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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-00129-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-00129-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR, los ordinales primero a cuarto y séptimo de la sentencia proferida el doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en cuanto declaró la nulidad de los actos demandados respecto del señor Jhon Fredy Cristancho Berdugo. En su lugar, Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Jhon Fredy Cristancho Berdugo en contra de la Procuraduría General de la Nación. Tercero. CONFIRMAR los demás ordinales de la sentencia apelada. Cuarto. CONDENAR en costas, en esta instancia, al señor Jhon Fredy Cristancho Berdugo. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá. Quinto. RECONOCER personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo, identificado con cédula de ciudadanía 79.399.935 y portador de la tarjeta profesional 72.169 del C.S. de la J. para representar los intereses de la Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00072 del radicado 15001233300020200012900. Sexto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2020-00129-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2020-00129-01 (0499-2024)
Demandante: Luis Eduardo Romero Triana
Jhon Fredy Cristancho Berdugo
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Competencia de la Procuraduría General de la Nación para
imponer sanciones disciplinarias a servidores públicos elegidos
por voto popular. Marco jurisprudencial aplicable al análisis de
los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias.
Nulidad del acto administrativo por violación del debido proceso.
REVOCA PARCIALMENTE SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y por
el Ministerio Público en contra de la sentencia proferida el doce (12) de septiembre
de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. Los señores Luis Eduardo Romero Triana y Jhon Fredy Cristancho Berdugo
instauraron demanda en contra de la Procuraduría General de la Nación, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y
segunda instancia, expedidas 28 de junio de 2019 por la Procuraduría Provincial de
Santa Rosa de Viterbo y el 27 de agosto de 2019 por la Procuraduría Regional de
Boyacá, mediante las cuales fueron sancionados con destitución e inhabilidad
general por el término de diez (10) años.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitaron que se ordene el pago de
perjuicios morales por 50 SMMLV para cada uno y la publicación de la sentencia en

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la página web de la Procuraduría General de la Nación, acompañada de una
disculpa oficial, para que la comunidad quede suficientemente enterada de que no
se incurrió en ninguna infracción disciplinable; y que se condene en costas a la
demandada.

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que el señor Jhon Fredy Cristancho Berdugo fue elegido como alcalde del
municipio de Tasco (Boyacá) para el periodo 2012-2015 y que el señor Luis Eduardo
Romero Triana fue designado por aquel como Secretario de Planeación del mismo
municipio desde enero 2 de 2013.

6. Que el 20 de enero de 2014 varios concejales de Tasco remitieron una queja
a la Procuraduría General de la Nación, en la cual señalaron que en el contrato de
obra Nro. AMT-MIN-007 de 2013, celebrado con el señor Luis Enrique Chiquillo
Martínez, que tuvo por objeto «[m]ejoramiento vía (sic) terciaria que conduce al
cerro del Tahur y construcción de alcantarilla en concreto de 36’’» no se construyó
ninguna alcantarilla, pues las que existían en el municipio databan de 2011 y 2012
y fueron objeto del contrato 075 de 2011.

7. Que, previa investigación disciplinaria, se les formuló cargo único consistente
en haber elaborado y suscrito, en sus calidades de alcalde y supervisor, el acta de
recibo final y a satisfacción de la obra objeto del contrato AMT-MIN-007 de 2013 sin
que se hubiera construido la mencionada alcantarilla, con lo cual se habría incurrido
en falsedad ideológica, pues se consignó un hecho que no era cierto.

8. Que fueron sancionados con destitución e inhabilidad general por el término
de 10 años mediante decisión del 28 de junio de 2019 y, apelada la sanción, esta
fue confirmada el 27 de agosto de 2019, acto que se notificó personalmente al señor
Romero Triana el 11 de septiembre de 2019 y por edicto fijado el 12 del mismo mes
y año al señor Cristancho Berdugo.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Constitución Política: artículos 6, 29, 122, 123 y 126; Decreto 1258 de 2012:
artículos 30 y 31; Ley 1493 de 2011: artículos 17 y 22.

10. Consideran que en la expedición de los actos demandados se desconoció el
principio de investigación integral, pues el problema jurídico que allí se debía
resolver consistía en determinar si la alcantarilla de 36’’, que era objeto del contrato
AMT-MIN-007-2013 fue o no construida y, en caso negativo, precisar si esa omisión
resultaba contraria a lo consignado en el acta de entrega de la obra. Únicamente
luego de ese ejercicio se podía definir si se incurrió o no en el delito de falsedad
ideológica.

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11. Que, en ese orden, la sanción no se derivó de la no construcción de la
alcantarilla, sino de la elaboración y suscripción del acta de liquidación del contrato,
lo que implica que la investigación debió ser más profunda, pues «(…) no debió
existir la menor duda de que la alcantarilla no se construyó». No obstante, la
autoridad no buscó ni practicó pruebas favorables para el cumplimiento del principio
de investigación integral, pues su único soporte en este sentido fue el informe
derivado de la visita realizada por un funcionario de la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación.

12. Agregaron que en sus versiones aportaron un registro fotográfico de la
construcción de la alcantarilla y que en sede de alegatos de conclusión allegaron un
documento suscrito por el contratista Luis Enrique Chiquillo Martínez, en el cual
aseguró que sí la construyó en el sector objeto del contrato, pero no en el mismo
lugar. Que este medio no fue valorado por la demandada y tampoco se decretaron
pruebas que solicitaron en el transcurso de la actuación.

13. Que también se desconoció el contenido del artículo 142 de la Ley 734 de
2002, según el cual no se puede proferir decisión sancionatoria sin que exista
prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado. Lo anterior, porque fueron sancionados por incurrir
en falsedad ideológica, al consignar en el acta de liquidación del contrato 007 de
2013 un hecho que no era cierto, esto es, que se había construido y recibido a
satisfacción la alcantarilla de 36’’; pero la autoridad no demostró objetivamente que
esta no se hubiere construido, por lo cual no tenía elementos para imponer el
correctivo.

14. Que, además, se lesionó el in dubio pro disciplinado, porque en la actuación
existía una duda razonable que debía resolverse en su favor, pues en el acta de
recibo del contrato AMT-MIN-007-2013 no se incluyeron situaciones falsas, en la
medida en que el mismo contratista fue categórico en indicar que la alcantarilla sí
se construyó, aunque en un sitio distinto y eso fue lo que se consignó en el
documento referido, esto es, «(…) el recibido de la alcantarilla era cierto, sin que
jamás existieran falsedades en algún documento o ni siquiera se probó que los
disciplinados hubieran tenido conocimiento de una situación que no era la que
reflejara las actas firmadas».

