RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2020-00049-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-00049-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-00049-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 09 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 3, que declaró probada la excepción de cosa juzgada, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 14 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024) Demandante: José Antonio Rivera Torres TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2020-00049-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Cosa Juzgada. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirma sentencia que declaró cosa juzgada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 09 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. El señor José Antonio Rivera Torres, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 032007 del 25 de octubre de 2019,
RDP 34243 del 25 de octubre de 2019 y RDP 037821 del 11 de diciembre de
2019, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia y resolvió negativamente un recurso
de reposición y apelación, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior a adquirir el estatus pensional en cuantía del 75% con
el correspondiente ajuste de ley; que las sumas reconocidas sean indexadas
conforme al IPC; el pago de intereses moratorios de conformidad con el artículo 141
de la Ley 100 de 1993; el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo
192 del CPACA; y se condene en costas a la entidad demandada.

1
Paginas 101 a 119 del archivo Cuaderno20principal/036_MemorialWeb_EXPEDIENTEADMINISTRATIVO-RAD.-
JOSEANTONIORIVERATORRES.pdf

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor José Antonio Rivera Torres nació el 04 de octubre de 1952, por tanto, el
04 de octubre de 2002 cumplió 50 años. Así mismo, indicó que prestó servicio
docente de la siguiente manera:

• Mediante la Resolución No. 23 del 10 de marzo de 1977 fue nombrado al
magisterio del departamento del Cesar, en donde laboró desde el 16 de
marzo de 1977 hasta el 02 de marzo de 1978.
• A través del Decreto 46 del 13 de febrero de 1992 fue vinculado al magisterio
del departamento de Boyacá, en donde estuvo ejerciendo la docencia desde
el 20 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2012.

5. El 30 de julio de 2019 radicó solicitud de reconocimiento y pago de una pensión
gracia ante Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la cual fue resuelta de manera
negativa por medio de los actos hoy demandados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

6. Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución
Política; así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 91 de 1989; y los Decretos
01 de 1976 y 2277 de 1979. Precisó que se cumplieron todos los requisitos exigidos
para el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada
negó el derecho prestacional del docente, en clara omisión de la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el asunto.

7. Explicó que la entidad demandada expidió los actos administrativos con falsa
motivación y desconociendo los derechos adquiridos de la demandante; que la
vinculación del docente en el departamento de Boyacá fue de tipo departamental y
no nacional como lo señalaron los actos demandados y que, adicional a ello,
cumplió con los demás requisitos exigidos por la ley para el reconocimiento y pago
de la pensión gracia.

8. En cuanto a la cosa juzgada, sostuvo que, si bien, el señor José Antonio Rivera
demandó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo unas resoluciones en
las que la UGPP había negado una pensión gracia, lo cierto era que, posterior a tal
pronunciamiento judicial, el Consejo de Estado había modificado su postura en
relación con los tiempos que se debían tener en cuenta para acceder al
reconocimiento y pago de tal prestación, lo que justificaba el inicio de una nueva
actuación administrativa.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

1.4. Contestación de la demanda2

9. Luego de presentada la demanda el 20 de enero de 2020 y admitida el 24 de
febrero de 2020, una vez notificada la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a
través de apoderado, presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad de las
pretensiones exponiendo que el nombramiento que mantuvo el señor Rivera Torres
fue del orden nacional con ocasión al origen de los recursos.

10. Finalmente, propuso como excepciones la i) cosa juzgada; ii) inexistencia de la
obligación o cobro de lo no debido; iii) inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales; y iv) prescripción.

1.5. Sentencia de primera instancia3

11. En decisión de 09 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
de Decisión No. 3 declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada¸ en tanto
existe identidad entre las partes, objeto y causa petendi en los procesos 15001-23-
33-000-2013-00725-00 y 15001-23-33-000-2020-00049-00, este último en estudio.

12. Para el efecto, el a quo trajo a colación la sentencia de 30 de julio de 2014,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por el señor José
Antonio Rivera Torres contra la UGPP, la cual fue confirmada mediante la sentencia
02 de junio de 2016 por el Consejo de Estado.

