Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00808-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00808-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2021-00808-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00808-01 (2136-2025)
Demandante: C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
Tema: Sanción por violación al Sistema General de Riesgos Laborales.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 12 de junio del 2025, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la inaplicación integra para el caso
concreto de la Resolución 784 de 2020, la nulidad de las Resoluciones 00666 del
15 de noviembre de 2019, 080 del 24 de febrero de 2020 y 803 del 12 de abril de
2021, por medio de las cuales fue sancionado con multa.
3. Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, exigió que se
declare que no incurrió en ninguna infracción que justificara la sanción
administrativa impuesta por el Ministerio del Trabajo y, subsidiariamente, que se
reconozca que no estaba obligada a pagar dicha multa. Pretende asimismo la
devolución de los $339.527.560 pagados en cumplimiento de la Resolución 803 del
12 de abril de 2021, ya sea por parte del Ministerio del Trabajo o, subsidiariamente,
por la Fiduciaria La Previsora S.A., administradora de los recursos del Fondo de
Riesgos Laborales.
4. Asimismo, reclamó la responsabilidad administrativa y extracontractual del
Ministerio del Trabajo por los perjuicios materiales derivados de la imposición de la
multa de 410 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, consecuentemente,
la indemnización del daño emergente correspondiente a la actualización monetaria
de la suma pagada, así como del lucro cesante representado en los intereses
moratorios certificados por la Superintendencia Financiera o, subsidiariamente, los
intereses legales causados desde el 26 de junio de 2021 hasta la devolución
1 Archivo denominado «6_ED_003DEMANDA.pdf», el cual puede ser descargado de la pestaña “Visualizar
expediente” de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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Demandantes: C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S.
efectiva de esos recursos. Finalmente, deprecó el cumplimiento de la sentencia en
los términos de los artículos 187 y 192 del C.P.A.C.A.
5. Hechos. Que contrató al señor Guillermo Torres Velandía (q.e.p.d.) como
trabajador minero mediante contrato laboral que inició el 26 de febrero de 2015.
Durante su vinculación recibió inducción, capacitación en seguridad minera,
atención de emergencias y salvamento minero.
6. El 19 de abril de 2017 ocurrió una inundación súbita en la mina “La Cabrerita”,
mientras Guillermo Torres Velandía, Óscar Cárdenas Ravelo y José Rafael
González realizaban labores de mantenimiento, reforzamiento y drenaje. Que la
inundación fue causada por las fuertes lluvias de la época y la acumulación de agua
en labores mineras antiguas o abandonadas ajenas a su operación, sobre las cuales
no tenía control ni conocimiento técnico.
7. Como consecuencia de la emergencia, varios trabajadores lograron evacuar; sin
embargo, Guillermo Torres Velandía y otros dos trabajadores quedaron atrapados.
La empresa activó los protocolos de emergencia y rescate, con apoyo de otras
minas y autoridades. A pesar de ello, el señor Guillermo Torres Velandía falleció por
ahogamiento y así quedó determinado en la investigación del accidente laboral.
8. Sostuvo que, para la fecha de los hechos, cumplía con las normas mineras,
ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, contaba con SG-SST, matriz de
riesgos actualizada, personal capacitado, equipos de drenaje, sistemas de
comunicación, alarmas y programas de prevención del riesgo. Igualmente, afirmó
que el riesgo de inundación había sido identificado y gestionado mediante controles
preventivos.
9. Según la investigación interna, la muerte del trabajador obedeció a una decisión
insegura adoptada durante la emergencia, pues habría intentado salir nadando con
los elementos de protección personal puestos, mientras que los otros trabajadores
sobrevivieron al seguir procedimientos distintos. Indicó que concurrieron
circunstancias de fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero,
representado por quienes explotaron y abandonaron la mina donde se acumuló el
agua.
10. A raíz de ese siniestro, el Ministerio del Trabajo inició investigación
administrativa sancionatoria contra la empresa. Mediante la Resolución nro. 0666
del 15 de noviembre de 2019, notificada el 2 de diciembre de 2019, la Dirección
Territorial Boyacá le impuso una multa de 410 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, por el incumplimiento del deber de protección integral de la salud y
seguridad de sus trabajadores.
11. La empresa interpuso los recursos de reposición y apelación el 16 de diciembre
de 2019 y solicitó revocar esa la sanción. El primero de ellos fue resuelto mediante
la Resolución nro. 080 del 24 de febrero de 2020, que confirmó la primigenia
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decisión. Por su parte, la alzada fue decidida por Resolución nro. 803 del 12 de abril
de 2021, notificada el día 19 de ese calendario.
12. Manifestó que el Ministerio del Trabajo desconoció pruebas que acreditaban el
cumplimiento de las normas de seguridad, aplicó un régimen de responsabilidad
objetiva basado únicamente en la ocurrencia del accidente y omitió valorar
adecuadamente la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un
tercero. También afirmó que esa autoridad la sancionó con base en consideraciones
ajenas al caso y desestimó pruebas técnicas favorables.
13. Adicionalmente, cuestionó la legalidad de la Resolución nro. 784 del 17 de
marzo de 2020, mediante la cual el Ministerio del Trabajo suspendió los términos
procesales por la emergencia sanitaria del COVID-19, para lo cual argumentó que
fue emitida con falta de competencia. Con fundamento en ello, sostuvo que el
término de un año para resolver los recursos venció el 16 de diciembre de 2020, por
lo que la administración perdió competencia para decidir la apelación en el mes de
abril de 2021 y, por demás, operó en su favor el silencio administrativo positivo.
14. Pese a ello, y en cumplimiento de los actos administrativos sancionatorios, la
empresa pagó el 26 de junio de 2021 la suma de $339.527.560 por concepto de la
multa impuesta.
15. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 4, 121, 122 y 215 de la Constitución Política; 38 de la Ley
489 de 1998; 137 de la Ley 1437 de 2011; 4 y 8 de la Ley 776 de 2002. Al desarrollar
el concepto de violación expuso que:
16. Solicitó la inaplicación por inconstitucional y la nulidad de la Resolución nro. 784
del 17 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio del Trabajo, mediante la cual
se suspendieron los términos de los procedimientos administrativos sancionatorios
y sus recursos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
17. Argumentó que el Ministerio del Trabajo carecía de competencia para
suspender esos términos, pues es una materia sometida a reserva legal, por lo que
únicamente puede ser regulada por una ley o por decretos legislativos expedidos
por el presidente de la República durante un estado de excepción, con la firma de
todos los ministros.
18. Afirmó que la Resolución 784 fue expedida el 17 de marzo de 2020, mientras
que la facultad para suspender los términos administrativos nació con la expedición
del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020. En consecuencia, el Ministerio
del Trabajo ejerció una atribución que correspondía exclusivamente al Gobierno
Nacional en ejercicio de facultades legislativas extraordinarias. Por lo que esa
resolución habría sido expedida con violación de los artículos 121, 122 y 215 de la
Constitución Política, los cuales establecen que ninguna autoridad puede ejercer
funciones distintas de las expresamente atribuidas por la Constitución y la ley.
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19. Sostuvo que la demandada se extralimitó en sus funciones al suspender
términos procesales sin contar con habilitación constitucional o legal para ello,
vulnerando el principio de legalidad y la distribución constitucional de competencias.
20. Contestación de la demanda. El Ministerio del Trabajo2 se opuso a las
pretensiones de la demanda al considerar que los actos administrativos
sancionatorios y aquellos que resolvieron los recursos de reposición y apelación
fueron expedidos con plena observancia del debido proceso, el derecho de defensa
y las normas aplicables, por lo que se encuentran ajustados a derecho.
