República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2020-02305-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2020-02305-01 (1130-2023)
Demandante: Fabio Gustavo Fonseca Mantilla
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema 1. Periodos laborados a través de órdenes de trabajo.
Subtema 2. Prueba de vinculación.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 9 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
No. 4, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Fabio Gustavo Fonseca Mantilla solicitó la nulidad de los actos administrativos
a través de los cuales la entidad accionada le negó el reconocimiento de una pensión
gracia de jubilación. Manifestó que en calidad de docente oficial tiene derecho a la
anterior prestación, puesto que acredita una vinculación como docente interino con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, 20 años de servicio como maestro oficial de
carácter nacionalizado y 50 años de edad.
El Tribunal accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y ordenó a la entidad
accionada el reconocimiento y pago de la pensión pretendida, al considerar que el
accionante cumplió los requisitos exigidos para el efecto.
La UGPP solicitó que se revoque la decisión, porque en su criterio el periodo laborado
mediante órdenes de trabajo no se podía computar para el reconocimiento pensional.
Además, adujo que de acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría de
Educación de Sogamoso la vinculación del docente fue de carácter nacional.
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Radicación: 15001-23-33-000-2020-002305-01 (1130-2023)
Demandante: Fabio Gustavo Fonseca Mantilla
Demandado: UGPP
Esta Subsección confirma la decisión, toda vez que se logró probar que el accionante
se vinculó al servicio de la Secretaría de Educación del entonces Distrito Especial de
Bogotá, como docente antes del 31 de diciembre de 1980, y prestó sus servicios con
carácter de territorial y nacionalizado, a partir del año 1992, acreditando con ello el
requisito de los 20 años de servicio.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 19 de octubre de 20201, el señor Fabio Gustavo
Fonseca Mantilla, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP), según las pretensiones, hechos y fundamentos
de derecho que a continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución RDP
006391 del 5 de marzo de 2020, a través de la cual la entidad accionada negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor del señor Fabio Gustavo Fonseca
Mantilla, y de la Resolución RDP 010980 del 5 de mayo de 2020, por medio de la cual
se confirmó la decisión, al resolverse el recurso de apelación interpuesto.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene el reconocimiento
y pago de una pensión gracia a favor del demandante en un monto equivalente al 75
% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el año anterior a
la adquisición del estatus jurídico; que la suma reconocida se reajuste desde el
momento en que se hizo exigible hasta la fecha de ejecutoria del fallo, de acuerdo con
el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso–
Administrativo (en adelante CPACA); que se paguen los intereses de mora por los
valores adeudados; y que, asimismo, se condene al pago de costas.
2.1.2. Hechos
4. La Sala los sintetiza así:
5. El señor Fabio Gustavo Fonseca Mantilla nació el 12 de abril de 1957, por lo
que cumplió 50 años el 12 de abril de 2007.
1 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 01, expediente digital.
2 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, págs. 1 a 22.
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Demandante: Fabio Gustavo Fonseca Mantilla
Demandado: UGPP
6. El demandante fue vinculado como docente interino, con carácter distrital, al
servicio del distrito de Bogotá, así:
• Mediante orden de trabajo 5834, del 29 de julio de 1980 al 5 de agosto de 1980.
• A través de orden de trabajo 5953 del 29 de agosto de 1980, desde el 25 de
agosto de 1980 hasta el 13 de septiembre de 1980.
• Por medio de orden de trabajo 3085 del 11 de diciembre de 1981, del «23 de
julio de 1981 al 14 de septiembre de 1981».
• Mediante orden de trabajo 1920 del 6 de febrero de 1982, «desde el 2 de
noviembre de 1981 hasta el 29 de noviembre de 1981».
7. Posteriormente, el accionante fue nombrado docente departamental, en
propiedad, al servicio del departamento de Boyacá, a través del Decreto 000922 del
11 de mayo de 1987. Cargo que desempeñó del 27 de mayo de 1987 al 28 de julio de
1992, en la Escuela La Puerta del municipio de Tota.
8. Por medio del Decreto 047 del 29 de julio de 1992, fue nombrado en propiedad
como docente nacionalizado al servicio del departamento de Boyacá; cargo que ejerció
a partir del 29 de julio de 1992 hasta el 23 de marzo de 1994, en la Concentración
Urbana Alianza para el Progreso del Municipio de Firavitoba. Luego, fue trasladado,
mediante el Decreto 091 del 24 de marzo de 1994, a la Institución Educativa Integrado
Joaquín González Camargo del municipio de Sogamoso; habiendo laborado desde
esa fecha hasta el 26 de enero de 2015. Ese día, fue trasladado, por medio de la
Resolución 137 del 26 de enero de 2015 a la Institución Educativa Silvestre Arenas del
mismo municipio, vinculado al 1 de febrero de 2019, cuando se expidió el certificado
de servicios que se allegó al expediente.
9. El docente cumplió con los requisitos de 50 años de edad y 20 de servicio, como
docente distrital y nacionalizado, con honradez, idoneidad y buena conducta, el 12 de
abril de 2007, cuando adquirió el estatus pensional.
