Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2019-00161-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2019-00161-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2019-00161-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-33-000-2019-00161-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
30 de mayo de 2024
1
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Actor: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Departamento de Boyacá,
Municipio de Tópaga, Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. y Empresa
de Servicios Públicos de Tópaga S.A. E.S.P.
Vinculados: Ana Milena, Mery Isabel y Alfredo Gonzalo Guaquida Cárdenas
Tesis: No es cierto que en la sentencia de primera instancia se declaró como
responsable al Departamento de Boyacá.
Es competente un Departamento para: (i) actualizar el mapa de riesgo de calidad de
agua y consumo de un Municipio y gestionar y solventar factores de riesgo de las
fuentes aferentes de los acueductos, (ii) remitir copia de los informes de los análisis
físicos, químicos y microbiológicos de las redes de distribución de los acueductos, (iv)
realizar visitas de inspección sanitaria a la infraestructura de todos los acueductos, (iv)
elaborar un estudio técnico en el que se identifiquen las deficiencias de todos los
sistema de suministro de agua y un análisis de la necesidad en la construcción de un
desarenador para la planta de tratamiento urbana, y (v) para adelantar las acciones
que surjan de los estudios previstos en el anterior punto, de modo que se garantice la
calidad y disponibilidad del servicio de forma permanente.
Es competente una Corporación Autónoma Regional para realizar la actualización de
mapa de riesgo de calidad del agua para consumo humano, elaborar un plan de acción
para gestionar y solventar los factores de riesgo de las fuentes de agua que surten los
acueductos de un Municipio y realizar un estudio para garantizar la disponibilidad y
calidad del agua que es suministrada a los habitantes de ese ente y ejecutar las obras
que en dicho análisis técnico concluyan.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá (en adelante Corpoboyacá) y el Departamento de
Boyacá, en contra de la sentencia del 21 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja presentó acción
popular1 en contra de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (en adelante
Corpoboyacá), el Departamento de Boyacá, el Municipio de Tópaga, la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios de Boyacá y la Empresa de Servicios Públicos del
Municipio de Tópaga (en adelante Emtópaga S.A. E.S.P.), con el objeto de lograr la
protección de los derechos e intereses colectivos de la población del citado Municipio
al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en razón
a que el agua que se les suministra se encuentra catalogada con el nivel de “RIESGO
INVIABLE SANITARIAMENTE (100%)”2 debido a la presencia de parásitos.
Para el efecto formularon las siguientes pretensiones:
“1. SE AMPARE la protección de los derechos colectivos de ACCESO A UNA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE LA GARANTICE, A LA SALUBRIDAD
PÚBLICA, EL ACCESO ALOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU
PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA; de los habitantes del. Municipio
de TOPAGA, en razón de las afectaciones causadas y descritas en los hechos de
esta acción.
2. SE ORDENE al: DEPARTAMENTO DE BOYACA, la Empresa de Servicios
Públicos del Departamento de Boyacá, al Municipio de Tópaga, la EMPRESA LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOPAGA adelantar
dentro del plazo perentorio que fije su despacho, la OPTIMIZACION Y/O
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL MUNICIPIO DE TOPAGA que
cumpla las condiciones técnicas exigidas. por la ley y que garantice agua apta para
consumo humano.
3. Se ORDENE a CORPOBOYACA, se adelante vigilancia permanente de la fuente
abastecedora que suministran el agua para consumo humano a la población del
municipio de Tópaga, en especial lo que corresponde a la capacidad de la fuente
y/o la necesidad de buscar una fuente alterna, indicando cuál o cuáles.
1 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
2 Folio 1 del escrito de la demanda popular.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
4. SE ORDENE al Municipio de TOPAGA y a la EMPRESA LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOPAGA adelantar las
adecuaciones y las revisiones a la red del sistema de conducción de agua potable
a los domicilios para evitar pérdidas del recurso y evitar con ello posibles
contaminaciones.”3.
1.2. Como sustento de las pretensiones la parte actora expuso lo siguiente:
Explicó que el suministro de agua para consumo humano en el Municipio de Tópaga
se obtiene principalmente del Río Saza o Gámeza. Refirió que en situaciones de
emergencia, se recurre a fuentes superficiales como la de la Quebrada Seca 1 y 2, así
como los Guacharacos, que tienen un caudal aproximado de 8 (ocho) litros por
segundo.
Informó que el 24 de abril de 2018, la Secretaría de Salud de Boyacá comunicó al
alcalde de Tópaga los resultados del análisis de calidad del agua del acueducto local,
revelando la presencia de parásitos giardia y cryptosporidium, junto con niveles de
turbidez que excedían los límites aceptables. Como consecuencia, se consideró el
servicio como no apto sanitariamente, una calificación que se reafirmó en evaluaciones
posteriores.
Destacó que esta problemática se acentuó debido a que la planta de tratamiento de
agua potable estaba diseñada para procesar un caudal de cuatro (4) litros por segundo,
mientras que la concesión era de ocho coma ochocientos siete (8,0807) litros por
segundo. Además, la falta de un desarenador en la planta y la ubicación de algunas
tomas en terrenos no municipales contribuyeron a la situación.
Subrayó que la Procuraduría General de la Nación identificó deficiencias estructurales
y operativas en la planta de tratamiento de agua potable del municipio, así como
carencias en la capacitación del personal a cargo de su operación.
Señaló que el 18 de junio de 2018, Corpoboyacá evidenció que las actividades
agropecuarias, como el cultivo de papa y el pastoreo de ganado bovino y ovino,
estaban afectando las fuentes de agua en cuestión, al estar ubicadas en terrenos
privados donde se encuentran las tomas del acueducto.
3 Folio 2 ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Enfatizó que los usuarios del acueducto reciben el servicio únicamente durante dos (2)
horas al día cada tres (3) días, dividido por sectores. Además, mencionó que desde el
año 2009, el Municipio de Tópaga se unió al Plan Departamental de Aguas de la
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., aunque hasta la fecha de la
presentación de la demanda, no se había desarrollado un proyecto para mejorar,
optimizar o construir una nueva planta de tratamiento de agua potable.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Boyacá que, en
proveído del 26 de abril de 2019, ordenó notificar a Corpoboyacá, al Departamento de
Boyacá, a la Empresa de Servicios de Boyacá, el Municipio de Tópaga y Emtópaga
S.A. E.S.P. 4.
2.2. Corpoboyacá5 solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda y
manifestó que ha cumplido con sus funciones y que, dado lo extenso de su jurisdicción
que se encuentra integrada por ochenta y siete (87) municipios, su capacidad operativa
y al alto número de expedientes, no le es posible adelantar vigilancia permanente a
todas las fuentes hídricas que abastecen a Tópaga.
Señaló que el Decreto 1575 de 2007 precisa las competencias de las diferentes
entidades en lo atinente al control y calidad del agua para consumo humano. En ese
contexto, aseguró que las CAR, en cuanto a la administración del recurso hídrico,
otorgan concesiones y se encargan de verificar las condiciones ambientales y de oferta
y demanda, con el fin de garantizar su protección e imponer las obligaciones
pertinentes.
Expuso las actuaciones que ha adelantado en el asunto y recalcó que el Municipio de
Tópaga, como primera autoridad ambiental, debe articularse con el prestador del
servicio de acueducto y adoptar las medidas necesarias para mitigar las posibles
4 Visible a folios 88 a 89 del Cuaderno del Tribunal.
5 Visible a folios 101 a 104 del Cuaderno del Tribunal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
afectaciones que se presentan respecto de las fuentes de captación. Lo anterior, sin
perjuicio de las obligaciones que atañen a los prestadores, como el monitoreo de la
calidad del agua que suministran y de sus fuentes, estudios de riesgo, planes de
contingencia y sistemas de desinfección para la eliminación de protozoos, de
conformidad con las Resoluciones 330 y 549 de 2017.
Estimó importante que el Municipio propenda por el cumplimiento de las normas de
ordenamiento territorial y promocione buenas prácticas agropecuarias, tales como la
implementación de abrevaderos fuera de las rondas de protección de los afluentes y
aisladas de estos.
Por último, presentó como excepciones las que denominó: (i) ausencia de elementos
que estructuren responsabilidad, y (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.3. El Departamento de Boyacá6 presentó informe en el que se opuso a las
pretensiones y aseguró que, en general, los hechos que expuso la demandante no
vinculaban directamente a la entidad. Enlistó las acciones que ha adelantado la
Secretaría de Salud de Boyacá e insistió en su falta de competencia para abordar la
problemática.
Finalmente, planteó las excepciones que tituló como falta de legitimación en la causa
por pasiva e inexistencia de presupuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular.
2.4. El Municipio de Tópaga7 indicó que “se acoge a la decisión que se adopte con
arreglo a los supuestos fácticos que aparezcan suficientemente demostrados en el
trámite del proceso”8.
Explicó que la bocatoma de la planta de tratamiento está situada en una propiedad que
no pertenece al municipio. Además, mencionó que en las áreas adyacentes al Río
Saza se llevan a cabo actividades agropecuarias permitidas según los Planes de
6 Visible a folios 133 a 145 del Cuaderno del Tribunal
7 Ibidem.
8 Folio 1 del escrito de contestación de la demanda popular. Página 236 del archivo tipo PDF que
contiene el expediente digitalizado C1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Ordenamiento Territorial (POT) de Gámeza y Mongua, mientras que en la zona de
protección del nacimiento Los Guacharacos se realizan actividades agropecuarias no
autorizadas por el POT de Tópaga.
Agregó que la planta de tratamiento de agua potable no dispone de un desarenador y
presenta deficiencias operativas, sin que exista un proyecto para optimizarla o
construir una nueva. Además, reconoció que el servicio de agua potable se ofrece
únicamente durante tres (3) horas al día tanto en áreas urbanas como rurales.
Comentó sobre las acciones tomadas por la entidad para abordar los problemas de
funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable local y sostuvo que
resolverlos requería la intervención coordinada de todas las entidades involucradas.
En este contexto, argumentó que era crucial realizar un diagnóstico técnico para
determinar si era más viable mejorar la planta existente o construir una nueva.
