Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2022-00002-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2022-00002-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2022-00002-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2022-00002-01 (6201-2024)
Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Pensión jubilación docente, Ley 71 de 1988. Docente vinculación
por contratos de prestación de servicios antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 27 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala Tercera de Decisión mediante la cual se denegaron las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 6370 del 19 de noviembre de
2021, por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión por aportes.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00002-01 (6201-2024)
Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
solicitó: i) el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación equivalente al 75%
de lo devengado durante el año antes de la adquisición del estatus [entre el 9 de
junio de 2018 y el 10 de junio de 2019], con la inclusión del periodo laborado como
docente contratista entre el 1° de marzo de 2002 y el 12 de diciembre de 2003; ii) el
cumplimiento del fallo de acuerdo con los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA;
iii) el reajuste de las sumas adeudadas; iv) el pago de los intereses moratorios a
partir de la ejecutoria de la sentencia; y v) la condena en costas a la entidad
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:
3.1. Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo nació el 26 de abril de 1955, por lo que cumplió
55 años de edad en el año 2010.
3.2. De acuerdo con su historia laboral, « acumuló más de 20 años de servicio», así:
Entidad Desde Hasta Tiempo laborado
Colpensiones [179,43 semanas] 28/02/1990 12/12/1994 3 años, 5 meses, 25 días
Secretaría de Educación de Soatá 01/03/2002 14/06/2002 3 meses, 13 días
mediante OPS
Secretaría de Educación de Soatá 15/07/2002 30/11/2002 4 meses, 15 días
mediante OPS
Secretaría de Educación de 07/03/2003 12/12/2003 9 meses, 6 días
Boyacá
mediante OPS
Secretaría de Educación de 10/05/2004 29/07/2008 4 años, 2 meses, 20 días
Boyacá
Secretaría de Educación de 01/08/2008 20/11/2020 12 años, 3 meses, 21 días
Boyacá
3.3. El 10 de junio de 2019 alcanzó el estatus pensional, al cumplir los 20 años de
servicios.
3.4. El 23 de marzo de 2021 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, la
cual fue negada a través del acto demandado, con fundamento en el incumplimiento
de los requerimientos dispuestos en la Ley 812 de 2003, de manera que una vez
cumpliera con los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 podría solicitar el
reconocimiento en los términos de esa normatividad.
2 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada:
3_ED_002Demanda.pdf(.PDF) NroActua 3.
2
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Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 13, 25, 48 y 58 de la Constitución Política;
Acto Legislativo 01 de 2005; 17 de Ley 6 de 1945; 4 y 15 de la Ley 4 de 1966; 15
de la Ley 91 de 1989; Ley 33 de 1985; 2 de la Ley 153 de 1987; 7 de la Ley 71 de
1988 y el Decreto 2277 de 1979.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:
5.1. Los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003 conservaban el régimen
excepcional conformado por las leyes 33, 62 de 1985, 71 de 1988 y 91 de 1989; sin
embargo, para los educadores que ingresaran posteriormente el régimen pensional
aplicable era el previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «la única condición
legal para determinar el régimen pensional es la fecha de vinculación al servicio público
educativo, sin ninguna otra condición, bien sea por nombramiento en propiedad, en
provisionalidad, en la modalidad contractual, hora cátedra o cualquier figura que
tradicionalmente ha sido utilizada por las entidades territoriales y por la misma Nación.
Ahora bien, en gracia de discusión, en caso de considerar que la norma ofrece pasajes
oscuros, debe aplicarse el canon constitucional consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política, que introduce unos principios encaminados a favorecer al trabajador
o empleador como lo son, el de favorabilidad, la prevalencia del derecho sustancial, la
prohibición de aplicar leyes, convenios, pactos que afecten la dignidad y los derechos de
los trabajadores» [sic].
5.2. Lo anterior, permite concluir que la docente «cumple con todos los preceptos legales
para ser beneficiaria de la recuperación del régimen pensional al acreditar más de 55 años
de edad y 20 años de servicio y habiendo laborado como docente del sector oficial, a cargo
del Magisterio antes del 27 de junio 2003 lo cual lleva a deducir que si ello es así, es
beneficiaria de la Ley 71 de 1988» [sic].
5.3. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el tiempo ejercido
a través de órdenes de prestación de servicios, deberá ser tenido en cuenta para
fines pensionales.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag solicitó que se negaran las pretensiones del medio de control según las
siguientes razones4:
3 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada:
3_ED_DEMANDA20211216_1320(.PDF) NroActua 3.
4 Índice 18 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada
11_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 18.
3
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Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
6.1. A la demandante no le asistía el derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación en los términos solicitados, toda vez que se vinculó al servicio oficial
docente después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
6.2. Además, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 era
improcedente el pago simultáneo del sueldo y de la pensión de jubilación, no
obstante, en caso de acceder a lo pretendido, los factores salariales incluidos en la
liquidación serán sobre los cuales se hayan realizado aportes «pensar en incluir en la
prestación pensional todos los ingresos independientemente de su naturaleza
remunerativa, resulta inconstitucional si no se realizaron las cotizaciones, pues ello
contraviene el principio de solidaridad».
