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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00330-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00330-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia proferida el 21 de marzo del 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 121 del 15 de abril de 2021, por la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [Fomag] le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988. Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [Fomag] al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a partir del 5 de septiembre de 2018, con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicio anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994. Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial Quinto. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [Fomag], podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los María Esmeralda Higuera Cely realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994. Sexto. La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que devengue María Esmeralda Higuera Cely mientras continúe en el ejercicio de la docencia oficial. No lo será en otro tipo de empleos. Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. 44 Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024) […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2021-00330-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1

Tema: Pensión jubilación docente, Ley 71 de 1988. Docente vinculada
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Vinculación
a través de contratos de prestación de servicios

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 21 de marzo del 2024 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión No. 3, mediante la cual se denegaron las pretensiones de
la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María Esmeralda Higuera Cely presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del

1
En adelante Fomag.
2
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 2 a 20.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 121 del 15 de abril de 2021,
por la cual el secretario de educación de Sogamoso, en nombre y representación
del Fomag, le negó el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento de la pensión de jubilación equivalente al 75% de los
salarios y primas recibidas con anterioridad a la fecha en la que adquirió el estatus
de pensionada; ii) el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 y 195 del
CPACA; iii) el pago de las sumas que resultaren; iv) el reajuste de la prestación
conforme con el IPC; v) el pago de los intereses moratorios; y vi) la condena en
costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. María Esmeralda Higuera Cely nació el 5 de septiembre de 1963, por lo que
cuenta con más de 55 años de edad.

3.1. Se vinculó a través de contratos de prestación de servicios como docente en el
municipio de Sogamoso, en los siguientes periodos e instituciones:

Desde Hasta
01/02/1991 30/11/1991
13/02/1995 15/02/1995
12/02/1996 11/12/1996
1/03/1997 30/11/1997
1/02/1998 30/11/1998
1/02/1999 30/11/1999
1/02/2000 30/11/2000
1/02/2001 30/11/2001
1/02/2002 30/11/2002
1/02/2003 30/11/2003

3.2. Con posterioridad, ejerció como docente en provisionalidad entre el 28 de enero
de 2004 y el 18 de enero de 2007, y en propiedad desde el 19 de enero de 2007.

3.3. En suma, por razón de los períodos laborados «como docente oficial, posee más
de 20 años de servicio oficial a la docencia, más de 55 años de edad y fue vinculada antes
del 23 de junio de 2003, lo que le otorga derecho a la pensión de jubilación, de conformidad
con la Ley 812 de 2003, en compatibilidad con el salario por pertenecer al régimen anterior
en cuanto a su pensión de jubilación. […]» (sic).

3
En adelante CPACA.

2

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

3.4. El 27 de noviembre de 2020 solicitó al Fomag el reconocimiento de la prestación,
y a través de la Resolución 121 del 15 de abril del 2021, el secretario de educación
de Sogamoso, en nombre y representación del Fomag, negó la pensión de
jubilación, pues consideró que la vinculación como docente oficial fue a partir del 21
de enero de 2004, en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual es beneficiaria de
régimen de prima media previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1° inciso 2 de la Ley 33 de 1985; 15.1 y 2
de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la
Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos4:

5.1. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se
vincularan después de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, se regirían por las disposiciones de las que eran beneficiarios los
servidores públicos del orden nacional.

5.2. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el «[e]l régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

5.3. La anterior disposición debe ser entendida en el sentido de que «los docentes
vinculados con anterioridad al año 2003, se le aplican las normas anteriores a la expedición
de la Ley 812, es decir la Ley 33 de 1985 como servidores públicos regulares, o si se trataba
de docentes que tenían aportes al sector privado la ley 71 de 1988 para la pensión por
aportes».

5.4. Por lo tanto, el acto acusado vulneró los postulados legales porque la docente
se vinculó con anterioridad al 23 de junio de 2003, por lo cual, se debe respetar el
régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la prosperidad

4
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 5 a 18.

3

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

de las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos5:

6.1. No se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado, porque de acuerdo
con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 el régimen de los docentes oficiales que se
encuentren vinculados, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley.

6.2. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, fueron afiliados en el Fomag, y son beneficiarios del régimen pensional de
prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos, con excepción de la edad de pensión de jubilación que será de 57 años
para hombres y mujeres.

6.3. Por lo anterior, los docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 [26 de junio de 2003] tendrán los derechos del régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

6.4. María Esmeralda Higuera Cely se vinculó por órdenes de prestación de servicios
entre 1991 y 2003, «por lo cual no era considerado un trabajador público y que dicha
relación laboral no generó prestaciones económicas, aunado a ello, se advierte que los
aportes no fueron efectuados al Fondo y por consiguiente, no pueden ser tenidos en cuenta
a la hora del reconocimiento y pago de la prestación solicitada, pues mal podría ordenarse
al Fomag reconocer sumas que no fueron cotizadas ante el fondo».

6.5. Además «no se presentó solución de continuidad, por lo que debe tomarse como fecha
de vinculación al Fomag el 19 de enero de 2007, es decir, cuando ya había entrado en vigor
la Ley 812, disposición que regirá el reconocimiento de su prestación y bajo la cual no se
han acreditado los requisitos exigidos por la Ley.»

6.6. Propusola excepción que denominó legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, mediante sentencia
proferida el 21 de marzo del 2024 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de condenar en costas a la demandante. Para tal efecto, luego de realizar un
recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables concluyó lo
siguiente6:

5
Samai Tribunal, índice 11, 8_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CORREO1(.pdf) NroActua 11.
6
Samai Tribunal, índice 25, 21SENTENCIADEPR_00920210033000PENSIO(.pdf) NroActua 25.

4

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Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

7.1. Del material probatorio allegado, María Esmeralda Higuera Cely fue afiliada en
el Fomag, y nombrada como docente oficial en provisionalidad el 25 de enero del
2004.

7.2. Por lo tanto, la afiliación en el Fomag se efectuó con posterioridad al 26 de junio
de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

7.3. En tal sentido, para la aplicación de la Ley 71 de 1988 se debe observar que la
vinculación al servicio docente y afiliación al Fomag sea antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, lo cual no ocurrió en el caso de la demandante.

7.4. Además, por haber prestado sus servicios a través de órdenes de prestación de
servicios antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, no puede entenderse que la
demandante tiene derecho a la aplicación de la Ley 71 de 1988, porque esta
condiciona su aplicación a la vinculación en el servicio docente oficial, y la afiliación
en el Fomag.

7.5. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda porque no es aplicable
la Ley 71 de 1988, en la medida en que para el 26 de junio de 2003 no estaba
afiliada al Fomag ni se verificó una incorporación anterior a esa fecha; en efecto, su
primera afiliación al fondo es del 25 de enero de 2004 de conformidad con la
certificación de historia laboral y los actos administrativos de nombramiento y
posesión.

