Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00831-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2021-00831-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00831-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2021-00831-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
29 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y departamento de
Boyacá
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.
Vinculación a través de contratos de prestación de servicios.
Efectividad de la prestación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 12 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión 4, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Alcira Rodríguez Junco presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en orden a que
1 En adelante Fomag.
2 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
se declarara la nulidad de las resoluciones 02292 del 12 de junio de 2020 y 3953
del 27 de agosto de 2021, por medio de las cuales el secretario de educación de
Boyacá le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación con la inclusión de todos
los factores salariales percibidos en el año anterior a la adquisición del derecho;
ii) el pago de las mesadas atrasadas; iii) el ajuste de valor de las sumas
reconocidas; iv) los intereses de mora sobre las sumas adeudadas, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA; v) el cumplimiento del fallo en los
términos de los artículos 189 y 192 ibidem; vi) la condena en costas a la
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Alcira Rodríguez Junco ingresó al servicio público de educación antes de la
expedición de la Ley 812 de 2003. Tiene más de 55 años de edad, y adquirió el
estatus pensional con fundamento en la Ley 33 de 1985 en enero de 2018, fecha
para la cual se encontraba trabajando como docente de la planta de la Secretaría
de Educación del departamento de Boyacá en el municipio de Ramiriquí.
3.2. Inició labores como docente en el municipio de Cómbita desde el 1 de marzo
hasta el 30 de noviembre de 1996, a través de órdenes de prestación de servicios,
tal y como consta en la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo
Oral de Tunja el 13 de noviembre de 2013, dentro del proceso con radicado 2013-
00066. En esta oportunidad efectuó aportes al Fomag.
3.3. Según consta en la conciliación extrajudicial aprobada por el Juzgado Décimo
Administrativo Oral de Tunja el 28 de enero de 2015, dentro del proceso con
radicado 2014-00161, el municipio de Samacá se obligó a pagar al Fomag los
aportes a pensión por 250 días del año 1997, 285 días del año 1998, y 288 días
del año 1999.
3.4. Se vinculó a través de OPS entre el 18 de febrero y el 12 de diciembre de
2003.
3.5. Tiene aportes en Porvenir entre abril de 2000 y mayo de 2002.
3.6. Fue nombrada como docente en propiedad el 15 de marzo de 2004.
2
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
3.7. Al completar los 55 años de edad y los 20 de servicio oficial, solicitó
a la
entidad territorial el reconocimiento de una pensión de jubilación; empero, la
entidad negó tal petición a través de los actos acusados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53, 58, de la
Constitución Política; los actos legislativos 01 de 2001 y 01 de 2005; las leyes 6ª
de 1945, 4ª de 1966, 5ª de 1969, 43 de 1975, 91 de 1989, 60 de 1993, 115 de
1994, 715 de 2001, y 812 de 2003; y los decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947,
3135 de 1968, 1868 de 1969, y 2277 de 1979.
5. En cuanto al concepto de violación expuso que los actos acusados
desconocieron el régimen pensional aplicable a la docente quien se vinculó al
magisterio antes del 26 de junio de 2003 como docente al servicio del
departamento de Boyacá, por lo que puede beneficiarse de la pensión reclamada 3.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en lo
siguiente4:
6.1. Si bien la demandante aludió a que laboró a través de órdenes de prestación
de servicios en el municipio de Samacá, para que surja el derecho al pago de
prestaciones sociales a favor de un contratista, debe desvirtuarse la relación
contractual y dar paso a una laboral.
6.2. El municipio de Samacá no ha dado cumplimiento a la sentencia proferida por
el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja a través de la cual se dispuso el
traslado al Fomag de los tiempos comprendidos entre los años 1997 y 1999.
6.3. La demandante solo se vinculó al servicio educativo oficial el 15 de marzo de
2004 por medio de una relación legal y reglamentaria, de manera que no acreditó
el requisito dispuesto en la Ley 812 de 2003.
6.4. Propuso como excepciones las siguientes: i) legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad; ii) la demandante no es beneficiaria de las
3 Índice 3 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 2 en documento pdf.
Páginas 2 a 18.
4 Índice 9 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 12 en documento pdf.
3
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
disposiciones normativas que se alegan; iii) factores salariales que integran el
ingreso base de liquidación; sentencia de unificación del 25 de abril de 2019
proferida por el Consejo de Estado; iv) ineptitud de la demanda por carencia de
fundamento jurídico; v) cobro de lo no debido; e vi) improcedencia de la condena
en costas.
7. El departamento de Boyacá solicitó negar las pretensiones de la demanda, con
fundamento en que no es la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá
quien reconoce y paga la pensión de jubilación, pues ello corresponde al Fomag a
través de la Fiduciaria La Previsora, por lo que propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva5.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4 profirió sentencia el 12
de septiembre de 2023 mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos6:
8.1. Previo a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (26 de junio de 2003) la
demandante laboró al servicio público docente en periodos comprendidos entre
1996 y 1999 en los cuales, por orden judicial, se dispuso el cómputo de dichos
periodos para efectos pensionales y el traslado de los aportes al Fomag.