13. Analizando la configuración de la cosa juzgada, el tribunal precisó que entre el
proceso finalizado en el año 2016 y en el que hoy nos ocupa, se presentó identidad
jurídica de las partes; y en cuanto a la identidad de objeto a pesar de que en ambos
procesos se demandaron actos administrativos diferentes, producto de
reclamaciones administrativas que se presentaron el 04 de julio de 2013 (proceso
15001-23-33 000-2013-00725-00) y el 30 de julio de 2019 (proceso 15001-23-33-
000-2020 00049-00), las resoluciones en uno y otro proceso contenían la misma
decisión, consistente en negar el reconocimiento de la pensión gracia al señor José
Antonio Rivera Torres por falta de cumplimiento de los requisitos legales.

14. Consideró que el hecho de que existieran diferentes actos administrativos no
impedía la configuración de la identidad de objeto en la medida en que prevalecía
la identidad jurídica.

15. Resaltó que ambos procesos se fundamentaron en que el señor Rivera Torres
prestó servicios como docente territorial desde el 13 de marzo de 1977 hasta el 2
de marzo de 1978 y desde febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2012, es

2 009_ContestacionDemanda.pdf.PDF
3 060Sentencia de Pr_00820200004900PENSIO.pdf

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

decir, que los tiempos que pretende hacer valer no han sido objeto de
modificaciones.

16. Por último, en torno a las reglas previstas en la sentencia de unificación de 21
de junio de 2018 con fundamento en las que se presentó la demanda por segunda
vez, el a quo señaló que dicha sentencia tiene efectos retroactivos únicamente para
aquellos eventos pendientes por resolver en sede administrativa o judicial, pero no
afecta aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, tal como ocurre en el
presente asunto, pues como se evidenció, lo solicitado por el señor José Antonio
Rivera Torres fue decidido por esta jurisdicción, en decisiones que se encuentran
en firme.

1.6. Recurso de apelación4

17. A través de apoderado, el demandante presentó recurso de apelación con el
que solicitó revocar la decisión de primera instancia, sobre el particular, señaló que
la decisión judicial apelada desconoce las pautas jurisprudenciales para conceder
la pensión gracia estipuladas en sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 del
Consejo de Estado, la cual indica que la vinculación laboral de los docentes debe
estudiarse con base en el origen de la autoridad que realiza el nombramiento y la
fuente de financiación de los recursos, para determinar si hay o no lugar al
reconocimiento de la pensión gracia.

18. En consecuencia, al considerar que la sentencia de unificación justificaba una
nueva actuación administrativa y la interposición de la correspondiente demanda
ante la jurisdicción contenciosa, no estima viable la prosperidad del fenómeno de la
cosa juzgada.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

19. Con auto de 17 de octubre de 20245, se admitió el recurso de apelación.

20. En esta oportunidad, el demandante, la UGPP y el delegado del Ministerio
Publico que actúa ante esta corporación, guardaron silencio.

21. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

4 063_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.pdf
5 Documento visible en el índice 4 del expediente digital disponible en SAMAI.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto.

23. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Del problema jurídico

24. Considera esta Sala de Subsección que el problema jurídico en esta instancia
se centra en determinar si se configuró la excepción de cosa juzgada, como lo
dispuso el a quo en la sentencia objeto de alzada. En caso negativo, deberá
establecerse si el señor José Antonio Rivera Torres, cumple con las exigencias de
ley para que le sea reconocida la pensión gracia.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. El fenómeno jurídico de la cosa juzgada8

25. La institución jurídica procesal de la cosa juzgada permite tener certeza sobre
lo decidido judicialmente en un pleito, en el sentido de que no puede ser debatido el
mismo asunto, reabriendo un nuevo proceso, cuando lo pretendido ya fue estudiado,
se surtieron los actos procesales del caso y se dio solución al mismo.

26. En este sentido, su fin está dirigido a brindar seguridad jurídica, estabilidad en
las sentencias, para que una vez estén ejecutoriadas, adquieran el carácter de
inmutables, vinculantes, definitivas y coercitivas, siempre y cuando, guarden
protección y garantía de los derechos fundamentales.

27. Igualmente, garantiza la confianza legítima sobre determinada materia ya
juzgada, cuyos destinatarios son las partes en el proceso, terminando así, la disputa

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
8 Análisis realizado en sentencia del 2 de abril de 2020, proferida por esta Subsección dentro del

proceso radicado 15001-23-33-000-2013-00372-01(2043-2015).

