Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00638-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00638-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2021-00638-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00638-01 (2439-2024)
Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje1
Tema: Concurso público de méritos. Lista de elegibles. Procedimiento
para la exclusión de la lista de elegibles de las personas
incluidas sin reunir los requisitos
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Carlos Emel Ruiz Higuera presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 15-01186 de 2020 y 15-00105 del 2021,
por medio de las cuales el Sena se abstuvo de nombrarlo en el empleo de
instructor, código 3010, grado 1-20, ofertado en la OPEC 58499 de la Convocatoria
436 de 2017, pese a ocupar el segundo lugar de la lista de elegibles.
1 En lo que sigue Sena.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) ordenar el nombramiento en el cargo de instructor, código 3010, grado
1-20, OPEC 58499, del «Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura de la
Regional Boyacá, de la planta global del SENA»; ii) el pago de los conceptos salariales
y prestacionales dejados de percibir desde el 22 de enero de 2020 «fecha en que la
Comisión Nacional del Servicio Civil dejó en firme la inclusión e la lista de elegibles»(sic),
hasta la fecha en que se haga efectiva la respectiva posesión; iii) el reajuste y/o
indexación del valor de las condenas, de conformidad con el artículo 187 del
CPACA; y iv) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:
3.1. Mediante la Convocatoria 436 de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil 4
convocó a concurso público de méritos para proveer la vacancia definitiva de los
cargos «provistos o no mediante nombramiento provisional o encargo, del Servicio
Nacional de Aprendizaje-SENA, conforme a lo dispuesto en los Acuerdos No. 116 de 2017,
modificado por el Acuerdo No. 146 de 2017» (sic).
3.2. Surtidas las etapas del concurso, la CNSC expidió la Resolución
20182120188785 del 24 de febrero de 2018, a través de la cual se conformó la
lista de elegibles para proveer los empleos de carrera del Sena. En dicha lista,
Carlos Emel Ruiz Higuera alcanzó el segundo lugar «para un total de 2 vacantes,
para el de instructor, código 3010, grado 1-20, OPEC 58499, IDP7924 del Centro Industrial
de Mantenimiento y Manufactura de la Regional Boyacá» (sic).
3.3. El 14 de enero de 2019, el Sena le solicitó a la CNSC la exclusión de Carlos
Emel Ruiz Higuera de la lista de elegibles, por considerar que no había cumplido
con la experiencia mínima exigida para ocupar el cargo de instructor, código 3010,
grado 1-20.
3.4. A través del Auto 20192120013734 del 16 de julio de 2019, la CNSC inició la
actuación administrativa para verificar la procedencia de la anterior solicitud y con
la Resolución 20202120019275 del 22 de enero de 2020, lo excluyó de la lista de
elegibles.
3.5. Inconforme con lo anterior, el 21 de febrero de 2020, el demandante presentó
3 Para una mayor comprensión se sintetizarán los fundamentos fácticos acorde con las pruebas
recaudadas en el proceso.
4 En adelante CNSC.
2
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
recurso reposición el cual fue resuelto con la Resolución 8381 del 6 de agosto de
2020, a través de la cual la CNSC revocó la anterior decisión. En consecuencia,
confirmó la inclusión de Carlos Emel Ruiz Higuera en la lista de elegibles de la
Convocatoria 436 de 2017.
3.6. Por medio de la Resolución 15-01186 de 2020, el subdirector del Centro
Industrial de mantenimiento y Manufactura del Sena dispuso abstenerse de
nombrar a Carlos Emel Ruiz Higuera en el cargo para el cual fue seleccionado, al
considerar que no cumplía con el requisito de experiencia mínima relacionada.
Dicha decisión fue confirmada con la Resolución 15-00105 del 2021, al resolver el
recurso de reposición
3.7. Mediante Sentencia de tutela del 1° de julio de 2021, la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá i) amparó los derechos fundamentales del debido proceso y
trabajo de Carlos Emel Ruiz Higuera; ii) dejó temporalmente sin efectos las
resoluciones 15-01186 de 2020 y 15-00105 del 2021, por medio de las cuales el
Sena se abstuvo de nombrarlo en el empleo de instructor, código 3010, grado 1-
20, OPEC 58499 de la Convocatoria 436 de 2017; iii) ordenó al subdirector del
Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del Sena adelantar los trámites
para nombrarlo en período de prueba; y iv) fijó un término de 4 meses para que el
demandante acudiera a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con la
finalidad de establecer la legalidad de los actos por los cuales el Sena se abstuvo
de nombrarlo en período de prueba.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 125 de la Constitución Política; 31 de la
Ley 909 de 2004; y 15 y 16 del Decreto Ley 760 de 2005. En cuanto al concepto
de violación, expuso los siguientes argumentos5:
4.1. El acto acusado infringió las normas en que debía fundarse, al no efectuar el
nombramiento en período de prueba para el cargo objeto del concurso. Asimismo,
en detrimento de los derechos causados con un justo título, desconoció que con la
Resolución 8381 del 6 de agosto de 2020, expedida por la CNSC, culminó el
procedimiento para la exclusión de la lista de elegibles.
4.2. El subdirector del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del Sena
usurpó las competencias de la CNSC, en tanto desconoció las decisiones
5 Samai del tribunal, índice 20, EXPEDIENTE DIGITAL(.zip) NroActua 20,
1_760012333005201800380001EXPEDIENTEDIGI20230414113323, 1. Cuaderno 1.pdf, folios 3 al
22.
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
legalmente proferidas por esa entidad en el trámite del concurso de méritos
«incluidas aquellas que ratificaron la calidad de elegible después de adelantar el
procedimiento establecido en los artículos 15 y 16 del Decreto 760 de 2005 y conculcando
la jurisprudencia existente sobre la materia que erige la lista de elegibles como verdades
actos administrativos particulares y concretos creadores de derechos adquiridos» (sic).
