prevé que los empleos en la Procuraduría General de la Nación son de carrera administrativa, salvo los de libre nombramiento y remoción; los primeros se proveen con un concurso de méritos, que puede ser: (i) abierto, en el que participan personas que están o no vinculadas al organismo; y (ii) de ascenso, que son los destinados a que los funcionarios escalafonados sean promocionados.
Las etapas del procedimiento de selección están estipuladas en el artículo 194 de la mencionada norma, en los siguientes términos:
El proceso de selección comprende las siguientes etapas:
1) Convocatoria.
2) Reclutamiento: inscripción y lista de admitidos y no admitidos.
3) Aplicación de pruebas o instrumentos de selección: etapa eliminatoria y etapa clasificatoria.
4) Conformación de la lista de elegibles.
5) Período de prueba.
6) Calificación del período de prueba.
Ahora bien, en la convocatoria se disponen las reglas que han de observarse en el concurso de méritos, por lo que son de obligatorio acatamiento tanto para los participantes como para quien lo realiza; allí se deben consignar los cargos ofertados, el número y ubicación de ellos, salario, cronograma de actividades, y los demás aspectos señalados en el artículo 196 del Decreto ley 262 de 2000.
Para efectos de decidir el trámite de la referencia, se hace imperioso indicar que en la convocatoria 51 de 2015, el Procurador General de la Nación puso a disposición de los interesados ciento dieciocho (118) vacantes de profesional universitario, código 3pu, grado 17, dentro de las que se encontraban dos (2) en la procuraduría provincial de Sogamoso y tres (3) en la regional de Casanare.
A través de Resolución 332 de 12 de mayo de 2015, el tutelado dio apertura a la convocatoria enunciada en el párrafo precedente y la reglamentó; dispuso que el aspirante, al momento de la inscripción, «[…] solo podrá [registrarse] en una (1) de las convocatorias publicadas, indicando la sede y dependencia de su preferencia de aquellas ofertadas en la convocatoria seleccionada. En consecuencia, no se permiten inscripciones múltiples […]».
En el parágrafo del artículo vigésimo de dicho acto administrativo, se estableció que «La sede territorial de ubicación del empleo y la dependencia escogida dentro de la convocatoria seleccionada por el aspirante en la fase de inscripción son una referencia a sus preferencias. No obstante, se integrará una sola lista por cada convocatoria y la provisión se realizará entre los distintos despachos y ciudades que la integran, en estricto orden de mérito».
En lo atañedero a la lista de elegibles, el artículo 216 del Decreto ley 262 de 2000 dispone que estará integrada por «[…] los concursantes que obtengan, un puntaje total igual o superior al 70% del máximo posible en el concurso […]», y la provisión de cargos se efectuará «[…] con quien ocupe el primer puesto en la lista y en estricto orden descendente […]»; además, esa norma consagra que aquella tendrá una vigencia de dos (2) años.
Cabe advertir que quienes sean nombrados se excluirán de la mencionada lista, con excepción de los que no aceptaron la designación o no se posesionaron «por razones ajenas a su voluntad». La pluricitada normativa también prevé que «El nominador deberá utilizar las listas en estricto orden descendente, para proveer las vacantes que se presenten en el mismo empleo o en otros iguales, para los cuales se exijan los mismos requisitos».
2.6.3 Análisis del asunto. La demandante, en el escrito de tutela, pide que se ordene a la autoridad accionada modificar su nombramiento en período de prueba como profesional universitario, código 3pu, grado 17, en la procuraduría regional de Casanare, con sede en Yopal, con la finalidad de que lo sea en el mismo cargo, pero en la provincial de Sogamoso, comoquiera que aquella ciudad no cuenta con acueducto, por lo que radicarse allí le traería consecuencias negativas a ella y a su núcleo familiar, en especial a su compañero permanente Iván Gilberto Álvarez Higuera, quien sufre serios quebrantos de salud; adicionalmente, indica que cambiar de domicilio afectaría la escolarización de su hija Valentina.
Una vez revisado el libelo introductorio, la Sala observa que la señora Ana Evelyn Martínez Acero afirma que al inscribirse en el concurso de méritos de que trata la convocatoria 51 de 2015, emitida por el señor Procurador General de la Nación, eligió como ubicación principal el municipio de Sogamoso, donde se ofertaron dos (2) cargos de la misma denominación al que aspiró, y Yopal como alternativa, lo que fue corroborado por la autoridad tutelada en la contestación de la tutela.
Luego de surtirse las diferentes etapas del procedimiento de selección, la concursante se ubicó en el puesto 187 de la lista de elegibles, fijada mediante Resolución 397 de 2 de agosto de 2017 y modificada por la 524 de 11 de octubre siguiente, motivo por el cual el Procurador General de la Nación, por medio de Decreto 2360 de 15 de mayo de 2018, nombró a aquella en la procuraduría regional de Casanare, lo que aceptó el 28 de los mismos mes y año, con la salvedad de que estaba pendiente de decidirse una «petición de modificación de plaza», que se negó con oficio GC 4475 de 14 de junio del año en curso.
