Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2022-00001-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2022-00001-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 15001-23-33-000-2022-00001-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2022-00001-01 (29545)
Demandante: ECOPETROL SA
Demandado: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
Temas: ICA 2016. Exención en explotación de hidrocarburos. Pago de
regalías. Argumento novedoso. Reiteración.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 10 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala Sexta de Decisión 6, que resolvió:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de fondo denominada “falta de requisitos
legales para la prosperidad de la nulidad del acto acusado” formulada por el municipio
de Puerto Boyacá, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
ANTECEDENTES
El 17 de marzo de 2017, Ecopetrol SA1 presentó la declaración del impuesto de
industria y comercio, avisos y tableros por el año gravable 2016, en la cual registró
ingresos netos gravados por $24.493.980.000, liquidó el impuesto de industria y
comercio en $244.940.000, la sobretasa bomberil en $0 y avisos y tableros en
$36.743.000.
Previo requerimiento especial y respuesta a este, el 6 de agosto de 2020 la Secretaría
de Hacienda de Puerto Boyacá expidió la Liquidación Oficial de Revisión LR - 20 - 11,
en la que aumentó los ingresos netos gravados a $429.331.147.000, el impuesto de
Industria y Comercio a $3.005.318.000, la sobretasa bomberil a $150.266.000 y avisos y
tableros a $450.789.000, acto confirmado en sede del recurso de reconsideración,
mediante la Resolución SH-0144 del 24 de agosto de 2021 de la misma dependencia.
1
El objeto social de ECOPETROL consiste en el «desarrollo, en Colombia o en el exterior, de actividades industriales y comerciales
correspondientes o relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos (…)».
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Radicado: 15001-23-33-000-2022-00001-01 (29545)
Demandante: ECOPETROL S.A
DEMANDA
Ecopetrol SA, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, formuló las siguientes pretensiones:
A. Respetuosamente solicitamos a la honorable jurisdicción de lo contencioso
administrativo que, como consecuencia de la ilegalidad de los actos acusados, se
declare la nulidad total de la Resolución que expide la Liquidación Oficial de Revisión
del impuesto de industria y comercio del año gravable 2016 en el municipio de Puerto
Boyacá (Boyacá), así como la nulidad de la Resolución que resolvió el recurso de
reconsideración contra ella presentada, actos administrativos que para efectos prácticos
se encuentran individualizados en el siguiente cuadro:
Año Liquidación Resolución que resuelve
gravable Oficial recurso de
ICA reconsideración
2016 Liquidación Oficial Resolución No. SH-0144
de Revisión No. del 24 de agosto de 2021.
LR-20-11 del 6 de
agosto de 2020
B. Como consecuencia de lo anterior, que se restablezca el derecho de mi Representada,
declarando que (i) Ecopetrol no tiene la obligación de corregir la declaración privada del
impuesto de industria y comercio de Puerto Boyacá por el año gravable 2016; (ii) que
como consecuencia de lo anterior, Ecopetrol no tiene deuda alguna con el municipio de
Puerto Boyacá por concepto de impuesto de industria y comercio, complementario de
avisos y tableros y sobretasa bomberil por el año gravable 2016, ni por intereses
moratorios; y (iii) que se declare la firmeza de la declaración del impuesto de industria y
comercio de Puerto Boyacá por el año gravable 2016 presentada por Ecopetrol.
C. Que se declare que no son de cargo de mi representada las costas en que haya incurrido
mí el municipio en relación con la actuación administrativa, ni las de este proceso.
Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 338 de la Constitución Política;
703, 704 y 638 del Estatuto Tributario; 33 y 39 de la Ley 14 de 1983; 196 del Decreto
1333 de 1986 y, 16 del Decreto 1053 de 1956. El concepto de la violación se resume,
así:
El municipio interpretó de forma errónea los artículos 39 de la Ley 14 de 1983 y 195 y
196 del Decreto 1333 de 1986, que no aluden a las regalías que recibe el municipio
tras la distribución efectuada por el Gobierno Nacional -monto que desconoce la
compañía-, sino a las regalías que pagan los contribuyentes por la realización de
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, y que deben ser tenidas en
cuenta para la declaración del impuesto de industria y comercio2.