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

de manera definitiva, para que no se extienda en el tiempo de forma indefinida,
razón por la cual, los efectos que imprime la cosa juzgada no habilitan al juez ni a
las partes a pronunciarse o debatir en un nuevo proceso sobre la controversia
litigiosa que ya ha sido objeto de decisión.

28. En esta medida se han distinguido dos modalidades que son:

• Cosa juzgada formal: Opera cuando el fallo quedó ejecutoriado, bien sea porque no
se hizo uso de los recursos dentro del término estipulado en la ley o habiéndose
ejercido estos fueron resueltos por la autoridad correspondiente, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos extraordinarios que proceden contra las
providencias ya ejecutoriadas.

• Cosa juzgada material: Hay lugar a ella cuando contra la sentencia feneció la
facultad de usar algún recurso, en otras palabras, porque precluyó el término para
interponer los recursos extraordinarios o porque fueron resueltos de forma
desfavorable.

29. Cabe resaltar que el artículo 303 del CGP, aplicable por remisión normativa del
artículo 306 del CPACA, señala sobre la cosa juzgada lo siguiente:

«Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si
se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en
relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».

30. La Sección Segunda9 frente a los elementos que configuran la cosa juzgada,
indicó lo siguiente:

«[…] Ahora bien para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:
a).- Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye
cosa juzgada.
b).- Identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento.
Cuando además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos,
solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-

42-000-2018-00634-01(5385-2019)

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.
c).- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una
o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente […]».

31. Por su parte, el artículo 189 del CPACA10 preceptúa los efectos de la cosa
juzgada en el ámbito contencioso administrativo. Se resalta que teniendo en cuenta
lo indicado en la norma ut supra referenciada, en controversias en las cuales se
discute la legalidad de un acto administrativo, la decisión que accede a la nulidad
solicitada genera cosa juzgada erga omnes solamente en lo atinente a la causa
petendi.

32. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir entonces que, para la
estructuración de la cosa juzgada, debe verificarse la identidad de partes, identidad
de causa e identidad de objeto. Además, el artículo 189 del CPACA establece que
las decisiones judiciales que declaren la nulidad de los actos administrativos en esta
jurisdicción tendrán fuerza erga omnes, por lo que no es posible que nuevamente
sean sujetas a debate judicial.

2.4 Caso Concreto

33. Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, esto es, verificar si se configura la excepción de cosa juzgada
como lo adujo el a quo; y de resultar ello negativo, se establecerá si el demandante
cumple con las exigencias para obtener el reconocimiento de la pensión gracia.

34. Pues bien, da cuenta el plenario que con anterioridad el señor José Antonio
Rivera Torres presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, tramitada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 3, bajo radicación 15001-23-33-
000-2013-00725-00, y con la cual solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP
032509 del 19 de julio de 2013, RDP 038066 del 20 de agosto de 2013 y RDP
039763 del 28 de agosto del 2013, a través de las cuales le fue negado el derecho
al reconocimiento de la pensión gracia y se resolvió negativamente el recurso de

10 «Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad
pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las
que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de
legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente
a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital
o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.»

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

reposición y en subsidio el de apelación, respectivamente.

35. Posteriormente, presentó demanda en uso del medio de control referenciado,
que fue tramitada por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No.
3, bajo radicado 15001-23-33-000-2020-00049-00, en la que deprecó la nulidad de
las Resoluciones RDP 032007 del 25 de octubre de 2019, RDP 34243 del 25 de
octubre de 2019 y RDP 037821 del 11 de diciembre de 2019. Procesos judiciales
que resultaron adversos al interesado, pues, en el primero se dictó sentencia
denegatoria de las pretensiones el 30 de julio de 2014, y en el segundo se declaró
probada la excepción de cosa juzgada, con proveído dictado el 09 de mayo de 2024,
cuya apelación centra la atención de la sala.