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

15. Previa admisión de la demanda, se requirió a la Procuraduría General de la
Nación, por autos del 13 de marzo de 20201, 15 de octubre de 20202 y 4 de febrero
de 20213 para que indicara la fecha y forma de notificación de las decisiones

1 Véanse páginas 238-239 del archivo «5_ED_150012333000», visible en el enlace asociado al archivo
«4ED_RV_REMISIONEXPEDIENTERECURSODEAPELACIONRAD20200012900MSG(.msg) NroActua 2», en
el índice 00002 de SAMAI.
2 Véanse páginas 248-249 del archivo «5_ED_150012333000», visible en el enlace asociado al archivo

«4ED_RV_REMISIONEXPEDIENTERECURSODEAPELACIONRAD20200012900MSG(.msg) NroActua 2», en
el índice 00002 de SAMAI.
3 Véase archivo «2_AutoRequiere», visible en el enlace asociado al archivo
«4ED_RV_REMISIONEXPEDIENTERECURSODEAPELACIONRAD20200012900MSG(.msg) NroActua 2», en
el índice 00002 de SAMAI.

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sancionatorias. Satisfecho el requerimiento, mediante auto del 7 de mayo de 20214
se admitió la demanda. La entidad se opuso a las pretensiones, por considerar que
los actos acusados se expidieron en cumplimiento de las normas constitucionales y
legales aplicables al procedimiento disciplinario.

16. Que no es cierto que se les hubiera formulado único cargo y que la lectura
del pliego de cargos da cuenta de la suscripción del acta de recibo final y a
satisfacción de la obra, no de la elaboración de dicho documento. Precisó, además,
que el señor Cristancho Berdugo se notificó por edicto fijado el 13 de septiembre de
2019, desfijado el 17 del mismo mes y año.

17. Que tanto el pliego de cargos como las posteriores decisiones sancionatorias
se sustentaron en la valoración integral de las pruebas recaudadas y que durante
todas las etapas los demandantes pudieron ejercer su derecho de defensa y
contradicción; inclusive, en múltiples oportunidades se intentó la práctica de la
prueba testimonial solicitada por los investigados, consistente en la declaración del
contratista de la obra AMT-MIN-070 de 2013, sin que fuera posible localizarlo.

18. Agregó que los actos sancionatorios se expidieron porque se encontró
probado que el señor Jhon Fredy Cristancho Berdugo, en su condición de alcalde
de Tasco incurrió en la falta gravísima contemplada en el numeral 1 del artículo 48
de la Ley 634 de 2011 subsumida en el tipo penal del artículo 286 de la Ley 599 de
2000 (falsedad ideológica en documento público), pues suscribió un acta en la que
se consignó el recibo de una obra que no se ejecutó; y que el señor Luis Eduardo
Romero Triana, supervisor del contrato AMT-MIN-07 de 2013, incurrió en la falta
disciplinaria señalada en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, porque
certificó el recibo a satisfacción de una obra no ejecutada en su totalidad; en ambos
casos, calificada su conducta como dolosa.

19. Que en el derecho disciplinario la trilogía tipicidad – antijuridicidad –
culpabilidad se determina por el quebrantamiento de los deberes funcionales y que
ello fue la base para estudiar la responsabilidad de los demandantes e imponer la
correspondiente sanción5.

20. Se celebró audiencia inicial el 19 de mayo de 20226, en la cual se fijó el litigio
y se resolvió sobre el decreto de pruebas. Luego, en diligencia del 28 de junio de
20227 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio
Público para que presentara su concepto, luego de lo cual se ofició a la demandada
y al municipio de Tasco para que certificaran la naturaleza jurídica, forma de

4 Véase archivo «3AUTOADMITEDEMANDASISTEMAORAL», visible en el enlace asociado al archivo
«4ED_RV_REMISIONEXPEDIENTERECURSODEAPELACIONRAD20200012900MSG(.msg) NroActua 2», en
el índice 00002 de SAMAI.
5 Véase archivo «10_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CONTESTACIONDEMANDA», visible en el enlace

asociado al archivo
«4ED_RV_REMISIONEXPEDIENTERECURSODEAPELACIONRAD20200012900MSG(.msg) NroActua 2», en
el índice 00002 de SAMAI.
6 Véase archivo «18_AUDIENCIA», visible en el enlace asociado al archivo
«4ED_RV_REMISIONEXPEDIENTERECURSODEAPELACIONRAD20200012900MSG(.msg) NroActua 2», en
el índice 00002 de SAMAI.
7 Véase archivo «21_AUDIENCIA», visible en el enlace asociado al archivo
«4ED_RV_REMISIONEXPEDIENTERECURSODEAPELACIONRAD20200012900MSG(.msg) NroActua 2», en
el índice 00002 de SAMAI.

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vinculación, fechas y funciones del cargo desempeñado por el señor Luis Eduardo
Romero Triana8 y, cumplido lo anterior, se dictó sentencia, que fue apelada en el
plazo oportuno por la parte demandada y por el agente del Ministerio Público.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

21. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del doce (12) de
septiembre de dos mil veintitrés (2023)9, accedió parcialmente a las pretensiones
respecto del señor Jhon Fredy Cristancho Berdugo. En consecuencia, declaró la
nulidad de los actos demandados y ordenó la eliminación del registro de la sanción
que se le impuso.

22. Analizó el marco normativo del control judicial a los actos que imponen
sanciones disciplinarias y destacó la sentencia de unificación del Consejo de Estado
proferida el 9 de agosto de 2016, para advertir que este se debe efectuar de manera
integral. Luego, abordó el caso concreto a partir del control de convencionalidad
oficioso y obligatorio de las decisiones administrativas que implican la restricción de
derechos políticos, para resolver la situación del señor Jhon Fredy Cristancho
Berdugo.

23. Dijo que la jurisprudencia y la doctrina han reconocido la importancia del
control de convencionalidad como la herramienta que deben emplear los jueces
para realizar un examen de compatibilidad entre los actos internos y los tratados
internacionales o la jurisprudencia de la Corte IDH.

24. Agregó que, según el artículo 277.6 de la Constitución, la Procuraduría
General de la Nación tiene la competencia para ejercer vigilancia de la conducta
oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive, los de elección popular
e imponer las sanciones de ley y que esta disposición constitucional es el
fundamento de lo consagrado en el artículo 45.1 de la Ley 734 de 2002, que define
la sanción consistente en inhabilidad general.