4.3. La entidad demandada desconoció la obligatoriedad de la lista de elegibles y el
deber de nombramiento en período de prueba de sus integrantes previsto en el
artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
4.4. De acuerdo con los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 760 de 2005, a la entidad
demandada no le estaba permitido efectuar de forma unilateral la exclusión de un
integrante de la lista de elegibles porque para tal fin existía un procedimiento
reglado el cual, para su caso particular, culminó con la Resolución 8381 del 6 de
agosto de 2020.
4.5. Por virtud de lo dispuesto en el artículo 93 del CPACA, las listas de elegibles
solo son revocables por la entidad que las profirió -CNSC- por tanto, si el Sena se
encontraba inconforme con ella debió impetrar el medio de control pertinente «lo
que no ocurrió porque a la fecha de presentación de la demanda ya había operado la
caducidad» (sic).
1.2. Contestación de la demanda
4.6. El Sena no contestó la demanda6.
1.3. La sentencia apelada
5. El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia proferida el 10 de agosto de
2023 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la entidad
demandada. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial
aplicable al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente7:
5.1. Las listas de elegibles constituyen actos administrativos que se presumen
legales hasta tanto no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. De ahí que, «una vez las listas de elegibles provenientes de un concurso
de méritos se encuentren en firme, son de obligatorio cumplimiento para las partes, esto
es, para las entidades nominadoras y los participantes del proceso de selección». No
obstante, el Decreto Ley 760 de 2005, estableció el procedimiento por el cual, una
6 Mediante auto del 26 de agosto de 2022, se tuvo por no contestada. Samai del tribunal, índice 18.
7 Samai del tribunal, índice 44.
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vez conformadas las listas de elegibles, las entidades destinatarias de estas
pueden solicitar la exclusión de alguno de los participantes.
5.2. Acorde con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005,
es claro que, para el ingreso a la carrera administrativa, el nominador deberá
proveer las vacantes con estricto respeto de las listas de elegibles que surjan con
ocasión de los procesos de selección de personal adelantados por la CNSC o por
la entidad contratada por delegación de aquella.
5.3. La situación del demandante fue concluida con la Resolución 8381 de 2020, a
través de la cual la CNSC mantuvo incólume su inclusión en la lista de elegibles
de la Convocatoria 436 de 2017, por lo que no le era dable al Sena reabrir la
discusión, al considerar que «debían ser analizados nuevamente los certificados
aportados en el proceso de selección».
5.4. Si bien la entidad demandada edificó la abstención de nombramiento en la
obligación de verificación de requisitos mínimos prevista en el Decreto 1083 de
2015, lo cierto es que «las dudas respecto de esto ya habían sido saneadas» por la
CNSC.
5.5. El desconocimiento de un acto administrativo definitivo «que reconoce derechos
subjetivos a las personas que conforman la lista de elegibles, a través de un acto
administrativo como el de “abstención de nombramiento”, solamente concreta la incursión
en causales de nulidad de este último, habida cuenta que con este se sustrae la
competencia exclusiva de la Comisión, a efectos de modificar la lista de elegibles» (sic).
5.6. Según lo previsto por el artículo 188 del CPACA es procedente la condena en
costas a la parte vencida, en tanto que la actuación desplegada por el Sena obligó
al demandante a acudir a la jurisdicción, aun cuando la situación jurídica de
exclusión de la lista de elegibles ya había sido resuelta por la entidad competente
para tal fin. Además, «se acreditó un desempeño procesal de defensa deficiente por
parte de la demandada, toda vez que la contestación aportada hacía referencia a un
proceso distinto a este», razón por la cual mediante auto del 26 de agosto de 2022
se dispuso tenerse por no contestada.
1.4. El recurso de apelación
6. El Sena interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la decisión con
fundamento en los siguientes argumentos 8:
8 Samai del tribunal, índice 49, 40_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 49.
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
6.1. Aun cuando por mandato constitucional y legal a la CNSC se le facultó para la
administración y vigilancia del sistema de mérito del empleo público, lo cierto es
que los organismos y entidades del Estado que conforman la función pública deben
verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de las personas que van a
ejercer un cargo público, antes de proceder a su respectiva posesión. Dicha
obligación fue encomendada en los jefes de personal o de quien hiciera sus veces,
de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1083 de 2015, modificado por el
Decreto 648 de 2017, so pena de las sanciones disciplinarias.
6.2. La finalización del concurso de méritos no implica el ingreso automático a un
cargo público, comoquiera que, de acuerdo con los decretos 1083 de 2015 y 648
de 2017 «con posterioridad se generar obligaciones de doble vía: i) por un lado del
elegible de cumplir con los requisitos para ser nombrado y posesionado; y ii) por otro lado,
de la administración de verificar el cumplimiento de los requisitos» (sic) para acceder al
empleo público «situación que permite confirmar que el acto administrativo recurrido se
ajusta al derecho y que no se encuentra en curso ninguna de las causales del artículo 93
del CPACA» (sic).
6.3. El subdirector del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del Sena
al encontrar que el demandado no había cumplido con los requisitos «de que trata
el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017» y
los cuales no fueron verificados en el proceso de selección adelantado por la
CNSC, procedió a emitir el acto de «no nombramiento, acto que es sujeto de recurso
de reposición a efectos que el afectado ejerza sus derechos de defensa y contradicción.
Contrario sensu, mal haría el nominador en emitir un acto administrativo efectuando un
nombramiento en período de prueba sin el cumplimiento de los requisitos legales, pues no
sólo está incurriendo en una conducta sancionable disciplinariamente, sino también,
estaría emitiendo un acto administrativo con falsa motivación constituyéndose en un vicio
que invalida el acto vía acción de nulidad» (sic).
