Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00368-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00368-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2021-00368-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Pensión jubilación docente, Ley 33 de 1985. Docente vinculación
por contratos de prestación de servicios antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 23 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Isabel Bautista Buitrago presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 005587 del 20 de octubre de 20212, con el
que se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en las
disposiciones contenidas en las leyes 33 de 1985 y 91 de 1989.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
1 En adelante CPACA.
2 Inicialmente se demandó el acto ficto negativo, sin embargo, la demanda fue reformada con el fin
de que se declarara la nulidad del acto expreso que negó el reconocimiento pensional.
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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
solicitó: i) el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación equivalente al 75%
de los salarios y primas recibidas durante el año anterior a la adquisición del estatus,
esto es, el 30 de marzo de 2020; ii) el cumplimiento de la sentencia de conformidad
con los artículos 192 y 195 del CPACA; iii) el reajuste de las sumas adeudadas; iv)
el pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia; y v) la
condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Isabel Bautista Buitrago nació el 3 de febrero de 1964.
3.2. Se vinculó como docente con el municipio de Ventaquemada y la Secretaría de
Educación de Boyacá, con ocasión de órdenes de prestación, con interrupciones,
entre el 12 de febrero de 1999 y el 12 de diciembre de 2003.
3.3. A través de una relación legal y reglamentaria se vinculó con la Secretaría de
Educación del departamento de Boyacá, desde el 29 de marzo de 2004.
3.4. El 1° de diciembre de 2020, solicitó el reconocimiento de la pensión de la pensión
de jubilación, la cual fue negada por la secretaria de educación del departamento
de Boyacá con la Resolución 005587 del 20 de octubre de 2021, al considerar que
«no le asistía derecho a la pensión, por aplicación del Decreto 812 de 2003».
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1 de la Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de
1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de
1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. El acto administrativo demandado «se expidió con una infracción en las normas que
deberían fundarse», por cuanto la situación pensional de los docentes vinculados con
anterioridad al 2003, se rige por las normas que se encontraban vigentes antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, esto es «la Ley 33 de 1985 como servidores
públicos regulares, o si se trataba de docentes que tenían aportes al sector privado la ley
71 de 1988 para la pensión por aportes».
5.2. De conformidad con la mencionada ley y el Decreto 3752 de 2003, era obligación
de los entes territoriales afiliar a los docentes oficiales al Fomag, por lo que « estando
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Demandante: Isabel Bautista Buitrago
vinculado como docente provisional, la afiliación […] era obligatoria por orden de la ley, sin
que ahora pueda alegarse, que no se encontraba vinculado a esta entidad, cuando lo que
debe de hacerse eventualmente la entidad, es cobrar las cuotas partes a la entidad que me
encontraba afiliada o a la entidad territorial, sin que tenga que trasladarse este perjuicio
como trabajador».
5.3. De acuerdo con lo anterior y en tanto se vinculó al servicio educativo con
anterioridad al 23 de junio de 2003, por lo que tiene derecho al reconocimiento
pensional de conformidad con la Ley 33 de 1985.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la prosperidad
de las pretensiones, con fundamento en lo siguiente:
6.1. La demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
conformidad con la Ley 33 de 1985, toda vez que no acreditó una afiliación al
magisterio con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues el
tiempo de servicio anterior a esa se dieron con ocasión de órdenes de contratos de
prestación de servicios «sin especificar concretamente si cumplió con la obligación de
efectuar los aportes a seguridad social al magisterio».
6.2. Así las cosas, «es claro que la norma aplicable a la accionante es la contenida en la
Ley 812 de 2003» porque las pruebas aportadas con la demanda y la información
suministrada en el acto administrativo por el ente territorial «no legitiman vinculación
anterior que faculte la aplicación del régimen anterior». En ese orden, según la historia
laboral «la accionante cuenta con vinculación en propiedad desde el 31 de julio de 2008,
con aportes al fomag, siendo evidente entonces, que el régimen a tener en cuenta a efectos
de determinar el derecho pensional de la demandante es el contenido en la Ley 100/93 y
demás normas que la modifique o complemente».
