Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00676-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00676-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2018-00676-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
26 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-2021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Temas: Pensión de sobrevivientes. Fallecimiento anterior a la vigencia
de la Ley 100 de 1993.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el 17 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Nariño,
por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Aurora del Carmen Martínez Montenegro, por
conducto de apoderada, demandó la nulidad de las Resoluciones números 51741
del 4 de diciembre de 2015, RDP 3174 del 28 de enero de 2016 y RDP 010182 del
4 de marzo de 2016, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), por medio de las cuales se negó
el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
Como consecuencia de la declaración anterior, a título de restablecimiento del
derecho, pidió: i) condenar a la entidad demandada, a reconocer y pagar la pensión
de sobrevivientes en favor de la demandante, como consecuencia del fallecimiento
de su cónyuge Florentino Fernández Vallejo, a partir del 19 de agosto de 1986,
fecha del fallecimiento de este, debidamente indexada y en adelante, junto con las
mesadas adicionales; ii) ordenar a la accionada a pagar los intereses moratorios y
comerciales a que haya ligar; y iii) cumplir la sentencia en los términos de los
artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la actora señaló los siguientes:
i) El señor Florentino Fernández Vallejo y la señora Aurora del Carmen Martínez
Montenegro contrajeron matrimonio el 16 de julio de 1974 y convivieron de manera
continua, permanente, exclusiva e ininterrumpidamente desde dicha fecha hasta el
día del fallecimiento.
ii) El señor Fernández Vallejo laboró para el departamento de Boyacá entre el 30 de
mayo de 1972 y el 19 de agosto de 1986, fecha de su fallecimiento.
iii) El 3 de septiembre de 2015, la señora Martínez Montenegro, en calidad de
cónyuge supérstite, presentó reclamación administrativa, ante la UGPP, de la
pensión de sobrevivientes.
iv) Mediante la Resolución 51741del 4 de diciembre de 2015 la entidad negó la
solicitud y, por medio de las Resoluciones RDP 3174 del 28 de enero de 2016 y
RDP 010182 del 4 de marzo de 2016, resolvió los recursos de reposición y de
apelación, respectivamente, confirmando la decisión.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
Como tales, se señalaron los artículos 1 y 3 de la Ley 33 de 1973; 1 de la Ley 12 de
1975; 1 a 3 de la Ley 113 de 1985; 1 de la Ley 33 de 1985; 7 de la Ley 71 de 1988;
11, 46 y 73 de la Ley 100 de 1993; 12 de la Ley 797 de 2003; y los Decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969.
Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso, en
esencia, que, en virtud del principio de favorabilidad, se debe reconocer la pensión
de sobrevivientes en aplicación de la Ley 100 de 1993, que exige solo 26 semanas
como periodo de cotización para tener derecho a ella.
1.2. Contestación de la demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales UGPP, por intermedio de apoderada, se opuso a las pretensiones del
libelo. Expuso los siguientes argumentos:1
i) Los actos enjuiciados no se encuentran incursos en causal de nulidad, porque
conforme al principio de irretroactividad de la ley y según jurisprudencia emanada
del Consejo de Estado, el reconocimiento del derecho aquí reclamado se rige por la
normativa vigente al momento de su causación, esto es, al tiempo del fallecimiento
del causante.
ii) El derecho a la pensión de sobrevivientes se causó bajo el imperio de normas
como las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 33 de 1985 y 71 de 1988, que exigían 20
años de prestación de servicios para acceder al reconocimiento pensional, los
cuales no se completaron en vista de que el causante laboró por un espacio de 14
años, 3 meses y 13 días.
iii) Si bien el Consejo de Estado reconoció pensión de sobrevivientes con aplicación
retrospectiva de la ley, en sentencia de unificación del 25 de abril de 2013 rectificó
1 Folios 130 al 136
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
la tesis que venía sosteniendo para precisar que el derecho se causa en el momento
del fallecimiento del causante, bajo la norma vigente en dicha fecha.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones de la demanda.