Visto lo anterior y de acuerdo con las reglas del concurso de méritos en el que participó la señora Martínez Acero, la Sala evidencia que la pretensión de modificar su nombramiento en período de prueba en la procuraduría regional de Casanare, para ser ubicada en la provincial de Sogamoso, no está llamada a prosperar, dado que si bien escogió como sede de su preferencia este municipio, ello no le imponía la obligación a la autoridad accionada de situarla allí, pues la provisión de todos los empleos se realiza en atención a una sola lista de elegibles y en estricto orden de mérito, tal como lo indica el parágrafo del artículo vigésimo de la Resolución 332 de 12 de mayo de 2015, cuyo tenor es el siguiente:
La sede territorial de ubicación del empleo y la dependencia escogida dentro de la convocatoria seleccionada por el aspirante en la fase de inscripción son una referencia a sus preferencias. No obstante, se integrará una sola lista por cada convocatoria y la provisión se realizará entre los distintos despachos y ciudades que la integran, en estricto orden de mérito.
En ese orden de ideas, el hecho de que la demandante seleccionara como sede de preferencia el municipio de Sogamoso, no la habilitaba para ser designada exclusivamente allí, pues el sitio de destinación de quienes integran el registro de elegibles está supeditado al estricto orden, es decir, a la posición que ocuparon en él, conforme se señaló en la referida convocatoria.
Cabe advertir que si bien se ofertaron dos (2) cargos de profesional universitario, código 3pu, grado 17, en la procuraduría provincial de Sogamoso, ellos fueron ocupados por personas que obtuvieron un puntaje mayor que la tutelante, pues están en los puestos 119 y 141, con lo que se atendió la regla consistente en que la provisión se realiza «en estricto orden de mérito».
Además, no es posible acceder a la mencionada petición, comoquiera que la actora aceptó el nombramiento en período de prueba que el Procurador General de la Nación le hiciere, mediante Decreto 2360 de 15 de mayo de 2018, pese a que contaba con la posibilidad de no aceptar esa designación y esperar a que se hiciere otra en un lugar diferente, pues ello no conlleva a la exclusión de la lista de elegibles, tal como lo señala el artículo 216 del Decreto ley 262 de 2000.
Por lo indicado en el párrafo anterior, esto es, la aceptación del cargo, tampoco está llamada a prosperar la pretensión subsidiaria de que la interesada sea destinada a un sitio cercano a Sogamoso, máxime si ello está sujeto a la regla de que las plazas deben proveerse en estricto orden de mérito y no se tiene certeza de que quienes están por encima de ella en la lista de elegibles ya estén nombrados en período de prueba.
Por otra parte, aunque la demandante invoca las dolencias de salud de su esposo como un impedimento para trasladarse a Yopal, dado que allí no hay planta de acueducto y el consumo de agua puede agravar sus afecciones, para la Sala tal situación no amerita inobservar las reglas del concurso de méritos, lo cual ocurriría de accederse a las súplicas de la tutela, pues si bien la infraestructura de tratamiento de ese líquido en aquella ciudad colapsó en mayo de 2011 (hecho notorio), el allí suministrado es apto para uso de los humanos, tal como lo certificó la secretaría de salud municipal, en atención a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud en el año 2017.
Pero si la actora estima que el agua surtida por el acueducto de la capital de Casanare es perjudicial, tiene la opción de adquirir agua potable para el consumo de su familia y así minimizar un posible riesgo de contagio de algún virus o bacteria que pudiere afectarlos, en especial a su menor hijo Andrés Álvarez Martínez.
Ahora bien, aunque al señor Iván Gilberto Álvarez Higuera, compañero permanente de la demandante, le fue diagnosticada fibromialgia y en el libelo introductorio se citó un enlace virtual en el que se explica que esa patología puede agravarse cuando quien la sufre está expuesto a altas temperaturas, en dicho documento también se indicó que ello se contrarresta con la ingesta de líquido, dieta balanceada, evitar actividades extenuantes, utilizar vestimenta ligera y protegerse del sol.
En atención a la información invocada en el escrito inicial, es dable inferir que el hecho de padecer tal enfermedad, no le impide a la pareja de la accionante residir en Yopal, cuanto más si no media dictamen de un especialista que hubiere determinado ello luego de valorarlo.
Cabe anotar que si bien la jurisprudencia constitucional ha avalado el cambio de sitio de trabajo de un servidor debido a enfermedades de su núcleo familiar, en aras de salvaguardar su unidad, para ello es menester que se colmen ciertas exigencias, como la que en el lugar de destino no sea posible acceder a atención médica, presupuesto que no se colma en el sub judice, pues Yopal cuenta con instituciones prestadoras de salud, tal como lo demuestra la historia clínica del señor Álvarez Higuera, en la cual se consignaron los tratamientos a los que se sometió cuando presentó afecciones en esa ciudad (ff. 17 a 27).