6.3. Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) cobro de lo no debido; ii)
prescripción; iii) buena fe; y iv) genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3, mediante sentencia
proferida el 23 de febrero de 2024 negó las pretensiones de la demanda. Para tal
efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales
aplicables al asunto, observó lo siguiente:
7.1. La Ley 100 de 1993 excluyó del sistema integral de seguridad social a los
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Demandante: Isabel Bautista Buitrago
docentes afiliados al Fomag, por lo que «lo relevante para determinar si a la docente
debe aplicársele el régimen anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003 –Ley 33 de 1985
o Ley 71 de 1988-, no es si cumplió con los requisitos del régimen de transición de la Ley
100 de 1993; sino la fecha de vinculación con la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
7.2. Con ocasión de la decisión judicial con la que se declaró la existencia de una
relación laboral entre Isabel Bautista Buitrago y el departamento de Boyacá entre el
25 de febrero y el 12 de diciembre de 2003, se ordenó al ente territorial efectuar los
aportes a pensión con destino al Fomag. Por lo que, «la condición de docente oficial
se validó a través» de esta declaratoria.
7.3. Así las cosas, es posible concluir que la demandante «fue afiliada por primera
vez al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en virtud de la orden judicial
antes mencionada y a partir del 25 de febrero del 2003». En ese orden, el régimen
pensional que rige su situación es el contenido en la Ley 33 de 1985.
7.4. Sinembargo, la actora no acreditó el tiempo de servicios exigido por la
disposición de la que es beneficiaria, en tanto, solo contaba con 17 años 12 meses
y 13 días. «Ahora, aun cuando la demandante suscribió contratos de prestación de
servicios con el departamento de Boyacá y el municipio de Ventaquemada entre los años
1991 y el 2002, para la prestación del servicio docente, lo cierto es que, conforme con lo
que se expuso en esta providencia, tal circunstancia no tiene por demostrada la vinculación
como docente oficial y tampoco la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio».
7.5. De otra parte, tampoco se demostró que en el periodo durante el cual se vinculó
con ocasión de contratos de prestación de servicios se hubiesen efectuado los
respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, «circunstancia que
responde a que, los contratos se desarrollaron antes de la vigencia de la Ley 797 de 2003».
Por lo que, tampoco es posible reconocer la prestación con las previsiones de la
Ley 71 de 1985, pues no se acreditaron las respectivas cotizaciones.
1.4. El recurso de apelación
8. Isabel Bautista Buitrago interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:
8.1. La situación pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se rige por las
normas que hacían parte del ordenamiento jurídico para esa data. La mencionada
norma estableció que el educador debía contar con una vinculación anterior a la
mencionada fecha, sin que pueda exigírsele requisitos adicionales. Adicionalmente,
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Demandante: Isabel Bautista Buitrago
el «tiempo laborado por la demandante, como se demostró en el presente asunto, fue
realizado por nombramiento para cubrir licencia de maternidad y comisiones como docente
oficial, estando en cabeza de la entidad territorial realizar la respectiva afiliación al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, o de lo contrario el pago de las
acreencias laborales a la docente, incluyendo el pago de los aportes pensionales».
8.2. Para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, deben tener en
cuenta las vinculaciones que los docentes ostentaron con ocasión de órdenes de
prestación de servicios sin que se requiera la declaratoria judicial de la existencia
de una relación laboral, puesto que «labor docente independiente del tipo de
contratación, se entiende que en este vínculo se encuentran configurados los tres
elementos que constituyen una relación laboral».
8.3. Con el material probatorio aportado al expediente, logró acreditar que es
acreedora del reconocimiento de la pensión de conformidad con la Ley 33 de 1985,
en tanto, se vinculó al servicio educativo antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, cuenta con más de 55 años de edad y prestó sus servicios como maestra
oficial durante más de 20 años.
1.5. Trámite en segunda instancia
9. Por medio de auto del 30 de agosto del 2024, el magistrado ponente admitió el
recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.
2. Consideraciones
2.2. Los problemas jurídicos
10. Se circunscriben a resolver:
10.1. ¿Si Isabel Bautista Buitrago es beneficiaria de la transición prevista en la Ley
812 de 2003 y como consecuencia al reconocimiento de la pensión de jubilación de
conformidad con las leyes 33 de 1985 y 91 de 1989?
10.2. Ysi la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, ¿si es para el
reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 es posible
computar el tiempo de servicios que prestó con ocasión de órdenes y contratos de
prestación de servicios?
2.3. Marco normativo
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Demandante: Isabel Bautista Buitrago
2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al FOMAG
11. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte3. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas4.
12. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción5. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»6. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
13. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos7. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
3 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
4 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
5 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
6 Preámbulo y artículo 6.
7 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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Demandante: Isabel Bautista Buitrago
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
14. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
15. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al FOMAG,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
16. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 20038.
17. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
8 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Isabel Bautista Buitrago
18. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
19. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
20. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
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Demandante: Isabel Bautista Buitrago
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
21. La Ley 60 de 19939 asignó la administración de los servicios educativos estatales
a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su
participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6
ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental,
distrital y municipal al FOMAG, así como la conservación del régimen prestacional
anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.
