República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2018-00363-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-
Demandado: Jorge Armando García Vargas
Tema: reconocimiento pensional. Subtema: calidad de los trabajadores de las
empresas de servicios públicos.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 5 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
No. 4, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La entidad demandante solicitó la nulidad del acto administrativo a través del cual
reconoció una pensión de «vejez» al accionado, a partir del 12 de octubre de 2012,
con efectos fiscales desde el 2 de marzo de 2014, con fundamento en la Ley 33 de
1985. Solicitó que el demandado devuelva las sumas pagadas por concepto de las
mesadas pensionales que percibió sin, en su criterio, tener derecho a ellas. Adujo que
el accionado no era beneficiario del régimen pensional que le aplicó la entidad, toda
vez que el tiempo de servicio en el que laboró para la Empresa de Energía de Boyacá
S.A. E.S.P. (en adelante EBSA) y que le fue computado para efectos del
reconocimiento de la prestación como público, en realidad correspondía al sector
privado.
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda. Señaló que aun cuando al
demandado le fuese aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988, lo
cierto era que su derecho pensional bajo dicha normativa, lo hubiese adquirido el 12
de octubre de 2017 —cuando cumplía los 60 años exigidos—. Por consiguiente, el
régimen establecido por la Ley 33 de 1985 era aquel que le resultaba más favorable.
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Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
Esta Subsección revocará la anterior decisión y declarará la nulidad del acto acusado,
al haberse acreditado que el accionado no prestó sus servicios durante 20 años al
sector público, como lo exige la Ley 33 de 1985, norma con fundamento en la cual se
le reconoció la pensión.
Se tiene que se le contabilizó para efectos del derecho pensional como público todo el
tiempo de servicio que prestó a EBSA S.A. E.S.P., pese a que en algunos periodos
esta tuvo el carácter de E.S.P. mixta o privada y, por ende, él ostentaba la calidad de
trabajador particular. Por tal razón, esos tiempos no podían tenerse en cuenta para
efectos del reconocimiento de la pensión bajo el régimen de la Ley 33 de 1985. No
obstante, no se ordenará la devolución de los dineros pagados por concepto de las
mesadas pensionales que devengó con ocasión de la resolución demandada.
Como consecuencia de la decisión adoptada y en aras de brindar una medida de
protección transitoria de los derechos del accionado, se ordenará a Colpensiones
mantener el pago de la pensión reconocida hasta tanto decida nuevamente lo
pertinente en cuanto al reconocimiento pensional del demandado, de conformidad con
la Ley 100 de 1993. Si la mesada a que haya lugar resulta de un valor menor al que
se viene consignando, la diferencia otorgada deberá descontársele al accionado.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 4 de julio de 20181, la Administradora Colombiana de
Pensiones (en adelante Colpensiones), por conducto de apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
en contra del señor Jorge Armando García Vargas, según las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución GNR
268280 del 12 de septiembre de 2016, por medio de la cual le reconoció y pagó una
pensión de «vejez» al accionado, con fundamento en la Ley 33 de 1985, efectiva a
partir del 2 de marzo de 2014.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene al demandado la
devolución a su favor de las sumas pagadas por dicho reconocimiento desde su
inclusión en nómina hasta que se declare la nulidad del acto, junto con su indexación.
1 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), pág. 19.
2 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 4 a 19.
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Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
2.1.2. Hechos
4. La Sala los sintetiza así:
5. Indicó que el señor Jorge Armando García Vargas nació el 12 de octubre de
1957 y que mediante la Resolución GNR 199849 del 7 de julio de 2016, Colpensiones
le negó el reconocimiento de una pensión de vejez, por no cumplir los requisitos de
tiempo y edad exigidos por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Inconforme con la
decisión, el demandado interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
6. Relató que, al resolver el recurso de reposición la entidad, mediante la
Resolución GNR 268280 del 12 de septiembre de 2016, revocó la decisión inicial y
concedió la prestación con fundamento en la Ley 33 de 1985, en cuantía de
$6.893.984, efectiva desde el 2 de marzo de 2014 con 1809 semanas de cotización,
un ingreso base de liquidación de $9.191.979 y una tasa de reemplazo del 75 %. A su
vez, reconoció un retroactivo pensional de $202.190.849. También, se ordenó notificar
a los interesados acerca de que el recurso de apelación presentado se enviaría al
superior jerárquico para los fines pertinentes; sin justificación alguna al respecto.
7. Sostuvo que, con posterioridad, al revisar la pensión concedida, se advirtió que
dentro del tiempo cotizado se computaron como públicos los servicios prestados por
el accionado a EBSA, pese a que dicha entidad, por su actividad, es de naturaleza
mercantil y, por ende, está sujeta al régimen privado. En consecuencia, sostuvo que
tales periodos debieron contabilizarse como cotizaciones al sector privado.
8. Adujo que luego, a través de la Resolución VPB41833 del 17 de noviembre de
2016, la entidad resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución GNR
268280 de 2016 y decidió no acceder a lo solicitado por el demandado. Esto, al señalar
que la Resolución GNR 199849 del 7 de julio de 2016 era contraria a la ley, toda vez
que el solicitante «no ostenta la calidad de servidor público», y los tiempos laborados
con la «Electrificadora de Boyacá S.A.» fueron tomados como públicos, pese a que
eran privados.
9. Añadió que, mediante comunicación externa del 26 de septiembre de 2016, la
entidad le solicitó al demandado autorización para revocar directamente la Resolución
GNR 268280 de 2016, a lo cual este no accedió, según memorial allegado el 28 de
octubre de 2016 bajo el radicado 2016_12731515, en el que el demandado reiteró el
recurso de apelación interpuesto.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• Constitución Política.
• Ley 33 de 1985.
• Ley 100 de 1993.
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Demandado: Jorge Armando García Vargas
10. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que se
configura la causal de violación directa de la ley, por el desconocimiento de las normas
en que debió fundarse la decisión del reconocimiento pensional. Precisó que, en virtud
del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, cuando un acto administrativo ha reconocido
un derecho de carácter particular y concreto, la administración no puede revocarlo
unilateralmente sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, y que, ante
la negativa de este —como ocurrió en el caso, según da cuenta la comunicación del
28 de octubre de 2016—, debe acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo mediante la acción de lesividad, en concordancia con el artículo 138 del
CPACA.
11. Manifestó que la Resolución GNR 268280 de 2016 desconoció el artículo 1 de
la Ley 33 de 1985, que exige 20 años de servicio como empleado oficial para acceder
a la pensión de «vejez» en cuantía del 75 % del salario promedio del último año de
servicio. Adujo que el señor Jorge Armando García Vargas no cumplió con dicho
requisito, en la medida en que dentro del tiempo cotizado se computaron
indebidamente como públicos los periodos correspondientes a la Empresa de Energía
de Boyacá S.A. E.S.P., entidad que, por su actividad, corresponde al ámbito del
derecho privado.
12. Concluyó que, dada la referida irregularidad, el acto acusado es abiertamente
contrario a la ley y causa un perjuicio al erario, en tanto compromete el principio de
estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2005, al mantenerse vigente el pago de una prestación reconocida
sin el lleno de los requisitos legales, en detrimento de los recursos destinados a
garantizar las pensiones de quienes sí acreditan el derecho.
2.2. Contestación de la demanda
13. La parte accionada se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda y
solicitó que se nieguen3.
14. Sostuvo que el señor Jorge Armando García Vargas tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, en calidad
de beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por
cuanto laboró un total de 21 años y 8 días al servicio del Estado —distribuidos entre el
Hospital Regional de Duitama, la Junta Administradora de Deportes, el Hospital San
Rafael de Tunja y EBSA— y cumplió 55 años de edad el 12 de octubre de 2012. En
tal sentido, adujo que no procede la devolución de las sumas pagadas ni su indexación,
en tanto el acto administrativo fue expedido en cumplimiento de un mandato
constitucional y legal, sin que exista detrimento patrimonial para Colpensiones.
3 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 84 a 101.
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15. Afirmó, en relación con la naturaleza jurídica de EBSA, que se trata de una
entidad estatal o, en su defecto, de una empresa de servicios públicos de carácter
mixto, con participación mayoritaria del Estado —que osciló entre el 96 % y el 100 %
de su capital accionario durante el tiempo que el demandado laboró en ella—, por lo
que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte
Constitucional (sentencias C-253 de 1996, C-736 y C-910 de 2007) y de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (sentencia del 2 de mayo de 2012,
radicado 36422), los trabajadores vinculados a dicha empresa ostentan la calidad de
servidores públicos. En consecuencia, señaló que el tiempo servido por el demandado
a EBSA debe computarse como tiempo público y no privado.
16. Indicó que el cargo desempeñado por el accionado en la EBSA —jefe de la
Oficina de Control y Gestión, de Planeación y de Control Interno, según las distintas
denominaciones que tuvo durante su vinculación— correspondía a un empleo de
dirección y confianza, de libre nombramiento y remoción, ajeno a la convención
colectiva, con dependencia directa de la junta directiva y del gerente general,
circunstancia que, a su juicio, descarta su condición de trabajador particular sometido
al Código Sustantivo del Trabajo y confirma su calidad de empleado público.
17. Enfatizó que la Resolución GNR 268280 de 2016 fue expedida conforme a
derecho, sin que se configure lesividad alguna al patrimonio público.
2.3. Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 4, profirió sentencia
el 5 de diciembre de 2022, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y
se abstuvo de condenar en costas. La providencia se fundó en los siguientes
argumentos4:
19. Expuso las diferencias entre los regímenes de la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de
1988, precisando que, mientras la primera exige 20 años de servicio exclusivamente
como empleado oficial, la segunda permite acumular tiempos laborados en los
sectores público y privado. Analizó igualmente el régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y la naturaleza jurídica de las empresas prestadoras de servicios
públicos conforme a la Ley 142 de 1994, distinguiendo entre empresas oficiales, mixtas
y privadas según el porcentaje de participación estatal en su capital.
20. En cuanto al régimen pensional de los trabajadores de empresas de servicios
públicos, el Tribunal citó la sentencia C-484 de 1995 de la Corte Constitucional y el
4 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 69, expediente digital, archivo
49_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf).
