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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00096-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00096-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 13 de julio de 2021, que declaró probada la excepción de cosa juzgada. SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2019-00096-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de febrero de 2025

Radicación: 15001-23-33-000-2019-00096-01 (0390-2022)
Demandante: Gil Alberto Cortés Rodríguez
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00096-01(0390-2022)
Demandante: Gil Alberto Cortés Rodríguez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–

Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: elementos de la cosa juzgada. Subtema
2: identidad de partes, de objeto y de causa; acreditación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 13 de julio de 2021, que declaró probada
la excepción de cosa juzgada.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Gil Alberto Cortés Rodríguez, en condición de docente en el departamento de Boyacá,
solicitó, en múltiples oportunidades, el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la
Caja Nacional de Previsión Social (en adelante CAJANAL) y a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(en adelante UGPP) entidad que negó la prestación al considerar que la vinculación
fue de carácter nacional. El demandante adujo que los actos demandados deben ser
declarados nulos porque no valoraron adecuadamente las pruebas que dan cuenta de
que la vinculación y el tiempo de servicio prestado fue como docente oficial de carácter
nacionalizado. El tribunal declaró probada la excepción de cosa juzgada al encontrar
demostrado que esa corporación judicial y el Consejo de Estado ya se habían
pronunciado sobre la pretensión de reconocimiento de la pensión gracia del actor.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. Pretensiones

1. Gil Alberto Cortés Rodríguez, mediante apoderado judicial, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la UGPP, el 8 de febrero de 2019, con las siguientes pretensiones1:

1 Samai, gestión en otros despachos, índice 29, expediente digital, 3_ED_001Demanda.pdf(.PDF) NroActua 21.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 15001-23-33-000-2019-00096-01 (0390-2022)
Demandante: Gil Alberto Cortés Rodríguez
Demandado: UGPP

(i) Declarar la nulidad de la Resolución RDP 039157 del 27 de septiembre de 2018,
mediante la cual la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia al
demandante;

(ii) declarar la nulidad de las resoluciones RDP 041947 del 22 de octubre y RDP
047011 del 14 de diciembre de 2018, a través de las cuales la UGPP resolvió los
recursos de reposición y apelación en el sentido de confirmar la decisión que negó
el reconocimiento de la pensión gracia;

(iii) condenar a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia al demandante, a
partir del 4 de febrero de 2002, en un monto equivalente al 75% del promedio
mensual de los salarios y factores salariales devengados en el año anterior a la
causación del derecho;

(iv) ordenar a la entidad demandada que actualice la condena con base en el índice
de precios al consumidor (IPC) y a reconocer intereses comerciales y moratorios;

(v) ordenar a la UGPP que cumpla la sentencia en los términos del artículo 192 del
CPACA.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

(i) Cumplió 50 años de edad el 4 de febrero de 2002;

(ii) prestó servicios como docente oficial por más de 20 años, mediante
nombramientos de carácter nacionalizados realizados por el departamento de
Boyacá;

(iii) la vinculación como docente fue anterior al 31 de diciembre de 1980,
específicamente, la que tuvo con el magisterio de Boyacá el 22 de marzo de 1974,
en virtud del nombramiento realizado a través del Decreto 117 del 13 de marzo de
1974.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política
de 1991, artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336; Ley 114 de 1913,
artículos 1, 3 y 4; Ley 116 de 1928, artículo 6; Ley 91 de 1989, artículo 15; Decreto
081 de 1976 y Decreto 2277 de 1979, artículo 3.

4. En el concepto de violación, manifestó que cumplió con todos los requisitos para
ser acreedor de la pensión gracia y, por tanto, los actos administrativos demandados
desconocieron la efectividad del derecho constitucional a la seguridad social y
generaron un trato discriminatorio frente a los docentes que han accedido al derecho
en condiciones similares a las del actor.
2

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Demandante: Gil Alberto Cortés Rodríguez
Demandado: UGPP

5. Refirió que la entidad demandada incurrió en violación al debido proceso al no
valorar los certificados de historia laboral allegados al expediente administrativo, con
los que pretendió demostrar 20 años de servicio con vinculación nacionalizada y
departamental.