En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al
señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por
la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren
realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad,
que estarán a cargo del indicado fondo.
22. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
9 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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Demandante: Isabel Bautista Buitrago
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»
23. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
24. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.3.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales
25. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).
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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
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26. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200310, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».
27. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201911, precisó:
«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
10 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
11 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
11
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».
28. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
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✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
[…]». [Se resalta]
29. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años12. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».
30. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección13, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 812
del 2003.
2.3.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional
12 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación
47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
13
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
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31. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores14. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
32. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.
33. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 15, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación16 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
34. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1617 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.
14 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
15 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
16 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
14
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
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35. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199418 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.
36. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley
solo se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
37. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y
reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los
derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de
vinculación que no tiene justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo
expuesto en la sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la
Ley 60 de 199319 y luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199420; y el hecho de
que los docentes contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los
empleados públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los
derechos laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales
18 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
19 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
20 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
15
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
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que históricamente se han pretendido eliminar21. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.
38. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»
39. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un
obstáculo para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las
normas prevén. Una interpretación contraria conllevaría a mantener las
condiciones de desigualdad e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como
principio fundante del Estado social de derecho, de un grupo importante de la
población, que desarrolla una labor trascendental para la sociedad.
40. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado22, sino lo que se evidencia de esa relación, en
21 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
16
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
41. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»23. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»24.
42. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
23 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
24 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
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43. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.
44. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.
45. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación 25, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
46. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200326 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
47. En efecto, el artículo 2327 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
26 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
27 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
18
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2428 y 5729 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
48. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.3.3. Compatibilidad pensional de los docentes
49. Desde 1886 el constituyente estableció la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público, en ese sentido la norma constitucional
disponía:
«Artículo 64.- Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes.» [Se resalta]
50. Como se advierte de la disposición en cita, el constituyente previó la posibilidad
de que se establecieran excepciones a la prohibición contenida en el artículo 64, las
cuales inicialmente fueron «determinadas» por el presidente de la República, quien
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
28 «Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
29 «Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
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en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de 196030,
dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que provengan de establecimientos
docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo31».
Esta excepción fue reiterada en artículo 32 del Decreto 1042 de 1978.
51. Asimismo, el legislador extraordinario a través del Decreto 224 de 197232, incluyó
de manera expresa dentro de las mencionadas salvedades, la compatibilidad entre
la pensión y el ejercicio docente, así:
«Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y
cinco (65) años de edad.» [Se resalta]
52. Posteriormente, con ocasión del cambio de régimen constitucional de 1991, se
mantuvo la mencionada prohibición de recibir simultáneamente más de una
erogación del erario en los siguientes términos:
«Articulo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.»
53. Ahora bien, la anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a
través de la Ley 4 de 1992, la cual en su artículo 19 dispuso:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]» [Se resalta]
54. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
30
Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
31
Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
32
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
20
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó33:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]» [se resalta].
55. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
55.1. i)
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del
Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
55.2. ii) El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « […] [e]l régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones
será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y
55.3. iii) El artículo 19 de Ley 344 de 199634 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
33
Sentencia del 6 de marzo de 2003. Radicado: 05001-23-31-000-1995-01799-01 (Radicado interno:
1577-2001). Consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado.
34
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
21
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
56. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores
públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por una
de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir la
edad de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos podrán disfrutar
de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin embargo,
nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes oficiales, por
cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.» [Se resalta]
57. Adicional a lo expuesto, se advierte que en los decretos a través de los cuales el
gobierno nacional35 «modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y
directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se
dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal», de manera
expresa se reitera la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un
empleo público, pero se mantiene la excepción en relación con «las asignaciones
de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992», lo que permite evidenciar la vigencia
de la compatibilidad entre el salario y la pensión de quienes desarrollan una labor
docente.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
58. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
58.1. Isabel Bautista Buitrago nació el 3 de febrero de 1964.
35
Por ejemplo: decretos 887 de 2023, 284 de 2024 y 596 de 2025.
22
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
58.2. El 24 de marzo de 1991, el alcalde del municipio de Samacá certificó que la
demandante «trabajó tiempo completo en el Colegio Nacionalizado de Bachillerato en
Samacá como profesora de química y biología desde el día 19 de enero de 1990 hasta el
día 30 de noviembre de 1990, demostrando eficacia en su trabajo».
58.3. Mediante Decreto 008 del 22 de marzo de 1991, el alcalde del municipio de
Ventaquemada la nombró provisionalmente «para que continúe en el cargo que venía
desempeñando de maestra de la Concentración Nacionalizada Rural San José del Gacal»
en reemplazo de la docente que se encontraba en licencia por enfermedad.