6.3. Finalmente propuso las excepciones denominadas i) legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad; ii) la condena en costas no es objetiva, se debe
desvirtuar la buena fe de la entidad y iii) genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Tercera de Decisión mediante
sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024 negó las pretensiones de la
demanda5. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:
7.1. El demandante acreditó una vinculación legal y reglamentaria, en
provisionalidad desde el 10 de mayo de 2004, es decir con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, «la demandante no tiene derecho al reconocimiento de
la pensión con base en la Ley 71 de 1988, en la medida en que para el 26 de junio de 2003
no estaba afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ni se verificó
una incorporación anterior a esa fecha; en efecto, su primera afiliación al Fondo data del 10
de mayo del 2004, cuando el departamento de Boyacá la nombró en provisionalidad como
docente, mediante el Decreto número 323 del 22 de abril del 2004 de conformidad con la
información contenida en la certificación expedida por la secretaría de educación de
Boyacá».
7.2. Asimismo, «se abstendrá de estudiar si la demandante cumplió con los requisitos para
acceder a la pensión de vejez bajo las reglas previstas en el inciso segundo del artículo 81
de la Ley 812 de 2003, según las cuales, los docentes que se vinculen a partir de su entrada
en vigencia tendrán los derechos pensionales del régimen de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de
5 Índice 31 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada: 26Sentencia de
Pr_0122022000200NIEGAPE(.pdf) NroActua 31.
4
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Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. Lo anterior
porque esto no fue objeto de solicitud en sede administrativa».
1.4. El recurso de apelación
8. Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia6 y, como consecuencia, se accediera a las pretensiones de la demanda,
porque la decisión del a quo vulneró las disposiciones del artículo 81 de la Ley 812
de 2003 y los principios constitucionales, al no tener en cuenta los periodos
laborados mediante órdenes de prestación de servicios [desde el 1º de marzo de
2002 hasta el 30 de noviembre de 2002, en la Secretaría de Educación de Soatá
[Boyacá] y desde el 7 de marzo de 2003 hasta el 12 de diciembre de 2003, en la
Secretaría de Educación de Boyacá] que resultan computables para efectos
pensionales, para acceder al pago de la prestación con el 75% de lo devengado
durante el año anterior [11 de junio de 2018 y 10 de junio de 2019] a la adquisición
del estatus pensional, en los términos de las leyes 33 y 62 de 1985 y 71 de 1988.
8.1. Asimismo, «se pregunta, porque el juez corporativo, para estudiar la configuración del
derecho pensional exige la afiliación de los docentes al FOMAG, ¿cuando el legislador autor
de la norma impone como única condición la vinculación? También se debe establecer
diferencias entre las pensiones que se causan con cotizaciones propias del sistema general
de pensiones con las del régimen de excepción que se estructuran con cotizaciones y/o
cuotas partes […] Sobre la omisión de afiliación o cotizaciones [su] eje principal gira en la
prohibición de cargar las consecuencias al trabajador o empleado, como está ocurriendo
de manera aislada con algunas decisiones judiciales. Por lo tanto, si los empleadores no
realizan los aportes al sistema de seguridad social, ya sea porque nunca afiliaron al
trabajador o de haberlo hecho, suspendieron el pago de aportes, este no puede quedar
desamparado frente a su expectativa a obtener un derecho pensional» [sic].
8.2. En este sentido, «entre una vinculación legal y reglamentaria y la contractual
administrativa o laboral u OPS, existen diferencias de forma, pero no de fondo, ya que en
ellas subyacen los elementos de la relación laboral, y en materia pensional, no puede
establecerse ninguna discriminación; presupuesto indispensable para garantizar el derecho
al trabajo en condiciones dignas y justas».
8.3. Finalmente, «debe permitirse que sean reconocidas las mesadas pensionales
causadas desde la fecha de constitución del estatus pensional (10//06/2019), esto dado que
en el régimen del magisterio resulta totalmente compatible la percepción del salario y la
pensión de jubilación que se otorga a los docentes vinculados en vigencia del antiguo
régimen pensional tal y como se mencionó en párrafos precedentes».
6 Índice 36 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada:
27_MemorialWeb_Recurso-Recursodeapelacion_C(.pdf) NroActua 36.
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Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
1.5. Trámite en segunda instancia
9. Por medio de auto del 29 de noviembre de 20247, el magistrado ponente admitió
el recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.
1.6. Concepto Ministerio Público
10. El procurador delegado ante esta corporación no emitió concepto en el presente
asunto.
2. Consideraciones
2.2. El problema jurídico
11. Se circunscribe a resolver ¿Si los tiempos de servicios prestados por Carmen
Alicia Cárdenas Lizarazo en virtud de órdenes de prestación de servicios la hacen
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003 y como consecuencia del reconocimiento de la pensión de jubilación en los
términos previstos en las leyes 33 y 62 de 1985 y 71 de 1988?
2.3. Marco normativo
2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al FOMAG
12. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte8. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas9.
7 Índice 4 de Samai, actuación denominada: 4Autoqueadmite_62012024Admiterecurs(.pdf)
NroActua 4.
