RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2019-00499-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00499-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00499-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 09 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia. SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia. TERCERO. Se reconoce personería al abogado Edgar José Polanco Pereira como apoderado de UGPP, en consideración al poder allegado vía correo electrónico y que se encuentra visible en el índice 17 del expediente digital disponible en SAMAI. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2019-00499-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tipo de vinculación.
Contrato de prestación de servicios. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá el 09 de noviembre de 2022, mediante la cual accedió
a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones

Se solicita la nulidad de las Resoluciones RDP 012725 del 22 de abril de 2019
y RDP 018637 del 19 de junio de 2019, por medio de las cuales la UGPP negó
la petición de reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Como restablecimiento del derecho, se depreca el reconocimiento y pago de una
pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, debidamente indexados
y reajustados conforme al IPC; se condene a la UGPP al pago de intereses
moratorios y se dé cumplimiento a la sentencia teniendo en cuenta las
disposiciones del CPACA; y se condene en costas.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

La señora Mireya Espíndola Niño nació el 22 de septiembre de 1961, y estuvo

1 Escrito de la demanda visible en expediente digital cargado en la plataforma SAMAI

www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

vinculada como docente en diferentes periodos, inicialmente desde el 11 de
febrero de 1980 hasta el 10 de marzo de 1980; luego a través de contratos de
prestación de servicios así:
i) desde el 01 de febrero de 1993 hasta el 30 de noviembre de 1993,
ii) desde el 01 de febrero de 1994 hasta el 30 de junio de 1994,
iii) desde el 01 de febrero de 1995 hasta el 30 de noviembre de 1995,
iv) desde el 05 de julio de 1996 hasta el 04 de diciembre de 1996,
v) desde el 01 de mayo de 1997 hasta el 30 de mayo de 1997;
iv) y posteriormente fue nombrada en propiedad a partir del 18 de diciembre de
1997 hasta el 18 de enero de 2019.

El 15 de febrero de 2019, peticionó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, sin embargo, le fue negado el derecho a través de los actos
administrativos demandados en consideración a que prestó servicios como
docente nacional y, por tanto, dichos tiempos no son computables para efectos
de la prestación en comento. Además, al 29 de diciembre de 1989 no logró
acreditar la totalidad de los requisitos para tal beneficio.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

Argumentó que la entidad demandada inaplicó las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 4 de 1966, 91 de 1989; y los Decretos 2285 de 1955 y 224 de 1972. Precisó
que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión gracia, no obstante, la entidad demandada negó el derecho prestacional
de la docente en clara omisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado sobre el asunto.

1.4 Contestación de la demanda

Luego de presentada la demanda el 19 de septiembre de 2019 y admitida el 11
de febrero de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, una vez
notificada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

Señaló que los tiempos de servicios laborados por el actor entre el 11 de febrero
y el 10 de marzo de 1980, el 18 de diciembre de 1980 y el 30 de diciembre de
2003, el 31 de diciembre de 2003 y el 25 de enero 2004, y a partir del 26 enero
2004, deben ser desestimados, toda vez que los mismos fueron certificados del
orden nacional.

En cuanto tiene que ver con los tiempos de servicios acreditados con modalidad
de contrato de prestación de servicios, refirió que los mismos no deben
contabilizarse, en tanto que no se demuestra vinculación legal y reglamentaria.
También sostuvo que, para el 31 de diciembre de 1989, no cumplía la edad ni el
tiempo de servicios de que trata la norma para ser acreedora de la prestación.

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

Propuso las siguientes excepciones (i) inexistencia de obligación o cobro de lo
no debido; (ii) inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales;
y (iii) prescripción.

1.5 Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 09 de noviembre
de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda. Ello, sustentado en que la
docente cumple con los requisitos establecidos en la ley para obtener la pensión
gracia, destacando que los actos administrativos y contratos fueron suscritos por
la entidad departamental y la financiación de sus salarios, prestaciones y
honorarios estuvieron a cargo del sistema general de participaciones, por ende,
estimó el a quo que, las vinculaciones de los periodos transcurridos i) desde el
11 de febrero hasta el 10 de marzo de 1980, ii) desde el 01 de febrero de 1993
hasta el 30 de mayo de 1997 (contratos de prestación de servicios por diferentes
periodos); iii) desde el 18 de diciembre de 1997 hasta por lo menos el 26 de
diciembre de 2018 –fecha expedición del certificado laboral-, para un total de 23
años 5 meses y 6 días, resultan válidos para acreditar el tiempo de servicio de
años exigido para pensión gracia.