25. Que la Corte Constitucional ha respaldado las competencias de la
Procuraduría General en diferentes pronunciamientos, en la medida en que las
facultades de la entidad no riñen con el artículo 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, porque en tal disposición no se consagra una prohibición
para que los Estados regulen otro tipo de restricciones a los derechos políticos, sino
que fija una serie de pautas bajo las cuales el legislador puede desarrollar los
derechos que allí se señalan.

26. Que, por otra parte, el Consejo de Estado, en múltiples pronunciamientos, ha
adoptado la tesis según la cual solo los jueces de la República resultan competentes
para imponer sanciones que impliquen la destitución e inhabilidad general en el caso

8 Véase archivo «28_AUTOREQUIERE», Véase archivo «18_AUDIENCIA», visible en el enlace asociado al

archivo «4ED_RV_REMISIONEXPEDIENTERECURSODEAPELACIONRAD20200012900MSG(.msg)
NroActua 2», en el índice 00002 de SAMAI.
9 Véase archivo «052_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA», visible en el enlace asociado al archivo

«4ED_RV_REMISIONEXPEDIENTERECURSODEAPELACIONRAD20200012900MSG(.msg) NroActua 2», en
el índice 00002 de SAMAI.

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de servidores públicos en eventos que no constituyan casos de corrupción.

27. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fallo del 8 de julio de
2020, proferido en el Caso Petro Urrego Vs Colombia, afirmó que la interpretación
del artículo 23-2 de la Convención IDH debía ser gramatical, por ser consistente con
el objeto y fin de dicho instrumento, pues así se determinan criterios claros y órganos
específicos bajo los cuales los derechos políticos pueden limitarse.

28. Que lo anterior lleva a concluir que la Procuraduría General de la Nación no
era competente para restringir los derechos políticos del señor Cristancho Berdugo
y, por ello, se debía actuar como juez de convencionalidad para salvaguardar sus
derechos políticos, inaplicando el artículo 45.1 de la Ley 734 de 2002 con efectos
interpartes.

29. En relación con el señor Luis Eduardo Romero Triana, señaló que resultaba
procedente entrar al fondo del trámite disciplinario, pues su cargo no correspondía
a aquellos de elección popular, por lo que se examinó el procedimiento adelantado
y encontró que el demandante estaba en la obligación de vigilar que el objeto del
contrato AMT-MIN-007 de 2013 se llevara a cabo conforme a las cláusulas allí
descritas. No obstante, la alcantarilla contratada no se construyó, pese a lo cual se
dejó registro en el acta de liquidación, por lo que aquella, en consecuencia,
resultaba contraria a la realidad.

30. Que al examinar los actos acusados, el material probatorio y contrastarlos
con la ley disciplinaria aplicable, no se advirtió sesgo en la práctica y valoración de
las pruebas y que, por el contrario, la actividad de la autoridad disciplinaria se
encaminó a encontrar la verdad de los hechos, sin que el accionante lograra
desvirtuar el cargo formulado; lo que, en síntesis, reflejaba que no se vulneró el
debido proceso y que las decisiones demandadas se expidieron con soporte en las
pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad disciplinaria.

31. En consecuencia, negó las pretensiones del señor Romero Triana, no
accedió a la condena por concepto de perjuicios morales del señor Cristancho
Berdugo y resolvió no condenar en costas.

LOS RECURSOS DE APELACIÓN

32. La parte demandada interpuso recurso de apelación10, pues considera que
de acuerdo con la estructura del Estado colombiano, la entidad tenía plena
competencia para investigar y sancionar al demandante, pues así se desprende del
artículo 277.6 constitucional, norma que se ha desarrollado en distintas
disposiciones legales, entre ellas, la Ley 200 de 1995, la Ley 734 de 2002 -aplicable
al caso concreto-, la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2094 de 2021.

33. Que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente en

10 Véase archivo «053_MemorialWebRecurso», visible en el enlace asociado al archivo
«4ED_RV_REMISIONEXPEDIENTERECURSODEAPELACIONRAD20200012900MSG(.msg) NroActua 2», en
el índice 00002 de SAMAI.

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reiterar la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar a servidores públicos, incluidos los elegidos por voto popular; que en
sentencias como la C-028 de 2006 se advirtió que la norma interamericana
contenida en el artículo 23 de la Convención IDH no podía leerse de manera aislada,
de tal forma que las facultades de la entidad no se oponían a los lineamientos de
dicho instrumento.

34. Que lo anterior se reiteró en sentencias como la SU-712 de 2013 y C-111 de
2019, en la cual se agregó que en la aplicación de la Convención IDH se debe tener
en cuenta la arquitectura institucional de cada Estado, pues así lo reconoce el
mismo instrumento internacional al indicar que le corresponde a la ley reglamentar
el ejercicio de los derechos políticos y el mecanismo de sanción.

35. Agregó que en sentencias como la C-146 de 2021 (posterior al caso Petro
Urrego Vs Colombia), C-325 de 2021 y C-030 de 2023 la Corte Constitucional ha
señalado que la Procuraduría General de la Nación ha tenido, tiene y conserva la
facultad de investigar a los servidores públicos, inclusive si fueron elegidos
popularmente y de imponer sanciones que limiten sus derechos políticos y que en
distintos pronunciamientos del Consejo de Estado se ha señalado que la entidad es
competente para investigar y sancionar a este tipo de servidores públicos; línea que
se puede rastrear también en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado.

36. Que el Tribunal no ahondó en la Sentencia C-030 de 2023 y que esta
providencia resulta fundamental porque en ella se convalidaron las decisiones
proferidas por la entidad en ejercicios de sus competencias constitucionales, lo que
implica que no hay lugar a aplicar retroactivamente la jurisprudencia, porque con
ello se lesiona la cláusula de Estado de Derecho y el deber general de respeto a las
garantías judiciales.

37. Que el precedente judicial resulta de obligatoria observancia y su
desconocimiento abre la posibilidad de acudir, primero, a la acción de tutela contra
providencia judicial por incurrirse en una vía de hecho y que, respecto de las
competencias disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, existe cosa
juzgada constitucional, lo que implica que el Tribunal desconoció la existencia del
precedente en la materia.