58.4. Se vinculó como docente oficial, con ocasión de órdenes de prestación de
servicio, así:
Orden de Institución
Desde Hasta Municipio Tiempo
servicio educativa
003 Escuela San
12-02-1999 11-06-1999 Ventaquemada 4 meses y 10 días
12-02-199 Pedro
Colegio
009
17-06-1999 30-11-1999 Básico Ventaquemada 5 meses y 13 días
17-06-1999
Albarracín
Colegio
10
01-02-2000 9-06-2000 Básico Ventaquemada 4 meses y 8 días
01-02-2000
Albarracín
20 Escuela
10-07-2000 1-12-2000 Ventaquemada 4 meses y 21 días
10-07-2000 Albarracín
Colegio
06
05-02-2001 15-06-2001 Básico Ventaquemada 4 meses y 10 días
05-02-2001
Albarracín
22 Escuela
09-07-2001 30-11-2001 Ventaquemada 4 meses y 21 días
09-07-2001 Albarracín
Colegio
008
01-02-2002 30-11-2002 Verde de Ventaquemada 9 meses y 29 días
01-02-2002
Albarracín
Tiempo total 3 años, 1 mes y 22 días
58.5. A través del Decreto 002907 del 9 de noviembre de 2009, el gobernador del
departamento de Boyacá la nombró docente en propiedad. Empleo en el que se
posesionó el 9 de noviembre de 2009.
58.6. Mediante Resolución 005630 del 30 de agosto de 2016, los secretarios de
educación y hacienda del departamento de Boyacá, en cumplimiento de una
sentencia, autorizaron al tesorero general del ente territorial el pago « por concepto
de aporte patronal de seguridad social en pensión a girar» al Fomag, por la declaratoria
de existencia de una relación laboral «entre la señora Isabel Bautista Buitrago y el
23
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
departamento de Boyacá en el periodo comprendido entre el 25 de febrero y el 12 de
diciembre de 2003».
58.7. De acuerdo con el certificado de historia laboral, expedido el 31 de octubre de
2020 por la Secretaría de Educación departamental de Boyacá, prestó sus servicios
como docente del nivel básica primaria por orden de trabajo, así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.
Centro Educativo San Decreto 008
04-03-1991 15-04-1991
José del Gacal 22-03-1991
Ventaquemada (Boy)
Tiempo total 1 mes y 12 días
58.8. De acuerdo con el certificado de historia laboral, expedido el 31 de octubre de
2020 por la Secretaría de Educación departamental de Boyacá, prestó sus servicios
como docente del nivel básica secundaria por orden de trabajo, así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.
Colegio Nacionalizado «Otro» 14
26-08-1991 17-11-1991
de Samacá 26-08-1991
Samacá (Boy)
Tiempo total 2 mes y 23 días
58.9. De acuerdo con el certificado de historia laboral, expedido el 31 de octubre de
2020 por la Secretaría de Educación departamental de Boyacá, prestó sus servicios
como docente del nivel básica secundaria por orden de prestación de servicios, así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.
Institución Educativa «Otro» 63
11-05-1998 19-07-1998
Técnico Jacinto Vega 11-05-1998
Santa María (Boy)
Tiempo total 2 meses y 9 días
24
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
58.10. De acuerdo con el certificado de historia laboral, expedido el 31 de octubre de
2020 por la Secretaría de Educación departamental de Boyacá, prestó sus servicios
como docente del nivel básica primaria por orden de prestación de servicios, así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.
Institución Educativa San «Otro» 2367
28-02-2003 12-12-2003
Antonio de Padua 28-02-2003
Ventaquemada (Boy)
Tiempo total 9 meses y 13 días
58.11. De acuerdo con el certificado de historia laboral, expedido el 31 de octubre de
2020 por la Secretaría de Educación departamental de Boyacá, prestó sus servicios
como docente del nivel básica secundaria en provisionalidad, así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta Tiempo
Ing. y Reing
Institución Educativa Decreto 166 1 mes y 20
29-03-2004 18-05-2004
Campo Elías Cortés 29-03-2004 días
Berbeo (Boy)
Traslados
1 año, 2
IE Francisco de Paula «Otro» 4381
19-05-2004 01-08-2005 meses y 14
Santander 05-05-2004
días
Ventaquemada (Boy)
Traslados
IE Técnica
«Otro» 3830 4 meses y
Nacionalizada de 02-08-2005 27-12-2005
26-07-2005 26 días
Samacá
Samacá (Boy)
Traslados
IE José María Silva «Otro» 4122
27-12-2005 09-01-2006 13 días
Salazar 11-08-2005
Buenavista (Boy)
Ing y Reing
2 años, 4
Centro Educativo La Decreto 420
16-03-2006 29-07-2008 meses y 15
Victoria 03-03-2006
días
Santa María (Boy)
Tiempo total 4 años, 4 meses y 1 día
25
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
58.12. De acuerdo con el certificado de historia laboral, expedido el 31 de octubre de
2020 por la Secretaría de Educación departamental de Boyacá, prestó sus servicios
como docente del nivel básica secundaria en propiedad, así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.