6. Precisó que, si bien en el Tribunal Administrativo de Boyacá se adelantó un
proceso con ocasión de la demanda interpuesta por él contra la UGPP, en la que se
pretendió la nulidad de las resoluciones que le negaron el reconocimiento de la pensión
gracia, los actos administrativos cuestionados en ese proceso son diferentes a los
demandados en el presente asunto, razón por la que no concurre el elemento de
identidad de objeto y, en consecuencia, no se configura el fenómeno de cosa juzgada.

2.2. Contestación de la demanda

7. La apoderada de la UGPP refirió que Gil Alberto Cortés Rodríguez pretendió
acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de tiempo y de vinculación con el
certificado expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá, en el que consta la
vinculación en el año 1974 y se especifican los tiempos en los que se desempeñó
como docente de orden nacional. Advirtió que en sede administrativa no se allegaron
los actos de nombramiento ni de posesión, por lo que no era procedente reconocer la
pensión gracia en tanto que no se probaron los tiempos de servicio nacionalizados o
territoriales2.

8. Precisó que los únicos tiempos que pueden computarse son los laborados antes
del 31 de diciembre de 1989, porque con la unificación del régimen pensional de los
docenes oficiales, que se surtió con la Ley 91 de 1989, las vinculaciones posteriores
al 1 de enero de 1990 cuentan con el mismo régimen prestacional de los servidores
públicos, esto es, que tienen derecho a una sola pensión que sería la de jubilación.

9. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, inexistencia de
vulneración de principios constitucionales y legales, prescripción de mesadas y cosa
juzgada, en relación con la que argumentó que el demandante ya había acudido ante
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar la nulidad de las resoluciones proferidas por
la UGPP que le negaron el reconocimiento a la pensión gracia, proceso que terminó
con sentencia desfavorable proferida el 4 de febrero de 2010 por el Juzgado Once
Administrativo de Tunja bajo el radicado 15001033310120070004900, la cual confirmó
el Tribunal Administrativo de Boyacá el 10 de noviembre de 2010. Por tanto, la
pretensión del demandante ya fue discutida en sede judicial y decidida mediante
sentencia que cobró ejecutoria y constituye cosa juzgada3.

2 Samai, gestión en otros despachos, índice 00021, expediente digital,11_ED_009ContestacionDemanda, escrito

de excepciones.pdf(.PDF) NroActua 21.
3 Samai, gestión en otros despachos, índice 00021, expediente
digital,10_150012333000201900096008EXPEDIENTEDIGI20201127101243.
3

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Demandante: Gil Alberto Cortés Rodríguez
Demandado: UGPP

2.3. Sentencia apelada

10. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante la sentencia del 13 de julio de
2021 declaró probada la excepción de cosa juzgada. Al motivar la decisión, puso de
presente que existe un pronunciamiento judicial en firme a través del cual se
resolvieron las pretensiones formuladas en la presente demanda. En efecto, mediante
sentencia de primera instancia del 4 de febrero de 2010, proferida por el Juzgado Once
Administrativo de Tunja dentro del radicado 2007-00049 y confirmada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá a través de sentencia del 10 de
noviembre del mismo año, se negaron las pretensiones de reconocimiento y pago de
la pensión gracia al demandante. Asimismo, en sentencia del 26 de marzo de 2015,
expedida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso radicado con el
número 2013-00471, confirmada por el Consejo de Estado en fallo del 30 de noviembre
de 2017, se declaró probada la excepción de cosa juzgada4.

11. Precisó que existió identidad de partes, por cuanto el demandante en los tres
procesos es el señor Gil Alberto Cortés Rodríguez y la entidad demandada es la
UGPP; identidad de objeto, porque pese a que en cada proceso se demandaron
diferentes actos administrativos, la pretensión sustancial ha sido siempre la de obtener
el reconocimiento y pago de la pensión gracia desde el 4 de febrero de 2002, fecha en
la que el demandante afirma haber adquirido el estatus pensional, al cumplir los 50
años de edad; e identidad de causa, ya que los dos procesos anteriores y el presente
comparten presupuestos fácticos y de derecho.