10. El 14 de enero de 2020, el demandante solicitó a la UGPP el reconocimiento y
pago de una pensión gracia, de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928
y 37 de 1933. Sin embargo, la entidad negó la petición, mediante la Resolución RDP
006391 del 5 de marzo de 2020.
11. Inconforme con la decisión, el interesado interpuso recurso de apelación y la
entidad, a través de la Resolución RDP 010980 del 5 de mayo de 2020, la confirmó en
su totalidad.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336.
• Ley 114 de 1913, artículos 1, 3 y 4.
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Demandante: Fabio Gustavo Fonseca Mantilla
Demandado: UGPP
• Ley 116 de 1928, artículo 6.
• Ley 37 de 1933, artículo 3.
• Ley 43 de 1975.
• Ley 91 de 1989, artículos 1 —inciso tercero— y 15 —literal a) del numeral 2—.
• Ley 115 de 1994, artículo 115.
• Decreto 081 de 1976.
12. Sostuvo que los actos administrativos acusados desconocieron que el
accionante se encuentra amparado por el proceso de nacionalización docente, que
comenzó el 1 de enero de 1976 con la Ley 43 de 1975 y finalizó el 31 de diciembre de
1980. También, que la Ley 91 de 1989 conservó el carácter nacionalizado a quienes
tuvieran para la época de la nacionalización la vinculación con el municipio,
departamento o distrito.
13. Adujo que las resoluciones acusadas se expidieron con falsa motivación al
negar el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor del demandante, pese
a que cumple con los requisitos exigidos para el efecto, en tanto se vinculó al servicio
docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; acredita más de 50 años de
edad; más de 20 de servicio con carácter distrital y nacionalizado; y desempeñó el
cargo con honradez, consagración y buena conducta.
14. Manifestó que en el presente asunto la UGPP interpretó de manera equívoca
las leyes 114 de 1913; 116 de 1928 y 37 de 1933, toda vez que estas no exigen que
la vinculación al servicio docente deba ser en propiedad. Además, la referida normativa
permite que los tiempos laborados puedan ser discontinuos sin que sea necesario
estar en servicio activo al 31 de diciembre de 1980.
15. Afirmó que, contrario a lo estimado por la entidad accionada, el accionante
ejerció el cargo de docente con carácter nacionalizado, como se logra probar en los
decretos de nombramiento allegados al plenario.
2.2. Contestación de la demanda
16. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social se opuso a la prosperidad de las súplicas de la
demanda y solicitó que se nieguen3.
17. Señaló que el periodo en el que el demandante estuvo vinculado en interinidad,
entre el año 1980 y 1982, certificado por la Secretaría de Educación de Bogotá, no era
válido para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que de acuerdo
con la Ley 115 de 1994 únicamente podrán ser nombrados educadores quienes previo
3 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 12, expediente digital, archivos
9RECEPCIONCORREOVENTANILLA_FABIOGUSTAVOFONSECACONTESTACION(.PDF) y
10RECEPCIONCORREOVENTANILLA_EXCEPCIONESFABIOGUSTAVOFONSECA(.PDF).
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Demandado: UGPP
concurso hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales. A su vez, en la
certificación expedida por la Secretaría de Educación del Municipio de Sogamoso,
consta que la vinculación del docente es del orden nacional.
18. Adujo que el demandante no acreditó el requisito de 20 años de servicio al
Estado en calidad de docente territorial o nacionalizado, para ser acreedor de una
pensión gracia, comoquiera que al ostentar el carácter de nacional sus salarios fueron
pagados con recursos provenientes del situado fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones.
19. Pidió que si en gracia de discusión se decide tener por acreditado el tiempo de
servicio docente, solo podría computarse aquel en el que el accionante estuvo
vinculado antes del 31 de diciembre de 1989, por cuanto con ocasión de la Ley 91 de
1989, los educadores vinculados luego del 1 de enero de 1990 cuentan con el mismo
régimen prestacional de los servidores públicos y, en consecuencia, solo tienen
derecho al reconocimiento de una pensión, esto es, a la de jubilación.
2.3. Sentencia de primera instancia
20. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 4 profirió sentencia
el 9 de noviembre de 2022, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. La providencia se fundó en los
siguientes argumentos4:
21. Indicó que en el expediente obran dos órdenes de trabajo —5834 y 5953—,
proferidas por la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, para la prestación del
servicio docente en interinidad por parte del accionante durante los periodos del 7 de
julio de 1980 al 13 de septiembre de 1980, es decir, con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980. Dichas órdenes fueron suscritas por el director de la Concentración Distrital,
División Primaria de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá.
22. Precisó que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación5, no existe
razón alguna para desestimar los tiempos de servicio prestados por el demandante
como maestro en interinidad, en tanto quienes ejercieron la docencia en esa modalidad
cumplían las mismas funciones de quienes se encontraban en provisionalidad o
propiedad. Esto, teniendo en cuenta que lo realmente relevante es la prestación
efectiva del servicio en el ramo de la educación oficial del orden territorial,
nacionalizado o distrital.
