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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00412-01

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00412-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, el 13 de diciembre de 2023, que concedió las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Adicionar que la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio podrá recaudar las cotizaciones en favor del demandante, en el tiempo en que estuvo contratado a través de contratos y órdenes de prestación de servicios, en caso de que estos no se hubiesen efectuado. De igual forma, de no haberlo hecho, el demandante tendrá que realizar las cotizaciones a su cargo durante su vinculación a través de contratos de prestación de servicios. Los aportes correspondientes en los referidos periodos deberán ser calculados teniendo en cuenta los honorarios pactados en aquellos, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. No condenar en costas en segunda instancia. CUARTO. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. QUINTO. Exhortar al Tribunal Administrativo de Boyacá, para que en el análisis de la admisibilidad de las demandas, tenga en cuenta las distintas hipótesis en las que puede surgir el acto ficto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el acápite de cuestión previa de esta providencia. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2021-00412-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00412-01 (1430-2024)
Demandante: Omar Salas Luna
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema 1: vinculación docente antes de la Ley
812 de 2003. Subtema 2: aplicación de la Ley 33 de 1985.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia
proferida el 13 de diciembre de 2023, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión núm. 2, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO
Omar Salas Luna, en condición de docente oficial, solicitó el reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación. Sin embargo, la entidad demandada guardó silencio, razón
por la que consideró que se configuró el acto ficto que negó su petición. Según afirmó,
la calidad de docente le da derecho al reconocimiento y pago de la referida prestación,
en la medida en que se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. Omar Salas Luna, en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (en
adelante CPACA), presentó demanda1 en contra de la Nación, Ministerio de Educación,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG),
radicada mediante apoderada judicial, el 14 de mayo de 20212.

1 Escrito de demanda, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, enlace «visualizar expediente»,

enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida
«15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo
«2ED_2DEMANDAP55OMARSALASLUNA.PDF».
2 Correo de envío de la demanda, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, enlace «visualizar

expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida
«15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo
«3ED_REMISORIOREPARTO.PDF».

Radicación: 15001-23-33-000-2021-00412-01 (1430-2024)
Demandante: Omar Salas Luna
Demandado: FOMAG

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad del acto ficto configurado el 13 de mayo de 2021, ante la
falta de respuesta a la petición presentada el 12 de febrero del mismo año, con el fin
de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación «a los 55 años»3.

(ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación, Ministerio
de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, en una cuantía equivalente al 75%
de los salarios y las primas recibidas, con anterioridad a la adquisición del estatus de
pensionado —8 de noviembre de 2016—.

(iii) Que se le ordene a la parte demandada ajustar el valor de las sumas adeudadas
con ocasión de la pérdida de poder adquisitivo y a pagar los intereses moratorios
causados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, hasta la cancelación
de los valores debidos.

(iv) Que se le ordene a la parte accionada dar cumplimiento a la sentencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

(v) Que se condene en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG.

2.1.2. Hechos

3. El señor Omar Salas Luna hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Nació el 8 de noviembre de 1961.

(ii) Ingresó al servicio docente, mediante orden de prestación de servicios, en el
municipio de Socha, Boyacá, desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre de 1992.
Luego trabajó como profesor en el municipio de Cuitiva, desde 1993 hasta 2005, y en
la Secretaría de Educación de Boyacá, desde el 10 de enero de 2006. Posteriormente,
fue nombrado en propiedad como docente oficial desde el año 2007. Afirmó que dicho
empleo se mantenía vigente a la fecha en la que presentó la demanda.

(iii) Con fundamento en lo anterior, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación «al completar los 55 años de edad y los 20 años de servicio», para que le
fuera reconocida a partir del 8 de noviembre de 2016. Sin embargo, indicó que dicha
petición no fue contestada, motivo por el cual se configuró el silencio administrativo
negativo.

3 Escrito de demanda, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, enlace «visualizar expediente»,

enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida
«15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo
«2ED_2DEMANDAP55OMARSALASLUNA.PDF».

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Radicación: 15001-23-33-000-2021-00412-01 (1430-2024)
Demandante: Omar Salas Luna
Demandado: FOMAG

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Omar Salas Luna citó, como normas vulneradas, los siguientes artículos: (i) 1, inciso
2, de la Ley 33 de 1985; (ii) 15, numerales 1 y 2, de la Ley 91 de 1989; (iii) 6 de la Ley
60 de 1993; (iv) 115 de la Ley 115 de 1993; (v) 279 de la Ley 100 de 1993; (vi) 81 de
la Ley 812 de 2003; y (vii) 1 y 2 del Decreto 3752 de 20034.

5. En el concepto de violación, afirmó que se vinculó al servicio público con
anterioridad al 27 de junio de 2003, razón por la que era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 812 de 2003, y por la que tenía derecho a la aplicación del régimen
anterior a su situación pensional. En ese sentido, indicó que, en la medida en que tenía
más de 20 años de servicio y más de 55 años de edad, se le debía reconocer la pensión
de jubilación en compatibilidad con el salario devengado por el servicio docente 5.