21. Sostuvo que las pretensiones carecen de sustento fáctico y jurídico, pues
durante la investigación administrativa se valoraron las pruebas recaudadas para
verificar el cumplimiento de las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo y del Sistema General de Riesgos Laborales, concluyéndose la
existencia de incumplimientos que no fueron desvirtuados por la empresa
investigada.
22. Indicó que actuó dentro de sus competencias legales y con fundamento en el
material probatorio obrante en el expediente, adoptando la decisión sancionatoria
de manera concordante con los hechos acreditados y las normas infringidas.
Asimismo, destacó que el Ministerio del Trabajo cuenta con facultades de
inspección, vigilancia, control y sanción en materia laboral y de riesgos laborales,
de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 1562 de 2012, la Ley
1610 de 2013 y demás normas concordantes.
23. Finalmente, afirmó que durante toda la actuación administrativa se garantizaron
los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, precisando que la
investigación no tenía por objeto determinar responsabilidades por el accidente
ocurrido, sino verificar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de
seguridad y salud en el trabajo. En consecuencia, propuso las excepciones de
“Legalidad y plena validez de los actos administrativos demandados” e
“Innominada”.
24. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 12 de junio de 2025,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la
demanda. Para ello, precisó:
25. Que la demanda había sido presentada dentro del término legal previsto para el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Tras analizar la fecha
de notificación de la resolución que resolvió la apelación, la suspensión del término
ocasionada por la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de
la demanda, concluyó que no operó el fenómeno de la caducidad, razón por la cual
procedió a estudiar de fondo las pretensiones formuladas por la demandante.
2 Archivo denominado «29_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CONTESTACIONDEDEMA.pdf», ib.
3 Índice 107 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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26. Identificó como asunto principal determinar si procedía la inaplicación de la
Resolución 784 de 2020 expedida por el Ministerio del Trabajo durante la
emergencia sanitaria por COVID-19 y si las resoluciones mediante las cuales se
impuso y confirmó la sanción administrativa estaban afectadas por falsa motivación,
violación al debido proceso o infracción de las normas superiores. Asimismo, debía
establecer si la empresa tenía derecho a la devolución de la multa pagada y a la
indemnización de los perjuicios materiales derivados de dicha sanción.
27. Respecto de la solicitud de inaplicar la Resolución 784 de 2020, la empresa
sostuvo que el Ministerio del Trabajo carecía de competencia para suspender los
términos administrativos durante la emergencia sanitaria pues, según su criterio,
esa facultad correspondía exclusivamente al presidente de la República mediante
decretos legislativos. Sin embargo, el Tribunal descartó este planteamiento al
concluir que la resolución fue expedida por la autoridad competente y que se
encontraba enmarcada dentro de las medidas excepcionales adoptadas para
afrontar la pandemia. La Sala señaló que el Ministerio del Trabajo tenía facultades
para regular el funcionamiento de los procedimientos bajo su responsabilidad y que
la suspensión temporal de términos buscó garantizar la continuidad de la función
administrativa en un contexto extraordinario. Por ello, concluyó que no existía
violación al principio de legalidad ni a la reserva de ley, razón por la cual negó la
solicitud de inaplicación de dicha resolución.
28. Posteriormente, el tribunal examinó las pruebas relacionadas con el accidente
ocurrido el 19 de abril de 2017 en la mina “La Cabrerita”, donde falleció el trabajador
Guillermo Torres Velandia como consecuencia de una inundación súbita. Para ello
valoró la investigación adelantada por la empresa, los informes de la ARL Positiva,
el concepto técnico emitido por dicha entidad, los documentos incorporados al
procedimiento administrativo, así como los testimonios practicados dentro del
proceso judicial.
29. Uno de los aspectos que más influyó en la decisión fue el contenido de la
investigación del accidente laboral y del concepto técnico elaborado por la ARL. En
dichos documentos se identificaron varias causas relacionadas directamente con
falencias de la demandante, entre ellas supervisión deficiente, evaluación
inadecuada de las condiciones de operación, insuficiente identificación de riesgos,
controles e inspecciones inadecuados y falta de atención a las condiciones del
terreno y de las áreas vecinas. Para el tribunal, estos hallazgos demostraron que el
accidente no obedeció exclusivamente a circunstancias externas e imprevisibles,
sino que existieron fallas atribuibles a la empresa en el cumplimiento de sus
obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.
30. El a quo indicó que la evidencia demostró que la presencia de agua en la mina
no era un fenómeno desconocido. De acuerdo con los testimonios rendidos durante
el proceso, dentro de la explotación minera era habitual la existencia de agua y se
utilizaban sistemas permanentes de bombeo para su evacuación. Situación que
permitía concluir que el riesgo hídrico era conocido por la empresa y que,
precisamente por ello, debía implementar medidas más rigurosas de prevención y
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control. Que el hecho de que se utilizaran bombas para extraer agua demostraba
que la presencia de infiltraciones era una condición permanente de la explotación
minera, circunstancia que imponía mayores deberes de vigilancia y prevención.
31. La empresa alegó que la inundación se produjo por la acumulación de agua en
antiguas labores mineras abandonadas, cuya existencia y características
desconocía. Sin embargo, el tribunal consideró que este argumento no la eximía de
responsabilidad. Por el contrario, estimó que la situación evidenciaba una deficiente
evaluación del terreno y de las condiciones geológicas e históricas del área
explotada. Sostuvo que una adecuada gestión del riesgo exigía identificar las
posibles labores mineras antiguas ubicadas en zonas colindantes y valorar los
riesgos asociados a ellas, especialmente en una actividad de alto riesgo como la
minería subterránea. En consecuencia, concluyó que la empresa no realizó una
valoración suficientemente rigurosa de las condiciones del entorno donde
desarrollaba la explotación.
32. Otro aspecto relevante para la decisión fue la diferencia entre contar con
procedimientos escritos de seguridad y aplicarlos efectivamente. La empresa aportó
abundante documentación relacionada con capacitaciones, programas de
seguridad, protocolos de emergencia y elementos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, el tribunal consideró que la existencia
formal de tales documentos no era suficiente para demostrar el cumplimiento de las
obligaciones legales.
33. Retomando las conclusiones de la profesional que participó en la validación del
concepto técnico de la ARL, la Sala indicó que lo determinante era verificar la
implementación real y efectiva de los controles. A juicio del a quo, el accidente reveló
que dichos mecanismos no fueron aplicados de manera adecuada para prevenir un
evento con características como el que finalmente ocurrió.
34. La empresa también alegó que el accidente constituía un evento de fuerza
mayor originado por fuertes lluvias y por la ruptura inesperada de una barrera natural
que permitió el ingreso masivo de agua desde labores mineras antiguas. Sin
embargo, el tribunal descartó este argumento. Señaló que para que exista fuerza
mayor se requiere que el hecho sea imprevisible e irresistible y que, en este caso,
la presencia de agua en la mina era una realidad conocida. Además, la explotación
se desarrollaba en un ambiente en el que precisamente el manejo del riesgo hídrico
era una condición permanente. Por esa razón, consideró que la posibilidad de
inundaciones no podía calificarse como totalmente imprevisible y que la empresa
tenía la obligación de adoptar medidas encaminadas a prevenir o reducir sus
consecuencias.
35. Otro de los argumentos defensivos consistió en atribuir el fallecimiento a la
conducta del propio trabajador. La empresa sostuvo que el señor Guillermo Torres
Velandia decidió lanzarse al agua sin retirarse los elementos de protección personal
que llevaba puestos, situación que habría dificultado su movilidad y terminado por
ocasionar su muerte. El tribunal reconoció que varios testimonios apuntaban a que
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esta circunstancia pudo influir en el desenlace fatal y que otro trabajador logró
sobrevivir precisamente porque se quitó parte de sus equipos antes de intentar salir.
