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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2020-00137-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2020-00137-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Revocar la sentencia apelada proferida el 10 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5. En su lugar se dispone: Primero: Declarar la nulidad de la resolución 294 del 23 de agosto de 2019, por medio de la cual el municipio de Puerto Boyacá declaró no probada la excepción de falta de ejecutoria del título propuesta por Total E&P Colombie Sucursal Colombia, en contra del mandamiento de pago 2019-03; así como, de la resolución 835 del 7 de octubre de 2019, que la confirmó. Segundo: A título de restablecimiento del derecho, reconocer que la sociedad Total E&P Colombie Sucursal Colombia no adeuda monto alguno por concepto de la sanción por no enviar información relativa al impuesto de industria y comercio por los años 2015 y 2016, en favor del municipio de Puerto Boyacá. Tercero: Sin condena en costas en ambas instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 15001-23-33-000-2020-00137-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)
Demandante TOTAL E&P COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA
Demandada MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
Temas Cobro coactivo. Conciliación contencioso-administrativa en
materia tributaria. Cosa juzgada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 10 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, que resolvió lo siguiente1:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por TOTAL E&P contra el
Municipio de Puerto Boyacá.
SEGUNDO. Sin costas en esta instancia.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la resolución 132 del 18 de mayo de 2018, el municipio de Puerto Boyacá
impuso a Total E&P Colombie Sucursal Colombia sanción por no enviar información
relativa al impuesto de industria y comercio por los años 2015 y 2016, acto
confirmado en la resolución 200 del 20 de noviembre de ese mismo año.

Con fundamento en lo anterior, el municipio profirió el mandamiento de pago 2019-
03 del 08 de junio de 2019, por la sanción, más la actualización a que hubiere lugar
desde la exigibilidad de la obligación hasta la cancelación total de la deuda, y las
costas del proceso. En ejercicio del derecho de defensa la demandante propuso la
excepción de falta de ejecutoria del título, la cual se declaró no probada mediante
la resolución 294 del 23 de agosto de 2019; decisión que se confirmó en la
resolución 835 del 07 de octubre de 2019 que resolvió el recurso de reposición
presentado por la sociedad demandante.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
1
Samai del tribunal, índice 34
2
Samai, índice 2. Expediente digital. «ED_DEMANDA_02DEMANDA(.pdf)» y
«ED_CDFOLIO1_001_SUBSANACIONDEMA(.pdf)», relativos a la demanda y la subsanación.

1
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Radicado: 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)
Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

1.1 Que se declare la nulidad total de los siguientes actos:
1.1.1. La Resolución No. 0294 del 23 de agosto de 2019, expedida por la Tesorería Municipal
de Puerto Boyacá, por medio de la cual se resolvió la excepción presentada contra el
Mandamiento de Pago No. 2019-03 de la sanción por no enviar información respecto
al impuesto de industria y comercio, por los años gravables 2015 y 2016.
1.1.2 La Resolución No. 0835 del 7 de octubre de 2019, expedida por la Tesorería Municipal
de Puerto Boyacá, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto
en contra de la Resolución No. 0294 del 23 de agosto de 2019, confirmándola.
1.2 Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho a mi representada
en los siguientes términos:
1.2.1 Que se declare la terminación del proceso de cobro coactivo y que, por lo tanto, Total
no está obligada al pago de la sanción por enviar información respecto al ICA por los
años gravables 2015 y 2016, hasta que se resuelva mediante sentencia definitiva la
obligación sustancial que está en discusión ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
1.2.2 Que se declare que no son de cargo de Total las costas en que hubieren incurrido las
Autoridades del municipio de Puerto Boyacá con relación a la actuación administrativa
demandada, ni las de este proceso y,
1.2.3 Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, se condene al municipio
de Puerto Boyacá por el valor de las costas y las agencias en derecho en las cuales
ha incurrido o incurrirá mi representada con relación a este proceso

La demandante invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución
Política; 828, 829 y 831 del Estatuto Tributario Nacional; 309 del Acuerdo Municipal
023 del 23 de diciembre de 2016 del municipio de Puerto Boyacá. El concepto de
violación se resume así:

Señaló que se configuró la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo,
puesto que la resolución mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración
en contra del acto que impuso la sanción nunca se le notificó.