2.1.4. Contestación de la demanda

6. La Fiduciaria La Previsora S.A., por medio de apoderada judicial, y como vocera
y administradora del FOMAG, contestó la demanda, e invocó las excepciones de
«legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad», «[el] demandante no es
beneficiario de las disposiciones [legales] que se alegan», «factores salariales que
integran el [IBL] – sentencia de unificación del 25 de abril de 2019», «ineptitud de la
demanda por carencia de fundamento jurídico», «cobro de lo no debido», e
«improcedencia de las costas».

7. En relación con los hechos de la demanda, afirmó que el demandante se vinculó al
servicio docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, razón
por la que el régimen pensional aplicable a su caso era el de prima media, previsto en
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Por este motivo, adujo que el actor debía
acreditar los requisitos establecidos en tales normas, con excepción de la edad.

2.2. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, en sentencia del 13
de diciembre de 2023, concedió las pretensiones de la demanda6. En consecuencia,
declaró la configuración del silencio administrativo negativo frente a la petición
presentada por el demandante el 12 de febrero de 2021, para el reconocimiento
pensional, y la nulidad del acto ficto o presunto.

9. A título de restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y pago de la
prestación en aplicación de la Ley 33 de 1985, en una cuantía equivalente al 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes en el último año de servicio, con
inclusión de la asignación básica y la bonificación mensual docente, «devengados
entre el 9 de noviembre de 2015 y el 8 de noviembre de 2016 —año anterior a la
consolidación del estatus pensional—, con efectividad desde esta última fecha, y
actualizado anualmente, con base en la variación del IPC, según certificación que

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Sentencia de primera instancia, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, enlace «visualizar

expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida
«15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo
«058_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA_SENTENCIA.pdf».

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Demandante: Omar Salas Luna
Demandado: FOMAG

expida el DANE, sin perjuicio de la actualización del IBL al momento del retiro, y [con]
efectos fiscales [a partir del] 12 de febrero de 2018, por […] prescripción trienal». La
referida autoridad precisó que el disfrute de la prestación no quedaba condicionado al
retiro definitivo del servicio.

10. Delas pruebas aportadas al proceso, indicó que estaba demostrado que el
demandante se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, por medio de un contrato de prestación de servicios y de
nombramiento en provisionalidad, desde 1992. Así, concluyó que era beneficiario del
régimen de transición de la Ley 812 de 2003 y que tenía derecho a que su situación
pensional se analizara a partir de la Ley 33 de 1985.

11. En ese orden, adujo que el demandante acreditó 20 años de servicio y 55 de edad,
y que consolidó su derecho el 8 de noviembre de 2016, al cumplir el requisito de la
edad. Así, precisó que incluiría en la liquidación de la prestación la asignación básica
y la bonificación mensual docente: el primero, al estar incluido en el artículo 1 de la
Ley 62 de 1982 y, el segundo, por ser factor de cotización de conformidad con el
Decreto 1566 de 2014.

12. Por último, declaró la prescripción de las semanas causadas con anterioridad al 12
de febrero de 2018, por prescripción trienal, y no condenó en costas.

2.3. Recurso de apelación

13. La Fiduciaria La Previsora S.A. —en adelante La Fiduprevisora—, por medio de
apoderada judicial, como vocera y administradora del FOMAG, presentó recurso de
apelación en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que se
negaran las pretensiones de la demanda7. Al respecto, reiteró que el demandante fue
vinculado como docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
concretamente, a partir del año 2004, razón por la que afirmó que su situación
pensional se debía definir de conformidad con el régimen de prima medida.

14. Aunado a lo anterior, explicó que el actor tampoco cumplió los requisitos del régimen
de transición previsto en la Ley 100 de 1993, para la aplicación de la Ley 33 de 1985
por esa vía. Por lo anterior, solicitó que revocara la sentencia de primera instancia, con
la salvedad de que, «ante una eventual condena se [debía] ordenar a través de la
sentencia el traslado de los recursos pensionales de otros fondos al FOMAG»8.

2.4. Trámite procesal en segunda instancia
15. Esta corporación dictó auto el 27 de agosto de 20249, en el que admitió el recurso
de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, al advertir que
no existían pruebas por decretar, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar personalmente aquellas y al Ministerio
Público. Este último y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
7 Recurso de apelación presentado por La Fiduprevisora, visible en: expediente digital de primera instancia, enlace

«visualizar expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida
«15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo
«060_MemorialWeb_Recurso.pdf».
8 Ibidem.
9 Samai, expediente digital de segunda instancia, índice 5, archivo
«5Autoqueadmite_1714302024Admiteapel(.docx) NroActua 5».

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Demandado: FOMAG

Prestaciones Sociales del Magisterio guardaron silencio.