No obstante, concluyó que ello no era suficiente para exonerar al empleador.
36. En la decisión se explicó que, aunque el trabajador tenía experiencia minera y
contaba con capacitaciones en salvamento minero, ninguna de ellas estaba
orientada específicamente a enfrentar una emergencia por inundación súbita.
Además, precisó que el deber legal de protección corresponde principalmente al
empleador y no puede trasladarse al trabajador. Recordó que cuando existe culpa
comprobada del empleador no resulta admisible compensar dicha responsabilidad
con una eventual imprudencia de la víctima. En consecuencia, determinó que la
conducta del trabajador no eliminaba la responsabilidad empresarial derivada de las
falencias previamente identificadas.
37. Con fundamento en todo lo anterior, la Sala concluyó que se encontraba
demostrada la vulneración del literal c) del artículo 21 del Decreto 1295 de 1994,
disposición que obliga al empleador a procurar el cuidado integral de la salud de los
trabajadores y de los ambientes de trabajo, pues la empresa incumplió dicha
obligación porque no adoptó medidas suficientes para el manejo del riesgo de
inundación, no efectuó una valoración adecuada del terreno explotado, no identificó
correctamente los riesgos asociados a labores mineras antiguas cercanas y no
implementó de manera efectiva sus controles de seguridad.
38. En relación con la multa impuesta, examinó el artículo 13 de la Ley 1562 de
2012, que autoriza imponer sanciones de entre veinte y mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes cuando un accidente de trabajo ocasiona la muerte de un
trabajador y se demuestra incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo. Al verificar que la sanción aplicada correspondía a 410 salarios mínimos,
encontró que esta se ubicaba dentro de los límites legales y que guardaba
proporción con la gravedad de los hechos, debido a que el incumplimiento
empresarial había estado ligado a un accidente con resultado fatal.
39. Finalmente, el tribunal estudió la alegada vulneración del debido proceso y
concluyó que tampoco se encontraba acreditada. Destacó que durante la actuación
administrativa la empresa fue notificada de todas las decisiones relevantes,
presentó descargos, aportó pruebas, ejerció recursos y tuvo acceso al expediente.
En consecuencia, consideró que el Ministerio del Trabajo garantizó plenamente los
derechos de defensa y contradicción durante el procedimiento sancionatorio.
40. Recurso de apelación4. Inconforme con la anterior decisión, la parte
demandante interpuso recurso de apelación en los siguientes términos:
41. La Resolución 784 del 17 de marzo de 2020 fue expedida sin competencia, ya
que el trámite administrativo sancionatorio es una materia sometida a reserva de
ley, por lo que la administración no podía suspender los términos de ese tipo de
4 Índice 107, Ib.
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actuaciones por decisión propia. Consecuente con ello, afirmó que la facultad para
adoptar esa medida surgió a partir de la expedición del Decreto Legislativo 491 del
28 de marzo de 2020, es decir, con posterioridad a la emisión de la aludida
resolución. Por ende, dicho acto administrativo es ilegal y debió ser inaplicado por
el tribunal.
42. Reprochó que el a quo haya fundamentado su decisión en pronunciamientos
del Consejo de Estado relacionados con actos administrativos posteriores
expedidos durante la emergencia sanitaria, sin analizar específicamente la legalidad
de la Resolución 784 de 2020. Indicó que la sentencia confundió actos distintos y
omitió estudiar que, al momento de dictarse la resolución inicial de suspensión de
términos, el Ministerio del Trabajo aún no contaba con habilitación legal para
hacerlo.
43. Con base en la pretendida inaplicación, el Ministerio del Trabajo perdió
competencia para resolver los recursos administrativos interpuestos contra la
sanción. Señaló que los recursos de reposición y apelación fueron radicados
oportunamente el 16 de diciembre de 2019 y que, conforme al artículo 52 del
CPACA, debieron resolverse dentro del año siguiente. Sin embargo, el último de
ellos fue desatado con la Resolución 803 del 12 de abril de 2021 —notificada el día
19 siguiente—, cuando ya se había superado el término previsto en el artículo en
cita. Por tales motivos, pregonó que los recursos debieron entenderse fallados a
favor de la empresa.
44. Por otro lado, sostuvo que la sociedad sí cumplió con sus obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo, pues contaba con programas de
prevención, planes de trabajo seguro, capacitación permanente de los trabajadores,
protocolos para atención de emergencias y personal especializado en actividades
mineras. Destacó que el empleado fallecido había recibido formación en salvamento
minero y que la compañía desarrollaba un sistema de gestión de seguridad y salud
acorde con las exigencias legales y técnicas de la actividad extractiva.
45. Refirió que la muerte del trabajador obedeció a un evento de fuerza mayor
derivado de intensas lluvias que ocasionaron la acumulación de agua en una mina
antigua o abandonada que no pertenecía a la empresa, que desconocía las
características internas de esa explotación minera y que no tenía facultades legales
para intervenirla, inspeccionarla o controlar las precipitaciones y acumulaciones de
agua existentes en terrenos ajenos. Por ello consideró que el accidente fue un
hecho imprevisible e irresistible que no puede atribuirse a una conducta negligente
de la compañía.
46. Asimismo, cuestionó la valoración probatoria realizada por el tribunal, ya que la
protección de los trabajadores es una obligación de medio y no de resultado, de
manera que no basta la ocurrencia de un accidente para concluir automáticamente
que existió incumplimiento empresarial. Tanto el ministerio como el tribunal
desconocieron la evidencia documental y testimonial que demostró las medidas de
prevención implementadas por la empresa y otorgaron un alcance equivocado a los
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informes técnicos emitidos por la ARL Positiva, los cuales correspondían a
recomendaciones de mejoramiento y no a hallazgos que acreditaran
incumplimientos graves.
47. Por lo expuesto, solicitó la revocatoria integral de la sentencia de primera
instancia, la inaplicación de la Resolución 784 de 2020, la declaratoria de nulidad
de los actos administrativos sancionatorios expedidos por el Ministerio del Trabajo,
el reconocimiento de la pérdida de competencia de la autoridad administrativa para
resolver los recursos y, finalmente, la declaración de que la empresa no incurrió en
incumplimiento de sus deberes de seguridad y salud en el trabajo.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
48. La admisión de los recursos. Mediante auto de 17 de abril de 20265 se admitió
la alzada. Dentro de la oportunidad legal solo intervino la parte demandada6, quien
reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó
confirmar la providencia impugnada. Por su parte el Agente del Ministerio Público
Delegado ante esta corporación solicitó confirmar la sentencia apelada7.
49. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
50. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.
51. Problemas jurídicos. Le corresponde a la Sala establecer sí:
52. ¿Se debe inaplicar por falta de competencia la Resolución 784 del 17 de marzo
de 2020, a través de la cual el Ministerio del Trabajo, en el marco de la pandemia
por COVID-19, suspendió los términos procesales dentro de las actuaciones
administrativas adelantadas por sus distintas dependencias?
53. ¿El Ministerio del Trabajo perdió competencia para resolver los recursos de
reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 666 de 2019, de
conformidad con lo previsto en el artículo 52 del CPACA?
5
Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
6 Ver índice 11, ib.
7 Ver índice 10, ib.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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54. ¿C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S. incumplió el deber legal de procurar el
cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo
previsto en el literal c) del artículo 21 de la Ley 1295 de 1994?
Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
55. Competencia del Ministerio de Trabajo en materia de investigaciones
administrativas laborales.
56. De conformidad con los artículos 17, 485 y 486 del Código Sustantivo del
Trabajo, corresponde al Ministerio del Trabajo ejercer la inspección, vigilancia y
control del cumplimiento de las normas laborales y demás disposiciones sociales.