6.4. CarlosEmel Ruiz Higuera no cumplió con el requisito de experiencia
relacionada con el ejercicio legal de la profesión como ingeniero electrónico, pues
las funciones certificadas por Sysentec LTDA no corresponden a las establecidas
en el manual de funciones y competencias laborales del Sena para desempeñar el
cargo de instructor, grado 1-20, ofertado en la Convocatoria 436 de2017.
1.5. Trámite en segunda instancia
7. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. Concepto del Ministerio Público
8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto10.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
9. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 11, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si luego de la culminación del
procedimiento de exclusión de la lista de elegibles, previsto por el Decreto 760 de
2005, el Sena se encontraba facultado para abstenerse de nombrar en periodo de
prueba a Carlos Emel Ruiz Higuera, por considerar que no había cumplido con los
requisitos para el ejercicio del cargo ofertado en la OPEC 58499 de la Convocatoria
436 de 2017?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Carrera Administrativa
10. La carrera es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la
administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del
talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de
personal tiene como fin principal garantizar la materialización de los principios de
eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública12, pues a través de este
la administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que
están a su cargo.
11. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano
mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función
pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio
de sus funciones. En efecto, históricamente13 este mecanismo respondió a la
9 Así se indicó en el auto del 22 de abril de 2024, visible en Samai, índice 4.
10 De acuerdo con la constancia secretarial del 12 de septiembre de 2024, índice 9 de Samai.
11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
12 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa.
13 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó
la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que
presten servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscitario de 1957, la creación de la
carrera administrativa para acceder a la función pública.
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
pugna que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso
a la administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una
facultad discrecional del nominador14; de manera que, para contrarrestar los
excesos burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito
en los procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad
del trabajador para realizar una labor.
12. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:
«Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico
de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso
y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia
en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la
objetividad, sin discriminación alguna».
13. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través
del sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la
estabilidad del empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la
confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en
el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales
previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus
funciones observe y cumpla la Constitución, la ley y el reglamento interno, no será
removido de él15. Además, la administración cuenta con la seguridad de que la
función pública será prestada acorde con los principios de eficacia y eficiencia.
14. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera
está determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal, esto
es, implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.
2.2.2. Formas de provisión del empleo público
15. El legislador definió las formas de ingreso y ascenso al empleo público, esto es,
que las vacancias definitivas y temporales existentes en las respectivas plantas de
personal de las entidades y organismos del Estado deben proveerse a través de
las figuras definidas para el efecto.
15.1. Por nombramiento de carácter ordinario para los empleos cuya naturaleza
jurídica es de libre nombramiento y remoción, tal y como lo disponen los artículos
14 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max.
15 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
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23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 del 26 de mayo de 201516.
En todo caso, el servidor debe acreditar los requisitos exigidos para el desempeño
del cargo.
15.2. En encargo es un derecho preferencial que le asiste a los servidores que
ocupan empleos de carrera. En efecto, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, con
las modificaciones que le introdujo el artículo 1 de la Ley 1960 de 201917, autoriza
a efectuar encargos en empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva,
mientras se surte el proceso de selección. Así las cosas, esta modalidad opera
para quienes a) se encuentren inscritos en el régimen de carrera, b) acrediten los
requisitos de ley para su ejercicio, c) posean aptitudes y habilidades propias del
cargo a acceder, d) no hayan sido sancionados en el último año de servicio; y
e) hayan obtenido una calificación sobresaliente en la última evaluación de
desempeño.
15.2.1. En relación con este último requisito, la norma señala que, de no existir
empleados de carrera con evaluación sobresaliente, debe examinarse el personal
de planta que tenga las más altas calificaciones descendiendo del nivel
sobresaliente al satisfactorio; en todo caso, el empleado deberá reunir las
condiciones y requisitos previstos en la ley.
15.2.2. Deesta manera, la jurisprudencia ha señalado que esta modalidad se
constituye en una medida o mecanismo para garantizar la protección de los
derechos del personal de carrera18.
15.3. Laprovisionalidad es una medida «subsidiaria y excepcional que procede
cuando no fuere posible la provisión de los empleos vacantes en las plantas de personal
de las entidades públicas, bajo la modalidad de encargo con servidores de carrera
administrativa»19.
15.3.1. Al efecto, el Decreto 1227 de 2005 dispuso que mientras se elabore la lista
de elegibles para el cargo vacante, la Comisión Nacional del Servicio Civil puede
autorizar el nombramiento en provisionalidad. Esto señala la norma:
16 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
17 «Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras
disposiciones».
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021,
radicado 11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021,
radicado 11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
«Artículo 8. Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de
los empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de
conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004.
El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses, salvo
autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando el concurso no se
hubiere culminado en el término previsto en el presente decreto, caso en el cual este
se extenderá hasta que se produzca el nombramiento en período de prueba.20
Parágrafo transitorio. [Modificado por el Decreto Nacional 3820 de 2005, Modificado
por el art. 1, Decreto Distrital 1937 de 2007, Modificado por el Decreto Distrital 4968 de
2007] La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos y nombramiento
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de
reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el
encargo o el nombramiento provisional no podrán superar los seis (6) meses, término
dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. El nombramiento provisional
procederá de manera excepcional cuando no haya personal que cumpla con los
requisitos para ser encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser
utilizada.
Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de
vacancias temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante
nombramiento provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo
con servidores públicos de carrera, por el término que duren las situaciones
administrativas que las originaron.
Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de
libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.
El carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del
cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido
en el presente decreto, mediante acto administrativo expedido por el nominador».