Declaró la nulidad de los actos acusados y condenó a la UGPP a reconocer y pagar
en favor de la actora una pensión de sobrevivientes, en monto equivalente al 53%
del ingreso base de liquidación establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
a partir del 30 de junio de 1995, pero con efectos fiscales a partir del 3 de septiembre
de 2012, por prescripción trienal. Sustentó su decisión en las siguientes
consideraciones:2
i) En principio, para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por
el fallecimiento del docente, se deben cumplir los requisitos previstos en el Decreto
224 de 1972 y en la Ley 12 de 1975, esto es, que el causante hubiese laborado 18
o 20 años hasta el momento del fallecimiento, dada la especialidad de la norma y la
exclusión del régimen general de la Ley 100 de 1993, normativa que exige para su
obtención tan solo 50 semanas de cotización.
En este orden, la controversia se origina en el hecho de que el causante de la
prestación pertenece a un régimen especial, en el cual se establecieron requisitos
más exigentes para acceder a la pensión post mortem, que los señalados en el
régimen general, que cobró vigencia luego de su fallecimiento. Así las cosas, a
simple vista podría concluirse que, por la prevalencia del régimen especial, el
incumplimiento de los tiempos de cotización allí previstos y en atención a la
irretroactividad de la ley, no hay lugar a reconocer la prestación bajo el amparo de
la Ley 100 de 1993 por haberse consolidado el derecho antes de su vigencia.
No obstante, las particularidades de la pensión de sobrevivientes en el contexto
socio cultural actual, imponen una solución distinta en prevalencia de los derechos
2 Folios 156 al 173
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
fundamentales de las personas desprotegidas por el fallecimiento del causante y
por la indefinición de su situación jurídica como beneficiarios de aquel. Siendo
entonces injustificada y desigual la observancia del régimen especial por el solo
hecho de la fecha en que tuvo lugar el deceso.
ii) Tratándose del principio de favorabilidad aplicable a la pensión de sobrevivientes,
el Consejo de Estado, hasta el año 2013, consideró adecuado realizar una
aplicación retrospectiva de las normas que regulan los regímenes pensionales, por
considerar que sus postulados resultan más favorables a efecto del reconocimiento
prestacional. No obstante, el anterior criterio fue rectificado por la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de abril de 2013, en
la que se determinó que a las pensiones de sobrevivientes le son aplicables las
normas vigentes al momento del fallecimiento del causante, pues de lo contrario se
estaría incurriendo en violación a la regla de la irretroactividad de la ley.
ii) Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia T-564 de 2015, expuso que si
la aplicación de la ley preconstitucional de seguridad social en concreto es una
carga desproporcionada, se debe proceder a inaplicarla o flexibilizar su
interpretación con el fin de superar situaciones de graves afectaciones a derechos
fundamentales, como ocurre con las solicitudes de sustituciones pensionales de
cónyuges de trabajadores que prestaron sus servicios al Estado por más de 15
años.
iii) Conforme a la rectificación jurisprudencial del Consejo de Estado, para la
aplicación del principio de favorabilidad es necesario que la norma que pretende
aplicarse al caso esté vigente al momento de la causación del derecho, es decir, en
materia de pensión de sobrevivientes a la fecha del fallecimiento del causante,
criterio que ha sido aplicado de manera pacífica desde el año 2013.
Pese a lo anterior, la Sala se apartará de tal criterio, para dar aplicación a la tesis
sostenida por la Corte Constitucional, que permite aplicar una determinada norma
a situaciones de hecho que, si bien tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en
vigencia, nunca vieron definitivamente consolidada la situación jurídica que de ellas
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
se deriva, pues sus efectos siguieron vigentes o no encontraron mecanismo alguno
que permita su resolución en forma definitiva.
1.4. El recurso de apelación
La parte demandada interpuso recurso de apelación3 y solicitó revocar la sentencia
y denegar las pretensiones de la demanda. Expuso las siguientes razones de
inconformidad:
i) Se observa de las documentales obrantes en el expediente administrativo que el
señor Florentino Fernández Vallejo falleció el 19 de agosto de 1986; laboró para el
Departamento de Boyacá como docente desde el 30 de mayo de 1972 hasta el 17
de agosto de 1986, es decir, por un espacio de 14 años, 3 meses y 13 días. Es
decir, que no cumplió con el requisito de tiempo de servicios (20 años) para acceder
al reconocimiento pensional.
ii) Ahora bien, en su oportunidad el Consejo de Estado, en sentencia del 29 de abril
de 2010, reconoció una pensión de sobrevivientes con aplicación retrospectiva de
la Ley 12 de 1975, pese a que el fallecimiento había ocurrido en 1970. No obstante,
dicha tesis fue rectificada en sentencia de unificación del 25 de abril de 2013, en la
que se precisó que, en materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la
norma aplicable será aquella vigente para la fecha de fallecimiento del causante,
pues, es en ese momento en que se causa el derecho a la sustitución pensional.