57. Para el desarrollo de esta labor sus funcionarios están facultados para requerir
información a los empleadores, solicitar la exhibición de documentos, practicar
visitas de inspección, ordenar medidas preventivas y adoptar las acciones
necesarias para evitar la vulneración de los derechos de los trabajadores. Asimismo,
la ley les otorga la facultad de imponer multas y demás sanciones administrativas
cuando se verifique el incumplimiento de las obligaciones laborales, sin que ello
implique la declaración de derechos individuales o la resolución de controversias
reservadas a la jurisdicción competente.
58. En materia de riesgos laborales10, el Decreto 1295 de 1994 atribuyó al Estado
la función de vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas destinadas a
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En particular, el artículo
56 estableció que la prevención de los riesgos laborales es responsabilidad de los
empleadores, quienes deben implementar y ejecutar de manera permanente las
medidas de seguridad y salud en el trabajo exigidas por la normativa vigente, siendo
además responsables de los riesgos originados en su ambiente laboral.
59. A su vez, el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, modificado por la Ley 1562
de 2012, facultó al Ministerio del Trabajo para imponer sanciones a los empleadores
que incumplan las obligaciones derivadas del Sistema General de Riesgos
Laborales.
60. Entre estas conductas se encuentran la falta de afiliación de los trabajadores al
sistema, el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, la
omisión de los programas de prevención de riesgos laborales, el incumplimiento de
los correctivos ordenados por la autoridad laboral o por la ARL, así como la falta de
reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Las sanciones pueden
consistir en multas de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes e, incluso, en casos de reincidencia o incumplimiento grave, la suspensión
de actividades o el cierre definitivo de la empresa.
10 Ley 1562 de 2012 «[p]or la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones
en materia de Salud Ocupacional».
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61. En el Decreto 4108 de 2011 se definió la estructura y funciones del Ministerio
del Trabajo, se estableció que las Direcciones Territoriales eran las competentes
para ejecutar las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control en materia
de salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Asimismo, les atribuyó la facultad
de adelantar investigaciones administrativas, realizar visitas preventivas a los
centros de trabajo, verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
Sistema de Seguridad Social Integral, vigilar las investigaciones de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, e imponer las sanciones previstas por el
incumplimiento de las disposiciones del Sistema General de Riesgos Laborales.
62. Posteriormente, la Resolución 404 de 2012, emitida por ese mismo ministerio,
asignó expresamente a los directores territoriales la función de adelantar
investigaciones administrativo laborales e imponer las sanciones previstas por las
infracciones relacionadas con el Sistema General de Riesgos Profesionales. La
citada resolución también les otorgó competencia para imponer las sanciones
previstas en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994 por las violaciones a las
normas sobre riesgos laborales.
63. En consecuencia, el ordenamiento jurídico atribuyó al Ministerio del Trabajo, a
través de sus Direcciones Territoriales y funcionarios de inspección, vigilancia y
control, la competencia para investigar, verificar y sancionar las infracciones
relacionadas con las normas de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo,
así como para adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar la
protección de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
empleadores.
64. La caducidad de la potestad sancionatoria en la Ley 1437 de 2011—Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—.
Consciente de las dificultades interpretativas que se produjeron a partir de la
normativa anterior, el artículo 52 ib. recogió la anterior regla jurisprudencial en los
siguientes términos:
«ARTÍCULO 52. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo
dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer
sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión
que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone
la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es
diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos,
so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de
su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado
en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la
responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el
funcionario encargado de resolver.
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde
el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.
La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años
contados a partir de la fecha de la ejecutoria.» (Aparte subrayado declarado
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EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-875-11 de 22 de
noviembre de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.)
65. La anterior regla distinguió la decisión principal de los actos que resuelven los
recursos en sede administrativa, pues: i) estableció que la primera debía ser emitida
y notificada dentro de los tres años siguientes a la ocurrencia del hecho que origina
la sanción, so pena de abrir paso a la caducidad de esa potestad, y ii) frente a los
segundos instituyó la “pérdida de competencia” con la consecuente configuración
del silencio administrativo positivo, si dentro del año siguiente a su debida y
oportuna interposición no se resuelven los recursos pertinentes.
66. En otras palabras, a partir del artículo en referencia, una es la caducidad de la
potestad sancionatoria, que se predica exclusivamente del acto principal y otra es
la “pérdida de competencia” y la concreción del silencio administrativo positivo, que
orbita solamente sobre las decisiones que están llamadas a resolver los recursos
en sede gubernativa.
67. Al examinar la legalidad de la expresión «[s]i los recursos no se deciden en el
término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente»
contenida en el citado artículo, la Corte Constitucional, en la sentencia C-875 de
2011, concluyó que:
«[…] Lo expuesto le permite señalar a esta Corporación que el Congreso de la
República en la norma parcialmente acusada cumplió con el deber de establecer
términos claros y precisos en los cuales la administración tiene que resolver los
recursos presentados contra los actos que imponen sanciones, porque éste es un
aspecto esencial del debido proceso. En ese orden de ideas, el término de un año que
fijó el precepto acusado se ajusta al derecho al debido proceso que se impone en toda
clase de actuación estatal y que le permite al ciudadano, sujeto de la investigación,
conocer con exactitud qué actuaciones debe desplegar el Estado para resolver su
situación.
Por ende, no existe asomo de duda sobre la importancia y la constitucionalidad del
precepto acusado, en cuanto prevé un plazo razonable para que la administración
resuelva el recurso de apelación interpuesto contra una decisión de carácter
sancionatorio. El término de un (1) año se considera más que suficiente para resolver
una impugnación frente a una sanción administrativa.
Contrario a lo que opina el ciudadano Lara Sabogal, la preeminencia de los derechos
fundamentales en el marco de un Estado Social de Derecho exige del Estado
actuaciones céleres y oportunas para garantizar la vigencia de un orden justo y una
forma de lograr ese cometido es a través del establecimiento de plazos precisos y de
obligatoria observancia dentro de los cuales la administración debe desplegar su
actuación, so pena de consecuencias adversas por su inobservancia.
Uno de esos efectos, sin lugar a dudas, es la procedencia del silencio administrativo
positivo, como en el caso objeto de estudio, en donde la administración pierde la
competencia para resolver el recurso interpuesto y el ciudadano que ha recurrido la
decisión sancionatoria queda exonerado de la responsabilidad administrativa. En
últimas, es un apremio para la administración negligente.
[…]
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Hecha la salvedad anterior, la Sala insiste en que la incorporación del silencio
administrativo positivo, en los términos del precepto acusado, garantiza el derecho al
debido proceso del ciudadano investigado y castiga la omisión del funcionario
encargado de conocer la actuación. Se invierte así, una carga que aún hoy debe
soportar el ciudadano, toda vez que en el código vigente, le corresponde a éste acudir
ante la jurisdicción para desvirtuar las razones fictas de la negación del recurso,
mientras que la administración, pese a tener los elementos para emitir una decisión,
guarda silencio contrariando los presupuestos mismos de la organización estatal que
tiene entre sus fundamentos el respeto por los derechos y garantías de los asociados
[…]»
68. Caso concreto. La resolución de los interrogantes planteados.
69. Primer interrogante: ¿se debe inaplicar por falta de competencia la Resolución
784 del 17 de marzo de 2020, a través de la cual el Ministerio del Trabajo, en el
marco de la pandemia por COVID-19, suspendió los términos procesales dentro de
las actuaciones administrativas adelantadas por sus distintas dependencias?
70. Sostuvo la parte demandante que la Resolución 0784 del 17 de marzo de 2020,
mediante la cual el Ministerio del Trabajo adoptó medidas transitorias con ocasión
de la emergencia sanitaria por COVID-19, dispuso en su artículo 2.° la suspensión
de términos para diversos trámites, actuaciones y procedimientos administrativos,
incluidos los procedimientos administrativos sancionatorios y los recursos
interpuestos dentro de estos.