38. El Procurador 45 Judicial II para asuntos administrativos, en su condición
de agente del Ministerio Público, apeló la decisión11. Expresó que el Tribunal tuvo
en cuenta pronunciamientos del Consejo de Estado que, inclusive se han criticado
por parte de la Corte Constitucional, en relación con la limitación de las
competencias de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de
destitución a servidores públicos de elección popular solo en casos de corrupción.

39. Que también se aludió a pronunciamientos recientes de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en los cuales se acoge la tesis
adoptada por la Corte IDH en el caso Petro Urrego Vs Colombia el 8 de julio de

11 Véase archivo “056Memorial_LHH_56RECURSO”, visible en el enlace asociado al archivo
“4ED_RV_REMISIONEXPEDIENTERECURSODEAPELACIONRAD20200012900MSG(.msg) NroActua 2”, en
el índice 00002 de SAMAI.

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2020. En su sentir, estos no deben tenerse en cuenta, aunque provengan del órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no solo porque
contravienen la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino porque no provienen
de la Sala Plena ni de una Sección de la Corporación.

40. Que la Corte Constitucional ha sido clara en relación con la competencia de
la Procuraduría General de la Nación y que, además, ha advertido que el criterio
interpretativo del caso Petro Urrego Vs Colombia no puede aplicarse de manera
retroactiva como lo hace el fallo impugnado.

41. Que, inclusive, el salvamento de voto de la sentencia apelada es claro en
relación con el error interpretativo en que se incurre al inaplicar el artículo 45.1 del
Código Disciplinario Único, pues dicha norma no establece competencia alguna
para la entidad y que, en su lugar, se inaplicó una norma de rango constitucional
llevando a cabo un ejercicio interpretativo de simple confrontación de la disposición
de la Constitución con la normativa convencional.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

42. El 11 de marzo de 202412 fueron admitidos los recursos de apelación. En
dicha providencia se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a
Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el
Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a
Despacho.

43. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.

44. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

45. La Sala deberá determinar si la sentencia apelada debe revocarse porque,
en los términos de las apelantes, la Procuraduría General de la Nación es
competente para imponer sanciones a servidores públicos elegidos por voto
popular.

46. En caso afirmativo, será necesario analizar si los actos demandados se
encuentran viciados por violación del debido proceso, pues, según el concepto de
violación expuesto por el señor Cristancho Berdugo, se desconoció el principio de
investigación integral, se sancionó sin que existiera prueba que comprometiera su
responsabilidad y se actuó en contravía del in dubio pro disciplinado.

47. Con este propósito, la providencia se referirá a la competencia de la
Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones a los servidores
públicos elegidos por voto popular; al marco jurisprudencial aplicable al análisis de
los actos administrativos que imponen correctivos disciplinarios y a la violación del

12 Véase índice 00004 de SAMAI.

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debido proceso como causal de nulidad de los actos administrativos; luego de lo
cual estudiará el caso concreto.

Competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones
a servidores públicos elegidos por voto popular

48. Para esta Corporación, el análisis de la competencia es fundamental para
determinar la validez de un acto administrativo, pues si bien no hace parte de la
estructura y contenido de la decisión, constituye el elemento determinante de las
potestades de una autoridad para definir una situación jurídica, lo que
necesariamente se relaciona con el principio de legalidad, porque delimitar qué
autoridad debe resolver un asunto específico es indispensable en el modelo de
Estado Social y Democrático de derecho, pues evita el ejercicio arbitrario del
poder13.

49. A partir de tales consideraciones y con apoyo en la doctrina, se ha definido
la competencia como la «(…) facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad
para ejercer determinar (sic) función»14, de lo que se sigue que la falta de
competencia se materialice cuando «(…) el autor profiere el acto pese que a (sic)
no tenía el poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar
legalmente facultado para ello»; esto es, por fuera de las facultades constitucionales
y legales que se atribuyen a la autoridad.

50. Carlos Betancur Jaramillo, citando a Jean Rivero, denomina incompetencia
a aquel vicio del acto administrativo que se configura cuando el autor de una
decisión no tenía el poder legal para tomarla15. Para Betancur Jaramillo, es la forma
de ilegalidad del acto más grave, porque los agentes públicos no pueden hacer sino
aquello para lo cual están expresamente autorizados, actuando sobre la base y
dentro de los límites de las atribuciones asignadas por los textos legales.

51. Para el autor, esto refleja «(…) el carácter de orden público que tienen las
normas que distribuyen las competencias funcionales»16; lo que, a su vez:

«(…) permite su declaratoria oficiosa por el juzgador, aunque el
demandante no la haya invocado como apoyo de su petición. Se colige
igualmente que el vicio de incompetencia no puede ser subsanado por la
aprobación posterior de la autoridad competente, ni ésta (sic) puede
renunciar a ella en beneficio de un administrado17. Tampoco puede ser la
competencia objeto de convención entre las partes ni modificarse, en
principio, por razones de urgencia.
(…)
Obsérvese que la formulación del cargo por incompetencia, dada su
magnitud, coloca en un plano un tanto secundario la impugnación por
cualquier otro motivo. (…) En otros términos, cuando la competencia del

13 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de julio de 2021. Exp. 23001-23-

33-000-2013-00163-02 (4789-2018). Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
14 Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano Temis, Bogotá, 2013. Pág. 322. Citado

en: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 21 de junio de 2018. Radicado: 73001-23-31-000-2011-
005112-01. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
15 Rivero, Jean. Droit Administratif. Dalloz, Paris 1971, 5ª edición. P. 233. Citado en: Betancur Jaramillo, Carlos.

Derecho procesal administrativo. Ley 1437 de 2011. Medellín, 2013, 8ª edición. P. 291.
16 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
17 Rivero Jean, O.C. pág. 233 [cita de Betancur Jaramillo, Óp. Cit.].

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funcionario esté cuestionada, la lógica impone determinado orden en la
impugnación y hace que sobre, hasta cierto punto, hablar de la expedición
irregular del acto, de la falsa motivación, de la desviación de poder o de
la infracción de la norma de derecho de fondo. (…)»18

52. Visto, pues, el alcance de la causal de nulidad del acto por falta de
competencia, en este caso es necesario precisar que esta Subsección, tras aplicar
el principio de control de convencionalidad, creado y defendido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y con fundamento en distintos
pronunciamientos tanto de dicha autoridad como de esta Corporación, consideraba
que la asignación de competencias a una autoridad administrativa para restringir los
derechos políticos de los servidores elegidos por voto popular por la vía de la
imposición de correctivos disciplinarios como la suspensión o la destitución junto
con la inhabilidad especial o general, según el caso, resultaba incompatible con las
disposiciones constitucionales y convencionales.