1.4. El recurso de apelación

8. La parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así7:

8.1. El tribunal no tuvo en cuenta que cumplió con los requisitos exigidos en la Ley
812 de 2003 para acceder a la pensión de jubilación.

8.2. El a quo consideró que laboró como docente oficial desde el 1° de febrero de
1991, pero precisó que no es beneficiaria del régimen de la transición de la Ley 812
de 2003, porque no efectuó los aportes requeridos como docente oficial.

8.3. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el régimen prestacional de
los beneficiarios de la transición prevista en esta norma, es el «establecido para el
magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la

7
Samai Tribunal, índice 30, 22_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 30.

5

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

presente ley», y los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de
dicha norma, son beneficiarios del régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con
excepción de la edad de la pensión de jubilación que será de 57 años para hombres
y mujeres.

8.4. El disfrutede la pensión no puede ser condicionado al retiro definitivo del
servicio, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 4 de
1992, los docentes se encuentran dentro de la excepción de la prohibición de recibir
más de una asignación que provenga del erario, prevista en el artículo 128 de la
Constitución Política.

8.5. En la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta que sus vinculaciones
como docente oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, fue por medio de
órdenes de prestación de servicios; por lo cual es beneficiaria del régimen de
transición del sector docente previsto en la «ley 91 de 1989 y no en ley 100 de 1993 y
797 de 2003».

8.6. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, las normas aplicables son
las leyes 33 y 62 de 1985, las cuales establecen una pensión equivalente al 75%
como ingreso base de liquidación, con los factores salariales devengados en el
último año de servicios.

8.7. El régimen de pensión en el sector oficial docente establece «parámetros y por
tratarse de entidades del sector público la pensión de jubilación está consagrada según
normatividad vigente en 20 años de servicios y 55 años de edad siempre y cuando la
primera fecha de vinculación sea anterior a la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003
esto es el 27 de junio de 2003, contemplado además que los tiempos pueden ser
discontinuos y habla además de tiempos en el sector público sin discriminar fondo de
pensión, pues como se dijo anteriormente en la pensión por cuotas partes cada fondo
responderá por el tiempo de servicios que presto la persona en cada fondo.».

8.8. El tribunal no tuvo en cuenta que fue vinculada como docente oficial el 1° de
febrero de 1991, a través de contratos de prestación de servicios, por lo cual cumplió
con 20 años de servicio, y 55 años de edad pues nació el 5 de septiembre de 1963,
por lo que «en atención a los principios constitucionales de favorabilidad en materia laboral,
y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades y de los dispuesto en el
artículo 187 del CPACA el cual permite al fallador contencioso , restablecer el derecho
particular por ser ésta la norma más beneficiosa, deberá ser reconocida la pensión de
jubilación»

8.9. Por lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y en
consecuencia, se accedieran a las pretensiones de la demanda, así como la orden

6

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Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

a que la entidad del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en cuantía
del 75% del salario promedio percibido durante el año anterior a la adquisición del
estatus jurídico de pensionada.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

11. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

11.1. ¿Los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15.2.b de la Ley 91 de 1989 permiten
la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales?

11.2. ¿Los tiempos de servicios prestados por María Esmeralda Higuera Cely pueden
computarse para acreditar el tiempo de servicio para el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988?

11.3. ¿La pensión regulada en la Ley 71 de 1988 es compatible con el salario
percibido en ejercicio de la docencia o para recibirla el docente debe retirarse del
servicio?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

12. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las

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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte8. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas9.

13. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción10. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»11. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

14. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos12. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: «Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

8
Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
9
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
10
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
11
Preámbulo y artículo 6.
12
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

8

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

15. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

16. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].

17. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200313.

18. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

19. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

13
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

9

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

20. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

21. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

10

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Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

22. La Ley 60 de 199314 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.

23. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga

14
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»

24. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

25. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988

26. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:

27. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:

«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se
entiende de la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con
excepción de los del nivel superior o universitario, vinculados a la nación, de
conformidad con las leyes vigentes, a partir del 1 de enero de 1990, quedarán

12

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sometidos al sistema prestacional y de cesantías aplicable a los empleados
públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15 habría que referirse
finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación;
recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al
Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación
financiera lo permite»15 (se destaca).

28. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.

29. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.

30. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes16 que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.

31. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector

15
Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.
16
Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.

13

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determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.

32. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»17 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

33. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador18. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

34. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún

17
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
18
«[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.

14

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servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».

35. En este sentido, se debe destacar que la expresión «derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicio con la acumulación de los prestados en el sector privado y en el
público sin justificación constitucional o legal alguna.

36. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación19.

37. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:

38. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el
derecho a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace
parte de los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público
nacional» a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;

19
En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas
sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».

15

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39. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;

40. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y

41. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior20.

42. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.

43. Si bien el numeral aludido indicó que «cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que «[e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional », que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor.

44. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones

20
Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.

16

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del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.

45. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.

46. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones », lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.

47. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.

48. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.

17

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2.2.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988

49. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos de
la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho
a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas».

50. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de
cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si
es hombre.

51. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por el
Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por
aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La
pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva
una vez se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la
desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo
y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación,

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invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la
más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas
de previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al
Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la
pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de
liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior
al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho
salario, salvo lo previsto en la ley».

52. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por aportes,
los precitados artículos 621 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron en un 75%
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios.

2.2.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales

53. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los

21
La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su
artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad,
el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso
base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero ponente
Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11), declaró la
nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado el artículo
6° del Decreto 2709 de 1994.

19

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docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).

54. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200322, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».

55. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201923, precisó:

«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio

22
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
23
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.

20

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Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».

56. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

21

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En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
[…]». [Se resalta]

57. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años24. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».

58. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección25, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:

24
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

22

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58.1. i)
los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003
vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán
derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir
55 años de edad26 y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988
que la otorga con 60 años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20
años o más de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros
Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de
reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y

58.2. ii)
los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán
acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de
cotización establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad
(sin importar el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para
hombres y mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de
labores (artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el
Decreto 1158 de 199427.

59. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.

60. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.

26
A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
27
Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.

23

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2.2.5. Sobre el cómputo del tiempo de servicio prestado por los docentes en
virtud de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento
pensional

61. El Estatuto de la profesión docente28 definió este término en el artículo 2 como el
«[…] ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los
distintos niveles […]» y a los educadores como el término genérico de quienes la
ejercieren.

62. Asimismo, el artículo 44 ibidem estableció dentro de los deberes de los docentes
la relativa a «[…] [c]umplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus
superiores jerárquicos […]» y en el 45 la prohibición de abandono o suspensión de
labores en forma injustificada o sin autorización previa.

63. La Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994, resolvió una demanda
de constitucionalidad en contra del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, al considerar
que vulneraba el principio de igualdad, que consistía en no extender un determinado
régimen legal pese a que desde el punto de vista la actividad material que
desempeñaban los docentes temporales era idéntica a los docentes-empleados
públicos.