71. Con fundamento en ello, afirmó que la entidad demandada carecía de
competencia para ordenar dicha suspensión, toda vez que el Decreto Legislativo
491 de 2020, cuyo artículo 6.° autorizó la suspensión de los términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, fue expedido
con posterioridad, esto el 28 de marzo siguiente. En consecuencia, la resolución de
marras fue proferida sin sustento legal que habilitara tal decisión.
72. Asimismo, en el recurso de apelación el recurrente manifestó que en ejercicio
del medio de control de nulidad simple demandó la aludida resolución, proceso que
fue radicado en esta corporación con el nro. 11-001-03-24-000-2022-00008-00.
73. Pues bien, observa la Sala que mediante sentencia del 12 de junio de 2026 la
Sección Primera de esta corporación declaró la nulidad del numeral 1.° del artículo
2.° de dicha resolución, al concluir que el Ministerio del Trabajo carecía de
competencia para ordenar la suspensión de términos allí prevista. En esa
providencia se dispuso que los efectos de la decisión operarían hacia el futuro, con
el fin de preservar las situaciones jurídicas consolidadas.
74. Sin embargo, en esa misma decisión se destacó que el Ministerio del Trabajo
expidió posteriormente la Resolución 0876 del 1.° de abril de 2020, con fundamento
expreso en el artículo 6.° del Decreto Legislativo 491 de 2020. En consecuencia,
concluyó que para la fecha de expedición de este último acto administrativo la
entidad sí contaba con habilitación legal para suspender términos en las
actuaciones administrativas de su competencia. Por tal razón, negó la pretensión
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de nulidad respecto de la Resolución 0876 de 2020, al considerar que la suspensión
allí establecida produjo efectos desde su propia expedición y no constituyó una
modificación o convalidación de lo dispuesto en el numeral 1.° del artículo 2.° de la
Resolución 0784 de 2020.
75. De igual manera, la sentencia se pronunció sobre la Resolución 1590 del 8 de
septiembre de 2020, mediante la cual se levantó la suspensión de términos. Al
respecto, señaló que dicho acto administrativo también fue expedido con
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 491 de 2020, norma
que facultaba a las autoridades administrativas tanto para suspender como para
reanudar los términos de las actuaciones a su cargo. En ese sentido, concluyó que
el Ministerio del Trabajo tenía competencia para disponer el levantamiento de la
suspensión previamente decretada mediante la Resolución 0876 de 2020.
76. En ese orden de ideas, si bien le asiste razón a la parte demandante en cuanto
a que la Resolución 0784 de 2020 fue declarada nula por falta de competencia, lo
cierto es que posteriormente se expidió la Resolución 0876 del 2020, acto
administrativo válido y ajustado al ordenamiento jurídico, mediante el cual se
dispuso nuevamente la suspensión de términos con fundamento en el artículo 6.°
del Decreto Legislativo 491 de 2020.
77. Dicha suspensión rigió desde el 1.° de abril de 2020 y hasta el 8 de septiembre
siguiente, data en la que fue levantada mediante la Resolución 1590, produciendo
efectos a partir de su entrada en vigor.
78. Por lo que sigue, la respuesta que amerita el presente cuestionamiento
necesariamente debe ser negativa pues, como quedó dicho antes, el apartado de
la Resolución 0784 del 17 de marzo de 2020, cuya inaplicación se exige, fue anulada
por esta corporación en sentencia del 12 de junio de 2026 y, por contera, orbita
sobre ella el principio de cosa juzgada que impide acudir a la figura excepcional de
la inaplicación reseñada en la alzada.
79. Segundo interrogante: ¿el Ministerio del Trabajo perdió competencia para
resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución
666 de 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 del CPACA?
80. Del material probatorio que reposa en el expediente se encuentra acreditado
que dentro del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por el
Ministerio del Trabajo contra la sociedad demandante, se surtieron las siguientes
actuaciones relevantes11:
• Mediante auto nro. 166 del 6 de febrero de 2018 se ordenó la apertura de
una indagación preliminar en contra de la empresa demandante.
11 Archivos que pueden ser descargados de la pestaña «visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de
primera instancia.
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• El 20 de abril de 2018, la sociedad radicó solicitud de copias del expediente
administrativo. (Folio 270 - 52_MemorialWeb_Respuesta_Indice_50.pdf).
• A través del auto nro. 1448 del 16 de octubre de 2018 se comunicó a la
empresa el inicio de las actuaciones tendientes a adelantar procedimiento
administrativo sancionatorio en su contra. (Folio 1079 -
52_MemorialWeb_Respuesta_Indice_50.pdf).
• Mediante auto nro. 1841 del 12 de diciembre de 2018 se dio apertura formal
al procedimiento administrativo sancionatorio y se formularon los respectivos
cargos. (Folios 1089-1094 - 52_MemorialWeb_Respuesta_Indice_50.pdf).
• Por auto nro. 301 del 28 de febrero de 2019 se declaró precluido el período
probatorio dentro de la actuación administrativa. (Folio 1100 -
52_MemorialWeb_Respuesta_Indice_50.pdf).
• Posteriormente, mediante auto nro. 1469 del 24 de septiembre de 2019 se
dispuso nuevamente la preclusión del período probatorio y se corrió traslado
a la investigada para presentar alegatos de conclusión. (Folio 1156 -
52_MemorialWeb_Respuesta_Indice_50.pdf).
• A través del auto nro. 1659 del 30 de octubre de 2019 se ordenó la
incorporación de pruebas al expediente. (Folios 1165-1167 -
52_MemorialWeb_Respuesta_Indice_50.pdf).
• Mediante Resolución nro. 00666 del 15 de noviembre de 2019 se decidió el
procedimiento administrativo sancionatorio y se impuso a la demandante una
multa equivalente a cuatrocientos diez (410) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. (Folios 1182-1205 -
52_MemorialWeb_Respuesta_Indice_50.pdf).
• Dicha resolución fue notificada por aviso el 2 de diciembre de 2019. (Folio
1215 - 52_MemorialWeb_Respuesta_Indice_50.pdf).
• El 16 de diciembre de 2019, por conducto de su apoderado, la empresa
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión
sancionatoria. (Folios 1219-1222 -
52_MemorialWeb_Respuesta_Indice_50.pdf).
• Mediante Resolución nro. 0080 del 24 de febrero de 2020, la entidad
demandada resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión recurrida.
Esta determinación fue notificada el 19 de marzo de 2020 (Folios 7-15
Archivo 19_ED_016ANEXO.pdf y folio 6 archivo 17_ED_014ANEXO.pdf).
• Finalmente, mediante Resolución nro. 0803 del 12 de abril de 2021 se
resolvió el recurso de apelación en sentido desfavorable a la recurrente y se
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confirmaron las decisiones previamente adoptadas. Este acto administrativo
fue notificado el 19 de abril de 2021 (Folios 1246-1258 - Archivo
52_MemorialWeb_Respuesta_Indice_50).
81. Conforme a las pruebas documentales allegadas al proceso, se encuentra
demostrado que la demandante interpuso los recursos de reposición y apelación el
16 de diciembre de 2019. En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo
52 del CPACA, la administración disponía, en principio, del término de un (1) año
para resolverlos, esto es, hasta el 16 de diciembre de 2020.
82. No obstante, tal como se analizó al resolver el primer problema jurídico, los
términos aplicables a los procedimientos administrativos sancionatorios y a los
recursos interpuestos dentro de estos fueron suspendidos entre el 1.º de abril y el 8
de septiembre de 2020, en virtud de las medidas adoptadas con ocasión de la
emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19. En consecuencia,
dicho período no podía ser contabilizado para efectos del cómputo del plazo previsto
en el artículo 52 del CPACA.