16. Omar Salas Luna presentó alegatos de conclusión, en los que solicitó la
confirmación de la sentencia apelada. Por un lado, afirmó que los argumentos
planteados en el recurso de apelación no tuvieron en cuenta que el Tribunal
Administrativo de Boyacá se pronunció sobre el régimen pensional de los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, y concluyó que su ingreso al
servicio docente ocurrió antes de esa fecha, y por eso concedió las pretensiones de la
demanda. Por otro lado, afirmó que el FOMAG tenía la facultad de repetir contra la
entidad territorial que fungía como empleador, para obtener el pago de los aportes que
no fueron efectuados cuando laboró como docente en calidad de contratista.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer
inciso del artículo 150 del CPACA.

3.2. Cuestión previa

18. Antes de establecer, a partir de la sentencia de primera instancia y el recurso de
apelación, los principales problemas jurídicos a resolver en esta oportunidad, la Sala
estima necesario pronunciarse sobre una circunstancia relevante que tuvo lugar entre
la fecha en que se presentó la demanda y su admisión. A saber, la configuración del
acto ficto cuya nulidad se solicita.

3.2.1. De la configuración del acto ficto demandado

19. La Sala advierte que, al momento en que la parte demandante acudió ante la
jurisdicción, el acto administrativo acusado no había surgido a la vida jurídica. Sin
embargo, resalta que esta situación tuvo lugar con anterioridad a la admisión de la
demanda, de conformidad con lo siguiente:

(i) El inciso 2 del artículo 83 del CPACA estableció que «[e]n los casos en que la ley
señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se
hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado
a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión».

(ii) Para la resolución de peticiones de reconocimiento pensional se previó un plazo de
4 meses, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 656 de 199410 y lo ha expuesto
la Corte Constitucional11, salvo que se trate de la pensión de sobrevivientes, cuyo
término en virtud del artículo 1 de la Ley 717 de 2001 es de 2 meses.

10 «Artículo 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan

acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso
puedan exceder de cuatro (4) meses. // […]».
11 Ver sentencias: Corte Constitucional SU-975 de 2003; T-1018 de 2004; T-257 de 2005; T-1002 de 2006; T-556

de 2013; T-155 de 2018 y T-045 de 2022 entre otras.

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Demandado: FOMAG

En consonancia con la anterior normativa, como expresamente se estableció en el
Decreto 1272 de 201812, en sus consideraciones y en el artículo 2.4.4.2.3.2.413, se
ratificó el plazo de 4 meses para resolver las solicitudes de reconocimiento de la
pensión de vejez a cargo del FOMAG. Asimismo, los artículos 2.4.4.2.3.2.10 y
2.4.4.2.3.2.16 previeron el término de 2 meses para la resolución de las peticiones que
amparen los riesgos de invalidez y muerte de responsabilidad del mencionado fondo.

(iii) Por lo expuesto, en casos como el presente, en el que se cuestiona la falta de
respuesta a peticiones de reconocimiento de una pensión de jubilación, el acto ficto
negativo se entenderá configurado al cabo de 5 meses de haberse efectuado la
reclamación en sede administrativa.

(iv) Teniendo en cuenta lo anterior, como en este caso la petición de reconocimiento
de la pensión de jubilación se presentó el 12 de febrero de 2021, el plazo de 4 meses
para resolverla venció el 12 de junio del mismo año; lo que quiere decir que la
configuración del acto ficto negativo, según el inciso segundo del artículo 83 del CPACA,
tuvo lugar un mes después, el 12 de julio siguiente.

(v) Esto quiere decir, que la decisión cuya nulidad solicita surgió entre la presentación
de la demanda, el 14 de mayo 2021, y cuando fue admitida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, el 12 de julio del mismo año.

20. La anterior circunstancia denotaría, en principio, la ineptitud de aquella, por cuanto
se planteó una controversia sobre la validez de un acto que no existía al momento de
acudir a la jurisdicción; situación que a su vez implicaría considerar la ausencia de uno
de los presupuestos procesales —la demanda en forma— para dictar una decisión de
fondo. En ese sentido, se estaría ante el escenario de una sentencia inhibitoria.

21. Sobre el particular, la Sala recuerda que desde la perspectiva del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 29 de la C.P.) —que también
está establecido en instrumentos internacionales como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (art. 25)—, las decisiones inhibitorias «son solamente
admisibles cuando el juez carece de alguna otra alternativa a la luz del ordenamiento
jurídico aplicable»14 para dictar una decisión de fondo. Esto implica que previamente
se debió haber «agotado la totalidad de las posibilidades que [este] le ofrece para
resolver», pues «[d]e no quedar demostrada la circunstancia anterior, el juez se estaría
apartando por completo del derecho vigente, pues se distanciaría, nada menos, que
de la obligación que le incumbe de administrar justicia (C.P. arts. 116, 228, 229)»15.