Colegio Básica Media Decreto 1087
01-08-2008 8-11-2009
Luna 09-07-2008
Briceño (Boy)
Decreto 2907
Continuidad 09-11-2009 29-01-2012
09-11-2009
Traslados
IE Juan de Jesús
Resolución 0143
Acevedo – Sede 30-01-2012 25-02-2014
20-01-2012
Principal
Chinavita (Boy)
Ascensos
IE Juan de Jesús Resolución
Acevedo – Sede 001190 26-02-2014 23-02-2015
Principal 12-03-2014
Chinavita (Boy)
Traslados
IE Técnica Salamanca – Resolución 1313 31-10-
24-02-2015
Sede Principal 16-02-2015 202036
Samacá (Boy)
Tiempo total 12 años y 3 meses
58.13. El 1° de diciembre de 2020 solicitó el reconocimiento de una pensión de
jubilación de jubilación «equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas,
anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionado(a), es decir a partir de 30 de
marzo de 2020».
58.14. Mediante la Resolución 005587 del 20 de octubre de 2021, la Secretaría de
Educación de departamento de Boyacá, negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación, por cuanto no acreditó todos los requisitos previstos en la Ley 100 de
1993.
36
La vinculación se encontraba vigente al momento en el que se expidió el certificado.
26
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
2.4.2. Análisis sustancial
59. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3, negó las pretensiones
al considerar que, si bien el régimen pensional de la demandante era el establecido
en la Ley 33 de 1985, con ocasión de la transición de la Ley 812 de 2003, no acreditó
los 20 años de servicios exigidos para esos efectos, por cuanto no era posible
computar la vinculación con la que sirvió a la docencia con ocasión de contratos de
prestación de servicios pues no se efectuaron aportes a pensión.
60. La demandante solicitó se revocara la sentencia de primera instancia, al
considerar que tenía derecho a que le sean computadas para efectos del
reconocimiento pensional las vinculaciones que ostentó a través de órdenes de
prestación de servicios sin que se requiera la declaratoria de la existencia de una
relación laboral.
2.4.2.1. En cuanto a la posibilidad de computar para el reconocimiento
pensional el tiempo de servicios que los docentes prestaron a través de
órdenes o contratos de prestación de servicios
61. De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, para esta Subsección es claro que por virtud de los principios de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine, el
tiempo de servicio que los docentes prestaron con ocasión de una vinculación
contractual debe ser computado para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación, sin diferenciar el régimen pensional que rija su situación.
62. Lo anterior porque como lo ha sostenido esta Corporación, en aquellos casos en
los que los docentes prestaron sus servicios con ocasión de una vinculación
diferente a la legal y reglamentaria fueron desconocidas disposiciones legales y
reglamentarias, así como los derechos mínimos e irrenunciables de estos
trabajadores, pues no se les reconocieron las prestaciones propias de los
empleados públicos. Situación que no era desconocida por la administración, toda
vez que en algunas de las órdenes de servicio que regularon la relación laboral de
la demandante se indicó:
«Que de conformidad con el fallo de la Corte Constitucional del 6 de diciembre de 1994,
la vinculación de los docentes debe ser legal y reglamentaria con los derechos laborales
correspondientes».
63. En línea con lo anterior, se encuentra pertinente recordar lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia con la que declaró inexequibles las normas que
27
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
autorizaban la vinculación de los docentes a través de contratos de prestación de
servicios37:
«No sería extraño que el criterio diferenciador pudiera inferirse de la discrecionalidad del
Estado. Ni la forma contractual ni la estatutaria, tendrían carácter forzoso. El Estado de
acuerdo con las necesidades por atender y las condiciones financieras, variables en
cada momento histórico, tendría la facultad de acudir libremente a una cualquiera de las
dos formas.
A esta posibilidad se oponen varias consideraciones. El ejercicio permanente de una
función pública, como ocurre con los "docentes temporales", no sólo se revela en el afán
del legislador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su
incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la
ley - que no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y
responsabilidades (CP art. 123).