Explicó que la resolución sanción y el acto que la confirmó, fueron objeto de
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y al respecto no se ha
producido una decisión definitiva; el proceso tiene asignado el radicado 15001-23-
33-000-2019-00572-00. De conformidad con el criterio esbozado por el Consejo de
Estado3, también se configura la excepción de interposición del medio de control,
que opera con la presentación de la demanda, sin que sea necesaria su admisión.

Indicó que la demanda se admitió el 16 de diciembre de 2019, lo cual se le informó
al municipio mediante memorial del 27 de diciembre de ese mismo año, en el que
se le solicitó la suspensión del proceso de cobro. La petición fue negada, por lo que
se violó el debido proceso al ignorar que el título no presta mérito ejecutivo.
Oposición de la demanda

Mediante auto del 7 de mayo de 2021, el tribunal tuvo por no contestada la
demanda4.
Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 negó las pretensiones de
la demanda con fundamento en lo siguiente5:
3
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 25 de septiembre de 2019, exp. 23198, M.P. Milton
Chaves García.
4
Samai del tribunal, índice 14.
5
Samai del tribunal, índice 34

2
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Radicado: 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)
Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

Explicó que, en el marco del procedimiento de cobro, son demandables ante la
jurisdicción los actos mediante los cuales se resuelven las excepciones y se ordena
continuar con la ejecución6; y que, frente a la excepción de falta de ejecutoria del
título, era procedente estudiar si el título se notificó adecuadamente7.

Señaló que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra de la
resolución sanción debía notificarse de manera personal, y, en caso de resultar
infructuosa, procedía la fijación del edicto.

Precisó que mediante el oficio SHM-1022 del 20 de noviembre de 2018 se requirió
a la demandante para que se notificara personalmente del contenido de la
resolución que resolvió el recurso. Ese oficio se remitió a la dirección electrónica
destinada para notificaciones que la sociedad tenía registrada en su RUT y en el
certificado de existencia y representación legal, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 555-2 del Estatuto Tributario8. Además, la empresa de mensajería certificó
que se tuvo acceso al contenido el 22 de noviembre de ese mismo año. Como la
interesada no acudió a notificarse, se fijó el edicto desde el 10 al 21 de diciembre
de 2018.

Por lo anterior, se profirió mandamiento de pago el 8 de junio de 2019, fecha para
la cual el título ejecutivo estaba ejecutoriado9, y había adquirido firmeza, pues para
ese momento ya habían transcurrido 5 meses y 17 días.

Sostuvo que la demanda en contra de los actos sancionatorios se presentó el 8 de
noviembre de 2019, es decir, con posterioridad a la expedición del mandamiento de
pago y de la orden de continuar con la ejecución contenida en la resolución 294 del
23 de agosto de 2019. En consecuencia, no encontró configurada la excepción pues
el titulo adquirió firmeza desde el 21 de diciembre de 2019 y en el proceso del cobro
no se habían practicado las medidas cautelares decretadas.

Se abstuvo de condenar en costas, en tanto no se advirtió que la demanda se
hubiere interpuesto con manifiesta carencia de fundamento legal10.

Recurso de apelación

La demandante solicitó revocar la anterior decisión11.

Consideró que el tribunal amplió injustificadamente el debate al estudiar si la
resolución que se resolvió el recurso de reconsideración se notificó adecuadamente;
motivo por el cual desconoció la congruencia externa de la sentencia12.

Explicó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si se había
configurado la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo, en la medida en
que se había interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del acto sancionatorio y el que lo confirmó.