8 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
9 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
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Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
13. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción10. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»11. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
14. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos12. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
15. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
10
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
11
Preámbulo y artículo 6.
12
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
16. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al FOMAG,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
17. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200313.
18. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
19. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
13
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
8
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Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
20. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
21. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
22. La Ley 60 de 199314 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
14
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
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de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al FOMAG, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
23. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»
24. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
25. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.3.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
26. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
27. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
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permite»15 (se destaca).
28. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
29. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
30. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes16 que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
31. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
15 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.
16 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
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una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
32. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»17 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados « del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
33. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador18. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
34. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
17 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
18 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.
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comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
35. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
36. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación19.
37. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
38. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
39. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
19 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas
sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».
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cotizado de manera exclusiva en el sector público;
40. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
41. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior20.
42. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1° de enero de 1981 o del 1° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
43. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor .
44. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
20 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
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en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
45. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
46. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
47. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
48. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.3.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988
49. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos de
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la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas».
50. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de
cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si
es hombre.
51. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por el
Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o.
de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más
de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20
años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros
Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren
del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de
invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y
retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya
concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes,
se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social,
fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental,
intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El
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salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».
52. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por aportes,
los precitados artículos 621 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron en un 75%
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios.
2.3.3. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales
53. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).
22
54. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de
21 La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su
artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad,
el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso
base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero ponente
Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11), declaró la
nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado el artículo
6° del Decreto 2709 de 1994.
22
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
18
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los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».
55. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201923, precisó:
«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».
56. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
23
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
19
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2003, determinó:
«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
20
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asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
[…]». [Se resalta]
57. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años24. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».
58. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección25, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 812
del 2003.
2.3.4. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional
59. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores26. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
24 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación
47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
26
Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
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laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
60. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.
61. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 27, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación28 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
29
62. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.
63. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199430 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
27
Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
28
Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
30
«Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
22
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un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.
64. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo
se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
65. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y reglamentaria,
pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los derechos laborales
de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación que no tiene
justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo expuesto en la sentencia
citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 31 y luego
en el artículo 105 de la Ley 115 de 199432; y el hecho de que los docentes
contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados
públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos
laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que
históricamente se han pretendido eliminar33. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.
66. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
31
El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
32 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
33
En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
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«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»
67. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado
social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.
68. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado34, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
24
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del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
69. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»35. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»36.
70. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.
71. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.
72. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
35 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
36 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
25
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seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.
73. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación37, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
74. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200338 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
75. En efecto, el artículo 2339 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
38
«Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
39
«Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
26
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no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2440 y 5741 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
76. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.3.5. Compatibilidad pensional de los docentes
77. Desde 1886 el constituyente estableció la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público, en ese sentido la norma constitucional
disponía:
«Artículo 64.- Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes» [Se resalta].
78. Como se advierte de la disposición en cita, el constituyente previó la posibilidad
de que se establecieran excepciones a la prohibición contenida en el artículo 64, las
cuales inicialmente fueron «determinadas» por el presidente de la República, quien
en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de 196042,
dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que provengan de establecimientos
docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo43».
Esta excepción fue reiterada en artículo 32 del Decreto 1042 de 1978.
79. Asimismo, el legislador extraordinario a través del Decreto 224 de 197244, incluyó
40
«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
41
«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
42
Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
43
Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
44
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
27
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de manera expresa dentro de las mencionadas salvedades, la compatibilidad entre
la pensión y el ejercicio docente, así:
«Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y
cinco (65) años de edad.» [Se resalta]
80. Posteriormente, con ocasión del cambio de régimen constitucional de 1991, se
mantuvo la mencionada prohibición de recibir simultáneamente más de una
erogación del erario en los siguientes términos:
«Articulo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.»
81. Ahora bien, la anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a
través de la Ley 4 de 1992, la cual en su artículo 19 dispuso:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]» [Se resalta]
82. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó45:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
45
Sentencia del 6 de marzo de 2003. Radicado: 05001-23-31-000-1995-01799-01 (Radicado interno:
1577-2001). Consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado.
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Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]» [se resalta].
83. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
83.1. i)
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del
Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
83.2. ii) El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « […] [e]l régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones
será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y
83.3. iii) El artículo 19 de Ley 344 de 199646 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
84. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores
públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por una
de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir la
edad de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos podrán disfrutar
de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin embargo,
nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes oficiales, por
46
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
29
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00002-01 (6201-2024)
Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.» [Se resalta]
85. Adicional a lo expuesto, se advierte que en los decretos a través de los cuales el
gobierno nacional47 «modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y
directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se
dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal», de manera
expresa se reitera la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un
empleo público, pero se mantiene la excepción en relación con «las asignaciones
de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992», lo que permite evidenciar la vigencia
de la compatibilidad entre el salario y la pensión de quienes desarrollan una labor
docente.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
86. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
86.1. Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo nació el 26 de abril de 195548.