12 «Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 —Único Reglamentario del Sector Educación—, se reglamenta

el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y se dictan otras disposiciones».
13 «ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.4. Término para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional que amparan el

riesgo de vejez. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos pensionales que cubran el riesgo de vejez o
las indemnizaciones sustitutivas y las demás solicitudes que se deriven de ajustes o reliquidaciones de estas
prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser resueltas dentro de
los 4 meses siguientes a la fecha de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario».
14 Corte Constitucional, sentencia T-134 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Demandante: Omar Salas Luna
Demandado: FOMAG

22. En ese orden de ideas, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado16,
han considerado que la inhibición «debe ser la última opción por la cual debe
decantarse la autoridad judicial, pues de lo contrario, su actuación constituye un
excesivo apego al procedimiento, perdiendo de vista que la función judicial propugna
por: “(i) impartir justicia17, (ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial
que se acerque lo más posible a la verdad real18, y (iii) evitar pronunciamientos
inhibitorios que dificulten la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia
y de los derechos materiales19”»20.

23. Esta perspectiva de análisis cobra mayor relevancia cuando en las controversias
respectivas está de por medio la garantía del «derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de vejez, como medio a través del cual se materializa el derecho fundamental
e irrenunciable a la seguridad social»21, que, como lo ha subrayado la Corte
Constitucional, no es «una dádiva o regalo conferido por el Estado, sino que se
constituye en la debida remuneración que surge como consecuencia del ahorro»22. Por
este motivo se ha considerado que «quien ha satisfecho los requisitos de edad y
tiempo de servicios exigidos por la ley para acceder a una pensión de vejez, goza, por
ese solo hecho, de un derecho adquirido a disfrutar de [aquella] y éste no puede ser
restringido ni obstaculizado por cuestiones ajenas a sus obligaciones y
responsabilidades con el sistema»23.

24. De esta manera se da prevalencia al principio de la primacía de la realidad sobre
las formas, y relevancia al análisis del fondo del asunto que trata de un derecho
pensional y se antepone ante una exigencia procesal, con el fin de evitar un exceso
ritual manifiesto, y barreras en el ejercicio del derecho al acceso a la administración de
justicia.

16 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2022, Rad.

25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de marzo de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2017-00363-01, M.P. César
Palomino Cortés.
17 Ver por ejemplo, la sentencia T-264 de 2009. En esa oportunidad, esta corporación precisó que puede

«producirse un defecto procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las
formas” se aparta de sus obligaciones de impartir justicia sin tener en cuenta que los procedimientos judiciales son
medios para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos. La Corte consideró que la autoridad judicial
accionada había incurrido en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, actuando en, “contra de su
papel de director del proceso y del rol protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos
materiales, al omitir la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de elementos que
le permitían concluir que por esa vía llegaría a una decisión indiferente al derecho material. Por esta vía, la autoridad
accionada cerró definitivamente las puertas de la jurisdicción a la peticionaria, olvidó su papel de garante de los
derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso con la búsqueda
de la verdad en el proceso como presupuesto para la adopción de decisiones justas».
18 Ver por ejemplo, la sentencia T-268 de 2010, en la que la Corte al referirse al defecto procedimental por exceso

ritual manifiesto, concluyó que el mismo se presenta, «cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y
aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos,
derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de prevalencia del derecho
sustancial». Lo anterior, fue reiterado por las Sentencias T-386 y T-637 de 2010.
19 La Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de justicia supone la garantía de obtener

respuestas definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces se encuentran obligados adoptar todas las
medidas pertinentes para evitar los pronunciamientos inhibitorios, bien sea de forma manifiesta, o de forma
implícita, cuando una decisión es solo en apariencia de mérito. Ver por ejemplo, las sentencias T-134 de 2004 y T-
1017 de 1999.
20 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-057 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
22 Ibidem.
23 Ibidem.

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Demandante: Omar Salas Luna
Demandado: FOMAG

25. En esta oportunidad, la discusión gira en torno a las condiciones en que se debe
reconocer el derecho a la pensión del señor Omar Salas Luna, que, como se indicó,
acudió a la jurisdicción desde el 14 de mayo de 2021 con el fin de que se esclareciera
su situación pensional, y que ha invertido alrededor de 4 años en dicho propósito. A
juicio de la Sala, esta circunstancia haría que una decisión inhibitoria resultara
desproporcionada frente a la garantía de los derechos de acceso a la administración
de justicia y seguridad social, puesto que implicaría, para el demandante, tener que
acudir nuevamente ante las autoridades judiciales para definir su situación pensional.

26. Ante este panorama y por las razones expuestas, resulta imperativo buscar una
alternativa que permita proferir una decisión de fondo en el caso concreto, sustentada
en el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 de la
C.P.), en virtud del cual el juez no puede actuar bajo la ciega obediencia al derecho
procesal, sino que debe sustentar su proceder en el deber de garantizar y proteger los
derechos sustanciales, y en este caso, fundamentales24.