En consecuencia, contrario a la tesis expuesta por el a quo, a la demandante no le
resultan aplicables las previsiones establecidas en la Ley 797 de 2003 que reformó
algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones, por cuanto a la fecha de
deceso del causante no se encontraban en vigencia dichas prerrogativas; que si
bien, en principio se pensaría que estas favorecen las pretensiones de la actora, no
es menos cierto que lo que se pretende es la aplicación retroactiva de la Ley 100 de
1993, situación que va en contravía del principio de la irretroactividad de la norma.
3 Folios 175 al 178
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
1.5. Alegatos de conclusión
Las partes, demandante4 y demandada,5 reiteraron los argumentos expuestos en
las diferentes etapas procesales.
1.6. Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no emitió concepto.6
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Corresponde a la Sala de Subsección establecer si la demandante tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su
cónyuge, el señor Florentino Fernández Vallejo, quien se desempeñó como docente
al servicio del departamento de Boyacá, en virtud de la aplicación de la Ley 100 de
1993, comoquiera que su fallecimiento ocurrió el 17 de agosto de 1986, antes de su
expedición.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
2.2.1. Pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional.
El Decreto 224 de 1972, por el cual se dictaron normas especiales relacionadas con
el sector docente, respecto de aquellas personas que, como el causante no lograron
concretar su derecho pensional por la circunstancia insuperable de su fallecimiento,
dispuso:
Artículo 7. En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito
de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como
4 Índices 14 y 17 de Samai
5 Índice 16 ibidem
6 Constancia secretarial visible a folio 233 del expediente.
7
Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o
discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la
respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75 % de la
asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de
la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la
mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años.
En innumerables oportunidades se ha determinado que los docentes no están
gobernados por un régimen especial en materia pensional y que al respecto deben
observarse las reglas contenidas en la Ley 91 de 1989, que remiten a la aplicación
de las normas generales vigentes antes de su expedición para los pensionados del
sector público. Sin embargo, debe recordarse que los docentes gozan de
especialidad en la regulación normativa de algunos derechos prestacionales como
la pensión gracia y la pensión que por virtud del Decreto 224 de 1972 se consagró
para el cónyuge e hijos menores del docente fallecido, cuando este último no
lograba alcanzar el tiempo mínimo de vinculación y cotización al sistema pensional
para acceder a la pensión de jubilación o para habilitar una pensión sustitutiva.
En ese sentido, el régimen especial que ampara a los beneficiarios de los docentes
fallecidos, previsto en el Decreto 224 de 1972, consagra el derecho a la
pensión post mortem, solo cuando estos hubiesen laborado en planteles
oficiales durante un periodo mínimo de 18 años continuos o discontinuos,
equivalente al 75 % de la asignación mensual fijada para el cargo desempeñado por
el docente al tiempo de su muerte.
Con la expedición de la Ley 100 de 1993, y sin extinguir las normas especiales
existentes en la materia, se estableció dentro del Régimen General de Seguridad
Social la denominada «pensión de sobrevivientes» que prevé, además de la
sustitución de la pensión ya percibida o consolidada por el trabajador fallecido, el
reconocimiento de dicha prestación para sus beneficiarios pese a no haber logrado
el estatus pensional al momento del fallecimiento, siempre y cuando hubiese
efectuado un mínimo de cotizaciones establecido por el legislador.
La finalidad de dicha prestación es garantizar a los sobrevivientes del pensionado o
afiliado fallecido la disposición de unos recursos para su digno sostenimiento, de tal
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
forma que su deceso no signifique una ruptura que afecte la subsistencia del núcleo
familiar más próximo del causante6.
2.2.2. Improcedencia de la aplicación por favorabilidad y retrospectividad del
régimen general de pensiones
El artículo 288 de la Ley 100 de 1993 desarrolló los principios de favorabilidad e
igualdad, en los siguientes términos:
Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en Leyes anteriores.
Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor
público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier
norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en
leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de
disposiciones de esta Ley.