53. No obstante, las decisiones en ese sentido fueron objeto de la acción
constitucional de tutela y de consecuentes pronunciamientos de las distintas
secciones del Consejo de Estado19 e inclusive la Corte Constitucional20, en los que
se ratificó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar a los servidores públicos elegidos por voto popular; asunto que culminó
ante la Corte Constitucional con la sentencia C-030 de 202321 y, ante esta
Corporación, con el auto de unificación del 3 de diciembre de 202422.

54. En ese sentido, pese a que el criterio de los suscritos dista del desarrollado
por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023, y se aparta de la línea
jurisprudencial que reiteró la competencia disciplinaria de la Procuraduría respecto
de funcionarios elegidos popularmente, en la medida en que subsisten serios
cuestionamientos en torno a la compatibilidad de dicha potestad con el bloque de
convencionalidad y con las garantías de participación democrática; la Subsección
reconoce que las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional constituyen
precedente vinculante y hacen tránsito a cosa juzgada, razón por la cual deben ser
acatadas por todas las autoridades judiciales.

55. En ese sentido, asiste razón a las apelantes en cuanto a la competencia de
la entidad demandada para sancionar disciplinariamente al señor Jhon Fredy
Cristancho Berdugo; situación que lleva a que se deban analizar los cargos de
nulidad que aquel formuló, para definir si la legalidad de los actos se mantiene.

18 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
19 Cfr.: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia

del 24 de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulados. C.P. Alberto Montaña Plata;
Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2024-03021-01. C.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil; Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 28 de enero de 2026. Exp. 11001-03-15-000-2024-
07001-01. C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
20 Corte Constitucional. Sentencias SU-381 de 2024 (M.P. Diana Fajardo Rivera) y SU-382 de 2024 (M.P. Natala

Ángel Cabo).
21 Corte Constitucional. Sentencia C-030 de 2023. M.P. José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés

González.
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 3 de diciembre de 2024 (recurso

extraordinario de revisión contra las sanciones disciplinarias de los servidores públicos de elección popular,
emitidas por la Procuraduría General de la Nación previsto en la Ley 2094 de 2021). Exp. 11001-03-15-000-
2023-00871-00. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Marco jurisprudencial aplicable al análisis de los actos administrativos que
imponen sanciones disciplinarias

56. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

57. De ahí que la respectiva actuación esté regida por normas y procedimientos
propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la
defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido pacífica la
posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional de esta
clase de actos, tal como pasa a exponerse.

58. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias23.

59. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el
concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»24.

60. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»25, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto
de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de
cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley,

23 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.
24 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.

05001-23-31-000-1998-02823-01 (2060-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2009-00140-00
(2038-2009). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
25 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011). C.P. William Hernández Gómez (E).

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de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que
lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino
también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.

Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso

61. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

62. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13726 y 13827 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

63. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

64. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, es un mecanismo para proteger los derechos
de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del
Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de
cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar
afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico28.

26 Del medio de control de nulidad.
27 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
28 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-

33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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65. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad
por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 29; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.

66. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
derecho al debido proceso30 puede predicarse tanto de las providencias judiciales
como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución31.

67. En todos los supuestos de desconocimiento del debido proceso subyace la
aplicación de los principios estructurales de la actividad sancionatoria, en especial,
el in dubio pro disciplinado, que materializa la idea según la cual toda duda que surja
en la actuación disciplinaria debe resolverse en favor del servidor implicado; lo que,
a su vez, es consecuencia de que la carga probatoria en los procedimientos de esta
naturaleza le corresponda al Estado.

68. En especial, el defecto fáctico –que se configura cuando se valora una prueba
de manera irracional o caprichosa, se analizan medios de prueba que se debieron

29 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-

01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
30 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la

sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
31 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076

de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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omitir o se desconocen las reglas de la sana crítica32– puede llevar al operador
disciplinario a la expedición de actos administrativos sin el cumplimiento del
presupuesto procedimental para la imposición de una sanción: la certeza, más allá
de toda duda razonable, de la existencia de la falta disciplinaria y de la
responsabilidad del investigado.

69. Lo anterior se encuentra directamente relacionado con la presunción de
inocencia, arista del derecho al debido proceso según la cual «[t]oda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable»33 y de
la que hace eco la normativa disciplinaria aplicable al demandante, pues el artículo
9 de la Ley 734 de 2002 dispone que «[a] quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado
cuando no haya modo de eliminarla», en tanto el artículo 142 de la Ley 734 de 2002
señala que «[n]o se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso
prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado».

70. En otras palabras: en materia sancionatoria disciplinaria la presunción de
inocencia tiene influencia directa en la carga de la prueba e impacta el principio in
dubio pro disciplinado, pues corresponde a quien ostenta el poder punitivo
encaminar su despliegue probatorio a desvirtuar la presunción y si, examinadas las
pruebas existen dudas sobre la responsabilidad, la decisión solo puede ser
absolutoria34.

Caso concreto

71. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 35, la Sala destaca
que:

• Por auto del 7 de abril de 2014 la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo
ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra de los señores Jhon Fredy
Cristancho Berdugo y Luis Eduardo Romero Triana, alcalde y secretario de planeación
de Tasco (Boyacá)36, respectivamente, con fundamento en la queja formulada por varios

32 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
33 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con la

presunción de inocencia, señaló: «[s]ignifica que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente,
partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el
que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad».
34 Sobre el alcance de la presunción de inocencia, cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289-2012. M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto: «La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la
prueba’ de acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una
persona es responsable de un delito (…) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La
actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la
presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para
su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica.
Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que
conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe
demostrarle su culpabilidad’».
35 Disponible en el archivo «9_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_EXP201430582», visible en el enlace

asociado al archivo
«4ED_RV_REMISIONEXPEDIENTERECURSODEAPELACIONRAD20200012900MSG(.msg) NroActua 2», en
el índice 00002 de SAMAI. En adelante, la referencia al expediente administrativo comprenderá esta ruta de
acceso.
36 Véanse páginas 42 a 45.