A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la estabilidad propias de la
función pública (CP art. 125).
Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no
confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública
permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo
que atañe al ingreso y régimen que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad
no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier
competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art.
13), frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna
arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en
la mera discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta,
comparten una misma naturaleza y características38.»
64. En consonancia, se concluye que existe una «prohibición constitucional» de
vincular a docentes al servicio público educativo oficial a través de contratos de
prestación de servicios. Por lo que excluir de la transición prevista en la Ley 812 de
2003, a quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de una relación
contractual, resulta a todas luces inconstitucional, puesto que, conllevaría a una
interpretación desfavorable con sustento en una situación que, como se
explicó anteriormente, se aparta de las normas constitucionales, esto es, la
vinculación de docentes a través de un contrato.
65. Así las cosas, las vinculaciones contractuales que ostentó la docente entre 1991
y el 2003 serán tenidas en cuenta para verificar el cumplimiento de las exigencias
para el reconocimiento de la prestación de jubilación, en tanto, se insiste, la falta de
vinculación como empleados públicos a través de una relación legal y reglamentaria
37
Artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994.
38
Corte Constitucional sentencia C-555 de 1994.
28
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado, que no puede
ser afectar sus derechos laborales mínimos e irrenunciables.
2.4.2.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003
66. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social […]» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional39», con
excepción de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, esto es los docentes oficiales.
67. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al régimen pensional
de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin embargo,
el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese momento
habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de transición,
según el cual, esta reforma solo les sería aplicables a quienes a partir del 26 de
junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.
68. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [Se resalta].
69. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 26 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.
70. En esa línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-014 -
CE-S2 de 25 de abril de 201940, precisó que para efectos de establecer el régimen
prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
39
Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.
40
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
29
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)
Demandante: Isabel Bautista Buitrago
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i)
quienes se hubiesen vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003 [fecha de
entrada en vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían
a los servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción del requisito de la edad.
71. De acuerdo con lo anterior y con el certificado suscrito por el alcalde del municipio
de Samacá, la demandante se vinculó como docente en el Colegio Nacionalizado
de Bachillerato de ese ente territorial entre el 19 de enero y el 30 de noviembre de
1990. Así las cosas, acreditó el único requisito previsto por el artículo 81 de la Ley
812 de 2003 para ser beneficiaria de la transición prevista en esa disposición, esto
es, una vinculación al servicio educativo oficial previa a su entrada en vigor.
72. Al respecto, se advierte que el a quo concluyó que «lo relevante para determinar si
a la docente debe aplicársele el régimen anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003 –Ley
33 de 1985 o Ley 71 de 1988-, no es si cumplió con los requisitos del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993; sino la fecha de vinculación con la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
73. En relación con lo anterior, se encuentra que dicha interpretación no tiene asidero
para la sala, en primer lugar, puesto que la norma de manera expresa señala que
el «régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley», es decir, lo que determina quiénes son beneficiarios de esta
prerrogativa es el ejercicio de la docencia oficial y no la afiliación a un fondo o
administrador de pensiones determinado.
74. Y, en segundo lugar, porque con la decisión de primera instancia se desconoció
que si bien la obligación de afiliar al Fomag a los docentes territoriales inició con la
Ley 60 de 1993, de conformidad con el Decreto 196 de 1995, este proceso de
incorporación dependía de la «solicitud de la respectiva entidad territorial, la Nación-
Ministerio de Educación Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público». Es decir
que la no afiliación a este fondo fue consecuencia del incumplimiento de un deber
legal de las entidades que según el mandato legal eran las competentes para
efectuarlo.
75. Asimismo, la obligación improrrogable de afiliar al Fomag a los docentes
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Demandante: Isabel Bautista Buitrago
«vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales41» surgió con la expedición
del Decreto 3752 de 2003, en tanto estableció una fecha máxima para que las
entidades territoriales cumplieran con ese deber legal establecido por el legislador
desde el 1993, pues precisó que esa afiliación se debía realizar « a más tardar el 31
de octubre de 2004». De igual forma, advirtió que esta obligación se extendía a los
docentes que se vincularan en provisionalidad y que su incumplimiento «implicará la
responsabilidad de la entidad territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones
sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar».
76. Aunado a lo anterior, aceptar que la falta de afiliación del docente al Fomag tenga
como consecuencia que no pueda acceder al régimen de transición de la Ley 812
de 2003, conllevaría a mantener vigente el trato desigual que se le daba a estos
servidores [vinculados con una relación contractual] y utilizarlo para obstaculizar el
goce de sus derechos laborales, sin una justificación valida constitucionalmente.