64. En igual sentido, el Consejo de Estado29 indicó que la definición legal de la labor
docente señalada en precedencia es aplicable a todos los maestros aun cuando
laboren por hora cátedra, en armonía con el artículo 104 de la Ley General de
Educación (115 de 1994) al prever que «[…] [e]l educador es el orientador en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los
educandos», y como tal están sometidos de manera permanente a las directrices
emitidas por el Ministerio de Educación y las secretarías de educación, así como a
su inspección y vigilancia, sin que gocen de autonomía.

65. Así las cosas en razón de la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que
la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios conlleva una
verdadera relación de trabajo sobre la formalidad que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un

28
Decreto 2277 de 1979
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre del 2020,
radicación 54001-23-33-000-2012-00181-01(0235-14). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

24

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específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia30.

66. En la sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 201631, hizo
referencia a la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios
y señaló que esta modalidad de vinculación no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de
educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos i) están
sometidos a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades
educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones; ii)
cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos; y iii) desarrollan sus
funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de
los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en
virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad,
los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado.

67. Ahora bien, se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento de la
pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de
prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración de la existencia
de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente se solicite para
efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma contractual32.

68. Por último, en la señalada providencia de unificación se definió que en materia
de aportes pensionales, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados
al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su
carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo
de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo
con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA)30, y por ende, pueden ser
solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la administración no
puede sustraerse del pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social
en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 19 de enero de 2017, radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
31
Dentro del expediente con radicación 23001233300020130026001 (0088-2015).
32
En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite
la acumulación de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra
las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les
corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal
como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero
del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

25

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
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en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien
ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

69. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

69.1. María Esmeralda Higuera Cely nació el 5 de septiembre de 196333.

69.2. Contratos de prestación de servicios como docente en instituciones educativas
oficiales, así34:

Contrato Institución Área o lugar de Periodo
educativa prestación de servicios
contratante
011 del Municipio de Escuelas Oficiales- 10 meses [a partir del
30/enero/1991 Sogamoso Preescolar 1°/febrero/1991]
040 del Municipio de Liceo La Presentación- 7 meses [a partir del
17/marzo/1995 Sogamoso Primaria 13/febrero/1995]
224 del Municipio de Liceo La Presentación-
1°/noviembre/1995 Sogamoso Primaria 4 meses
Establecimiento
Educativo de la
Secretaría de Educación
085 del Municipio de de municipio de 3 meses [a partir del
12/febrero/1996 Sogamoso Sogamoso 12/febrero/1996]
Establecimiento
Educativo de la
Secretaría de Educación
193 del Municipio de de municipio de 1 mes [a partir del
13/mayo/1996 Sogamoso Sogamoso 12/mayo/1996]
Establecimiento
Educativo de la
Secretaría de Educación
Municipio de de municipio de 1 mes [a partir del
302 del 5/julio/1996 Sogamoso Sogamoso 12/junio/1996]
Establecimiento
Educativo de la
Secretaría de Educación 1 mes [a partir del
401 del 30/julio/ Municipio de de municipio de 12/julio/1996 hasta el 11/
1996 Sogamoso Sogamoso agosto/1996]
Establecimiento

33
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 24 y 25 en la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento.
34
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 37 a 85.

26

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Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

Educativo de la
Secretaría de Educación 1 mes [a partir del
506 del Municipio de de municipio de 12/agosto/1996 hasta el
3/septiembre/1996 Sogamoso Sogamoso 11/septiembre/1996]
Establecimiento
Educativo de la
Secretaría de Educación 2 mes [a partir del
Municipio de de municipio de 12/octubre/1996 hasta el
728 [sin fecha] Sogamoso Sogamoso 11/diciembre/1996]
Establecimiento
Educativo de la
Secretaría de Educación 1 mes [a partir del
586 del Municipio de de municipio de 12/septiembre/1996 hasta
16/octubre/1996 Sogamoso Sogamoso el 11/octubre/1996]
Orden de Establecimiento
prestación de Educativo de la
servicios sin Secretaría de Educación 30 días [a partir del
numero y fecha de Municipio de de municipio de 1°/marzo/1997 hasta el
suscripción Sogamoso Sogamoso 30/marzo/1997]
Establecimiento
Educativo de la
Secretaría de Educación 30 días [a partir del
Municipio de de municipio de 1°/abril/1997 hasta el
062 [sin fecha] Sogamoso Sogamoso 30/abril/1997]
Establecimiento
Educativo de la
Secretaría de Educación 30 días [a partir del
156 del Municipio de de municipio de 1°/mayo/1997 hasta el
26/mayo/1997 Sogamoso Sogamoso 30/mayo/1997]
Establecimiento
Educativo de la
Secretaría de Educación 3 meses [a partir del
316 del Municipio de de municipio de 10/junio/1997 hasta el
3/junio/1997 Sogamoso Sogamoso 31/agosto/1997]
101 del Municipio de Institución Educativa San
3/febrero/2003 Sogamoso Martin de Tours -
191 del Municipio de Institución Educativa San Vigencia: a partir de su
1°/abril/2003 Sogamoso Martin de Tours perfeccionamiento hasta el
30/junio/2003
368 del Municipio de Institución Educativa San Vigencia: a partir de su
1°/julio/2003 Sogamoso Martin de Tours perfeccionamiento hasta el
30/agosto/2003
633 del Municipio de Institución Educativa San 30 días [a partir del
1°/septiembre/2003 Sogamoso Martin de Tours 1°/septiembre/2003
712 del Municipio de Institución Educativa San 1°/octubre/2003 hasta
1°/octubre/2003 Sogamoso Martin de Tours 30/noviembre/2003

69.3. Constancia del 28 de octubre de 200235, suscrita por la directora del Instituto
Técnico San Martín de Tours, en la cual se indicó «[Q]ue la Licenciada MARÍA
ESMERALDA HIGUERA CELY Identificada con la cédula de ciudadanía número
46.358.213 de Sogamoso, mediante orden de Prestación de servicios del Municipio de

35
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 75.

27

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

Sogamoso, presta sus servicios profesionales como docente en este instituto, por un
término de diez (10) meses a partir del primero de febrero de 2002 hasta el último día del
mes de noviembre de 2002.»

69.4. Orden de prestación de servicios del 30 de enero de 200236, expedida por el
alcalde del municipio de Sogamoso, en la cual se informa a la demandante que fue
contratada como docente en el Colegio San Martín de Tours, por 10 meses desde
el 1° de febrero de 2002 hasta el 30 de noviembre de 2002.