2.4. Recurso de apelación

12. El actor presentó reparos frente al tiempo de servicio prestado como docente
oficial en el departamento de Boyacá antes del 31 de diciembre de 1980, que consideró
inadecuadamente valorado por la UGPP, al no tener en cuenta el certificado expedido
por el departamento de Boyacá en el que consta la vinculación laboral del año 1974
como docente nacionalizado y la prestación de sus servicios en virtud de una
vinculación departamental, todo lo cual se probó con los certificados de historia laboral
en los que se evidencia que el tipo de vinculación del demandante es nacionalizada 5.

13. En cuanto a la declaración de cosa juzgada, expuso que los actos
administrativos demandados en los procesos anteriores que tienen sentencia en firme
son diferentes a los demandados en este proceso, razón por la que no se configura el
elemento de identidad de causa, toda vez que las pretensiones son distintas, motivo
por el cual no opera dicha figura.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

14. Esta corporación, mediante auto del 16 de junio de 20226, admitió el recurso de
apelación. Como las partes no solicitaron el decreto y práctica de pruebas en esta
instancia, no hubo lugar a dar traslado para la presentación de alegatos de conclusión,
tal y como lo establece el artículo 247-5, modificado por la Ley 2080 de 2021.

4 Samai, gestión en otros despachos, índice 00033.
5 Samai, gestión en otros despachos, índice 00037.

6 Samai, índice 0004.

4

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Demandante: Gil Alberto Cortés Rodríguez
Demandado: UGPP

2.6. Concepto de Ministerio Público

15. En primer lugar, la procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado,
puntualizó que, conforme a la ley y la jurisprudencia, los únicos requisitos a tener en
cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia son: (i) que el docente tenga
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980; (i) que
acredite 20 años de servicio; (iii) que tenga 50 años de edad; y (iv) que demuestre
haber ejercido el cargo con buena conducta7.

16. En segundo lugar, precisó que la cosa juzgada hace referencia al carácter
vinculante, definitivo e inmutable de las decisiones judiciales que impide reiniciar
debates jurídicos entre las mismas partes, frente a asuntos con identidad de objeto y
de causa, para garantizar el principio de seguridad jurídica.

17. Expuso que en el asunto de la referencia se configuró la cosa juzgada respecto al
proceso tramitado bajo el radicado número 15001-23-33-000-2007-00049-01, por
cuanto los fundamentos fácticos y probatorios son los mismos. Sostuvo que, en este
proceso, las certificaciones de tiempo y de factores salariales llevaron a la decisión de
denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto no se acreditó que la vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980 fuera del orden territorial y/o nacionalizada.

18. Asimismo, precisó que la decisión denegatoria mencionada en precedencia
constituyó cosa juzgada en el proceso número 15001-23-33-000-2013-00471-01, por
existir identidad de partes, objeto y causa, tal y como lo señaló esta corporación en la
sentencia del 30 de noviembre de 2017.

19.En conclusión, consideró que la cosa juzgada declarada en la sentencia apelada
debe ser confirmada, porque el actor no aportó nuevos elementos probatorios que
demuestren el cumplimiento para acceder al derecho a la pensión gracia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

21. De acuerdo con las consideraciones expuestas por el Tribunal de Boyacá frente
a la configuración del fenómeno de la cosa juzgada en el caso bajo estudio, la Sala
analizará este aspecto que, vale decir, puede ser verificado por el juez en cualquier
estado del proceso (art. 182 del CPACA) y, si es del caso, procederá a estudiar los
reparos presentados por la parte actora en el recurso de apelación frente al

7 Samai, índice 0009.

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reconocimiento de la pensión gracia. Con este propósito, se resolverán los siguientes
problemas jurídicos:

(i) ¿El asunto debatido en este proceso presenta identidad de partes, de objeto y de
causa con los resueltos por el Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia del
10 de noviembre de 2010, que confirmó la denegación de las pretensiones dirigidas a
obtener el reconocimiento de la pensión gracia, y por el Consejo de Estado en la
providencia del 30 de noviembre de 2017, que ratificó la declaración de cosa juzgada
configurada por la primera decisión mencionada? Si la respuesta a este interrogante
es negativa, la Sala procederá al análisis de los siguientes problemas jurídicos:

(ii) ¿La vinculación del demandante a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de
1980 le confirió la posibilidad de acceder a la pensión gracia al cumplir los requisitos
exigidos en la ley, por ocupar una plaza de carácter territorial o nacionalizado? Si la
respuesta es afirmativa, se procederá al análisis de los requisitos de edad, tiempo de
servicio y buena conducta que permiten acceder al derecho.