Esta Corporación, a través de la sentencia de 29 de abril de 2010,7 precisó que, en
materia laboral, en aplicación del artículo 288 de la Ley 100 de 1993 y en desarrollo
del principio de favorabilidad, la ley podía ser aplicada de forma retrospectiva, en el
entendido de que la nueva ley puede regular ciertas situaciones o hechos jurídicos
que aun cuando han acaecido bajo la vigencia de una ley anterior no tuvieron la
virtud de obtener su consolidación de manera definitiva como derecho bajo la ley
antigua.
No obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 25 de
abril de 2013,7 rectificó la posición frente a la aplicación retrospectiva del régimen
general de pensiones en virtud del principio de favorabilidad e igualdad,
consagrados en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, y consideró que la ley que
resulta aplicable es la que se encuentre vigente al momento en que se estructura el
derecho, esto es, en el caso de la pensión de sobrevivientes, en la fecha en que se
produjo la muerte. En efecto, la Sala Plena de la Sección Segunda señaló lo
siguiente en esa providencia:
7 Sección Segunda, radicado 76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605-09)
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus
pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte del
señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su
fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se
pretende, toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley,
derivado de la Ley 153 de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que
se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo
por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el
contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley
100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir
del 1º de abril de 1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho
pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que
los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron
en vigencia de la normatividad anterior8, la que exigía el requisito de tener 15 o más
años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su
reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición
adoptada en sentencias de abril 29 de 20109 y noviembre 1º de 201210, en las que,
en materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos
acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley,
precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que
gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento
del fallecimiento del causante y no una posterior.
En el mismo sentido, en providencia del 5 de marzo de 2015, 11 estimó que no era
factible conceder el derecho reclamado por la accionante aplicando
retrospectivamente lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, porque por
8 “Artículo 120 del Decreto 2063 de 1984.”
9
“Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la
que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975,
a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.”
10 “Reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a
pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo
Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el
complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la
Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones,
y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su
momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir,
susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa
legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio
constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005
queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
11 Sentencia del 5 de marzo de 2015, radicado 05001233300020120077201, consejero ponente: Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren.
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
esta vía, conforme con la nueva posición, se desconocería el principio de
irretroactividad de la ley derivado de la Ley 153 de 1887.
En conclusión, conforme a la posición actual del Consejo de Estado, no es
procedente aplicar la Ley 100 de 1993 a situaciones que se consolidaron antes de
su entrada en vigencia en virtud del principio de favorabilidad, pues debe tenerse
en cuenta la disposición normativa vigente en el momento de los hechos que dieron
origen a la consolidación del derecho pensional.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
i) La señora Aurora del Carmen Martínez Montenegro y el señor Florentino
Fernández Vallejo contrajeron matrimonio el 16 de julio de 1974.12 Convivieron y
compartieron techo, lecho y mesa desde nueve meses antes a la celebración de su
matrimonio, hasta la fecha de su muerte.13
ii) El señor Florentino Fernández Vallejo laboró al servicio de la docencia oficial, en
el Departamento de Boyacá, desde el 30 de mayo de 1972 hasta el 17 de agosto
de 1986, tiempo equivalente a 731 semanas de cotización, o 14 años, 2 meses y 18
días.14 Falleció el 17 de agosto de 1986.15
iii) El 3 de septiembre de 2015, la demandante radicó ante la entidad demandada
solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el
fallecimiento de su cónyuge, de conformidad con la Ley 100 de 1993.16
iv) El 4 de diciembre de 2015, por medio de la Resolución RDP 051741 del 4 de
12 Folio 30 y cd que contiene el expediente administrativo obrante a folio 125
13 Declaración extraprocesal rendida por la demandante el 17 de octubre de 2015 (folio 30 A
14 Folios 37 al 46 y cd que contiene el expediente administrativo obrante a folio 125
15 Copia del registro civil de defunción obrante a folio 25
16 Folios 31 al 35 y cd que contiene el expediente administrativo obrante a folio 125
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
diciembre de 2015, la UGPP negó el reconocimiento pensional pretendido con el
argumento de que no es viable la aplicación de normas a situaciones jurídicas
consolidadas con anterioridad a su vigencia.17 La decisión fue confirmada mediante
las Resoluciones RDP 003174 del 28 de enero de 2016 y RDP 010182 del 4 de
marzo de 2016.18
2.4. Caso concreto
La demandante pretende el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de
conformidad con la Ley 100 de 1993, en aplicación de los principios de favorabilidad
y retrospectividad. Sobre la retrospectividad de la ley, la Corte Constitucional, en
sentencia T-110 de 22 de febrero de 2011, determinó:
El fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se presenta, como ya
se anticipó, cuando las mismas se aplican a partir del momento de su vigencia, a
situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una norma anterior,
pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la
nueva disposición. Este instrumento ha sido concebido por la jurisprudencia nacional
como un límite a la retroactividad, asociando. su propósito a la satisfacción de los
principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los asociados, y a la
superación de aquellas situaciones marcadamente discriminatorias y lesivas del
valor justicia que consagra- el ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad
con los cambios sociales, políticos y culturales que se suscitan en nuestra sociedad.