36. Bajo ese contexto, se procederá a realizar la verificación de los elementos
configurativos de la cosa juzgada, al tenor del artículo 303 del CGP; para lo cual se
expondrán el siguiente cuadro comparativo:

Expediente anterior Expediente bajo estudio

Tribunal Administrativo de Boyacá – Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sala de Decisión No. 3 Sala de Decisión No. 3
15001-23-33-000-2013-00725-00 15001-23-33-000-2020-00049-00

SUJETOS PROCESALES

Demandante: José Antonio Rivera Demandante: José Antonio Rivera
Torres Torres
Demandado: Unidad Administrativa Demandado: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP Protección Social - UGPP

ACTOS ACUSADOS

Resoluciones RDP 032509 del 19 de -Resoluciones RDP 032007 del 25 de
Julio de 2013, RDP 038066 del 20 de octubre de 2019, RDP 34243 del 25 de
agosto de 2013 y RDP 039763 del 28 de octubre de 2019 y RDP 037821 del 11
agosto del 2013, por medio de los de diciembre de 2019, por medio de los
cuales se negó el reconocimiento y pago cuales se negó el reconocimiento y pago
de una pensión gracia y se resolvió de una pensión gracia y se resolvió
negativamente los recursos de negativamente los recursos de
reposición y apelación, reposición y apelación,
respectivamente. respectivamente.

PRETENSIONES

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

Solicitó el reconocimiento y pago de una Solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia con la inclusión de todos pensión gracia con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en el los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior a adquirir año inmediatamente anterior a adquirir
el estatus pensional en cuantía del 75% el estatus pensional en cuantía del 75%
con el correspondiente ajuste de ley; con el correspondiente ajuste de ley; que
que las sumas reconocidas sean las sumas reconocidas sean indexada
indexada conforme al IPC; el pago de conforme al IPC; el pago de intereses
intereses moratorios de conformidad moratorios de conformidad con el
con el artículo 141 de la Ley 100 de artículo 141 de la Ley 100 de 1993; el
1993; el cumplimiento de la sentencia en cumplimiento de la sentencia en los
los términos del artículo 192 del CPACA; términos del artículo 192 del CPACA; y
y se condene en costas y agencias de se condene en costas y agencias de
derecho a la entidad demandada. derecho a la entidad demandada.
FUNDAMENTOS FACTICOS

José Antonio Rivera Torres nació el 04 José Antonio Rivera Torres presentó
de octubre de 1952, por lo tanto, solicitud de reconocimiento y pago de
cumplió 50 años el 04 de octubre de una pensión gracia el 30 de julio de 2019
2002 y prestó servició por más de 20 ante la Unidad Administrativa Especial
años como docente, primero en el de Gestión Pensional y Contribuciones
departamento del Cesar y luego en el Parafiscales de la Protección Social -
departamento de Boyacá. Al considerar UGPP*, la cual fue resuelta de manera
que cumplió con los requisitos, radicó negativa con las Resoluciones RDP
solicitud ante la UGPP para obtener el 032007 del 25 de octubre de 2019, RDP
reconocimiento y pago de una pensión 34243 del 25 de octubre de 2019 y RDP
gracia, la cual fue resuelta de manera 037821 del 11 de diciembre del mismo
negativa a través de las Resoluciones año, la entidad consideró que los
RDP 032509 del 19 de Julio de 2013, tiempos de servicios del docente a partir
RDP 038066 del 20 de agosto de 2013 de 1992 fueron de orden nacional y que
y RDP 039763 del 28 de agosto del mediante resoluciones 32509 del 19 de
2013, en razón a que tuvo una julio de 2013, RDP 038066 del 20 de
vinculación de carácter nacional a partir agosto de 2013 y RDP 039763 del 28 de
de 1992. agosto del 2013, ya se había negado la
pensión con argumentos similares.

Adujo en esta ocasión, que se tuvieran
como nuevos hechos, los argumentos
de la sentencia de unificación de 21 de
junio de 2018 expedida por el Consejo
de Estado, que analizó la propiedad de
los recursos con que se pagan los
salarios a docentes, y la calificación de
docente territorial en virtud de la fuente
de financiación; argumentos que arguye,
no fueron invocados en la demanda
anterior.
DECISIONES JUDICIALES