También mencionó haber transferido a la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá la
suma total de cuatrocientos tres millones de pesos ($403.000.000) y explicó las
normativas que regulan los planes departamentales de aguas.
Concluyó que dicha empresa tenía la responsabilidad de respaldar al Municipio de
Tópaga y a Emtópaga S.A. E.S.P. en garantizar la prestación del servicio de acueducto
domiciliario mediante la planificación y ejecución de obras e inversiones.
Expresó su intención de colaborar con Emtópaga S.A. E.S.P. en un proceso para
establecer una servidumbre en el área necesaria para construir el desarenador,
considerando que la bocatoma de la planta se encuentra en una propiedad privada.
Además, detalló las etapas de este posible procedimiento.
Por último, señaló que, según el Instituto Alexander Von Humboldt, el área de
nacimiento del Río Saza está dentro de una zona de páramo y destacó la necesidad
de implementar un programa para reconvertir las actividades agropecuarias en ese
perímetro, tarea que correspondería a Corpoboyacá.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
2.5. En auto del 5 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo de Boyacá vinculó a
Ana Milena, Mery Isabel y Alfredo Gonzalo Guaquida Cárdenas 9, en calidad de
herederos del señor Luis Gonzalo Guaquida Acevedo (q.e.p.d.), que en vida fue el
propietario del predio donde se ubica la planta de tratamiento de agua potable del
Municipio de Tópaga. Asimismo, dispuso vincular a los herederos indeterminados del
citado ciudadano.
2.6. En memorial del 20 de agosto de 2020, la señora Ana Milena Guaquida
Cárdenas expresó no contar con recursos y que su intención era “llegar a un acuerdo
voluntario con el municipio y que nos desvinculen del proceso”10. Por su parte, el señor
Ricardo Rodríguez Cuevas, en calidad de curador ad litem de los herederos
indeterminados del señor Guaiquida Acevedo, aseguró que se oponía a la prosperidad
de las pretensiones si implicaban una afectación patrimonial de sus defendidos11.
2.7. La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. contestó la
demanda de forma extemporánea12 y Emtópaga S.A. E.S.P. guardó silencio.
2.8. El 3 de febrero de 2022, el Tribunal declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento13
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá dictó la sentencia del 21 de febrero de
202314, cuya parte resolutiva dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa de los señores Ana Milena, Mery Isabel y Alfredo Gonzalo Guaquida
Cárdenas, por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: DECLARAR la vulneración de los derechos colectivos de los
habitantes del municipio de Tópaga al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, y al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, de acuerdo con el análisis que efectúa esta
sentencia.
9 Visible a folios 365 a 366 del Cuaderno del Tribunal
10 Visible en el índice 46 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal.
11 Visible en el índice 76 del Sistema de Gestión SAMAI
12 Visible a folios 260 a 274 del Cuaderno del Tribunal
13 Visible en el índice 113 del Sistema de Gestión SAMAI
14 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
En mérito de lo expuesto el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
4, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA: 8
PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación
Radicado:
en la causa de los señores Ana Milena, Mery 15001
Isabel y23 33 000
Alfredo 2019 00161 01
Gonzalo
Guaquida Cárdenas, por las razones expuestas en precedencia.
Demandante: Procuraduría General de la Nación
SEGUNDO: DECLARAR la vulneración de los derechos colectivos de los
habitantes del municipio de Tópaga al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, y al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, de acuerdo con el análisis que efectúa esta
sentencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal emite las siguientes
órdenes: TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal emite las siguientes
órdenes:
Autoridades Plazo máximo de
Acciones
responsables cumplimiento
3.1 Departamento de Actualizar el Mapa de Riesgo 2 meses para
Boyacá (a través de su de Calidad del Agua para actualizar el mapa de
Secretaría de Salud) y Consumo Humano y elaborar riesgo, elaborar el
Corpoboyacá, en un plan de acción para plan de acción y
coordinación con gestionar y solventar los acreditar estas
Emtópaga S.A. E.S.P. factores de riesgo de las actuaciones en el
y el Municipio de fuentes de agua aferentes a proceso
Tópaga todos y cada uno de los puntos
de captación de los acueductos 6 meses para
urbano y rurales de Tópaga ejecutar en el plan de
acción y acreditarlo
en el proceso
3.2 Departamento de Remitir copia de los informes Permanentemente,
Boyacá (a través de su de los análisis físicos, químicos hasta tanto el comité
Acción popular
Secretaría de Salud) y microbiológicos de las redesRad. de
15001-23-33-000-2019-00161-00
verificación de
de distribución de Sentencia de
los cumplimiento primera instancia
acueductos del municipio de disponga lo contrario
Tópaga, en el marco de los
procesos básicos y ordinarios
44 Ver, por ejemplo: C.E., Sala de
27 vigilancia
Especial de Decisión, Sent. Unificación 2017-00036-
01(AP)REV-SU, ago. 6/2019. M.P. Rocío Araújo Oñate.
3.3 Departamento de Realizar visitas de inspección
Boyacá (a través de su sanitaria a la infraestructura de
Secretaría de Salud) los sistemas de suministro de
agua de las personas 29
prestadoras (todos y cada uno
de los acueductos del 1 mes para realizar
municipio). Esta visita será las visitas y allegar al
adicional a las que de ordinario proceso el concepto
lleva a cabo la dependencia sanitario integral
anualmente
3.4 Departamento de Con base en los resultados de
Boyacá (a través de su los informes de inspección
Secretaría de Salud) sanitaria (3.2 y 3.3), consolidar
un concepto sanitario integral
3.5 Municipio de Tópaga y Elaborar un plan de 1 mes para elaborar
Emtópaga S.A. E.S.P. mejoramiento para cumplir los el plan de
requerimientos que efectúe la mejoramiento y
autoridad sanitaria en el allegarlo al proceso
concepto sanitario integral y
ejecutarlo en su totalidad 8 meses como plazo
máximo para cumplir
en su totalidad el plan
de mejoramiento
3.6 Municipio de Tópaga y Elaborar un estudio técnico que 4 meses para
Emtópaga S.A. E.S.P., identifique las falencias físicas allegarlo al proceso
con el apoyo y de todos los sistemas de
acompañamiento del suministro de agua, teniendo
Departamento de en cuenta las
Boyacá y la ESPB S.A. recomendaciones que efectúe
E.S.P. la Secretaría de Salud de
Boyacá en sus informes de
inspección sanitaria y el
concepto sanitario integral
(incluyendo especialmente el
análisis de la necesidad de
construir un desarenador para
la PTAP del acueducto urbano)
3.7 Municipio de Tópaga y Adelantar las gestiones que 8 meses, contados a
Emtópaga S.A. E.S.P., corresponda y ejecutar en su partir del
junto con el totalidad las acciones que cumplimiento del
Departamento de surjan producto del estudio punto 3.5, para
Boyacá, la ESPB S.A. técnico del punto 3.6 ejecutar la totalidad
E.S.P. y Corpoboyacá, de las
bajo los principios de Estas acciones deberán construcciones,
coordinación, encaminarse a garantizar la adecuaciones y
concurrencia, disponibilidad del servicio y la optimizaciones que
complementariedad y calidad adecuada del agua de correspondan y
subsidiariedad forma permanente acreditarlo en el
proceso.
CUARTO: Los plazos que se indican en la anterior tabla comenzarán a correr a
CUARTO:partir
Losdel
plazos que se
vencimiento indican
de la en la
oportunidad anterior
para tabla
recurrir la comenzarán
presente sentencia, a a correr a
partir del menos
vencimiento de la oportunidad para recurrir la presente sentencia, a
que ambas partes la apelen, en concordancia con el inciso 1.º del artículo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 30
9
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
menos que ambas partes la apelen, en concordancia con el inciso 1.º del artículo
323 del CGP y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, podrán ajustarse
dentro del comité de verificación de cumplimiento, de evidenciarse razonablemente
la necesidad de que ello ocurra.
QUINTO: Con base en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, CONFORMAR un
comité para la verificación del cumplimiento de esta sentencia, que estará
integrado por este Tribunal (que lo presidirá), la Procuraduría General de la Nación
(actor popular), el alcalde del Municipio de Tópaga, el gerente de Emtópaga S.A.
E.S.P. y un delegado de la Secretaría de Salud de Boyacá, de la ESPB S.A. E.S.P.
y de Corpoboyacá, respectivamente.
SEXTO: Sin condena en costas.
SÉPTIMO: RECONOCER personería al abogado Jonathan Camilo González
Sánchez, identificado con c. c. 7.321.491 y T. P. 171.489 del C. S. de la J., para
actuar como apoderado del Municipio de Tópaga, en los términos y para los efectos
del memorial cargado en la anotación 148 del sistema Samai. De acuerdo con el
artículo 76 del CGP, con la designación del nuevo apoderado se entienden
terminados los poderes anteriormente conferidos por la entidad.
OCTAVO: Por secretaría, REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo, en cumplimiento del artículo 80 de la Ley 472 de 1998, y a la ANDJE, de
conformidad con el inciso final del artículo 199 del CPACA (modificado por el
artículo 48 de la Ley 2080 de 2021).”.
3.2. Como punto inicial, el Tribunal destacó que las excepciones presentadas por las
entidades demandadas en realidad constituían argumentos de defensa que debían ser
tratados como parte del fondo del asunto.
Posteriormente, proporcionó un contexto normativo sobre el sistema de protección y
control de la calidad del agua, enfatizando disposiciones relevantes del Decreto 1575
de 2007, que aborda el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), y de la
Resolución 2115 de 2007, la cual establece los criterios para considerar el agua como
potable, incluyendo la fórmula para calcular el índice y la clasificación del nivel de
riesgo.
Luego, al referirse al caso concreto, señaló que el 22 de marzo de 2022, la Secretaría
de Salud de Boyacá presentó un informe consolidando el IRCA promedio de los
acueductos en el Municipio de Tópaga para los años 2019 a 2021. También indicó que
solicitó a la entidad detalles sobre los resultados del índice durante los años 2021 y
2022.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Tras examinar las pruebas mencionadas, el Tribunal concluyó que, desde el año 2020
y especialmente en 2021, el agua fue calificada como potable en la mayoría de los
meses, posiblemente debido a la construcción de una nueva planta de tratamiento de
agua potable, como resultado de contratos firmados por la entidad territorial antes de
la audiencia especial de pacto de cumplimiento. Sin embargo, a partir de octubre de
2021, el índice fluctuó, llegando a un nivel no apto para consumo humano en mayo de
2022.