Precisó el tribunal que, no existe impedimento para valorar el tiempo servido bajo
la modalidad de órdenes de prestación de servicios, pues, ninguna disposición
normativa excluye tal tipo de vinculación a fin de demostrar los 20 años de
servicio para obtener la mentada dadiva. Así mismo, estimó que la labor
educativa de la demandante no fue del orden nacional como lo alega la parte
demandada, y que, si bien existe un certificado en tal sentido, ello quedó
desvirtuado con el resto del material probatorio recaudado en el curso procesal,
del cual se puede establecer con claridad la naturaleza de la plaza ocupada por
aquélla, para el caso, del orden territorial.

Finalmente precisó que, para el reconocimiento de la pensión gracia no es
necesario cumplir la totalidad de los requisitos antes de la entrada en vigor de la
Ley 91 de 1989, aspecto al que se ha referido el Consejo de Estado en sentencia
del 11 de agosto de 2022.

En consecuencia, condenó a la UGPP a reconocer a la actora la pensión gracia
a partir del 25 de julio de 2015, tomando como base para su cómputo el promedio
de lo devengado durante el año anterior a la fecha de adquisición del estatus
pensional.

1.6 Recurso de apelación

A manera de síntesis se tiene que la Unidad Administrativa Especial de

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación solicitando
la revocatoria de la sentencia de primera instancia, alegando que no se cumple
con los requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913, concretamente, la
vinculación con anterioridad a 1980 y los 20 años de servicios como docente
departamental, distrital, municipal o nacionalizado, y por tanto la demandante no
tiene derecho a la prestación reclamada; así pues, insiste que aquella prestó
servicios como docente nacional de acuerdo con las certificaciones expedidas
por las secretarias de educación del municipio de Sogamoso y el departamento
de Boyacá.

También arguye que los tiempos de servicios a través de contratos de prestación
de servicio no son válidos para acreditar una vinculación legal y reglamentaria a
la docencia oficial.

Señaló que los dineros con los que fueron cancelados los salarios provenían del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones, y de acuerdo con ello la
vinculación es de carácter nacional.

Para culminar, afirmó que los docentes vinculados con posterioridad al 01 de
enero de 1990 son de orden nacional, por ende, los requisitos para obtener el
reconocimiento de la pensión gracia debían ser acreditados por la interesada
antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; lo cual no ocurrió en el
presente caso, no estando demostrado para dicha data la exigencia de 20 años
de servicios ya mencionada.

1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia

Mediante auto de 14 de julio de 2023, se admitió el recurso de apelación.

En esta oportunidad, la entidad demandada reiteró que la docente no acreditó
los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, y por tanto debe
revocarse la sentencia.

Por su parte, la actora, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

El Agente del Ministerio Publico delegado ante esta Corporación guardó
silencio.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 11, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el
apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte
demandada presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí
plasmado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Mireya Espíndola
Niño, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para
dicho reconocimiento.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera
de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
[…]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para
los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 19972 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial
la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos
servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues
habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales,
dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20183 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación
a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen
o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política
de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto

de 1997.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el
universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el
acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la
entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo
educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la
Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas
que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación
de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia,
en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad,
o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con
los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11
de agosto de 20224 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la
Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29
de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y

4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos
en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 Contratos de prestación de servicio docente

Sobre la suscripción de órdenes o contratos de prestación de servicio docente, la
Corte Constitucional en sentencia C – 555 de 1994, al estudiar la legalidad de los
artículos 6 de la Ley 60 y 105 de la Ley 115 de 1994, señaló:

«[…] El ejercicio permanente de una función pública, como ocurre con los
"docentes temporales", no sólo se revela en el afán del legislador de
regularizar su situación en un término de seis años mediante su
incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige
que sea la ley - que no el contrato - la que determine y regule su régimen,
funciones y responsabilidades (CP art. 123).