69.5. Constancia del 18 de marzo de 202037, proferida por el secretario general del
municipio de Sogamoso, en la que informó lo siguiente:

«[…] Que revisados los archivos que reposan Administración municipal se constató que
la docente MARÍA ESMERALDA HIGUERA CELY, identificada con cédula de ciudadanía
N° 46.358.213, presto sus servicios al municipio como docente de la siguiente manera:

Contrato de Prestación de Servicios N°011 de 1991 para prestar los servicios
profesionales área de Preescolar en las escuelas oficiales del Municipio de Sogamoso,
por el termino de diez (10) meses, contados a partir del 01 de febrero de 1991, por un
valor de $800.000, en mensualidades de $80.000 pesos.

Contrato de Prestación de Servicios N°040 de 1995 para prestar los servicios
profesionales de Educación Básica Primaria área de Preescolar en las escuelas oficiales
Municipio de Sogamoso, por el termino de siete (7) meses, contados a partir del 13 de
febrero de 1995, por un valor de $2.116.562, en mensualidades de $302.366, prorrogado
por tres (3) meses. Prorroga 224 de 1995.

Contrato de Prestación de Servicios N°085 de 1996, para prestar los servicios
profesionales como profesor para laborar en los establecimientos educativos del
Municipio de Sogamoso, por el termino de tres (3) meses, contados a partir del 12 de
febrero de 1996, por un valor de $946.407, en mensualidades de $315.469 pesos. Orden
de prestación de servicio N°193 del 13 de mayo de 1996, por el término de un (1) mes,
a partir del 12 de mayo de 1996. Orden de prestación de servicio N° 302 de 1996, por el
término de un (1) mes contados a partir del 12 de junio y hasta el 11 de julio de 1996.

Orden de prestación de servicio N°401 de 1996, por el término de un (1) mes contados
a partir del 12 de julio y hasta el 11 de agosto de 1996. Orden de Prestación de Servicio
N 506 del 1996, por un término de un mes (1), contados a partir 12 de agosto al 11 de
septiembre de 1996. Orden de Prestación de servicio N° 586 de 1996, por el término de
un (1), mes contado a partir del 12 de septiembre al 11 de octubre de 1996. Orden de
prestación de servicio N°728 de 1996, por el termino de dos (2) mese contado a partir
del 12 de octubre al 11 de diciembre de 1996.

36
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 74.
37
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 28 a 31.

28

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

Resolución N°193 del 27 de febrero de 1997, se reconoce y ordena el pago por el periodo
de labores como docente en el sector urbano del municipio de Sogamoso, del 20 de
enero al 28 de febrero de 1997, entre las que se encuentra la docente en mención.

Resolución N°340 de 1997, se reconoce y ordena el pago por el periodo de labores como
docente en el sector urbano del municipio de Sogamoso, del mes de marzo de 1997,
entre las que se encuentra la docente en mención.

Orden de Prestación de Servicios sin número de 1997, para prestar los servicios como
profesor en los establecimientos educativos del Municipio de Sogamoso, por el termino
de treinta (30) días, contados a partir del 01 de marzo y hasta el 30 de marzo de 1997,
por un valor de $459.954.

Orden de Prestación de Servicios N° 062 de 1997, para prestar los servicios como
profesor en los establecimientos educativos del Municipio de Sogamoso, por el termino
de treinta (30) días, contados a partir del 01 de abril y hasta el 30 de abril de 1997, por
un valor de $459.954.

Orden de Prestación de Servicios N° 156 de 1997, para prestar los servicios como
profesor en los establecimientos educativos del Municipio de Sogamoso, por el termino
de treinta (30) días, contados a partir del 01 de mayo y hasta el 30 de mayo de 1997, por
un valor de $459.954

Orden de Prestación de Servicios N° 316 de 1997, para prestar los servicios como
profesor en los establecimientos educativos del Municipio de Sogamoso, por el termino
de tres (3) meses, contados a partir del 01 de junio y hasta el 31 de agosto de 1997, por
un valor mensual de $459.954.

Orden de Trabajo N°073 del 27 de marzo de 1998, se le solicita continuar desempeñando
su labor docente hasta nueva orden en el Plantel Educativo asignado por la Secretaría
de Educación Municipal, la asignación se asignara con el grado de escalafón nacional
que acreditó para esa fecha. Que se evidencia oficio N°1145, del 23 de noviembre donde
se avisa que la orden de prestación de servicio N°073/1998, se dará por terminada el 30
de noviembre de 1998.

Orden de Trabajo N°058 del 02 de febrero de 1999, se le solicita prestar los servicios
como docente en el colegio San Martin de continuar desempeñando su labor docente
del 01 de febrero de 1999 y hasta el día 28 de febrero de 1999, la asignación se asignara
con el grado de escalafón nacional que acreditó para esa fecha

Orden de Trabajo N°123 del 01 de marzo de 1999, se le solicita prestar los servicios
como docente en el colegio San Martin de continuar desempeñando su labor docente
del 01 de maro de 1999 y hasta nueva orden, la asignación se asignara con el grado de
escalafón nacional que acreditó para esa fecha. Que se evidencia oficio N*941 del 02 de
noviembre de 1999, donde se avisa que la orden de prestación de servicio N°123/99, se
dará por terminada el 30 de noviembre de 1999.

Orden de Trabajo N°044 del 01 de febrero de 2000, se le solicita prestar los servicios
como docente en el colegio San Martin de continuar desempeñando su labor docente
del 01 de febrero de 2000 y hasta el día 29 de febrero de 2000, la asignación se asignara
con el grado de escalafón nacional que acreditó para esa fecha (8).

29

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

Orden de Trabajo N°163 del 01 de marzo de 2000, se le solicita prestar los servicios
como docente en el colegio San Martin de continuar desempeñando su labor
docente del 01 de marzo de 2000 y hasta el día 31 de marzo de 2000, la asignación se
asignara con el grado de escalafón nacional que acreditó para esa fecha (8).

Orden de Trabajo N°280 del 01 de abril de 2000, se le solicita prestar los servicios como
docente en el colegio San Martin de continuar desempeñando su labor docente del 01
de abril de 2000 y hasta el día 30 de abril de 2000, la asignación se asignara con el grado
de escalafón nacional que acreditó para esa fecha (8)

Orden de Trabajo N°397 del 01 de mayo de 2000, se le solicita prestar los servicios como
docente en el colegio San Martin de continuar desempeñando su labor docente del 01
de mayo de 2000 y hasta el día 30 de noviembre de 2000, la asignación se asignara con
el grado de escalafón nacional que acreditó para esa fecha (8)

Orden de Trabajo N°050 del 01 de febrero de 2001, se le solicita prestar los servicios
como docente en el colegio San Martin de continuar desempeñando su labor docente
del 01 de febrero de 2001 y hasta el día 28 de febrero de 2001, la asignación se asignara
con el grado de escalafón nacional que acreditó para esa fecha (8).

Orden de Trabajo N°189 del 01 de marzo de 2001, se le solicita prestar los servicios
como docente en el colegio San Martin de continuar desempeñando su labor docente
del 01 de marzo de 2001 y hasta el día 30 de abril de 2001, la asignación se asignara
con el grado de escalafón nacional que acreditó para esa fecha (8).