Igualmente, desde el 15 de marzo de 2004 hasta el 13 de junio de 2018 (fecha de
expedición de la historia laboral) en atención a una vinculación legal y
reglamentaria, prestó sus servicios como docente nacional, con aportes a ese
fondo.
8.2. No obstante, para el lapso comprendido entre el 18 de febrero y el 15 de
diciembre de 2003, en el que laboró como docente al servicio de departamento de
Boyacá en la Institución Educativa Técnica La Libertad, no hubo aportes, lo que
conduce a considerar que si bien a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
se desempeñó como docente, lo cierto es que no se acreditaron los aportes a
pensión para ese momento, requisito sine qua non para el reconocimiento de la
pensión con arreglo al régimen anterior solicitado por la parte actora.
8.3. Sin embargo, debe analizarse el derecho pensional con base en las normas
que eventualmente le serían aplicables, teniendo en cuenta el carácter
irrenunciable de la prestación y que a través de ella se materializa el derecho
fundamental a la seguridad social, además de la aplicabilidad del principio iura
5 Índice 11 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 26 en documento pdf.
6 Índice 45 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo en documento pdf.
4
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
novit curia en materia pensional, el cual es compatible con el objeto de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, que se dirige a «la efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden
jurídico» de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del CPACA.
8.4. Comoquiera que la vinculación legal y reglamentaria de la demandante al
servicio educativo oficial se efectuó con posterioridad a la Ley 812 de 2003, esto
es, el 25 de febrero de 2004, y que tomó posesión del cargo el 15 de marzo de
ese año, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 812 de 2003, en concordancia con
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, para configurar el derecho a la pensión de
vejez se deben acreditar 57 años de edad, y las semanas de cotización que prevé
el artículo 33.2 de la Ley 100.
8.5. Alcira Rodríguez Junco nació el 8 de abril de 1961, es decir que cumplió 55
años de edad el 8 de abril de 2016; y a 13 de junio de 2023 había cotizado un total
de 1276,46 semanas; de manera que para el límite temporal señalado (en
atención a la fecha de la expedición del último certificado de tiempo laborado del
13 de junio de 2023), no ha cumplido el presupuesto de semanas mínimas
cotizadas para adquirir el derecho a la pensión de jubilación prevista en el régimen
general.
8.6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la
condena en costas solo puede imponerse cuando de forma evidente la demanda o
su oposición carezca de sustento jurídico; sin embargo, en este caso no se
configura ese supuesto, pues la tesis de la parte actora contó con sustento
argumentativo, a pesar de que no fuera aceptada.
1.4. El recurso de apelación
9. Alcira Rodríguez Junco presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente7:
9.1. ElFomag debe reconocerle una pensión de jubilación por aportes de
conformidad con lo dispuesto en las leyes 71 de 1988, 91 de 1989 y 812 de 2003,
es decir, tomando como base de liquidación, el 75% del promedio de lo
devengado en el último año anterior a la adquisición de su estatus pensional,
incluyendo la totalidad de los respectivos factores salariales devengados.
9.2. El tribunal no tuvo en cuenta los principios de favorabilidad y progresividad que
se encuentran establecidos en la Constitución. En tal sentido, el Consejo de
7 Índice 50 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo en documento pdf.
5
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
Estado ha reiterado en diferentes sentencias que, sin importar el tipo de
vinculación, se debe tener en cuenta la prestación real del servicio por parte de los
docentes para efectos de calcular los tiempos requeridos para acceder a la
pensión que el docente reclama, puesto que lo único que determina el régimen
aplicable al educador es la fecha de vinculación8.
9.3. La línea jurisprudencial consolidada del Consejo de Estado señala que la labor
del docente contratista no es independiente, sino que el servicio se presta de
manera personal y subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del
servicio público de la educación; y lo cierto es que la modalidad de prestación de
servicios no desvirtúa el carácter personal de su trabajo, incluso no es ajeno a la
dependencia existente con los servicios públicos de educación, porque, al igual
que los docentes servidores públicos i) siempre se encuentran bajo la dirección,
inspección y supervisión de los organismos de gestión educativa, por lo que
carecen de autonomía en el desempeño de sus funciones, ii) cumplen las órdenes
de sus superiores y iii) desempeñan sus tareas durante la jornada laboral de
acuerdo con el calendario académico de la institución donde laboren, por lo que
bajo el principio de practicidad de forma e igualdad, merecen especial protección
por parte del Estado.
9.4. La demandante trabajó en los municipios de Cómbita y Samacá en el
departamento de Boyacá desde el año 1996; de manera que, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 estaba excluida de su
aplicación, lo que le permite regirse, en materia pensional, por las leyes 33 y 62 de
1985, 91 de 1989 y 812 de 2003.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto10.
8 Al efecto citó la sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 3061-2021, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
9 Tal y como se indicó en el auto del 12 de febrero de 2023. Índice 5 de Samai.
10 Así se desprende del informe secretarial del 10 de abril de 2024. Índice 9 de Samai.
6
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscriben a
establecer lo siguiente: ¿Alcira Rodríguez Junco cumple con los requisitos legales
para ser beneficiaria del régimen de transición dispuesto en el artículo 81 de la Ley
812 de 2003?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
13. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, la
invalidez, la enfermedad o la muerte12. La norma le otorgó en su inciso segundo la
calidad de «derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho
fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas13.
14. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e
implementar el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas
que, de manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese
11 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del
superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
12 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
13 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
7
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
servicio público y lograr su satisfacción14. Este mandato lo cumplió con la
expedición de la Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral»
con el fin de «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social»15. El
sistema quedó conformado por 4 componentes o subsistemas: el Sistema General
de Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
15. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él
unificó los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa
y fue expuesto en sus antecedentes legislativos16. Está integrado por 2 regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que
reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.
16. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes debían cotizar a sus
subsistemas.
17. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema
integral de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al
Fomag, para lo cual dispuso:
14 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una
materia racionalmente enlazados entre sí».
15 Preámbulo y artículo 6.
16 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de
regímenes pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de
entidades, lo cual se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la
deserción de entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para
centralizar y homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas
pensionales vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público
tendrían un régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría
a través de los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e
instituciones previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y
respecto a las pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios
extraordinarios en el sector público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los
trabajadores y los recursos propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de
terceros, y tendrán que: constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la
República Gaceta No. 087 -1992 páginas 11 y 12.
8
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a
cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.
Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor
de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que
para el efecto se expida». [Resalta la Sala].
18. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; y v) los servidores de la Empresa Colombiana de
Petróleos vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200317.
19. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
20. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente
nacional, nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de
los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Prestaciones sociales a
Tipo de vinculación Entidad responsable
docente cargo
Las causadas hasta
La extinta Cajanal y el Fondo
29/12/1989 y en adelante,
Vinculados por Nacional del Ahorro o las que
los reajustes y la sustitución
Nacional nombramiento del hicieren sus veces.
de pensiones
gobierno nacional
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las respectivas entidades
Las causadas hasta el territoriales o las cajas de
31/12/1975 y en adelante, previsión, o las entidades que
Vinculados por
los reajustes y la sustitución hicieren sus veces, a las
nombramiento de
de pensiones cuales venía vinculado este
Nacionalizado entidad territorial
personal
antes y después del
1/1/1976 (Ley 43/75) Las causadas en el período La Nación o las respectivas
de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
– 31/12/1980), los reajustes cajas de previsión, o las
y la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
17 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
9
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las respectivas entidades
territoriales o las cajas de
previsión social, o las
entidades que hicieren sus
Las causadas y no pagadas
veces, a las cuales estaba
entre el 1/1/1981 y el
vinculado dicho personal.
29/12/1989
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
21. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen
prestacional con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad
anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor,
los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1 de enero de 1990 en
adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados
públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969
y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
22. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1 de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
23. La Ley 60 de 199318 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
18 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el
porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito
Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios
públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de
los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
10
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del
régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les
aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas
antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y
sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de
previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que
se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
24. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de
200619, sobre el tema objeto de análisis, precisó:
«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es
de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la
citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las
autoridades locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por
eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados
territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional;
claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen
local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en
la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya
se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de
1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley,
tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el
régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los
Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente
no consagra un régimen especial en materia de pensión de jubilación – derecho de
los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que ratificar el régimen de
jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985,
seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la
Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo
disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el
carácter de ‘especiales’». [Se resalta].
25. Ahora bien, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen
exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
11
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
los docentes nacionales y nacionalizados. Esta norma dispone que los empleados
oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y lleguen a
la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.
2.2.2. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
26. El Acto Legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003»
(parágrafo transitorio 1º).
27. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200320, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán
los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de
la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para
salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del
monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y
pensiones».
28. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación,
20 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones
que le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
12
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
en sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201921, precisó:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o
vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes
está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo
oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres».
29. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se
deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los
factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes
de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no
se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
21 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
13
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 ‘Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones’. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985,
se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período
del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido
de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que
son: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.». [Se resalta]
30. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en ese
fallo se sostuvo:
«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene
que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se
unificó para hombres y mujeres en 57 años22. Esto quiere decir, que para el ingreso
base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto
en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158
de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».
22 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de
2003 y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
14
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
31. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección23, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende
de si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la
Ley 812 del 2003, así:
31.1. Losdocentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003
vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán
derecho a adquirir la pensión de jubilación prevista en el régimen anterior que le
sea aplicable; y
31.2. Loseducadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán
acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de
cotización establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad
(sin importar el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para
hombres y mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de
labores (artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el
Decreto 1158 de 199424.
2.2.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de
prestación de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del
reconocimiento pensional
32. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado
Social de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores25. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre
otros, que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
25 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
15
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
33. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente
contratista surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se
prestó el servicio, pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da
lugar a una verdadera relación laboral con él.
34. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el
carácter de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar
con su personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 26,
y que, por lo tanto, a la luz del principio de « primacía de la realidad sobre las
formalidades» establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los
elementos propios de esta vinculación27 da lugar al reconocimiento de una relación
laboral.
35. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1628
concluyó, luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición
contenida en los artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de
1994, que la prestación del servicio por parte del docente contratista no es
independiente y, por el contrario, que es personal y subordinada a las
instrucciones de las autoridades educativas y a los reglamentos del servicio
público de educación. En tal virtud, se indicó que al existir una relación laboral le
asistía el derecho al reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el
pago de las prestaciones sociales.
36. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199429 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y
fijaban un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de
servicios. La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte
26 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el
término estrictamente indispensable».
27 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
29 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo
primero del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el
periodo académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
16
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
Constitucional en la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador
no podía, so pretexto de hacer una incorporación gradual de los docentes
contratistas a las plantas de personal, disponer en el periodo de transición (6
años) la coexistencia en aquella de docentes vinculados como empleados públicos
y otros contratados por prestación de servicios.
37. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es
la ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter
de irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la
ley solo se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no
cuando el causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
38. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no
estaban autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal
y reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los
derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de
vinculación que no tiene justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo
expuesto en la sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la
Ley 60 de 199330 y luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199431; y el hecho de
que los docentes contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de
los empleados públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse
los derechos laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades
materiales que históricamente se han pretendido eliminar32. Por el contrario, estos
debían ser protegidos y garantizados.
39. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron
a las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
30 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
31 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
32 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
17
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar
injustificadamente una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función
administrativa a la que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a
expensas de la dignidad humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y
posibilidades para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un
servicio público. Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente
ventaja, la modalidad contractual como opción complementaria de la estatutaria.
Definitivamente, no es ésta la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo
sacrifica, al cifrar la obtención de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con
manifiesta violación de los derechos fundamentales, extrae a un grupo de maestros y
profesores.»
40. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un
obstáculo para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las
normas prevén. Una interpretación contraria conllevaría a mantener las
condiciones de desigualdad e inequidad y detrimento de la dignidad humana,
como principio fundante del Estado social de derecho, de un grupo importante de
la población, que desarrolla una labor trascendental para la sociedad.
41. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado33, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999,
radicado: 16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no
es la modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los
servicios. Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte
Luna, Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a
través del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede
haberse vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las
normas que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado,
pueda ser cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como
trabajador oficial... "
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
18
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
42. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente,
en asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre
su trascendencia, ha señalado que implica que « las normas han de ser interpretadas
en favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de
que los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor
calidad de vida de las personas»34. En ese orden «impone aquella interpretación de las
normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia
de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»35.
43. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la
vinculación por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y
por las características de la labor desempeñada en estos casos, permite su
cómputo para efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como
empleados públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del
Estado que no puede afectar sus derechos laborales.
44. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de
desigualdad material que afectan a un sector de la población sin justificación
constitucional.
45. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de
34 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
35 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018
radiado: 05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-
438 de 2013.
19
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
vincular al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir,
desconoció las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas
de personal a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las
prestaciones sociales propias de los empleados públicos.
46. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación 36, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
47. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200337 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o
de la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de
manera que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los
docentes estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es
responsabilidad de la entidad que se benefició de los servicios del docente o de la
administradora a la cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación
impone al fondo la obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la
norma para adelantar los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
48. En efecto, el artículo 2338 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador
que no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés
moratorio igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
37 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
38 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos
señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige
para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de
reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos
afiliados, según sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
20
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
establece consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública
de ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la
consignación oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de
asegurar el cumplimiento de la ley, los artículos 2439 y 5740 ibidem permitieron que
la entidad administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los
aportes adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
49. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.2.4. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso
de los docentes
50. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía
recibir dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales
determinaran las leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de
que se establecieran excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron
«determinadas» por el presidente de la República, quien en ejercicio de facultades
extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de 196041, dentro de las cuales incluyó
«[l]as asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo42». Asimismo, el artículo 5
del Decreto 224 de 197243 señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía]
incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario
est[uviera] mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro
forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad».
51. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
39 «Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
40 «Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen
de Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos
sus créditos».
41 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el
artículo 64 de la Constitución.
42 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
43 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
21
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de
las descentralizadas» [Se resalta].
52. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].
53. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó44:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no
de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia
dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del
Decreto 224 de 1972 […]
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].
54. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003,
radicado 05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
22
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
se destacan las siguientes disposiciones:
54.1. Elartículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del
Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
54.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que «[e]l régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de
remuneraciones»; y
45
54.3. El artículo 19 de Ley 344 de 1996 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio,
hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo
hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente
después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
55. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación
con el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como
docentes oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser
afiliados al Fomag.
56. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.
57. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
45 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
23
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran
el derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de
optar por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar
de la pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que
cumpla la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de
manera expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la
Corte Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional
de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de
1993 y 115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
Adicionalmente, la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la
profesionalización y dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es
claro el interés constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes
han cumplido con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la
mejor formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una
razón constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro
forzoso, para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se
estudia, y que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se
resalta].
58. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores
públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por
una de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de
la pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir
la edad de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos podrán
disfrutar de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin
embargo, nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes
oficiales, por cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993
y 115 de 1994, disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la
pensión y el salario percibido con ocasión del ejercicio docente. En ese sentido, se
refirió la Corte Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
24
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.» [Se resalta]
59. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200246 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de
jubilación, vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones
docentes o directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre
otros, por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
60. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las
pensiones de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a
los cuales deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes -
los cuales como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a
ellos debe remitirse el Gobierno» [Se resalta].
61. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la
remuneración de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del
Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras
disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal, prevén que
«[n]adie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el
artículo decimonoveno de la ley 4ª de 1992»47.
62. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el
caso de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con
la regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones
jurisprudenciales expuestas.
46 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»
47 Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
25
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
63. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
63.1. Alcira Rodríguez Junco nació el 8 de abril de 1961, según consta en la copia
de su cédula de ciudadanía48.
63.2. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja profirió sentencia el
13 de noviembre de 2013, por la cual declaró la existencia de una relación laboral
entre la demandante y el municipio de Cómbita, desde el 1 de marzo hasta el 30
de noviembre de 199649.
63.3. Por auto del 28 de enero de 2015, esa autoridad judicial aprobó el acuerdo
conciliatorio al que llegaron el municipio de Samacá y Alcira Rodríguez Junco ante
la Procuraduría 68 Judicial I para asuntos administrativos, en audiencia del 27 de
agosto de 2014 y en el que se acordó que el ente territorial mencionado pagaría
por concepto de aportes a pensión a su favor los tiempos laborados entre los años
1997 y 1999 [250 días en el año 1997, 285 en el año 1998, y 282 en el año 1999]
para lo cual trasladaría al Fomag $1.541.659 más el cálculo actuarial. Lo anterior
con fundamento en la existencia de la relación laboral declarada mediante
sentencia del 9 de agosto de 2011 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo
de Tunja, dentro del proceso con radicado 2003-347650.
63.4. De acuerdo con el certificado de historia laboral expedido por el Fomag, se
vinculó como docente a través de órdenes de prestación de servicios en el
Instituto Educativo Técnica La Libertad de Samacá, entre el 18 de febrero de 2003
y el 12 de diciembre de 2003, sin aportes a ese fondo o a otra entidad de
previsión; y se vinculó en propiedad como docente del IE Naguata Sede Principal
en ese municipio por virtud de lo dispuesto en el Decreto 166 del 25 de febrero de
2004, cargo del cual tomó posesión el 15 de marzo siguiente51 y en atención a lo
señalado en el certificado del 2 de junio de 2023, para esa data seguía activa en el
servicio52.
48 Índice 3 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 2 en documento pdf. Página
23.
49 Índice 3 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 2 en documento pdf.
Páginas 39 a 48.
50 Índice 3 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 2 en documento pdf.
Páginas 50 a 51 y 54 a 60.
51 Índice 3 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 2 en documento pdf.
Páginas 61 a 65.
52 Índice 36 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 2 en documento pdf.
26
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
63.5. Porvenir certificó que tiene reportadas 128 semanas cotizadas de abril de
2000 a diciembre de 2002, cuyo empleador era el municipio de Samacá53.
Además, precisó que para el año 2003 no se reportaron aportes a esa
administradora privada de pensiones54.
63.6. El 18 de julio de 2019, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez, con fundamento en las leyes 6ª de 1945, 33 de 1985 y 91 de 1989 y los
decretos 3135 de 1968 y 1848 de 196955.
63.7. Mediante Resolución 02292 del 12 de junio de 2020, el secretario de
educación del departamento de Boyacá le negó el reconocimiento de la pensión
de vejez con fundamento en que no se trasladaron los aportes ordenados por el
Juzgado Décimo Administrativo de Tunja, los que resultaban indispensables para
resolver la solicitud56.
63.8. La decisión anterior fue recurrida a través de escrito del 7 de julio de 2020, y
confirmada a través de Resolución 3953 del 27 de agosto de 2021, en el que se
indicó que el régimen aplicable a la demandante era el establecido en la Ley 812
de 2003, esto es el régimen general de la Ley 10057.
2.3.2. Análisis sustancial
2.3.2.1. Sobre la aptitud legal para acceder al beneficio pensional
64. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, Alcira Rodríguez Junco
prestó sus servicios como docente así:
53 Índice 3 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 2 en documento pdf.
Páginas 52 a 53.
54 Índices 35, 36, 38 y 44 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 2 en
documento pdf.
55 Índice 3 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 2 en documento pdf.
Páginas 24 a 28.
56 Índice 3 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 2 en documento pdf.
Páginas 29 a 31.
57 Índice 3 de Samai Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo 2 en documento pdf.
Páginas 35 a 38.
27
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
Total tiempo de
Entidad Modalidad Desde Hasta Años Meses Días
servicios
OPS / Relación
laboral
30 de
Municipio encubierta 1 de marzo
noviembre de 8 meses 29 días 0 8 29
de Cómbita declarada por de 1996
1996
orden judicial.
Docente
OPS / Relación 250 días (8 meses, 10
Año 1997 0 8 10
laboral días)
encubierta 285 días (9 meses, 15
Año 1998 0 9 15
declarada por días)
orden judicial. 282 días (9 meses, 12
Docente Año 1999 0 9 12
días)
Municipio abril de diciembre de 128 semanas (2 años,
• 2 5 26
de Samacá 2000 2002 5 meses, 26 días)
18 de 12 de
OPS. Docente febrero de diciembre de 9 meses 24 días 0 9 24
2003 2003
Legal y
reglamentaria. 15 de marzo 2 de junio de 19 años 2 meses 18
19 2 18
Docente en de 2004 2023 días
propiedad
21 50 134
4 4 /30
25 54 4,47
/12 14
4,5
6
65. De acuerdo con lo anterior, acreditó 25 años, 6 meses y 14 días como docente
y alcanzó la edad de 55 años el 8 de abril de 2016. Al 19 de noviembre de 2017
había completado los 20 años de servicio oficial de que trata el artículo 1 de la Ley
33 de 1985.