77. En suma, lo que le permite a Isabel Bautista Buitrago mantener el régimen
pensional del cual eran beneficiarios los empleados públicos del orden nacional
antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, no es la afiliación al Fomag sino las
vinculaciones que ostentó como docente oficial [sin diferenciar la fuente de esta]
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Asimismo, se advierte que
el régimen prestacional aplicable en el sub judice es el de la Ley 33 de 1985, puesto
que pretende dicho reconocimiento con base en el tiempo de servicios que prestó
como educador oficial.
2.4.2.1. En torno a la verificación de los requisitos previstos en el régimen de
pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985
78. Como se explicó en líneas anteriores, para el reconocimiento de la prestación de
jubilación de los docentes a quienes su situación pensional se rige por lo dispuesto
en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, deben acreditar 55 años de edad y 20 años
de servicios.
79. En cuanto al requisito de la edad: Isabel Bautista Buitrago nació el 3 de febrero
de 1964, por lo que en la fecha en la que presentó ante la entidad demandada la
solicitud de reconocimiento pensional [1° de diciembre de 2020], contaba con más
de 55 años de edad.
41
Artículo 1 del Decreto 3452 de 2003.
31
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Demandante: Isabel Bautista Buitrago
80. En cuanto al tiempo de servicios: en el expediente, la demandante acreditó el
siguiente tiempo de servicios, de conformidad con las pruebas relacionadas en el
capítulo de hechos probados:
80.1. Con ocasión de ordenes de prestación de servicios, acreditó 5 años, 4 meses
y 4 días, así: i) entre el 19 de enero de 1990 y el 17 de julio de 199842: 1 año, 4
meses y 25 días; ii) entre el 12 de febrero de 1999 y el 30 de noviembre de 200243:
3 años, 1 mes y 22 días; y iii) entre el 25 de febrero y el 12 de diciembre de 2003: 9
meses y 17 días.
80.2. Con ocasión de vinculaciones legales y reglamentarias, acreditó 16 años, 7
meses y 1 día: i) en provisionalidad entre el 29 de marzo de 2004 y el 29 de julio
de 2008: 4 años, 4 meses y 1 día44; y ii) en propiedad entre el 1º de agosto de 2008
y el 31 de octubre de 2020: 12 años y 3 meses45.
81. Así las cosas, la demandante adquirió el estatus pensional el 3 de febrero de
2019, fecha en la que cumplió 55 años de edad y contaba con 20 años, 2 meses y
7 días de servicio46. En ese orden se desvirtuó la presunción de legalidad del acto
demandado, puesto que se advierte que contrario a la decisión que adoptó el Fomag
a través de este, la situación pensional de Isabel Bautista Buitrago se regía por las
disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985, en tanto era beneficiaria del régimen
de transición previsto en la Ley 812 de 2003, y acreditó los requisitos previstos en
dichas normas para el reconocimiento de la prestación de jubilación.
82. Además de lo anterior, el reconocimiento pensional se rige por las siguientes
reglas: i) una tasa de remplazo del 75% y ii) el ingreso base de liquidación se
determinará con base en lo devengado durante el año anterior a la fecha en la que
adquirió el estatus, con la inclusión de los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, estos son, asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio. Asimismo, deberán incluirse aquellos creados por la autoridad
competente como factor salarial y que haya devengado la docente durante el
periodo que se tendrá en cuenta para la liquidación.
42
Párrafos 58.2 y 58.7 a 58.9.
43
Párrafo 58.4.
44
Párrafo 58.11.
45
Párrafo 58.12.
46
20 años, 2 meses y 7 días de servicio, así: i) vinculaciones con órdenes de prestación de servicio:
5 años, 4 meses y 4 días + ii) vinculación en provisionalidad 4 años, 4 meses y 1 día + iii) vinculación
en propiedad entre el 1º de agosto de 2008 y el 3 de febrero de 2019.
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83. Por lo que se ordenará al Fomag efectuar el reconocimiento a Isabel Bautista
Buitrago, de una pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en las leyes
91 de 1989 y 33 de 1985, esto es con el 75% del salario devengado durante el año
anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la inclusión de los factores
salariales que debieron servir de base de cotizaciones, de conformidad con lo
previsto en la Ley 62 de 1985, así como los creados a favor de los docentes con
posterioridad a esta disposición que tengan carácter prestacional.
84. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, la caja
de previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos», se exhortará al Fomag para que
efectúe las gestiones necesarias con el fin de adelante ante el municipio de Samacá
y el departamento de Boyacá con el fin de que la prestación sea financiada con los
aportes que se debieron efectuar durante toda la vida laboral del docente.