Orden de Trabajo N°307 del 27 de abril de 2001, se le solicita prestar los servicios como
docente en el colegio San Martin de continuar desempeñando su labor docente del 01
de mayo de 2001 y hasta el día 31 de mayo de 2001, la asignación se asignara con el
grado de escalafón nacional que acreditó para esa fecha (8)

Orden de Trabajo N°419 del 30 de mayo de 2001, se le solicita prestar los servicios como
docente en el colegio San Martin de continuar desempeñando su labor docente del 01
de junio de 2001 y hasta el día 30 de junio de 2001, la asignación se asignara con el
grado de escalafón nacional que acredito para esa fecha (8)

Contrato Administrativo de Prestación de Servicio N°533 del 29 de junio de 2001, se le
solicita prestar los servicios como docente en el colegio San Martin de continuar
desempeñando su labor docente del 01 de julio de 2001 y hasta el día 30 de julio de
2001, la asignación se asignara con el grado de escalafón nacional que acreditó (8) para
esa fecha ($676.769,00).

Contrato Administrativo de Prestación de Servicio N° 643 del 31 de julio de 2001, se le
solicita prestar los servicios coma docente en el colegio San Martin de continuar
desempeñando su labor docente del 01 de agosto de 2001 y hasta el día 30 de agosto
de 2001, la asignación se asignara con el grado de escalafón nacional que acredito para
esa fecha (8) por un valor de $676.769,00.

Contrato Administrativo de Prestación de Servicio N° 763 del 31 de agosto de 2001, se
le solicita prestar los servicios como docente en el colegio San Martin de continuar
mensual será con el grado de escalafón nacional que acredito para esa fecha (9) por
valor mensualidades de $834.991

30

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

Orden de Prestación de Servicio N°712 del 01 de octubre de 2003, se le solicita prestar
los servicios como docente en la Institución Educativa San Martin de Tours, de acuerdo
a lo establecido en la Ley 715/2001, a partir del 01 de octubre de 2003 al 30 de noviembre
de 2003, por valor de $1.669.982 pagaderos en mensualidades de $834.991». [sic]

69.6. Reporte de semanas cotizadas actualizado al 4 de noviembre de 202038,
expedido por Colpensiones en el cual se señaló que María Esmeralda Higuera Cely
cotizó 383,71 semanas así:

Entidad Desde Hasta
«COLEGIO SN JOSE DE C» 20-02-1992 30-11-1992
«COLEGIO SN JOSE DE C» 24-02-1993 30-11-1993
«COLEGIO SN JOSE DE C» 11-03-1994 01-12-1994
«HIGUERA CELY MARIA E» 01-03-1995 31-03-1995
«MARIA ESMERALDA HIGU» 01-04-1995 31-05-1995
«HIGUERA CELY MARIA E» 01-05-1995 31-051995
«MARIA ESMERALDA HIGU» 01-06-1995 30-06-1995
«HIGUERA CELY MARIA E» 01-06-1995 30-06-1995
«MARIA ESMERALDA HIGU» 01-07-1995 31-07-1995
«HIGUERA CELY MARIA E» 01-08-1995 31-08-1995
«CONGREGACION DE LAS» 01-02-1996 29-02-1996
«CONGREGACION DE LAS» 01-03-1996 31-03-1996
«MUNICIPIO DE SOMAMOS» 01-04-1998 30-04-1998
«MUNICIPIO DE SOMAMOS» 01-05-1998 31-12-1998
«MUNICIPIO DE SOMAMOS» 01-01-1999 30-11-1999
«MPIO DE SOMAMOS» 01-02-2000 29-02-2000
«MUNICIPIO DE SOMAMOS» 01-04-2000 30-11-2000
«ALCALDIA MUNICIPAL D» 01-02-2001 31-08-2001
«ALCALDIA MUNICIPAL D» 01-09-2001 30-09-2001
«UNIVERSIDAD PEDAGOGI» 01-10-2001 31-10-2001
«ALCALDIA MUNICIPAL DE» 01-10-2001 31-10-2001
«UNIVERSIDAD PEDAGOGI» 01-11-2001 30-11-2001
«ALCALDIA MUNICIPAL DE» 01-11-2001 30-11-2001
«ALCALDIA MUNICIPAL DE» 01-01-2002 31-05-2002
«UNIVERSIDAD PEDAGOGI» 01-06-2002 30-06-2002
«ALCALDIA MUNICIPAL DE» 01-07-2002 31-08-2002
«ALCALDIA MUNICIPAL DE» 01-09-2002 30-09-2002
«MUNICIPIO DE SOMAMO» 01-10-2002 31-10-2002
«UNIVERSIDAD PEDAGOGI» 01-11-2002 30-11-2002
«ALCALDIA MUNICIPAL D» 01-02-2003 28-02-2003
«MUNICIPIO DE SOMAMOS» 01-03-2003 30-04-2003
«UNIVERSIDAD PEDAGOGI» 01-05-2003 31-05-2003
«MUNICIPIO DE SOMAMOS» 01-05-2003 31-05-2003
«UNIVERSIDAD PEDAGOGI» 01-06-2003 30-06-2003
«MUNICIPIO DE SOMAMOS» 01-06-2003 30-11-2003
«MUNICIPIO DE SOMAMOS» 01-12-2003 31-12-2003

38
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 92 a 97.

31

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

69.7. Certificados del 30 de enero de 1994 y 29 de febrero de 199539, suscritos por el
director del Colegio San José de Calasanz del municipio de Duitama, en los cuales
certificó que María Esmeralda Higuera Cely estuvo vinculada con «contrato del 1° de
febrero de 1993 hasta el 30 de noviembre de 1993» y «contrato del 1° de febrero de 1994
hasta el 30 de noviembre de 1994», y se desempeñó como maestra de transición.

69.8. Acta de posesión 0706 del 28 de enero de 200440, suscrita por el secretario de
educación y cultura del municipio de Sogamoso, en la cual se precisó que María
Esmeralda Higuera Cely fue nombrada como docente en provisionalidad en la
planta de cargos adoptada por el Decreto 1039 de 2003, en el nivel preescolar,
según el Decreto 010 del 21 de enero de 2004.

69.9. Mediante el Decreto 020 del 19 de enero de 200741 «[p]or el cual se nombra en
propiedad un personal docente en la planta del sector educativo del municipio de
Sogamoso», suscrito por el alcalde del municipio de Sogamoso, se nombró como
docente de preescolar.

69.10. Acta de posesión 0029 del 19 de enero de 200742, suscrita por el alcalde del
municipio de Sogamoso, en la cual se precisó que María Esmeralda Higuera Cely
fue nombrada como docente en propiedad en la planta del sector educativo del ente
territorial, en el nivel preescolar, según el Decreto 020 del 19 de enero de 2007.