A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos
y entidades del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la
estabilidad propias de la función pública (CP art. 125).

Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función
pública, no confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una
misma función pública permanente, un tratamiento que se traduzca en
condiciones abiertamente dispares en lo que atañe al ingreso y régimen
que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad no podría
ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier
competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios
(CP art. 13), frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma
situación, se torna arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas
razones, no puede fundarse en la mera discrecionalidad la diferenciación
de supuestos que, descontada ésta, comparten una misma naturaleza y
características.

17. La libre voluntad de los educadores-contratistas, puede alegarse como
fundamento de una diferencia predicable de los supuestos enfrentados.
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

Empero, la libertad de acceso al servicio público educativo es común a las
dos categorías. Un elemento significativo del tratamiento al cual se sujetan
los docentes-temporales, por su propia voluntad, es la ausencia de
prestaciones sociales y estabilidad laboral. Es sabido, sin embargo, que
en punto al trabajo los mencionados derechos y garantías son
irrenunciables (CP art. 53).

De otro lado, el carácter público y permanente del servicio educativo
estatal, dentro del cual se insertan los docentes-temporales, no se concilia
con su regulación puramente contractual en la que participan los
contratistas involucrados en el proceso y las autoridades administrativas,
con lo cual se desconoce que las funciones y la responsabilidad de los
servidores públicos, se determina en la Constitución, la ley y el reglamento
(CP art. 123).

Lo expuesto permite concluir que no es de recibo el criterio diferenciador
que intenta encontrar en la voluntad de los docentes-temporales, la causa
o motivo razonable de su particular régimen jurídico.

18. Finalmente, puede aducirse que la transitoriedad de la modalidad
contractual, la que debe ser eliminada en un plazo de seis años, sirve de
fundamento a la disparidad de regímenes jurídicos.

En contra de esta tesis, cabe observar, en primer término, que la previsión
de un régimen transitorio de seis años, significa, entre otras cosas, que
dentro de ese marco temporal, se le otorga permanencia a la contratación
administrativa de docentes. La vocación misma que adquieren los
docentes temporales a ser incorporados progresivamente a la planta de
personal, les infunde un sentido de permanencia que difícilmente les
puede ser negada, pues, de ella depende que la ley cumpla con su
designio que no es otro que el de integrarlos en la mencionada planta de
personal dentro del indicado lapso, todo lo cual, de paso, demuestra
fehacientemente tanto la permanencia de los encargos asignados a
aquéllos como la semejanza material de su actividad respecto a la que
desempeñan los demás maestros y profesores. Para el legislador no existe
duda sobre el carácter permanente de los docentes-contratistas: "A los
docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6º de la ley 60 de 1993 se les seguirá contratando
sucesivamente para el período académico siguiente, hasta cuando puedan
ser vinculados a la planta de personal docente territorial" (Ley 115 de 1994,
art. 105). En fin, pese a que la transitoriedad se estime como una forma
legítima para reducir la desigualdad, dentro de la misión promocional que
a este respecto le corresponde realizar al Estado según lo indicado en el
inciso segundo (2°) del artículo 13 de la C.P., la inexequibilidad se impone,
pues este precepto se refiere a las desigualdades materiales existentes en
la sociedad y no aquellas que la misma ley establece, genera y suscita, las
cuales se prohíben en la Carta al prescribir: "Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley". (C.P. Art. 13).

A la luz de las consideraciones anteriores, La Corte estima que el cargo
de inconstitucionalidad sustentado en la violación del principio de igualdad
está llamado a prosperar y así lo declarará. En todo caso, queda entendido

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

que las designaciones de personal de planta, sólo se podrán llevar a cabo
con estricta sujeción a las normas constitucionales y legales.

En vista de la unidad de materia que existe entre las diferentes frases que
integran el parágrafo demandado, la declaración de inexequibilidad se
extenderá a la integridad de la disposición demandada.»