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Radicado: 15001-23-33-000-2020-00129-01 (0499-2024)

concejales de dicho municipio, quienes relataron que los referidos servidores habrían
suscrito el acta de recibo final del contrato AMT-MIN-007-2013, que tenía por objeto
«Mejoramiento vía terciaria que conduce al Cerro del Tahúr y construcción de
alcantarilla en concreto de 36’’ en el municipio de Tasco-Departamento de Boyacá»,
pese a que las obras contratadas no se evidenciaban, pues no se construyó ninguna
alcantarilla ni se ejecutaron las actividades de rocería, extendida, compactación
mecánica, cuneteo y perfilado de la banca37.

• Por auto del 14 de abril de 2015 se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria
en contra del alcalde y del secretario de planeación de Tasco (Boyacá)38.

• El 28 de mayo de 2018 se formuló al señor Jhon Fredy Cistancho Berdugo, en su
condición de alcalde de Tasco, el siguiente cargo:

«Suscribir el 1° de abril de 2013 el Acta de recibo final a satisfacción de las obras
del contrato AMT-MIN*007-2013 de marzo 11 de 2013, celebrado por el municipio
de Tasco con el Ingeniero LUIS ENRIQUE CHIQUILLO MARTÍNEZ, consignando
el recibo de una alcantarilla en concreto de 36’’ componente del objeto contractual,
la cual no se construyó, incurriendo en una posible falsedad ideológica en
documento público».

La falta se calificó provisionalmente como gravísima, con fundamento en el artículo 48.1
de la Ley 723 de 2002, en concordancia con el artículo 286 de la Ley 599 de 2002 y se
determinó como dolosa la forma de culpabilidad39.

• El 28 de junio de 2019 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia. En esta
se ratificó la calificación de la falta y de la forma de culpabilidad, tras analizar los medios
de prueba recaudados y las distintas intervenciones del investigado.

Se dijo que en el acta de recibo a satisfacción del contrato AMT-MIN-007-2013 se
consignó el recibo de una alcantarilla en concreto de 36’’ que no fue construida, pues
en el informe técnico elaborado por los funcionarios de la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales se encontró que solo había una obra de este tipo, que, a
voces del entonces secretario de planeación del municipio, se había construido de forma
independiente por la administración de Tasco.

También se refirió a un documento suscrito por el contratista del AMT-MIN-007-2013 y
encontró que este no podía tener el alcance probatorio pretendido por los investigados,
porque (i) se aportó a la actuación de forma extemporánea y (ii) su credibilidad se veía
comprometida, en la medida en que el señor Luis Enrique Chiquillo Martínez, quien
ejecutó el contrato en mención, fue citado en cuatro oportunidades por la autoridad e,
inclusive, se solicitó el apoyo a los disciplinados y a la policía de Sogamoso para
ubicarlo, sin que fuera posible, «(…) pero curiosamente si (sic) fue posible que

37 Véanse páginas 1 a 45.
38 Véanse páginas 119 a 122.
39 Véanse páginas 210 a 244. La formulación de cargos respecto del señor Cristancho Berdugo, en las páginas

217 a 230. Por su parte, al señor Luis Eduardo Romero Triana, en su condición de secretario de planeación, se
le formuló cargo porque, en el ejercicio de su deber funcional como supervisor y/o interventor, «(…) suscribió el
Acta de recibo final y liquidación del contrato el 1° de abril de 2013 consignando que se recibía en su totalidad
las actividades objeto del contrato de Obra AMT-MIN-007-2013, si que realmente se hubiera ejecutado
completamente el objeto contractual (…), consignando el recibo de la alcantarilla en concreto de 36’’, la cual no
se construyó», con lo que habría incurrido en la falta disciplinaria gravísima del artículo 48.34 de la Ley 734 de
2002, «[n]o exigir el supervisor (…) o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a
cabalidad (…)»; comportamiento calificado como doloso (cfr. páginas 230 a 242).

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suscribiera este documento; el cual será excluido de valoración por su inoportunidad
(…)».

Que, en consecuencia, la información plasmada en el acta del 1 de abril de 2013, en la
cual se plasmó el recibo a satisfacción de la obra, contenía información que no
correspondía a la realidad y, en esa medida, el disciplinado habría incurrido en el tipo
de naturaleza gravísima que le fue imputado40.

• Esta decisión fue confirmada el 27 de agosto de 2019 por la Procuraduría Regional de
Boyacá. En esta ocasión, la autoridad se pronunció respecto de la duda razonable
alegada por los disciplinados, quienes consideraron que en primera instancia se tomó
como plena prueba el informe técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales, el cual resultaba inconsistente y contradictorio y que, en cambio, había
pruebas que contradecían la versión de la autoridad disciplinaria, como sus versiones
libres, la certificación expedida por la Secretaría de Planeación, el registro fotográfico,
el informe del supervisor y la existencia de 7 alcantarillas.

Al respecto, la Procuraduría Regional ratificó que el acta de recibo a satisfacción del
contrato AMT-MIN-007-2013 contenía una falsedad, porque en la vía terciaria que
conducía al cerro El Tahúr, en Tasco (Boyacá) no se construyó ninguna alcantarilla.
Agregó que no era posible determinar el lugar ni la fecha en que se habían tomado las
fotografías aportadas por el señor Cristancho Berdugo, quien insistió en que esta se
habría construido en el sector El Ropero.

Dijo que en el informe técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales
se encontró que la alcantarilla en concreto de 36’’ no se construyó en la vía del cerro El
Tahúr y que, por tanto, al suscribir el acta de recibo final, en la cual señaló «(…) estamos
recibiendo y entregando respectivamente, en forma Final los servicios pactados en el
objeto contractual (…)», incurrió en el tipo disciplinario endilgado41.

72. El señor Cristancho Bedugo, en su concepto de violación, señaló que la
autoridad disciplinaria desconoció el principio de investigación integral, lo sancionó
sin que existiera plena prueba de su responsabilidad y lesionó el in dubio pro
disciplinado, pues en la actuación no se acreditó que la pluricitada alcantarilla no se
hubiese construido y, por tanto, no era posible afirmar que el acta de recibo a
satisfacción del contrato AMT-MIN-007-2013 contuviera una falsedad.

73. Lo anterior significa que los reproches del demandante no se dirigieron a los
elementos estructurales de la responsabilidad disciplinaria. En ese sentido, no
cuestionó la adecuación típica del comportamiento, su antijuridicidad ni la forma en
que se definió el elemento subjetivo. Sus inconformidades tienen que ver, en suma,
con la valoración probatoria adelantadas por la demandada y, por esa vía, con la
perspectiva sustancial del derecho al debido proceso.