69.11. Certificado de historia laboral con consecutivo 53 del 21 de octubre de 202043,
expedido por la Secretaría de Educación del municipio de Sogamoso, en el cual se
señaló que prestó sus servicios como docente de preescolar, en propiedad, sin
indicar el tipo de vinculación, de la siguiente forma:

Detalle Acto Desde Entidad de
Previsión
Nombramiento en provisionalidad

39
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folio 34 y 35.
40
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folio 104.
41
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 105 a 110.
42
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folio 111.
43
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 112 y 113.

32

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

I.E. Integrado Joaquín González Decreto 010 del
Camargo – Santa Isabel – Rural 21-01-2004 28-01-2004
Sogamoso [Boy]
Nombramiento en Periodo de
Prueba Fondo Prestacional
I.E. Integrado Joaquín González del Magisterio
Camargo Decreto 257 del
Sogamoso [Boy] 12-12-2005 16-01-2006
Nombramiento en Propiedad
I.E. Integrado Joaquín González
Camargo Decreto 020 del
Sogamoso [Boy] 19-01-2007 19-01-2004
Tiempo total: 16 años, 8 meses, 24 días

69.12. Certificado de salarios del 20 de octubre de 202044, proferido por la Secretaría
de Educación del municipio de Sogamoso, en el cual se señaló que prestó sus
servicios como docente de preescolar, en propiedad, sin indicar el tipo de
vinculación, y los factores salariales devengados en los años 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, y 2020.

69.13. El 27 de noviembre de 202045 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al
cumplimiento del estatus de pensionada.

69.14. Con la Resolución 121 del 15 de abril de 202146, proferida por el secretario de
educación del municipio de Sogamoso, se negó el reconocimiento y pago de la
prestación, con los siguientes argumentos:

«[…] Que, mediante solicitud radicada bajo el No. 2020-PENS-012085 de fecha 27 de
noviembre de 2020 la Docente MARÍA ESMERALDA HIGUERA CELY identificado(a)
con Cedula de ciudadanía No. 46.358.213 de Sogamoso, por intermedio de su
apoderada CAMILA ANDREA VALENCIA BORDA identificada con cedula de ciudadanía
No. 1.049.648.247 de Tunja y T.P 330.819 del C.S.J. solicita el reconocimiento y pago
de una Pensión Vitalicia de Jubilación, como docente de vinculación MUNICIPAL SGP.

Que, en los términos del artículo 56 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y Decreto 1272
de 2018, la Secretaría de educación elaboró el proyecto de acto administrativo, el cual
fue remitido junto a los documentos correspondientes exigidos por ley a la entidad
FIDUPREVISORA S.A, a través de la plataforma de digitalización ON BASE.

44
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 114 a 116.
45
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 119 a 124.
46
Samai, índice 2, 6ED_15001233300020210033(.zip) NroActua 2,
3ED_EXPEDIENTEDIGITAL_2DEMANDAP55MARIAESMERALDAHIGUERACELY.pdf, visible a
folios 127 y 128.

33

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

Que FIDUPREVISORA S.A. mediante hoja de revisión con identificador No. 1978661
radicada bajo el No. SOG2021ER001481 de fecha 13 de abril de 2021, remite el
expediente en estado NEGADO con base en las siguientes observaciones:

“(…) SE RECONOCE PENSIÓN DE JUBILACIÓN A LOS DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN
AFILIADOS AL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO QUE CUMPLAN
CON LOS REQUISITOS PARA SU EXIGIBILIDAD, LA EDAD DE 50 AÑOS 20 AÑOS
CONTINUOS O DISCONTINUOS DE SERVICIO OFICIAL PARA HACERSE ACREEDOR DE LA
MISMA ESTA PRESTACIÓN HACE PARTE DE LAS PRESTACIONES QUE SE RECONOCEN
A LOS DOCENTES QUE SE VINCULARON AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 812 DE
2003 DE LO ANTERIOR, ES NECESARIO TENER EN CUENTA QUE EL RÉGIMEN
PENSIONAL DE LOS DOCENTES AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO SE ESTABLECE TOMANDO COMO REFERENCIA LA FECHA
DE VINCULACIÓN DEL DOCENTE AL SERVICIO EDUCATIVO ASÍ:

1. SI LA VINCULACIÓN ES ANTERIOR AL 27 DE JUNIO DE 2003. FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA DE LA LEY 812 DE 2003. SU RÉGIMEN PENSIONAL CORRESPONDE AL
ESTABLECIDO EN LA LEY BI DE 1980 Y DEMÁS NORMAS APLICARLES HASTA ESE
MOMENTO.

2. EL INGRESO AL SERVICIO OCURRIÓ A PARTIR DEL 27 DE JUNIO DE 2003 EL RÉGIMEN
PENSIONAL, ES EL DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA REGULADO POR
LA LEY 1000E 1993 CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 787 DE
2003. PERO TENIENDO EN CUENTA QUE LA EDAD SE UNIFICA PARA HOMBRE Y
MUJERES EN 57 AÑOS QUE UNA VEZ VERIFICADO EL EXPEDIENTE DEL DOCENTE SE
OBSERVA AFILIACIÓN AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO MEDIANTE DECRETO NO 014 DF 21/01/2004, ES DECIR, EN VIGENCIA DE
LA LEY 812 DE 2003 POR LO CUAL TIENE LOS DERECHOS PRESTACIONALES DEL
RÉGIMEN PENSIONAL DE PRIMA MEDIA ESTABLECIDO EN LA LEY IN DE 1983
MODIFICADO POR LA LEY 797 DE 2003

AHORA BIEN, SE OBSERVA DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CONTRATOS DE
SERVICIO, LOS CUALES NO GENERAN UNA RELACIÓN LABORAL, POR LO QUE DICHOS
TIEMPOS NO PUEDEN SER TENIDOS EN CUENTA PARA CONTABILIZAR EL TEMPO DE
SERVICIO DEL DOCENTE (…)”. […]» [sic]

2.3.2. Análisis sustancial

70. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, negó las
pretensiones de la demanda pues consideró que María Esmeralda Higuera Cely no
era beneficiaria de la transición de la Ley 812 de 2003, por lo cual no era aplicable
la Ley 71 de 1988, en la medida en que para el 26 de junio de 2003 no estaba
afiliada al Fomag ni se verificó una incorporación anterior a esa fecha; pues el 25
de enero de 2004 se afilió en el fondo.

71. La demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, porque demostró una
vinculación como docente oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley

34

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

812 de 2003, pues laboró mediante contratos de prestación de servicio; por lo cual
es beneficiaria del régimen de transición previsto en dicha norma.