6
Citó el artículo 835 del estatuto tributario.
7
Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 10 de octubre de 2007, exp. 15186, M.P. Héctor J. Romero
Díaz; y del 25 de marzo de 2010, exp. 17460, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
8
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de marzo de 2018, exp. 21800, M.P. Milton Chaves
García.
9
Citó el artículo 829 del Estatuto Tributario.
10
Citó el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 que adicionó el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
11
Samai del tribunal, índice 38.
12
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 3 de septiembre de 2020, exp. 23739, M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez.

3
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Radicado: 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)
Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

En consecuencia, en aplicación del numeral 4 del artículo 831 del Estatuto
Tributario, se está en presencia de uno de los eventos que impiden que los títulos
ejecutivos adquieran ejecutoria13.

Sostuvo que no es posible estudiar la indebida notificación de los actos que la
demandada pretende cobrar14; pues es un asunto que se debe ventilar en el proceso
de determinación o sancionatorio para lo cual también se presentó demanda.

Sin perjuicio de lo anterior y en gracia de aceptar que se podía estudiar la
notificación, señaló que la conclusión a la que arribó el tribunal fue equivocada, pues
el aviso de citación para efectos de la notificación personal de la resolución que
resolvió el recurso de reconsideración se envió a una dirección electrónica, cuando
debió hacerse a una dirección física.

En este caso tampoco se cumplió con lo dispuesto en el artículo 566-1 del Estatuto
Tributaria porque era necesario utilizar la dirección asignada por la administración,
y verificar que el contribuyente hubiere optado de manera preferente por ese
mecanismo de notificación. Además, lo relativo a los servicios electrónicos solo fue
regulado hasta la expedición de la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, con
efectos a partir del 01 de julio de 2019.

En consecuencia, sólo hasta el 30 de julio de 2019 tuvo conocimiento de la decisión
del recurso, cuando se tuvo acceso al proceso de cobro coactivo.

Se opuso a la conclusión a la que llegó el tribunal, que entendió que al haberse
proferido el mandamiento de pago antes de la interposición de la demanda, no era
posible plantear la excepción contra el título ejecutivo, pues lo relevante es que el
ejercicio del derecho de acción se ejerza antes de que opere la caducidad15.

Insistió en que no se puede continuar con el proceso de cobro si los actos que se
ejecutan están demandados, por lo que hasta que no se resuelva la demanda no
prestan mérito ejecutivo.

Oposición a la apelación

La demandada no se pronunció.

Intervención del ministerio público

El agente del ministerio público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Le corresponde a la Sección estudiar la legalidad de las resoluciones 294 del 23 de
agosto de 2019, por medio de la cual el municipio de Puerto Boyacá declaró no
probada la excepción de falta de ejecutoria del título propuesta por Total E&P

13
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 12 de agosto de 2014, exp. 20298, M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
14
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 22 de febrero de 2018, exp. 20466, M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
15
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 06 de agosto de 2015, exp. 20130, M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

4
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Radicado: 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)
Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

Colombie Sucursal Colombia en contra del mandamiento de pago 2019-03; y de la
resolución 835 del 07 de octubre de 2019, que resolvió el recurso de reposición y
confirmó la anterior decisión.
Análisis del caso concreto
Se pone de presente que durante el trámite del recurso de apelación16, la parte
demandante señaló que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los actos en los que se impuso la sanción por no enviar información estaba
pendiente la aprobación por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá de la
conciliación a la que habían llegado las partes.
Se observa que el mencionado proceso corresponde al radicado 15001-23-33-000-
2019-00572-00, en el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia
del 7 de noviembre de 2024 había improbado el acuerdo conciliatorio y declarado
probada la excepción de caducidad, decisión que fue revocada por esta sección
mediante sentencia del 18 de septiembre de 202517 en la que se dispuso:
«Primero: Aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado el 04 de abril de 2022 por las partes, en
relación con la Resolución 132, del 18 de mayo de 2018, y la Resolución 200, del 20 de
noviembre de 2018, conforme lo expuesto en la sentencia de segunda instancia.
Segundo: como consecuencia de lo anterior, declarar terminado el presente proceso judicial»