Lo anterior quiere decir que los docentes vinculados por intermedio de contratos
y órdenes de prestación de servicio de manera permanente se encontraban en
condiciones de desigualdad, principalmente en lo que a prestaciones se refiere,
respecto de quienes sí estaban adscritos a la planta de personal docente del ente
territorial, razón por la cual, en los términos indicados por la Corte, se llegó a la
conclusión de que toda labor docente realizada de manera continua y
permanente resulta válida para efectos de tenerla en cuenta en asuntos
prestacionales.

En tanto el Consejo de Estado en sentencia de 6 de mayo de 2010, como la Corte
Constitucional en sentencia C – 954 de 2000, se han pronunciado en manera
similar al precisar lo siguiente:

«Tiempo de servicios cumplidos para efectos de la pensión gracia.
Argumenta el actor en su alegato de conclusión que en los contratos de
prestación de servicios con docentes se presenta la concurrencia de los
elementos esenciales de una relación de trabajo, vale decir, actividad
personal del trabajador, continuada subordinación respecto de la entidad
empleadora y un salario como retribución del servicio.

El artículo 1º de la Ley 91 de 1989, arriba transcrito, dispone que se
considera como personal nacional, nacionalizado o territorial a “los docentes
vinculados por nombramiento” ya sea del Gobierno nacional o de la entidad
territorial y el artículo 15 ibídem exige que la pensión gracia se otorga a los
docentes “vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980”, siempre y cuando
cumplan con la totalidad de requisitos.

No obstante, lo anterior, estima la Sala que como al momento en que el
actor empezó a prestar sus servicios como docente no había entrado en
vigencia la citada ley, entonces se debe acoger lo dispuesto en la Ley 114
de 1913 que no estableció la forma de vinculación para acceder a la pensión
gracia, sino que, consagró tal prestación a los maestros oficiales “que hayan
servido en el magisterio por un tiempo no menor de veinte años”. Una
posición similar adoptó la Corte Constitucional, en sentencia C-954 de 2000
al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2º del literal
A) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 "Por la cual se crea el Fondo de
Prestaciones del Magisterio", señalando lo siguiente:

“(…) si bien las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 se habían encargado de
ampliar el marco de aplicación de la pensión gracia, haciéndola extensiva
a todos los maestros del sector oficial sin importar la fuente de su
vinculación, el hecho de que el reconocimiento de esa prestación
quedara supeditado a la exigencia de no recibir otra recompensa de la

www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

Nación encontraba un claro fundamento, primero, en el principio de libre
configuración legislativa, el cual le permite al Congreso de la República
fijar los objetivos generales relacionados con el régimen prestacional de
los servidores públicos y, segundo, en la razón o causa que inicialmente
inspiró la consagración legal de la gracia: establecer un estímulo o
retribución a favor de los maestros del nivel territorial cuyos salarios eran
sustancialmente inferiores a los recibidos por los docentes nacionales.
Esta diferencia se originaba en el déficit presupuestal que
permanentemente acompañaba a los Departamentos y Municipios ante
los bajos ingresos fiscales que percibían, lo cual, por supuesto, les
impedía remunerar en forma justa y adecuada la labor desarrollada por
los maestros de las escuelas primarias que, por mandato expreso de la
Ley 39 de 1903, debían ser nombrados y pagados por las mencionadas
entidades territoriales (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior y con el acervo probatorio allegado al
expediente, se encuentra que el actor está vinculado a la docencia oficial
desde el 18 de noviembre de 1979, según la certificación del Instituto
Técnico Industrial “Antonio José Camacho”, vale decir, cumple con el
requisito legal del tiempo de servicios (20 años) para tener derecho a la
pensión gracia de jubilación. Así lo ha dispuesto la Sala al sostener que “si
se desvirtúa el contrato de prestación de servicios, y se acepta la existencia
de una verdadera relación laboral es apenas lógico que produzcan plenos
efectos, ello es, que el tiempo laborado sea útil para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación”.»

Así las cosas, según el conjunto de preceptos y normas aplicables a determinada
materia, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se
debe acreditar la naturaleza en que se ostentó dicha vinculación junto con los
demás requisitos de ley aplicables en materia de pensión gracia, y no
exactamente la forma de contratación, la cual puede obedecer a una relación
legal y reglamentaria, en temporalidad, por contrato de prestación de servicio,
entre otros.