66. Además, cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, por cuanto estuvo vinculada al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, de manera que resulta
beneficiaria del régimen de transición fijado en ese aparte normativo.
67. Al respecto, es necesario precisar que es irrelevante que el periodo anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de órdenes de
prestación de servicios y no a través de una vinculación legal y reglamentaria, por
cuanto el beneficio del régimen de transición de la norma antes mencionada no
establece condición alguna adicional al de haber tenido un vínculo al servicio
público educativo oficial, bien sea como docente nacional, nacionalizada o
28
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
territorial58.
68. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal
y reglamentario»59.
69. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de ingreso al servicio docente no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.
70. De esta manera, aun cuando por casi 5 años, Alcira Rodríguez Junco estuviera
vinculada a través de una relación contractual, esa situación desconocía las
disposiciones del legislador y desatendía las interpretaciones judiciales según las
cuales la diferenciación entre los docentes de planta y los contratistas no tenía
justificación constitucional en la medida en que realizaban igual actividad; y, en
contraste, vulneraba los derechos laborales irrenunciables de aquellos quienes
tenían previsto un régimen o unas prerrogativas particulares, esto es aquellas
contenidas en la ley y no en el contrato. En igual sentido lo reconocieron los
jueces administrativos de Tunja al declarar la relación laboral por los años 1996 a
1999 con los municipios de Cómbita y Samacá.
71. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide hallar la razón a la
entidad recurrente al considerar que la única experiencia docente útil para obtener
la prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria.
Así pues, los servicios prestados por la demandante en la modalidad de OPS al
departamento de Boyacá y, en particular, a los municipios de Cómbita y Samacá,
resultan válidos para determinar que estuvo vinculada al servicio público educativo
58 En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
59 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
29
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
72. De acuerdo con lo anterior, contrario a lo señalado por el Tribunal, el régimen
aplicable a su caso era el contenido en la Ley 33 de 1985 que señala que el
empleado oficial debe completar 55 años de edad y 20 de servicio continuos o
discontinuos; los que, como se expuso alcanzó el 19 de noviembre de 2017.
73. Ahorabien, la docente efectuó aportes a pensión a Porvenir, en los que
completó 128 semanas cotizadas de abril de 2000 a diciembre de 2002, y de
acuerdo con lo certificado, estos tuvieron como empleador al municipio de
Samacá.
74. Con el fin de analizar esta situación, es importante poner de presente que
dentro de las características del Sistema General de Pensiones se destacan las
siguientes60: i) la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes
e independientes, ii) la selección de cualquiera de los regímenes que lo integran
es voluntaria, iii) la afiliación implica la obligación de efectuar aportes; y iv) para el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones previstas en los 2 regímenes « se
tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualesquiera de ellos». Asimismo,
el Estado tiene la obligación de controlar la «destinación exclusiva» de los recursos
pensionales aportados por los afiliados, la cual no podrá ser diferente [en el
sistema pensional] a «garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones61».
75. En línea con lo anterior, el presidente de la república reglamentó parcialmente
la Ley 100 de 1993, a través del Decreto 692 de 1994 en el que reiteró que « [d]e
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 100 de 1993, ninguna persona
podrá estar simultáneamente afiliado a los dos regímenes del Sistema» y en el artículo 5
dispuso:
«Artículo 5. Régimen de ahorro individual con solidaridad. En el régimen de ahorro
individual con solidaridad, los afiliados tienen una cuenta individualizada, en la cual se
abona el valor de sus cotizaciones y las de su empleador, las cotizaciones voluntarias,
los bonos pensionales y los subsidios del Estado si hubiere lugar a ellos, más todos los
rendimientos financieros que genere la cuenta individual. El monto de la pensión es
variable y depende entre otros factores, del monto acumulado en la cuenta, de la edad
a la cual decida retirarse el afiliado, de la modalidad de la pensión, así como de las
semanas cotizadas y la rentabilidad de los ahorros acumulados.
Podrán seleccionar este régimen todos los trabajadores actuales del sector privado y
60 Artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
61 Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
30
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
los servidores públicos, que tengan vinculación contractual, legal o reglamentaria, los
trabajadores independientes, las personas que se vinculen laboralmente con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de
1993, y en general cualquier persona natural que no haya sido expresamente
excluida de este régimen.