74. Pues bien, cabe destacar que los artículos 9, 141 y 142 de la Ley 734 de
2002 –régimen disciplinario aplicable al señor Cristancho Berdugo– desarrollan
aquellos elementos que el demandante echó de menos en el trámite que concluyó
con la expedición de los actos que lo sancionaron.

40 Véanse páginas 479 a 528.
41 Véanse páginas 553 a 563.

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75. El primero se ocupa de la presunción de inocencia y dispone que (i) a quien
se le atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su
responsabilidad en una decisión ejecutoriada y (ii) durante la actuación, toda duda
razonable se debe resolver en favor del investigado, cuando no haya forma de
eliminarla.

76. Por su parte, los artículos 141 y 142, en su orden, (i) exigen a la autoridad
disciplinaria la apreciación conjunta de los medios de prueba, para lo que debe
aplicar las reglas de la sana crítica y (ii) proscriben la expedición de una decisión
sancionatoria sin que exista en el procedimiento «(…) prueba que conduzca a la
certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado».

77. Para la Sala, estas exigencias, en cuanto al régimen del recaudo y valoración
probatoria, fueron atendidas por la demandada en el trámite disciplinario, de tal
forma que, llegado el momento de definir la situación del señor Cristancho Berdugo,
se contaba con los medios de prueba exigidos por el artículo 142 de la Ley 734 de
2002.

78. En la actuación disciplinaria objeto de análisis, el demandante, entonces
alcalde del municipio de Tasco (Boyacá) fue sancionado porque incurrió en una falta
disciplinaria de naturaleza gravísima, en los términos del artículo 48.1. de la Ley 734
de 2002, en concordancia con el artículo 286 de la Ley 599 de 2000;
comportamiento que se habría ejecutado en la modalidad dolosa. Lo anterior,
porque, en el marco del contrato AMT-MIN-007-2013, suscribió, el 1° de abril de
2013, el documento denominado «Acta de recibo final y liquidación», en la cual se
dio cuenta de la ejecución total del referido negocio42, que incluía actividades de (i)
rocería, (ii) suministro, extendida y compactación mecánica de materiales de
afirmado, (iii) cuneteo y perfilado de la banca existente, (iv) 6 actividades para la
construcción de una alcantarilla de 36’’ (localización y replanteo de estructuras,
excavaciones varias en material común en seco a mano, tubería en concreto
reforzado de 36’’ emboquillada, concreto simple de 2000 psi para solados, concreto
ciclópeo de 2500 psi 40% rajón para atraques y concreto ciclópeo de 2500 psi 20%
rajón para elevaciones)43.

79. La autoridad disciplinaria consideró que el señor Cristancho Bedugo habría
incurrido en falsedad en documento público, porque en la referida acta se consignó,
entre otras cosas, el recibo a satisfacción de una alcantarilla en concreto de 36’’, la
cual, según las pruebas recaudadas, no se habría construido.

80. Sobre esta cuestión, llama la atención de la Sala que en sus distintas
intervenciones los entonces investigados manifestaron que la alcantarilla en
concreto de 36’’ debió construirse en otro punto del mismo sector 44, cuando en el

42 El acta de recibo final y liquidación, visible en las páginas 100 a 102.
43 Según se desprende de la invitación pública de mínima cuantía AMT-MIN-007-2013 (páginas 85 a 97. Las

especificaciones técnicas, en la página 93).
44 El señor Cristancho Berdugo indicó que se habría construido en la vía «El Ropero» (véanse páginas 75-76);

el señor Romero Triana coincidió en este punto y agregó que en «El Ropero» se contaba con 7 alcantarillas: 3
construidas en el 2011, 3 en el 2012 y 1 en el 2013 (la que era objeto del contrato AMT-MIN-007-2013) (véanse
páginas 77-78).

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informe de interventoría suscrito por el secretario de Planeación Luis Eduardo
Romero Triana se indicó que «(…) al momento de iniciar los trabajos en la
construcción de la alcantarilla nos dimos cuenta que el terreno no era apto para la
cimentación de la misma, por tal motivo, se aumentaron las cantidades de
excavación, relleno y de concretos para que nos diera la altura requerida de dicha
obra de arte en la vía»45 (subrayas de la Sala).

81. Además, al responder a una petición elevada por miembros del Concejo de
Tasco, el mismo funcionario (secretario de Planeación) informó que la referida
alcantarilla se había construido en la vereda El Pedregal y brindó como
coordenadas: CABEZOTE IZQUIERDO N 05°56.201’’ W 072°47.066’’; CABEZOTE
DERECHO N 05°56.197’’ W 072°47.063’’46; mismas en las que no se encontró
construcción alguna al ser visitadas por el funcionario designado por la Dirección
Nacional de Investigaciones Especiales, como quedó consignado en el informe del
24 de diciembre de 201547. En este, además, se dejó constancia de que:

• El 16 de diciembre de 2015 se cuantificaron las alcantarillas construidas en el
sector «El Ropero» de la vereda Pedregal, donde se encontraron 7 de estos
bienes.
• El 17 de diciembre de 2015 se dirigieron hacia la vía terciaria que conduce al
cerro El Tahúr, sitio en el cual «no se construyó la alcantarilla prevista en las
cantidades de obra contratadas».
• 6 de las 7 alcantarillas ubicadas en «El Ropero» se construyeron en el marco
del contrato 075 de 2011, que tuvo por objeto el «mejoramiento y mantenimiento
de vías rurales del municipio de Tasco-Boyacá».
• En cuanto a la alcantarilla nro. 7, localizada en el K1+700 «(…) corresponde a
la alcantarilla que no se ejecutó en el contrato AMTM-MIN-007 de 2013 como lo
aclara en segunda instancia el arq. ROMERO TRIANA y fue construida en forma
independiente por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio
de Tasco-Boyacá y no por el contrato 075 de 2011» (subrayas de la Sala).

82. A los medios de prueba anteriores es necesario sumar la valoración que la
autoridad disciplinaria realizó respecto de las declaraciones de habitantes del sector
El Tahúr, el alcance que mereció el documento que los entonces investigados
pretendieron aportar como manifestación del contratista de la obra y el contenido de
la respuesta brindada por la Secretaría de Planeación el 16 de julio de 2018.