• Frente al resumen de la sentencia de primera instancia, se aclara que, aunque los argumentos del Tribunal
parezcan contradictorios, lo cierto es que estos corresponden en efecto a lo expuesto y al fundamento del fallo
impugnado.
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artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, conforme a los cuales concluyó que, en las
empresas industriales y comerciales del Estado y en las empresas de servicios
públicos, únicamente ostentan la calidad de empleados públicos quienes desempeñan
cargos de dirección o confianza, según lo determinen los respectivos estatutos, en
tanto los demás trabajadores tienen el carácter de trabajadores particulares u oficiales,
según el caso.
21. Señaló que se logró acreditar en el plenario que, entre 1995 y 2012, EBSA tuvo
naturaleza mixta, con una participación estatal superior al 99 %, y con posterioridad se
transformó en empresa privada. Así, toda vez que el demandado se desempeñó en
dicha entidad en los cargos de jefe de oficina de planeación, jefe de la unidad de
planeamiento corporativo, jefe de control interno y jefe de oficina de control de gestión,
todos ellos de nivel directivo o asesor según el manual de funciones aportado al
proceso, la vinculación a dicha E.S.P. «no fue únicamente en el régimen privado, sino
que, debido a los cargos que ostentó en el nivel directivo, lo clasifican como empleado
público».
22. Adicionalmente, el Tribunal advirtió que el demandado también prestó servicios
en el Hospital Regional de Duitama, la Junta Administradora de Deportes (Indeportes
Boyacá) y el Hospital San Rafael de Tunja, entidades públicas descentralizadas, razón
por la cual definió que «ostentó cargos tanto en el sector público como en privado».
23. Precisó que el régimen de la Ley 71 de 1988 —que sí permite acumular tiempos
público y privado— no resultaba aplicable al caso, pues, aunque el accionado acreditó
el 5 de noviembre de 1999 los 20 años de servicio exigidos por la norma, no había
cumplido en ese momento la edad mínima de 60 años que se exige para los hombres;
requisito que acreditó el 12 de octubre de 2017, fecha en la que había perdido vigencia
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
24. Concluyó que el régimen previsto en la Ley 33 de 1985 era el más beneficioso
para el demandado, en aplicación del principio de favorabilidad, y que, al tratarse de
un derecho pensional consolidado y reconocido de buena fe, procedía dar prevalencia
a la condición más benéfica para el trabajador.
2.4. Recurso de apelación
25. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos5:
26. Reiteró que, mediante la Resolución GNR 268280 del 12 de septiembre de
2016, se reconoció y pagó al señor Jorge Armando García Vargas una pensión de
«vejez» efectiva a partir del 2 de marzo de 2014, liquidada con base en 1.809 semanas
5 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 74, expediente digital, archivo
50_MemorialWeb_Recurso.
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de cotización y una tasa de reemplazo del 75 %, en aplicación de la Ley 33 de 1985.
Adujo que dicho reconocimiento es contrario a derecho, por cuanto el demandado no
es beneficiario del régimen de la Ley 33 de 1985, en la medida en que se computaron
como públicos la totalidad de los tiempos cotizados, cuando estos debieron tomarse
como privados, lo que evidencia que la resolución acusada es abiertamente contraria
a la ley y le causa un perjuicio al erario.
27. Alegó que, al negar las pretensiones de la demanda, el Tribunal desconoció el
principio de estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, establecido en
el Acto Legislativo 001 de 2005, en tanto la Resolución GNR 268280 de 2016 no se
encuentra conforme a derecho, al haber contabilizado como públicos los tiempos
cotizados por el demandado en la EBSA sin atender a la verdadera naturaleza privada
de dichas cotizaciones.
28. Afirmó que el reconocimiento pensional cuestionado constituye un perjuicio
inminente contra la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, en la
medida en que dicho Sistema requiere de un flujo permanente de recursos que
garantice su mantenimiento y adecuado funcionamiento, y que la falta de recuperación
de los dineros pagados en exceso afecta gravemente la capacidad de la entidad para
otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que sí tienen derecho a su
reconocimiento, vulnerando los principios de progresividad y de acceso a las
pensiones de todos los colombianos.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
29. Mediante auto del 21 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia6.
2.6. Ministerio Público
30. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado7 guardó silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
31. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
6 Samai, índice 08, auto que admite recurso de apelación, archivo
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx).
7
Samai, índice 11, envío de notificación, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
3.2. Problemas jurídicos
32. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:
33. ¿El periodo de cotización en el que el accionado prestó sus servicios a la
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P., es válido para efectos del reconocimiento
de la pensión de «vejez» que Colpensiones reconoció a su favor en aplicación del
régimen previsto en la Ley 33 de 1985?
34. En el evento de responder negativamente al anterior interrogante, ¿procede
ordenar al accionado la devolución de las sumas pagadas por concepto de la
prestación pensional reconocida mediante el acto administrativo demandado? y
¿corresponde a la Sala estudiar si el accionado tiene derecho al reconocimiento de
una pensión de jubilación por aportes (Ley 71 de 1988) como beneficiario de la
transición de la Ley 100 de 1993? o, en su lugar, ¿tiene derecho al reconocimiento y
pago de una pensión de vejez bajo el régimen de prima media con prestación definida
(Ley 100 de 1993)?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
35. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral con el objeto
de garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener
la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las
contingencias que la afecten.
36. Como parte de este sistema se estableció el Sistema General de Pensiones,
conformado por dos regímenes pensionales: (1) el Régimen de Prima Media con
Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones (antes ISS), donde las
pensiones principalmente se financian con los aportes de los trabajadores y
empleadores activos y (2) el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS),
gestionado por fondos privados de pensiones, en el cual cada afiliado cotiza a su
cuenta individual.
37. Adicionalmente, en su artículo 36, la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de
transición como una medida especial para garantizar que ciertos afiliados al sistema
de pensiones pudieran conservar las condiciones bajo las cuales venían cotizando
antes de la entrada en vigor de esa Ley. En estos términos quedó dispuesto:
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Artículo 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez.
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es
decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o
más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez,
se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
38. Bajo ese contexto legal, para ser beneficiario de este régimen de transición, el
afiliado debe cumplir con uno de los siguientes requisitos a la fecha de entrada en vigor
de la Ley 100 de 19938:
→ Tener 35 años de edad si era mujer, o 40 años si era hombre.
→ Haber cotizado 15 años de servicio al sistema de pensiones.
39. El cumplimiento de cualquiera de estos dos requisitos permite que el trabajador
se pensione bajo la normativa anterior a la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, para
determinar si una persona es beneficiaria del régimen de transición, es
necesario verificar el cumplimiento de estas condiciones, garantizando así la correcta
aplicación de esta prerrogativa legal.
40. Ahora bien, en virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto
Legislativo 01 de 20059 al artículo 48 Superior, la aplicación del régimen de transición
no es indefinida. En efecto, en el parágrafo transitorio 4, el Congreso de la República
fijó un límite temporal en el anterior precepto así:
[E]l régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto
para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año
2014.
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen
serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen.
41. De esta manera, el Acto Legislativo 01 de 2005 establece que la vigencia de los
regímenes pensionales especiales y de los exceptuados, así como cualquier otro
8 El 1 de abril de 1994 para los empleados del nivel nacional, o el 30 de junio de 1995 para los empleados del nivel
territorial.
9
«Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política».
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distinto al régimen contenido en la Ley 100 de 1993, expiraría el 31 de julio de 2010,
excepto para los trabajadores que estando en aquellos, además, tuvieran cotizadas al
menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigor del
referido acto legislativo —25 de julio de 2005—, a quienes se les mantendría la
aplicación de las normas especiales hasta el año 2014, porque con posterioridad sus
pensiones serían reconocidas conforme a los requisitos del régimen general de
pensiones establecido en la Ley 100 de 1993.
42. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sección de manera uniforme y
reiterada10 ha concluido que una persona puede acceder a su derecho prestacional
bajo el régimen de transición al cual se encontraba afiliado, si logra demostrar los
siguientes supuestos fácticos: (a) que al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993, tenía 35 o más años para mujeres, 40 o más años para
hombres; o (b) que independientemente de la edad, realizó cotizaciones por más de
15 años; (c) que a la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, contara
al menos con las 750 semanas de cotización para conservar el régimen de transición
hasta el año 201411; y (d) que para el 31 de diciembre de 2014 —fecha de finalización
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993—, consolide su estatus pensional,
con la edad y el tiempo de servicio exigido en el respectivo régimen especial.
43. Por otro lado, respecto al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de las
personas beneficiarias del aludido régimen de transición, en virtud del inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo
de esta corporación profirió sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018 12, en la
que se fijaron las siguientes reglas:
Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición
pensional, lo siguiente:
1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985.
2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de
la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
10 Sobre el particular, se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de las subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado: (i) fallo del 4 de febrero del 2021, exp. 2015-00445-01/2448-2018, (ii)
fallo del 13 de mayo de 2021, exp. 2016-00596-01/6482-2019, (iii) fallo del 11 de noviembre de 2021, exp. 2014-
00140-01/2741-2017, y (iv) fallo del 13 de abril de 2023, exp. 2017-01340-01/1024-2021.
11 Al respecto, se pueden consultar sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017 de la Corte Constitucional.
12
Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), M. P. César Palomino Cortés.
10
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios
al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.
3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez
de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.
44. En razón a lo anterior, las personas beneficiarias del régimen de transición
establecido por la Ley 100 de 1993 tienen salvaguardados elementos del régimen
anterior; no obstante, el ingreso base de liquidación de la pensión es el indicado en la
Ley 100, que permite optar por (a) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le
hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 y la adquisición del estatus
pensional, si fuere inferior a 10 años; (b) el promedio de lo aportado durante todo el
tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al
consumidor (IPC); o (c) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años,
conforme al artículo 21 ibidem.
