Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00655-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00655-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2019-00655-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00655-01 (5321-2023)
Demandante: Cecilia Puentes Anzola
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Docente nacionalizada y
nacional. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio
de 2018 y del 11 de agosto de 2022. REVOCA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Cecilia Puentes Anzola instauró demanda en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 029784 del 16 de agosto de
2016, la cual negó el reconocimiento de la pensión gracia solicitada, (ii) RDP 041255
del 31 de octubre de 2016 y (iii) RDP 044971 del 30 de noviembre de 2016, las
1Páginas 3 a 4 del archivo: 1Cuaderno principal_1_ Radicación de Proceso _16_ Radicación de Proceso
_001Demanda.PDF, visible en el expediente digital: ED_EXPEDIENTE21900655(.zip) NroActua 2, obrante en
el índice 2 de SAMAI.
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cuales confirmaron la negativa al resolver el recurso de reposición y de apelación
respectivamente.
Que a título del restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y
pagar la mencionada prerrogativa a la actora a partir del 13 de febrero de 2008,
debidamente actualizada, incluyendo el pago de las mesadas atrasadas indexadas.
Que la autoridad demandada dé cumplimiento al fallo en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA y que también sea condenada en costas y agencias
en derecho.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la señora Puentes Anzola cumplió 50 años de edad el 20 de noviembre de 2010
y 20 años de trabajo el 16 de septiembre de 2006, pues inició su carrera con el
nombramiento realizado mediante la Resolución 001054 del 12 de septiembre de
1978 en la que fue designada como maestra departamental desde el 2 de octubre
de 1978 hasta el 2 de febrero de 1980. Luego, fue nominada como docente de
Boyacá entre el 14 de octubre de 1981 y el 2 de mayo de 1993. Que finalizó su
ejercicio como educadora con un último periodo prestado a la mencionada entidad
territorial desde el 9 de julio de 1999 hasta el 16 de octubre de 2016.
Que el 5 de abril de 2016 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante
la UGPP, la cual negó el derecho mediante la Resolución RDP 029784 del 16 de
agosto de 2016, resolviendo en el mismo sentido el recurso de reposición y
apelación presentados por la accionante, a través de las Resoluciones RDP 041255
del 31 de octubre de 2016 y RDP 044971 del 30 de noviembre del mismo año.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3
La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron las Leyes 114 de 1913, 91 de 1989, 60 de 1993, 115 de 1994, 812
de 2003 y 100 de 1993.
Indicó que los actos acusados se encuentran viciados de la falsa motivación, pues
la docente certificó que sus nombramientos fueron realizados por el departamento
de Boyacá y probó la prestación del servicio por más de 20 años, y que el certificado
que indica que laboró como docente nacional a partir de 1999, no corresponde a la
realidad ya que fue nominada por la misma entidad territorial, pues pese a que los
2Páginas 4 a 5, ídem.
3 Páginas 5 a 10, ídem.
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recursos con los que se financió su plaza provenían del situado fiscal eso no la
convierte en docente nacional según lo manifestado por el Consejo de Estado en
su sentencia de unificación del 2018.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 24 de febrero de 20204 y notificada a la UGPP5 quien
contestó6 manifestando que, según los tiempos certificados, a partir de 1999 la
docente trabajó bajo un vínculo nacional, que además, en virtud de la Ley 91 de
1989, únicamente pueden ser considerados los tiempos laborados con anterioridad
al 31 de diciembre de 1989, pues las vinculaciones docentes posteriores al 1° de
enero de 1990 cuentan con el mismo régimen prestacional de los servidores
públicos y en consecuencia solo tienen derecho a una sola pensión.
En escrito separado7, propuso como excepciones las que denominó: i) inexistencia
de la obligación o cobro de lo no debido, ii) inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales, iii) prescripción de las mesadas, y (iv) solicitud de
reconocimiento oficioso de excepciones.