27. A partir de las anteriores consideraciones, la Subsección advierte que, si bien es
cierto el juez de primera instancia, al admitir la demanda, no advirtió su posible
ineptitud, también lo es que el acto ficto acusado por mandato legal se configuró el 12
de julio de 2021, momento en el que la parte accionada aún no tenía conocimiento de
la existencia del proceso, puesto que esto sucedió el 22 de julio siguiente, cuando se
notificó el auto admisorio de la demanda, dictado el 12 del mismo mes y año. En ese
orden, pese a que la demanda fue presentada cuando no existía el acto demandado,
fue admitida el 12 de julio de 2021, cuando este nació a la vida jurídica.

28. A partir del hecho anterior, esto es, la existencia de un acto ficto que negó la
petición del 12 de febrero de 2021, las partes, durante dos instancias, han tenido la
oportunidad de exponer ampliamente las razones por las cuales consideran que la
pensión solicitada debe o no reconocerse, y en caso afirmativo en qué términos. De
esta manera, el aspecto central de la controversia, es decir, la situación pensional del
señor Omar Salas Luna, ha sido debatida de principio a fin, sin que se haya visto
afectada por un aspecto de menor relevancia como el día en que debe entenderse
emitido el acto acusado.

29. Asimismo, cabe destacar que, desde la perspectiva de la teoría de la causa
petendi, los hechos fácticos que sustentaron las pretensiones de la demanda
permanecieron inalterados: la no resolución de la petición de reconocimiento pensional
del 12 de febrero de 2021. El error en la definición del momento exacto de
configuración del acto ficto no alteró la identidad del objeto procesal ni afectó la
comprensión de las partes sobre la materia controvertida. La causa petendi se
estructuró sobre la omisión administrativa y la pretensión de reconocimiento pensional,
de manera que variaciones menores en la fundamentación jurídica sobre el momento
exacto del silencio administrativo no afectan la validez sustancial del proceso.

30. Aunado a lo anterior, la parte accionada no invocó circunstancia alguna
relacionada con la configuración del silencio administrativo negativo que le impidiera
entrar a debatir sobre la procedencia o no del reconocimiento pensional. Esta conducta
procesal refuerza la validez de continuar con el trámite y proferir decisión de fondo,
pues demuestra que para todos los sujetos procesales fue claro, desde el inicio, que
24 En el mismo sentido, Corte Constitucional, sentencia SU-061 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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el objeto del debate era la negativa en el reconocimiento de la pensión, solicitada el 12
de febrero de 2021.

31. Por consiguiente, es claro que alrededor de la negación de la petición de
reconocimiento de la pensión de la demandada —hecho cierto para el instante en que
se notificó a la parte accionada la demanda en su contra—, se ha desarrollado un
debate con todas las garantías, por lo tanto no se advierte impedimento alguno para
que la controversia se decida de fondo y de manera definitiva en segunda instancia, y
que de esa manera, se administre justicia materialmente. Cabe resaltar, que esta
finalidad no puede entorpecerse a partir de consideraciones de índole formal, en
especial cuando no han incidido en la adecuada comprensión del objeto de la litis: si
el señor Omar Salas Luna tiene o no derecho a la pensión y, en caso afirmativo, en
qué términos.

32. En ese orden de ideas, la Sala considera que el defecto formal de la demanda no
constituye un impedimento para que la controversia pensional de la referencia se
defina, teniendo en cuenta que, para las partes, desde el inicio del trámite, fue claro
que la discusión giraba en torno a la negativa de la petición del 12 de febrero de 2021,
más allá del día en que se configuró el acto administrativo ficto negativo.

33.No obstante lo anterior, con el fin de que situaciones como la descrita no se repitan,
se exhortará al Tribunal Administrativo de Boyacá, para que en el análisis de la
admisibilidad de las demandas, tenga en cuenta las distintas hipótesis en las que
puede surgir el acto ficto.

3.3. Problema jurídico

34. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y teniendo
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo
32825 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:

¿Omar Salas Luna, en su condición de docente, es beneficiario del régimen de
transición previsto en la Ley 812 de 2003, y con ello, de la aplicación del régimen
anterior a la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de jubilación?

35. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas: (i) el
régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al FOMAG; y (ii) el régimen
pensional aplicable a los docentes oficiales, de acuerdo con la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.

36. A partir de estas consideraciones se destacarán los hechos probados más
relevantes y, en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverá el problema
jurídico planteado.

25 Código General del Proceso, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá

pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de
autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.4.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio

37. El
régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

38. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198926, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

39. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema particular de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

40. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley 91
de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones
económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal nacionalizado
vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del
1 de enero de 1990.

41. Sin embargo, la Ley 812 de 200327 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y
posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su parágrafo transitorio 1
que: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en
las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».

42. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación al
servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988);
mientras que a quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.

26 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
27 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.