3.3. Cosa juzgada

22. La cosa juzgada es una institución jurídica procesal que otorga a las decisiones
judiciales el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, con el objeto de terminar
definitivamente la controversia y garantizar el principio de seguridad jurídica8, que
busca dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición permanente de las
controversias y evitar decisiones judiciales contradictorias frente a los mismos hechos
y derechos reclamados9.

23. En lo atinente a los elementos configurativos de la cosa juzgada, el artículo 303
del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del 306 10 del CPACA,
establece que la sentencia ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada «siempre que el
nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior
y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes».

24. Existe identidad de objeto cuando la demanda versa sobre la misma pretensión
material o inmaterial que el proceso decidido mediante sentencia ejecutoriada. Por otra
parte, la identidad de causa se presenta cuando el caso en estudio y el que se
encuentra decidido mediante una providencia ejecutoriada, comparten los mismos
fundamentos de hecho y de derecho. Por último, existe identidad de partes cuando en
ambos procesos concurren los mismos sujetos procesales11.

25. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los efectos de la
cosa juzgada, surgidos «por disposición expresa del ordenamiento jurídico», derivan
dos consecuencias, a saber: (i) «prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y
eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio» [inmutabilidad]. De
esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa
8 Corte Constitucional, sentencia C-100 del 6 de marzo de 2019.
9 Corte Constitucional, sentencias C-191 de 2017, SU-072 de 2018, C-416 de 2019 y C-126 de 2019. La figura de

la cosa juzgada «promueve la seguridad jurídica, la estabilidad del derecho y la confianza y la certeza de las
personas respecto de los efectos de las decisiones judiciales».
10 «ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de

Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
11 Corte Constitucional, sentencias C-774 del 25 de julio de 2001, C-220 de 2011 y T-249 de 2016.

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prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto». (ii)
Como «función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento
jurídico»12.

26. Sobre el tema, esta corporación ha señalado que la providencia que hace
tránsito a cosa juzgada tiene los siguientes efectos: «la presunción de veracidad de lo
resuelto; la inmutabilidad de la decisión, que significa que la materia que ya ha sido
objeto de estudio no puede, en principio, ser sometida a un nuevo pronunciamiento de
fondo; la imposibilidad de revocar directamente la resolución judicial; y, en los casos
en que el objeto del proceso es una pretensión de nulidad, aparece además la
prohibición de reproducir el acto administrativo suspendido o anulado, la cual tiene
fundamento legal en el artículo 237 del CPACA»13.

27. Por otra parte, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que la cosa
juzgada o «res iudicata, conforme con la cual se otorga a aquellas decisiones
emanadas de la autoridad judicial el carácter de definitivas y vinculantes», está dirigida
a evitar que los hechos y conductas definidas mediante una providencia ejecutoriada
sean debatidos en un juicio posterior en el que concurran las mismas partes, con
identidad de objeto y de causa. «Sin embargo, debe aclararse que, aunque la firmeza
de la decisión sea el objeto de la cosa juzgada, no significa que no sea posible reabrir
el debate jurídico, pues este puede plantearse nuevamente, siempre y cuando se trate
de nuevos hechos suscitados con posterioridad a la sentencia proferida»14.

3.4. Análisis del caso concreto

28. En el caso bajo estudio, el demandante sustentó la pretensión de reconocimiento
de la pensión gracia en la acreditación de los presupuestos de tiempo de servicio y
cumplimiento de la edad previstos en la ley, al considerar que se vinculó como docente
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, que completó 20 años de servicio
como docente nacionalizado y territorial y cuenta con más de 50 años.