2.3.3 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso
de descentralización de la educación

Con ocasión del proceso de descentralización planteado en la Constitución
Política de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual
dispuso la desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba
previamente para la prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes
territoriales estuvieran encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.

En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los
bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual
manera, a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes
nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones
en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra
clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación
departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional
vigente de la respectiva entidad territorial. […]» (Subrayado y negrilla fuera
del texto original)

A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de la
respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación,
pues los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados,
debían migrar a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen
prestacional que incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior,
sería el establecido en la Ley 91 de 1989.

Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era que
más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para
ser invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:

«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual
o superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas
otorgar a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de
educación y la asunción de las obligaciones correspondientes en las
mismas condiciones de los distritos.»

De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación
del país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras de «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su
autonomía administrativa como operadores de la organización de los servicios de
educación […]», se expidió la Ley 715 de 2001.

Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en

www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió
expresamente a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y
38. Tales normas disponen:

«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que
trata el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos
docentes, directivos y administrativos de los planteles educativos, de los
departamentos, distritos y municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los
requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]

ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y
administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las
plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones,
se realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al
personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio
del cargo. […]»

En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los
docentes incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación
que ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

2.4 Actuación administrativa

La demandante, presentó el 15 de febrero de 2019, solicitud de reconocimiento
y pago de una pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la cual
fue negada mediante la Resolución RDP 012725 del 22 de abril de 2019, por
considerar que los periodos comprendidos entre el 11 de febrero y el 10 de marzo
de 1980, entre el 18 de diciembre de 1997 y el 26 de diciembre de 2018 fueron
del orden nacional.

Asimismo, indicó que los requisitos para obtener el reconocimiento de la pensión
gracia debían ser acreditados por la interesada antes de la entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989; lo cual no ocurrió en el presente caso, no estando
demostrado para dicha data la exigencia de 20 años de servicios ya mencionada.

Inconforme con la respuesta, el docente interpuso recurso de apelación, el cual
fue desatado de manera negativa mediante la Resolución RDP 018637 del 19
de junio de 2019.

www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

2.5 Caso concreto

Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden a
determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114
de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

Se encuentra demostrado que la señora Mireya Espíndola Niño nació el 22 de
septiembre de 1961, razón por la que, el 22 de septiembre de 2011, cumplió 50
años; requisito este frente al cual no existe discusión.

• Buena conducta

En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito; aspecto sobre el cual tampoco
existe controversia.

• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios

Previo a la verificación de este requisito, y en vista de las inconformidades
planteadas con el recurso de apelación, resulta necesario indicar que, teniendo
en cuenta lo señalado en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del
11 de agosto de 2022 proferida por esta Sección del Consejo de Estado, la
interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de
1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, es que los docentes
pueden acceder a la misma antes y después del 29 de diciembre de 1989, en la
medida que cumplan con el requisito de demostrar una vinculación territorial o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, y claro está, acrediten los
demás requisitos de ley, esto último, incluso con posterioridad a dicha data.

En ese orden, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte
recurrente, relacionado con que debía la docente acreditar la totalidad de los
requisitos para la pensión gracia, antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989.

Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales de la actora como
docente oficial:

www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 11 de febrero de
1980 hasta el 12 de marzo de 1980 (1 mes)

El secretario de educación del departamento de Boyacá en uso de sus facultades
legales expidió el Decreto 000340 del 05 de marzo de 19805, mediante el cual
nombró a la señora Espíndola Niño como maestra interina en el municipio de
Rondón, por el termino de 30 días a partir del 11 de febrero de dicha anualidad.

5 Págs. 45 - 47 del expediente digital 20_001Demanda.pdf.PDF

www.consejodeestado.gov.co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

De acuerdo con las consideraciones del acto de nombramiento y las autoridades
que intervinieron en su expedición, se concluye que el nombramiento se efectuó
por voluntad de la autoridad territorial, dejándose constancia que el secretario
actuaba en uso de sus facultades; ahora, si bien en el acto administrativo no se
dejó sentado, la Sala estima que la firma del delegado del Ministerio de
Educación Nacional se pudo encaminar a garantizar la disponibilidad de los
recursos para el pago de los salarios de la docente, más ello no implica en modo
alguno, que la demandante tuvo la condición de docente nacional, se insiste, en
tanto la designación no se efectuó por voluntad del ministerio en cita.