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3.4.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201928

43. A propósito de este régimen pensional, se debe prestar especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, en la que se precisaron las reglas para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

44. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión
de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales,
cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales
regímenes son:

(i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 198529, en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos
aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto
se indicó lo siguiente:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

45. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003 —fecha de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003—, se regula por las siguientes reglas, de
conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.

✓ Tiempo de servicio: 20 años.

✓ Tasa de reemplazo: 75%.

✓ IBL que comprende: (i) el periodo del último año anterior de servicio docente; y (ii)
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley
62 de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación, las primas
de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los dominicales y feriados,
28 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
29 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales

para el Sector Público».

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las horas extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

46. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de los
factores que se deben tener en cuenta en la definición del ingreso base de liquidación,
vale la pena aclarar que, además de los antes mencionados, también se deben tener
en cuenta los de naturaleza salarial, de acuerdo con las normas posteriores. Por
ejemplo, la bonificación pedagógica prevista en el Decreto 2354 de 201830.
(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les aplica el
régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. En ese orden,
el ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se hubiesen
realizado las respectivas cotizaciones. En relación con tales docentes, en la sentencia
de unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.
47. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son los siguientes:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.

✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo
9 de la Ley 797 de 2003.

✓ Tasa de remplazo: 65%-85%31, con la precisión de que a partir del año 2005 «[e]l
valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de
liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del artículo 34 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003.

✓ IBL que comprende: (i) el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó
el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión; y (ii) los
factores salariales dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 que son la asignación
básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica (cuando sea factor
de salario), las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean
factor de salario, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la bonificación por
servicios prestados y remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.

30 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
31 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

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48. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado sobre la existencia de normas especiales
que reconozcan que un factor salarial hace parte del ingreso de cotización.

49. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que el
factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de vinculación
inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003. Estas
reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la
jurisprudencia de esta Sección32, de la siguiente manera:
(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la Ley
812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su vigencia.
(ii) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003 mantienen su régimen pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio,
aspecto que cobra especial relevancia en las vinculaciones mediante contratos de
prestación de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera vinculación,
independientemente de la modalidad (carrera docente, provisional o por contrato de
prestación de servicios).

50. Este criterio diferenciador establecido en la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, en garantía de la sostenibilidad
financiera del sistema, sin que se afecten derechos adquiridos.

3.5. Hechos probados

51.Para resolver el interrogante planteado se encuentran acreditados los siguientes
hechos:

(i) Omar Salas Luna nació el 8 de noviembre de 196133. A la fecha en que solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 —12
de febrero de 2021—, tenía 59 años.

(ii) Trabajó como docente, en el departamento de Boyacá, en los municipios de Socha
y Cuitiva, mediante contratos y órdenes de prestación de servicios, en los siguientes
lapsos:

32 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
33 Cédula de ciudadanía de Omar Salas Luna, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, enlace

«visualizar expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida
«15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo
«2ED_2DEMANDAP55OMARSALASLUNA.PDF», página 22.

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Tiempo/término
Contrato/orden de prestación de servicios Periodo establecido en el
contrato
Municipio de Socha – docente en el área de 1 de febrero de 1992 –
matemáticas en el Colegio Pedro José 30 de noviembre de 10 meses
Sarmiento34 1992
Municipio de Cuitiva – prestación de servicios 25 de enero de 1993 –
como profesor licenciado en matemáticas en el 30 de noviembre de 10 meses36
Colegio Municipal Santo Domingo de Savio35 1993
Municipio de Cuitiva – prestación de servicios 1 de febrero de 1994 –
como profesor licenciado en matemáticas en el 30 de noviembre de 10 meses38
Colegio Municipal Santo Domingo de Savio37 1994
TOTAL 2 años y 6 meses

(iii) Se vinculó como docente al servicio de la Secretaría de Educación del
departamento de Boyacá, cuando fue nombrado en provisionalidad mediante Decreto
núm. 003 del 4 de enero de 1995, y en adelante, prestó sus servicios en los siguientes
periodos39:

Tiempo certificado por el
Nombramiento Periodo
FOMAG

Decreto núm. 003 del 4 de 1 de febrero de 1995 –
4 años, 8 meses y 18 días
enero de 1995 18 de octubre de 1999
Decreto núm. 025 del 19 de 19 de octubre de 1999 –
6 años, 2 meses y 11 días
octubre de 1999 29 de diciembre de 2005
Decreto núm. 946 del 24 de 10 de enero de 2006 –
17 años, 5 meses y 27 días
octubre de 2005 6 de julio de 2023
TOTAL 28 años, 4 meses y 26 días

(iv) Frente a la anterior vinculación se debe precisar lo siguiente:

✓ En el expediente obra el documento «Reporte de días acreditados»40 expedido
por Colfondos, que da cuenta que el municipio de Cuitiva efectuó los aportes
correspondientes al demandante, en dicho fondo, entre el 10 de mayo de 2001