De las sentencias estudiadas se extrae, en conclusión, que (i) por regla general las
normas jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el futuro, pero con
retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad de la ley implica que una norma
jurídica no tiene prima facie la virtud de regular situaciones jurídicas que se han
consumado con arreglo a normas anteriores; (iii) la aplicación retrospectiva de una
norma jurídica comporta la posibilidad de afectar situaciones fácticas y jurídicas que
se han originado con anterioridad a su vigencia, pero que aún no han finalizado al
momento de entrar a regir la nueva norma, por encontrarse en curso la aludida
situación jurídica [ ... ].
En virtud de dicho principio, tal como lo afirmó el a quo, el Consejo de Estado,
mediante sentencia de 29 de abril de 2010,19 reconoció una pensión de
sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, pese a
que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970, con fundamento en que, en
17 Folios 37 y 38
18 Folios 40 al 43
19 Sección Segunda, radicado 25000 2325000200700832-01 (0548-09), consejero ponente: Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
materia laboral y por virtud del principio de favorabilidad, «se admite la aplicación
retrospectiva de la Ley […] por cuanto la Ley nueva si puede regular ciertas
situaciones o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido bajo la vigencia de
una Ley, no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva como
derecho bajo la Ley antigua […]».
Tal criterio fue ratificado en varias oportunidades por esta Corporación,20 hasta que,
en sentencia del 25 de abril de 2013, la Sala Plena de la Sección Segunda rectificó
su posición e indicó que si bien se venía adoptando una posición favorable para los
beneficiarios en cuanto al régimen pensional, es decir, que cuando el régimen
especial no cumpliera unas mínimas garantías y por el contrario el general sí lo
hiciera, en virtud del principio de favorabilidad debía preferirse la aplicación
retrospectiva de este último. Sin embargo, advirtió que la ley favorable que se debe
aplicar es la que esté vigente en el momento en que se habría causado el derecho,
es decir, en la fecha del fallecimiento del causante.
Conforme a los hechos demostrados en el sub lite, el derecho a la pensión de
sobrevivientes reclamada se estructuró el 17 de agosto de 1986, fecha
de fallecimiento del señor Florentino Fernández Vallejo, es decir, mucho antes de
que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, razón por la cual no es posible su
aplicación retrospectiva, pues, se reitera, esta Corporación ha sido clara en
determinar la imposibilidad de aplicar normas a situaciones ocurridas antes de su
vigencia, en tanto con ello se violaría el principio de irretroactividad de la ley,
derivado de la Ley 153 de 1887.
20 Ver entre otras: i) Sección Segunda, sentencia del 1 de noviembre de 2012, radicado 13001-23-31-000-2005-
02358-01 (0682-11), consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que se reconoció una pensión de
sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de que el deceso del
causante se produjo el 20 de febrero de 1991. [Con salvamento de voto del consejero Gerardo Arenas Monsalve:
«Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que
no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron
plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no tienen término de prescripción, todos
los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento aplicando válidamente la legislación
anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de discusión judicial, así el
fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así se hayan reconocido
los derechos derivados del régimen anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad financiera,
establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión tan
amplia y generalizada de la aplicación del régimen general]»; ii) Sección Segunda, sentencia del 7 de febrero
de 2013, radicado 050012331000200801384 01 (0998-2012), consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
Ahora bien, el Tribunal decidió apartarse del criterio esbozado por el Consejo de
Estado para dar aplicación a la tesis sostenida por la Corte Constitucional,
particularmente lo considerado en la sentencia T-564 de 2015. No obstante, el
máximo tribunal constitucional, en la sentencia T-116 de 2016, revisó los fallos de
tutela proferidos por esta Corporación, en casos análogos al presente, y se refirió a
sus decisiones contenidas en los fallos T-891 de 2011, T-072 de 2012 y T-587A de
2012, en las que apoyó el precedente del Consejo de Estado para esas fechas, en
relación con la posibilidad de aplicar de manera retrospectiva el sistema general de
seguridad social para resolver solicitudes pensionales de sobrevivientes relativas a
causantes fallecidos antes de 1991.