15.3.2. De tal manera que la provisionalidad, como forma de proveer un cargo, es
una excepción o una forma de provisión extraordinaria y puede darse mientras se
surte el proceso de selección convocado para la provisión del empleo cuya
naturaleza es de carrera administrativa.
15.3.3. Estaforma de provisión del empleo público ha sido desarrollada en el
ordenamiento jurídico colombiano a través de las siguientes normas: Decreto Ley
2400 de 1968, el Decreto reglamentario 1950 de 1973, las leyes 61 de 1987, 27 de
1992, 443 de 1998, 909 de 2004, en las cuales se previó que ante la imposibilidad
de proveer el cargo de carrera administrativa a través del sistema del mérito, se
garantizaría la continuidad en la prestación del servicio público con personal
vinculado en provisionalidad hasta cuando se pueda realizar tal provisión con uno
20 El texto tachado fue declarado NULO mediante sentencia del 12 de abril de 2012, proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-
2005-00215-01(9336-05), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00638-01 (2439-2024)
Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
de carrera, pues no puede existir solución de continuidad en el servicio por
falta de personal.
15.4. Por nombramiento en período de prueba, la entidad nominadora, con sumo
respeto del orden de elegibilidad, y en consideración a las normas que informan la
carrera, designa de la lista de elegibles a las personas que superaron las etapas
del respectivo concurso de méritos, con el fin de que aquella pueda «evaluar los
méritos en relación con las condiciones de ingreso a la carrera judicial y con el desempeño
de las funciones»21 del empleado en su capacidad de adaptación, sus competencias,
habilidades y aptitudes para el ejercicio de la función pública. Una vez finalizado
dicho lapso, el servidor será inscrito en el registro público de carrera o en caso
contrario se declarará insubsistente su nombramiento.
16. Por nombramiento en propiedad se vincula con la administración a aquellas
personas que, además de cumplir con los requisitos generales y especiales para
desempeñar el cargo, han superado las etapas del concurso de méritos o que
siendo de libre nombramiento y remoción lo «desempeñe en propiedad»22.
2.2.3. La oferta pública de empleos de carrera
17. La oferta pública de empleos de carrera23 es el acto por medio del cual la
administración le comunica al ente responsable de la elaboración del concurso de
méritos los empleos que se encuentran vacantes definitivamente, con la finalidad
de que sean provistos a través del respectivo proceso de selección. Este
instrumento se instituye en parámetro para la elaboración de las pruebas e
instrumentos del proceso de selección. Estos a su vez deben ser proporcionales a
las condiciones que se exigen para el desempeño de cada cargo, tal y como lo
prevé el artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015:
«ARTÍCULO 2.2.6.13 Pruebas o instrumentos de selección. Las pruebas o
instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y
potencialidad de los aspirantes y establecer una clasificación de los mismos, respecto
de las competencias requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y las
responsabilidades de un cargo. La valoración de estos factores se hará mediante
pruebas orales, escritas, de ejecución, análisis de antecedentes, entrevistas,
evaluación final de cursos efectuados dentro del proceso de selección y otros medios
técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros de
calificación previamente determinados.
21 Corte Constitucional, sentencias C-295 de 2002 y T-488 de 2004.
22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, concepto del 12 de diciembre de 2002,
expediente 1477. M.P. Susana Montes de Echeverri.
23 En lo que sigue OPEC.
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será escrita o de
ejecución, dependiendo de la naturaleza de las funciones de los empleos a proveer.
[…]» [se resalta]
18. Una vez elaborada la lista de elegibles deben cubrirse las vacantes para las
cuales se efectuó el concurso24, aspecto que depende de la OPEC remitida por la
entidad previamente a la iniciación del concurso, sin perjuicio de lo previsto para la
utilización del Banco Nacional de Listas de Elegibles.
19. En lo relacionado con los parámetros de su reporte, el parágrafo del artículo 29
de la Ley 909 de 2004 señala que la CNSC es el ente responsable de dictar el
procedimiento y los lineamientos para que las diferentes entidades informen, con
la finalidad de hacer viables los concursos.
20. Por su parte, el Decreto 4500 del 5 de diciembre de 200525 indicó que, tanto en
la fase de preselección como en la específica, la CNSC puede modificar cualquier
aspecto de la convocatoria «hasta antes de la fecha de iniciación de inscripciones, o de
la escogencia del empleo en la segunda fase o específica»26. Dentro de los aspectos
referidos por la norma susceptibles de modificación se incluye la OPEC de manera
que no podrán producirse concluidas las etapas allí previstas.
21. Más adelante, el Decreto 051 del 16 de enero de 2018 27, en el artículo 3,
adicionó el artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 2015, para regular la periodicidad
del reporte de empleos vacantes de forma definitiva, según las indicaciones de la
CNSC, enfatizar el proceso planeación conjunta y armónica del concurso de
méritos y la actualización de los manuales de funciones y competencias laborales,
así:
«ARTÍCULO 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los
jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los
sistemas general de carrera y especifico o especial de origen legal vigilados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de manera
definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca.
Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el proceso
de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La convocatoria deberá
ser firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el jefe de la entidad pública
respectiva.
24 Ley 909 de 2004, artículo 31, numeral 4, el cual más adelante fue modificado por el artículo 6 de
la Ley 1960 de 2019.
25 «Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 2004»
26 Artículo 1, parágrafo 2, del Decreto 4500 de 2005.
27 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009».
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Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado su
manual de funciones y competencias laborales y definir los ejes temáticos.
En la asignación de las cuotas sectoriales las dependencias encargadas del manejo del
presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos
destinados para adelantar los concursos de méritos.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de
Presupuesto - EOP y el techo del Marco de Gasto de Mediano Plazo, las entidades del
nivel nacional deberán priorizar el gasto para adelantar los concursos de méritos.