34 Certificado expedido por el rector del Colegio Pedro José Sarmiento, visible en: Samai, expediente digital de

primera instancia, enlace «visualizar expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta
comprimida «15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo
«8_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_OMARSALASLUNA_Indice_12.PDF», página 46.
35 Contrato de prestación de servicios, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, enlace «visualizar

expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida
«15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo
«39_MemorialWeb_Respuesta.pdf», página 2.
36 Término establecido en el contrato.
37 Samai, expediente digital de primera instancia, enlace «visualizar expediente», enlace «descargar expediente

con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta
«cuaderno principal», archivo «39_MemorialWeb_Respuesta.pdf», página 3.
38 Término establecido en el contrato.
39 «Formato único para la expedición de certificado de historia laboral», expedido por el FOMAG, visible en: Samai,

expediente digital de primera instancia, enlace «visualizar expediente», enlace «descargar expediente con su nivel
de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno
principal», archivo «39_MemorialWeb_Respuesta.pdf».
40 Reporte de días acreditados, expedido por Colfondo, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia,

enlace «visualizar expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida
«15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo
«29_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_RESPUESTAREQUERIMIE.pdf», páginas 98 a 100.

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y el 5 de febrero de 2004, y completó 150 semanas de cotización. Sin embargo,
en el plenario también se encuentra el «Formato único para la expedición de la
historia laboral»41 que certifica que durante la vinculación reseñada en el cuadro
que antecede, la entidad de previsión social, en la que el demandante efectuó
aportes, fue el FOMAG. En ese orden, a efectos de no computar dos veces el
tiempo de servicio y de cotización, la Sala solo tendrá en cuenta el tiempo
reportado por este último.

✓ El certificado antes mencionado no establece una fecha final de la prestación
del servicio. En esa medida, la Subsección tendrá en cuenta el 6 de julio de
2023, data de expedición del referido documento.

(v) Con fundamento en lo anterior, mediante petición radicada el 12 de febrero de 2021,
el señor Omar Salas Luna solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 198542. Sin embargo, su petición no fue atendida.

3.6. Análisis del caso concreto

52. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia, como
juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de apelación
presentado por la parte demandada.

3.6.1. Del régimen aplicable a la situación pensional del demandante

53. De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación de la parte demandada, el
señor Omar Salas Luna no es beneficiario del régimen previsto en la Ley 33 de 1985,
porque, en su criterio, se vinculó al servicio docente después de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, concretamente, a partir del año 2004, y tampoco cumplió los
requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para que se aplicara la
referida norma por esa vía.

54. De la revisión de los documentos que obran en el expediente, la Sala observa que
el demandante tuvo varias vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios
y de nombramientos como docente en provisionalidad y propiedad, al servicio del
departamento de Boyacá, en los municipios de Socha, Cuitiva y de la Secretaría de
Educación de dicha entidad territorial. Estos ocurrieron con anterioridad y posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, a saber: (i) entre el 1 de febrero de 1992
y el 30 de noviembre de 1994; (ii) del 1 de febrero de 1995 al 29 de diciembre de 2005;
y (iii) del 10 de enero de 2006 en adelante.

55. Frente a lo anterior, la Sala considera pertinente resaltar que la interrupción o
suspensión del servicio oficial docente no determina el régimen pensional aplicable a
una situación jurídica en particular. Lo anterior, por cuanto la jurisprudencia de esta
corporación ha permitido el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
41 «Formato único para la expedición de certificado de historia laboral», visible en: Samai, expediente digital de

primera instancia, enlace «visualizar expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta
comprimida «15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo
«43_MemorialWeb_Alegatos_Indice_52_1.pdf».
42 Solicitud de reconocimiento pensional, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, enlace

«visualizar expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida
«15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo
«2ED_2DEMANDAP55OMARSALASLUNA.PDF», páginas 89 a 97.

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Demandante: Omar Salas Luna
Demandado: FOMAG

docente, teniendo en cuenta la totalidad de los periodos laborados, aun cuando
hubiese discontinuidad entre ellos43.

56. En este orden de ideas, con el fin de definir el régimen pensional aplicable al
accionante, es preciso reiterar que los docentes vinculados con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 gozan del régimen pensional previsto en la Ley
33 de 1985, o el establecido en la Ley 71 de 1988 cuando acumulen aportes por
servicios prestados en los sectores oficial y privado, en la medida en que la Ley 91 de
1989 no restringió su aplicación. Contrario a ello, a los docentes afiliados al FOMAG y
vinculados con posterioridad a dicha fecha se les debe aplicar el régimen de prima
media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de
57 años para hombres y mujeres.