Además, resaltó las preocupaciones expresadas por la Secretaría de Salud de Boyacá
en el informe del 6 de junio de 2022, sobre la falta de un desarenador, componente
crucial para el tratamiento del agua.
El a quo también evidenció que, aunque las circunstancias específicas variaban en los
acueductos de las veredas, en general, la prestación del servicio afectaba los derechos
colectivos de los usuarios. Destacó que en los acueductos El Portillo, San Juan
Nepomuceno y San Judas Tadeo, la provisión constante y confiable de agua de calidad
adecuada para el consumo humano no estaba garantizada debido a diversos
problemas estructurales y operativos.
En ese orden, encontró que la problemática expuesta afectaba los derechos colectivos
al acceso a servicios públicos eficientes y oportunos, así como a una infraestructura
que garantizara la salubridad pública, en relación con el derecho al agua.
Por lo tanto, consideró necesario emitir órdenes a las entidades demandadas para
garantizar el acceso al agua. Principalmente, atribuyó la responsabilidad al Municipio
de Tópaga y para solucionar el problema también involucró a Emtópaga S.A. E.S.P.,
en su calidad de prestadora, administradora y operadora de la infraestructura municipal
destinada al servicio.
Frente al Departamento de Boyacá aseveró que, pese a que no existía prueba que
permitiera acreditar que éste vulneraba directamente los derechos colectivos
amparados, lo cierto era que debía concurrir en el marco de sus competencias para
materializar las órdenes fijadas en la sentencia de primera instancia, teniendo en
consideración que el Municipio de Tópaga era un ente de sexta categoría y que, por
ende, tenía recursos económicos limitados. En consecuencia, le impartió los mandatos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
dispuestos en los numerales 3.1. a 3.7. de la parte resolutiva de la providencia
recurrida.
Corpoboyacá también fue llamado a participar para garantizar que las medidas
adoptadas fueran integrales y efectivas, de cara a los riesgos que desencadenan la
problemática de falta de potabilidad. Lo anterior, como quiera que, en virtud de lo
previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dicha entidad también es responsable
de la prestación del servicio de acueducto y, conforme con los numerales 6 y 20 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 22 de la Ley 1450 de 2011, se ha admitido que las
corporaciones autónomas regionales pueden realizar inversiones en obras de
infraestructura que garanticen el agua potable.
En relación con la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, dijo que mantendría su
vinculación a fin de que, bajo los principios de coordinación, concurrencia,
complementariedad y subsidiariedad, en el marco de sus competencias y previo
cumplimiento de los trámites legales y reglamentarios que atañen al municipio,
apoyara las medidas que adoptaría.
Finalmente, de oficio, determinó que los particulares vinculados al proceso carecían
de legitimación en la causa, ya que el Municipio de Tópaga demostró haber construido
una nueva planta en un terreno propio, dejando la infraestructura antigua sin uso.
IV. RECURSOS DE APELACIÓN
4.1. El Departamento de Boyacá15 presentó recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia con el que solicitó que se revocara la decisión en lo que
atañe a ese ente territorial y que, como consecuencia, se declaren probadas las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e improcedencia de la
acción, que formuló en el escrito de contestación de la demanda.
Precisó, por una parte, que no es responsable de la vulneración o amenaza de los
derechos e intereses colectivos invocados en la demanda, y por la otra, que no es
competencia del Departamento de Boyacá garantizar la construcción de infraestructura
15 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
para mejorar la calidad del agua en el Municipio de Tópaga. Precisó que no incurrió en
ninguna acción u omisión que hubiese generado un peligro inminente o vulneración de
los derechos e intereses colectivos, pues desde el punto de vista financiero, mediante
la Ordenanza 019 de 2008, adoptó el plan departamental para el manejo empresarial
de los servicios de agua y saneamiento, en el marco del cual el Municipio de Tópaga
podía solicitar apoyo económico para el manejo de agua potable y saneamiento
básico. Y desde el punto de vista técnico, cumplió con la labor de vigilancia y control,
tal y como se evidenciaba de las pruebas allegadas con la contestación de la demanda.
Manifestó su desacuerdo con los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de la parte resolutiva
de la sentencia objeto de apelación, relacionados con la elaboración del mapa de
riesgo de calidad de agua para consumo humano, los análisis de calidad de agua y
realizar las visitas de inspección, vigilancia y control en todos los acueductos urbanos
y rurales que posee el mencionado municipio, toda vez que eran de imposible
cumplimiento, pues la anotada Secretaría no contaba con la capacidad técnica y
operativa efectuar dichas órdenes. Agregó que dicha entidad ha realizado visitas de
inspección y vigilancia que pone en conocimiento de las Juntas Administradoras de los
Acueductos Veredales y del Municipio de Tópaga, pero que éstas sólo cumplían
parcialmente o desacataban los requerimientos y observaciones que les eran
entregados.
Respecto de los numerales 3.6 y 3.7 de la parte resolutiva del fallo impugnado, indicó
que, según el artículo 4 del Decreto 1575 de 2007, el Municipio de Tópaga es el
encargado de formular un proyecto dirigido a la Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá, con el fin de acceder a los recursos que sean necesarios para las
construcciones, adecuaciones y optimización del agua potable, motivo por el cual no
estaba en cabeza del Departamento de Boyacá la obligación, la responsabilidad ni la
competencia de construir un desarenador para la planta de tratamiento de aguas del
acueducto urbano del Municipio de Tópaga y las demás adecuaciones que necesite el
ente territorial para la optimización y puesta en funcionamiento de su acueducto.
4.2. Corpoboyacá16 presentó impugnación en la cual manifestó su desacuerdo con
los numerales 3.1. y 3.7 de la parte resolutiva de la sentencia del 21 de febrero de
16 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
2023. Explicó que no era la responsable de la vulneración o amenaza de los derechos
colectivos objeto del presente medio de control y que las órdenes contenidas en la
sentencia de primera instancia que le fueron impuestas desconocían las competencias
de las entidades que integran el extremo pasivo de la litis.
Manifestó que el mandato relacionado con la actualización del Mapa de Riesgo de
calidad de agua potable y la elaboración de un plan de acción para solventar factores
de riesgo de las fuentes de agua y de cada uno de los puntos de captación de los
acueductos urbano y rurales del Municipio de Tópaga recaían en cabeza de ese ente
territorial, de conformidad con lo previsto en los artículos 311 y 367 de la Carta Política,
así como en lo previsto en los ordinales 10 y 19 del artículo 3º de la Ley 136 de 1994,
el artículo 5º de la Ley 142 de 1994, los numerales 2 y 9 del artículo 8 de la Ley 388
de 1997 y el artículo 76 de la Ley 715 de 2001.
Dijo que: (i) el Departamento de Boyacá ejerce el rol de Gestor del Plan Departamental
de Aguas, y (ii) la implementación y desarrollo de las actividades de control y calidad
del agua para consumo humano correspondía a los Ministerios de la Protección Social
y “de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”17 (Sic), a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, al Instituto Nacional de Salud, a las Direcciones
Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, a las personas prestadoras que
suministran o distribuyen agua para consumo humano y a los usuarios.
Mencionó que, si bien las Corporaciones Autónoma Regionales son las máximas
autoridades ambientales en el área de su jurisdicción, lo cierto era que, frente a la
administración del recurso hídrico, ello se efectuaba a través del otorgamiento de las
respectivas concesiones de agua, conforme a lo señalado en el artículo 88 del Decreto
2811 de 1974, el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y los artículos
2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015. Por ende, respecto a
la orden que le fue impuesta en el numeral 3.1., aseguró que únicamente debe
acompañar a la Secretaría de Salud Departamental cuando realice las visitas de
campo para verificar las zonas y las fuentes hídricas.
17 Visible a folio 4 del recurso de apelación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Por último, argumentó que no puede actuar como juez y parte en la ejecución y/o
actualización del mapa de riesgo de calidad del agua para el consumo humano, el plan
de acción para solventar los factores de riesgo y demás proyectos para garantizar la
disponibilidad del servicio y la calidad adecuada del agua en el Municipio de Tópaga,
toda vez que dichos instrumentos serían evaluados cuando, entre otros, la entidad
territorial y/o la empresa de servicios públicos, realicen los respectivos procedimientos
para obtener una concesión de aguas superficiales ante Corpoboyacá.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA18
Por medio de auto del 17 de mayo de 2023, el Despacho sustanciador admitió los
recursos antes mencionados y prescindió del traslado para alegar de conclusión en
aplicación de lo previsto en numeral 5 del artículo 247 del CPACA, aplicable al presente
asunto por la remisión que autoriza el artículo 44 de la Ley 472 de 1998.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Cuestión previa
Mediante escrito del 29 de mayo de 202419, el Consejero de Estado Germán Eduardo
Osorio Cifuentes puso de presente a la Sala su impedimento para conocer del proceso
de la referencia.
El mencionado Consejero aduce estar incurso en la causal de impedimento prevista
en el numeral 3° del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo20. Manifestó que su hermano José Fernando Osorio
Cifuentes, se encuentra vinculado a la Procuraduría General de la Nación, en calidad
de Procurador Judicial II, y este ente funge como parte demandante en el expediente
de la referencia.
18 Todo el trámite obra en el expediente digital en SAMAI.
19 Visible en el índice núm. 14 de Samai.
20 Aplicable al presente trámite por remisión del artículo 44 de la Ley 472 de 1998.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
En ese orden, la Sala debe establecer si el cargo del señor José Fernando Osorio
Cifuentes corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en dicha entidad, pues el
fundamento de la causal de impedimento es precisamente que “el cónyuge,
compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor, o ejecutivo en una de
las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de
tercero interesado”.