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

En sentencia de 30 de julio de 2014, el En sentencia de 09 de mayo de 2024, el
Tribunal Administrativo de Boyacá negó Tribunal Administrativo de Boyacá
las pretensiones de la demanda. Al declaró de oficio la cosa juzgada. Indicó
respecto consideró que el demandante que se presenta identidad de partes,
no reunió los requisitos para ser objeto y causa. Luego de revisar los
beneficiario de una pensión gracia, toda actos demandados y las pretensiones,
vez que prestó la mayor parte del tiempo encontró que, en el proceso finalizado
sus servicios con una vinculación de con la sentencia de 30 de julio de 2014,
carácter nacional, y por tanto las proferida por ese mismo Tribunal, ya se
resoluciones demandadas se ajustan a había examinado y resuelto sobre el
los preceptos legales. derecho reclamado, pese a que se trata
de diferentes actos administrativos no
Tal decisión fue objeto de apelación en impedía la configuración de la identidad
la oportunidad procesal prevista para de objeto en la medida en que
ello, y mediante sentencia de 02 de prevalecía la identidad jurídica.
junio de 2016 el Consejo de Estado,
Sección Segunda, confirmó la Resaltó que ambos procesos se
providencia de primera instancia, con fundamentaron en que el señor José
fundamento en que la vinculación del Antonio Rivera Torres prestó servicios
actor entre 1977 y 1978 era de carácter como docente territorial desde el 13 de
nacionalizada, pero fue nacional desde marzo de 1977 hasta el 2 de marzo de
1992 hasta 31 de diciembre del 2012. 1978 y desde febrero de 1992 hasta 31
Por lo tanto, no alcanzó a cumplir los 20 de diciembre de 2012, es decir, que los
años requeridos por la ley. tiempos que pretende hacer valer no han
sido objeto de modificaciones.

Concluyendo que no puede decidirse
sobre el fondo de las pretensiones,
porque implicaría estudiar una
pretensión ya decidida por la jurisdicción
sobre los mismos hechos.

37. De conformidad con lo anterior, la Sala advierte lo siguiente:

38. En cuanto, a la identidad jurídica de las partes es claro que tanto en el proceso
con radicado 15001-23-33-000-2013-00725-00 como en el que hoy nos ocupa, el
señor Rivera Torres fungió como demandante; y el extremo pasivo lo conformó la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP. De manera que, puede colegirse que existe
identidad de partes en los dos procesos.

39. En torno a la identidad de objeto, también se encuentra configurada, pues, si
bien se demandaron actos administrativos diferentes, del contraste de los
expedientes en cita se avizora que las pretensiones de las demandas y la
motivaciones vertidas en las providencias emitidas por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, permiten inferir que en las causas judiciales relacionadas, el docente
deprecó la nulidad de los actos administrativos proferidos por la UGPP, mediante

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

los cuales le fue negado el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia;
solicitando como restablecimiento del derecho, el reconocimiento de dicha
prestación en donde se incluyan todos los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la fecha del status pensional, en razón al vínculo docente
que mantuvo con el departamento del Cesar y el departamento de Boyacá.

40. A renglón seguido, también se estima configurada la identidad de causa, ello
en tanto, los fundamentos fácticos y jurídicos dan cuenta que el aquí demandante
propugnó por la misma causa, esto es, obtener la pensión gracia, para lo cual
sostuvo en ambos asuntos, que acredita los requisitos de ley, especialmente, el
cumplimiento de la edad (50 años) el 04 de octubre de 2002 y el tiempo de servicios
(20 años), relacionando para efectos de esta última exigencia, los periodos
laborados en el año 1977 en el departamento del Cesar, y desde 1992 en el
departamento de Boyacá, a saber:

Expediente anterior Expediente bajo estudio

Tribunal Administrativo de Boyacá – Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sala de Decisión No. 3 Sala de Decisión No. 3
15001-23-33-000-2013-00725-00 15001-23-33-000-2020-00049-00

PERIODOS TIEMPO DOCENTE

1. Desde el 16 de marzo de 1977 1. Desde el 16 de marzo de 1977 hasta
hasta el 02 de marzo de 1978. el 02 de marzo de 1978.

2. Desde el 20 de febrero de 1992 2. Desde el 20 de febrero de 1992 hasta
hasta el 31 de diciembre de 2012. el 31 de diciembre de 2012.