83. Así las cosas, descontado el lapso de suspensión de términos, la entidad
demandada conservaba competencia para resolver el recurso de apelación hasta el
24 de mayo de 2021. Comoquiera que la Resolución nro. 0803 del 12 de abril de
2021 fue notificada el 19 de abril de 2021, resulta evidente que la decisión fue
adoptada y comunicada dentro del término legalmente establecido.
84. Por consiguiente, no se configuró la pérdida de competencia alegada por la
parte demandante, toda vez que la administración resolvió y notificó el recurso de
apelación antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo 52 del CPACA,
contabilizado conforme a las suspensiones de términos válidamente decretadas
durante la emergencia sanitaria.
85. Tercer interrogante: ¿C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S. incumplió el deber
legal de procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los
ambientes de trabajo previsto en el literal c) del artículo 21 de la Ley 1295 de 1994?
86. La demandante indicó en su recurso que tanto el Ministerio del Trabajo como el
tribunal valoraron indebidamente los informes de la ARL Positiva, pues las
observaciones contenidas en dichos documentos correspondían a
recomendaciones y oportunidades de mejora, mas no a hallazgos que demostraran
incumplimientos graves en materia de seguridad y salud en el trabajo. En
consecuencia, concluyó que sí actuó con la diligencia exigible a un empleador
prudente y que no se acreditó una conducta omisiva que justificara la sanción de
410 salarios mínimos impuesta por la autoridad administrativa.
87. La empresa defendió que: (i) cumplía con las medidas de seguridad exigibles;
(ii) capacitaba y entrenaba a sus trabajadores; (iii) el accidente obedeció a una
fuerza mayor asociada a lluvias y a una mina abandonada ajena a su control, y (iv)
la obligación prevista en el artículo 21 de la Ley 1295 de 1994 es de medio, por lo
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que la ocurrencia del resultado fatal no demostraba por sí solo un incumplimiento
de sus deberes legales.
88. El tribunal, por su parte, concluyó que C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S.
incumplió el deber de proteger integralmente la salud de sus trabajadores y de
garantizar condiciones seguras de trabajo, porque no adoptó medidas suficientes
para controlar el riesgo de inundación, pese a que conocía la presencia permanente
de agua en la mina.
89. Consideró que la empresa realizó una evaluación deficiente de las condiciones
de operación, no identificó adecuadamente los riesgos derivados de las labores
mineras antiguas ubicadas en predios vecinos y no implementó controles efectivos
para prevenir una emergencia como la que ocasionó la muerte del trabajador
Guillermo Torres Velandia.
90. Para llegar a esa conclusión, se basó principalmente en la investigación del
accidente realizada por la ARL Positiva y en el concepto técnico de la misma
entidad, documentos que identificaron como causas del accidente la supervisión
deficiente, la inadecuada evaluación de riesgos, la falta de atención a las
condiciones del terreno y controles insuficientes de seguridad. También valoró los
testimonios practicados, especialmente el de la profesional de la ARL, quien explicó
que, aunque la empresa contaba con procedimientos y programas de seguridad,
existieron fallas en su aplicación efectiva. Por ello, la Sala concluyó que el accidente
no obedeció exclusivamente a la fuerza mayor ni a la conducta del trabajador, sino
que estuvo relacionado con omisiones del empleador en sus deberes de prevención,
vigilancia y control.
91. De las pruebas obrantes en el expediente se encuentra acreditado que el 17 de
abril de 2017 el señor Guillermo Torres Velandia (Q.E.P.D.) se encontraba
realizando su labor habitual de mantenimiento en el interior de una mina, y en ese
momento hubo una inundación generando un represamiento de aguas durante 45
horas causando el fallecimiento por ahogamiento del trabajador12.
92. En el informe del grupo investigador conformado por la empresa se dejó
plasmado: «Observaciones del especialista: Las posibles causas, actos o fallas que
ocasionaron el accidente de acuerdo con lo evaluado durante la visita de inspección
y la recolección de las pruebas documentales y testimoniales que dio como
resultado un trabajador fallecido, me permiten concluir que la identificación de
peligros como lo es la presencia de bolsas de agua o la acumulación de aguas
subterráneas en labores antiguas desarrolladas por explotadores diterentes al
actual hace que se dificultan su ubicación, cercanía dimensión y desde luego, las
consecuencias que este pueda llegar a generar en una inundación súbita y esto
sumado a la prisa en la toma de deciciones por parte del trabajador al ingresar al
12 Folio 2 del archivo denominado «52_MemorialWeb_Respuesta_Indice_50», ib.
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agua con sus EPP como factores que restringieron el libre nadar para salir de la
inundacion causandole la muerte».13
93. La empresa aportó actas de capacitación de trabajadores en diferentes
aspectos, formato de inducción del trabajador fallecido, constancias de entrega de
dotación, certificado de socorredor de salvamento minero.14
94. La ARL Positiva remitió a la empresa concepto técnico y recomendaciones del
accidente mortal del trabajador, en el que indicó15:
95. También indicó: POSITIVA ARL realizó la asesoría a la empresa sobre proceso
de investigación de accidentes de trabajo el día 26 de Abril de 2017, se le informa
a la empresa la responsabilidad de realizar la investigación de todos los eventos y
radicar en la ARL la investigación de los eventos graves y mortales de acuerdo a la
Resolución 1401 de 2007, conformación del equipo investigador, metodologías de
Investigación y sanciones16.
13 Folios 18-19, ib.
14 Folios 48-113, ib.
15 Folios 116-117, ib.
16 Folios 118-121, ib.
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96. La empresa demandante aportó manual de sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo, procedimiento de trabajo seguro para la atención y reportes
de accidentes laborales, programa de inspecciones planeadas 2015-2016,
programa de demarcación y señalización de áreas, manuales de inducción y
reinducción, actas de reuniones del COPASS, procedimiento de trabajo seguro,
programa de seguridad, procedimientos para el trabajo en alturas, reglamento de
higiene y seguridad industrial.17
97. En la audiencia de pruebas celebrada el 11 de junio de 2024, el tribunal recibió
la ratificación del concepto técnico emitido por Positiva Compañía de Seguros S.A.,
así como de las recomendaciones y actividades de seguimiento realizadas con
ocasión del accidente de trabajo, prueba que fue decretada de oficio. Inicialmente
se dispuso la comparecencia de las profesionales Mónica Patricia Villamizar y
Maritza Meléndez Lara, quienes suscribieron los referidos documentos. Sin
embargo, ante la manifestación de que Maritza Meléndez Lara no tenía ni había
tenido vínculo laboral directo con Positiva, únicamente se recibió la declaración de
Mónica Patricia Villamizar, profesional especializada de dicha entidad.
98. En su declaración, la testigo manifestó que participó en la elaboración del
concepto técnico que le fue puesto de presente durante la audiencia, junto con una
ingeniera de minas contratada por la ARL para realizar este tipo de procedimientos.
Precisó que su intervención se limitó a funciones administrativas y de validación del
documento, mas no al análisis técnico especializado. Explicó que la inspección en
campo, la evaluación de las condiciones de la mina y la formulación de las
recomendaciones consignadas en los informes fueron realizadas por la ingeniera
de minas Maritza Meléndez Lara, quien suscribió los respectivos documentos
técnicos.
17 Folios 294-938, ib.
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99. Explicó que el concepto se elaboró con base en la investigación presentada por
la empresa y en el informe técnico resultante de la visita realizada a la mina. Señaló
que las causas identificadas en el documento constituyen hipótesis o posibles
causas derivadas del análisis técnico, y no hechos plenamente comprobados. Estas
se clasificaron en causas básicas, relacionadas con factores personales y del
trabajo, y causas inmediatas, vinculadas con actos inseguros del trabajador y
condiciones inseguras del entorno laboral.