29. En lo atinente al presupuesto de tiempo de servicio, obran en el expediente el
certificado expedido por la Secretaría de Educación de la gobernación de Boyacá15 y
las sentencias dictadas por el Juzgado Once Administrativo de Tunja el 4 de febrero
de 2010, que negó las pretensiones de reconocimiento de la pensión gracia en el
proceso radicado bajo el número 2007-00049-00, y por el Tribunal Administrativo de
Tunja el 10 de noviembre de 2010, que confirmó la anterior16, en los que se relacionan
los periodos de vinculación del señor Cortés Rodríguez como docente oficial, así:

i) Decreto 117 de 13 de marzo de 1974, desde el 22 de marzo hasta el 2 de
septiembre de 1974, en la Escuela Rafael Núñez de Tunungua;
ii) Resolución 695 del 12 de agosto de 1974, del 3 de septiembre de 1974 al

12 Corte Constitucional, sentencias C-774 del 25 de julio de 2001, C-220 de 2011 y T-249 de 2018.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2022, exp. 1885-2021.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
15 SAMAI, gestión en otros despachos, índice 00021, expediente digital, 3_ED_001Demanda.pdf(.PDF) NroActua

21, folio 22.
16 SAMAI, gestión en otros despachos, documentos del expediente, «cumplimiento de providencias», archivo 4327,

pág. 34 y 42.
7

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Demandado: UGPP

12 de mayo de 1975 en la Institución Educativa José María Córdoba en
Saboyá;
iii) Decreto 310 de 14 de abril de 1982, desde el 14 de abril de 1982 hasta el
18 de abril de 1985 en el Instituto Nacionalizado Antonio Nariño de
Moniquirá;
iv) Resolución 439 del 13 de abril de 1985, desde el 19 de abril de 1985 hasta
el 10 de febrero de 1993 en la Normal Superior de Saboyá;
v) Decreto 13 del 20 de febrero de 1992, desde el 12 de febrero de 1993 hasta
el 31 de enero de 1994 en el «Colegio Cooperativo San Pablo de Borbur»;
vi) Decreto 21 del 15 de febrero de 1994, del 16 de febrero de 1994 al 24 de
febrero de 2002 en la Normal Superior Antonio Nariño del municipio de Villa
de Leyva;
vii) Resolución 353 del 15 de febrero de 2002, a partir del 25 de febrero de 2002,
en la Institución Nacional Agrícola de Santa Sofía, sin constancia de
finalización al momento en que fue expedida la certificación (2 de agosto de
2003).

30. La copia del acta suscrita por el alcalde municipal y el secretario general del
municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), acredita que Gil Alberto Cortés Rodríguez
se posesionó en el cargo «como docente nacional de secundaria en el programa de
Planteles Cooperativos en el Colegio Cooperativo de San Pablo», en virtud del Decreto
013 del 20 de febrero de 1992, con efectos retroactivos al 1 de febrero de ese año17.

31. El acta de posesión18 suscrita por el alcalde del municipio de Villa de Leyva
demuestra que Gil Alberto Cortés Rodríguez se posesionó en el cargo en propiedad
de docente de ciencias religiosas en la Normal Nacional Antonio Nariño, en virtud del
nombramiento realizado mediante Decreto 021 del 15 de febrero de 199419.

32. Según consta en la Resolución demandada RDP 03915720, dictada por la UGPP
el 27 de septiembre de 2018, esa entidad le negó al demandante el reconocimiento de
la pensión gracia, porque «el (a) peticionario (a) no cuenta con los veinte años en la
docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado
teniendo en cuenta que para acceder a la prestación solicitada no es posible computar
tiempos de servicio del orden nacional ni los desempeñados en cargos de carácter
administrativo». Esta decisión fue confirmada por la entidad mediante la Resolución
RDP 047011 del 14 de diciembre de 201821, también demandada en este proceso.

33. En este contexto, la Sala procede a establecer si se cumplen los elementos
configurativos de la cosa juzgada declarada en la sentencia apelada, a partir del
análisis comparativo de las partes, el objeto y la causa debatida en los procesos

17 Samai, gestión en otros despachos, índice 00029, expediente digital, 3_ED_001Demanda.pdf(.PDF) NroActua

21, folio 23.
18 Samai, gestión en otros despachos, índice 00029, expediente digital, 3_ED_001Demanda.pdf(.PDF) NroActua

21, folio 24.
19 SAMAI, gestión en otros despachos, índice 00029, expediente digital, 3_ED_001Demanda.pdf(.PDF) NroActua

21, folio 25.
20 Samai, gestión en otros despachos, índice 00029, expediente digital, 3_ED_001Demanda.pdf(.PDF) NroActua

21, folios 30 a 35
21 Samai, gestión en otros despachos, índice 00029, expediente digital, 3_ED_001Demanda.pdf(.PDF) NroActua