Al analizar los artículos 32 y 39 de la Ley 14 de 1983, 77 de la Ley 49 de 1990 y 196
del Decreto 1333 de 1986, se evidencia que no procede exigir el pago de un impuesto
derivado de una actividad industrial, que ya está sujeta al régimen de regalías3. En este
caso, los barriles extraídos en la jurisdicción municipal del municipio demandado y los
ingresos generados por dicha extracción estaban gravados con regalías, en un monto
superior al impuesto que, en teoría, se pudo causar.
Conforme con el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 -Código de Petróleos-, la
exploración y explotación del petróleo, el que hidrocarburo se obtenga y sus derivados
2
Citó el proceso 15001-23-33-000-2018-00318-00, entre las mismas partes.
3
Afirmó que en este caso se comercializó crudo por $61.827.352.904 y que esta actividad ya fue sujeta a regalías.
2
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«quedan exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales, directos o
indirectos». En consecuencia, las actividades de exploración y explotación
desarrolladas por la compañía en el municipio demandado no estaban sujetas al
impuesto de industria y comercio en el año gravable 2016.
No se discute que la compañía pagó al municipio $70.033.414.4884 por regalías en el
periodo 2016 y que incluso, si se liquidara el impuesto de industria y comercio por cada
uno de los campos, esta obligación sería de $5.589.801.097, esto es, inferior a las
regalías. Además, como no se acreditó que la sociedad percibiera ingresos adicionales
gravados con ICA, se configura la condición prevista en el artículo 39 de la Ley 14 de
1983, que habilita al contribuyente a acceder al beneficio tributario en este previsto.
Así pues, la Administración vulneró los principios constitucionales de justicia, equidad
y progresividad, al pretender gravar con ICA ingresos sobre los cuales ya se había
efectuado el pago de regalías.
OPOSICIÓN
El municipio demandado se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:
Procede la excepción de «falta de requisitos legales para la prosperidad de la nulidad del
acto acusado».
El Consejo de Estado5 precisó que los artículos 39 de la Ley 14 de 1983 y 259 de la
Ley 1333 de 1986, establecen la prohibición de gravar con el impuesto de industria y
comercio la actividad de explotación minera, cuando el valor de las regalías recibidas
por el municipio sea superior al impuesto que correspondería, sin distinguir entre
regalías asignadas al sistema general o a otras entidades territoriales, pues se refieren
específicamente a las regalías que recibe el municipio en cuya jurisdicción se realiza
la actividad extractiva.
Los contribuyentes tienen acceso a la información sobre el monto de regalías que
reciben los municipios, que se consulta en los actos administrativos de liquidación
definitiva expedidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, en cumplimiento
de la Ley 1530 de 2012. Conforme con la jurisprudencia6, los ingresos por explotación
de hidrocarburos en el municipio no están exentos, excluidos o no sujetos al impuesto
de industria y comercio, cuando dicho impuesto es superior al valor de las regalías
efectivamente recibidas por la entidad territorial.
No se controvierten los ingresos declarados por actividades de servicios gravados. Los
actos acusados expresamente se refieren a los ingresos obtenidos por la explotación
de hidrocarburos como actividad industrial, la cual está gravada con ICA, con lo cual,
se cumple la condición prevista en el literal c) del numeral 2 del artículo 39 de la Ley
14 de 1983.
4
Que los valores reportados con ocasión de la inspección tributaria incluyen la producción total del campo, que se desarrolla en
el municipio de Puerto Boyacá y en el de Nare, y que el valor inicialmente reportado como «producción anual» corresponde a la
producción total de crudo de cada año, e incluye tanto la producción gravable como la no gravable.
5
Citó las sentencias del 25 de noviembre de 2004, exp. 13405 y del 18 de julio de 2013 Rad 2005-0241.