3.3.2. La pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985
45. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales»,
es decir, el de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Al respecto, estableció
lo siguiente:
Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
46. Así las cosas, quienes en esa condición acumularan 20 años de servicios y
contaran con 55 años de edad podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente
al 75 % del salario promedio percibido en el último año de servicios. En relación con la
base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley
11
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
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62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación
básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que
hayan servido de base para calcular los aportes».
47. No obstante, se aclara que a quienes son beneficiarios de la pensión de
jubilación de la Ley 33 de 1985, en atención al régimen de transición de la Ley 100 de
1993, se les aplica el criterio fijado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, mencionada en párrafos precedentes, según el cual el IBL habrá de liquidarse
en los términos del inciso pertinente del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de
1993 y del Decreto 1158 de 1994.
3.3.3. La pensión por aportes de la Ley 71 de 1988
48. De acuerdo con el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
debe tenerse como referente normativo aplicable a quienes se hallen amparados por
éste, no únicamente la Ley 33 de 1985 —reguladora del régimen pensional general
del sector público— para quienes reclamen la pensión de jubilación en calidad de
empleados de dicho sector, sino también la Ley 71 de 1988, que instituyó la pensión
de jubilación por acumulación de aportes, en virtud de la cual resulta posible computar
el tiempo servido tanto en el sector público como en el privado.
49. Dicha ley fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de 1989 y, con
posterioridad, por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, cuyo artículo 1 dispuso
que la pensión a que se refería la citada Ley 71 de 1988 recibía la denominación de
pensión de jubilación por aportes, a la cual tenían derecho «quienes al cumplir 60 años
o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier
tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el
Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del
sector público».
50. Por su parte, en los artículos 6 y 8 se fijó el salario base para la liquidación de
la pensión y su respectivo monto, en los siguientes términos:
Artículo 6. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El
salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
12
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
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[…]
Artículo 8. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.
51. Con posterioridad, el artículo 6 transcrito fue derogado por el artículo 2411 del
Decreto 1474 de 1997; no obstante, dicha determinación fue anulada por esta Sección
mediante sentencia del 15 de mayo de 201413, en la que se señaló lo siguiente:
Así, en el presente caso, tratándose de una situación análoga a nivel reglamentario, se
destaca que la norma que disponía el salario base para la liquidación de la pensión por
aportes fue derogada, situación que originó un vacío normativo y obligó a remitirse a la
Ley 100 de 1993, aun cuando el legislador dispuso que el Gobierno Nacional debía
reglamentar las condiciones para el reconocimiento y pago de la pensión por aportes
(inc. 2, art. 7, Ley 71 de 1988).
Visto lo anterior, la derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció no
solamente la Ley 71 de 1988; sino también la Ley 100 de 1993, ya que ésta previó un
régimen de transición, como un mecanismo de protección ante un tránsito legislativo
para las personas que tenían la expectativa de adquirir su derecho pensional bajo una
normativa anterior, en este sentido no puede el ejecutivo en virtud del ejercicio de la
facultad reglamentaria reducir de manera desproporcionada e irrazonable los beneficios
de la normatividad pensional anterior, pues dejaría sin eficacia la finalidad del régimen
de transición pensional.
52. Bajo ese orden de ideas, comoquiera que el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994
recobró vigencia a partir de la referida declaratoria de nulidad, la corporación entendió
en su momento que la regla que debía observarse en cuanto al IBL de las personas
beneficiarias de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con derecho a la
pensión por aportes era la prevista en dicha norma (art. 6 ibidem), postura concordante
con el criterio judicial sostenido a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según
el cual el período y el ingreso base de liquidación de las pensiones amparadas por el
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debía
corresponder al 75 % de lo devengado por el trabajador durante el último año de
servicios. Sin embargo, dicha postura quedó superada con el nuevo criterio de
unificación fijado en sentencia del 28 de agosto de 2018, que se expuso en acápites
anteriores.
53. En consecuencia, el IBL de las personas beneficiarias de la transición prevista
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes resulte aplicable la Ley 71 de 1988,
será el determinado por la regla y las subreglas dispuestas en la sentencia de
unificación referida del 28 de agosto de 2018, conforme a la cual dicho IBL habrá de
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 15 de mayo de 2014, exp. 11001-03-25-000-2011-00620-
00 (2427-2011), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
13
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liquidarse en los términos del inciso pertinente del artículo 36 o del artículo 21 de la
Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo 6 del
Decreto 2709 de 199414.
3.3.4. Naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos —E.S.P.—
54. Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se instauró en Colombia
el modelo de Estado Social de Derecho, en virtud del cual el Estado asumió, entre
otras, la obligación de asegurar los elementos esenciales para alcanzar la prosperidad
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Como consecuencia
de dicha obligación, se le atribuyó constitucionalmente la dirección general de la
economía, ámbito en el que debe intervenir en diversas materias, entre ellas la
prestación de los servicios públicos15.
55. En desarrollo de tales disposiciones, el Congreso de la República expidió la Ley
142 de 199416, aplicable a las actividades de acueducto, alcantarillado, aseo, energía
eléctrica y distribución de gas combustible, entre otras, cuyo artículo 15 determina
quiénes están habilitados para prestar servicios públicos:
Artículo 15. Personas que prestan servicios públicos. Pueden prestar los servicios
públicos:
15.1. Las empresas de servicios públicos.
15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como
consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del
objeto de las empresas de servicios públicos.
15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración
central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios
públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas
específicas.
15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de
transición previstos en esta Ley.
15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al
momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y
se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17. (Negrilla fuera del texto
original)
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de septiembre de 2020, exp. 25000-23-42-
000-2013-00586-01 (3715-2015), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15 Artículos 334, 365 y 366 de la Constitución Política.
16
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
14
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56. Respecto de las empresas mencionadas en el numeral 1 de la disposición
transcrita, el artículo 14 ibidem, en sus numerales 5, 6 y 7, precisa que estas pueden
tener naturaleza privada, mixta u oficial, en los siguientes términos:
14.5. Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las
entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100
% de los aportes.
14.6. Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, las
entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen aportes
iguales o superiores al 50 %.
14.7. Empresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital pertenece
mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales
que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se
someten los particulares.
57. De las normas citadas se deduce que la prestación de servicios públicos puede
efectuarse a través de distintas modalidades asociativas, a saber: las empresas de
servicios públicos domiciliarios —que deben constituirse como sociedades por
acciones (art. 17 Ley 142 de 1994), sean oficiales, mixtas o privadas—; los entes
territoriales, cuando asumen dicha prestación de manera directa; y las organizaciones
autorizadas por la referida ley para desarrollar esas actividades en municipios menores
ubicados en zonas rurales, así como en áreas o zonas urbanas específicas.
58. El artículo 17 de la Ley 142 de 1994 definió la naturaleza de las empresas de
servicios públicos, así:
Artículo 17. Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por
acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley.
Parágrafo 1. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional,
cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán
adoptar la forma de empresa industrial y comercial del Estado. (Negrilla fuera del texto
original)
59. Sobre el particular, se destaca que la Corte Constitucional en la sentencia C-
736 de 200717 definió la naturaleza de las empresas de servicios públicos como de
carácter especial, con fundamento en el artículo 365 y en el numeral 7 del artículo 150
de la Constitución Política. Lo anterior, lo precisó en los siguientes términos:
Al parecer de la Corte, la interpretación según la cual las empresas de servicios públicos
son sociedades de economía mixta resulta contraria a la Constitución. Ciertamente,
según se dijo arriba, del artículo 365 superior se desprende que el régimen y la
naturaleza jurídica de los prestadores de servicios públicos es especial; además, del
17
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
15
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numeral 7° del artículo 150 de la Carta, se extrae que el legislador está
constitucionalmente autorizado para crear o autorizar la creación de “otras entidades del
orden nacional”, distintas de los establecimientos públicos, las empresas comerciales e
industriales de Estado y las sociedades de economía mixta.
60. Al respecto se destaca que el artículo 365 de la Constitución vincula la
adecuada prestación de los servicios públicos a la finalidad social del Estado y dispone
que estos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, pudiendo ser prestados
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por
particulares. En punto, la Corte infirió que el constituyente quiso dotar a quienes
asuman esa prestación no solo de un régimen jurídico especial, sino también de una
naturaleza jurídica especial, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de hacer
realidad la finalidad social que la Carta atribuye a esta actividad. Por ello, las entidades
que surgen cuando el Estado asume directamente dicho cometido o participa en él con
los particulares, al igual que aquellas que se conforman cuando estos últimos asumen
la prestación, se revisten de ese carácter especial.
61. En tal sentido, la Corte señaló que «las sociedades públicas, privadas o mixtas
cuyo objeto social sea la prestación de los servicios en comento, antes que sociedades
de economía mixta, sociedades entre entidades públicas o sociedades de carácter
privado, vienen a ser entidades de naturaleza especial». Tal interpretación se
corrobora con el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política, en tanto, al
facultar al Congreso para crear o autorizar la creación de «otras entidades del orden
nacional», deja claro que no existe una clasificación cerrada de entidades y que el
legislador bien puede idear otras formas de organismo público o mixto.
62. En desarrollo de ese fin constitucional, el legislador expidió la Ley 142 de 1994,
en la que señaló qué tipo especial de sujetos podían prestar los servicios públicos
domiciliarios y bajo qué régimen debían hacerlo, conforme a los artículos 14, 15 y 17
transcritos en precedencia. Con base en lo anterior, la Corte concluyó que las
empresas de servicios públicos constituidas como sociedades por acciones, en las que
concurran en cualquier proporción el capital público y el privado, no son sociedades
de economía mixta, aun cuando dicha concurrencia sea el elemento determinante de
estas últimas, pues se trata de «entidades de tipología especial expresamente definida
por el legislador».