Igualmente, los cargos que se sometan a concurso deberán contar con el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal, de acuerdo con lo establecido en el EOP».
22. El Consejo de Estado ha señalado que la CNSC es la autoridad competente
para elaborar la convocatoria de los procesos de selección, la cual se estructura a
partir de la OPEC definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes
mediante el sistema de mérito. En este sentido, la OPEC se configura como un
acto preparatorio expedido dentro del marco del proceso de planeación y de la
colaboración armónica que debe desarrollarse para la suscripción de la
convocatoria28.
23. En coherencia con lo anterior, se concluye que una de las funciones esenciales
de las entidades públicas para garantizar el adecuado desarrollo de los certámenes
de mérito es la conformación de la OPEC. Este instrumento constituye la base
sobre la cual se diseña la convocatoria, ya que permite precisar la denominación,
nivel, grado, asignación salarial y número de cargos ofertados, así como los
requisitos mínimos para su ejercicio, las competencias exigidas y las funciones
asignadas29.
2.2.4. Firmeza de la lista de elegibles
24. La lista de elegibles es un instrumento jurídico que comprende actos
administrativos de contenido particular y concreto, en tanto allí se define la
situación jurídica de quienes superaron satisfactoriamente un concurso público de
méritos o proceso de selección objetiva de personal, en la medida en que produce
efectos jurídicos directos y definitivos respecto de la forma en que la administración
deberá proveer los cargos objeto del concurso.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2022, radicado
11001-03-25-000-2019- 00204-00 (1330-2019).
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022,
radicado: 11001-03-25-000- 2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00
(1846-2018).
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25. En efecto, de acuerdo con los méritos y capacidades demostrados por los
aspirantes en el concurso, CNSC organiza las listas en estricto orden de
elegibilidad, esto es, en consideración al puntaje obtenido en esos procesos. Por
tanto, comoquiera que estas manifestaciones se constituyen en un derecho
adquirido y no solo en una simple expectativa, una vez se encuentren en firme son
inmodificables e irrevocables por la administración sin el consentimiento expreso y
escrito del particular, salvo expresa excepción legal, pues ellas generan derechos
singulares y producen efectos inmediatos y directos a sus destinatarios.
26. En ese orden, con la conformación de la lista de elegibles se da cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 125 Constitucional y se garantiza el cumplimiento de la
actividad estatal bajo los principios de igualdad, moralidad, transparencia e
imparcialidad, entre otros.
27. Así las cosas, es claro que, por virtud de los atributos de ejecutoriedad y
ejecutividad de los actos administrativos, una vez en firme la decisión que contiene
la lista de elegibles, la administración no puede omitir su cumplimiento, pues
estaría lesionando los derechos fundamentales de igualdad, acceso a la función
pública, trabajo y debido proceso de quienes las integran.
2.3. Caso en concreto
28. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
28.1. Con el Acuerdo 20171000000116 del 24 de julio de 2017, la CNSC convocó a
concurso abierto de méritos para proveer definitivamente empleos vacantes en la
planta de personal del Sena30.
28.2. Mediante la Resolución 20182120188785 del 24 de diciembre de 2018, la
CNSC conformó la lista de elegibles para «proveer dos (2) vacantes de empleo de
carrera identificado con el código OPEC No.58499, denominado instructor, código 3010,
grado 1, del sistema general de carrera del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA,
ofertado a través de la Convocatoria No. 436 de 2017» (sic), así31:
Posición Nombre Puntaje
1 Daniel Ernesto Espitia Becerra 89.54
2 Carlos Emel Ruiz Higuera 83.61
3 Ariel Alexander Albarracín Puerto 81.30
4 Camilo Arturo Acevedo Gutiérrez 79.29
30 Samai del tribunal, índice 3, 4_ED_004_ANEXO2(.PDF) NroActua 3, folios 3 al 30.
31 Samai del tribunal , índice 16, https://drive.google.com/drive/folders/1GZYKhIMUH3nI-
ZyS_zKQp7vq1i8vH5HW?usp=sharing, ANTECEDENTES ACCION DE TUTELA, ANEXOS
CONTESTACION DE TUTELA; 20182120188785_15756_2018. PDF, folios 1 al 3.
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28.3. El 14 de enero de 2019, el Sena le solicitó a la CNSC la exclusión de Carlos
Emel Ruiz Higuera de la lista de elegibles porque «no acreditó la experiencia
relacionada con MECATRONICA. Las certificaciones de la UNAD no indican área y las
demás no están relacionadas con Mecatrónica»32 (sic).
28.4. A través del Auto 20192120013734 del 16 de julio de 2019, la CNSC inició la
actuación administrativa para verificar la procedencia de la anterior solicitud. Para
tal efecto, le concedió 10 días al aspirante para que ejerciera su derecho de
defensa y contradicción33.
28.5. Con la Resolución 20202120019275 del 22 de enero de 2020 34, la CNSC
excluyó a Carlos Emel Ruiz Higuera de la lista de elegibles. Este acto fue objeto
del recurso de reposición y con la Resolución 8381 del 6 de agosto de 202035, la
CNSC revocó la anterior decisión y, en consecuencia, confirmó la inclusión de
Carlos Emel Ruiz Higuera en la lista de elegibles de la Convocatoria 436 de 2017.