2.3.2.1. Sobre la aptitud legal para el reconocimiento de la pensión de
jubilación. Tiempo de servicio

72. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, María Esmeralda Higuera
Cely prestó sus servicios así:

Total tiempo
Entidad Modalidad Cargo Desde Hasta Años Meses Días
de servicio
20 de febrero 30 de noviembre
Docente 9 mes, 10 días 0 9 10
de 1992 de 1992
Colegio San José Contrato 20 de febrero 30 de noviembre 9 meses, 10
Docente 0 9 10
de Calasanz Laboral de 1993 de 1993 días
11 de marzo de 1° de diciembre 8 meses, 20
Docente 0 8 20
1994 de 1994 días
1° de marzo de 31 de marzo de
• 30 días 0 0 30
1995 1995
1° de abril de 31 de mayo de
• 1 mes, 30 días 0 1 30
1995 1995
1° de mayo de 31 de mayo de
• 30 días 0 0 30
María Esmeralda 1995 1995
-
Higuera Cely 1° de junio de 30 de junio de
• 29 días 0 0 29
1995 1995
1° de julio de 31 de julio de
• 30 días 0 0 30
1995 1995
1° de agosto de 31 de agosto de
• 30 días 0 0 30
1995 1995
1° de febrero 29 de febrero de
• 28 días 0 0 28
«CONGREGACION de 1996 1996
-
DE LAS» 1° de marzo de 31 de marzo de
• 30 días 0 0 30
1996 1996
1° de febrero 1° de diciembre
Municipio docente 10 meses 0 10 0
de 1991 de 1991
de Sogamoso
[Escuelas Oficiales, 13 de febrero 13 de septiembre
docente 7 meses 0 7 0
Liceo La de 1995 de 1995
Presentación,
Establecimiento docente - -47 4 meses 0 4 0
Educativo de la
Secretaría de 12 de febrero 12 de mayo de
docente 3 meses 0 3 0
Educación de 1996 1996
municipio de
12 de mayo de 12 de junio de
Sogamoso] docente 1 mes 0 1 0
OPS 1996 1996

47
En el contrato de prestación de servicios se indicó por el periodo de 4 meses.

35

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

12 de junio de 12 de julio de
docente 1 mes 0 1 0
1996 1996
12 de julio de 11 de agosto de
docente 30 días 0 0 30
1996 1996
12 de agosto 11 de septiembre
docente 30 días 0 0 30
de 1996 de 1996
12 de
11 de octubre de
septiembre de 29 días 0 0 29
1996
1996
12 de octubre 11 de diciembre
docente 1 mes, 29 días 0 1 29
de 1996 de 1996
1° de marzo de 30 de marzo de
docente 29 días 0 0 29
1997 1997
1° de abril de 30 de abril de
docente 29 días 0 0 29
1997 1997
1° de mayo de 30 de mayo de
docente 29 días 0 0 29
1997 1997
1° de junio de 31 de agosto de 2 meses, 30
docente 0 2 30
1997 1997 días
1° de abril de 30 de abril de
docente -48 0 0 0
1998 1998
1° de mayo de 31 de diciembre
docente -49 0 0 0
1998 de 1998
1 de enero de 30 de noviembre
docente -50 0 0 0
1999 de 1999
1° de febrero 29 de febrero de
docente -51 0 0 0
de 2000 2000
1° de abril de 30 de noviembre
docente -52 0 0 0
2000 de 2000
1° de febrero 31 de agosto de
docente -53 0 0 0
de 2001 2001
«UNIVERSIDAD 1° de octubre 30 de noviembre
• - 1 mes, 29 días 0 1 29
PEDAGOGI» de 2001 de 2001
Municipio 1° de febrero 30 de noviembre
OPS docente -54 0 0 0
de Sogamoso de 2002 de 2002
«UNIVERSIDAD 1° de junio de 30 de junio de
• - 29 días 0 0 29
PEDAGOGI» 2002 2002

48
Este periodo es concomitante con el que se señaló en el reporte de semanas cotizadas de
Colpensiones.
49
Este periodo es concomitante con el que se señaló en el reporte de semanas cotizadas de
Colpensiones.
50
Ibidem.
51
Ibidem.
52
Ibidem.
53
Ibidem.
54
Ibidem.

36

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

1° de
30 de noviembre
• noviembre de 29 días 0 0 29
de 2002
2002
Municipio de
Sogamoso
1° de febrero 30 de noviembre
[Institución OPS docente -55 0 0 0
de 2003 de 2003
Educativa San
Martin de Tours]
«UNIVERSIDAD 1° de mayo de 30 de junio de
• - 1 mes, 29 días 0 1 29
PEDAGOGI» 2003 2003
I.E. Integrado
Joaquín González 16 años, 8
28 de enero de 21 de octubre de
Camargo Laboral docente meses, 23 16 8 23
2004 2020
Sogamoso días
[Boyacá]
16 92 548
9 18 /30
25 110 18,27
/12 8
9,2
2

73. De acuerdo con lo anterior, acreditó 25 años, 2 meses y 8 días de servicio.
Además, cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, pues estuvo vinculada al servicio público educativo oficial con anterioridad a
la entrada en vigencia de esa ley, a través de contratos de prestación de servicio,
por lo cual es beneficiaria del régimen de transición fijado en ese aparte normativo.

74. Se precisa que es irrelevante que el periodo anterior a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de órdenes de prestación de servicio y no
a través de una vinculación legal y reglamentaria o que no se hubiesen acreditado
los aportes a pensión, por cuanto el beneficio del régimen de transición de la norma
antes mencionada no establece alguna condición adicional al de haber tenido un
vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea como docente nacional,
nacionalizada o territorial56.

75. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y

55
Ibidem.
56
En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.

37

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

reglamentario»57.

76. En efecto, como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma de
vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.

77. De esta manera, aun cuando por más de 8 años, 6 meses, 14 días, María
Esmeralda Higuera Cely estuviera vinculada a través de una relación contractual,
esa situación desconocía las disposiciones del legislador y desatendían las
interpretaciones judiciales según las cuales la diferenciación entre los docentes de
planta y los contratistas no tenía justificación constitucional en la medida en que
realizaban igual actividad y, en contraste vulneraba los derechos laborales
irrenunciables de aquellos a quienes tenían previsto un régimen o unas
prerrogativas particulares, esto es aquellas contenidas en la ley y no en el contrato.

78. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que a su vez, impide hallar la razón al juez de
primera instancia al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la
prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria por
tener acreditados los aportes a pensión, pues lo cierto es que el Fomag podría
adelantar las gestiones administrativas necesarias para obtener el traslado del bono
pensional.

2.3.2.2. Sobre el derecho a la pensión de jubilación por aportes reclamada

79. De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se tiene que la
vinculación inicial de la demandante como docente ocurrió con anterioridad a la Ley
812 de 2003 [1° de febrero de 1991], por lo cual el régimen prestacional aplicable a
su caso es el de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, debido a la
acumulación de tiempos públicos y privados.

80. En efecto, según el artículo 7 de la citada ley, por ser mujer debía acreditar 55
años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de
Seguros Sociales [hoy Administradora Colombiana de Pensiones] y en una o varias

57
Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

38

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

de las entidades de previsión social del sector público; en ambos casos, con una
tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios.