23. Definió que como se probó la vinculación del demandante por primera vez en
calidad de docente el 7 de julio de 1980, esto es, con anterioridad al 31 de diciembre
4 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 49, expediente digital, archivo
86_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.
5 Citó: «sentencia del 21 de junio de 2018, C.P. William Hernández Gómez».
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de 1980, se cumplía con una de las exigencias para el reconocimiento de la pensión
gracia.
24. Afirmó en cuanto al cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio que,
si bien se allegó al proceso una certificación expedida por la Secretaría de Educación
de Sogamoso en la que se señala que el accionante fue un docente del orden nacional,
lo cierto es que de acuerdo con el Decreto 000922 del 11 de mayo de 1987, suscrito
por el gobernador de Boyacá y el secretario de educación departamental, la Secretaría
de Educación del Departamento de Boyacá lo nombró docente en propiedad.
25. Añadió que conforme con el acta de posesión, la anterior vinculación fue para
el cargo de maestro en la «RD la Puerta» del municipio de Tota, «proveniente de la
Secretaría de Educación Pública de Boyacá» y fue firmada por el secretario de
educación. Por ende, como en su nombramiento y posesión no hubo injerencia alguna
por parte de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el lapso laborado resulta útil
para el reconocimiento de la prestación reclamada.
26. Sostuvo que el accionante fue nombrado en propiedad para prestar servicios en
la Concentración Urbana Alianza para el Progreso Nacionalizada del municipio de
Firavitoba, a través del Decreto 047 del 29 de julio de 1992, suscrito por el alcalde
municipal y con sello de la Secretaría de Educación de Sogamoso. De conformidad
con dicho acto, la asignación salarial sería la que corresponde al grado que acredite
en el escalafón docente nacional, según las normas que regulan el régimen salarial de
los maestros nacionalizados.
27. Relató que, por medio del Decreto 091 del 24 de marzo de 1994, se ordenó el
traslado del accionante al cargo de docente psico-orientador de la Sección Pedagógica
del Instituto Integrado Nacionalizado Joaquín González Camargo del municipio de
Sogamoso. Y, mediante la Resolución 137 de enero de 2015, se dispuso su traslado
a la Institución Educativa Silvestre Arenas; acto que fue suscrito por el mandatario local
y el secretario de educación de Sogamoso. Por consiguiente, atendiendo a las
facultades previstas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, se trataba de una plaza
municipal.
28. Concluyó que como los actos de nombramiento fueron suscritos por los alcaldes
municipales, no podría entenderse que la vinculación docente fuera del orden nacional
como lo sostenía la entidad accionada. Así, pese a la incongruencia existente con las
certificaciones obrantes en el expediente, resulta claro que las vinculaciones del
accionante son de carácter municipal.
29. Aclaró que el argumento referente a la cofinanciación de los salarios por parte
de la Nación no es de recibo, toda vez que no había ningún elemento de convicción
que así lo sustente. Por el contrario, la Secretaría de Educación del Departamento de
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Boyacá informó que el docente acreditaba vínculo con el municipio de Sogamoso, lo
que a su vez da cuenta del carácter territorial.
30. Precisó que el demandante cumplió 50 años de edad el 12 de abril de 2007,
acreditó un total de 26 años de servicio docente territorial y no tenía antecedentes
disciplinarios. En consecuencia, era acreedor de la pensión gracia pretendida,
habiendo adquirido el estatus pensional el 3 de febrero de 2008, cuando alcanzó los
20 años de labor.
31. Declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó a la entidad accionada a
reconocer y pagar a favor del demandante una pensión gracia equivalente al 75 % del
promedio de los factores devengados en el periodo comprendido del 3 de febrero de
2007 y 3 de febrero de 2008, efectiva a partir del 14 de enero de 2017, por prescripción
trienal. Ello, comoquiera que la reclamación administrativa se presentó solo hasta el
14 de enero de 2020, esto es, luego de transcurridos más de tres años desde que el
derecho se hizo exigible.
2.4. Recurso de apelación
32. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos6:
33. Afirmó que los tiempos en los que el demandante laboró en interinidad entre los
años 1980 y 1982, certificados por la Secretaría de Educación de Bogotá, no eran
válidos para el reconocimiento de la pensión, de acuerdo con lo previsto en el artículo
105 de la Ley 115 de 1994, toda vez que la vinculación no se efectuó mediante decreto
o resolución. Destacó que únicamente podrán ser nombrados educadores, quienes
previo concurso hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales.
34. Alegó que aun cuando el Tribunal mencionó que la Secretaría de Educación del
Departamento de Boyacá, mediante el Decreto 000922 del 11 de mayo de 1987,
suscrito por el gobernador de Boyacá y el secretario de educación departamental,
nombró en propiedad al accionante, la certificación laboral expedida por la Secretaría
de Educación de Sogamoso el 1 de febrero de 2019 señaló que la vinculación del
docente es de carácter nacional.