Pues bien, en el Decreto 264 de 2000 se establece el sistema de clasificación,
nomenclatura y la naturaleza de las funciones de los empleos de la Procuraduría
General de la Nación, particularmente en su artículo 3° se indicó: nivel directivo, nivel
asesor, nivel ejecutivo, nivel profesional, nivel técnico, nivel administrativo y nivel
operativo.
En el artículo 7° se identificó la nomenclatura aplicable a partir de la clasificación
anterior, en la que se advierte que el cargo de Procurador Judicial II pertenece al nivel
profesional:
“NIVEL PROFESIONAL
Procurador Judicial II
Procurador Judicial I
Profesional Universitario”
No obstante, en una decisión reciente de la Sala Plena21 en la cual se abordó la
manifestación de impedimento de los Consejeros de Estado Nicolás Yepes Corrales y
Fredy Ibarra Martínez, se dispuso que en los casos de los Procuradores Judiciales II,
debe acudirse a un criterio funcional y que según lo indicado en el artículo 4° del
mencionado Decreto 264 de 2000, se establece que son cargos directivos aquellos
que actúen en representación del Procurador General de la Nación.
En ese orden, se precisó que como de acuerdo a lo señalado en los artículos 277 y
280 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262
de 2000, los Procuradores Judiciales II cumplen esta función, se entiende que hacen
21 Providencia del 8 de agosto de 2023, radicado: 110010315000202300871 00, CP Martha Nubia
Velásquez Rico.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
parte del nivel directivo y en consecuencia, la Sala debía declararse fundado el
impedimento manifestado por estos Consejeros.
Bajo esa perspectiva, siendo que la situación fáctica planteada por el Consejero de
Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes es similar a la descrita, se declarará
fundado el impedimento, pues se configura la causal dispuesta en el numeral 3° del
artículo 130 del CPACA., y en consecuencia se separará del conocimiento del asunto
bajo examen.
6.2. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de
1998, el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo
de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de
los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales
Administrativos en las acciones populares.
6.3. Planteamiento
La Sala advierte que las partes están de acuerdo en la vulneración de los derechos
colectivos alegados en la demanda, la cual surge de la falta de disponibilidad
permanente y de calidad adecuada del agua que consumen los habitantes del
Municipio de Tópaga.
Las discrepancias planteadas por los recurrentes se encuentran relacionadas con su
responsabilidad en la vulneración de dichos derechos y con su competencia para
cumplir con las órdenes de protección impartidas por el Tribunal.
En efecto, en cuanto al primer punto, el Departamento de Boyacá es del parecer que
no es la responsable de la vulneración de los derechos colectivos, como quiera que ya
emitió la Ordenanza 019 de 2008, por la cual adoptó el plan departamental para el
manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento, y que, con base en ese
instrumento, el Municipio podía pedir la financiación de las obras que fueron ordenadas
a su cargo. Mientras que, para el fallador de primera instancia, tanto el Departamento
como la citada autoridad ambiental deben concurrir con el Municipio de Tópaga en la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
ejecución de los mandatos dispuestos en la parte resolutiva de la decisión apelada,
atendiendo a sus competencias constitucionales y legales en la materia, y a que dicho
Municipio es de sexta categoría y, por ende, cuenta con recursos económicos
limitados.
De otro lado, en cuanto a la discusión sobre la competencia, el Departamento de
Boyacá es del criterio que debe ser excluido de las órdenes contenidas en los
numerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 y 3.7 del fallo recurrido, toda vez que: (i) la Secretaría
de Salud de ese Departamento no tenía capacidad técnica y operativa para realizar la
inspección de todos los acueductos veredales del Municipio, y (ii) no tiene facultades
para ejecutar un proyecto que permita acceder a los recursos necesarios para la
construcción de un desarenador para la planta de tratamiento del Municipio de Tópaga
y las demás actuaciones que se requieran para el mantenimiento y puesta en
funcionamiento de dicha planta, dado que, a su juicio, tales actividades se enmarcan
en las atribuciones de las que es titular el citado Municipio, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 4 del Decreto 1575 de 2007. Mientras que, para el fallador de primera
instancia, dicho Departamento sí tiene competencias para llevar a cabo los mandatos
dispuestos en la sentencia de primera instancia en virtud de los principios de
coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, así como en lo
previsto en el Decreto 1575 de 2007.
Por su parte, Corpoboyacá refiere que no es responsable al no tener competencia para
cumplir los mandatos previstos en los numerales 3.1. y 3.7. de la parte resolutiva de la
decisión de primera instancia, toda vez que: (i) son deberes a cargo de los Ministerios
de Protección Social y de “Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”22 (Sic), la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Instituto Nacional de Salud,
las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales de Salud y las personas
que suministran el servicio acueducto, y (ii) no podía actuar como juez y parte, debido
a que el mapa de riesgo de calidad de agua debe ser evaluado cuando se realicen los
procedimientos para obtener una concesión de aguas superficiales. Entre tanto, para
el Tribunal dicha autoridad ambiental sí es competente para concurrir en la ejecución
de las órdenes impartidas en la decisión de primera instancia, en aplicación de lo
22 Visible a folio 4 del recurso de apelación de Corpoboyacá
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
dispuesto en los numerales 6 y 20 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 22 de la Ley
1450 de 2011.
6.4. De la controversia sobre la responsabilidad de las entidades recurrentes
6.4.1. En relación con el Departamento de Boyacá
En este punto se tendrá que verificar si es responsable un Departamento de la
vulneración de los derechos colectivos, surgida por la falta de disponibilidad y calidad
del agua que consumen los habitantes de un municipio, si la recurrente alega que,
dentro del ámbito de sus competencias, ha adoptado las medidas técnicas y
financieras para la superación de dicha circunstancia.
Lo primero que observa la Sala es que el Departamento funda su inconformidad en la
declaración de responsabilidad de la que fue objeto en el fallo del cual se aparta. No
obstante, es preciso indicar que, como puede constatarse en la cita dispuesta en el
numeral en el numeral 3.1. de esta providencia, a pesar de que en el numeral segundo
de la sentencia de primera instancia el Tribunal declaró vulnerados los derechos
colectivos de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, al acceso de una infraestructura que garantice la salubridad pública de los
habitantes de Tópaga, lo cierto es que no atribuyó la responsabilidad correspondiente
a ninguna de las entidades demandadas23. De ahí que, a efectos de determinar si el
Departamento de Boyacá fue señalado como uno de los responsables de la
vulneración de los mencionados derechos, deba acudirse a la parte motiva de esa
decisión.
En ese orden, el Tribunal indicó expresamente que no existía prueba que permitiera
acreditar que al Departamento de Boyacá le fuera atribuible esa circunstancia, pero
que, a pesar de ello, en virtud de las competencias asignadas a ese ente, este último
23 En efecto, el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia es del
siguiente tenor: “SEGUNDO: DECLARAR la vulneración de los derechos colectivos de los habitantes
del municipio de Tópaga al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna,
y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, de acuerdo con el
análisis que efectúa esta sentencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
debía auxiliar al Municipio de Tópaga en la realización de un proyecto que permitiera
superar la problemática objeto de controversia.
En efecto, en la sentencia recurrida se indicó:
“103. El Departamento de Boyacá mostró en este proceso el cumplimiento
permanente de su función de vigilancia sanitaria, como, por ejemplo, con las
inspecciones, toma de muestras y entrega de resultados de cara a la medición del
IRCA, el IRABA y las BPS. No obstante, el Consejo de Estado ha considerado que
esas actividades no son suficientes, ya que dicha entidad, para exonerarse de
responsabilidad, debe demostrar “acciones eficaces de control y vigilancia y de
apoyo y coordinación frente a la problemática”:
“(…) si bien se encuentra acreditado dentro del expediente que el
departamento de Bolívar, a través de su Secretaría de Salud Departamental,
y concretamente desde el año 2007 y hasta el año 2018, por conducto del
Laboratorio Departamental de Salud Pública de Bolívar, ha llevado a cabo
múltiples análisis de muestras del agua potable suministrada a los habitantes
del municipio de San Cristóbal, y que sus resultados han sido informados al
INS, es claro que el accionar del ente territorial solo se ha limitado a ello,
sin que haya acreditado acciones eficaces de control y vigilancia y de
apoyo y coordinación frente a la problemática que presenta el citado
municipio del mismo departamento.
(…)
XII.2.1.9. Para la Sala, de conformidad con las pruebas obrantes en el
expediente, el ente territorial departamental, con su actuar omisivo, ha
permitido la afectación de los derechos colectivos invocados en la demanda,
aún sin ser el directamente responsable de la prestación del servicio de
acueducto, la cual se encuentra a cargo del municipio de San Cristóbal y de
la empresa ASOAGUAS E.S.P. Tal afirmación se deriva al hecho constatable
en que el departamento de Bolívar limitó sus actuaciones a la
realización de informes de análisis de la calidad del agua para consumo
humano en dicho municipio, sin desplegar otras acciones que
conduzcan a propiciar la modificación de tan precaria situación.
XII.2.1.10. En ese orden de ideas, no ha de prosperar el primer motivo de
inconformidad invocado por el departamento de Bolívar al recurrir la
sentencia (…)” (Subraya y negrilla fuera del texto original)
104. En este orden de ideas, pese a que no hay prueba de que el Departamento
de Boyacá vulnerara directamente los derechos colectivos, por ejemplo, por la
inejecución de apoyos o proyectos previamente definidos para solventar sus
problemáticas, debe concurrir en el marco de sus competencias para materializar
dichas acciones eficaces, máxime teniendo en cuenta la capacidad institucional de
los municipios de sexta categoría, como Tópaga, como lo expone el Consejo de
Estado:
“(…) La Sala no encuentra improcedente que el Tribunal Administrativo de
Casanare haya optado por mantener vinculado al Departamento de
Casanare para efectos del cumplimiento del fallo de primera instancia, por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
las siguientes razones: i) por la incertidumbre acerca de la capacidad del
Municipio de Pore para financiar de manera autónoma el sistema de
provisión de agua potable para la Vereda Alatamira; ii) dada la importancia
del grupo de derechos colectivos y fundamentales vulnerados; iii) atendiendo
la intensidad de su afectación por la carencia de agua potable; y iv) en razón
de que por las funciones constitucionales y legales que le asisten al
departamento de Casanare en cuanto a la prestación de servicios públicos
domiciliarios, el juez popular, en virtud de su obligación de garantizar el goce
efectivo de los derechos e intereses colectivos, debe tomar las medidas
idóneas para hacer cesar el agravio y/o remover la amenaza o el peligro de
los mismos.