[…]
Están excluidos de este régimen quienes se encuentren pensionados por
invalidez por el ISS o por cualquier fondo, caja o entidad de previsión del sector
público.» [Se resalta]
76. Ahora bien, el mencionado decreto reglamentario, en relación con los docentes
afiliados al Fomag, dispuso:
«Artículo 31. Posibilidad de acumular cotizaciones en el caso de profesores. Las
personas actualmente afiliadas o que se deban afiliar en el futuro, al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, que
adicionalmente reciban remuneraciones del sector privado, tendrán derecho a que
la totalidad de los aportes y sus descuentos para pensiones se administren en el
mencionado Fondo, o en cualquiera de las administradoras de los regímenes de prima
media o de ahorro individual con solidaridad, mediante el diligenciamiento del
formulario de vinculación. En este caso, le son aplicables al afiliado la totalidad de
condiciones vigentes en el régimen seleccionado.» [Se resalta]
77. De acuerdo con las anteriores disposiciones, los docentes afiliados al Fomag,
quienes por disposición expresa de la Ley 100 de 1993 se encontraban excluidos
del sistema integral de seguridad social contenido en esta norma [hasta la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003] no podían afiliarse al régimen de ahorro individual
con solidaridad, salvo que recibieran remuneraciones del sector privado, caso en
el cual, de conformidad con la excepción contenida en el artículo 31 de Decreto
692 de 1994, tendrían derecho a que la totalidad de los aportes pensionales
fueran administrados por el fondo del magisterio o cualquiera de las
administradoras de los regímenes de prima media o de ahorro individual con
solidaridad, con la precisión de que le serían aplicables la totalidad de las
condiciones vigentes en el régimen. Lo anterior, tiene explicación en tanto este
último régimen fue implementado en el Estado colombiano con el sistema de
seguridad social integral del cual no eran beneficiarios.
78. En tal sentido, aun cuando materialmente Alcira Rodríguez Junco no se
encontraba vinculada legal y reglamentariamente al servicio educativo oficial, la
realidad de su situación evidenciaba algo diferente y así lo advirtieron los jueces
administrativos de Tunja que ordenaron a las entidades territoriales a las cuales
prestaba sus servicios que efectuaran los aportes correspondientes al Fomag
entre los años 1996 a 1999; de manera que aun cuando efectuó cotizaciones para
31
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
pensión en Porvenir SA por 128 semanas entre abril de 2000 y diciembre de 2002,
y tuvo como empleador al municipio de Samacá, comoquiera que se encontraba
dentro del grupo de afiliados al Fomag que por disposición del artículo 279 fueron
excluidos del régimen contenido en la Ley 100 de 1993, su régimen pensional es
el contenido en las disposiciones de las que eran beneficiarios los empleados
públicos del orden nacional, antes de la entrada en vigencia del referido sistema
general.
79. En ese orden, la docente no podía afiliarse en el régimen de ahorro individual
con solidaridad, puesto que se encontraba excluida de la Ley 100 de 1993 y no
estaba dentro de la excepción establecida en el artículo 31 del Decreto 692 de
1994, puesto que no acreditó remuneración proveniente del sector privado.
80. De considerarse que sí podía afiliarse al Régimen de Ahorro Individual, en
virtud de la libre elección que fundamenta el sistema general de pensiones, lo
cierto es que, como lo señaló el artículo 31 del Decreto 692 de 1994, los
profesores tendrían derecho a que la totalidad de sus aportes fueran
administrados por el Fomag o por cualquiera de las administradoras del sistema,
caso en el cual debía acogerse a las condiciones vigentes del respectivo régimen
y lo cierto es que, salvo por el periodo aludido, todas sus cotizaciones se han
efectuado al referido fondo62.
81. Así las cosas, la totalidad de los aportes efectuados por la docente durante su
vida laboral deberán financiar la prestación que le sea reconocida para efectos de
amparar la contingencia derivada de la vejez.
82. Lo anterior justifica que se ordene al Fomag adelantar las gestiones
administrativas necesarias para obtener el traslado del bono pensional o la cuota
parte a cargo de Porvenir, en virtud de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del
artículo 5 de la Ley 91 de 1989, toda vez que se constituye en un deber de la
entidad acudir a los mecanismos legales para recaudar esas sumas de dinero,
pues así se desprende de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y
57 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto
3752 de 2003.
83. Valga advertir que ese trámite no podría afectar el reconocimiento prestacional,
de conformidad con el inciso final del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de
1993.
62 En igual sentido se consideró en la sentencia del 27 de junio de 2024, dentro del proceso con
radicado 76001-23-33-000-2017-01924-01 (3516-2022).
32
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
84. Sin embargo, comoquiera que esta suma no corresponde con el número de
semanas en las que prestó sus servicios a través de OPS, se hace necesario
ordenar al fondo que adelante las acciones necesarias ante las entidades
territoriales en las que Alcira Rodríguez Junco prestó sus servicios a efectos de
que estas asuman los aportes que debieron realizarse en virtud de esas
vinculaciones contractuales y así garantizar la financiación de la prestación.
85. Esto, por los periodos ordenados en las decisiones judiciales, y por aquellos en
torno de los cuales no se ha reconocido la existencia de la relación laboral, pero
que, por virtud de esta decisión se consideran útiles para computar el tiempo de
servicios, pues se requieren para financiar la pensión. Lo anterior, toda vez que,
como se ha expuesto, contrario a lo señalado en los actos acusados y en la
contestación de la demanda, las discusiones administrativas [entre el Fomag y la
entidad territorial] no pueden perjudicar el derecho pensional del que es
beneficiaria la demandante.