35. Sostuvo que el demandante no tiene derecho a la pensión gracia, comoquiera
que no acredita los requisitos para tal fin exigidos por las leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de «1977», en tanto se trata de un docente del orden nacional.
6 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 54, expediente digital, archivo
87_MemorialWeb_Recurso(.pdf)
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
36. Mediante auto del 18 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia7.
2.6. Ministerio Público
37. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado» no rindió
concepto8.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
38. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
39. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:
40. ¿El demandante tiene derecho al reconocimiento de una pensión gracia,
teniendo en cuenta la prestación del servicio como docente interino antes del 31 de
diciembre de 1980, aun cuando no existieron actos administrativos de nombramiento,
sino órdenes de trabajo?
41. A su vez, ¿es válido, para efectos del cómputo pensional, el periodo laborado
por el accionante al servicio del departamento de Boyacá y del municipio de
Sogamoso, considerándose estos como de carácter territorial o nacionalizado, de
acuerdo con los actos de nombramiento y posesión obrantes en el expediente?
7 Samai, índice 31, expediente digital, archivo 32Autoqueadmite_Recurso_211302023Autoadmitea(.pdf).
8 Samai, índice 34, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
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3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
42. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1.º de la Ley 114
de 19139, beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años.
43. La Ley 116 de 192810 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la
inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
44. Posteriormente, la Ley 37 de 193311 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
45. Por su parte, la Ley 91 de 198912 en su artículo 15, numeral 2.°, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
46. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199713,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
9 Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela.
10 Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927.
11 Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados.
12 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
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Demandante: Fabio Gustavo Fonseca Mantilla
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que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
47. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201814,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
48. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados relevantes
49. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
• Edad
50. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere
en primer lugar haber cumplido 50 años. En el caso concreto, el señor Fabio Gustavo
Fonseca Mantilla nació el 12 de abril de 195715, en consecuencia, acreditó la edad de
50 años el 12 de abril de 2007.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
15 Según copia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía, visible en Samai, gestión otros
despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, págs. 25 y 56.
10
Radicación: 15001-23-33-000-2020-002305-01 (1130-2023)
Demandante: Fabio Gustavo Fonseca Mantilla
Demandado: UGPP
• Tiempo de servicios
51. El demandante laboró al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá,
como docente interino, a través de distintas órdenes de pago, conforme lo certificó la
entidad el 30 de abril de 2019, así16:
• Orden de pago 5834 del 29 de julio de 1980, del 29 de julio al 5 de agosto de
1980.
• Orden de pago 5953 del 29 de agosto de 1980, desde el 29 de agosto hasta el
13 de septiembre de 1980.
• Orden de pago 3085 del 11 de noviembre de 1981, «del 23 de julio al 14 de
septiembre de 1981».
• Orden de pago 1920 del 6 de febrero de 1982, «desde el 2 de noviembre hasta
el 29 de noviembre de 1981».
52. Ahora, obran en el expediente dos órdenes de trabajo que coinciden con las
antes señaladas, de conformidad con las cuales el accionante desempeñó el cargo de
maestro interino al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá D.E., en la
categoría «segunda de primaria», para cubrir licencias por enfermedad, como se
detalla a continuación:
• Orden de trabajo: 5834 del 29 de julio de 1980, por el lapso del 29 de julio al 5
de agosto de 1980, en la Escuela Manuel Murillo Toro17.
• Orden de trabajo: 5953 del 29 de agosto de 1980, por el periodo del 29 de
agosto al 13 de septiembre de 1980, en la Escuela Ismael Perdomo18.
53. El señor Fabio Gustavo Fonseca Mantilla fue nombrado mediante el Decreto
000922 del 11 de mayo de 1987 suscrito por el gobernador de Boyacá y el secretario
de educación departamental, como maestro en propiedad, en educación primaria, en
la «RD» La Puerta del municipio de Tota, Boyacá. Se posesionó en dicho cargo el 27
de mayo de 198719.
54. Luego, a través del Decreto 047 del 29 de julio de 1992 firmado por el alcalde
del municipio de Firavitoba, Boyacá, fue nombrado docente de primaria en la
Concentración Urbana Alianza para el Progreso, nacionalizada. Tomó posesión del
cargo el 29 de julio de 199220.
16 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, pág. 59.
17 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, pág. 57.
18 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, pág. 58.
19 Conforme a la copia del decreto de nombramiento y acta de posesión, obrantes en Samai, gestión otros
despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, págs. 60 a 61.
20 Según la copia del decreto de nombramiento y acta de posesión, obrantes en Samai, gestión otros despachos,
15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo 2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP),
documento 0002Demanda, págs. 62 a 64.
11
Radicación: 15001-23-33-000-2020-002305-01 (1130-2023)
Demandante: Fabio Gustavo Fonseca Mantilla
Demandado: UGPP
55. Por medio del Decreto 091 del 24 de marzo de 1994 suscrito por el alcalde y el
secretario de educación del municipio de Sogamoso, el demandante fue trasladado al
cargo de docente psico-orientador de la Sección Pedagógica del Instituto Integrado
Nacionalizado Joaquín González Camargo de ese ente territorial. Se posesionó en el
cargo el 24 de marzo de 199421.