En ese orden, para la Sala, la vinculación de la docente por este periodo fue como
nacionalizado, pues, su nombramiento lo efectuó una autoridad territorial, en
una fecha posterior al 1° de enero de 1976, es decir, en el marco del proceso de
nacionalización contenido en la Ley 43 de 1975 y contó con el aval de las
autoridades pertinentes.

En efecto, la firma del delegado del Ministerio de Educación Nacional evidencia
que el nombramiento atendió a los mandatos de la ley en comento, la cual
dispuso que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el
Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas
plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la
previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».

Es de resaltar que el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

De igual manera, reposa en el plenario formato único para la expedición de
certificados de historial laboral consecutivo 1459 de fecha 08 de abril de 2019
expedido por la secretaría de educación departamental de Boyacá6, mediante el
cual se indica que la señora Mireya Espíndola Niño prestó servicio como docente
con un tipo de vinculación a cargo del departamento a partir del 11 de febrero de
1980 hasta el 11 de marzo de 1980 por orden del Decreto 340 de 05 de marzo
de 1980.

En ese orden de ideas, el tiempo de servicios objeto de estudio, desde el 11 de
febrero de 1980 al 11 de marzo de 1980, en un total de 1 mes, es válido para
acreditar el requisito exigido para obtener la pensión gracia, pues, se trata de un
vínculo como docente nacionalizado.

6 Pg 52 001Demanda.pdf.PDF

www.consejodeestado.gov.co 17
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

• Tiempos laborados en virtud de órdenes de prestación de servicio a
partir del año 1993 y hasta el año 1997 (2 años, 07 meses y 6 días)

Obran en el plenario los contratos de prestación de servicios7 por diferentes
períodos durante los años 1993 a 1997, los cuales pasan a revisarse, a fin de
determinar si son computables para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia.

i) Desde el 01 de febrero hasta el 30 de noviembre de 1993- Contrato N°038
de 1993 (10 meses)

Se expidió por el jefe de la oficina de contratación, copia del contrato de
prestación de servicio N° 038 de 1993, que reposa en el archivo central, mediante
la cual el alcalde del municipio de Sogamoso contrató la prestación del servicio
docente de la señora Mireya Espíndola Niño en el colegio Gustavo Jiménez del
mismo municipio, como licenciada de matemáticas, según se desprende del acto.
Cabe destacar que dichos pagos, se ordenaron con cargo al municipio.

ii) Desde el 01 de febrero hasta el 30 de junio de 1994 - Contrato N° 058 de
1994 (5 meses)

El jefe de la oficina de contratación expidió la copia del contrato de prestación de
servicio N° 058, mediante el cual el alcalde de Sogamoso, contrató la prestación
del servicio docente de la señora Mireya Espíndola Niño en el colegio Gustavo
Jiménez como docente en el área de matemáticas; y el pago se dispuso con
recursos del municipio.

iii) Entre el 23 de enero de 1995 y el 30 de noviembre de 1995 – Contrato 139
de 1995 (10 meses y 7 días)

El jefe de la oficina de contratación expidió copia del contrato de prestación de
servicio N° 139 de 1995, a través del cual el alcalde del municipio de Sogamoso
contrató la prestación del servicio docente de la demandante en el colegio
Gustavo Jiménez. Pagos con cargo al municipio.

iv) Entre el 05 de julio y el 04 de diciembre de 1996 (4 meses y 29 días)

Con relación a este periodo, el jefe de la oficina de contratación expidió copia de
los contratos de prestación de servicio a través de los cuales el alcalde del
municipio de Sogamoso contrató la prestación del servicio docente de la señora
Mireya Espíndola Niño, así: i) Desde el 05 de julio de 1996 hasta el 04 de agosto
de 1996 mediante contrato N° 359 de 30 de julio de 1996, ii) Desde el 05 de
agosto de 1996 hasta el 04 de septiembre de 1996 mediante contrato N° 464 de
03 de septiembre de 1996, iii) Desde el 05 de septiembre de 1996 hasta el 04 de