81. Así las cosas, contrario a lo determinado por el a quo, la demandante tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes con inclusión de
los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el año anterior al estatus
de pensionada, en aplicación de lo previsto en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709.
El estatus pensional lo adquirió el 5 de septiembre de 2018, fecha en la que acreditó
los requisitos de edad -55 años o más- [pues nació el 5 de septiembre de 196358] y
20 años de aportes acumulados en las diferentes entidades de previsión social, de
conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.

82. Ahora bien, en consideración a la naturaleza de la pensión obliga a que los
aportes se realicen, lo que permite garantizar su financiación. Por ende,
corresponderá al Fomag adelantar las actuaciones administrativas necesarias para
recibir las cotizaciones en favor de la demandante, por los períodos en los que
estuvo contratada a través de órdenes de prestación de servicios, pues lo cierto es
que se constituye en un deber de la entidad acudir a los mecanismos legales para
recaudar esas sumas de dinero necesarias para financiar la pensión, pues así se
desprende de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley
100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003.
Además, podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o
fondos pensionales en los que realizó cotizaciones de conformidad con el artículo
11 del Decreto 2709 de 1994.

83. Asimismo, María Esmeralda Higuera Cely tendrá la carga de realizar los aportes
que tenía a su cargo en calidad de trabajadora [en el porcentaje que le correspondía]
por el tiempo vinculada a través de la relación contractual, salvo que acredite que
los efectuó.

84. Por otro lado, resulta oportuno precisar que en razón a que el derecho pensional
es de carácter imprescriptible y en cuanto a las mesadas pensionales adeudadas,
tampoco se configuró, comoquiera que entre la fecha de adquisición del estatus
pensional de la demandante [5 de septiembre de 2018] y la petición de
reconocimiento pensional [27 de noviembre del 2020] no trascurrieron más de 3
años, según el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, por ende el pago de las
correspondientes mesadas procede a partir del 5 de septiembre de 2018.

85. Así las cosas, se impone revocar la sentencia apelada y en su lugar se anulará
la Resolución 121 del 15 de abril de 2021, por la cual se negó el reconocimiento de

58
Según el Registro Civil de Nacimiento de María Esmeralda Higuera Cely aportado con la demanda.

39

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

la pensión de jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988. Y a título
de restablecimiento del derecho se condenará a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [Fomag] al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a partir del 5 de
septiembre de 2018, con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó
cotizaciones durante el último año de servicio anterior a esa fecha, por virtud de la
Ley 71 de 1988 y en los artículos 6º y 8º del Decreto 2709 de 1994.

86. En este punto, esta Sala debe precisar que la omisión del empleador de realizar
los descuentos en el porcentaje a su cargo y los del empleado, destinados a las
cotizaciones para el sistema pensional que de conformidad con la ley debiera hacer,
no es un asunto que sea oponible al interesado para que la pensión reclamada le
sea reconocida y liquidada, pues lo cierto es que las entidades de previsión deben
adelantar las gestiones pertinentes para su cobro, tal y como lo dispuso esta
corporación en la sentencia de unificación del 28 de julio de 202259.

2.3.2.3. En torno a la compatibilidad entre el salario y la pensión

87. Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido
permitir que aquellas personas con derecho a una pensión de vejez y que se
desempeñen como docentes oficiales, puedan seguir ejerciendo el empleo, sin que
por ello deba restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón no es dable
condicionar el reconocimiento de la prestación a la desvinculación del servicio.

88. A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado60 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa
época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»61.

89. En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta

59
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
60
En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
61
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado
05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

40

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión
ordinaria y/o gracia con posterioridad»62 [Se resalta].

90. Lo anterior guarda correspondencia con lo expuesto en esta decisión, de manera
que el disfrute de la prestación no debe condicionarse al retiro del servicio «dado
que es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce
de la pensión de jubilación’»63.

91. Ahora bien, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 determinó que «[e]l régimen
prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las
nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de
remuneraciones». De manera que no es acertado el argumento según el cual la
única previsión en torno a la referida compatibilidad se deriva de la Ley 91 de 1989
en torno a la pensión gracia y del sueldo.

92. En este punto resulta necesario precisar que el artículo 15, numeral 3, literal b),
de la aludida Ley 91 dispuso que i) a los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada
entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y ii) aquellos que
ingresaron a partir del 1° de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, tendrían
derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de
pensiones del sector público nacional, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 6ª
de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de
la Ley 33 de 1985.

93. Además, el artículo 6 de la Ley 60 de 199364 dispuso la incorporación del personal

62
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,
radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
63
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado
05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
64
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de

41

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado
fondo. Sobre el particular, el Consejo de Estado65 precisó que «los docentes
nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales
de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en
cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a
la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales
no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones
dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales
resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-
1 de la Ley 100/93».

94. Ahora bien, la Ley 344 de 1996 sí mantuvo la vigencia de la aludida
compatibilidad pues aun cuando ordenó que la asignación pensional se pagara
después de haberse producido la terminación de los servicios, advirtió que esto se
daría «[s]in perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994»
que, como se dijo, permiten la compatibilidad entre el salario y la pensión; y de
acuerdo con la Real Academia Española, la expresión sin perjuicio de significa
«dejando a salvo»66.

95. En tal medida, la demandante tiene derecho a que se reconozca el derecho
pensional con efectividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico, sin
condicionarlo a su retiro del servicio por no ser incompatible con el ejercicio de la
docencia.

2.4. Costas

96. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
65
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
66
https://dle.rae.es/perjuicio#31keUjC

42

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».

97. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

98. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma67.

99. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

100. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.

3. Conclusión

101. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que a María Esmeralda como
beneficiaria de la Ley 71 de 1988, le será reconocida la pensión de jubilación por
aportes, con inclusión de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante
el último año de servicio. En consecuencia, se revocará la sentencia proferida el 21
de marzo del 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.
3, y en su lugar se accederá a las pretensiones de la demanda.

102. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

67
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

43

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

FALLA:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 21 de marzo del 2024 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en
su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 121 del 15 de abril de 2021, por la
cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [Fomag] le negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de conformidad con la Ley
71 de 1988.

Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [Fomag] al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a partir del 5 de
septiembre de 2018, con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó
cotizaciones durante el último año de servicio anterior a esa fecha, por virtud de la
Ley 71 de 1988 y en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994.

Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Quinto. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio [Fomag], podrá reclamar la cuota parte a las
demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los María Esmeralda
Higuera Cely realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto
2709 de 1994.

Sexto. La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que
devengue María Esmeralda Higuera Cely mientras continúe en el ejercicio de la
docencia oficial. No lo será en otro tipo de empleos.

Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

44

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00330-01 (3689-2024)
Demandante: María Esmeralda Higuera Cely

Octavo. Sin condena en costas en esta instancia.

Noveno. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000
2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
KGO

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