63. Ahora bien, en la misma sentencia, la Corte advirtió que dentro de esa categoría
especial la ley puede establecer diferencias de regulación, entre ellas las fundadas en
el porcentaje de participación accionaria pública. Explicó que tales diferencias se
encuentran constitucionalmente justificadas, en la medida en que propician las
condiciones jurídicas para que los particulares, quienes persiguen un lucro legítimo en
un esquema de libre competencia, se asocien con el Estado sin encontrar obstáculos
que no se presentarían si su socio no tuviera naturaleza pública, todo ello en procura
de la eficiente prestación de los servicios públicos. De ahí que la mayor o menor
autonomía que conceda el régimen jurídico y la mayor o menor aplicabilidad de los
16
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
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controles deban guardar una relación de proporcionalidad directa con la participación
pública en el capital; esto es, a menor participación pública, mayor autonomía, y
viceversa. Con todo, precisó que ello no excluye el control fiscal previsto en el artículo
267 superior, que recae sobre toda entidad que maneje fondos o bienes de la Nación,
sin que tenga relevancia la calificación de su naturaleza jurídica.
64. Bajo estas consideraciones, la Corte declaró exequibles las expresiones
«iguales o superiores al 50 %» y «mayoritariamente», contenidas en los numerales 6
y 7 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, al estimar que con ellas el legislador
«simplemente está definiendo el régimen jurídico de esta tipología especial de
entidades, y estableciendo para este propósito diferencias fundadas en la mayor o
menor participación accionaria pública». Así, para la Corte, la clasificación de las
empresas de servicios públicos en oficiales, mixtas y privadas, según la composición
de su capital, no desconoce su naturaleza especial, sino que corresponde a la
definición del régimen jurídico aplicable a esta tipología de entidades.
65. A su vez, en la mencionada sentencia C-736 de 2007, la Corte Constitucional
se pronunció sobre la pertenencia de las empresas de servicios públicos mixtas y
privadas a la Rama Ejecutiva, respecto a las cuales sostuvo que:
desde la perspectiva constitucional, en el nivel nacional las empresas de servicios
públicos públicas, mixtas o privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de capital
público pueden formar parte de la estructura de la Rama Ejecutiva, según lo disponga el
legislador, que para esos efectos está revestido de las facultades que le confiere
expresamente el numeral 7° del artículo 150 superior.
[…]
(i) El artículo 38 de la Ley 498 (sic) de 1998, titulado “Integración de la Rama Ejecutiva
del Poder Público en el orden nacional”, norma que, al enlistar los organismos que
conforman el sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva, en su literal d)
incluye a “las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios”, pero no a las
empresas mixtas o privadas de la misma naturaleza. Debe recordarse que según lo
define el numeral 5° del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, […] la empresa de servicios
públicos oficial “es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las
entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.”
(ii) El artículo 68 de la misma Ley que señala que “(s)on entidades descentralizadas
del orden nacional …, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás
entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio
de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de
actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía
administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la
administración al cual están adscritas…”. (La expresión subrayada es la acusada). Como
puede observarse, esta disposición incluye dentro de las entidades
descentralizadas del orden nacional a las empresas oficiales de servicios
17
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
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públicos, pero no hace lo propio con las empresas mixtas o privadas de la misma
naturaleza.
[…]
Nótese cómo una empresa de servicios públicos privada es aquella
que mayoritariamente pertenece a particulares, lo cual, a contrario sensu,
significa que minoritariamente pertenece al Estado o a sus entidades. Y que una
empresa de servicios públicos mixta es aquella en la cual el capital público es igual
o superior al cincuenta por ciento (50 %), lo cual significa
que minoritariamente pertenece a particulares. Así las cosas, una y otra se
conforman con aporte de capital público, por lo cual su exclusión de la estructura
de la Rama Ejecutiva y de la categoría jurídica denominada “entidades
descentralizadas” resulta constitucionalmente cuestionable, toda vez que implica,
a su vez, la exclusión de las consecuencias jurídicas derivadas de tal naturaleza jurídica,
dispuestas expresamente por la Constitución.
No obstante, la Corte observa que una interpretación armónica del literal d) del artículo
38 de la Ley 489 de 1998, junto con el literal g) de la misma norma, permiten entender
que la voluntad legislativa no fue excluir a las empresas de servicios públicos mixtas o
privadas de la pertenencia a la Rama Ejecutiva del poder público. Ciertamente, el texto
completo del numeral 2° del artículo 38 es del siguiente tenor:
“Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional.
La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los
siguientes organismos y entidades: […]
g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree,
organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder
Público.
[…]”
Así las cosas, de cara a la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 498 de 1998, y
concretamente de la expresión “las empresas oficiales de servicios públicos
domiciliarios” contenida en su literal d), la Corte declarará su exequibilidad, por
considerar que dentro del supuesto normativo del literal g) se comprenden las empresas
mixtas o privadas de servicios públicos, que de esta manera viene a conformar también
la Rama Ejecutiva del poder público. (Negrilla fuera del texto)
66. Igualmente, en la providencia en cita la Corte señaló:
Obsérvese que si bien el legislador sólo considera explícitamente como entidades
descentralizadas a las empresas oficiales de servicios públicos, es decir a aquellas con
un capital cien por ciento (100 %) estatal, lo cual haría pensar que las mixtas y las
privadas no ostentarían esta naturaleza jurídica, a continuación indica que también son
entidades descentralizadas “las demás entidades creadas por la ley o con su
autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la
18
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.” (Subraya la
Corte). Así las cosas, de manera implícita incluye a las empresas de servicios públicos
mixtas o privadas como entidades descentralizadas, por lo cual la Corte no encuentra
obstáculo para declarar su constitucionalidad.
67. Conforme a lo anterior, para la Sala resulta claro que: (1) las empresas de
servicios públicos tienen una naturaleza jurídica especial, en tanto constituyen una
tipología especial de entidades definida por el legislador, distinta de las sociedades de
economía mixta; (2) se rigen por la Ley 142 de 1994; (3) dentro de esa categoría
especial, el legislador puede establecer regímenes diferenciados según el porcentaje
de participación accionaria pública; (4) las empresas de servicios públicos mixtas y
privadas en las que exista cualquier porcentaje de participación estatal constituyen
entidades descentralizadas y, constitucionalmente, integran la Rama Ejecutiva del
poder público18.
3.3.5. El régimen jurídico de los servidores de las empresas de servicios públicos
68. El artículo 210 de la Constitución Política faculta al legislador para fijar el
régimen jurídico de las entidades descentralizadas, categoría dentro de la cual se
encuentran las empresas de servicios públicos. Sobre este fundamento, la Corte
Constitucional19 ha señalado que la determinación del tipo de vínculo que une a los
trabajadores con dichas entidades constituye un aspecto propio de la definición de su
régimen jurídico y, por tanto, corresponde también al legislador.
69. A su vez, el artículo 365 Superior somete los servicios públicos al régimen que
fije la ley, cualquiera sea el sujeto —estatal, comunitario o particular— que los preste.
En tal sentido, el numeral 23 del artículo 150 de la Constitución, le atribuye al Congreso
la competencia para expedir las leyes que rigen el ejercicio de las funciones públicas
y la prestación de los servicios públicos.
70. En ejercicio de esa facultad, el legislador dispuso en el artículo 32 de la Ley 142
de 1994 que, salvo las excepciones constitucionales o legales, las empresas de
servicios públicos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado.
Circunstancia que, por razones funcionales y técnicas, hacen más adecuada la
vinculación de sus trabajadores mediante un régimen de derecho privado20.
71. No obstante, desde una perspectiva orgánica, el artículo 123 de la Carta califica
como servidores públicos a los miembros de las corporaciones públicas y a los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
18 Asimismo, lo ha estudiado esta Corporación. Al respecto, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de
Consulta y Servicio Civil, concepto del 23 de septiembre de 2008, M.P. Gustavo Aponte Santos; y Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de octubre de 2024, exp. 15001-23-33-000-2023-00456-01, M.P. Gloria
María Gómez Montoya.
19 Corte Constitucional, sentencia C-736 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
20
Ibidem.
19
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
territorialmente y por servicios. Con fundamento en esta norma, en concordancia con
el artículo 125 Superior, la noción de «servidor público» es un género que comprende
como especies a los miembros de corporaciones públicas, los empleados públicos y
los trabajadores oficiales21, distinguiéndose estos últimos por vincularse mediante
contrato de trabajo, de manera tal que no están sometidos a una relación legal y
reglamentaria.
72. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-736 de 2007 señaló
que, si bien la referida clasificación proviene directamente de la Constitución, ello no
impide que el legislador, en virtud de la facultad conferida por el numeral 23 del artículo
150 Superior, establezca nuevas denominaciones, clases o grupos de servidores
públicos distintos de los mencionados. En consecuencia, concluyó que los empleados
y trabajadores de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las empresas de
servicios públicos, ostentan la calidad de servidores públicos22, categoría dentro de la
cual el legislador puede definir distintas modalidades jurídicas de vinculación. Lo
anterior, en los siguientes términos:
La jurisprudencia también ha hecho ver que la anterior clasificación [miembros de las
corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales] emana de
la Carta misma, pero que ello no obsta para que el legislador pueda establecer nuevas
denominaciones, clases o grupos de servidores públicos diferentes de las mencionadas,
para lo cual está revestido de facultades expresas en virtud de lo dispuesto por el
numeral 23 del artículo 150 de la Constitución Política. Así pues, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 123 superior, debe concluirse que los empleados y trabajadores de las
entidades descentralizadas, entre ellos los de las sociedades de economía mixta y las
empresas de servicios públicos, son servidores públicos, categoría dentro de la cual el
legislador puede señalar distintas categorías jurídicas.
73. No obstante, la Sala destaca que el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, que como
se analizó en precedencia, rige las empresas de servicios públicos, dispuso que
quienes laboren al servicio de las empresas de servicios públicos mixtas o privadas,
tienen el carácter de trabajadores particulares, al prever lo siguiente:
Artículo 41. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que presten sus
servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de
trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del
Trabajo y a lo dispuesto en esta Ley. Las personas que presten sus servicios a aquellas
empresas que a partir de la vigencia de esta Ley se acojan a lo establecido en el
parágrafo del artículo 17, se regirán por las normas establecidas en el inciso primero
del23 artículo 5 del Decreto-Ley 3135 de 1968.
21 Corte Constitucional, sentencia C-299 de 1994, M.P Antonio Barrera Carbonell.
22 Así también lo concluyó esta Subsección en la sentencia proferida el 25 de junio de 2026, exp. 11001-03-25-000-
2019-00847-00 (6203-2019), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
23
Texto subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-253 de 1996.