100. Destacó que una de las conclusiones del informe fue la existencia de
deficiencias en la evaluación de las condiciones para operar, aspecto atribuido a la
empresa por la insuficiente implementación de controles preventivos. En ese
sentido, precisó que la existencia de procedimientos, programas y documentos de
seguridad no garantiza por sí sola la prevención de accidentes, siendo
indispensable su aplicación efectiva en la práctica.
101. Asimismo, aclaró que la ARL cumple una función de asesoría y prevención
en materia de riesgos laborales, pero no ejerce funciones de vigilancia o control, las
cuales corresponden a las autoridades competentes. Indicó que las
recomendaciones incluidas en el informe tenían como finalidad prevenir la repetición
de eventos similares y fortalecer los procesos de seguridad e investigación de
accidentes dentro de la empresa.
102. Finalmente, señaló que la ingeniera Maritza Meléndez, autora del análisis
técnico, prestaba sus servicios a través de una empresa contratista especializada
en seguridad y salud en el trabajo, pero estaba facultada para emitir conceptos
técnicos en nombre de la ARL Positiva18.
103. Por su parte el testigo Fabián Andrés Caballero Leguizamón, Director de
proyectos de C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S. manifestó que el accidente
ocurrió en el proyecto minero Cabrerita Manto 4 mientras tres trabajadores
realizaban labores de mantenimiento: Guillermo Torres Velandia, José González
Talero y Óscar Cárdenas. Durante la actividad se presentó una entrada súbita y
masiva de agua que bloqueó la única vía de acceso y salida, atrapando a los
trabajadores.
104. Indicó que la empresa activó inmediatamente los protocolos de emergencia,
notificó a la Agencia Nacional de Minería y dispuso equipos de bombeo para
evacuar el agua. Las labores de rescate permitieron encontrar con vida a Óscar
Cárdenas, mientras que Guillermo Torres fue hallado sin vida.
105. Según la investigación interna, la inundación se originó por la ruptura de un
dique natural que separaba la operación minera activa de antiguas labores mineras
abandonadas e identificadas posteriormente, las cuales acumulaban grandes
volúmenes de agua. Afirmó que la empresa desconocía la existencia exacta de
18 Audiencia que puede ser descargada en el índice 120 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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dichas labores y que un evento de esa magnitud era imprevisible y sin antecedentes
en sus 15 años de experiencia en minería subterránea en Boyacá.
106. Destacó que Guillermo Torres era un trabajador altamente capacitado,
socorredor minero y líder en temas de seguridad. No obstante, señaló que una de
las causas determinantes del fallecimiento fue que intentó escapar nadando con
todos los elementos de protección personal puestos, lo que habría limitado su
movilidad en el agua. Resaltó que la empresa cumplía con programas de
capacitación, simulacros, monitoreo de gases, ventilación y demás medidas de
seguridad exigidas para la actividad minera.
107. En su declaración el señor José Rafael González, operario minero y
sobreviviente del accidente, relató que el día de los hechos realizaban labores de
perforación y mantenimiento cuando advirtieron problemas de ventilación, presencia
de polvo y activación de alarmas por gases. Posteriormente descubrieron que una
inundación había bloqueado el ducto de ventilación.
108. Explicó que, al intentar evacuar, sus compañeros decidieron lanzarse al agua
para buscar una salida. Inicialmente permaneció atrás evaluando la situación, pero
luego decidió quitarse las botas y lanzarse para auxiliar a sus compañeros. Durante
el intento de rescate de Guillermo Torres, este perdió fuerzas y se soltó, mientras él
logró sobrevivir y salir del lugar.
109. Señaló que la presencia de agua en la mina era habitual y que existían
sistemas permanentes de bombeo para controlarla. También afirmó que antes de
iniciar las labores se habían realizado las revisiones de seguridad correspondientes
y que la empresa suministraba elementos de protección personal, capacitaciones,
supervisión técnica y protocolos de emergencia. A su juicio, el fallecimiento de
Guillermo estuvo relacionado con el hecho de haberse lanzado al agua sin retirarse
las botas, el casco y otros elementos de protección, los cuales dificultaron su
desplazamiento y capacidad de escape.
110. Finalmente José Alexander Martín Martín, representante legal suplente de
C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S., indicó que conocía el proceso sancionatorio
iniciado por el Ministerio del Trabajo a raíz del accidente ocurrido en 2017, aunque
asumió su cargo con posterioridad a los hechos. Explicó que la empresa atendió los
requerimientos de la autoridad y pagó la multa impuesta para garantizar la
continuidad de las operaciones y la estabilidad laboral de los trabajadores.
111. Respecto del accidente, sostuvo que la empresa contaba con un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, protocolos de prevención, capacitación
permanente y suministro de equipos de protección personal. Resaltó que Guillermo
Torres tenía certificaciones vigentes como socorredor minero.
112. Consideró que el siniestro obedeció a un hecho súbito, excepcional e
imprevisible, causado por una inundación proveniente de labores mineras externas
al área de explotación de la empresa, sobre las cuales esta no tenía control. Agregó
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que, aunque la empresa podía prever riesgos ordinarios como filtraciones de agua,
el evento ocurrido excedía cualquier situación normal de operación minera y
constituía una circunstancia extraordinaria. Asimismo, sostuvo que la reacción
adoptada por el trabajador durante la emergencia influyó en el desenlace fatal19.
113. Dentro del proceso sancionatorio el Ministerio del trabajo concluyó que la
investigación del accidente de trabajo identificó como causas básicas e inmediatas
del siniestro diversas deficiencias asociadas a factores de trabajo, actos y
condiciones subestándar, destacándose la supervisión y liderazgo deficientes, así
como las falencias en la identificación, evaluación y control del riesgo derivado de
la acumulación de aguas subterráneas en la mina.
114. Asimismo, consideró acreditado que la empresa conocía previamente el
riesgo de inundación, pues este había sido identificado en la matriz de peligros y
valoración de riesgos de 2017, donde incluso fue calificado como un riesgo no
aceptable y se habían previsto medidas específicas de intervención y control. A ello
se sumaron las recomendaciones formuladas por la ARL, orientadas a fortalecer los
mecanismos de monitoreo, inspección, prevención y respuesta frente a dicho riesgo.
115. La entidad destacó que, dada la naturaleza riesgosa de la actividad minera,
correspondía al empleador verificar de manera permanente que las condiciones de
seguridad de la explotación fueran adecuadas para el desarrollo de las labores. Sin
embargo, estimó que no existía evidencia de que hubiera realizado las
verificaciones necesarias ni adoptado medidas eficaces para controlar los riesgos
identificados, circunstancia que se reflejó en el accidente que ocasionó la muerte
del trabajador.
116. No ofrece discusión que corresponde al empleador el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales, particularmente
aquellas relacionadas con la identificación, evaluación, control y mitigación de los
riesgos inherentes a la actividad económica que desarrolla. Tratándose de
actividades de alto riesgo, como la explotación minera subterránea, dicho deber se
intensifica en razón de la especial exposición de los trabajadores a eventos que
pueden comprometer gravemente su integridad física y su vida.
117. En el caso concreto, el Ministerio del Trabajo concluyó en los actos
administrativos demandados que la empresa incurrió en incumplimientos
relacionados con la prevención y control de los riesgos presentes en la mina,
destacando, entre otros aspectos, la existencia de una supervisión y liderazgo
deficientes, circunstancia que evidenciaba la falta de una vigilancia adecuada sobre
las condiciones de trabajo y sobre el desarrollo de actividades que comportaban un
riesgo significativo para los trabajadores.