El acuerdo al que se hace alusión es el suscrito en el acta 2022-02, el cual tuvo
como fundamento la figura de la «conciliación contencioso-administrativa en materia
tributaria» regulada en el artículo 46 de la Ley 2155 de 2021, y en él se llegó a lo
siguiente18:
PRIMERO: terminar entre el municipio de PUERTO BOYACA, BOYACA, y TOTAL E&P COLOMBIE
SUCURSAL COLOMBIA, (hoy TOTALENERGIES EP COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA (sic), NIT
900.404.492-1), el proceso tributario, expediente 2017-21, en materia de Sanción por No
Suministrar Información Tributaria en materia del impuesto de industria y comercio de la
vigencia 2015 y 2016, resolución 132 de 2018 y 200 de 2018.
Como consecuencia de esta terminación, las partes manifiestan que también darán por
terminado el proceso judicial que actualmente cursa en el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Radicado no. 15001-23-33-000-2019-00572-00.
SEGUNDO: el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, manifiesta y certifica que recibió el pago en
la suma de $168,925,000, por parte de TOTAL E&P COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA, (hoy
TOTALENERGIES EP COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA (sic), NIT 900.404.492-1), conforme el artículo
46 de la ley 2155 de 2021.
TERCERO: En consecuencia, TOTAL E&P COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA, (hoy TOTALENERGIES EP
COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA (sic), NIT 900.404.492-1) se encuentra a paz y salvo por
concepto Sanción por No Suministrar Información Tributaria en materia del impuesto de
industria y comercio de la vigencia 2015 y 2016, resolución 132 de 2018 y 200 de 2018.
CUARTO: presentar por cualquiera de las partes ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA, la
presente acta para su aprobación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su
suscripción, conforme el artículo 46 de la ley 2155 de 2021.

En la decisión de la Sección de revocar la sentencia de primera instancia se explicó
que el ámbito de análisis del juez se limitaba a constatar el cumplimiento de las
condiciones legales para la suscripción del acuerdo «sin que proceda examinar otras
cuestiones debatidas en el proceso judicial, ni el fondo de la actuación administrativa objeto de
conciliación».
16
Samai, índices 4 y 15
17
Exp. 29944, M.P. Wilson Ramos Girón
18
Samai, índice 4.

5
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Radicado: 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)
Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

Sobre este punto el inciso noveno del artículo 46 de la Ley 2155 de 2021, prevé que
«La sentencia o auto que apruebe la conciliación prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo
señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y hará tránsito a cosa juzgada» (énfasis
propio).

Por lo tanto, en cumplimiento de la decisión referida, se tiene que la sociedad
demandante pagó el valor que fue conciliado y se encuentra a paz y salvo por
concepto de la sanción por no suministrar información tributaria relativa al impuesto
de industria y comercio respecto de las vigencias 2015 y 2016.
Si bien en el acuerdo conciliatorio no se hizo alusión al proceso de cobro que aquí
se debate, es deber de la Sección reconocer los efectos de esa providencia, pues
como se indicó, operó el fenómeno de la cosa juzgada. Al respecto, la Sección ha
precisado que se requiere de lo siguiente19:
«(i) la identidad del objeto, i.e. que la demanda verse sobre la misma pretensión material o
inmaterial respecto de la cual pudo reconocerse un derecho, o haberse declarado, o
modificado un aspecto de la relación jurídica debatida; (ii) la identidad sobre los elementos
consecuenciales de un derecho que no fue declarado expresamente; (iii) la identidad de causa
petendi, como sucede cuando la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada
recaen sobre los mismos fundamentos de hecho y de derecho; y, finalmente, (iv) la identidad
de partes e intervinientes los cuales están atados a las decisiones que se tornaron en cosa
juzgada».