20
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
74. Así, al armonizar lo dispuesto en el artículo 41 la Ley 142 de 1994, con la
posición de la Corte Constitucional en la sentencia C-736 de 2007, se tiene que los
trabajadores de las empresas de servicios públicos mixtas o privadas, por expresa
disposición de la norma especial, tienen el carácter de trabajadores particulares que
se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.
75. En el mismo sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en la sentencia SL2451-202424, por ejemplo, al estudiar el alcance del artículo
41 de la Ley 142 de 1994, definió que los trabajadores de las empresas de servicios
públicos domiciliarios privadas o mixtas tienen el carácter de particulares, sometidos
al Código Sustantivo del Trabajo. Ello, por cuanto conforme lo precisó esa corporación
en la sentencia SL9303-201525, dicha calidad obedece a un criterio orgánico, esto es,
a que la entidad sea efectivamente una E.S.P. privada o mixta.
76. En consecuencia, existen dos regímenes laborales aplicables a los servidores
de las empresas de servicios públicos, estos son: (1) el Código Sustantivo del Trabajo,
que rige a las personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos
privadas o mixtas; y (2) el artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968 que se aplica a las
personas que presten sus servicios en empresas que hubiesen optado por lo previsto
en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, es decir, que se constituyeran
como Empresas Industriales y Comerciales del Estado —EICE—. En punto, es
importante tener en cuenta que, según la participación en el capital, también existen
las empresas de servicios públicos oficiales; no obstante, el artículo 41 transcrito no
se refirió a tales empresas.
77. Sobre el particular, se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación en concepto del 29 de abril de 1996, en el cual, ante el silencio del artículo
41 de la Ley 142 de 1994, señaló que las empresas de servicios públicos cuyo capital
pertenece en su totalidad —100 %— a la Nación deben entenderse como sociedades
constituidas para el desarrollo de una actividad industrial o comercial. Por tal razón,
conforme al artículo 4 del Decreto-Ley 130 de 1976, dichas empresas quedan
sometidas a las normas previstas para las empresas industriales y comerciales del
Estado, según la cual sus servidores se rigen por el inciso segundo del artículo 5 del
Decreto-Ley 3135 de 1968, esto es, ostentan la calidad de trabajadores oficiales por
regla general. Lo anterior, lo explicó de la siguiente manera26:
En relación con las empresas de servicios públicos oficiales, el mencionado ARTÍCULO
[41 de la Ley 142 de 1994] no fija expresamente el régimen laboral aplicable a sus
servidores. Pero si dichas empresas son aquellas en cuyo capital la Nación, las
entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen el 100
24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL2451-2024 del 3 de julio de 2024, exp.
100393, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz.
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL9303-2015 del 8 de julio de 2015, exp. 46136,
M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
26 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 29 de abril de 1996, exp. 798, M.P. César
Hoyos Salazar.
21
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
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Demandado: Jorge Armando García Vargas
% de los aportes, debe entenderse que son sociedades entre entidades públicas para
desarrollar una actividad industrial o comercial y por lo mismo, de conformidad con el
artículo 4o. del decreto ley 130 de 1976, se someten a las normas previstas para las
empresas industriales y comerciales del Estado.
En consecuencia, el régimen laboral de los servidores de una empresa de servicio
público oficial es el indicado por el inciso 2o. del artículo 5o. del decreto ley 3135 de
1968, esto es el de trabajadores oficiales. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que
los estatutos de la empresa deberán precisar qué actividades de dirección o de confianza
deben ser desempeñadas por personas que tengan calidad de empleados públicos.
78. En atención a esto, se trae a colación el artículo 5 del Decreto-Ley 3135 de
196827, el cual prevé que:
Artículo 5. Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus
servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y
Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la
construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.
Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas
precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por
personas que tengan la calidad de empleados públicos.
79. En este orden de ideas, se estima que al equiparar en materia laboral a los
servidores de las empresas de servicios públicos con quienes laboran en las empresas
industriales y comerciales del Estado, se supera la omisión del artículo 41 de la Ley
142 de 1994. Por consiguiente, les resulta aplicable lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 5 del Decreto-Ley 3135 de 1968, conforme al cual dichos servidores tienen
la calidad de trabajadores oficiales como regla general, y, por excepción, la de
empleados públicos, según las actividades de dirección o de confianza que
desempeñen.
80. La remisión al artículo 5 del Decreto-Ley 3135 de 1968 no desconoce la
naturaleza especial que la Corte Constitucional le atribuyó a las empresas de servicios
públicos en la sentencia C-736 de 2007, pues no tiene por objeto definir la naturaleza
jurídica de la entidad, sino integrar el régimen laboral de sus servidores, tratándose de
una E.S.P oficial, ante la omisión del artículo 41 de la Ley 142 de 1994. Esto, resulta
acorde con la posibilidad de que, dentro de la categoría de entidad especial, el régimen
laboral aplicable a los empleados se diferencie según la participación pública
accionaria.
81. Así las cosas, a manera de conclusión, se destaca que las empresas de
servicios públicos pueden ser: privadas, mixtas y oficiales. Solo en los eventos en los
27 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
22
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que el capital de la empresa es 100 % estatal (E.S.P. oficial), la empresa de servicios
públicos domiciliarios es oficial y, por ende, quienes se vinculen a ella tendrán el
carácter de trabajador oficial como regla general, y, por excepción, el de empleados
públicos y se rigen por normas de derecho público propio de las entidades estatales.
Por otra parte, si se trata de recursos provenientes del sector privado o aportes público-
privados (E.S.P. privada o mixta) la relación de sus trabajadores se regirá por las
disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en tanto se consideran
trabajadores particulares.
3.4. Hechos probados relevantes
82. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
83. El señor Jorge Armando García Vargas nació el 12 de octubre de 1957, según
se lee en la copia de la cédula de ciudadanía28.
84. El accionado laboró al servicio de Instituto Colombiano de la Juventud y el
Deporte – Junta Administradora de Deportes de Boyacá —Indeportes de Boyacá— del
20 de marzo de 1980 al 21 de diciembre de 1981, esto es, en total 1 año, 9 meses y 7
días; habiendo desempeñado el cargo de instructor auxiliar, en calidad de empleado
público, según la copia del certificado de información laboral y de la constancia
respectiva, emitidos por la misma entidad el 25 de febrero de 201629.
85. El demandado estuvo vinculado en la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja, del
8 de abril de 1994 al 29 de enero de 1995, por un lapso equivalente a 9 meses y 27
días, en el cargo de jefe de suministros. Esto, conforme a la copia del certificado
expedido el 22 de mayo de 2014, por el subgerente administrativo y financiero de la
entidad30.
86. El accionado prestó servicios a la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
—EPSA S.A.— desde el 12 de junio de 1995 hasta el 28 de febrero de 2014, es decir,
durante 15 años, 9 meses y 10 días31, conforme a las copias del contrato de trabajo
suscrito el 12 de junio de 1995 y de las constancias emitidas por la empresa el 21 de
julio de 2016, 5 de julio de 2017 y 18 de julio de 2019; periodo en el que desempeñó
los siguientes cargos32:
28 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), pág. 30.
29 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 104, 107.
30 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), pág. 127.
31 Total que se obtiene de restar al periodo de 18 años, 8 meses y 27 días (del 12 de junio de 1995 al 28 de febrero
de 2014), las licencias no remuneradas, equivalentes a 2 años, 11 meses y 17 días, que se advierten en la
constancia del 21 de julio de 2016.
32 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 110 a 113, 206 a 211.
23
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
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• Jefe Oficina de Planeación, a partir del 12 de junio de 1995, según el contrato
de trabajo visible en el expediente33.
• Jefe Unidad de Planeamiento Corporativo, desde el 3 de enero de 2001, con
licencias no remuneradas, así: (1) del 2 de agosto de 2002 al 1 de agosto de
2003; (2) del 2 de agosto de 2003 al 1 de septiembre de 2003; y (3) del 2 de
septiembre de 2003 al 1 de enero de 2004.
• Jefe Unidad Control Interno, a partir del 2 de enero de 2004.
• Jefe Oficina Control de Gestión, desde el 3 de octubre de 2005, con licencias
no remuneradas, así: (1) del 16 al 27 de julio de 2007; (2) del 24 de julio al 23
de octubre de 2008; (3) 24 de octubre de 2008 al 23 de abril de 2009; (4) del 24
de abril al 23 de octubre de 2009; y (5) del 24 de octubre de 2009 al 21 de enero
de 2010.
87. Obra en el plenario copia del manual de funciones y competencias por cargo de
la Empresa de Energía de Boyacá, en el que se evidencia frente a los cargos
desempeñados por el demandado, lo siguiente34:
• Jefe Oficina de Planeación y Regulación. Naturaleza del cargo: nivel directivo
de gerencia.
• Jefe Unidad de Planeamiento Corporativo. Cargo de nivel asesor.
• Jefe Oficina de Control de Gestión. Naturaleza del cargo: nivel directivo de
gerencia, asesor.
88. De acuerdo con el certificado expedido el 8 de febrero de 2016, por EBSA S.A.
E.S.P., la composición accionaria de la empresa desde el 31 de diciembre de 1995
hasta el 31 de diciembre de 2012 estaba conformada por la Nación, el departamento
de Boyacá, municipios y otros, así35:
AÑO
ACCIONISTA 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NACIÓN 86,55 86,55 86,55 86,55 86,55 86,55
DEPARTAMENTO 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57
DE BOYACÁ
MUNICIPIOS 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88
OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
TOTAL 100 100 100 100 100 100
ACCIONISTA 2001 2002 2003 2004 2005 2006
NACIÓN 86,55 86,55 86,55 86,55 99,63 99,63
DEPARTAMENTO 8,57 8,57 8,57 8,57 0,24 0,24
DE BOYACÁ
33 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 208 a 2011.
34 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 114 a 119, 122 a 126.
35 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 128 a 130.