En virtud del artículo 182A de la CPACA, mediante auto del 13 de octubre de 2021
se fijó el litigio, se incorporaron las pruebas anexas con la demanda y el escrito de
contestación; sobre la solicitud de pruebas documentales elevada por la demandada
correspondiente a oficiar a la secretaría de educación de Boyacá para que informara
el origen de los recursos con los que cancelaron los salarios de la docente y que en
la misma medida certificara la naturaleza del plantel educativo, la plaza donde
laboró la docente, entre otros, el tribunal decidió que las mismas eran innecesarias,
pues sobre el origen de los recursos estimó que no era información determinante
para el caso, y sobre la certificación de la entidad consideró que en el plenario ya
existían pruebas que acreditaban lo pretendido, como el oficio No.
BOY2020ER025258 de 18 de agosto de 2020, aportado por la entidad.
4Archivo: 4Cuaderno principal_4_Auto Admite Demanda - Sistema Oral_18_Auto Admite Demanda Sistema
Oral.PDF, visible en el expediente digital: ED_EXPEDIENTE21900655(.zip) NroActua 2, obrante en el índice 2
de SAMAI.
5 Archivo: 5Cuaderno principal_6_Notificación personal (Correo electrónico) Art. 199 Ley 1437 de
2011_19_Notificación personal (Correo electrónico) Art. 199 Ley 1437 de 2011_005NotificacionDemanda.PDF,
, visible en el expediente digital: ED_EXPEDIENTE21900655(.zip) NroActua 2, obrante en el índice 2 de SAMAI.
6Archivo: 7Cuaderno principal_8_Recepción correo ventanilla_3_Recepción correo
ventanilla_001ContestacionDemanda.PDF, visible en el expediente digital: ED_EXPEDIENTE21900655(.zip)
NroActua 2, obrante en el índice 2 de SAMAI.
7Archivo: 6Cuaderno principal_7_Recepción correo general_20_Recepción correo
general_006ContestacionDemandaEscritoExcepciones.PDF, visible en el expediente digital:
ED_EXPEDIENTE21900655(.zip) NroActua 2, obrante en el índice 2 de SAMAI.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8
El Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones de la demanda y
se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.
Como fundamento de lo anterior, señaló que la docente acreditó el total de los
requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia ya que para los periodos
laborados desde el 2 de octubre de 1978 hasta el 2 de febrero de 1980 y desde el
14 de septiembre de 1981 hasta el 3 de mayo de 1993 fue certificada como docente
nacionalizada, y que, para el interregno desempeñado entre el 9 de julio de 1999
hasta el 16 de octubre de 2013, pese a que la certificación aportada indicara que el
vínculo fue nacional, dicho tiempo sí puede ser tenido en cuenta para el
reconocimiento de la prerrogativa, pues consideró la categoría como municipal al
estimar que conforme a la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 del
Consejo de Estado lo esencialmente relevante es la acreditación de la plaza a
ocupar, y en ese sentido, sólo por el hecho de laborar como maestra en el municipio
de Otanche en dicho lapso, lo incluyó en el cómputo del tiempo de servicios para
acceder a la aludida prestación.
Reforzó su tesis con lo dispuesto en la sentencia SU014 de 2020, la cual definió
que la categoría docente se obtiene de la naturaleza del vínculo la cual se define en
el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, y no del origen de los recursos.
RECURSOS DE APELACIÓN9
La parte demandada mostró su inconformidad y solicitó que se revoque la
sentencia para que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.
Argumentó que la decisión del tribunal carece de una interpretación correcta de la
prueba y de la norma, pues aunque aceptó la recurrente que la demandante sí
laboró como docente nacionalizada del 2 octubre de 1978 al 2 de febrero de 1980 y
del 14 de septiembre de 1981 al 3 de mayo de 1993, manifestó que dicha categoría
no se predica del tiempo trabajado desde el 9 de julio de 1999 hasta el 16 de octubre
de 2013, ya que la vinculación del referido periodo es nacional conforme lo indican
los certificados laborales aportados y por ende no cumplió la demanda con los 20
de años de servicio como docente territorial o nacionalizada.