41. Cabe destacar que, los anteriores tiempos de servicios fueron valorados en su
momento por el Tribunal Administrativo de Boyacá, considerando como se
mencionó, que no se acreditaban los 20 años de servicios, dado que tuvieron origen
en un vínculo del orden nacional, y por ello no había lugar a tenerlo en cuenta para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

42. De manera que, en cumplimiento de la institución procesal de la cosa juzgada,
este asunto no puede ser objeto nuevamente de análisis judicial, pues lo establecido
en el proceso primigenio goza de inmutabilidad en aras de preservar la seguridad
jurídica.

43. Revisados los documentos que contienen ambos procesos, tanto el tramitado
con radicación 15001-23-33-000-2013-00725-00, como el que hoy nos ocupa,
comparten el mismo fin, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
proferidos por la UGPP producto de reclamaciones administrativas que se

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

presentaron el 4 de julio de 2013 (proceso 15001-23-33 000-2013-00725-00) y el 30
de julio de 2019 (proceso 15001-23-33-000-2020 00049-00), teniendo como
pruebas las vinculaciones que anteceden.

44. A lo anterior se suma que, en el proceso actual no se aportaron elementos
nuevos o diferentes que pudiera llevar al juez de primera instancia a realizar un
examen diferente al ya efectuado en el primer proceso, toda vez que se reitera, se
invocan las mismas las vinculaciones, y por tanto los tiempos de servicio no varían
respecto de lo ya evaluado. Sobre el particular, vale la pena poner de presente que
la Corte Constitucional en sentencia T-249 de 2016 señaló:

«Corolario de lo expuesto, es claro que el precedente de la Corporación, ha
establecido las siguientes reglas en materia de cosa juzgada: (i) la institución de la
cosa juzgada le otorga el carácter de inmutable e intangible a las decisiones judiciales;
(ii) cuando confluyan la identidad de partes, causa y objeto se configura la existencia
de la cosa juzgada; (iii) no puede hablarse de cosa juzgada cuando no existe
identidad de hechos. Ejemplo de ello, es cuando aparece una prueba que no se tuvo
en cuenta para la resolución inicial del caso y que cambia por completo la decisión;
(iv) en materia de seguridad social la Corte, en aplicación de los principios de
equidad, favorabilidad e irrenunciabilidad, ha señalado que en el análisis de la
causa petendi que debe efectuar el juez de conocimiento, le corresponde tener
en cuenta que surge un hecho nuevo cuando la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha establecido el carácter de universal e irrenunciable de un
derecho. Aclaró la Corporación que no se trata de cualquier precedente o cambio de
criterio por parte de una alta corporación la que puede alegarse como hecho nuevo,
sino aquellos que desarrollan y protegen derechos de rango fundamental, y que la
misma Corte Constitucional en sentencias proferidas por la Sala Plena así lo han
señalado, o constituyen una jurisprudencia en vigor.»

45. Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha dejado sentado que
se pueden considerar como hechos nuevos en los asuntos en que se pretenda el
reconocimiento de pensión, una vez ya se encuentre firme una decisión judicial;
aquellos que versen sobre el cambio del estatus jurídico del solicitante, tales como
el cumplimiento de la edad o la demostración de otros requisitos exigidos para
acceder a la prestación que sean configurados posterior a la sentencia inicial 11.
Situación que no ocurre en el presente asunto, pues, en el proceso que convoca el
estudio de la Sala, lo que se invoca es la existencia de un nuevo pronunciamiento
judicial por parte de esta Corporación, más no se arguye un hecho relacionado con
la demostración de alguno de los requisitos con posterioridad a la expedición de la
sentencia inicial.

46. Vale la pena resaltar que esta Subsección con posterioridad al pronunciamiento
de la Corte Constitucional, ha señalado que el cambio jurisprudencial frente a
determinado asunto no afecta las decisiones judiciales adoptadas con anterioridad;

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto de 11 de noviembre de 2021,
expediente 25000-23-42-000-2018-00634-01(5385-19). C.P: William Hernández Gómez

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

se destaca12:

«A pesar de que el a quo en los fundamentos de su decisión hace alusión a que el
criterio de interpretación de los factores salariales a los que tienen derecho los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 adoptado por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de
jurisprudencia de 4 de agosto de 2010 habilitó al demandante para acudir de nuevo
a solicitar el reajuste de su mesada pensional, sin embargo, esta Sala contrario a lo
determinado por el Tribunal de primera instancia, precisa que el cambio de
jurisprudencia no purga la cosa juzgada, es decir, no afecta las decisiones judiciales
adoptadas con anterioridad.