28.6. Por medio del Oficio 15-2-2020-005615 del 11 de septiembre de 2020, el
coordinador del Grupo de Apoyo Aditivo Mixto de la regional Boyacá del Sena le
informó a Carlos Emel Ruiz Higuera que, la OPEC 58499 a la cual él aspiró «ha
tenido asignadas sus dos vacantes en la Regional Boyacá, sin embargo, en razón de
algunos movimientos realizados durante el reporte de las vacantes en SIMO en el marco
de la Convocatoria 436 de 2017, una de las IDP fue reportada en la Regional Distrito
Capital. De acuerdo a lo anterior la vacante aun cuando fue reportada en la Convocatoria
436 de 2017 en la Regional Distrito Capital, en la actualidad y con ocasión a los
movimientos realizados en la planta de personal, se encuentra en la actualidad en la
Regional Boyacá y por ello requerimos que nos informe por escrito cuál es su ubicación
geográfica de preferencia es decir si escoge ser nombrado en periodo de prueba en la
Regional Distrito Capital o en la Regional Boyacá»36 (sic).
28.7. A través de la Resolución 15-01186 del 30 de diciembre de 2020, el
subdirector del Centro Industrial de mantenimiento y Manufactura del Sena resolvió
no nombrar a Carlos Emel Ruiz Higuera en el cargo para el cual fue seleccionado,
al considerar que no cumplía con el requisito de experiencia mínima relacionada37.
32 De acuerdo con las consideraciones de las resoluciones 20202120019275 y 8381 de 2020.
33 Ibidem.
34 Samai del tribunal , índice 16, https://drive.google.com/drive/folders/1GZYKhIMUH3nI-
ZyS_zKQp7vq1i8vH5HW?usp=sharing, ANTECEDENTES ACCION DE TUTELA, ANEXOS
CONTESTACION DE TUTELA; 20202120019275. pdf.
35 Samai del tribunal , índice 16, https://drive.google.com/drive/folders/1GZYKhIMUH3nI-
ZyS_zKQp7vq1i8vH5HW?usp=sharing, HISTORIA LABORAL Y ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS; EMELHL. PDF, folios 1 al 6.
36 Samai del tribunal, índice 3, 3_ED_003_ANEXO1(.PDF) NroActua 8.
37 Ibidem, folios 112 al 118.
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Dicho acto fue confirmado con la Resolución 15-00105 del 12 de marzo de 202138.
28.8. Mediante sentencia de tutela del 1° de julio de 202139, la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá i) amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y trabajo de Carlos Emel Ruiz Higuera; ii) dejó temporalmente sin efectos
las resoluciones 15-01186 de 2020 y 15-00105 del 2021, por medio de las cuales
el Sena se abstuvo de nombrarlo en el empleo de instructor, código 3010, grado 1-
20, OPEC 58499 de la Convocatoria 436 de 2017; iii) ordenó al subdirector del
Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del Sena adelantar los trámites
para nombrarlo en período de prueba; y iv) fijó al demandante el término de 4
meses para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con la finalidad
de establecer la legalidad de los actos por los cuales el Sena se abstuvo de
nombrarlo en periodo de prueba.
28.9. A través de la Resolución 15-00573 del 9 de julio de 2021, el subdirector (e)
del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del Sena, le dio
cumplimiento a la sentencia de tutela del 1° de julio de 2021 proferida por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, en consecuencia,
nombró al demandante en período de prueba. Además, precisó que la resolución
«quedaría sin efectos, si el accionante no acude a la jurisdicción dentro del término de 4
meses»40 (sic).
28.10. Con el Oficio 15-2-2021-006635 del 16 de julio de 2021, el coordinador del
Grupo de Gestión del Talento Humano, Sena, regional Boyacá le informó al
demandante que mediante la Resolución 15-00573 del 9 de julio de 2021, fue
nombrado en período de prueba en el cargo de instructor, código 3010, grado 1-
20, OPEC58499, ID7924 del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura de
la Regional Boyacá41.
28.11. El 16 de julio de 202142, el actor presentó escrito de aceptación del cargo, y
el 2243 de ese mes y año allegó los documentos para la posesión del cargo.
38 Ibidem, folios 122 al 135.
39 Samai del tribunal , índice 16, https://drive.google.com/drive/folders/1GZYKhIMUH3nI-
ZyS_zKQp7vq1i8vH5HW?usp=sharing, ANTECEDENTES ACCION DE TUTELA, ANEXOS
CONTESTACION DE TUTELA, FALLO SEGUNDA INSTANCIA 2021-0077.pdf.
40 Samai del tribunal , índice 16, https://drive.google.com/drive/folders/1GZYKhIMUH3nI-
ZyS_zKQp7vq1i8vH5HW?usp=sharing, HISTORIA LABORAL Y ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS; EMELHL. PDF, folios 9 al 12.
41 Samai del tribunal , índice 16, https://drive.google.com/drive/folders/1GZYKhIMUH3nI-
ZyS_zKQp7vq1i8vH5HW?usp=sharing, HISTORIA LABORAL Y ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS; EMELHL. PDF, folios 7 y 8.
42 Ibidem folio 13.
43 Ibidem, folios 14 al 71.
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
28.12. Mediante Acta de Posesión 007 del 2 de agosto de 2021, ante el subdirector
(e) del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del Sena, regional
Boyacá, tomó posesión del cargo de «instructor grado 7, ID7924 y OPEC No. 58499
del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura de la Regional Boyacá»44 (sic).
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
29. El Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones de la demanda
al considerar que si bien el Sena edificó la abstención de nombramiento en la
obligación de verificación de requisitos mínimos prevista en el Decreto 1083 de
2015, lo cierto era que la situación del demandante se había definido con la
Resolución 8381 de 2020, a través de la cual la CNSC mantuvo incólume su
inclusión en la lista de elegibles de la Convocatoria 436 de 2017, por lo que no le
era dable reabrir la discusión. Además, que acorde con la Ley 909 de 2004 y el
Decreto Ley 760 de 2005, las listas de elegibles provenientes de un concurso de
méritos son de obligatorio cumplimiento para las partes.