21, folios 37 a 39.
8

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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00096-01 (0390-2022)
Demandante: Gil Alberto Cortés Rodríguez
Demandado: UGPP

radicados bajo los números 15001-31-33-011-2007-00049-0122, 15001-23-33-000-
2013-00471-01(2153-15) 23, incorporados al expediente, y el que ahora es objeto de
análisis, así:

3.4.1. Identidad de partes

15001-31-33-011-2007- 15001-23-33-000-2013- 15001-23-33-000-2019-
00049-01 00471-01 00096-01
Demandante: Gil Alberto Demandante: Gil Alberto Cortés Demandante: Gil Alberto
Cortés Rodríguez Rodríguez Cortés Rodríguez

Demandado: CAJANAL Demandado: UGPP Demandado: UGPP

3.4.2. Identidad de objeto

15001-31-33-011-2007- 15001-23-33-000-2013- 15001-23-33-000-2019-
00049-01 00471-01 00096-01
Declarar la nulidad de la Declarar la nulidad de la Declarar la nulidad de la Resolución
Resolución 40772 del 26 de Resolución RDP 010770 del RDP 039157 del 27 de septiembre
julio de 2006, a través de la 4 de octubre de 2012, a de 2018, mediante la cual la UGPP
través de la cual la UGPP negó el reconocimiento de la
cual la Caja Nacional de
negó el reconocimiento y pensión gracia al demandante.
Previsión Social le negó el pago de la pensión gracia al
reconocimiento y pago de la señor Gil Alberto Cortés Declarar la nulidad de la Resolución
pensión gracia al señor Gil Rodríguez. RDP 041947 del 22 de octubre de
Alberto Cortés Rodríguez. 2018, a través de la cual la UGPP
Declarar la nulidad de las resolvió un recurso de reposición y
Resoluciones RDP 015332 confirmó la decisión que negó el
reconocimiento de la pensión gracia
del 14 de noviembre de 2012
al señor Gil Alberto Cortés
y RDP 003685 del 28 de Rodríguez.
enero de 2013, que
resolvieron los recursos de Declarar la nulidad de la Resolución
reposición y apelación en RDP 047011 del 14 de diciembre de
contra del acto administrativo 2018, a través de la cual la UGPP
que negó la pensión gracia al resolvió un recurso de apelación y
confirmó la decisión que negó el
señor Gil Alberto Cortés
reconocimiento de la pensión gracia
Rodríguez. al señor Cortés Rodríguez.

3.4.3. Identidad de causa

15001-31-33-011-2007- 15001-23-33-000-2013- 15001-23-33-000-2019-
00049-01 00471-01 00096-01
Fundamento fáctico Fundamento fáctico Fundamento fáctico

El señor Gil Alberto Cortés El señor Gil Alberto Cortés El señor Gil Alberto Cortés
Rodríguez nació el 4 de Rodríguez nació el 4 de febrero Rodríguez nació el 4 de febrero
febrero de 1952, por tanto, de 1952, por tanto, cumplió el de 1952, por tanto, cumplió el

22 SAMAI, gestión en otros despachos, documentos del expediente, «cumplimiento de providencias», archivo 4144,

pág. 50.
23 SAMAI, gestión en otros despachos, documentos del expediente, «cumplimiento de providencias», archivo 4327,

pág. 42.