Expuso que no se podía interpretar erróneamente la ley y estimar que dicho período
se nacionaliza en virtud de la descentralización de la educación que operó en el
departamento de Santander10, y que, en todo caso por ser los salarios financiados
8Índice 65, ídem.
9Archivo: 33Cuaderno principal_36_RECIBE MEMORIALES
ONLINE_34_MemorialWeb_RECURSODEAPELACION.pdf, visible en el expediente digital:
ED_EXPEDIENTE21900655(.zip) NroActua 2, obrante en el índice 2 de SAMAI.
10
El recurrente se refirió a un departamento que no es del caso.
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con recursos del Situado Fiscal, hoy SGP, la vinculación debe considerarse del
orden nacional.
Que, en virtud de la carga de la prueba, es la demandante quien debe aportar
información adicional que sustente sus pretensiones.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido el 15 de septiembre de 202311, y en dicha
providencia se dispuso que una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho
para dictar sentencia sin necesidad de traslados.
Pronunciamiento de las partes
La demandada allegó memorial12 en el que reiteró los argumentos expuestos en la
contestación demanda. La accionante guardó silencio.
Posición del Ministerio Publico13
La Procuradora Segunda delegada ante esta Corporación solicitó que se revoque
la sentencia apelada por estimarse que, conforme al acervo probatorio la
demandante laboró como docente nacional del 9 de julio de 1999 al 16 de octubre
de 2013, por lo que, aquel tiempo que se logró acreditar como nacionalizada (2 de
octubre de 1978 al 2 de febrero de 1980 y del 14 de septiembre de 1981 al 3 de
mayo de 1993) resultan insuficientes para acreditar los 20 años de servicios exigidos
por la norma.
Que, en cuanto a la posición de primera instancia, advierte que el hecho de que los
actos de nombramiento se suscribieran por una autoridad territorial, esto no implica
que por esa sola circunstancia las nominaciones tuvieran el carácter de territoriales.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún
período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.
Marco normativo y jurisprudencial
11
Ver índice 4 en SAMAI.
12
Ver índice 10 en SAMAI.
13
Ver índice 11 en SAMAI.
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Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
4. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»22. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos antes consagrados para el efecto.
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De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
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siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201824
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
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inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,25 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
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Radicado: 15001-23-33-000-2019-00655-01 (5321-2023)
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la demandante nació el 20 de noviembre de 196014, de modo
que cumplió los 50 años el 20 de noviembre de 2010.
Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
de la reclamante como docente territorial o nacionalizado, (el cual es centro de
debate en esta instancia), se realiza el estudio sobre los tiempos de labor
acreditados en la causa judicial.
Se comenzará con el análisis del período que la demandada discute como de
carácter nacional, pues la determinación de su naturaleza como nacional sería
14 Según copia de la cédula de ciudadanía visible en el archivo: 000D6333.PDF del expediente administrativo:
10Cuaderno principal_9_Recepción correo ventanilla_6_Recepción correo ventanilla_23805653.ZIP, visible en
el expediente digital: ED_EXPEDIENTE21900655(.zip) NroActua 2, obrante en el índice 2 de SAMAI.
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suficiente para tener por no cumplido este requisito y por tanto convalidar la negativa
de las pretensiones.
• Del 9 de julio de 1999 al 16 de octubre de 2013
Respecto al periodo enunciado, se tiene que en el escrito de la demanda la actora
refirió que laboró como docente departamental durante el lapso señalado y para
demostrarlo aportó el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Información Laboral No. 8109 expedido el 14 de diciembre de 201515 por la
secretaría de educación de Boyacá, en el que se observa que se desempeñó como
maestra de primaria desde el 9 de julio de 1999 al 16 de octubre de 2013,
información que de la misma manera consta en el formato de certificación laboral
identificado con el No. 1529 expedido el 14 de agosto de 202016 por la misma
secretaría y que fue aportado por la accionada.