56. Mediante la Resolución 137 del 26 de enero de 2015 firmada por el alcalde y el
secretario de educación del municipio de Sogamoso, el accionante fue trasladado a la
Institución Educativa Silvestre Arenas, para cumplir con funciones de orientador. Tomó
posesión del cargo el 27 de enero de 201522.
57. De acuerdo con los formatos únicos para la expedición de certificado de historia
laboral, emitidos por la Secretaría de Educación del Municipio de Sogamoso, del 1 de
febrero de 2019 y 14 de diciembre de 2021, el demandante ha prestado sus servicios
como docente en propiedad, con carácter nacional, vinculado al momento en que se
expidió el último documento, con las siguientes novedades23:
• Nombrado a través del Decreto 000922 del 11 de mayo de 1987, del 27 de
mayo de 1987 al 28 de julio de 1992, en la Escuela La Puerta del municipio de
Tota.
• Nombrado mediante el Decreto 047 del 29 de julio de 1992, desde esa fecha
hasta el 23 de marzo de 1994, en la Concentración Alianza para el Progreso
del municipio de Firavitoba.
• Trasladado, por medio del Decreto 091 del 24 de marzo de 1994 a la IE
Integrado Joaquín González C. del municipio de Sogamoso, ejerciendo el cargo
desde el 24 de marzo de 1994 hasta el 26 de enero de 2015.
• Trasladado, mediante la Resolución 137 del 26 de enero de 2015 a la
Institución Educativa Silvestre Arenas del municipio de Sogamoso, a partir del
27 de enero de 2015, vinculado al 14 de diciembre de 2021.
58. Según constancia emitida por el secretario de educación del municipio de
Sogamoso del 14 de diciembre de 2021, el accionante prestaba sus servicios para ese
momento, como docente nombrado en propiedad en el nivel secundaria, en la planta
global de cargos del ente territorial. Luego de relacionar cada uno de los actos de
nombramiento y posesión mencionados anteriormente, la entidad indicó que el
demandante había laborado como docente por un total de 34 años, 7 meses y 4 días24.
21 Conforme a la copia del decreto de nombramiento y acta de posesión, obrantes en Samai, gestión otros
despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, págs. 68 a 70.
22 Según la copia del decreto de nombramiento y acta de posesión, obrantes en Samai, gestión otros despachos,
15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo 2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP),
documento 0002Demanda, págs. 71 a 73.
23 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, pág. 74; y Samai, índice 37, expediente
digital archivo 68_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_TIEMPODESERVICIOS(.PDF).
24 Samai, índice 37, expediente digital archivo
66_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CERTIFICADOFUNCIONE(.PDF).
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Demandado: UGPP
• Negativa del reconocimiento pensional. Actos acusados
59. Mediante la Resolución RDP 006391 del 5 de marzo de 2020, la UGPP negó al
demandante el reconocimiento y pago de una pensión gracia, al señalar que como se
vinculó al servicio de la docencia con carácter nacional, no acreditó el requisito
establecido por la ley para el efecto, esto es, haber desempeñado el ejercicio docente
de orden territorial, departamental o nacionalizado. También, señaló que los tiempos
prestados al distrito de Bogotá no podían computarse, toda vez que la vinculación fue
a través de orden de pago y no por medio de decreto o resolución25.
60. Mediante la Resolución RDP 010980 del 5 de mayo de 2020, la entidad
confirmó el anterior acto administrativo, al resolver el recurso de apelación interpuesto
en su contra26.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De la vinculación docente a través de órdenes de trabajo
61. La parte accionada sostiene que no pueden tenerse en cuenta los tiempos en
los que el demandante prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del Distrito
de Bogotá, como docente interino, puesto que no fue vinculado a la entidad a través
de un acto de nombramiento. Ello, comoquiera que el artículo 105 de la Ley 115 de
1994 exige que la vinculación sea a través de una relación legal y reglamentaria.
62. Al respecto, se tiene que el Tribunal determinó que los tiempos laborados por el
accionante como docente interino, a través de las órdenes de trabajo 5834 del 29 de
julio de 1980 y 5953 del 29 de agosto de 1980, al servicio de la Secretaría de
Educación de Bogotá –cuyas copias obran en el expediente–, eran válidos para
computar los servicios prestados antes del 31 de diciembre de 1980.
63. En este orden de ideas, corresponde definir si el demandante tiene derecho al
reconocimiento de una pensión gracia, teniendo en cuenta la prestación del servicio
como docente interino antes del 31 de diciembre de 1980, aun cuando no existieron
actos administrativos de nombramiento, sino órdenes de trabajo.
64. Sobre el particular, se destaca que el estudio del caso concreto se abordará en
relación con de las órdenes de trabajo 5834 del 29 de julio de 1980 y 5953 del 29 de
agosto de 1980 las cuales corresponden a tiempos prestados con anterioridad al 31
de diciembre de 1980, que como se dijo antes, fueron las valoradas por el juez de
primera instancia y aquellas que se tuvieron en cuenta para acreditar los requisitos
25 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, págs. 31 a 35.