En tal pronunciamiento la Corte precisó que en la sentencia T-564 de 2015 tuvo en
cuenta la rectificación de jurisprudencia efectuada el 25 de abril de 2013, por el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en el sentido de
entender que la norma aplicable para resolver las peticiones pensionales de
sobrevivientes es la vigente en la fecha de la muerte del causante; sin embargo,
advirtió que, pese al precedente, resulta necesario que se verifique en cada caso el
grado de afectación de los sistemas pensionales preconstitucionales, lo que implica
examinar la normativa especial aplicable a la situación concreta frente a las
generales también existentes para esos momentos. Y concluyó que le corresponde
al juez:
«[ ... ] verificar en cada caso (i) si la aplicación de la ley preconstitucional de
seguridad social en concreto es una carga desproporcionada, y de ser así, (ii)
proceder a implicarla o flexibilizar su interpretación con el fin de superar situaciones
de graves afectaciones de derechos fundamentales, como ocurre con las solicitudes
de sustituciones pensionales de cónyuges de trabajadores que prestaron sus
servicios al Estado por más de 15 años». (Se resalta).
Con base en este criterio, la Corte, en la sentencia T-370 de 2018, al analizar si a
la luz del principio de favorabilidad resultaba procedente reconocer la pensión de
sobrevivientes bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993, en tratándose de
regímenes especiales como el docente, decidió que, en ese caso, había lugar a
reconocer el derecho reclamado, por cuanto la beneficiaria había laborado como
docente por espacio superior a 15 años.
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
Sin embargo, en el sub lite el a quo decidió dar aplicación a la Ley 100 de 1993,
pese que el docente falleció en agosto de 1986, apoyándose en la tesis de la Corte,
sin tener en cuenta que el causante no alcanzó a completar los 15 años de servicio
que ha tenido en consideración el tribunal constitucional, en sede de tutela, para
conceder la pensión de sobrevivientes en casos en que el fallecimiento ha ocurrido
antes de la vigencia de la citada ley.
Por consiguiente, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar,
lo que impone revocar la sentencia apelada.
3. Conclusión
Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que la señora Aurora del Carmen Martínez
Montenegro no tiene derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes establecida
en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que las expectativas
prestacionales causadas con la muerte de su cónyuge se consolidaron en vigencia
de la normatividad anterior, cuyos requisitos de tiempo de servicios no se colmaron,
en la medida en que no completó los 18 años necesarios para el reconocimiento de
la pensión de que trata el artículo 7 del Decreto Ley 224 de 1972.
En este orden de ideas, se reitera el criterio jurisprudencial adoptado por esta
Corporación en sentencia del 25 de abril de 2013, que estableció que, en materia
de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la ley que gobierna la situación
prestacional de los beneficiarios es la vigente en el momento del fallecimiento del
causante y no una posterior, toda vez que es en este momento en que se causa el
derecho. En consecuencia, se revocará el fallo de primera instancia a través del
cual el Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones de la demanda
y, en su lugar, se denegarán estas.
4. Costas
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Radicado: 15001 23 33 000 2018 00676 01 (0401-021)
Demandante: Aurora del Carmen Martínez Montenegro
Conforme con la interpretación del artículo 188 del CPACA que advierte para la
fijación de las costas un criterio objetivo valorativo sin que sea necesario analizar la
conducta de las partes y, en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 4 del
artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la parte
demandante, en consideración a que el recurso de apelación prosperó y se revocará
la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Revocar la sentencia proferida el 12 de mayo de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en el proceso promovido por Aurora del Carmen Martínez
Montenegro contra la UGPP. En su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
Segundo: Condenar en costas a la parte actora.
Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en la plataforma SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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