57. Tal y como se indicó, las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de que el señor
Omar Salas Luna ingresó al servicio docente mediante órdenes y contratos de
prestación de servicios, en varios periodos entre el 1 de febrero de 1992 y el 30 de
noviembre de 1994; y luego, ingresó nuevamente al servicio docente, en
nombramiento en provisionalidad, en 1995. En esa medida, queda desacreditada la
afirmación de la parte demandada en la apelación, relacionada con la fecha de ingreso
al servicio y la consecuente aplicación del régimen de prima media.

58. Frente a lo anterior, cabe destacar, como lo ha hecho esta corporación 44, que en
vigencia de la Constitución de 1991, el alcance de los derechos laborales se define a
partir de principios superiores —favorabilidad, prevalencia del derecho sustancial,
primacía de la realidad sobre las formas y pro homine, entre otros—. Esto significa,
que la aplicación e interpretación de las normas debe garantizar los derechos laborales
mínimos. En ese sentido, se ha concluido que, en observancia de tales valores
superiores, el tipo de vinculación no puede impedir el acceso a los derechos mínimos
irrenunciables previstos en la ley. Por esta razón, esta corporación ha indicado que,
en virtud de los referidos principios, y en consideración de la labor docente como tal,
los tiempos laborados mediante contratos de prestación de servicios pueden ser
computados para efectos pensionales.

59. Así las cosas, en el presente asunto se encuentra demostrada la vinculación de
Omar Salas Luna al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003. En consecuencia, le es aplicable la Ley 91 de 1989 y, por ende, la Ley
33 de 1985. Por lo anterior, la respuesta al problema jurídico es positiva.

60. En línea con lo anterior, la Subsección advierte que el demandante cumplió los
requisitos para el reconocimiento de la prestación referida, según la Ley 33 de 1985,
por cuanto completó un tiempo de servicio equivalente a 30 años, 10 meses y 26
días45, y cumplió 55 años el 8 de noviembre de 201646. En esta última fecha consolidó
su estatus pensional, como lo indicó el Tribunal en primera instancia47.

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de septiembre de 2020, rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01 (3514-2019).
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 29 de

mayo de 2024, rad. núm. 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
45 Resultado que se obtiene de sumar el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios, equivalente

a 2 años 6 meses, y el que corresponde al FOMAG, de 28 años, 4 meses y 26 días.
46 Teniendo en cuenta que nació el 8 de noviembre de 1961.
47 En esta fecha, la demandante contaba con un tiempo de servicio de 24 años, 2 meses y 28 días.

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61. Al margen de lo anterior, y frente a lo requerido por la parte demandada en el recurso
de apelación, la Sala precisa que, en caso de que no se hubiesen efectuado aportes
a seguridad social, en los lapsos laborados por el actor mediante contratos de
prestación de servicios —comprendidos entre el 1 de febrero de 1992 y el 30 de
noviembre de 1994—, el FOMAG podrá adelantar las actuaciones pertinentes para
lograr su cobro. Para ello, el monto deberá ser calculado teniendo en cuenta los
honorarios pactados en los contratos celebrados, en la medida en que, en el presente
asunto, no es posible definir la existencia del cargo en la planta de personal, en los
términos expuestos en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201648, como
quiera que los maestros oficiales se encuentran inscritos en el escalafón nacional
docente, que prevé remuneraciones distintas de acuerdo con el grado ocupado, tal y
como lo establece el Decreto 2277 de 197949. En estos términos, la Subsección
adicionará la sentencia para disponer lo que antecede.

3.7. Conclusión
62. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, la Sala
concluye que, en la medida en que el señor Omar Salas Luna se vinculó al servicio
docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, es beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 81 de esta norma. Por consiguiente,
tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley
33 de 1985. Así, al haberse demostrado que tiene más de 55 años de edad y 20 años
de servicio, la Subsección concluye que tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, en los términos de la norma referida. En consecuencia,
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia que concedió las
pretensiones de la demanda, para adicionar la posibilidad de que el FOMAG adelante
las actuaciones pertinentes para lograr el cobro de los aportes dejados de efectuar.

3.8. Costas
63. Lapresente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 50 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio se imponga

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, rad. núm.0088-15, CESUJ2, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
49 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
50 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).

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dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, el 13 de diciembre de
2023, que concedió las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Adicionar que la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio podrá recaudar las cotizaciones en
favor del demandante, en el tiempo en que estuvo contratado a través de contratos y
órdenes de prestación de servicios, en caso de que estos no se hubiesen efectuado.
De igual forma, de no haberlo hecho, el demandante tendrá que realizar las
cotizaciones a su cargo durante su vinculación a través de contratos de prestación de
servicios. Los aportes correspondientes en los referidos periodos deberán ser
calculados teniendo en cuenta los honorarios pactados en aquellos, de conformidad
con la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. No condenar en costas en segunda instancia.

CUARTO. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.

QUINTO. Exhortar al Tribunal Administrativo de Boyacá, para que en el análisis de la
admisibilidad de las demandas, tenga en cuenta las distintas hipótesis en las que
puede surgir el acto ficto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el
acápite de cuestión previa de esta providencia.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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