26 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, págs. 41 a 42.
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Demandado: UGPP
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia. Respecto a las órdenes de pago
3085 del 11 de noviembre de 1981 y 1920 del 6 de febrero de 1982, que se
relacionaron en el acápite de hechos probados de esta providencia, no se hace
pronunciamiento alguno, en tanto si bien su existencia se certificó, lo cierto es que los
tiempos de servicio que con ellas pretendía la parte accionante se accediera al
reconocimiento pensional, no fueron computados por el Tribunal.
65. En primer lugar, se destaca que la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de unificación dictada el 11 de agosto de 202227, consideró que los tiempos
laborados por contratos de prestación de servicios deben ser computados para el
reconocimiento de la pensión gracia, pues en estos asuntos en aras de privilegiar los
derechos de los trabajadores lo determinante es la demostración del servicio docente
de naturaleza territorial o nacionalizado. Sobre el particular, señaló que:
[…] en el sub lite se computarán los tiempos laborados por la actora en virtud de
contratos de prestación de servicios, celebrados con el alcalde del municipio de
Sogamoso y que se pagaron con recursos propios de dicho ente territorial, en
razón a que la normativa especial no excluyó tal modalidad contractual para el
acceso a dicho beneficio laboral; por el contrario, lo relevante es que el interesado
demuestre haber trabajado en el magisterio oficial como maestro territorial o
nacionalizado, así como tener una experiencia docente anterior al 31 de diciembre
de 1980. […]
Igualmente, esta decisión se adopta en razón a las particularidades del caso
concreto, esto es, por el ejercicio de la función docente, la cual de manera reiterada
se ha considerado que por su naturaleza implica subordinación, prestación
personal del servicio y el cumplimiento de condiciones de formación y experiencia
que denotan la existencia de un verdadero vínculo laboral entre la administración
y los educadores, quienes deben someterse a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, a los contenidos curriculares y
al calendario escolar. […].
66. En línea de lo anterior, esta corporación en sentencia del 18 de mayo de 202328,
al estudiar un asunto en el que se solicitó el reconocimiento de una pensión gracia
teniendo en cuenta el cómputo de los tiempos de servicio prestados en interinidad a la
Secretaría de Educación del Distrito Especial de Bogotá, antes del 31 de diciembre de
1980, los cuales se pretendían acreditar a través de las órdenes de pago expedidas
por la entidad –supuestos de hecho que se asemejan al presente asunto–, señaló que
aunque dicha entidad «no emitía acto expreso de nombramiento de los pedagogos
interinos a sus servicios, reconocía los salarios y prestaciones por la labor
desempeñada luego de su retiro, para lo cual especificaba los lapsos trabajados y los
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación de
jurisprudencia del 11 de agosto de 2022, exp. 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2023, exp. 25000-23-42-000-
2014-02013-01 (2010-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
• Sobre el mismo tema se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de
octubre de 2022, exp. 25000-23-42-000-2017-05210-01 (4036-2021), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicación: 15001-23-33-000-2020-002305-01 (1130-2023)
Demandante: Fabio Gustavo Fonseca Mantilla
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empleos asignados, con lo cual refrendaba la existencia de la relación laboral entre
aquellos y el ente territorial». En consecuencia, consideró que los tiempos en discusión
eran válidos para efectos del reconocimiento pensional.
67. Ahora bien, precisado lo anterior, se tiene que en el expediente obran las
órdenes de trabajo 5834 del 29 de julio de 1980 y 5953 del 29 de agosto de 1980, las
cuales dan cuenta de que el señor Fabio Gustavo Fonseca Mantilla prestó servicios a
la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Bogotá, en calidad de docente en
interinidad, durante los periodos del 29 de julio al 5 de agosto de 1980, en la Escuela
Manuel Murillo Toro y del 29 de agosto al 13 de septiembre de 1980, en la Escuela
Ismael Perdomo, respectivamente.
68. Tales vinculaciones fueron certificadas a su vez por la Secretaría de Educación
de Bogotá el 30 de abril de 2019, quien indicó que estas se realizaron a través de
órdenes de pago.
69. Lo expuesto, evidencia que, en efecto, la prestación del servicio del accionante
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, como lo sostuvo la entidad recurrente, no
surgió con ocasión de un acto de nombramiento. Sin embargo, no puede pasarse por
alto que, conforme lo ha estudiado esta corporación, en asuntos en los que se analiza
el reconocimiento de la pensión gracia lo importante es la prestación del servicio
docente, pues no solo puede considerarse aquella de carácter legal y reglamentario.
70. En este orden de ideas, al demostrarse que el accionante ejerció funciones
como docente en interinidad, a través de órdenes de trabajo, se estima que los
periodos en los que prestó servicios antes del 31 de diciembre de 1980, sí pueden
tenerse en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia, en la medida que
denotan sin duda alguna que la autoridad administrativa lo vinculó. Ello, máxime
cuando dichos documentos no fueron desconocidos ni tachados de falsos por las
partes.