En otras palabras, el haber mantenido vinculado al Departamento de
Casanare (y a otras entidades de orden público) para efectos del
cumplimiento de la sentencia, constituye una medida idónea para garantizar
el goce efectivo del conjunto de derechos de la comunidad de Altamira,
debido a que, aun cuando no exista prueba de que aquel haya
contribuido con el menoscabo de los derechos invocados, el
ordenamiento jurídico también le asignó obligaciones en materia de
prestación de servicios públicos, de planificación y promoción del
desarrollo económico y social dentro de su territorio, razón por la cual
no resulta admisible, desde el punto de vista del derecho sustancial, que se
hubiera declarado en su favor la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que no obra plena prueba sobre la
posibilidad del Municipio de Pore para ejercer sus competencias como es
debido. (…)”(Subraya y negrilla fuera del texto original)”24 (Negrillas dentro
del texto, subrayas de la Sala).
En consecuencia, es claro que la premisa del cargo no es cierta, pues el Tribunal no
declaró al Departamento de Boyacá como responsable de la vulneración de los
derechos colectivos en el asunto de la referencia.
Súmese a lo expuesto que, como se vio, en la sentencia de primera instancia se
reconoció que dicho ente había desplegado distintas tareas administrativas y técnicas
a efectos de superar la problemática objeto de controversia, entre las cuales se
destaca las labores de inspección del agua que es suministrada en el Municipio de
Tópaga, así como la emisión de la Ordenanza 019 de 2008, por la cual el
Departamento de Boyacá, adoptó el plan departamental para el manejo empresarial
de los servicios de agua y saneamiento, en el marco del cual el Municipio de Tópaga
podía solicitar apoyo financiero para el manejo de agua potable y saneamiento básico.
Sin embargo, en criterio de la Sala, esas actividades no han resultado suficientes para
solventar la problemática en el asunto de la referencia, pues en la actualidad continúan
los problemas relacionados con el suministro del agua potable concernientes a la mala
24 Visible a folios 22 y 23 de la sentencia recurrida.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
calidad de ésta; de ahí que ese Departamento, en el marco de sus competencias, deba
apoyar al mencionado ente y su empresa de servicios públicos en la materialización
de los mandatos de la sentencia de primera instancia, tal y como se verá en el punto
6.4.1. de esta providencia.
En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
6.5. De la controversia sobre la competencia de las entidades recurrentes
6.5.1. Del Departamento de Boyacá
En este punto tendrá que definirse si es competente un Departamento para: (i)
actualizar el mapa de riesgo de calidad de agua y consumo de un Municipio y gestionar
y solventar factores de riesgo de las fuentes aferentes de los acueductos, (ii) remitir
copia de los informes de los análisis físicos, químicos y microbiológicos de las redes
de distribución de los acueductos, (iii) realizar visitas de inspección sanitaria a la
infraestructura de todos los acueductos, y (iv) consolidar un concepto sanitario integral.
A efectos de resolver dicho interrogante, se aludirá a las competencias en materia de
y control de la calidad del recurso hídrico por parte de los Departamentos, y
posteriormente se determinará si el ente recurrente tiene potestades para cumplir con
las mencionadas órdenes que se encuentran previstas en los numerales 3.1. a 3.4. del
fallo recurrido.
6.5.1.1. Al respecto, debe indicarse que a través del Decreto 1575 de 2007, “por
el cual se establece el Sistema para la protección y control de calidad del agua para
consumo humano”, el Gobierno Nacional estableció los mecanismos para monitorear,
prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causadas por su consumo.
En el artículo 4 ibidem se estableció que eran responsables de las actividades de
control de la calidad del recurso hídrico, entre otras, las Direcciones Departamentales
de Salud; veamos:
“Artículo 4°. Responsables. La implementación y desarrollo de las actividades de
control y calidad del agua para consumo humano, será responsabilidad de los
Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Instituto Nacional de
Salud, las Direcciones Departamentales Distritales y Municipales de Salud, las
personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano
y los usuarios, para lo cual cumplirán las funciones indicadas en los artículos
siguientes.” (Subrayas de la Sala).
A su vez, el artículo 8 ibídem, contempló las siguientes responsabilidades a cargo de
las Secretarías Departamentales de Salud:
“Artículo 8°. Responsabilidad de las direcciones departamentales, distritales
y municipales de salud. Las direcciones territoriales de salud como autoridades
sanitarias de los departamentos, distritos y municipios, ejercerán la vigilancia sobre
la calidad del agua para consumo humano. Para ello desarrollarán las siguientes
acciones:
1. Consolidar y registrar en el sistema de registro de vigilancia de calidad del agua
para consumo humano los resultados de los análisis de las muestras de agua para
consumo humano exigidas en el presente decreto, de acuerdo con los lineamientos
que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social.
2. Correlacionar la información recolectada del control y vigilancia de la calidad del
agua para consumo humano con la información de morbilidad y mortalidad
asociada a la misma y determinar el posible origen de los brotes o casos
reportados en las direcciones territoriales de salud, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 3518 de 2006 sobre vigilancia en salud pública o la
norma que la modifique, adicione o sustituya.
3. Realizar la supervisión a los sistemas de autocontrol de las personas
prestadoras de acuerdo con los protocolos que definan los Ministerios de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la Protección Social.
4. Practicar visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua
para consumo humano, con la periodicidad requerida conforme al riesgo. De cada
visita se diligenciará el formulario único de acta, que para su efecto expedirá el
Ministerio de la Protección Social, en la cual quede constancia del cumplimiento
de las Buenas Prácticas Sanitarias encontradas en el sistema de suministro de
agua para consumo humano objeto de la inspección.
5. Realizar la vigilancia de las características físicas, químicas y microbiológicas
del agua, como también de las características adicionales definidas en el mapa de
riesgo, tanto en la red de distribución como en otros medios de suministro de la
misma, según se establezca en la reglamentación del presente decreto.
6. Velar por el cumplimiento de la franja de seguridad para la aplicación de
plaguicidas en las cuencas que abastecen los acueductos municipales, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1843 de 1991 o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya, mediante el cual se regula el uso y manejo de los
plaguicidas, en coordinación con las Autoridades Ambientales y las personas
prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano.
7. Calcular los índices de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano,
IRCA, y reportar los datos básicos del Índice de Riesgo Municipal por
Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, Irabam, al Subsistema de
Calidad de Agua Potable, Sivicap, de su jurisdicción, teniendo en cuenta la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
información recolectada en la acción de vigilancia, de acuerdo con las frecuencias
que para tal efecto se establezcan.
8. Expedir, a solicitud del interesado, la certificación sanitaria de la calidad del agua
para consumo humano en su jurisdicción, para el período establecido en la
solicitud, teniendo en cuenta los siguientes elementos de análisis:
a) El concepto sanitario a partir de las actas de visita de inspección sanitaria;
b) El análisis comparativo de los resultados analíticos de laboratorio de las
características físicas, químicas y microbiológicas del agua, realizados por las
prestadoras del suministro y distribución de agua para consumo humano y por las
autoridades sanitarias;
c) La evaluación de los índices de riesgo de calidad de agua y por abastecimiento
municipal.
9. Las autoridades sanitarias municipales categorías 1, 2 y 3, deben coordinar las
acciones de vigilancia del agua para consumo humano con la autoridad sanitaria
departamental de su jurisdicción. Así mismo, deberán suministrar a la autoridad
sanitaria departamental de su jurisdicción, para su consolidación y registro, los
resultados de la calidad de agua, de los índices de riesgo de calidad y por
abastecimiento de agua y actas de visita de inspección sanitaria a los sistemas de
suministro de agua para consumo humano de su competencia.
10. Realizar inspección, vigilancia y control a los laboratorios que realizan análisis
físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano.
Parágrafo 1°. Los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial expedirán el acto administrativo dirigido a regular la vigilancia
de la calidad física, química y microbiológica del agua para consumo humano por
parte de las autoridades sanitarias, en un plazo no mayor a un (1) mes contado a
partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, la cual deberá tener
en cuenta como mínimo, los niveles, frecuencias y número de muestras a analizar,
de acuerdo con la población atendida y el mapa de riesgo.
Parágrafo 2°. Los laboratorios de salud pública podrán prestar servicios de
análisis a otras personas naturales, jurídicas, públicas o privadas mediante
contratos o pagos por análisis efectuados, siempre y cuando no interfiera con las
labores asignadas de vigilancia y control a los sistemas de suministro de agua para
consumo humano.” (Subrayas de la Sala).
Por su parte, el artículo 15 del Decreto 1575 de 2007 determinó que las autoridades
sanitarias y ambientales son competentes para elaborar el mapa de riesgo de calidad
del agua para consumo humano, tal y como puede evidenciarse enseguida:
“Artículo 15. Mapa de riesgo de la calidad de agua para consumo humano. La
autoridad sanitaria departamental o distrital y la autoridad ambiental competente
serán las responsables de elaborar, revisar y actualizar el Mapa de Riesgo de
Calidad del Agua para Consumo Humano de los sistemas de abastecimiento y de
distribución en la respectiva jurisdicción. Para tal efecto, deberán coordinar con los
Comités de Vigilancia Epidemiológica Departamentales, Distritales y Municipales,
Coves, con las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
consumo humano y con la administración municipal; la identificación de los factores
de riesgo y las características físicas, químicas y microbiológicas de las fuentes de
agua aferentes a las captaciones de acueducto que puedan afectar la salud
humana, contribuyendo con ello a las acciones de inspección, vigilancia y control
por parte de las autoridades competentes.
La revisión y actualización del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para
Consumo Humano de los sistemas de abastecimiento y red de distribución de la
respectiva jurisdicción, se hará anualmente con base en la información
suministrada por las autoridades ambientales competentes y Secretarías de
Planeación Municipal, según las normas legales vigentes.