7 Folios 29 al 57 CC46356123.pdf

www.consejodeestado.gov.co 18
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

octubre de 1996 mediante contrato N° 544 de 16 de octubre de 1996, y iv) Desde
el 05 de octubre de 1996 hasta el 04 de diciembre de 1996 mediante contrato N°
686 de 13 de diciembre de 1996.

v) Entre el 01 de mayo y el 30 de mayo de 1997 (1 mes)

Con contrato de prestación de servicio N° 197, el alcalde del municipio de
Sogamoso contrató a la demandante para la prestación del servicio docente por
el término de 30 días en el establecimiento educativo asignado por la Secretaría
de Educación Municipal.

Pues bien, además de las órdenes de prestación de servicios referenciadas, se
aportó certificación proferida por la jefe de la oficina de contratación de fecha 02
de octubre de 2018, que respaldan cada uno de los periodos ya citados entre los
años 1994 y 1997.

Así las cosas, para la Sala, las labores docentes ejecutadas por la demandante
en los tiempos anteriormente relacionados resultan computables para efectos del
reconocimiento de pensión gracia, ya que se trató de un docente territorial más
no nacional; ello por cuanto:

i) Los actos de designación fueron suscritos, por el alcalde del municipio de
Sogamoso de manera autónoma, sin intervención alguna del Ministerio de
Educación o delegado de esta cartera y tampoco se indicó que se actuara por
instrucciones de dicho ministerio.

ii) Si bien se contrató el servicio docente en vigencia de la Ley 43 de 1975,
mediante la cual se nacionalizó la educación en Colombia, lo cierto es que no se
invoca dicha normativa, y menos aún se desprende del material probatorio
aportado, que la plaza ocupada por la demandante haya sido de aquellas
nacionalizadas.

iii) Tampoco se avizora que los recursos sean de aquéllos que a la luz del artículo
6 de la ley en cita, estuvieran destinados para atender el proceso de
nacionalización bajo la administración de los Fondos Educativos Regionales, con
sujeción a los planes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Cabe destacar que, si bien el servicio docente se ejecutó en virtud de órdenes de
prestación de servicio, ello no impide que ese tiempo de ejercicio en la enseñanza
municipal sea tenido en cuenta para el cómputo de la pensión gracia, toda vez
que independientemente de la fuente de la vinculación, como anteriormente lo ha
señalado esta Corporación, lo que se debe tener en cuenta es la naturaleza
jurídica del vínculo, la plaza ocupada, es decir, que sea del orden nacionalizado
o territorial.

www.consejodeestado.gov.co 19
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

En ese orden, no cabe duda que, durante los extremos temporales relacionados,
la actora se desempeñó como docente territorial, lo cual además encuentra
respaldo en lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que establece
«Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

En esa línea de consideraciones, esta Corporación tendrá en cuenta, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia a la demandante, el tiempo
servido como docente territorial, en diferentes periodos durante los años 1994 a
1997, lo que suma un total de 2 años, 07 meses y 06 días.

• Desde el 18 de diciembre de 1997 hasta el 26 de diciembre de 2018
(21 años y 8 días)

Por medio del Decreto 002010 de 25 de noviembre de 19978, el gobernador de
Boyacá en uso de sus atribuciones legales incorporó a la planta de personal
docente de la secretaria de educación de Boyacá a la docente Mireya Espíndola
Niño para desempeñar el cargo de docente en el colegio Gustavo Jiménez del
municipio de Sogamoso, con cargo a los recursos del situado fiscal.

8 Pg 48 y 49 001Demanda.pdf.PDF

www.consejodeestado.gov.co 20
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

Igualmente figura acta de posesión9, que da cuenta que la docente compareció
el 25 de noviembre de 1997, y en la que se precisa que tomó posesión del cargo
el 18 de diciembre de 1997.

Ahora, conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral, emitido el 26 de diciembre de 2018, la actora prestó sus servicios desde
el 11 de febrero de 1980 y hasta el 26 de diciembre de 2018, con vinculación de
tipo nacional.