86.2. Por medio de la certificación 207 de 2019, el secretario de gobierno de la
alcaldía de Soatá indicó que la docente suscribió las órdenes de prestación de
servicios 00701-03-2002, con fecha de inicio del 1º de marzo de 2002 y de
terminación del 14 de junio de 2002, con duración de 3 meses y 13 días; y 03215-
07-2002, con fecha de inicio del 15 de julio de 2002 y de terminación del 30 de
noviembre de 2002, con duración de 4 meses y 15 días. Cuyo objeto contractual fue
47 Por ejemplo: decretos 887 de 2023, 284 de 2024 y 596 de 2025.
48 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada:
3_ED_DEMANDA20211216_1320(.PDF) NroActua 3. Según las copias de la cédula de ciudadanía
y el registro civil.
30
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00002-01 (6201-2024)
Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
«Garantizar la prestación oportuna y permanente del Servicio Educativo con eficiencia, calidad
y eficacia».
86.3. Mediante la Orden de prestación de servicios 1964 del 6 de marzo de 2003, la
gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá y la demandante
pactaron la prestación de sus servicios profesionales en el área de idiomas en el
Colonizado Agrícola Cusagui de La Uvita [Boyacá], con vigencia desde el 5 de marzo
hasta el 30 de noviembre de 2003. El mencionado contrato fue prorrogado desde el
1º hasta el 12 de diciembre de 2003. La docente se presentó en el despacho del
director de núcleo de desarrollo educativo de La Uvita, el 7 de marzo de 2003, según
el acta de presentación.
86.4. El 20 de noviembre de 2020, el profesional especializado de la Secretaría de
Educación de Boyacá, mediante el formato único de la historia laboral certificó que
prestó sus servicios durante 17 años, 3 meses y 16 días, así:
Novedad Acto administrativo Desde Hasta Duración
Ingreso
I.E. Técnica Agroindustrial OPS 1964 9 meses, 6
07/03/2003 12/12/2003
Cusagui 06/03/2003 días
La Uvita [Boyacá]
Retiro OPS 1964 12/12/2003 - -
Ingreso 1 año, 7
Decreto 323
Col. El Prado 10/05/2004 31/12/2005 meses, 22
22/04/2004
Puerto Boyacá [Boyacá] días
Cambios de sueldo
Col. El Prado 01/01/2006 09/01/2006 9 días
Puerto Boyacá [Boyacá]
Ingreso
Decreto 505 9 meses, 5
Col. Puerto Pinzón 27/03/2006 31/12/2006
14/03/2006 días
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Col. Puerto Pinzón 01/01/2007 31/12/2007 1 año
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 714 6 meses, 29
Col. Puerto Pinzón 01/01/2008 29/07/2008
06/03/2008 días
Puerto Boyacá [Boyacá]
4 años, 11,
Decreto 1262
Retiro voluntario 30/07/2008 meses, 26
29/07/2008
días
Ingreso
Decreto 1087
Colegio José Antonio Galán 01/08/2008 31/12/2008 5 meses
09/07/2008
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 1238
Colegio José Antonio Galán 01/01/2009 31/10/2009 10 meses
13/04/2009
Puerto Boyacá [Boyacá]
31
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00002-01 (6201-2024)
Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
Cambios de sueldo
Colegio José Antonio Galán 01/11/2009 31/12/209 2 meses
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 2940 1 mes, 17
I.E. José Antonio Galán 01/01/2010 17/02/2010
05/08/2010 días
Puerto Boyacá [Boyacá]
Continuidad
Decreto 266 5 meses, 14
I.E. José Antonio Galán 18/02/2010 31/07/2010
18/02/2010 días
Puerto Boyacá [Boyacá]
Continuidad
Decreto 1367-1369
I.E. José Antonio Galán 01/08/2010 31/12/2010 5 meses
26/04/2010
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 1055-1027
I.E. José Antonio Galán 01/01/2011 31/12/2011 1 año
04/04/2011
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 826-827
I.E. José Antonio Galán 01/01/2012 31/12/2012 1 año
25/04/2012
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 1001-1002
I.E. José Antonio Galán 01/01/2013 31/12/2013 1 año
21/05/2013
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 171-172
I.E. José Antonio Galán 01/01/2014 31/12/2014 1 año
07/02/2014
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 1092-1116
I.E. José Antonio Galán 01/01/2015 31/12/2015 1 año
26/05/2015
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 120-122
I.E. José Antonio Galán 01/01/2016 31/12/2016 1 año
26/01/2016
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 980-982
I.E. José Antonio Galán 01/01/2017 31/12/2017 1 año
09/06/2017
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 316-317
I.E. José Antonio Galán 01/01/2018 31/12/2018 1 año
19/02/2018
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 1016-1017
I.E. José Antonio Galán 01/01/20117 31/12/2017 1 año
06/06/2017
Puerto Boyacá [Boyacá]
Cambios de sueldo
Decreto 298-319 10 meses,
I.E. José Antonio Galán 01/01/2020
27/02/2020 20 días
Puerto Boyacá [Boyacá]
86.5. Según el certificado del 1º de marzo de 2021, la docente cotizó en Colpensiones
179,43 semanas, así:
Nombre o razón social Desde Hasta
Colegio María Auxiliadora 28/02/1990 30/11/1990
32
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00002-01 (6201-2024)
Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
Colegio María Auxiliadora 10/03/1991 15/06/1991
Colegio María Auxiliadora 11/02/1992 30/11/1992
Colegio María Auxiliadora 15/02/1993 01/12/1993
Colegio María Auxiliadora 18/02/1994 12/12/1994
86.6. El 5 de abril de 2021, solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes, la cual fue negada por el Fomag, mediante la Resolución 006370 de 2021
«[p]or la cual se resuelve una solicitud de Pensión de Jubilación por aportes», con
fundamento en lo siguiente:
«1. Que verificado los certificados de tiempos de servicios se constató que la última
vinculación del docente fue el 31/07/2008, es decir, después de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, por lo tanto, la norma aplicable debe ser [la] Ley 100/1993, en
cuanto a una pensión de vejez.