Para la elaboración de los Mapas de Riesgo, se deberá tener en cuenta, entre
otros aspectos, los usos del suelo definidos en el respectivo Plan de Ordenamiento
Territorial, POT, y el ordenamiento de las cuencas realizado por las autoridades
ambientales competentes.
Parágrafo. Los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial expedirán, en un plazo no mayor a un (1) año contado a partir
de la fecha de publicación del presente decreto, el acto administrativo para la
elaboración de los Mapas de Riesgo, el cual contendrá las condiciones, recursos
y obligaciones mínimas que se deban cumplir.” (Subrayas de la Sala)
6.5.1.2. En tal contexto, es claro que el Departamento de Boyacá sí cuenta con
potestades para cumplir las órdenes señaladas en los numerales 3.1. a 3.4. de la
sentencia de primera instancia en virtud de lo previsto en los artículos 4, 8 y 15 del
Decreto 1575 de 2007.
Es por ello que no es de recibo el argumento señalado por ese ente según el cual su
Secretaría de Salud no tiene la capacidad operativa y técnica para vigilar a todos los
acueductos de ese Departamento y que por eso se encuentra imposibilitado para
cumplir lo ordenado por el Tribunal, dado que, como se vio, dichas órdenes no hacen
otra cosa que reiterar las obligaciones legales a su cargo y, además, su acatamiento
involucra derechos de rango constitucional como lo son los colectivos amparados en
la sentencia de primera instancia; de ahí que el recurrente se encuentre en la
obligación de adelantar todas las actividades operativas, contractuales y
administrativas, que le permitan cumplir con dichos mandatos fijados por el a quo.
Por ende, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
6.5.1.3. De otro lado, deberá verificarse si es competente un Departamento para
apoyar a un Municipio y a su empresa de servicios públicos en: (i) la elaboración de
un estudio técnico en el que se identifiquen las deficiencias de todos los sistema de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
suministro de agua y un análisis de la necesidad en la construcción de un desarenador
para la planta de tratamiento urbana, y (ii) adelantar las acciones que surjan de los
estudios previstos en el anterior punto, de modo que se garantice la calidad y
disponibilidad del servicio de forma permanente.
Así las cosas, es pertinente referirse a las competencias en materia de prestación de
los servicios públicos por parte de los Departamentos y, posteriormente, a las anotadas
órdenes que se encuentran fijadas en los numerales 3.6. y 3.7. de la parte resolutiva
de la decisión impugnada.
6.5.1.3.1. Así las cosas, resulta oportuno señalar que artículo 288 Superior dispuso
que “Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley.” Así, el artículo 298 ibidem expuso que “los
departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.”
A su vez, el artículo 3 de la Ley 1551 de 201225 definió los principios de coordinación,
concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, en los siguientes términos:
“Artículo 3º. El artículo 4º de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 4º. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial
y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de
otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles
tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer
en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.
25 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y
hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de
categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la
capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las
entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de
inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán
hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios;”
En ese sentido, es preciso indicar que, conforme con el artículo 7º de la Ley 142 de
1994, a los Departamentos, en observancia de los principios de coordinación y
complementariedad con los Municipios, les corresponde auxiliarlos cuando por
razones técnicas y económicas sea necesario, en la prestación de los servicios
públicos26.
Entre tanto, el artículo 74 de la Ley 715 de 2001 determinó que los Departamentos, en
cumplimiento de los anotados principios están en deber de:
“Artículo 74. Competencias de los departamentos en otros sectores. Los
Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su
territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:
26 “Artículo 7o. Competencia de los departamentos para la prestación de los servicios
públicos. Son de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las
siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los
reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas:
7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía eléctrica, por
parte de empresas oficiales, mixtas o privadas.
7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen
en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las
empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las
funciones de su competencia en materia de servicios públicos.
7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover,
cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, <sic> la organización de asociaciones de
municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos
para el mismo efecto.
7.4. Las demás que les asigne la ley.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios
públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o
municipales de interés departamental.”
Bajo tal contexto normativo, es claro para la Sala que la prestación de los servicios
públicos en el régimen colombiano parte de la posibilidad de que el interesado en
llevarlo a cabo puede desarrollar esa actividad, independientemente de cuál sea la
naturaleza de sus recursos (pública o privada), y que el Municipio deberá asegurar que
se efectúe de manera eficiente; en tanto que los Departamentos ostentan potestades
de carácter complementario, es decir, deben auxiliar a los municipios en esa materia,
cuando así lo requieran.
Además, resulta oportuno señalar que el sistema contempló toda una articulación de
entidades encargadas de asegurar la correcta prestación de este tipo de servicios dada
su importancia en el concierto cotidiano de los asociados, erigiendo a la
Superintendencia de Servicios Públicos como el ente de control, inspección y
vigilancia, obligación que deriva del artículo 370 de la Carta Política por delegación del
Presidente; disposición desarrollada por la Ley 142 de 1994, en cuyo artículo 76 se
creó a la anotada Superintendencia27, como un organismo técnico, con personería
jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, cuya función de policía administrativa
en el sector ha sido reconocida por la jurisprudencia28.
De otro lado, y con miras a la verificación sobre la adopción de un adecuado esquema
tarifario, también se concibió un órgano cuya tarea fuese evitar el abuso de posición
dominante y emitir las políticas regulatorias de administración y control de eficiencia
en el campo de los servicios públicos, así como promover la competencia, regular
monopolios y resolver los conflictos que se presenten entre las distintas empresas
prestadoras de servicios públicos, dejando ello en manos de las Comisiones de
Regulación, también por delegación de las funciones asignadas por el artículo 370
27 “Artículo 76. Creación y naturaleza. Créase la superintendencia de servicios públicos domiciliarios,
como un organismo de carácter técnico, adscrito al ministerio de desarrollo económico, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonial.”
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 20 de
febrero de 2020. Proceso radicado número: 13001 23 31 000 2010 00898 01. Consejera Ponente: Nubia
Garzón Peña Garzón.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Superior al Presidente de la República. Los artículos 68 y 73 de la Ley 142 de 199429
previeron dichas potestades.
29
“Artículo 68. Delegación de funciones presidenciales a las comisiones. El Presidente de la
República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios
públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a
los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si
decide delegarlas, en los términos de esta Ley.
“Artículo 73. Funciones y facultades generales. Las comisiones de regulación tienen la función de
regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de
hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios
públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente
eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Para ello
tendrán las siguientes funciones y facultades especiales: 73.1. Preparar proyectos de ley para someter a la consideración del gobierno, y recomendarle la
adopción de los decretos reglamentarios que se necesiten. 73.2. Someter a su regulación, a la vigilancia del Superintendente, y a las normas que esta Ley contiene
en materia de tarifas, de información y de actos y contratos, a empresas determinadas que no sean de
servicios públicos, pero respecto de las cuales existan pruebas de que han realizado o se preparan para
realizar una de las siguientes conductas:
a) Competir deslealmente con las de servicios públicos;
b) Reducir la competencia entre empresas de servicios públicos;
c) Abusar de una posición dominante en la provisión de bienes o servicios similares a los que éstas
ofrecen. 73.3. Definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar la gestión
financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar las evaluaciones
que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. 73.4. Fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas de servicios públicos en la
prestación del servicio. 73.5. Definir en qué eventos es necesario que la realización de obras, instalación y operación de equipos
de las empresas de servicios públicos se someta a normas técnicas oficiales, para promover la
competencia o evitar perjuicios a terceros, y pedirle al ministerio respectivo que las elabore, cuando
encuentre que son necesarias. 73.6. Establecer la cuantía y condiciones de las garantías de seriedad que deben prestar quienes
deseen celebrar contratos de aporte reembolsable. 73.7. Decidir los recursos que se interpongan contra sus actos, o los de otras entidades, en los casos
que disponga la ley en lo que se refiere a materias de su competencia. 73.8. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre empresas, por
razón de los contratos o servidumbres que existan entre ellas y que no corresponda decidir a otras
autoridades administrativas. La resolución que se adopte estará sujeta al control jurisdiccional de
legalidad. 73.9. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre empresas, y que
no corresponda decidir a otras autoridades administrativas, ¿acerca de quién debe servir a usuarios
específicos, o en qué regiones deben prestar sus servicios. La resolución que se adopte estará sujeta
al control jurisdiccional de legalidad. La resolución debe atender, especialmente, al propósito de
minimizar los costos en la provisión del servicio. 73.10 Dar concepto sobre la legalidad de las condiciones uniformes de los contratos de servicios
públicos que se sometan a su consideración; y sobre aquellas modificaciones que puedan considerarse
restrictivas de la competencia. Las comisiones podrán limitar, por vía general, la duración de los
contratos que celebren las empresas de servicios públicos, para evitar que se limite la posibilidad de
competencia.