83. Sobre lo primero, los señores Carlos Cruz y Neila Díaz Durán, vecinos del
sector, manifestaron que la «trocha» de El Tahúr sí se realizó, que la carretera
estaba hecha, pero que no se construyó ninguna alcantarilla 48. A su turno, ante el
requerimiento que la demandada realizó a la Secretaría de Planeación para que
certificara si durante los años 2013, 2014, 2015 se construyeron alcantarillas en las
vías indicadas en los contratos 075 de 2011 y AMT-MIN-007-2013, dicha

45 Véanse páginas 103 a 109. Inclusive, dicha situación motivó la adición y prórroga del referido contrato, como

consta en las páginas 13-14.
46 Véanse páginas 19-20.
47 Véanse páginas 167 a 174.
48 Véanse páginas 110-112. La referencia a la declaración de la señora Díaz Durán, en la decisión disciplinaria

de primera instancia (página 499).

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dependencia respondió: «(…) se certifica que durante los años 2013, 2014 y 2015
no se construyeron alcantarillas en el contrato 075 de 2011; en el contrato AMTM-
MIN-007 DE 2013 si (sic) se construyó una alcantarilla en el año 2013, puesto que
ese era el objeto del contrato (…)»49 (subrayas de la Sala), sin que dicha afirmación
se acompañara de ningún elemento que de manera técnica permitiera verificar lo
dicho.

84. Finalmente, en sede de alegatos de conclusión, los entonces investigados
aportaron un documento suscrito por el señor Luis Enrique Chiquillo Martínez, quien
ejecutó el contrato AMT-MIN-007-2013, quien relató que la alcantarilla se construyó
en el Km 1+700 «de la vía que conduce del municipio de Tasco al Municipio de Paz
del Río, en la vía denominada Ropero, la cual se conecta con la vía enunciada en
el objeto del contrato»50.

85. La autoridad disciplinaria no valoró dicho documento por inoportuno, pues se
aportó por fuera de la oportunidad para aportar y solicitar pruebas; además, su
contenido generaba sospecha, habida cuenta de que al referido ciudadano se le
intentó localizar por diversos medios, sin que fuera posible hacerlo comparecer para
ser escuchado en declaración juramentada.

86. En este punto, cabe destacar que el 21 de diciembre de 2018 la Procuraduría
Regional de Boyacá declaró la nulidad de lo actuado desde el decreto de pruebas
en descargos, tras considerar que la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de
Viterbo no se había pronunciado respecto de todos los medios de prueba solicitados
por los investigados51. Si bien esta medida de saneamiento habría permitido
incorporar a los medios de prueba el documento suscrito por el señor Chiquillo
Martínez, las razones para restarle mérito probatorio habrían sido las mismas, pues
el referido fue citado inclusive por intermedio de la policía de Sogamoso (Boyacá),
sin lograr su ubicación52.

87. De manera que pretendió el demandante, a instancias del trámite
sancionatorio y aún al exponer su concepto de violación, que se le diera pleno valor
probatorio al dicho del contratista sin que este fuera objeto de cuestionamiento por
parte de la autoridad disciplinaria y, en esa medida, sin ser sometido al principio de
contradicción, lo que resulta a todas luces contrario a la dinámica probatoria sobre
la cual se estructura el trámite que regula la Ley 734 de 2002.

88. Con todo, aun si se tuviese en cuenta el contenido del documento suscrito
por el señor Chiquillo Martínez, su dicho entraría en abierta contradicción con las
distintas manifestaciones respecto de la ubicación de la alcantarilla objeto del
contrato AMT-MIN-007-2013 lo que, en definitiva, refuerza la tesis de que dicha obra
no se construyó, pues (i) en el informe de interventoría se indicó que se requirió

49 Véase página 275.
50 Véanse páginas 284-285.
51 Véanse páginas 365 a 368.
52 En auto del 15 de enero de 2019 la demandada se pronunció nuevamente sobre el decreto de pruebas y

ordenó recibir la declaración juramentada del señor Luis Enrique Chiquillo Martínez (véanse páginas 381-382).
Se solicitó el apoyo al comandante de la Estación de Policía de Sogamoso para la conducción del testigo (véase
página 406); pero el funcionario policial informó que no fue posible su localización, pese a intentar ubicarlo en
dos oportunidades (véase página 410).

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mayor cantidad de obra en el mismo sitio; (ii) los entonces investigados
manifestaron que la alcantarilla se construyó en el mismo sector, pero no en el lugar
señalado como la vía al cerro El Tahúr, (iii) en respuesta a los concejales del
municipio se brindaron unas coordenadas en las que el funcionario comisionado por
la Dirección de Investigaciones Especiales no encontró ninguna construcción de
este tipo; y (iv) en el documento suscrito por el contratista el 10 de septiembre de
2018, este manifestó que la alcantarilla no se construyó en el Tahúr, sino en la vía
Tasco-Paz del Río.

89. Estas consideraciones son suficientes para concluir que la demandada
adelantó el trámite sancionatorio con estricto apego a la ritualidad consagrada en la
Ley 734 de 2002, que de manera integral indagó por los hechos disciplinariamente
relevantes y, en ese escenario, la valoración conjunta de los medios de prueba
permitió determinar, más allá de toda duda razonable, que al suscribir el acta de
recibo final del contrato AMT-MIN-007-2013 el señor Jhon Fredy Cristancho
Berdugo, alcalde de Tasco (Boyacá) incurrió en una falsedad, pues se acreditó
como recibida una alcantarilla en concreto de 36’’ que no fue construida.

90. En consecuencia, lo procedente es revocar los ordinales primero a cuarto y
séptimo de la providencia apelada, en cuanto declararon la nulidad de los actos
demandados respecto del señor Cristancho Berdugo y, en su lugar, negar las
pretensiones.

De la condena en costas en esta instancia

91. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

92. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

93. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

94. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia al señor Jhon Fredy
Cristancho Berdugo, por cuanto se accede a las pretensiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias

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en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR, los ordinales primero a cuarto y séptimo de la sentencia
proferida el doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en cuanto declaró la nulidad de los actos demandados
respecto del señor Jhon Fredy Cristancho Berdugo. En su lugar,

Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Jhon
Fredy Cristancho Berdugo en contra de la Procuraduría General de la Nación.

Tercero. CONFIRMAR los demás ordinales de la sentencia apelada.

Cuarto. CONDENAR en costas, en esta instancia, al señor Jhon Fredy Cristancho
Berdugo. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.

Quinto. RECONOCER personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo,
identificado con cédula de ciudadanía 79.399.935 y portador de la tarjeta profesional
72.169 del C.S. de la J. para representar los intereses de la Procuraduría General
de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00072 del radicado
15001233300020200012900.

Sexto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

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