2. Por lo anterior, al docente no le corresponde el reconocimiento de la pensión por
aportes solicitada, puesto que la vinculación del docente fue posterior al 26/06/2003, el
docente puede solicitar la pensión de vejez Ley 100 de 1993, una vez cumpla con la
edad y tiempo de servicio para esta modalidad de pensión
[…]
Resuelve:
ARTICULO PRIMERO: NEGAR por improcedente, la solicitud de Pensión de Jubilación
por Aportes a CARMEN ALICIA CÁRDENAS LIZARAZO […]
ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia […] advirtiéndole que contra la
presente resolución procede el recurso de reposición ante el Secretario de educación de
Boyacá y por escrito».
2.4.2. Análisis sustancial
87. ElTribunal Administrativo de Boyacá, Sala Tercera de Decisión, negó las
pretensiones al considerar que, Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo no resultó
beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003, porque
ostentó una vinculación legal y reglamentaria a partir del 10 de mayo 2004, en tanto,
no era posible computar las vinculaciones a la docencia con ocasión de contratos
de prestación de servicios, pues no se efectuaron aportes a pensión. Además,
previo al año 2003 no reportó afiliación alguna al Fomag.
88. La demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, al
considerar que tenía derecho a que le fueran computadas para efectos del
reconocimiento pensional las vinculaciones que ostentó con ocasión de órdenes de
prestación de servicios [desde el 1º de marzo de 2002 hasta el 30 de noviembre de
2002, en la Secretaría de Educación de Soatá [Boyacá] y desde el 7 de marzo de
2003 hasta el 12 de diciembre de 2003, en la Secretaría de Educación de Boyacá],
33
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00002-01 (6201-2024)
Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
sin que la falta de afiliación al Fomag fuera un impedimento para acceder al
reconocimiento.
2.4.2.1. En cuanto a la posibilidad de computar para el reconocimiento
pensional el tiempo de servicios que los docentes prestaron a través de
órdenes o contratos de prestación de servicios
89. De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, para esta Subsección es claro que, por virtud de los principios de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine, el
tiempo de servicio que los docentes prestaron con ocasión de una vinculación
contractual debe ser computado para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación, sin diferenciar el régimen pensional que rija su situación.
90. Lo anterior porque como lo ha sostenido esta Corporación, en aquellos casos en
los que los docentes prestaron sus servicios con ocasión de una vinculación
diferente de la legal y reglamentaria fueron desconocidas disposiciones legales y
reglamentarias, así como los derechos mínimos e irrenunciables de estos
trabajadores, pues no se les reconocieron las prestaciones propias de los
empleados públicos.
91. En línea con lo anterior, se encuentra pertinente recordar lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia con la que declaró inexequibles las normas que
autorizaban la vinculación de los docentes a través de contratos de prestación de
servicios49:
«No sería extraño que el criterio diferenciador pudiera inferirse de la discrecionalidad del
Estado. Ni la forma contractual ni la estatutaria, tendrían carácter forzoso. El Estado de
acuerdo con las necesidades por atender y las condiciones financieras, variables en
cada momento histórico, tendría la facultad de acudir libremente a una cualquiera de las
dos formas.
A esta posibilidad se oponen varias consideraciones. El ejercicio permanente de una
función pública, como ocurre con los "docentes temporales", no sólo se revela en el afán
del legislador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su
incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la
ley - que no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y
responsabilidades (CP art. 123).
A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la estabilidad propias de la
función pública (CP art. 125).
Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no
confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública
49
Artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994.
34
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00002-01 (6201-2024)
Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo
que atañe al ingreso y régimen que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad
no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier
competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art.
13), frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna
arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en
la mera discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta,
comparten una misma naturaleza y características50».
92. En consonancia, se concluye que existe una «prohibición constitucional» de
vincular a docentes al servicio público educativo oficial a través de contratos de
prestación de servicios. Por lo que excluir de la transición prevista en la Ley 812 de
2003, a quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de una relación
contractual, resulta a todas luces inconstitucional, puesto que, conllevaría a una
interpretación desfavorable con sustento en una situación que, como se
explicó anteriormente, se apartaba de las normas constitucionales, esto es, la
vinculación de docentes oficiales a través de un contrato.