24
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
MUNICIPIOS 4,88 4,88 4,88 4,88 0,13 0,13
OTROS 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
TOTAL 100 100 100 100 100 100
ACCIONISTA 2007 2008 2009 2010 2011 2012
NACIÓN 99,41 99,41 99,41 99,41 99,39 -
DEPARTAMENTO 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
DE BOYACÁ
MUNICIPIOS 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
OTROS 0,22 0,21 0,21 0,21 0,23 99,63
TOTAL 100 100 100 100 100 100
Tabla 1: composición accionaria de EBSA S.A. E.S.P., del 31 de diciembre de 1995 al 31 de diciembre de 2012,
según el certificado emitido por la misma entidad el 8 de febrero de 2016.
• De dicho certificado, también se advierte, respecto a la composición accionaria,
lo siguiente:
(1) Al 31 de diciembre de 1995 a 1998, se evidencia que Celgac S.A. era accionista,
además de la Nación, el departamento de Boyacá y algunos municipios36.
(2) Al 31 de diciembre de 1999 a 2000, se observa que Celgac S.A., Promotora de
Energía S.A. y Jorge Alberto Mensozas G. eran accionistas, además de la
Nación, el departamento de Boyacá y algunos municipios37.
(3) Al 31 de diciembre de 2001 a 2004, se evidencia que Celgac S.A. y Promotora
de Energía S.A. eran accionistas, además de la Nación, el departamento de
Boyacá y algunos municipios38.
(4) Al 31 de diciembre de 2005 a 2006, se observa que E. de Energía de
Cundinamarca y Promotora de Energía S.A. eran accionistas, además de la
Nación, el departamento de Boyacá y algunos municipios39.
(5) Al 31 de diciembre de 2007 se observa que E. de Energía de Cundinamarca y
Promotora de Energía S.A. y algunas personas naturales eran accionistas,
además de la Nación, el departamento de Boyacá y algunos municipios40.
(6) Al 31 de diciembre de 2008 a 2010 a se observa que E. de Energía de
Cundinamarca, el Sindicato de la Industria de los Trabajadores profesionales
de las Empresas de Servicios, y algunas personas naturales eran accionistas,
además del Ministerio de Hacienda (Nación), el departamento de Boyacá y
algunos municipios41.
(7) En el expediente, no obran registros correspondientes a los años 2011 ni 2012.
36 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 131 a 142.
37 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 143 a 148.
38 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 149 a 160.
39 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 161 a 166.
40 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 167 a 171.
41 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 172 a 186.
25
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
89. A través de la Resolución GNR 199849 del 7 de julio de 2016, suscrita por el
gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones, se negó el reconocimiento y
pago de una pensión de vejez a favor del accionado, al considerar que para ese
momento no acreditaba el requisito de la edad exigido por la Ley 100 de 1993; norma
que le era aplicable42.
90. Mediante la Resolución GNR 268280 del 12 de septiembre de 2016,
Colpensiones, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto
administrativo, Colpensiones revocó la decisión y, en su lugar, reconoció el pago de
una pensión de «vejez» al demandado a partir del 12 de octubre de 2012, en cuantía
de $7.630.109, efectiva desde el 2 de marzo de 2014 (fecha de retiro del servicio). Lo
anterior, con fundamento en la Ley 33 de 1985, al estimar que el accionado era
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Para el efecto, se
acreditaron 1809 semanas de cotización en el sector oficial (12.666 días) y 58 años de
edad. Además, el IBL de la pensión se fijó en el 75 % del promedio de lo cotizado entre
el tiempo que le faltaba desde la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones
y la fecha de adquisición del estatus pensional, teniendo en cuenta los factores
salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994. Para el efecto, se tuvieron en cuenta
como tiempos de servicios los siguientes43:
ENTIDAD DONDE LABORÓ DESDE HASTA NOVEDAD
ESE HOSP RGNAL DUITAMA 19780405 19800324 TIEMPO SERVICIO
COLDEPORTES BOYACA 19800320 19811221 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19810922 19820228 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19820301 19830331 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19830401 19840331 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19840401 19850430 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19850501 19860430 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19860501 19870531 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19870601 19880131 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19880201 19890331 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19890401 19890430 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19890501 19900331 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19900401 19910430 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19910501 19911130 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19911201 19920131 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19920201 19930331 TIEMPO SERVICIO
1 CAJA DE COMPENSAC FAMILIAR 19930401 19931102 TIEMPO SERVICIO
ESE HOSP RAFAEL 19940408 19950129 TIEMPO SERVICIO
ELECTRIFICADORA DE BOYACA S A 19950601 19950619 TIEMPO SERVICIO
ELECTRIFICADORA DE BOYACA S A 19950701 19990927 TIEMPO SERVICIO
ELECTRIFICADORA DE BOYACA S A 19991001 20020801 TIEMPO SERVICIO
COLDEPORTES BOYACA 20020801 20020829 TIEMPO SERVICIO
COLDEPORTES BOYACA 20020901 20020929 TIEMPO SERVICIO
42 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 31 a 37.
43 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 38 a 45.
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Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
ENTIDAD DONDE LABORÓ DESDE HASTA NOVEDAD
ELECTRIFICADORA DE BOYACA S A 20020901 20030331 TIEMPO SERVICIO
COLDEPORTES BOYACA 20021001 20021031 TIEMPO SERVICIO
COLDEPORTES BOYACA 20021201 20030131 TIEMPO SERVICIO
COLDEPORTES BOYACA 20030401 20030630 TIEMPO SERVICIO
ELECTRIFICADORA DE BOYACA S A 20030801 20040127 TIEMPO SERVICIO
ELECTRIFICADORA DE BOYACA S A 20040201 20090331 TIEMPO SERVICIO
CAJAD DE COMPENSACION FAMILIAR 20080701 20080707 TIEMPO SERVICIO
CAJAD DE COMPENSACION FAMILIAR 20080801 20100117 TIEMPO SERVICIO
ELECTRIFICADORA DE BOYACA S A 20090501 20090731 TIEMPO SERVICIO
ELECTRIFICADORA DE BOYACA S A 20100101 20140301 TIEMPO SERVICIO
Tabla 2: tiempo laborado por el accionado y tenido en cuenta para efectos pensionales, de acuerdo con la
Resolución GNR 268280 del 12 de septiembre de 2016, a través de la cual Colpensiones reconoció a su favor una
pensión de «vejez».
91. Por medio de la Resolución VPB 41833 del 17 de noviembre de 2016,
Colpensiones, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución
GNR 268280 del 12 de septiembre de 2016, decidió «no acceder a lo solicitado»
(revocar la resolución en mención), al advertir que los tiempos cotizados con la
Electrificadora de Boyacá S.A. fueron tomados como públicos, aun cuando se trataban
de privados, en tanto no ostentó la calidad de «servidor público». En consecuencia,
sostuvo que el reconocimiento pensional bajo el régimen de la Ley 33 de 1985 era
contrario a la ley y causaba un perjuicio al erario44.
92. En atención a lo anterior, a través del Oficio 2016_11234756 del 24 de
septiembre de 2016, la entidad demandante solicitó al accionado la autorización
expresa para revocar la Resolución GNR 268280 de 2016, por encontrarse incursa en
la causal establecida en el numeral 1 del artículo 93 del CPACA45.
93. En Oficio SAL-TUN-05978-2016 del 14 de octubre de 2016, el gerente general
de EBSA S.A. E.S.P. informó al gerente nacional de reconocimiento de la empresa
que la E.S.P. hasta el año 2012 fue una empresa de servicios públicos domiciliarios
mixta y a partir de entonces es una E.S.P. privada. Así, de conformidad con el artículo
41 de la Ley 142 de 1994, las personas que prestan sus servicios a las empresas de
servicios públicos privadas o mixtas tendrán el carácter de trabajadores particulares y
están sometidas a las normas del Código Sustantivo de Trabajo46.
94. A través de escrito radicado el 20 de octubre de 2016 ante Colpensiones, el
señor Jorge Armando García Vargas presentó escrito en el que manifestó que
ampliaba el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución GNR 268280 de
2016. En este, alegó que de acuerdo con el artículo 5 del Decreto-Ley 3135 de 1968,
los trabajadores que laboran en establecimientos públicos, como lo es EBSA S.A., son
44 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 46 a 51.
45 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 52 a 53.
46 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), pág. 108.
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Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
empleados públicos; máxime cuando los cargos que ocupó en esa entidad fueron los
de jefe de Oficina de Planeación, jefe de Unidad de Planeamiento Corporativo, jefe de
Unidad Control Interno y jefe de Oficina Control de Gestión, que son cargos de
dirección y confianza47.
95. En Oficio SAN-TUN-01949-2019 del 22 de julio de 2019, la secretaria general y
asesora jurídica de EBSA S.A. E.S.P. informaron al Tribunal Administrativo de Boyacá
que: «el señor Jorge Armando García Vargas ostentó la calidad de trabajador particular
durante el tiempo que laboró en la EBSA». Esto, conforme lo establecido en el artículo
41 de la Ley 142 de 199448.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
96. La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia,
al afirmar que el acto administrativo acusado reconoció a favor del señor Jorge
Armando García Vargas una pensión de «vejez», con fundamento en la Ley 33 de
1985, sin tener derecho a dicha prestación, toda vez que se computaron como públicos
los tiempos prestados a la EBSA cuando en realidad eran de naturaleza privada, lo
cual vulnera el principio de estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones,
establecido en el Acto Legislativo 001 de 2005.
97. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, al considerar que aun cuando
se hubiesen tenido en cuenta los tiempos de servicio prestados por el accionado a
EBSA E.S.P., del 2013 al 2014, como públicos, tratándose de privados, el régimen
pensional previsto en la Ley 33 de 1985 era el más beneficioso para el señor García
Vargas, en aplicación del principio de favorabilidad. Argumentó que aun cuando le
podría ser aplicable el régimen de la Ley 71 de 1988, los requisitos previstos para el
reconocimiento pensional bajo esta norma los acreditó el 12 de octubre de 2017; fecha
en la que no estaba vigente el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
98. En este orden de ideas, se procederá a resolver los problemas jurídicos
planteados en precedencia.