30. En el recurso de apelación, el Sena solicitó que se revocara la decisión
adoptada en primera instancia, toda vez que la abstención en el nombramiento se
había realizado con fundamento en la obligación de verificar el cumplimiento de los
requisitos prevista en el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, modificado
por el Decreto 648 de 2017, pues el demandante no cumplió con el requisito de
experiencia relacionada con el ejercicio legal de la profesión como ingeniero
electrónico.
31. En ese orden, de la valoración probatoria se tiene que i) con ocasión de
Convocatoria 436 de 2017, Carlos Emel Ruiz Higuera fue inscrito en la lista de
elegibles, en el segundo lugar, para proveer 2 vacantes del empleo de instructor,
código 3010, grado 1-30, OPEC 58499; ii) al considerar que no había cumplido
con el requisito de experiencia relacionada con mecatrónica, el Sena solicitó a la
CNSC, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 760 de 2005 y el artículo
54 de la Resolución 20171000000116 del 24 de julio de 2017, su exclusión de la
lista de elegibles; iii) culminado el trámite de exclusión de lista de elegibles, la
CNSC a través de la Resolución 8381 del 6 de agosto de 2020 confirmó la inclusión
del actor en la lista de la Convocatoria 436 de 2017, OPEC 58499; iv) no obstante,
por medio de las resoluciones15-01186 de 2020 y 15-00105 del 2021, el
subdirector del Centro Industrial de mantenimiento y Manufactura del Sena se
abstuvo de nombrarlo en el cargo para el cual fue seleccionado, al considerar que
no había cumplido con el requisito de experiencia mínima relacionada.
44 Ibidem, folio 72.
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32. Ciertamente, el Decreto 760 de 200545 estableció el procedimiento que debe
surtirse para la exclusión de la lista de elegibles de la persona o personas que
figuren en ella, cuando se haya admitido sin reunir los requisitos exigidos en la
convocatoria o con violación de las leyes o reglamentos que regulan el sistema
especifico de carrera. Para tal efecto, los artículos 14 y 15 de la norma en mención
previeron las siguientes causales para su procedencia:
«ARTÍCULO 14. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista de
elegibles, la Comisión de Personal de la entidad u organismo interesado en el proceso
de selección o concurso podrá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la
exclusión de la lista de elegibles de la persona o personas que figuren en ella, cuando
haya comprobado cualquiera de los siguientes hechos:
14.1. Fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
14.2. Aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción.
14.3. No superó las pruebas del concurso.
14.4. Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en
el concurso.
14.5. Conoció con anticipación las pruebas aplicadas.
14.6. Realizó acciones para cometer fraude en el concurso.
ARTÍCULO 15. La Comisión Nacional del Servicio Civil, de oficio o a petición de parte
excluirá de la lista de elegibles al participante en un concurso o proceso de selección,
cuando compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en la sumatoria de los
puntajes obtenidos en las distintas pruebas; también podrá ser modificada por la misma
autoridad, adicionándola con una o más personas, o reubicándola cuando compruebe
que hubo error, caso en el cual deberá ubicársele en el puesto que le corresponda».
33. Asimismo, en cuanto al acto que decide sobre el trámite de exclusión indicó:
«Analizadas las pruebas que deben ser aportadas por la Comisión de Personal y el
interesado, la Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará la decisión de excluir o no
de la lista de elegibles al participante. Esta decisión se comunicará por escrito a la
Comisión de Personal y se notificará al participante y contra ella procede el recurso de
reposición, el cual se interpondrá, tramitará y decidirá en los términos del Código
Contencioso Administrativo46».
45 «Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional
del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones»
46 Artículo 16 del Decreto 760 de 2005.
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
34. En esa medida, el acto que decide sobre la solicitud de exclusión debe ser
motivado, con base en las pruebas aportadas por las partes intervinientes, y contra
este procede el recurso de reposición, por ende, una vez finalizado el
procedimiento de exclusión, la lista de elegibles adquirirá firmeza47 y se presumirá
legal mientras no haya sido anulado por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo48. En consecuencia, el nominador tiene la obligación de efectuar el
nombramiento en periodo de prueba de quien se encuentra en ella, en estricto
orden descendente de acuerdo con las vacantes, pues, de acuerdo con el artículo
89 del CPACA, dicho acto es de obligatorio cumplimiento tanto para la
administración como para las personas interesadas.
35. No obstante, es posible que al momento de efectuarse el nombramiento en el
cargo de carrera la entidad se percate de que la persona no cumple con los
requisitos para el ejercicio del cargo, en tal caso es deber del nominador adelantar
la actuación administrativa correspondiente que garantice los derechos de
contradicción, defensa y debido proceso de los elegibles, pues no es una decisión
discrecional sino una facultad reglada respecto de los derechos adquiridos de los
inscritos en la lista.
36. Precisamente, el legislador dispuso en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995,
dispuso que el trámite que debe producirse frente al aquellos actos de vinculación
del personal sin el cumplimiento de requisitos para el ejercicio del cargo en los
siguientes términos:
«ARTÍCULO 5o. En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un
cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la
administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la
celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación,
según el caso, inmediatamente se advierta la infracción.
Cuando se advierta que se ocultó información o se aporto documentación falsa para
sustentar la información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la
responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugar, el responsable quedará
inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) años». [se resalta]
37. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad de
la norma mencionada, en las sentencias C-391 del 21 de noviembre de 199649 y
C-672 del 28 de julio de 200150, concluyó:
47 De acuerdo con lo previsto por el artículo 87 del CPACA.
48 Según lo dispuesto por el artículo 88 ibidem.
49
Corte Constitucional, sentencia C-361 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
50
Corte Constitucional, sentencia C-672 de 2001. M.P. Alvaro Tafur Galvis.