Al respecto es necesario mencionar que, contrario a lo señalado por el ente
territorial en el anterior certificado, para la Sala la actora tuvo una designación de
tipo territorial teniendo en cuenta que el acto de designación para incorporar a
la docente al municipio fue expedido por el gobernador del departamento de
Boyacá sin que en el mismo se haya dejado constancia que se actuara por
instrucciones del Ministerio de Educación como tampoco se observa intervención
alguna de un delegado de dicha cartera; y menos aún se hace referencia a que
se trata de una plaza nacionalizada. Además, la incorporación estuvo precedida
por contratos de prestación de servicio del orden territorial.

A propósito de esto último, resulta de importancia señalar que, si bien la Ley 60
de 1993 en el parágrafo 1°, admitió la incorporación de educadores estatales que
habían estado vinculados a través de contratos de prestación de servicios antes
del 30 de junio de 1993, como ocurrió en el caso del aquí demandante, no
obstante, la disposición en comento fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-555 de 6 de diciembre 1994, esto es, antes
de que se profiriera del Decreto 0020 de 25 de noviembre de 1997, con el cual
se incorporó de manera permanente a la señora Espíndola Niño.

Aún cuando la incorporación se dio con posterioridad a la decisión de
inexequibilidad mencionada, no está demostrado en el expediente que el acto
administrativo haya sido cuestionado o que hubiera sido declarado nulo, de
manera que mantiene su presunción de legalidad, y en esa medida será
reconocido para efectos del asunto que se revisa, por lo que se itera, la
demandante fue incorporada a un cargo docente, manteniendo la naturaleza del
vínculo contractual inicial, como territorial.

Ello, además, encuentra respaldo en lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de
1989 citado con anterioridad; siendo pertinente destacar que esta Corporación
en la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
también se refirió al personal docente territorial, así:

«Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por
entidades de ese orden a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es,

9 Pg 50 001Demanda.pdf.PDF

www.consejodeestado.gov.co 21
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

que la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local
y los gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio
presupuesto.»

En consecuencia, el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 1997
hasta por lo menos el 26 de diciembre de 2018, fecha de expedición de
certificado laboral para un total de 21 años y 8 días resulta computable a fin de
obtener la pensión gracia objeto de reclamación.

En ese orden de ideas, contrario a lo expuesto por la entidad recurrente, la actora
no prestó servicio docente nacional, sino como bien se analizó, laboró durante
este lapso como docente nacionalizada, y luego como territorial, acreditando con
suficiencia los 20 años de servicio exigidos para obtener la pensión gracia, así
como una vinculación antes de 1980.

De este modo, se tiene que la actora adquirió el estatus pensional el 12 de abril
de 2015, contrario a como lo determinó el tribunal -25 de julio de 2015-. No
obstante, si bien habría lugar a modificar esto último, lo cierto es que tal aspecto
no fue objeto de apelación, y siendo la entidad demandada apelante único, una
modificación en este último sentido lesionaría sus intereses, quebrantando el
principio de la no reformatio in pejus.

En punto a la excepción de prescripción, se advierte que como lo sostuvo el
tribunal de instancia, dicho fenómeno operó respecto a las mesadas causadas
con anterioridad al 15 de febrero de 2016, en tanto, siendo exigible el derecho en
el año 2015, la reclamación solo la presentó el 15 de febrero de 2019.

2.6 Conclusión

La señora Mireya Espíndola Niño cumplió con el requisito mínimo de haber
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años, con una vinculación
como docente, primero, del orden nacionalizado con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, y luego como docente territorial; igualmente satisfizo las
demás exigencias para ser acreedora de la pensión gracia, por tanto, esta Sala
confirmará la decisión dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, mediante la cual se accedió a las pretensiones, de acuerdo con las
razones expuestas en esta providencia.

2.7 Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes

www.consejodeestado.gov.co 22
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00499 01 (1184-2023)
Demandante: Mireya Espíndola Niño

en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa
jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando
lo aquí resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas
jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de
2018 y del 11 de agosto de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 09 de noviembre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia.

TERCERO. Se reconoce personería al abogado Edgar José Polanco Pereira
como apoderado de UGPP, en consideración al poder allegado vía correo
electrónico y que se encuentra visible en el índice 17 del expediente digital
disponible en SAMAI.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 23
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.