Lo anterior aplicado en un test de proporcionalidad, equivaldría a colegir que si bien la finalidad de la petición de modificación del nombramiento en período prueba de la actora es garantizar la salud de ella y su núcleo familiar, su relevancia es inferior a los mandatos constitucionales de legalidad (que involucra la aplicación de las reglas del concurso de méritos) y mérito (el cual se expresa en que las plazas deben asignarse en el estricto orden de la lista de elegibles), por cuanto ello no es el único medio idóneo para efectivizar los derechos constitucionales fundamentales aludidos en el libelo introductorio, ni la prevención necesaria, pues de todas las posibilidades, como la de adquirir agua potable y seguir las recomendaciones para minimizar los efectos de las altas temperaturas, plantea en el escrito inicial una que desconoce tales preceptos superiores (legalidad y mérito).
Por otra parte, la aseveración de la tutelante consistente en que su nombramiento en Yopal afecta la escolarización de su menor hija Valentina, tampoco tiene la entidad suficiente de provocar un fallo acorde a lo pedido, pues aunque en el expediente obra certificación expedida por el Jardín Infantil Kínder Martica de Sogamoso, que da cuenta de que la menor sufre de ansiedad y síndrome de abandono, y podría afectarla el cambio de institución, ese diagnóstico fue hecho por la directora del centro educativo, quien en el mismo documento sugiere la valoración de una psicóloga, de lo que se colige que no tiene esa condición, de manera que lo expresado por ella carece de idoneidad e imparcialidad.
Así las cosas, la Sala evidencia que en el asunto sub judice el nombramiento en período de prueba de la señora Ana Evelyn Martínez Acero en el cargo de profesional universitario, código 3pu, grado 17, en la procuraduría regional de Casanare, con sede en Yopal, y la negativa de designarla en la provincial de Sogamoso, se ajustan a las reglas establecidas en la convocatoria 51 de 2015, las cuales son de obligatorio cumplimiento, y no soslaya derecho constitucional fundamental alguno, motivo por el que se impone confirmar la sentencia impugnada, que negó el amparo deprecado, pero por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1. Confírmase la sentencia de 10 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá (sala sexta de decisión), que negó el amparo deprecado por la señora Ana Evelyn Martínez Acero, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos Valentina y Andrés Álvarez Martínez, por las razones expuestas en la motivación.
2. Notifíquese esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3. Comuníquese la presente decisión al Tribunal Administrativo de Boyacá (sala sexta de decisión) y remítasele copia.
4. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Cabe precisar que la solicitud de amparo también fue suscrita por el señor Iván Gilberto Álvarez Higuera, compañero permanente de la demandante.
No indica el funcionario que lo expidió.
Omite determinar cuál.
La coadyuvancia es una figura procesal mediante la cual un tercero con interés directo en las resultas de un proceso, acude a este con el ánimo de favorecer a alguna de las partes en litigio con la que tiene una relación sustancial, también aplicable en la acción de tutela.
https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA.
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección tercera, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, providencia de 11 de mayo de 2000, exp. AC-10187.
Corte Constitucional, sentencia T-112A de 2014, M. P. Alberto Rojas Ríos.
Sentencias SU-133 y SU-136 de 1998.
Sentencia T-388 de 1998, M. P. Fabio Morón Diaz, y T-569 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
«ARTÍCULO SEGUNDO: ETAPAS DEL PROCESO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Decreto Ley 262 de 2000, el proceso de selección comprende las siguientes etapas:
Convocatoria.
Reclutamiento; inscripción y lista de admitidos y no admitidos.
Aplicación de pruebas e instrucción de selección: fase eliminatoria y fase clasificatoria.
Conformación de la lista de elegibles.
Periodo de prueba.
Calificación del periodo de prueba».
«Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer empleos de carrera de la Procuraduría General de la Nación».
«Lista de elegibles. […]
La lista de elegibles se elaborará en riguroso orden de mérito. Tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su publicación y deberá estar contenida en resolución proferida por el Procurador General.
[…]».
«Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos».
Artículo 5.º del mencionado acto administrativo.
Inciso 5.º del artículo 216 del Decreto ley 262 de 2000.
«[…]
Efectuados los respectivos nombramientos para proveer los empleos objeto de la convocatoria u otros iguales a éstos, se retirarán de la lista de elegibles los servidores en los que hayan recaído dichos nombramientos, salvo que no hayan aceptado o no se hayan posesionado por razones ajenas a su voluntad. El nominador deberá utilizar las listas en estricto orden descendente, para proveer las vacantes que se presenten en el mismo empleo o en otros iguales, para los cuales se exijan los mismos requisitos, o en empleos de inferior jerarquía. En este último caso, la no aceptación del nombramiento no constituye causal para la exclusión de la lista de elegibles».
Artículo 167 del Código General del Proceso «Carga de la prueba.
[…]
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba».
http://www.eaaay.gov.co/media/1782/certificaci%C3%B3n-secretar%C3%ADa-salud.pdf.
https://fibromialgianoticias.com/fibromialgia-el-dolor-aumenta-con-el-calor/.
Corte Constitucional, sentencia T-922 de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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