6
Citó la sentencia del 17 de septiembre de 2020, Exp. 05001-23-33-000-2015-01957-01.
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El Consejo de Estado7 señaló que, para determinar la sujeción al ICA de la actividad
de explotación de hidrocarburos y gas, el marco normativo aplicable no es el Código
de Petróleos, sino el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, y que la base gravable de este
impuesto está constituida por los ingresos derivados de la totalidad de los campos de
producción de petróleo.
En relación con los campos operados bajo el contrato de producción celebrado entre
Ecopetrol y la Unión Temporal IJP, se cumple la condición prevista en el artículo 39 en
mención, pues el impuesto que corresponde liquidar conforme con las cifras reportadas
por la ANH asciende a $11.421.063.782, mientras que las regalías pagadas al municipio
solo suman $554.350.156, con una diferencia de $10.866.713.626 a favor del impuesto.
De igual forma, respecto de los campos cubiertos por el contrato de asociación Nare
entre Ecopetrol y Mansarovar Energy Ltd., el impuesto que corresponde liquidar es de
$4.168.731.868, mientras que las regalías pagadas al municipio ascienden a
$1.454.919.684, lo que arroja una diferencia de $2.713.812.184. Lo anterior, aplica a las
minas Abarco, Girasol, Jazmín, Moriche y UnderRiver.
Así pues, los actos acusados están debidamente motivados y se expidieron con
sujeción a los principios de justicia, equidad y progresividad.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
En la audiencia inicial del 15 de noviembre de 20228, el a quo fijó el litigio en establecer
si las sumas declaradas están debidamente liquidadas o si corresponden a las
establecidas por la Administración, tuvo como pruebas las allegadas con la demanda y
la contestación y ofició a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para allegar un reporte
oficial de las regalías pagadas por la demandante en el año 2016. En la audiencia de
pruebas del 29 de noviembre de 20229, se puso en conocimiento de las partes la
respuesta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sin manifestaciones al respecto.
Se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal declaró probada la excepción de «falta de requisitos legales para la prosperidad
de la nulidad del acto acusado», negó las pretensiones de la demanda y no condenó en
costas, bajo las siguientes consideraciones:
En la respuesta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se estableció que, para el
año 2016, el total de regalías generadas en los contratos Palagua y Asociación Nare
ascendió a $70.033.414.478,94, de los cuales al Municipio de Puerto Boyacá le fueron
asignados $2.009.269.838,63, cifra que constituye el valor de referencia para determinar
la procedencia de la exención prevista en el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, frente al
valor teórico del impuesto de industria y comercio calculado por el municipio, que
asciende a $5.589.795.650.
7
Citó las sentencias del 17 de septiembre de 2020, Exp. 24004 y 23936.
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Índice 30 del SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.
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Índice 35 del SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.
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Por ello, la asignación directa de regalías efectivamente percibida por el municipio es
inferior al monto del ICA estimado, con lo cual, se ajusta a derecho la liquidación y el
cobro del impuesto realizado por la Administración.
Se destaca, además, que el literal c) del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983
se refiere expresamente a las regalías o participaciones asignadas al municipio, lo cual
implica que, para efectos de establecer la procedencia del gravamen, no se considera
el total de regalías pagadas por el contribuyente a otras entidades o niveles territoriales,
sino aquellas que efectivamente percibe el municipio. Estos valores pueden verificarse
en las liquidaciones expedidas por la ANH, cuya información es pública y no está sujeta
a reserva, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante10 interpuso recurso de apelación, en suma, por las siguientes razones:
Operó el decaimiento del literal c) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 -numerales 2 y 5
del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011-, porque desaparecieron los fundamentos de hecho
y de derecho en que se sustentaba, ante la transformación del régimen de regalías con
la creación del Sistema General de Regalías -SGR- mediante el Acto Legislativo 05 de
2011, y las leyes 1530 de 2012 y 2056 de 2020.