71. Así las cosas, se estima que el primer cargo de la apelación no tiene vocación
de prosperidad.
3.5.2. De los tiempos de servicio prestados en propiedad
72. La entidad recurrente afirma que si bien el Tribunal manifestó que mediante el
Decreto 000922 del 11 de mayo de 1987 suscrito por el gobernador de Boyacá y el
secretario de educación departamental, la Secretaría de Educación del Departamento
de Boyacá nombró en propiedad al accionante, lo cierto era que la certificación laboral
expedida por la Secretaría de Educación de Sogamoso del 1 de febrero de 2019, que
obra en el expediente, indicó que la vinculación del docente es de carácter nacional.
Por ende, no se cumple con el requisito para acceder al reconocimiento de la pensión
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Demandado: UGPP
gracia concerniente a que la prestación del servicio debe tener el carácter de territorial
o nacionalizado.
73. En la sentencia de primera instancia se definió que los tiempos en los que el
docente laboró al servicio del departamento de Boyacá y del municipio de Sogamoso,
eran del orden municipal, toda vez que en el plenario reposaban los actos de
nombramiento, los cuales habían sido expedidos por las autoridades territoriales –
gobernador y alcalde–.
74. Así, corresponde determinar si es válido, para efectos del cómputo pensional,
el periodo laborado por el accionante al servicio del departamento de Boyacá y del
municipio de Sogamoso, considerándose estos como de carácter territorial o
nacionalizado, de acuerdo con los actos de nombramiento y posesión obrantes en el
expediente.
75. Ahora bien, se tiene que el demandante laboró como docente al servicio del
municipio de Tota del 27 de mayo de 1987 al 28 de julio de 1992 y del municipio de
Firavitoba, del 29 de julio de 1992 al 23 de marzo de 1994, habiendo sido trasladado
al municipio de Sogamoso, a partir del 24 de marzo de 1994.
76. Al respecto, se advierte que según lo certificó la Secretaría de Educación del
Municipio de Sogamoso, en los formatos únicos para la expedición de certificado de
historia laboral del 1 de febrero de 2019 y 14 de diciembre de 2021, dichos tiempos de
servicio son de carácter nacional; razón por la cual la entidad accionada aduce que no
puede reconocerse la pensión gracia pretendida.
77. No obstante, una vez revisada la copia de los actos de nombramiento y
posesión que obran en el expediente, conforme se detalló en el acápite de hechos
probados de esta providencia, se destaca que el señor Fabio Gustavo Fonseca
Mantilla fue nombrado como maestro en propiedad, mediante el Decreto 000922 del
11 de mayo de 1987 suscrito por el gobernador de Boyacá y el secretario de educación
departamental, en la «RD» La Puerta del municipio de Tota, Boyacá y se posesionó el
27 de mayo de 1987.
78. Luego, a través del Decreto 047 del 29 de julio de 1992 firmado por el alcalde
del municipio de Firavitoba, Boyacá, fue nombrado docente de primaria en la
Concentración Urbana Alianza para el Progreso, nacionalizada; posesionado el 29 de
julio de 1992.
79. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario precisar que la Sección
Segunda de esta corporación, en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21
de junio de 201829 fijó como regla que la calidad de docente territorial o
nacionalizado es otorgada por la ley, y lo importante para el reconocimiento de la
pensión gracia es la acreditación de la plaza a ocupar; así que, para probar la calidad
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Radicación: 15001-23-33-000-2020-002305-01 (1130-2023)
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de docente territorial o nacionalizado, en primer lugar resulta idónea la copia de los
actos administrativos en los que conste el vínculo y en los que se pueda establecer
con claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales. Esto, en los siguientes términos:
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la
vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas
de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban
los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con
los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta
de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el
docente oficial es de carácter territorial. (Negrillas del despacho)
80. Al respecto, es oportuno mencionar que en la misma sentencia se dispuso
que los temas objeto de unificación «constituyen precedente obligatorio en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la
presente sentencia de unificación son retrospectivos».
81. Descendiendo al caso concreto, se considera que aun cuando los formatos
únicos para la expedición de certificado de historia laboral, emitidos el 1 de febrero de
2019 y 14 de diciembre de 2021 por la Secretaría de Educación del municipio de
Sogamoso29, señalan que la vinculación docente del accionante fue de carácter
nacional, lo cierto es que obra en el plenario la copia del Decreto 000922 del 11 de
29 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, pág. 74; y Samai, índice 37, expediente
digital archivo 68_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_TIEMPODESERVICIOS(.PDF).
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Demandado: UGPP
mayo de 198730 suscrito por el gobernador de Boyacá y el secretario de educación
departamental, además del acta de posesión31, en los que se prueba que el
demandante fue nombrado como maestro en propiedad, en educación primaria, en la
«RD» La Puerta del municipio de Tota, Boyacá. Por consiguiente, el tiempo laborado
del 27 de mayo de 1987 al 28 de julio de 1992, se estima, fue de carácter territorial.