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
«Es decir que para esta Corporación, atendiendo el principio de buena fe y la
presunción de legalidad que ostentan los actos de la administración51, amen de tener
en cuenta razones de seguridad jurídica y de respeto a las situaciones jurídicas
subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona mediante
decisiones en firme52, salvo una evidente violación del ordenamiento jurídico, un acto
de carácter particular y concreto solo podrá ser revocado con el consentimiento expreso
del particular.
En una circunstancia de manifiesta ilegalidad, sin embargo, la aplicación del principio
de buena fe deberá operar es en beneficio de la administración para proteger el interés
público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo
a la actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la
presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias.
El acto administrativo que así lo declare deberá en todo caso hacer expresa mención
de dicha circunstancia y de la totalidad de los elementos de juicio que llevaron al
convencimiento de la administración, lo cual implica necesariamente la aplicación de
un procedimiento que permita a la Administración reunir dichos elementos de juicio.
(…)
El artículo 74 que, como se ha visto, remite al artículo 28 del mismo Código y éste a su
vez a las normas relativas a la citación del interesado (art. 14 C.CA.), la oportunidad
para presentar pruebas (Art. 34 C.C.A) y los presupuestos para la adopción de
decisiones (Art. 35 C.C.A), consagra en consecuencia un debido proceso, que de
acuerdo con las circunstancias podrá aplicarse por el funcionario competente al que se
ha advertido de la ausencia de requisitos a que alude la norma atacada.
Si la persona que asumió el cargo sin el cumplimiento de los requisitos obró de buena
fe, circunstancia que ha de presumirse53, la revocatoria del acto respectivo solo podrá
efectuarse previa manifestación de su consentimiento y en cumplimiento del
procedimiento señalado en el artículo 74 C.C.A.
En el caso de que resulte manifiesta la utilización de medios ilegales no solamente
procederá la revocatoria sin necesidad del consentimiento del implicado, respetando en
todo caso el procedimiento señalado en el artículo 74 C.C.A., sino que serán aplicables
las sanciones a que haya lugar dentro del proceso penal o disciplinario respectivo,
incluida la inhabilidad que establece el inciso segundo del artículo 5° atacado».
51
Sentencia T-276/00 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
52 Sentencia T-347/94 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
53 No solo la aplicación del artículo 83 constitucional resulta pertinente, sino que debe tenerse en
cuenta el procedimiento que señalan los artículos 1 a 4 de la Ley 190 de 1995, cuyas previsiones
muestran que la administración y el particular han tenido la oportunidad de verificar el cumplimiento
de los requisitos respectivos y ello tanto en el caso de la designación como en el de la suscripción
del contrato (Sentencia C-236/97M.P. Fabio Morón Díaz)
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
38. Así las cosas, es claro que ante el evidente incumplimiento de requisitos para el
ejercicio de un cargo público o la celebración de un contrato estatal, la
administración solo podrá revocar el respectivo acto administrativo de carácter
particular y concreto con sumo respeto del procedimiento establecido por la ley
para tal fin y, excepcionalmente, solo se podrá prescindir del requisito de
autorización previa ante la evidente actuación fraudulenta del interesado; no
obstante, frente a esta última opción es necesario que el acto que determine la
actuación fraudulenta haga una mención de dicha circunstancia y de la totalidad
de los elementos de juicio que llevaron a dicho convencimiento.
39. En suma, contrario a lo afirmado por la entidad apelante, no es posible entender
la obligación contenida en los decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017, como una
carta abierta para menoscabar los derechos de los particulares, causados y
adquiridos con justo título, pues tal y como quedó expuesto, ante la existencia de
razones objetivas que lo imposibiliten, el nombramiento de las personas que
hubiesen sido incluidas en la lista de elegibles sin reunir los requisitos, es
obligación de la entidad adelantar la actuación administrativa correspondiente,
pero no reabrir el debate que ya fue concluido por la entidad competente y que
goza de presunción de legalidad.
40. Por todo lo anterior, y en tanto que al demandante le asistía el derecho a ser
nombrado en periodo de prueba, en este punto la Sala confirmará la decisión del
a quo.
41. De otra parte, en la providencia apelada el a quo, con fundamento en el artículo
188 del CPACA, condenó en costas a la entidad demandada, esta decisión no fue
objeto del recurso de apelación; sin embargo, por ser un punto íntimamente ligado
con el objeto de la decisión de instancia en esta oportunidad será objeto de análisis.
42. En consecuencia, se advierte que en la providencia apelada el a quo, de manera
restrictiva condenó en costas al Sena sin realizar un examen de aspectos
relevantes para su imposición, como la temeridad o la mala fe en que pudo haber
incurrido la parte vencida, pese a que para ello debió tener certeza de la conducta
desplegada por aquella y comprobar si se causaron dichas costas, razón por la
cual, al no predicarse el mal proceder del demandante, se revocará la decisión del
juez de primera instancia en lo que respecta a este punto.
2.4. Costas
43. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
44. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
45. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma54.
46. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
47. En el caso concreto, como no se evidenció que, actuación temeraria o mala fe,
ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite
procesal, la Sala revocará la impuesta en primera instancia y se abstendrá de
condenar en costas en esta instancia.
4. Conclusión
48. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, luego de la culminación
del procedimiento de exclusión de la lista de elegibles, previsto por el Decreto 760
de 2005, el Sena no se encontraba facultado para abstenerse de nombrar en
período de prueba a Carlos Emel Ruiz Higuera, toda vez que el acto administrativo
contenido en la lista de elegibles gozaba de la presunción de legalidad y era de
obligatorio cumplimiento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
54 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Carlos Emel Ruiz Higuera
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 10 de agosto de
2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en tanto condenó en costas a la
entidad demandada. En su lugar, no se condena.
Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023
por el Tribunal Administrativo de Boyacá que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Carlos Emel Ruiz Higuera en contra del Sena, conforme
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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