Así lo ha explicado la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación:

«Finalmente, es importante reiterar que si bien los cambios de precedente orientan
las decisiones futuras de los operadores jurídicos, no afectan los casos fallados con
anterioridad por las autoridades judiciales, pues éstos se sujetan a lo resuelto en el
respectivo proceso judicial, dado el carácter vinculante de la sentencia y sus efectos
de cosa juzgada, De lo contrario, la jurisprudencia, que por naturaleza debe
evolucionar de acuerdo con los cambios jurídicos y sociales, correría el riesgo de
petrificarse por el temor de los efectos del cambio de precedente.

De esta manera, la seguridad jurídica y el valor de cosa juzgada de las sentencias,
la cual es vinculante para las partes que han intervenido en el proceso, constituye un
valor constitucional protegible que no resulta afectado con cambios posteriores en la
jurisprudencia».13

Los despachos que integran la Sección Segunda también acogen la postura
según la cual los cambios de jurisprudencia no afectan la cosa juzgada, así se
puede ver en asuntos decididos en sede ordinaria y constitucional14.» (Resalto
fuera del texto original)

47. De manera que, siguiendo el precedente de esta Corporación, no hay lugar a
revisar de fondo nuevamente un asunto concluido con decisión judicial ejecutoriada,
cuando se invoca un nuevo precedente jurisprudencial. A lo anterior se suma que,
la sentencia de unificación invocada por la parte actora, dispone en su parte
resolutiva que los efectos de dicha providencia son retrospectivos, de manera que
las consideraciones allí expuestas, en relación con los temas objeto de unificación
constituyen precedente obligatorio para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial, no obstante, los casos en los cuales ha operado la cosa

12Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda-Subsección A.
Sentencia del dos (2) de abril de dos mil veinte (2020). Radicación número: 15001-23-33-000-2013-
00372-01(2043-2015).
13Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de febrero de 2012.
Radicado: 11001-03-06-000-2011-00049-00 (2069).
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Radicado: 25000-

23-25-000-2012-01176-01 (1281-2004). Sentencia de 11 de abril de 2019. / Radicado: 76001-23-33-
000-2013-00063-01(2710-2015). Sentencia de 16 de marzo de 2017. / Radicado: 11001-03-15-000-
2016-00356-00(AC). Sentencia de tutela de 17 de marzo de 2016. / Radicado: 76001-23-33-000-
2013-00113-02(0466-2016). Apelación de auto de 26 de octubre de 2017. / Radicado: 76001-23-31-
000-2012-00091-01 (1482-2017). Apelación de auto de 17 de mayo de 2018. / Radicado: 25000 23
42 000 2013 00363 01 (2226–2014); Sentencia de 23 de enero de 2020.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

juzgada, resultan inmodificables en atención al principio de seguridad jurídica.

48. En ese hilo de consideraciones, la Sala estima ajustada a derecho la decisión
de primera instancia, ya que como se ha dejado expuesto, se configuró la excepción
de cosa juzgada. En consecuencia y en aras de preservar la seguridad jurídica y la
inmutabilidad de las decisiones judiciales, en vista que la decisión contenida en la
sentencia de 30 de julio de 2014, emanada por el Tribunal Administrativo de Boyacá
resulta inmodificable, no es procedente promover un nuevo proceso y menos
realizar un análisis de fondo.

49. En tal sentido, se confirmará la sentencia de fecha de 09 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 3, la cual
declaró probada la excepción de cosa juzgada, con fundamento en las razones
antes expuestas.

2.5. Condena en costas

50. Con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un
estudio respecto de la carencia de fundamentación jurídica conforme lo dispone el
artículo 47.

51. Así, al concluirse que la pretensión que origina el presente asunto ya fue objeto
de decisión en un proceso anterior, y por tanto se encuentra probada la excepción
de cosa juzgada como lo indicó el Tribunal, carece de sustento jurídico el recurso
de apelación propuesto. En consecuencia, se impondrá condena en costas.

52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 09 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 3, que declaró probada
la excepción de cosa juzgada, de conformidad con lo señalado en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 00049 01 (4404–2024)
Demandante: José Antonio Rivera Torres

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.