Los anteriores requisitos se predican del proceso en el que se debatió la legalidad
del acto sancionatorio y su confirmatorio y en el presente asunto, así:
• Hay identidad de partes, pues las discusiones se surtieron entre el municipio
Puerto Boyacá y Total E&P Colombie Sucursal Colombia.
• El objeto es el mismo, esto es, reconocer que entre las partes se llegó a un
acuerdo sobre la deuda generada por concepto de la sanción por no enviar
información relativa al impuesto de industria y comercio de los años 2015 y
2016.
• Sobre la causa petendi, la Corte Constitucional ha propuesto la siguiente
definición20:
«(…) contiene, por una parte, un componente fáctico constituido por una serie de hechos
concretos y, de otro lado, un componente jurídico, constituido no sólo por las normas jurídicas
a las cuales se deben adecuar los hechos planteados sino, también, por el específico
proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar
que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se
busca extraer una concreta consecuencia jurídica» (énfasis propio).

Al respecto se aclara que el debate surtido en los dos procesos no es
exactamente el mismo, ya que en el primer caso se demandó el acto mediante
el cual se impuso la sanción y el que lo confirmó; mientras que, en este, se
cuestiona la legalidad de las resoluciones que declaran no probadas las
excepciones al mandamiento de pago (que se compone con los actos
sancionatorios) y ordenan continuar con el cobro.
No obstante, en línea con la jurisprudencia citada, hay identidad en el conjunto
de hechos jurídicamente calificados y en la consecuencia jurídica que de ellos
derivan, dado que la aprobación del acuerdo conciliatorio lleva a la conclusión
de que a la fecha la demandante no adeuda monto alguno por el concepto
referido.
19
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del del 21 de agosto de 2025, exp. 22480, M.P. Wilson Ramos Girón.
20
Sentencia T-162 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

6
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Radicado: 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)
Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

§ La «identidad sobre los elementos consecuenciales de un derecho que no fue declarado
expresamente» se presenta en tanto la conclusión sobre la legalidad del acuerdo,
implica reconocer que la demandante pagó la deuda que tenía a su cargo, y
así lo reconoció la acreedora.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sección considera que se debe reconocer
los efectos de la sentencia del 18 de septiembre de 2025 y, en esa medida, declarar
la terminación del proceso de cobro objeto de la demanda. Siendo esto suficiente
para anular los actos que declararon no probadas las excepciones al mandamiento
de pago, la Sección se releva de adelantar el estudio de los cargos planteados en
el recurso de apelación.
Costas
Si bien en este proceso se revocará la sentencia dictada por el a quo y se declarará
la nulidad de los actos demandados, lo cierto es que de las razones expuestas en
esta decisión se deriva que no hay parte vencida. En consecuencia, no habrá
condena en costas en aplicación del numeral 1 del artículo 365 del Código General
del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

Revocar la sentencia apelada proferida el 10 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5. En su lugar se dispone:
Primero: Declarar la nulidad de la resolución 294 del 23 de agosto de 2019, por medio de la
cual el municipio de Puerto Boyacá declaró no probada la excepción de falta de ejecutoria del
título propuesta por Total E&P Colombie Sucursal Colombia, en contra del mandamiento de
pago 2019-03; así como, de la resolución 835 del 7 de octubre de 2019, que la confirmó.
Segundo: A título de restablecimiento del derecho, reconocer que la sociedad Total E&P
Colombie Sucursal Colombia no adeuda monto alguno por concepto de la sanción por no
enviar información relativa al impuesto de industria y comercio por los años 2015 y 2016, en
favor del municipio de Puerto Boyacá.
Tercero: Sin condena en costas en ambas instancias.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (Firmado electrónicamente)
Presidente MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Con salvamento parcial de voto
(Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
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7
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