3.5.1. De la naturaleza de los tiempos de servicio prestados a la Empresa de
Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
99. Conforme se evidenció en el plenario, el señor Jorge Armando García Vargas
prestó servicios a EBSA E.S.P. de manera desde el 12 de junio de 1995 hasta el 28
de febrero de 2014, esto es, durante 15 años, 9 meses y 10 días (descontando las
licencias no remuneradas), desempeñando los cargos de jefe de la Oficina de
47 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), págs. 55 a 62.
48 Samai, gestión otros despachos, radicación 150012333000201800036300, índice 43, expediente digital, archivo
12_ED_150012333000(.PDF), pág. 205.
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Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
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Planeación, jefe de la Unidad de Planeamiento Corporativo, jefe de la Unidad de
Control Interno y jefe de la Oficina de Control de Gestión.
100. De acuerdo con el certificado expedido el 8 de febrero de 2016 por la propia
EBSA E.S.P., visto en la Tabla 1 de esta providencia, la composición accionaria de la
empresa no fue uniforme durante el lapso en el que el accionado prestó servicios a la
empresa. Al respecto, se tiene que en los periodos comprendidos entre el 31 de
diciembre de 1995 y el 31 de diciembre de 1998, y entre el 31 de diciembre de 2005 y
el 31 de diciembre de 2006, el capital de EBSA perteneció en su totalidad —100 %—
al Estado, sin participación de particulares. En cambio, en los periodos de 1999 a 2004
y de 2007 a 2011 la propia certificación da cuenta de la concurrencia de accionistas
particulares, además de que, según el Oficio SAL-TUN-05978-2016 del 14 de octubre
de 2016, EBSA A.S.P. mantuvo naturaleza mixta hasta el año 2012 y se transformó en
E.S.P. privada a partir de entonces.
101. Ahora bien, conforme se explicó en el numeral 3.3.5. de esta sentencia,
únicamente cuando el capital de una empresa de servicios públicos domiciliarios
pertenece en su totalidad (100 %) al Estado —E.S.P. oficial— sus servidores ostentan
la calidad de trabajadores oficiales, por regla general, o de empleados públicos, si
ocupan cargos de dirección o confianza. Mientras que, cuando se trata de una E.S.P.
mixta o privada, esto es, con cualquier porcentaje de participación particular, el artículo
41 de la Ley 142 de 1994 dispone, sin excepción alguna, que sus trabajadores tienen
el carácter de trabajadores particulares.
102. En este orden de ideas, se tiene que, del 12 de junio de 1995 al 31 de diciembre
de 1998, EBSA tuvo naturaleza de E.S.P. oficial —capital 100 % estatal—, periodo
durante el cual el accionado se desempeñó como jefe de la Oficina de Planeación,
cargo calificado como de nivel directivo según el manual de funciones aportado al
proceso. Así, por tratarse de una entidad pública y de un cargo de dirección, dicho
lapso —3 años, 6 meses y 24 días— corresponde a tiempo de servicio como empleado
público.
103. Luego, del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2006, EBSA tuvo también
naturaleza de E.S.P. oficial, periodo en el que el demandado ocupó, sucesivamente,
la jefatura de la Unidad de Control Interno y, desde el 3 de octubre de 2005, la de la
Oficina de Control de Gestión, esta última también calificada en el manual de funciones
como cargo de nivel directivo de gerencia y asesor. En consecuencia, dicho periodo
—2 años— corresponde igualmente a tiempo de servicio público.
104. En cuanto a los restantes lapsos de vinculación a EBSA, —del 1 de enero de
1999 al 31 de diciembre de 2004 y del 1 de enero de 2007 al 28 de febrero de 2014,
para un total aproximado de 10 años, 2 meses y 12 días49— estos corresponden a
49 Del periodo correspondiente del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2004 (equivale a 6 años y 1 día) y del
1 de enero de 2007 al 28 de febrero de 2014 (7 años, 1 mes y 28 días), que corresponde a 13 años, 1 meses y 29
29
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periodos en los que la empresa tuvo naturaleza mixta o, desde 2012, privada, de
manera que, con independencia del nivel directivo de los cargos desempeñados por el
accionado, dicho tiempo debe tenerse como prestado en calidad de trabajador
particular, conforme al artículo 41 de la Ley 142 de 1994.
3.5.2. De la ausencia del derecho a la pensión reconocida con fundamento en la
Ley 33 de 1985
105. En primer lugar, se señala que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exige, para
acceder a la pensión de jubilación, que el trabajador haya servido 20 años, continuos
o discontinuos, como empleado oficial, requisito que solo puede satisfacerse con
tiempos efectivamente prestados en calidad de empleado público o trabajador oficial.
106. En atención a esto, se tiene que el demandado acredita, como tiempos de
servicio que corresponden a vinculaciones de naturaleza pública: 1 año, 11 meses y
20 días en la ESE Hospital de Duitama (5 de abril de 1978 al 19 de marzo de 198050);
1 año, 9 meses y 7 días servidos a Indeportes Boyacá (20 de marzo de 1980 al 21 de
diciembre de 1981); 9 meses y 27 días servidos al Hospital San Rafael de Tunja (8 de
abril de 1994 al 29 de enero de 1995); 3 años, 6 meses y 24 días servidos a EBSA
mientras esta tuvo naturaleza de E.S.P. oficial (12 de junio de 1995 al 31 de diciembre
de 1998); 8 meses y 4 días51 servidos a Coldeportes Boyacá entre el 2 de agosto de
200252 y el 30 de junio de 2003 (según la Tabla 2, en los lapsos en los que el
demandado se encontraba en licencia no remunerada respecto de EBSA); y 2 años
servidos a EBSA en el mismo carácter (1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de
2006). Por ende, el demandado acredita 10 años,9 meses y 22 días de tiempo al sector
público.
107. No obstante, el resto del tiempo servido a EBSA —10 años, 2 meses y 12 días,
correspondientes a los lapsos en que la empresa tuvo naturaleza mixta o privada— no
puede computarse para efectos del requisito del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, por
las razones expuestas anteriormente.
108. Sobre el particular, resulta importante aclarar también, que de acuerdo con la
tabla 2 de esta sentencia, el accionado prestó servicios y cotizó, durante distintos
periodos, mientras su empleador era una caja de compensación familiar; periodo que
días, se restan los tiempos de licencia remunerada que corresponden a 2 años, 11 mes y 17 días (ver nota al pie
29), lo que arroja un total de 10 años, 2 meses y 12 días.
50 Fecha esta última hasta la cual se computa dicho periodo por existir traslape con la vinculación posterior a
Indeportes Boyacá, según la Tabla 2 de esta providencia.
51 Los 8 meses y 4 días se desprenden de la tabla 2, en la que se aprecia que del 2 de agosto de 2002 al 30 de
junio de 2003, no se acreditan semanas de cotización por todo el periodo, sino del (1) del 2 de agosto de 2002 al
31 octubre de 2002, que equivalen a 3 meses y 1 día; (2) del 1 de diciembre de 2002 al 31 de enero de 2003, que
corresponden a 2 meses y 2 días); y (3) del 1 abril de 2003 al 30 de junio de 2003, que equivalen a 3 meses y 1
día). Para un total de 8 meses y 4 días.
52 Si bien en la tabla 2 de esta providencia se advierte que la cotización a Coldeportes inició a partir del día 1 de
agosto de 2002, en los hechos probados de esta sentencia se detalló que a partir del 2 de agosto de 2002 se le
concedió licencia no remunerada al accionado. Así, ese 1 de agosto de 2002, se contabilizó antes como tiempo
prestado a EBSA S.A. E.S.P. y no se puede contar dos veces.
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Demandado: Jorge Armando García Vargas
fue sumado como tiempo de servicios para el reconocimiento de la pensión de «vejez»,
según se observa en la misma Resolución GNR 268280 del 12 de septiembre de 2016,
acusada. Sin embargo, dicho lapso, se advierte que corresponde a tiempos de
naturaleza privada, en tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 21
de 1982, las Cajas de Compensación Familiar son personas jurídicas de derecho
privado sin ánimo de lucro. Por consiguiente, se aclara que los tiempos en los que el
demandado prestó servicios a estas, no son válidos para el cómputo de tiempo de
servicios con el fin de obtener una pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33
de 1985.
109. Así las cosas, el demandado acredita 10 años, 9 meses y 22 días de servicio
como empleado oficial, tiempo insuficiente para satisfacer los 20 años exigidos por el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985, por lo que dicho régimen pensional, como lo alegó la
entidad recurrente, no le resulta aplicable. En punto, se destaca que no es de recibo
el argumento del Tribunal, según el cual, aun descontando parte del tiempo servido a
EBSA, la Ley 33 de 1985 continuaba siendo el régimen más favorable frente a la Ley
71 de 1988. Ello, por cuanto el principio de favorabilidad presupone elegir, entre dos o
más regímenes que en efecto resulten aplicables al afiliado, el que le sea más
beneficioso y no puede invocarse para reconocer una prestación cuyo requisito legal
objetivo —los 20 años de servicio oficial— no se encuentra acreditado, pues ello
implicaría que el juez supliera, por vía judicial, la ausencia del supuesto exigido por el
legislador.
110. En consecuencia, al haberse computado como públicos, para efectos de
completar el requisito de los 20 años exigidos por la Ley 33 de 1985, tiempos servidos
por el demandado a EBSA que en realidad correspondían al sector privado, la
Resolución GNR 268280 del 12 de septiembre de 2016 desconoció el artículo 1 de la
citada ley, motivo por el cual se encuentra viciada de nulidad, tal como lo alegó la parte
accionante desde la demanda y lo reiteró en el recurso de apelación. Por consiguiente,
se anulará el acto administrativo acusado.
3.5.3. Devolución de las sumas pagadas por concepto de la pensión de «vejez»
reconocida al accionado
111. Frente a la pretensión de la devolución de las sumas de dinero pagadas por
concepto del reconocimiento de la pensión de «vejez», la Sala debe decir que el
artículo 164 numeral 1.º literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo prevé que cuando la demanda «se dirija contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas […] no habrá lugar
a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
112. Al respecto, la Corte Constitucional consideró que la facultad de la
administración de demandar en cualquier tiempo los actos administrativos que
reconocen prestaciones periódicas, no vulnera los principios de confianza legítima y
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seguridad jurídica, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los
administrados53. En efecto, la Corte explicó que «la administración no recuperará las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe»54.