86. En virtud de lo expuesto, la Sala revocará la decisión del Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Decisión 4, en cuanto negó al reconocimiento pensional, pues
contrario a lo señalado Alcira Rodríguez Junco sí era beneficiaria de la Ley 33 de
1985 y no estaba sometida al régimen general de la Ley 100 de 1993, en tanto
logró beneficiarse de las prerrogativas de la Ley 812 de 2003.
87. En consecuencia, el reconocimiento pensional a favor de la demandante resulta
desde el 19 de noviembre de 2017, con el 75% del promedio de los factores
salariales respecto de los cuales se realizaron aportes, durante el último año de
servicio, y deben integrar el IBL de la pensión aquellos previstos en el artículo 1 de
la Ley 62 de 1985 que señaló que «la base de liquidación para los aportes
proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los
siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo
caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán
sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes»; de
forma que la entidad deberá establecer respecto de cuáles de estos efectuó
cotizaciones la demandante.
88. Lo anterior obedece al criterio expuesto por la Sección Segunda de esta
corporación, en sentencia SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019, que en su
función unificadora y con el propósito de salvaguardar los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acogió el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la
33
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
liquidación de la mesada pensional de jubilación en el régimen de la Ley 33 de
1985, para los docentes del servicio público oficial afiliados al Fomag vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003. Al respecto, indicó que «los factores
que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no
se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo»
[Se resalta].
2.3.2.2. En torno a la compatibilidad entre el salario y la pensión
89. Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido
permitir que aquellas personas con derecho a una pensión de vejez y que se
desempeñen como docentes oficiales, puedan seguir ejerciendo el empleo, sin
que por ello deba restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón no es
dable condicionar el reconocimiento de la prestación a la desvinculación del
servicio.
90. A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado63 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para
esa época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»64.
91. En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión
ordinaria y/o gracia con posterioridad»65.
92. Lo anterior guarda correspondencia con lo expuesto en esta decisión, según la
cual, Alcira Rodríguez Junco era beneficiaria de la Ley 812 de 2003, por
63 En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023,
radicado 05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
65 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,
radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
34
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
encontrarse vinculada al servicio público educativo oficial con anterioridad a su
entrada en vigencia, por lo que puede acceder a la pensión en las condiciones
señaladas en los regímenes anteriores. De manera que el disfrute de la prestación
no debe condicionarse al retiro del servicio «dado que es precisamente su condición
de pensionados la que les permite acceder a los beneficios consagrados en normas
anteriores como el contemplado por el artículo 5 del Decreto 224 según el cual ‘el
ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de
jubilación’»66.
93. En tal medida, la demandante tiene derecho a que se reconozca el derecho
pensional con efectividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico, sin
condicionarlo a su retiro del servicio por no ser incompatible con el ejercicio de la
docencia.
2.4.2.3. Sobre la prescripción de los derechos en litigio
94. Como se expuso, Alcira Rodríguez Junco alcanzó el estatus jurídico de
pensionada en virtud de las prerrogativas que el legislador ha previsto para los
docentes, el 19 de noviembre de 2017 y, comoquiera que presentó la reclamación
ante la autoridad administrativa el 18 de julio de 2019, se advierte que no se
configuró el fenómeno prescriptivo del derecho.
2.4. Costas
95. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
96. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
97. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018,
radicado 05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
35
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma67.
98. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
99. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar
en costas.
3. Conclusión
100. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Alcira Rodríguez Junco
era beneficiaria del régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985, toda vez
que acreditó los requisitos señalados en las leyes 91 de 1989 y 812 de 2003,
razón por la cual se revocará la decisión apelada y, en su lugar, se reconocerá la
prestación reclamada, la cual será efectiva desde el momento en que se causó,
sin condicionarla al retiro del servicio; y se ordenará al Fomag que adelante las
acciones necesarias ante las entidades territoriales y ante Porvenir, por el periodo
en el que prestó sus servicios allí, y por el que efectuó cotizaciones en el fondo
privado, para que trasladen los aportes que debieron realizarse en virtud de esas
vinculaciones y así garantizar la financiación de la prestación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda presentada por Alcira Rodríguez Junco
contra la nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
67En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
36
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en esta decisión.
En su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones 02292 del 12 de junio de 2020 y
3953 del 27 de agosto de 2021, por medio de las cuales se negó la solicitud de
reconocimiento pensional de Alcira Rodríguez Junco.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, condenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar a Alcira Rodríguez Junco una pensión de jubilación desde el 19
de noviembre de 2017, con el 75% del promedio de los factores salariales
respecto de los cuales se realizaron aportes durante el último año de servicio, sin
condicionarlo al retiro del servicio.
Cuarto. Condenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar a Alcira Rodríguez Junco el retroactivo pensional conformado
por las mesadas dejadas de reconocer desde 19 de noviembre de 2017.
Quinto. Ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
realizar la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los
índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto. Ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el traslado de los
aportes para pensión por el periodo laborado al servicio del municipio de Samacá
y los aportes efectuados en Porvenir.
Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado
en el artículo 192 del CPACA.
Octavo. No condenar en costas en esta instancia.
Noveno. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
37
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00831-01 (0203-2024)
Demandante: Alcira Rodríguez Junco
Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA
38
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.