Bajo el régimen actual, las regalías se distribuyen en distintos fondos, lo que impide
conocer con precisión qué parte de lo pagado por una empresa llega a cada municipio.
Esta pérdida de trazabilidad hace inaplicable la comparación que exige la norma, cuya
aplicación depende de la asignación directa de recursos al ente territorial en el que se
realizó la explotación.
No hay lugar a que el Tribunal considere las regalías efectivamente recibidas por el
municipio para determinar el impuesto, cuando originalmente la norma se aplicó sobre
la base del total de regalías pagadas. Bajo el régimen actual, la distribución de regalías
impide conocer con certeza cuánto recibe cada municipio, por lo que imponer esta
carga a la contribuyente carece de respaldo legal y resulta imposible de cumplir. Por lo
tanto, se debe definir expresamente el procedimiento que deben seguir los
contribuyentes, en aras de garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad práctica del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Están vigentes las normas que prohíben imponer gravámenes a la explotación de
recursos naturales no renovables -artículos 16 del Decreto 1053 de 1956 y 27 de la Ley 141
de 1994- y la Corte Constitucional, en sentencia C-1071 de 2003, reiteró que
corresponde exclusivamente al legislador definir si pueden coexistir regalías e
impuestos sobre dicha explotación, asunto que aún no ha sido regulado.
El Tribunal violó las reglas de territorialidad del impuesto de Industria y Comercio, ya
que para el año 2016 Ecopetrol no percibió ingresos por la venta del crudo explotado
en el municipio de Puerto Boyacá, sino por la comercialización de subproductos
derivados de su transformación en la refinería ubicada en Barrancabermeja, municipio
en el que se debe pagar el ICA conforme al artículo 77 de la Ley 49 de 1990. Además,
la exploración, explotación y transporte de petróleo y sus derivados están exentos de
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Índice 46 del SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.
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impuestos departamentales y municipales, por disposiciones vigentes según la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.
El Tribunal incurrió en contradicciones al referirse a las regalías efectivamente
recibidas por el municipio y a las liquidadas por la ANH, que corresponden a criterios
jurídicamente distintos y excluyentes. Esta ambigüedad genera confusión e
incertidumbre para estructurar una adecuada defensa por parte de Ecopetrol.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación se admitió por auto del 20 de enero de 2025 11, sin
pronunciamiento de la demandada. Al ser innecesaria la práctica de pruebas en
segunda instancia no se corrió traslado para alegar -nums. 4 y 5, art. 247 del CPACA12-.
El Ministerio Público no conceptuó.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros del periodo 2016, presentada por
Ecopetrol SA.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, en su calidad
de apelante única, corresponde establecer si las actividades de exploración y
explotación de petróleo adelantadas por la actora están gravadas o exentas del
impuesto de industria y comercio y avisos y tableros.
La Sala no se pronunciará sobre el argumento atinente al decaimiento del literal c) del
artículo 39 de la Ley 14 de 1983 porque, como lo ha sostenido la Sección, «[…] por virtud
del artículo 282 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012), la Sala tiene vedado emitir
un pronunciamiento sobre el particular, toda vez que se trata de un cargo novedoso que no fue planteado
en las oportunidades procesales pertinentes (i.e. demanda, adición y corrección de demanda) », y que
«la competencia del juez de segunda instancia se restringe a los aspectos formulados en la apelación;
que a su vez, deben ser consonantes con lo planteado en la demanda y su contestación 13», en garantía
del debido proceso y de los derechos de defensa y contradicción de la demandada.
Ahora bien, para resolver se advierte que, en casos con identidad fáctica y jurídica
entre las mismas partes, la Sección se pronunció en diferentes providencias que14, en
lo pertinente, se reiterarán.
Exención de ICA en explotación de hidrocarburos. Reiteración jurisprudencial15
11
Índice 5 de SAMAI
12
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
13
Ver sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 23995, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez, y del 6 de mayo de 2021, exp. 23904,
CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14
Sentencias del 6 de mayo de 2021, Exp. 24251 CP Julio Roberto Piza Rodríguez del 10 de febrero de 2022, Exp. 25379 CP
Milton Chaves García y sentencia del 19 de julio de 2023, Exp. 26442 CP Stella Jeannette Carvajal Basto.