73.11 Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello
corresponda según lo previsto en el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para
que la fijación de las tarifas sea libre. 73.12. Determinar para cada bien o servicio público las unidades de medida y de tiempo que deben
utilizarse al definir el consumo; y definir, con bases estadísticas y de acuerdo con parámetros técnicos
medibles y verificables, apropiados para cada servicio, quiénes pueden considerarse "grandes
usuarios".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
6.5.1.3.2. En tal contexto, frente a los mandatos previstos en los numerales 3.6. y
3.7. del proveído apelado, lo que observa la Sala es que con éstos se busca la
elaboración de un estudio técnico y la realización de los proyectos que éste arroje y
cuya finalidad no es otra que asegurar que el suministro de ese líquido sea en
condiciones de calidad y permanencia. De ahí que sean acordes a las mencionadas
73.13. Ordenar que una empresa de servicios públicos se escinda en otras que tengan el mismo objeto
de la que se escinde, o cuyo objeto se limite a una actividad complementaria, cuando se encuentre que
la empresa que debe escindirse usa su posición dominante para impedir el desarrollo de la competencia
en un mercado donde ella es posible; o que la empresa que debe escindirse otorga subsidios con el
producto de uno de sus servicios que no tiene amplia competencia a otro servicio que sí la tiene; o, en
general, que adopta prácticas restrictivas de la competencia. 73.14. Ordenar la fusión de empresas cuando haya estudios que demuestren que ello es indispensable
para extender la cobertura y abaratar los costos para los usuarios. 73.15. Determinar cuándo una empresa oficial, pública o un municipio que presta en forma directa los
servicios no cumple los criterios e indicadores de eficiencia que determine y ordenar al municipio la
entrega de la prestación de los servicios a un tercero. 73.16. Impedir que quienes captan o producen un bien que se distribuye por medio de empresas de
servicios públicos adopten pactos contrarios a la libre competencia en perjuicio de los distribuidores; y
exigir que en los contratos se especifiquen los diversos componentes que definen los precios y tarifas. 73.17. Dictar los estatutos de la comisión y su propio reglamento, y someterlos a aprobación del
Gobierno Nacional. 73.18. Pedir al Superintendente que adelante las investigaciones e imponga las sanciones de su
competencia, cuando tenga indicios de que alguna persona ha violado las normas de esta Ley. 73.19. Resolver consultas sobre el régimen de incompatibilidades e inhabilidades al que se refiere esta
Ley. 73.20. Determinar, de acuerdo con la ley, cuándo se establece el régimen de libertad regulada o libertad
vigilada o señalar cuándo hay lugar a la libre fijación de tarifas. 73.21. Señalar, de acuerdo con la ley, criterios generales sobre abuso de posición dominante en los
contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a
facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación de la empresa con el usuario. 73.22. Establecer los requisitos generales a los que deben someterse las empresas de servicios
públicos para utilizar las redes existentes y acceder a las redes públicas de interconexión; así mismo,
establecer las fórmulas tarifarias para cobrar por el transporte e interconexión a las redes, de acuerdo
con las reglas de esta Ley. 73.23. Definir cuáles son, dentro de las tarifas existentes al entrar en vigencia esta Ley, los factores que
se están aplicando para dar subsidios a los usuarios de los estratos inferiores, con el propósito de que
esos mismos factores se destinen a financiar los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, y
cumplir así lo dispuesto en el numeral 87.3 De esta Ley. 73.24. Absolver consultas sobre las materias de su competencia. 73.25. Establecer los mecanismos indispensables para evitar concentración de la propiedad accionaria
en empresas con actividades complementarias en un mismo sector o sectores afines en la prestación
de cada servicio público. 73.26. Todas las demás que le asigne la ley y las facultades previstas en ella que no se hayan atribuido
a una autoridad específica. Salvo cuando esta Ley diga lo contrario en forma explícita, no se requiere autorización previa de las
comisiones para adelantar ninguna actividad o contrato relacionado con los servicios públicos; ni el
envío rutinario de información. Pero las comisiones, tendrán facultad selectiva de pedir información
amplia, exacta, veraz y oportuna a quienes prestan los servicios públicos a los que esta Ley se refiere,
inclusive si sus tarifas no están sometidas a regulación. Quienes no la proporcionen, estarán sujetos a
todas las sanciones que contempla el artículo 81 de la presente Ley.
En todo caso, las comisiones
podrán imponer por sí mismas las sanciones del caso, cuando no se atiendan en forma adecuada sus
solicitudes de información.”
Las normas de esta Ley que se refieren a las comisiones de regulación se aplicarán si el Presidente
resuelve delegar la función aludida; en caso contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se
atribuyen a las comisiones.” (Subrayas de la Sala).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
potestades legales y constitucionales asignadas al Departamento de Boyacá, así como
a los principios de coordinación y concurrencia.
Prueba de lo anterior es que inclusive en la sentencia de primera instancia, el Tribunal
únicamente dispuso que sería necesaria la actuación del Departamento de Boyacá, de
la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá y Corpoboyacá, si el Municipio de Tópaga
y Emtópaga requerían de ayuda en aspectos que excedieran su capacidad, tal como
la económica. De ahí que, en virtud de los principios de coordinación y concurrencia,
deban brindar asistencia al Municipio si éste así lo solicita.
En efecto, en la parte motiva de la decisión de primera instancia se dijo:
“128. Asimismo, debido a que al parecer las estructuras de los acueductos tienen
falencias, el Municipio de Tópaga y Emtópaga S.A. E.S.P., con el apoyo y
acompañamiento del Departamento de Boyacá y de la ESPB S.A. E.S.P., deberán
elaborar un estudio técnico que identifique las falencias físicas de todos los
sistemas de suministro de agua, que influyen negativamente en los índices IRCA
e IRABA, teniendo en cuenta las recomendaciones que efectúe la Secretaría de
Salud de Boyacá en sus informes (incluyendo las BPS) y el concepto sanitario
integral (incluyendo especialmente el análisis de la necesidad de construir un
desarenador para la PTAP del acueducto urbano).
129. Consecuencialmente, aquellas entidades, así como el Departamento de
Boyacá, la ESPB S.A. E.S.P. y Corpoboyacá, bajo los principios de coordinación,
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, deberán adelantar las
gestiones que correspondan y ejecutar en su totalidad las acciones que surjan
producto del estudio técnico. Estas deberán encaminarse a garantizar la
disponibilidad del servicio y la calidad adecuada del agua de forma permanente.
130. Se aclara que la actuación del Departamento de Boyacá, la ESPB S.A. E.S.P.
y Corpoboyacá en este punto se activará si el Municipio de Tópaga y Emtópaga
S.A. E.S.P. acreditan que requieren de ella para lograr el cumplimiento de la
sentencia y frente a los aspectos que excedan su capacidad o en los que precisen
complementarla” 30 (Subrayas de la Sala).
En consecuencia, al acreditarse que el Departamento de Boyacá sí es competente
para cumplir las órdenes que le fueron asignadas en la sentencia de primera instancia,
el cargo no tiene vocación de prosperidad.
6.6. De la controversia sobre las órdenes a Corpoboyacá
30 Visible a folios 27 y 28 de la sentencia de primera instancia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Antes de resolver el recurso de alzada presentado por la autoridad ambiental citada,
la Sala observa que, en su apelación alega no tener responsabilidad en la vulneración
de los derechos colectivos invocados en la demanda, por virtud de que el orden jurídico
no le ha atribuido competencia para cumplir con las órdenes impuestas por el Tribunal;
veamos:
“Se destaca que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá no es la
responsable de la vulneración o amenaza de los derechos colectivos objeto del
presente medio de control y las órdenes contenidas en la sentencia de primera
instancia impuestas a la Corporación, desconocen el marco de competencias de
las entidades que integran el extremo pasivo.
(…)
En consecuencia, de acuerdo a las funciones establecidas por el legislador en
cabeza de la Corporaciones Autónomas Regionales como máximas autoridades
ambientales en el área de su jurisdicción, se puede precisar que en lo que refiere
a la administración del recurso hídrico, se efectúa entre otras, a través del
otorgamiento de las respectivas concesiones de agua, ya sea superficial o
subterránea, conforme lo dispone el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, Ley 99
de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, en donde las Corporaciones se encargan
de verificar las condiciones ambientales y de oferta y demanda del recurso, los
requisitos que deben cumplir los beneficiarios para la utilización de las fuentes, con
el fin de garantizar su protección e imponer las obligaciones pertinentes para que
se haga un uso adecuado del recurso para su conservación y no como lo ordenó
el Tribunal para actuar como parte en la elaboración y ejecución de proyectos y/o
programas se serán objeto de evaluación por la misma autoridad ambienta
Por los argumentos esgrimidos con antelación, y atendiendo principalmente
que no le es dable a la Autoridad Ambiental que represento, dar cumplimiento
a las ordenes establecidas en los numerales 3.1 y 3.7 del fallo de primera
instancia, me permito solicitar a su Honorable despacho se sirva REVOCAR,
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá”31 (Subrayas
y negrillas de la Sala).
En consecuencia, se procederá a determinar si dicha autoridad tiene las facultades
para cumplir con los mandatos señalados en la providencia objeto de reproche:
6.6.1. En primer lugar, tendrá que definirse si una Corporación Autónoma Regional es
competente para realizar la actualización de mapa de riesgo de calidad del agua para
consumo humano.
31 Visible a folios 3 y 4 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Pues bien, de entrada, la Sala advierte que Corpoboyacá sí está facultada para realizar
junto con el Departamento de Boyacá, Emtópaga S.A. E.S.P. y el Municipio de Tópaga
el anotado mandato, que fue ordenado en el numeral 3.1. de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, pues, como se evidenció en el punto 6.4.2. de esta
providencia, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 1575 de 2007 32, las
autoridades ambientales deben concurrir en la revisión del citado mapa con las demás
entidades citadas en esa disposición.
De ahí que se trate de un deber legal a cargo de esa autoridad ambiental, de modo
que el cargo no tiene vocación de prosperidad.
6.6.2. De otro lado, debe indagarse si una Corporación Autónoma Regional es
competente para elaborar un plan de acción para gestionar y solventar los factores de
riesgo de las fuentes de agua que surten los acueductos de un Municipio.
En cuanto a dicho mandato, que se encuentra en el ordinal 3.1. de la parte resolutiva
de la decisión de primera instancia, lo que se observa es que esa orden es acorde con
las funciones misionales de Corpoboyacá, pues se relaciona con la vigilancia y control
del adecuado uso de los recursos naturales.
En efecto, los numerales 4 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, prevén:
“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las
siguientes funciones:
32 “Artículo 15. Mapa de riesgo de la calidad de agua para consumo humano. La autoridad sanitaria
departamental o distrital y la autoridad ambiental competente serán las responsables de elaborar,
revisar y actualizar el Mapa de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano de los sistemas de
abastecimiento y de distribución en la respectiva jurisdicción. Para tal efecto, deberán coordinar con los
Comités de Vigilancia Epidemiológica Departamentales, Distritales y Municipales, Coves, con las
personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano y con la administración
municipal; la identificación de los factores de riesgo y las características físicas, químicas y
microbiológicas de las fuentes de agua aferentes a las captaciones de acueducto que puedan afectar la
salud humana, contribuyendo con ello a las acciones de inspección, vigilancia y control por parte de las
autoridades competentes.
La revisión y actualización del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano de los
sistemas de abastecimiento y red de distribución de la respectiva jurisdicción, se hará anualmente con
base en la información suministrada por las autoridades ambientales competentes y Secretarías de
Planeación Municipal, según las normas legales vigentes.