118. Si bien la parte demandante sostuvo que los informes elaborados por la ARL
Positiva contenían únicamente recomendaciones y oportunidades de mejora, y
19 Audiencias que pueden ser descargadas en el índice 120, ib.
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aunque la profesional que compareció a la audiencia de pruebas precisó que las
causas allí consignadas correspondían a hipótesis o posibles causas derivadas del
análisis técnico realizado y no a hechos plenamente comprobados, ello no despoja
de relevancia probatoria a dichos documentos. En efecto, tales informes no
constituyen por sí solos el fundamento de la decisión administrativa, sino un
elemento de juicio que debe ser valorado conjuntamente con los demás medios de
convicción obrantes en el expediente. Desde esta perspectiva, las observaciones
consignadas en ellos permiten identificar circunstancias asociadas a la ocurrencia
del accidente y posibles deficiencias en la gestión preventiva de la empresa, cuya
consistencia debe examinarse a la luz del restante material probatorio.
119. En ese contexto, los informes de la ARL señalaron como causas básicas e
inmediatas del siniestro aspectos relacionados con una supervisión y liderazgo
deficientes, deficiencias en la identificación y evaluación de riesgos, insuficiencias
en los controles e inspecciones y una inadecuada valoración de las condiciones de
operación y del entorno minero. De igual forma, durante la audiencia de pruebas la
profesional que participó en la validación del concepto técnico explicó que la sola
existencia de programas, procedimientos o documentos de seguridad no garantiza
por sí misma la protección efectiva de los trabajadores, siendo indispensable
verificar la implementación real y permanente de los controles previstos dentro de
la operación diaria.
120. No obstante, la Sala precisa que la demostración de la infracción
administrativa no descansa exclusivamente en dichas conclusiones técnicas. En
particular, se encuentra acreditado que la propia empresa había identificado
previamente el riesgo de inundación dentro de su matriz de peligros y valoración de
riesgos, calificándolo como un riesgo no aceptable y susceptible de generar
consecuencias graves para la integridad y la vida de los trabajadores. Tal
circunstancia resulta especialmente relevante, pues evidencia que la existencia del
peligro era conocida por la sociedad con anterioridad a la ocurrencia del accidente.
121. Asimismo, aunque la demandante acreditó la implementación de diversas
medidas de prevención, entre ellas sistemas de bombeo, protocolos de emergencia,
programas de capacitación y procedimientos de seguridad, la controversia no se
circunscribe a la existencia formal de tales mecanismos. Lo que la autoridad
administrativa reprochó fue que, frente a un riesgo previamente identificado y
calificado como no aceptable, no se acreditó la adopción de medidas efectivamente
dirigidas a verificar, monitorear y controlar la eventual acumulación de agua
proveniente de labores mineras antiguas ubicadas en zonas adyacentes a la
explotación. En esa medida, el cuestionamiento no radica en la ausencia absoluta
de instrumentos de gestión del riesgo, sino en la insuficiencia de los controles
implementados frente al peligro específico que la propia empresa había reconocido.
122. Bajo ese entendido, la Sala no comparte la tesis de la demandante según la
cual el accidente obedeció exclusivamente a un evento imprevisible derivado de
labores mineras antiguas ubicadas en predios vecinos o a la conducta asumida por
el trabajador durante la emergencia. Si bien esos factores pudieron concurrir en la
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producción del resultado, ello no desvirtúa que la empresa conocía previamente la
existencia del riesgo de inundación, ni elimina la obligación que le asistía de adoptar
todas las medidas razonablemente exigibles para prevenir o reducir la probabilidad
de su materialización.
123. Precisamente, tratándose de una actividad de alto riesgo como la minería
subterránea, el deber de prevención no se satisface únicamente con la elaboración
de matrices de riesgos, protocolos o programas de capacitación. Dicho deber exige,
además, una evaluación permanente de las condiciones reales de operación y la
implementación de controles eficaces frente a los riesgos identificados. Ello
resultaba particularmente relevante en este caso, dado que la empresa conocía la
posibilidad de acumulaciones de agua asociadas a explotaciones antiguas
cercanas, circunstancia que imponía un estándar reforzado de vigilancia,
seguimiento y control.
124. En ese orden de ideas, la infracción imputada no consistió en la simple
ocurrencia de la inundación ni en la muerte del trabajador, pues ello supondría una
forma de responsabilidad objetiva incompatible con el derecho administrativo
sancionador. La conducta atribuida a la investigada consistió en el incumplimiento
del deber de procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los
ambientes de trabajo, previsto en el literal c) del artículo 21 del Decreto 1295 de
1994, al no acreditar la adopción de controles suficientemente idóneos y efectivos
frente a un riesgo previamente identificado como crítico dentro de su propia gestión
preventiva.
125. En consecuencia, la Sala concluye que la sanción no se sustentó
exclusivamente en el resultado dañoso ni en una inferencia automática derivada del
accidente fatal. Por el contrario, se apoyó en la valoración conjunta de los informes
técnicos, la matriz de riesgos elaborada por la propia empresa, las pruebas
documentales y testimoniales recaudadas dentro de la actuación, elementos que
permitieron a la autoridad administrativa establecer la existencia de una deficiencia
concreta en la gestión preventiva de un riesgo conocido y, por ende, tener por
acreditado el incumplimiento de las obligaciones previstas en el literal c) del artículo
21 del Decreto 1295 de 1994.
126. Esta conclusión resulta acorde con la finalidad preventiva y protectora que
inspira el Sistema General de Riesgos Laborales, el cual impone a los empleadores
el deber de adoptar todas las medidas razonables y necesarias para evitar la
materialización de riesgos previsibles en el desarrollo de las actividades
productivas, especialmente cuando estas, por su propia naturaleza, implican una
alta peligrosidad.
127. Tampoco se advierte vulneración alguna al debido proceso administrativo.
Del expediente se desprende que el Ministerio del Trabajo inició formalmente la
actuación sancionatoria, formuló cargos, decretó y practicó las pruebas pertinentes,
valoró integralmente el material probatorio obrante en el expediente y profirió
decisiones debidamente motivadas. Asimismo, garantizó a la investigada el ejercicio
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pleno de sus derechos de defensa y contradicción, permitiéndole presentar
descargos, aportar pruebas e interponer los recursos de reposición y apelación
contra las decisiones adoptadas.
128. Por lo expuesto, la sanción impuesta no fue el resultado de una actuación
arbitraria o caprichosa de la administración, sino la culminación de un procedimiento
adelantado con observancia de las garantías propias del debido proceso y
sustentado en elementos probatorios que permitieron establecer el incumplimiento
de obligaciones legales a cargo de la empresa. Por ello, la mera discrepancia de la
demandante frente a la valoración probatoria efectuada por la autoridad
administrativa no constituye fundamento suficiente para desvirtuar la legalidad de
los actos acusados. En tal virtud, se confirmará la sentencia de primera instancia,
por las razones expuestas en esta providencia.
129. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por
las razones aquí expuestas.
130. Condena en costas en segunda instancia. La modificación del artículo 188
del C.P.A.C.A., efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en
diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la
condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o
alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
131. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo
188 del C.P.A.C.A., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá
imponer costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se
regirá por las normas del C.G.P.20
132. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.
133. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.
20 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad
corresponde al Código General del Proceso.
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134. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 12 de junio del 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentó C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S. en contra la Nación – Ministerio del
Trabajo.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.
TERCERO. RECONOCER personería al abogado Germán Santiago Jiménez Nivia,
identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1.016.037.570, portador de la Tarjeta
Profesional nro. 284.900 del C.S de la J.21, como apoderado de la demandada,
conforme al poder obrante en índice 11 de la plataforma SAMAI.
CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
21 Certificado de vigencia nro. 859397.
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