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cumplió el requisito de edad de requisito de edad de 50 años el 4 requisito de edad de 50 años el
50 años el 4 de febrero de de febrero de 1952. 4 de febrero de 1952.
1952.
Todos los nombramientos que El demandante se vinculó a la
El demandante fue vinculado tuvo el demandante en los que docencia nacionalizada a partir
por el departamento de prestó sus servicios como del 22 de marzo al 02 de
Boyacá en el año 1974 en una docente oficial en los periodos septiembre de 1974, mediante
plaza nacionalizada. entre el año 1974 al 2002 se Decreto 117 del 13 de marzo
realizaron por el departamento de de 1974.
El señor Cortés Rodríguez Boyacá.
prestó sus servicios como Luego, tuvo los siguientes
docente en virtud de los El demandante se vinculó a la nombramientos:
nombramientos efectuados a docencia nacionalizada a partir - mediante Resolución 695 del
través de los Decretos 117 de del 22 de marzo al 02 de 12 de agosto de 1974 desde el
1974, 310 de 1982, 021 de septiembre de 1974, mediante 03 de septiembre de 1974 al 11
1994 y Resolución 353 del Decreto 117 del 13 de marzo de de mayo de 1975;
2002. 1974. -a través del Decreto 310 del
14 de abril de 1982 a partir del
El actor trabajó como docente Luego, tuvo los siguientes 22 de febrero de 1982 al 18 de
nacionalizado desde 1974 a nombramientos: abril de 1985;
1993 y desde 1993 en - mediante Resolución 695 del 12 -por medio de Resolución 439
adelante como docente de agosto de 1974 desde el 03 de del 13 de abril de 1985 desde
nacional. septiembre de 1974 al 11 de el 19 de abril de 1985 al 09 de
mayo de 1975; febrero de 1993;
El 18 de julio de 2005 solicitó a -a través del Decreto 310 del 14 -mediante Decreto 13 del 20 de
Cajanal el reconocimiento y de abril de 1982 a partir del 22 de febrero de 1992 desde el 12 de
pago de la pensión gracia. febrero de 1982 al 18 de abril de febrero de 1993 al 31 de enero
1985; de 1994;
-por medio de Resolución 439 del -a través de Decreto 21 del 15
13 de abril de 1985 desde el 19 de febrero de 1994 a partir del
de abril de 1985 al 09 de febrero 16 de febrero de 1994 al 24 de
de 1993; febrero de 2002.
-mediante Decreto 13 del 20 de
febrero de 1992 desde el 12 de El 25 de julio de 2018 solicitó el
febrero de 1993 al 31 de enero de reconocimiento y pago de la
1994; pensión gracia.
-a través de Decreto 21 del 15 de
febrero de 1994 a partir del 16 de
febrero de 1994 al 24 de febrero
de 2002.

El 8 de junio de 2012 solicitó el
reconocimiento y pago de la
pensión gracia.

Fundamento de derecho Fundamento de derecho Fundamento de derecho

La parte demandante El actor, a través de su El actor, a través de su
consideró que la entidad apoderado, alegó que los actos apoderado, alegó que los actos
demandada erró en la demandados fueron falsamente demandados fueron
valoración de los motivados, esto porque la entidad falsamente motivados, esto
nombramientos del demandada, como argumento porque la entidad demandada
demandante, al calificar para negarle la pensión gracia, como argumento para negarle
algunos como nacionales, consideró que los tiempos de la pensión gracia consideró
desconociendo que todos servicio prestados por el señor que los tiempos de servicio
fueron proferidos por el Cortés Rodríguez antes y prestados por el señor Cortés
departamento de Boyacá y, en después del 31 de diciembre de Rodríguez antes y después del
consecuencia, todos debieron 1980 fueron con vinculación 31 de diciembre de 1980 fueron
ser tenidos en cuenta como nacional. con vinculación nacional.
nacionalizados.

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Demandado: UGPP

La UGPP desconoció los hechos La UGPP desconoció los
Destacó el actor que, a su probados, ya que de acuerdo con hechos probados, ya que de
juicio, la ley no exige la la documental aportada al acuerdo con la documental
acreditación de algún tipo de proceso, el tiempo laborado entre aportada al proceso, el tiempo
vinculación especial para 1974 y 1975 fue de carácter laborado entre 1974 y 1975 fue
acceder a la pensión gracia y nacionalizado y el prestado entre de carácter nacionalizado y el
que de conformidad con la Ley 1982 a 1993 fue departamental; prestado entre 1982 a 1993 fue
43 de 1975, no existe ninguna no nacional como lo definió. departamental; no nacional
distinción entre docentes como lo definió.
nacionales y territoriales.

34. La comparación de los elementos descritos en los cuadros anteriores muestra,
en primer lugar, que en el caso bajo estudio se presenta identidad de partes, ya que
en los tres procesos participaron Gil Alberto Cortés Rodríguez, en calidad de
demandante, y la UGPP, en calidad de demandada, como integrantes de los extremos
del litigio.

35. Así mismo, evidencia la coincidencia del objeto, dado que las pretensiones en
todos los asuntos estuvieron dirigidas a obtener la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia.