Se encuentra que ambas certificaciones asignaron a la educadora una categoría
nacional y no existe en el plenario ningún otro elemento probatorio que contraríe
dicha calificación. Por consiguiente, aunque no se tenga duda del tiempo
efectivamente laborado, no hay prueba que demuestre que el mismo fue
desempeñado en una plaza territorial o nacionalizada, y no podrá tenerse en cuenta
el lapso referido para efectos del cómputo de la pensión.
Al observar que no se allegaron los actos administrativos de nombramiento de la
actora como soporte de los periodos aquí analizados, resultó necesario examinar
en conjunto todos los documentos aportados a la actuación, pues a la luz de las
disposiciones que gobiernan la pensión gracia, la naturaleza de la relación legal y
reglamentaria de un docente es posible extraerla a partir de otros medios
probatorios como las certificaciones, acompañadas de la respectiva valoración bajo
elementos propios de la sana crítica, pues tal posibilidad incluso fue contemplada
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
cuando señaló:
«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. […]»
15
Páginas 33 a 35 del archivo 1Cuaderno principal_1_ Radicación de Proceso _16_ Radicación de Proceso
_001Demanda.PDF, visible en el expediente digital: ED_EXPEDIENTE21900655(.zip) NroActua 2, obrante en
el índice 2 de SAMAI.
16
Páginas 7 a 9 del archivo 13Cuaderno principal_11_Recepción correo ventanilla_9_Recepción correo
ventanilla_004RespuestaDerechoPeticionSecretariaEducacion.PD, visible en el expediente digital:
ED_EXPEDIENTE21900655(.zip) NroActua 2, obrante en el índice 2 de SAMAI.
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En ese orden de ideas, como sustento del tipo de relación legal y reglamentaria
sostenida por la demandante, de los mencionados certificados de información
laboral, se colige sin dificultad que la actora laboró como docente nacional durante
el interregno referido y no es de recibo el argumento expuesto por el tribunal de
origen para atribuir una vinculación municipal con sustento en la prestación del
servicio en una institución educativa municipal, pues si bien es cierto que lo
relevante es la plaza a ocupar, es clara la sentencia referida al determinar los
medios posibles a partir de los cuales se puede obtener la misma, por lo que tal
conclusión de la primera instancia se observa desacertada.
Sin perjuicio de lo anterior, es oportuno aclarar en este caso que, aunque en
decisiones anteriores17 esta Sala ha desestimado la calificación que algunos
certificados le endilgan a docentes, bien sea nacional, nacionalizada o territorial,
solo procede tal determinación cuando existen en el plenario piezas probatorias
adicionales que permiten desvirtuar lo certificado, en su mayoría los mismos actos
administrativos de nombramiento que es la prueba contundente a partir de la cual
se puede extraer la plaza ocupada, o en su defecto, otro tipo de elemento que
genere al menos alguna duda sobre la categoría acreditada, sin embargo, en el
presente proceso no existen ni siquiera puntos oscuros que propicien restarle
credibilidad a los certificados de historia laboral aportados, pues toda la información
coincide, incluso, fue la interesada quien en un primer momento aportó documentos
que sustentan todo lo contrario a su relato de los hechos.
A partir de lo expuesto, resulta entonces que en ejercicio de la libertad probatoria la
misma accionante allegó certificaciones inequívocas que acreditan una plaza que
va en contravía a lo que pretendió con la demanda, y no procuró en su lugar, allegar
algún otro elemento probatorio tendiente a controvertir los documentos expedidos
por la Secretaría de Educación de Boyacá.