Para la elaboración de los Mapas de Riesgo, se deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, los usos
del suelo definidos en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y el ordenamiento de las
cuencas realizado por las autoridades ambientales competentes.” (Subrayas y negrillas de Sala).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, distritos y Municipios de
su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y
en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia
de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales
(…)
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones,
autorizaciones y salvoconductos;” (Subrayas de la Sala)
Ahora, la Sala no comparte el argumento relacionado con que, de actualizar el anotado
mapa de riesgo y elaborar el plan de acción que le fue encomendado, actuaría como
Juez y parte al momento de conferir las respectivas concesiones de agua, pues de un
lado, como se vio, los mandatos dispuestos en la providencia objeto de la alzada
corresponden a deberes que le fueron impuestos por la Ley; y de otro, el trámite de las
concesiones de aguas superficiales es completamente distinto y se encuentra
consagrado en los artículos 2.2.3.2.7.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2016.
6.6.3. Finalmente, tendrá que determinarse si es competente una autoridad ambiental
para la elaboración de un estudio orientado a garantizar la disponibilidad y calidad del
agua que es suministrada a los habitantes de un ente territorial y ejecutar las obras
que en dicho análisis técnico concluyan.
Con el fin de absolver ese interrogante, habrá que aludirse en primer lugar a las
competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales en materia de
saneamiento:
6.6.3.1. Pues bien, conforme con el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las
Corporaciones Autónomas Regionales son entidades encargadas de proteger, regular
y vigilar el adecuado manejo y uso de los recursos naturales renovables que cuentan
con autonomía, identidad propia e independencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Los numerales 4, 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 prevén que las
corporaciones autónomas regionales tienen, entre otras funciones: (i) coordinar el
proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo
medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integradas
del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción, y en especial,
asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en
la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en
materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de
manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas
por las distintas entidades territoriales; (ii) ejercer las funciones de evaluación, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos y a las aguas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos; (iii) imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
También el numeral 20 ibidem dispone que a esas autoridades les corresponde
ejecutar, administrar, operar y mantener, en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del ambiente y los recursos naturales renovables.
Igualmente, el último inciso del artículo 1 del Decreto 41 de 12 de enero de 2011
estableció parámetros en relación con la inversión de recursos por parte de las
Corporaciones Autónomas Regionales para la financiación de obras de infraestructura
que tengan como propósito contribuir a la ejecución de los PDA, veamos:
“Artículo 1º. Modifíquese el artículo 3º del Decreto 3333 de 2008, el cual quedará
así:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
"Artículo 3°. Los recursos de esta línea se destinarán a financiar o cofinanciar las
inversiones y/o preinversiones de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) que hayan sido
previamente viabilizados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial de acuerdo con lo estipulado en la Resolución número 0813 del 19 de
mayo de 2008 o las normas que las modifique, adicione o sustituya, incluyendo el
componente ambiental de los mismos.
Las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenibles podrán
destinar los recursos de la línea prevista en el presente decreto, para financiar y
cofinanciar estudios, diseños e inversión en interceptores, emisarios finales,
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, rellenos sanitarios
municipales o regionales, y financiar o cofinanciar los demás proyectos del
componente ambiental de su competencia, en el marco los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA)” (Subrayas y negritas de la Sala).
A su vez, el artículo 22 de la Ley 1450 de 2011, prevé que las autoridades ambientales
deberán realizar inversiones en el sector de agua potable; veamos:
“Artículo 22. inversiones de las corporaciones autónomas regionales en el
sector de agua potable y saneamiento básico. Las obras de infraestructura del
sector de agua potable y saneamiento básico financiadas con recursos de las
Corporaciones Autónomas Regionales, podrán ser entregadas como aportes a
municipios o a las Empresas de Servicios Públicos que operen estos servicios en
el municipio, de acuerdo con lo que este determine, bajo la condición de que trata
el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 o las normas que la
modifiquen o sustituyan.
En ningún caso la entrega de aportes bajo condición por las Corporaciones
Autónomas Regionales se constituye como detrimento patrimonial del Estado. Las
Corporaciones Autónomas Regionales no podrán exigir contraprestaciones por la
entrega de las obras de las que trata este artículo.
La ejecución de los recursos de destinación específica para el sector de agua
potable y saneamiento básico por las Corporaciones Autónomas Regionales,
deberá efectuarse en el marco de los PDA, lo anterior sin perjuicio de las
inversiones que puedan realizar las mismas en los municipios de su jurisdicción no
vinculados al PDA.
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales no podrán participar en la
composición accionaria, propiedad, administración y operación de un prestador de
servicios públicos domiciliarios. El presente parágrafo no se aplicará a las
Corporaciones Autónomas Regionales que sean accionistas o hayan efectuado
sus inversiones con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1151 de 2007.”
En consecuencia, la Sala concluye que las funciones reconocidas a las Corporaciones
Autónomas Regionales en las normas en cuestión llevan consigo la obligación de
intervenir y preservar el recurso hídrico, a través de acciones de control, vigilancia,
sanción, asesoría y apoyo de programas ambientales, que desarrollen las entidades
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
territoriales en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. Asimismo,
deben ejecutar obras de infraestructura necesarias para la protección de esos recursos
naturales.
6.6.3.2. Bajo esa perspectiva, en cuanto a la orden señalada en el numeral 3.7.
de la parte resolutiva de la providencia de primera instancia, en la que se dispuso que
se ejecuten la totalidad de acciones que surjan del estudio técnico previsto para
garantizar la disponibilidad del servicio de acueducto y la calidad adecuada del agua
de forma permanente en el Municipio de Tópaga, lo que encuentra la Sala es que se
acompasa con los mandatos radicados en cabeza de las Corporaciones Autónomas
Regionales relativos a la posibilidad de que éstas ejecuten las obras de saneamiento
que se requieran para la protección del medio ambiente.
Sobre el particular, téngase en cuenta que, en sentencia del 16 de mayo de 2019, esta
Sección concluyó que las Corporaciones Autónomas Regionales tienen competencia
para la ejecución de obras que permitan garantizar el saneamiento ambiental, lo cual,
de forma razonable, comprende la realización de diseños y estudios para la
construcción de la infraestructura necesaria para tal propósito. En esa oportunidad se
sostuvo:
"Los numerales 6.º y 20 del artículo 31 de la Ley 99, previeron como funciones de
estas autoridades ambientales la celebración de contratos y convenios con las
entidades territoriales cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente,
para ejecutar, de mejor manera, alguna o algunas de sus funciones, así como
ejecutar, administrar, operar y mantener con las entidades territoriales proyectos
y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y
protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables; lo cual comprende la ejecución de obras que
permitan garantizar la prestación de los servicios domiciliarios y el
saneamiento ambiental.
En relación con las inversiones en obras de infraestructura de estas entidades en
el sector de agua potable y saneamiento básico, la Ley 1450 de 16 de julio de
2011, en el artículo 22, prevé:
“[…] ARTÍCULO 22. INVERSIONES DE LAS CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO. Las obras de infraestructura del sector de agua
potable y saneamiento básico financiadas con recursos de las
Corporaciones Autónomas Regionales, podrán ser entregadas como
aportes a municipios o a las Empresas de Servicios Públicos que operen
estos servicios en el municipio, de acuerdo con lo que este determine, bajo
la condición de que trata el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de
1994 o las normas que la modifiquen o sustituyan.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
En ningún caso la entrega de aportes bajo condición por las Corporaciones
Autónomas Regionales se constituye como detrimento patrimonial del
Estado. Las Corporaciones Autónomas Regionales no podrán exigir
contraprestaciones por la entrega de las obras de las que trata este artículo.
La ejecución de los recursos de destinación específica para el sector de
agua potable y saneamiento básico por las Corporaciones Autónomas
Regionales, deberá efectuarse en el marco de los PDA, lo anterior sin
perjuicio de las inversiones que puedan realizar las mismas en los
municipios de su jurisdicción no vinculados al PDA.
PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales no podrán
participar en la composición accionaria, propiedad, administración y
operación de un prestador de servicios públicos domiciliarios. El presente
parágrafo no se aplicará a las Corporaciones Autónomas Regionales que
sean accionistas o hayan efectuado sus inversiones con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1151 de 2007 […]”.
De acuerdo con esta norma, si bien las corporaciones autónomas regionales
pueden realizar inversiones en obras de infraestructura que garanticen el agua
potable y el saneamiento básico, no tienen competencia para prestar los servicios
públicos domiciliarios.
(…)
Conclusiones de la Sala
En suma, la Sala concluye que si bien, las corporaciones autónomas regionales
no tienen competencia para prestar servicios públicos domiciliarios, la ley les
impone obligaciones para concurrir en la financiación de las obras requeridas para
garantizar el tratamiento de aguas residuales.” 33
En este mismo sentido, en sentencia del 11 de julio de 2019, se sostuvo lo siguiente:
“En conclusión, a juicio de la Sala, las competencias de las corporaciones
autónomas regionales no se limitan a la vigilancia en materia ambiental, toda vez
que la ley estableció que, como autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
deben garantizar la protección del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, por medio, entre otras cosas, de la ejecución, administración y
operación, en coordinación con la entidades territoriales, de proyectos y obras de
infraestructura necesarias para la defensa y protección o descontaminación o
recuperación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables; de la
asesoría en la elaboración de proyectos en materia de protección ambiental; de la
realización estudios, diseños e inversión en sistemas de tratamiento de aguas
residuales; de la ejecución de programas de educación no formal en material
ambiental; de la asesoría a las entidades territoriales en la formulación de planes
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 16 de
mayo de 2019, radicado nro.: 85001233300020140023001. Consejero Ponente. Hernando Sánchez
Sánchez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
de educación ambiental formal; del otorgamiento de permisos ambientales; y de la
imposición de sanciones por infracciones ambientales.”34
En consecuencia, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
7. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de
Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, de conformidad con lo previsto en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
CUARTO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 30 de mayo de 2024.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del once (11)
de julio de dos mil diecinueve (2019), radicado nro. 66001233100020110036002. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00161 01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.