15
Cfr. las sentencias del 17 de septiembre de 2020, exp. 24004, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; del 10 de febrero de 2022,
exp. 25379 y del 4 de agosto de 2022, exp. 26494, C.P. Milton Chaves García; del 9 de septiembre de 2021, exp. 24836, C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del 12 de agosto de 2021, exp. 25195 y del 25 de mayo de 2023, exp. 27437, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
6
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El literal c) del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, establece la prohibición
de gravar con el impuesto de industria y comercio la explotación de canteras y minas
diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, cuando las regalías o
participaciones para el municipio sean iguales o superiores a lo que corresponderá
pagar por concepto del impuesto de industria y comercio.
Sobre la aplicabilidad de esta disposición, la Sala precisó16 que, «… para juzgar la
juridicidad de normas municipales que gravan con el ICA la actividad de explotación de hidrocarburos y
gas, el parámetro de legalidad no está dado por el Código de Petróleos como lo pretende la demandante,
sino por el artículo 39 de la Ley 14 de 1983 (codificado en el artículo 259 del Decreto Ley 1333 de 1986),
esto, en atención a que es una ley posterior que regula de manera especial la exención respecto del
impuesto de industria y comercio, cuyo alcance normativo es respetado por el artículo 27 de la Ley 141
de 1994», y que «… con fundamento en la citada norma de la Ley 14 de 1983, los municipios se
encuentran facultados para gravar la explotación de canteras y minas (diferentes de sal, esmeraldas y
metales preciosos), pero deben abstenerse de realizar el cobro del impuesto cuando las regalías a que
tenga derecho la entidad territorial sean iguales o superiores a lo que correspondería pagar por concepto
de ICA».
De manera que, la actividad de explotación de hidrocarburos, en materia tributaria está
regulada por la Ley 14 de 1983, y no por el Código de Petróleos, y que las entidades
territoriales pueden gravar con el ICA los ingresos originados en la explotación de
hidrocarburos, siempre y cuando las regalías a que tengan derecho tales entidades
sean iguales o superiores a lo que correspondería pagar por el tributo.
En ese contexto, están demostrados en el expediente los siguientes hechos:
En la liquidación de revisión, la Administración modificó la declaración privada del
impuesto de industria y comercio, así:
Concepto Declaración Privada Requerimiento
especial
Ingresos Gravables $24.493.982.000 $429.331.147.000
Impuesto Industria y $244.940.000 $3.005.318.000
Comercio
Avisos y tableros $36.743.000 $450.789.000
Sobretasa bomberil $0 $150.266.000
A esos efectos, estableció que los ingresos por la explotación de hidrocarburos estaban
gravados con el ICA, por cuanto las regalías recibidas fueron inferiores al impuesto que
le correspondería asumir al contribuyente.
La Administración17 tuvo en cuenta que los pozos Abarco, Girasol, Jazmín, Moriche y
Underriver, ubicados en su jurisdicción, son operados bajo un contrato de asociación
entre la demandante y Mansarovar Energy Colombia Ltda -Asociación Nare-, en el que
cada parte tenía una participación del 50 % de los ingresos; y que los campos Caipal y
Palagua son explotados bajo un contrato de producción incremental entre la Unión
Temporal IJPI y Ecopetrol -Palagua-, con participación de este en el 50 % de los
ingresos para Caipal y del 62 % para Palagua. Por esa razón, para el municipio la carga
tributaria también debía repartirse en la misma proporción de participación para cada
una de las asociadas.
16
Sentencia del 17 de septiembre de 2020, exp. 23936, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
17
Requerimiento especial.