Se destaca que, conforme a lo previsto por la regulación procesal, quien alegue la
ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas, el concepto de la violación, y
además, desplegar una actividad probatoria suficiente y adecuada para lograr el
efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho reclamado a través de
un medio de control como el de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, lo
cual se traduce en la concreción del postulado adjetivo de la carga de la prueba al
tenor del artículo 167 del CGP18.
17
6671-2023, 5097-2022, 0414-2023.
18 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga
al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en
virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado
de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
[…]»
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En este punto, es de resaltar que la norma impone una carga procesal a las partes
tendientes a que presenten los medios de convicción pertinentes, conducentes,
útiles y necesarios para demostrar los hechos de la demanda o las excepciones que
aleguen en la contestación, de manera que obtengan un resultado satisfactorio
respecto de sus propias posturas jurídicas frente a un mismo caso.
En consecuencia, la inobservancia de la carga procesal conlleva resultados
adversos para la parte que no la satisface, puesto que al no probar los supuestos
de hecho que alega, se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea
con fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de
comprobación19.
Por tanto, en el entendido de que probatoriamente se encuentra plenamente
demostrado que la señora Puentes Anzola detentó una vinculación como docente
nacional, se concluye que el lapso comprendido entre el 9 de julio de 1999 y el 16
de octubre de 2013 (14 años, 3 meses y 8 días), no podrá ser tenido en cuenta
para colmar la exigencia bajo estudio, necesaria para acceder al derecho en litigio,
pues la relación legal y reglamentaria nacional es incompatible con la finalidad de
la prestación conforme a los presupuestos de la Ley 114 de 1913.
Ahora, aunque es cierto que la demandante también detentó otros vínculos como
maestra oficial, siendo estos del 2 de octubre de 1978 al 2 de febrero de 1980 y
del 14 de septiembre de 1981 al 3 de mayo de 1993, sobre los cuales se demostró
con suficiencia que fueron ejercidos bajo un vínculo nacionalizado y a su vez que
ocupó una plaza docente de manera previa al 31 de diciembre de 1980 en las
calidades exigidas por la norma, tiempos que incluso fueron confirmados por la
misma demandada en su recurso de apelación y también se llegó a la misma
conclusión en esta instancia al observar los certificados laborales No. 8109 y No.
1529 que de manera inequívoca establecen que la docente ocupó la mencionada
categoría; sin embargo, se tiene que estos solo equivalen en tiempo a 12 años, 11
meses y 21 días, los cuales resultan insuficientes para efectos del reconocimiento
de la prerrogativa bajo estudio, pues no alcanzan a sumar 20 años de servicio.
Bajo tal contexto, en el entendido de que la demandante no cumplió con el tiempo
de servicio necesario para adquirir el beneficio, se revocará la providencia apelada
pues la misma no fue acertada al acceder a las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas en ambas instancias
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
19
Esta Sala ha reiterado esta posición en anteriores providencias. Ver sentencias con radicado: 25000-23-42-
000-2013-0466201 (2255-2021) y 68001-23-33-000-2020-00013-01 (4247-2023).
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consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, pues para estos efectos existe la referida norma especial que
debe ser aplicada en su integridad.
En el presente caso, pese a que se está revocando la decisión apelada, la Sala en
consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP (que refiere a la condena en
costas en ambas instancias a la parte que resulte vencida en segunda instancia),
decide aplicar en su lugar el criterio previamente enunciado al observar que de los
fundamentos planteados en la contestación de la demanda y en el trámite de
primera, no se presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la
imposición de dicha carga. Contrario a ello, la parte demandante propuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses y fue luego del debate
jurídico y probatorio que se determinó en esta oportunidad la no procedencia del
derecho, por lo que no se impondrá tal condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que accedió a las súplicas. En su lugar,
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas a la demandante según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.
CUARTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Edgar José Polanco
Pereira, portador de la tarjeta profesional 140.742 en calidad de apoderado general
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14
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de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura pública visible en el
índice 13 de la plataforma SAMAI.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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