113. El artículo 83 de la Carta Política prevé la presunción de buena fe relacionada
con una conducta leal y honesta, caracterizada por la «confianza, rectitud, decoro y
credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas
actuaciones de las autoridades, la cual se presume»55, así56:
Respecto del principio de buena fe, éste ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquel que “exige a los particulares y a las autoridades públicas
ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las
actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”57. En este
contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia
jurídica, y se refiere a la ‘confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra
dada’58”59.
114. En el caso concreto y a la luz del mandato constitucional se presume la buena
fe del señor Jorge Armando García Vargas en la actuación de solicitar el
reconocimiento de la pensión de «vejez»; no obstante, dicha presunción admite prueba
en contrario, lo cual obliga a remitirse al artículo 167 del Código General del Proceso,
según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
prevén el efecto jurídico que ellas persiguen.
115. Entonces, la entidad accionante tiene la carga de la prueba de demostrar los
hechos con ocasión de los cuales presuntamente se acreditaría que la conducta de la
accionada fue contraria a los postulados de la buena fe, en su actuación ante la
administración pública. Sin embargo, a partir del análisis de la prueba documental
recaudada en el proceso no se infiere que el peticionario hubiese inducido en error a
Colpensiones mediante la utilización de documentos falsos u otra maniobra
fraudulenta.
116. Por consiguiente, no hay lugar a ordenar que el accionado devuelva las sumas
pagadas por concepto del reconocimiento pensional.
3.5.4. Disposición adicional
117. Ahora bien, advertida la nulidad de la Resolución GNR 268280 del 12 de
septiembre de 2016 por las razones antes expuestas y descartada la aplicación de la
Ley 33 de 1985, ante la ausencia de los 20 años de servicio público, se destaca que
53 Corte Constitucional, sentencia C-1049 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
54 Ídem.
55 Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
56 Corte Constitucional, sentencia C-504 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
57 Ver sentencia T-475 de 1992.
58 Ibidem.
59
Ver sentencia C-1194 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
32
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
el demandado con ocasión del presente proceso dejaría de percibir una pensión a su
favor. No obstante, el derecho pensional no fue objeto de debate en el presente trámite
judicial, ni tampoco se advierte que el accionado hubiese presentado demanda de
reconvención con el fin de que se le estudiara el régimen pensional aplicable y, en su
defecto, en caso de accederse a las pretensiones de la demanda, se le reconociera
una pensión de vejez.
118. En punto, resulta necesario precisar que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ejercido en esta oportunidad tuvo como fin que la
administración controvierta la legalidad de sus propios actos administrativos, y, de ser
el caso, que se hagan cesar sus efectos.
119. En este orden de ideas, no le corresponde a la Sala determinar de manera
pormenorizada los términos en que el señor Jorge Armando García Vargas tendría
derecho a una pensión de vejez, pues dicho asunto debe ser objeto de una
controversia en sede administrativa. Resolver ese aspecto en el presente proceso
excedería el objeto de la controversia, que se circunscribe a establecer la legalidad de
la pensión de «vejez» reconocida mediante la Resolución GNR 268280 del 12 de
septiembre de 2016.
120. Sin embargo, lo anterior no implica que la declaratoria de nulidad del acto
acusado pueda traducirse en una situación de desprotección pensional para el
demandado, teniendo en cuenta que desde 2014 se le ha venido reconociendo la
prestación cuya legalidad se debate. En punto, se destaca que, por tratarse de un
adulto mayor, el accionado es sujeto de especial protección constitucional conforme al
artículo 46 de la Constitución Política, por lo que cualquier decisión judicial con
incidencia en su derecho a la seguridad social debe procurar el mayor grado de
garantía posible, desde luego, respetando los límites del ordenamiento jurídico.
121. De acuerdo con la anterior perspectiva y a partir de lo probado en el proceso,
se evidencia que el demandado, perdió la posibilidad de pensionarse con el régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la medida en que, al
31 de diciembre de 2014, fecha de finalización de este, de acuerdo con el Acto
Legislativo 01 de 2005, no había consolidado su derecho pensional, comoquiera que
cumplió los 60 años de edad exigidos para el efecto, por la Ley 71 de 1988, el 12 de
octubre de 2017. Al respecto, se destaca que dicha norma, según lo estudiado en esta
sentencia, era aquella que en principio le resultaba aplicable en razón a que acreditaba
tiempos de servicio en los sectores público y privado.
122. Aclarado lo anterior, se estima que en la actualidad el accionado podría cumplir
con los requisitos para acceder a la prestación pensional dispuesta en el artículo 33
de la Ley 100 de 1993. Ello, en la medida que tiene 68 años de edad y más de 1300
semanas de cotización.
33
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
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Demandado: Jorge Armando García Vargas
123. Sobre el tiempo de aportes, se destaca que conforme se probó en el proceso y
se expuso previamente, el demandado demuestra 10 años, 9 meses y 22 días en el
sector público; y más de 23 años, correspondientes a los lapsos en que EBSA tuvo la
naturaleza de empresa mixta o privada y al periodo en el que laboró para la caja de
compensación familiar60 (ver tabla 2). Tal circunstancia, se considera, sin perjuicio de
lo que se decida en sede administrativa, le permitiría mantener el reconocimiento de
una pensión en su favor.
124. Por lo tanto, como medida de protección del derecho a la seguridad social, se
ordenará a Colpensiones mantener el pago de la pensión hasta tanto decida
nuevamente, en el término de dos meses, lo pertinente en cuanto al reconocimiento
pensional del demandado, de conformidad con la Ley 100 de 1993. Se precisa que, si
la mesada a que haya lugar resulta de un valor menor al que se viene consignando, la
diferencia otorgada como medida de protección transitoria, con fundamento en esta
providencia, deberá descontársele al accionado, para evitar avalar el reconocimiento
de una suma de dinero sin el respaldo normativo pertinente.
3.6. Conclusión de la decisión
125. En el caso concreto se evidenció que la Empresa de Energía de Boyacá S.A.
E.S.P. no ostentó naturaleza de E.S.P. oficial durante la totalidad del tiempo en que el
demandado estuvo vinculado a ella —12 de junio de 1995 al 28 de febrero de 2014—
, sino únicamente en los lapsos comprendidos entre el 12 de junio de 1995 y el 31 de
diciembre de 1998, y entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2006,
periodos en los cuales su capital perteneció en su totalidad al Estado. En los demás
lapsos de dicha vinculación, EBSA tuvo naturaleza mixta o, desde el año 2012,
privada, por lo que, conforme al artículo 41 de la Ley 142 de 1994, el tiempo allí servido
corresponde al de un trabajador particular, sin que la naturaleza directiva de los cargos
desempeñados por el demandado modifique tal calificación.
126. Así, al sumar los periodos de naturaleza pública acreditados en el proceso, se
obtiene un total de 10 años, 9 meses y 22 días de tiempo de servicio público prestados
por el demandado. No obstante, dicho periodo no es suficiente para acreditar los 20
años de servicio oficial exigidos por el artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
127. En consecuencia, al haberse computado como públicos en el acto acusado
tiempos servidos por el demandado a EBSA E.S.P., que en realidad correspondían al
sector privado, se revocará la sentencia apelada y se declarará su nulidad de aquel.
Sin embargo, no se ordenará la devolución de las sumas pagadas por concepto de la
pensión de «vejez» reconocida, en tanto no se desvirtuó la presunción de buena fe.
60 El periodo de cotizaciones por parte de la caja de compensación familiar, de acuerdo con los tiempos señalados
en la Resolución GNR 268280 del 12 de septiembre de 2016, por Colpensiones, visto en la tabla 2 de esta
sentencia, asciende a los 12 años, 4 meses y 9 días (excluido el traslape de tiempos de 3 meses con Coldeportes
Boyacá y los 11 meses y 29 días respecto a EBSA, que se contabilizaron como tiempo prestado al sector público).
34
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
128. Por último, advertida la situación del demandado con ocasión a la presente
decisión, se ordenará a Colpensiones mantener el pago de la pensión reconocida a
través de la Resolución GNR 268280 del 12 de septiembre de 2016 hasta tanto decida
nuevamente, en el término de dos meses, lo pertinente en cuanto al reconocimiento
pensional del demandado, de conformidad con la Ley 100 de 1993. Se precisa que, si
la mesada a que haya lugar resulta de un valor menor al que se viene consignando, la
diferencia otorgada como medida de protección transitoria, con fundamento en esta
providencia, deberá descontársele al accionado, para evitar avalar el reconocimiento
de una suma de dinero sin el respaldo normativo pertinente.
4. Costas
129. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 61 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 4, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este
proveído. En su lugar:
61 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo-valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
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Radicación: 15001-23-33-000-2018-00363-01 (1441-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Armando García Vargas
Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución GNR 268280 del 12 de septiembre de
2016, por medio de la cual le reconoció y pagó una pensión de «vejez» al señor Jorge
Armando García Vargas.
Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Cuarto. Ordenar a Colpensiones mantener el pago de la pensión reconocida al señor
Jorge Armando García Vargas a través de la Resolución GNR 268280 del 12 de
septiembre de 2016, hasta tanto decida nuevamente, en el término de dos meses, lo
pertinente en cuanto al reconocimiento pensional del demandado, de conformidad con
la Ley 100 de 1993. En caso de que la mesada a que haya lugar resulte de un valor
menor al que se viene consignando, la diferencia otorgada como medida de protección
transitoria, con fundamento en esta providencia, deberá descontársele al accionado,
según lo expuesto en esta sentencia.
Quinto. Sin condena en costas en las dos instancias.
Sexto. Reconocer personería a la abogada Estefany Monterrosa Quintana identificada
con la cédula de ciudadanía 1.102.850.725 y portadora de la tarjeta profesional
288.284 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada sustituta
de la entidad accionante, en los términos del poder que le fue conferido que obra a
índice 14 de Samai.
Séptimo. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Salva voto
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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