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Demandante: ECOPETROL S.A
En este orden, la Administración calculó a prorrata los ingresos gravables, el monto de
las regalías recibidas según las liquidaciones de la ANH y el ICA teórico que le
corresponde a Ecopetrol por el año 2016, teniendo en cuenta la participación en los
contratos de explotación, tal como se lee a continuación:
CONTRATO VALOR TOTAL DE REGALÍAS LIQUIDADAS ICA QUE
PRODUCCIÓN AL MUNICIPIO CORRESPONDERÍA
PALAGUA $203.009.111.640 $554.350.156 $1.421.063.782
ASOCIACIÓN $595.533.124.027 $1.454.919.684 $4.168.731.868
NARE
TOTALES $798.542.235.667 $2.009.269.840 $5.598.795.648
Por otra parte, en el expediente reposa el reporte del Sistema Oficial de Liquidación y
Administración de Regalías SOLAR, remitido por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, el cual fue decretado como prueba en la Audiencia inicial del 15 de
noviembre de 2022 a solicitud del municipio18. En este constan las liquidaciones de
regalías por la exportación de hidrocarburos causadas en la vigencia 2016, detalladas
por los contratos Palagua y Asociación Nare, del que se destacó para el presente caso
lo siguiente:
Liquidaciones definitivas de regalías por la
explotación de hidrocarburos causadas año 2016
(incluye reliquidación)
Contrato AD Municipio Puerto
Boyacá
PALAGUA $554.350.155,68
ASOCIACIÓN NARE $1.454.919.682,95
TOTAL GENERAL $2.009.269.838,63
De manera que, el municipio de Puerto Boyacá recibió $2.009.269.838,63 por concepto
de regalías en la vigencia de 2016 por la explotación de los campos referidos.
Sin embargo, a efectos de liquidar el ICA correspondiente, debe observarse el
porcentaje de participación de la demandante en los contratos de explotación, y en esa
misma proporción, su aporte en el total de regalías liquidadas a favor de la entidad
territorial. Esta determinación que fue avalada por la Sala en la sentencia del 9 de
septiembre de 202119, en la que se decidió la controversia sobre la exención del
impuesto por los periodos 2013 y 2014 respecto de Mansarovar Energy Colombia Ltda.
en los campos Abarco, Girasol, Jazmín, Moriche y Underriver, explotados por ese
contribuyente y Ecopetrol mediante el contrato de asociación Nare, en el que cada uno
tenía una participación del 50 % de los ingresos.
De igual forma, sobre los pozos Caipal y Palagua -contrato de producción incremental
entre la UT IJP y Ecopetrol-, se reitera el criterio expuesto por la Sección al resolver una
controversia entre las mismas partes, por hechos similares a los que se decide,
respecto del impuesto del año 201320, según la cual, «como la demandante tenía una
participación en los campos o minas Caipal y Palagua bajo contrato de Producción Incremental entre la
Unión Temporal IJP y Ecopetrol, con participación del 51% de los ingresos para el campo Caipal y del
63% para el campo Palagua, del total de las regalías citadas su aporte también fue del 51% y del 63%
respectivamente (…)21».
18
Índice 30 del SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.
19
Exp. 24836, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
20
Sentencia del 10 de febrero de 2022, exp. 25379, C.P. Milton Chaves García.