93. Así las cosas, las vinculaciones contractuales que ostentó la docente entre los
años 2002 y el 2003 serán tenidas en cuenta para verificar el cumplimiento de las
exigencias para el reconocimiento de la prestación de jubilación, en tanto, se insiste,
la falta de vinculación como empleados públicos a través de una relación legal y
reglamentaria obedeció al incumplimiento de un deber legal por parte del Estado,
que no puede servir de sustento para afectar sus derechos laborales mínimos e
irrenunciables.
2.4.2.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003
94. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó « el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social […]» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional51», con
excepción de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, esto es los docentes oficiales.
95. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al régimen pensional
de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin embargo,
el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese momento
habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de transición,
50
Corte Constitucional sentencia C-555 de 1994.
51 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.
35
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00002-01 (6201-2024)
Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
según el cual, esta reforma solo les sería aplicables a quienes a partir del 26 de
junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.
96. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [se resalta].
97. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 26 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.
98. En esa línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-014 -
CE-S2 de 25 de abril de 201952, precisó que para efectos de establecer el régimen
prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i) quienes
se hubiesen vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003 [fecha de entrada en
vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían a los
servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen pensional de prima
media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción del
requisito de la edad.
99. De acuerdo con lo anterior y con i) la certificación suscrita por el secretario de
gobierno de la alcaldía de Soatá [Boyacá] en la que indicó que fueron suscritas las
órdenes de prestación de servicios 00701-03-2002, con fecha de inicio del 1º de
marzo de 2002 y de terminación del 14 de junio de 2002; y 03215-07-2002, con
fecha de inicio del 15 de julio de 2002 y de terminación del 30 de noviembre de
2002; ii) la Orden de Prestación de Servicios 1964 del 6 de marzo de 2003, con
fecha de inicio del 5 de marzo de 2003 y de terminación del 12 de diciembre de 2003
y iii) con la certificación suscrita por el profesional especializado de la Secretaría de
Educación de Boyacá, mediante el formato único de historia laboral, la demandante
acreditó el único requisito previsto por el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 para ser
52
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
36
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00002-01 (6201-2024)
Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
beneficiario de la transición prevista en esa disposición, esto es, una vinculación al
servicio educativo oficial previa a su entrada en vigor.
100. Al respecto, se advierte que el a quo concluyó que «la demandante no tiene
derecho al reconocimiento de la pensión con base en la Ley 71 de 1988, en la medida en
que para el 26 de junio de 2003 no estaba afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio».
101. En relación con lo anterior, se encuentra que dicha interpretación no tiene
asidero para la sala, en primer lugar, puesto que la norma de manera expresa señala
que el «régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido
para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley», es decir, lo que determina quiénes son beneficiarios de esta
prerrogativa es el ejercicio de la docencia oficial y no la afiliación a un fondo o
administrador de pensiones determinado.
102. Y, en segundo lugar, porque con la decisión de primera instancia se desconoció
que, si bien la obligación de afiliar al Fomag a los docentes territoriales inició con la
Ley 60 de 1993, de conformidad con el Decreto 196 de 1995, este proceso de
incorporación dependía de la «solicitud de la respectiva entidad territorial, la Nación-
Ministerio de Educación Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público». Es decir
que la no afiliación a este fondo fue consecuencia del incumplimiento de un deber
legal de las entidades que según dicho mandato eran las competentes para
efectuarlo.
103. Asimismo, la obligación improrrogable de afiliar al Fomag a los docentes
«vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales53» surgió con la expedición
del Decreto 3752 de 2003, en tanto estableció una fecha máxima para que las
entidades territoriales cumplieran con ese deber legal establecido por el legislador
desde el año 1993, pues precisó que esa afiliación se debía realizar «a más tardar el
31 de octubre de 2004». De igual forma, advirtió que esta obligación se extendía a los
docentes que se vincularan en provisionalidad y que su incumplimiento « implicará la
responsabilidad de la entidad territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones
sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar».
104. Aunado a lo anterior, aceptar que la falta de afiliación del docente al Fomag
tenga como consecuencia que no pueda acceder al régimen de transición de la Ley
812 de 2003, conllevaría a mantener vigente el trato desigual que se le daba a estos
53
Artículo 1 del Decreto 3452 de 2003.
37
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00002-01 (6201-2024)
Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
servidores [vinculados con una relación contractual] y utilizarlo para obstaculizar el
goce de sus derechos laborales, sin una justificación valida constitucionalmente.
105. En suma, lo que le permite a Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo mantener el
régimen pensional del cual eran beneficiarios los empleados públicos del orden
nacional antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, no era la afiliación al Fomag
sino las vinculaciones que ostentó como docente oficial [sin diferenciar la fuente de
esta] antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Asimismo, se advierte
que el régimen prestacional aplicable en el sub judice era el de la Ley 71 de 1988,
debido a la acumulación de tiempos públicos y privados.
2.4.2.1. En torno a la verificación de los requisitos previstos en el régimen de
la Ley 71 de 1988
106. Como se explicó en líneas anteriores, para el reconocimiento de la prestación
de jubilación de los docentes, según el artículo 7 de la citada ley, por ser mujer debía
acreditar 55 años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o discontinuas en el
Instituto de Seguros Sociales [hoy Administradora Colombiana de Pensiones] y en
una o varias de las entidades de previsión social del sector público; en ambos casos,
con una tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de
servicio.