85. Ahora bien, como se explicó en líneas anteriores, el personal docente se
encuentra exceptuado de la prohibición de devengar doble asignación del erario, en
el entendido de que el reconocimiento y disfrute de la pensión no se encuentra
supeditado al retiro del servicio, es decir, están habilitados para percibir la mesada
pensional y continuar ejerciendo el cargo de docente hasta que llegue a la edad de
retiro forzoso. En ese orden, en el caso en estudio, Isabel Bautista Buitrago tenía
derecho al reconocimiento y pago de la pensión, de acuerdo con las disposiciones
contenidas en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, a partir de la fecha en la que
adquirió el estatus pensional, esto es, del 3 de febrero de 2019, sin que deba
acreditar el retiro del servicio.
86. Finalmente, según las normas aplicables al caso concreto en torno a la
configuración del fenómeno jurídico de la prescripción, encuentra la sala que la
demandante adquirió el estatus pensional el 3 de febrero de 2019 y presentó la
solicitud de reconocimiento de la prestación el 1º de diciembre de 2020, por lo que
interrumpió el término de prescripción, de conformidad con lo previsto en los
artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en
consecuencia no se configuró el fenómeno de la prescripción.
87. Así las cosas, se impone revocar la sentencia apelada en cuanto negó las
pretensiones de la demanda y en su lugar se anulará la Resolución 005587 del 20
de octubre de 2021, a través del cual se negó el reconocimiento pensional. A título
de restablecimiento del derecho se condenará a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y
pagar a la demandante pensión de jubilación con el 75% del promedio de lo
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devengado durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la
inclusión de los factores salariales que debieron servir de base de cotizaciones, de
conformidad con lo previsto en la Ley 62 de 1985, así como los creados a favor de
los docentes con posterioridad a esta disposición que tengan carácter prestacional.
2.5. Costas
88. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
89. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
90. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma47.
91. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
92. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.
3. Conclusión
47En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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93. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que las vinculaciones
contractuales que ostentó la docente entre 1991 y el 2003 debían ser tenidas en
cuenta para verificar el cumplimiento de las exigencias para el reconocimiento de la
prestación de jubilación, en tanto, la falta de vinculación como empleados públicos
a través de una relación legal y reglamentaria obedeció a un incumplimiento de un
deber legal por parte del Estado, que no puede ser afectar sus derechos laborales
mínimos e irrenunciables.
94. En ese orden, en tanto la demandante se vinculó por primera vez al servicio
público educativo oficial el 19 de enero de 1990, esto es antes de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, es beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 81 de esta, por lo que su situación pensional se regía por las disposiciones
contenidas en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.
95. Así las cosas y en la medida en que acreditó más de 55 años de edad y 20 de
servicios, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, sin
que tenga que acreditar el retiro del servicio.
96. Por lo anterior, revocar la sentencia apelada en cuanto negó las pretensiones de
la demanda y en su lugar se anulará la Resolución 005587 del 20 de octubre de
2021, a través del cual se negó el reconocimiento pensional. A título de
restablecimiento del derecho se condenará a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y
pagar a la demandante pensión de jubilación con el 75% del promedio de lo
devengado durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la
inclusión de los factores salariales que debieron servir de base de cotizaciones, de
conformidad con lo previsto en la Ley 62 de 1985, así como los creados a favor de
los docentes con posterioridad a esta disposición que tengan carácter prestacional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 23 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en
su lugar se dispone:
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Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 005587 del 20 de octubre de 2021,
por la cual la Secretaría de Educación de departamento de Boyacá negó a la
demandante el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con las
disposiciones contenidas en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con las leyes 91
de 1989 y 33 de 1985 a partir del 3 de febrero de 2019, con el 75% de lo devengado
durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la inclusión de
los factores salariales que debieron servir de base de cotizaciones, de conformidad
con lo previsto en la Ley 62 de 1985, así como los creados a favor de los docentes
con posterioridad a esta disposición que tengan carácter prestacional.
Cuarto. El pago de la pensión de jubilación reconocida a Isabel Bautista Buitrago
se efectuará a partir del 3 de febrero de 2019, sin que tenga que acreditar el retiro
del servicio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto. Exhortar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para
que adelante las gestiones necesarias ante el municipio de Samacá y el
departamento de Boyacá con el fin de que la prestación sea financiada con los
aportes patronales que se debieron efectuar durante toda la vida laboral de la
docente.
Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Octavo. Sin condena en costas en esta instancia.
Noveno. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
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Demandante: Isabel Bautista Buitrago
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-
2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JMC
37
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