21
La participación para el periodo discutido varió.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00001-01 (29545)
Demandante: ECOPETROL S.A
Se destaca que, para el periodo en discusión, la demandante tenía una participación
en el contrato de asociación Nare del 50 % de los ingresos y en los campos Caipal y
Palagua una participación del 50 % y 62 %, respectivamente. Así pues, conforme con
los actos de determinación, las liquidaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
y la información en Excel del sistema Solar – VORP, se evidencia lo siguiente:
Campo Total Valor Regalías % Ingresos producción Regalías ICA teórico a
Producción liquidadas al participació anual según liquidadas cargo de
Anual22 municipio23 n Ecopetrol participación de según Ecopetrol25
Ecopetrol24 participación de
Ecopetrol
Contrato $622.702.033.786 $1.454.919.682 50% $440.484.944.852 $727.459.841 $3.083.394.614
Nare
Caipal $24.517.618.855 $63.219.180 50% $12.799.879.967 $31.609.590,08 $ 89.599.160
Palagua $170.518.258.876 $491.130.975 62% $108.219.704.541 $304.501.204,83 $ 757.537.932
Total $817.737.911.517 $2.009.269.838 $561.504.529.360 $1.063.570.635 $3.930.531.706
De lo anterior, se concluye que, al comparar el valor de las regalías con el ICA teórico,
y teniendo en cuenta el porcentaje de participación de la sociedad en la explotación de
los campos señalados, las regalías efectivamente recibidas por el municipio ascienden
a $1.063.570.635, monto inferior al ICA teórico que le correspondería asumir a la
demandante, el cual asciende a $3.930.531.70626. En consecuencia, los ingresos
obtenidos por Ecopetrol durante el año 2016 por la explotación de hidrocarburos en la
jurisdicción de Puerto Boyacá están gravados con el impuesto de industria y comercio.
De otra parte, la actora sostuvo que con el régimen actual de regalías resulta imposible
conocer con precisión qué parte de lo pagado por una empresa llega a cada municipio
y que la trazabilidad resulta imposible y por ende no puede realizar la comparación del
literal c) del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983.
Al respecto, como lo sostuvo la Sala, las regalías a las que se refiere del literal c) del
numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, son aquellas recibidas por o para el
municipio, y no el total de las aportadas al sistema general. Para estos efectos, se
publicó en la página web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos un formato que
contiene a detalle las liquidaciones definitivas de regalías de los meses comprendidos
entre enero de 2012 y hasta la fecha. Allí se exponen los valores asignados a cada uno
de los beneficiarios del respectivo departamento, dentro de ellos el municipio de Puerto
Boyacá27.
Finalmente, si bien la apelante sostuvo que, para el año 2016, no recibió ingresos por
venta del crudo explotado en el municipio de Puerto Boyacá, sino por la enajenación
de subproductos que resultaron de la transformación de ese crudo en la refinería de
Barrancabermeja28, en la demanda aceptó que «Ecopetrol realiza una actividad industrial en el
municipio de Puerto Boyacá que consiste en explotar campos de petróleo», y que «Si no existiera la
prohibición prevista en el artículo 39 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 196 del Decreto 1333 de 1986, el
impuesto de industria y comercio por la actividad industrial de Ecopetrol en el municipio de Puerto
Boyacá se liquidaría sobre los ingresos brutos producidos por la venta de crudo (así la venta se haya
efectuado en otro municipio) y se pagaría en el municipio en el cual esté ubicada la sede fabril, es decir,
Puerto Boyacá», lo cual evidencia que no se vulneró la regla de territorialidad invocada.
22
El monto de producción anual no fue objeto de debate en sede administrativa ni judicial
23
Reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
24
Valores tomados del Sistema Solar – VORP por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
25
De conformidad con los actos demandados, la tarifa por la actividad corresponde al 7 por mil, circunstancia que no es objeto de
discusión.
26
El monto del impuesto teórico no fue debatido por las partes.
27
Índice 18 del SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.
28
Argumento no expuesto en sede administrativa ni en la demanda
9
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Radicado: 15001-23-33-000-2022-00001-01 (29545)
Demandante: ECOPETROL S.A
Por lo expuesto, se concluye que los ingresos obtenidos por la sociedad durante la
vigencia 2016 por la explotación de hidrocarburos en el municipio de Puerto Boyacá
están gravados con el ICA y, comoquiera que los argumentos en el recurso de
apelación no prosperan, se confirmará la sentencia apelada.
De conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 del CGP 29, aplicable
por remisión expresa del artículo 188 del CPACA30, y bajo el criterio de la Sala, no se
condenará en costas -gastos del proceso y agencias en derecho-, toda vez que no está
probada su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1.- Confirmar la sentencia del 10 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Sexta de Decisión No. 6.
2.- Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Aclara voto
29
Código General del Proceso «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
30
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
10
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