107. En cuanto al requisito de la edad: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo nació el
26 de abril de 1955, por lo que en la fecha en la que presentó ante la entidad
demandada la solicitud de reconocimiento pensional [5 de abril de 2021], contaba
con más de 55 años de edad.
108. En cuanto al tiempo de servicio: en el expediente, la demandante acreditó el
siguiente tiempo de servicio, de conformidad con las pruebas relacionadas en el
capítulo de hechos probados:
109. Con ocasión de órdenes de prestación de servicios, como docente, acreditó 1
año, 5 meses y 5 días, así: i) entre el 1º de marzo de 2002 y el 14 de junio de 200254:
3 meses, 13 días; ii) entre el 15 de julio de 2002 y el 30 de noviembre de 200255: 4
meses, 15 días; y iii) entre el 5 de marzo de 2003 y el 12 de diciembre de 200356: 9
meses y 7 días.
54 Según la certificación 201 de 2019. Párrafos 61.3.
55 Según la certificación 201 de 2019. Párrafos 61.3.
56 Según la Orden de Prestación de Servicio y la prórroga de éste. Párrafos 61.2.
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Demandante: Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo
110. Con ocasión de vinculaciones legales y reglamentarias, en calidad de docente
acreditó 16 años, 2 meses y 17 días: i) en el Colegio El Prado de Puerto Boyacá
[Boyacá] entre el 10 de mayo de 2004 y el 9 de enero de 2006: 1 año, 7 meses y 29
días57; ii) en el Colegio Puerto Pinzón de Puerto Boyacá [Boyacá] entre el 27 de
marzo de 2006 y el 30 de julio de 2008: 2 años, 4 meses y 3 días58; iii) en el Colegio
José Antonio Galán de Puerto Boyacá [Boyacá] entre el 1º de agosto de 2008 y el
20 de noviembre de 2020: 12 años, 3 meses y 20 días59.
111. Con ocasión del tiempo, privado, laborado en el Colegio María Auxiliadora,
Colpensiones reportó 179,43 semanas cotizadas por el empleador60, es decir 3
años, 5 meses, 5 días computados i) entre el 28 de febrero de 1990 y el 30 de
noviembre de 1990: 9 meses y 2 días; ii) entre el 10 de marzo de 1991 y el 15 de
junio de 1991: 3 meses y 5 días; iii) entre el 11 de febrero de 1992 y el 30 de
noviembre de 1992: 9 meses y 19 días; iv) entre el 15 de febrero de 1993 y el 1º de
diciembre de 1993: 9 meses y 16 días; v) entre el 18 de febrero de 1994 y el 12 de
diciembre de 1994: 9 meses y 24 días.
112. Así las cosas, la demandante cumplió 55 años el 26 de abril de 2010 y adquirió
el estatus pensional el 1° de septiembre de 2019, cuando completó 20 años de
servicio61.
113. En consecuencia, contrario a lo determinado por el a quo, fue desvirtuada la
presunción de legalidad del acto demandado, puesto que se advierte que la
situación pensional de Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo se regía por las
disposiciones contenidas en la Ley 71 de 1988, en tanto era beneficiaria del régimen
de transición previsto en la Ley 812 de 2003, y acreditó los requisitos previstos en
dichas normas para el reconocimiento de la prestación de jubilación por aportes,
con inclusión de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último
año de servicio, en aplicación de lo estipulado en los artículos 6 y 8 del Decreto
2709 de 1994.
114. Ahora bien, en consideración a la naturaleza de la pensión, la ley obliga a que
los aportes se realicen, pues su reconocimiento se desprende de la acumulación de
los efectuados en el sector privado y en el público. Por ende, le corresponderá a los
57 Según el certificado del formato único del 20 de noviembre de 2020. Párrafo 61.4.
58 Según el certificado del formato único del 20 de noviembre de 2020. Párrafo 61.4.
59 Según el certificado del formato único del 20 de noviembre de 2020. Párrafo 61.4.
60 Párrafo 61.5.
61 Para efectos de verificar los 20 años de servicio, se tuvieron en cuenta los siguientes tiempos: i)
tiempo laborado en Colegio María Auxiliadora: 3 años, 5 meses, 5 días [párrafo 86.5] + ii) tiempo
laborado mediante OPS: 1 año, 5 meses y 4 días [párrafos 86.2 y 86.3] + iii) vinculación legal y
reglamentaria entre el 10 de mayo de 2004 y el 9 de enero de 2006, entre el 27 de marzo de 2006 y
entre el 1° de agosto de 2008 y el 19 de septiembre de 2019: 15 años, 1 mes y 21 días [párrafo 86.4].
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municipios de Soatá y La Uvita de Boyacá, efectuar al Fomag las cotizaciones en
favor de la demandante, por los períodos en los que estuvo contratada a través
órdenes de prestación de servicios suscritas con esas entidades. Es así, en atención
de su responsabilidad como verdaderos empleadores derivada del artículo 35 del
Código Sustantivo del Trabajo y del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades.
115. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2709
de 1994, con el con el fin de que la prestación sea financiada con los aportes
patronales que se debieron efectuar durante toda la vida laboral de la docente, el
Fomag podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o
fondos pensionales en los que Carmen Alicia Cárdenas Lizarazo realizó
cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
116. El descuento que debe hacerse a la demandante para completar los aportes
solo procede en este caso si esta no realizó otros que completaron los 20 años que
exige la Ley 71 de 1988. Sin embargo, como se advirtió la docente acreditó más de
20 años de cotizaciones de servicio, en ese sentido, no habría lugar al descuento
referido para completar el requisito.
117. Por lo que se ordenará al Fomag efectuar el reconocimiento a Carmen Alicia
Cárdenas Lizarazo, de una pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto
en las leyes 91 de 1989 y 71 de 1988, esto es con el 75% del salario devengado
durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la inclusión de
los factores salariales que debieron servir de base de cotización, de conformidad
con lo previsto en el Decreto 2709 de 1994 y la Ley 62 de 1985, así como los creados
a favor de los docentes en otras disposiciones que tengan carácter prestacional para
efectos pensionales.
118. Por otro lado, resulta oportuno precisar que no se configuró el fenómeno jurídico
de la prescripción, comoquiera que entre la fecha de adquisición del estatus
pensional [1° de julio de 2019] y de la petición de reconocimiento pensional [5 de
abril del 2021] no trascurrieron más de 3 años, según el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968.
119. Ahora bien, como se explicó en líneas anteriores, el personal docente se
encuentra exceptuado de la prohibición de devengar doble asignación del erario, en
el entendido de que el reconocimiento y disfrute de la pensión no se encuentra
supeditado al retiro del servicio, es decir, están habilitados para percibir la mesada
pensional y continuar ejerciendo el cargo de docente hasta que lleguen a la edad
de retiro forzoso. En ese orden, en el caso en estudio, Carmen Alicia Cárdenas
Lizarazo tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión, de acuerdo con las
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disposiciones contenidas en la Ley 71 de 1988, a partir de la fecha en la que adquirió
el estatus pensional, esto es, del 1° de julio de 2019, sin que deba acreditar el retiro
del servicio.
120. Así las cosas, se impone revocar la sentencia apelada en cuanto negó las
pretensiones de la demanda y en su lugar se anulará la Resolución 006370 del 19
de noviembre de 2021, a través del cual se negó el reconocimiento pensional. A
título de restablecimiento del derecho se condenará a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar a la demandante pensión de jubilación con el 75% del promedio
de lo devengado durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con
la inclusión de los factores salariales que debieron servir de base de cotizaciones.
2.5. Costas
121. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
122. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
123. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma62.
124. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
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125. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.
3. Conclusión
126. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que las vinculaciones
contractuales que ostentó el docente entre los años 2002 y el 2003 debían ser
tenidas en cuenta para verificar el cumplimiento de las exigencias para el
reconocimiento de la prestación de jubilación por aportes, en los términos de la Ley
71 de 1988, en tanto, la falta de vinculación como empleados públicos a través de
una relación legal y reglamentaria obedeció al incumplimiento de un deber legal por
parte del Estado, que no puede afectar sus derechos laborales mínimos e
irrenunciables.
127. En ese orden, en tanto la demandante se vinculó por primera vez al servicio
público educativo oficial el 1º de marzo de 2002, esto es antes de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, era beneficiaria del régimen de transición previsto en su
artículo 81, por lo que su situación pensional se regía por las disposiciones
contenidas en la Ley 71 de 1988.
128. Así las cosas y en la medida en que acreditó más de 55 años de edad y 20 de
cotizaciones, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación por aportes, sin que tenga que acreditar el retiro del servicio.
129. Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia apelada en cuanto negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, se anulará la Resolución 006370 de
2021, a través de la cual se negó el reconocimiento pensional. A título de
restablecimiento del derecho se condenará a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y
pagar a la demandante pensión de jubilación con el 75% del promedio de lo
devengado durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la
inclusión de los factores salariales que debieron servir de base de cotizaciones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 27 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Tercera de Decisión que negó las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en
su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 006370 del 2021, por la cual la
Secretaría de Educación del departamento de Boyacá negó a Carmen Alicia
Cárdenas Lizarazo el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad
con las disposiciones contenidas en la Ley 71 de 1988.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 71 de
1988, a partir del 1° de julio de 2019, con el 75% de lo devengado durante el año
anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la inclusión de los factores
salariales que debieron servir de base de cotizaciones.
Cuarto. El pago de la pensión de jubilación reconocida a Carmen Alicia Cárdenas
Lizarazo se efectuará a partir del 1° de julio de 2019, sin que tenga que acreditar el
retiro del servicio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), podrá reclamar la cuota parte a las
demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los que Carmen Alicia
Cárdenas Lizarazo realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 2709 de 1994.
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Séptimo. Exhortar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para
que adelante las gestiones necesarias ante los municipios de Soatá y La Uvita de
Boyacá con el fin de que la prestación sea financiada con los aportes patronales
que se debieron efectuar durante toda la vida laboral de la docente.
Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Noveno. Sin condena en costas en esta instancia.
Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
VMT
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