82. También reposa en el expediente la copia del Decreto 047 del 29 de julio de
1992 y el acta de posesión32 correspondiente, firmados por el alcalde del municipio de
Firavitoba, Boyacá, en los que se acredita que el accionante fue nombrado docente de
primaria en la Concentración Urbana Alianza para el Progreso, nacionalizada. En
consecuencia, el tiempo laborado del 29 de julio de 1992 al 14 de diciembre de 202133,
se considera, es de carácter nacionalizado.
83. En punto, si bien se advierte que el docente fue trasladado al municipio de
Sogamoso con posterioridad, dichos traslados no afectan el carácter de la vinculación,
comoquiera que se trata de situaciones administrativas que no tienen la virtualidad de
modificar el carácter de la vinculación. Esto, máxime cuando igualmente obran en el
plenario la copia de los decretos de traslado, que según se indicó en precedencia,
fueron suscritos por el alcalde y el secretario de educación del municipio de
Sogamoso34.
84. Así las cosas, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales expuestas, y
contrario a lo alegado por la UGPP, resultan ser los actos de nombramiento la prueba
idónea que acredita que el accionante tenía la calidad de docente territorial a partir del
27 de mayo de 1987 hasta el 28 de julio de 1992, cuando se vinculó al servicio del
municipio de Tota, y el carácter de docente nacionalizado a partir del 29 de julio de
1992, toda vez que lo determinante para probar la calidad de docente territorial o
nacionalizado es la acreditación de la plaza a ocupar que, como se probó en este caso,
eran territorial y nacionalizada.
85. Por consiguiente, como la entidad recurrente no acreditó que el demandante
tuviese la calidad de docente nacional, se desestimará el segundo cargo de apelación
y se confirmará la sentencia de primera instancia.
30 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, pág. 60.
31 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, pág. 61.
32 Según la copia del decreto de nombramiento y acta de posesión, obrantes en Samai, gestión otros despachos,
15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo 2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP),
documento 0002Demanda, págs. 62 a 64.
33 Fecha en la que se expidió la última certificación laboral, conforme se señaló en el acápite de hechos probados
de esta sentencia.
34 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020200230500, índice 06, expediente digital, archivo
2_ED_15001233300020200230500D.zip(.ZIP), documento 0002Demanda, págs. 68 a 73.
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Radicación: 15001-23-33-000-2020-002305-01 (1130-2023)
Demandante: Fabio Gustavo Fonseca Mantilla
Demandado: UGPP
3.6. Conclusión de la decisión
86. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la valoración de las pruebas
recaudadas en el proceso, se concluye que como el accionante se vinculó al servicio
de la Secretaría de Educación del entonces Distrito Especial de Bogotá, como docente
antes del 31 de diciembre de 1980, y prestó sus servicios con carácter de territorial y
nacionalizado, cumple con el requisito para el reconocimiento de la pensión gracia que
fue cuestionado a través del recurso de apelación. En este orden, se confirmará la
sentencia impugnada que declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y
ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
3.7. Costas
87. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 35 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
3.8. Otros aspectos
88. El abogado Jhonier Alejandro Trejos Valencia radicó poder general conferido
por la UGPP para que represente a la entidad en el presente asunto, quien a su vez
sustituyó este. No obstante, antes de reconocerse personería jurídica, el aludido
profesional del derecho radicó renuncia al poder.
89. En consecuencia, se reconocerá personería a los abogados al haber aportado
los poderes en los términos del artículo 74 del CGP y seguidamente, se aceptará la
renuncia al cumplir con los requisitos del artículo 76 del CGP.
35 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 15001-23-33-000-2020-002305-01 (1130-2023)
Demandante: Fabio Gustavo Fonseca Mantilla
Demandado: UGPP
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 4, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. Reconocer personería al abogado Jhonier Alejandro Trejos Valencia
identificado con cédula de ciudadanía 1.088.261.587 y tarjeta profesional 268.679 del
Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado principal de la UGPP,
en los términos de la escritura pública 73 del 27 de enero de 2025 y, al abogado John
Edison Londoño Hernández identificado con cédula de ciudadanía 1.088.258.716 y
tarjeta profesional 383.443 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderado sustituto de la entidad, para los efectos de la sustitución concedida36.
Cuarto. Aceptar la renuncia al poder presentada por el abogado Jhonier Alejandro
Trejos Valencia, apoderado de la UGPP, por cumplir con los requisitos previstos en el
artículo 76 del CGP37.
Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
36 Samai, índice 29, expediente digital, archivos 29_MemorialWeb_Poder-77_15001233300020200(.pdf) y
30_MemorialWeb_Poder-ESCRITURAN_276pd(.pdf).
37 Samai, índices 37 y 38, expediente digital, archivos 37RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL11302023REMI(.pdf) y
38RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL11302023REMI(.pdf), respectivamente.
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Radicación: 15001-23-33-000-2020-002305-01 (1130-2023)
Demandante: Fabio Gustavo Fonseca Mantilla
Demandado: UGPP
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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