36. Ahora, si bien los actos administrativos demandados en los tres procesos son
diferentes, pues en el primero el actor demandó la nulidad de la Resolución 40772 del
26 de julio de 2006; en el segundo las resoluciones RDP 010770 del 4 de octubre de
2012, 015332 del 14 de noviembre de 2012 y 003685 del 28 de enero de 2013 y en el
presente solicitó la nulidad de las resoluciones 039157 del 27 de septiembre de 2018,
041947 del 22 de octubre de 2018 y 047011 del 14 de diciembre de 2018, el objeto
resulta coincidente al centrarse en el análisis de cumplimiento de los requisitos de
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y el tiempo de servicio en la docencia
oficial en plazas de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado, con la
finalidad de obtener la nulidad de los actos y el consecuente reconocimiento y pago de
la pensión gracia.

37. En relación con la identidad de causa, entendida como la razón o los motivos
que sustentan las pretensiones, la Sala observa que en los tres procesos se
expusieron los mismos hechos, pues coinciden al describir los actos de vinculación y
los extremos temporales de cada uno (desde 1974 hasta 2002, este último sin fecha
de finalización), la fecha de nacimiento del actor y las fechas de radicación de las
solicitudes de reconocimiento y pago de la pensión gracia, único hecho que difiere en
los tres procesos, tal y como se evidenció al cotejar de las demandas incorporadas a
este expediente24.

38. De igual manera, la parte demandante puso de presente en los tres procesos la
supuesta omisión en la que incurrió la UGPP al valorar los documentos que conforman
el expediente administrativo porque, en su criterio, se encontraba plenamente
acreditado el tiempo de servicio superior a 20 años, pero la entidad descartó la utilidad
de varios periodos al considerar que no se prestaron en plazas territoriales o

24 SAMAI, gestión en otros despachos, documentos del expediente, «cumplimiento de providencias», archivos 4144

y 4327.

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nacionalizadas, sin tener en cuenta que las normas que regulan la pensión gracia no
excluyen a los docentes nacionales del reconocimiento de la pensión. Consecuencia
de lo anterior, la situación fáctica y el marco jurídico en los tres procesos es idéntica,
al recaer el análisis en la procedencia del derecho a la pensión gracia en los mismos
hechos, normas jurídicas y pruebas que sustentan el derecho reclamado.

39. Por último, es preciso señalar que el actor en este proceso no expuso hechos
nuevos ni citó un nuevo marco normativo. Lo que demuestra el cotejo de los tres
expedientes es que las pretensiones se sustentaron en hechos semejantes, pues citan
los mismos actos de vinculación al servicio, iguales extremos temporales o periodos
de servicio e idéntico concepto de violación, además de presentar identidad de partes,
de objeto y de causa, tal y como consta en los cuadros comparativos relacionados en
precedencia.

3.5. Conclusión

40. Por lo expuesto, la Sala concluye que este caso, en el que el actor pretendía la
nulidad de los actos que le negaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia y el
consecuente restablecimiento del derecho, se encuentran acreditados los elementos
configurativos de la cosa juzgada, pues se está acreditada la identidad de partes, de
objeto y de causa con los asuntos definidos mediante sentencias dictadas en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 10 de noviembre de 2010 y por
la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación el 30 de noviembre de
2017, en los procesos radicados bajos los números 15001-31-33-011-2007-00049 y
15001-23-33-000-2013-00471-01.

41. Lo anterior debido a que en los tres procesos se narraron los mismos hechos, en
específico, los relacionados con los actos de vinculación y el tiempo de servicio, así
como igual concepto de violación; la única diferencia revelada del cotejo de las
demandas es la fecha de presentación de las solicitudes de reconocimiento y pago de
la pensión gracia, radicadas el 18 de julio de 2005, el 8 de junio de 2012 y el 25 de
julio de 2018, con sustentos jurídicos y fácticos idénticos.

42. En este orden, la Sala confirmará la sentencia apelada expedida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá el 13 de julio de 2021, que declaró configurada la cosa
juzgada.

4. Costas

43. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 25 de la
Subsección, sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
25 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, el 13 de julio de 2021, que declaró probada la excepción de cosa juzgada.

SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

DMOR/YOD
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
13

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